Sentencia 2003-00777/2641 de agosto 11 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

SE 086

Rad.: 150012331000200300777 01

Número interno: 2641-2014

Actor: María Nelsa Cabrera González

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho– Decreto 01 de 1984

Consejero ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá, D. C., agosto once de dos mil dieciséis.

La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá (Sala de Descongestión), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La señora María Nelsa Cabrera González, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP).

Pretensiones

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Caja Nacional de Previsión Social:

1.1. Resolución 20278 del 27 de agosto de 2001 por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora María Eloísa Velásquez de Moreno en su calidad de cónyuge supérstite del señor José Antonio Moreno Duarte, en cuantía del 100%.

1.2. Resolución 6658 del 17 de abril de 2002 a través de la cual se dejó en suspenso el 50% de la cuantía reconocida en el acto administrativo contenido en el numeral 1.1. a favor de las señoras María Eloísa Velásquez de Moreno y María Nelsa Cabrera González y lo reconoció el 50% restante, en forma provisional y proporcional a favor de los hijos del causante y de la señora Cabrera González.

1.3. Resolución 19394 del 19 de julio de 2002 mediante la que se resolvió el recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución de que trata el numeral 1.2.

1.4. Resolución 7807 del 21 de noviembre de 2002 por medio de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto en subsidio de la reposición, en el sentido de modificar el artículo 2º de la Resolución núm. 6658, en el sentido de reconocer el 50% de la prestación a los menores hijos con inclusión de la hija concebida dentro del matrimonio.

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes desde el 9 de diciembre de 2000, a favor de la señora María Nelsa Cabrera González, en su calidad de compañera permanente del fallecido José Antonio Moreno Duarte.

3. Ordenar el ajuste de las cantidades líquidas de dinero que resulten de la condena conforme al IPC.

Fundamentos fácticos

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

1. El 8 de julio de 1967, el señor José Antonio Moreno Duarte contrajo matrimonio con la señora María Eloísa Velásquez. De dicho vínculo nació Viviana Moreno Velázquez.

2. Pese a ello, desde el año de 1977, el señor José Antonio Moreno Duarte empezó a convivir con la señora María Nelsa Cabrera González, con quien mantuvo la convivencia hasta el día de su fallecimiento. De esta unión nacieron Martha Cecilia, Adriana Mercedes, Claudia Patricia, Nohora Isabel, Gloria Stella y Jorge Antonio Moreno Cabrera, éste último con la condición de inválido.

3. La Caja Nacional de Previsión Social EICE (hoy UGPP) mediante Resolución 4362 del 8 de marzo de 1993 reconoció pensión de jubilación al señor José Antonio Moreno Duarte, condicionada al retiro definitivo del servicio.

4. Como el señor Moreno Duarte continuó prestando sus servicios en el cargo de guardián en la cárcel del Circuito de Ramiriquí hasta el 31 de diciembre de 1995, solicitó a la demandada la reliquidación de la prestación, la cual fue reconocida, por medio de la Resolución 010061 del 26 de agosto de 1996.

5. El señor José Antonio Moreno Duarte falleció en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca) el 8 de diciembre de 2000.

6. Con ocasión de lo anterior, la señora María Eloísa Velásquez en su calidad de cónyuge, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) la pensión de sobrevivientes, la cual le fue reconocida a través de Resolución 20278 del 27 de agosto de 2001 en cuantía del 100%.

7. Mediante Resolución 6658 del 17 de abril de 2002, la entidad demandada ajustó a derecho la Resolución 020278 de 27 de agosto de 2001, en el sentido de indicar que dejaba en suspenso el 50% de la cuantía allí reconocida, a favor de las señoras María Eloísa Velásquez de Moreno y María Nelsa Cabrera González, y el 50% restante lo reconoció en forma provisional y proporcionada a favor de los hijos menores del causante.

8. La anterior decisión fue inicialmente confirmada por Cajanal a través de Resolución 19394 de 19 de julio de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto. Y posteriormente con Resolución 7807 de 21 de noviembre del mismo año(1), se modificó el artículo 2º de la Resolución 6658, en el sentido de reconocer el 50% de la prestación a los menores hijos con inclusión de la hija concebida dentro del matrimonio con la señora María Eloísa Velásquez de Moreno.

Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se invocaron como normas violadas las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 113 de 1985, 71 de 1988, 44 de 1989, 100 de 1993 y el Decreto 1160 de 1989.

Como concepto de violación señaló que los actos demandados vulneran el mandato contenido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1973 al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante, máxime cuando las normas posteriores han reconocido y ratificado esta prestación en forma vitalicia a favor de la compañera permanente.

Sostuvo que los actos administrativos demandados no presentan argumentos sólidos para denegar el reconocimiento pensional solicitado, como quiera que se demostró que la señora María Nelsa Cabrera González hizo vida marital con el causante de forma ininterrumpida por un período superior a los 30 años.

Contestación de la demanda

Caja Nacional de Previsión Social (fls. 52 a 54)

La doctora Nélida Avendaño Camargo en calidad de apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social presentó contestación de la demanda dentro del término legal, pero sin anexar el poder conferido por la entidad que acreditara su condición. Razón por la que el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 15 de septiembre de 2004 tuvo por no contestada la demanda.

María Eloísa Velásquez (fls. 319 a 322)

El curador ad litem de la señora María Eloísa Velásquez afirmó que se atendrá al debate probatorio que realice el juez a efectos de determinar si despacha favorablemente o no las pretensiones.

Solicitó que en caso de negar las pretensiones de la demanda, se condene en costas a la parte actora. Y finalmente, propuso como excepción la denominada genérica.

Alegatos de conclusión de primera instancia

Solo intervino la entidad accionada (fl. 148) quien no se refirió a los supuestos fácticos y jurídicos debatidos en el proceso, sino a los factores que deben tenerse en cuenta para efectos de la reliquidación pensional en los términos de las leyes 33 y 62 de 1985.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá (Sala de Descongestión) en sentencia del 11 de febrero de 2014 dispuso lo siguiente:

i) Declaró la nulidad parcial de las resoluciones números 20278 de 2001, 6658, 19394 y 7807 todas de 2002 proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP).

ii) Condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP - a reconocer y pagar la sustitución de la pensión de jubilación a la señora María Nelsa Cabrera González, en su calidad de compañera permanente del causante José Antonio Moreno Duarte, en cuantía equivalente al 25%, a partir del 9 de diciembre de 2000.

iii) No condenó en costas.

Los fundamentos de dicha decisión, son los siguientes:

El a quo precisó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las normas que regulan la sustitución pensional, son las vigentes al momento del deceso, pues es éste el momento en que nace para los beneficiarios el derecho a sustituirse como asignatarios de la pensión, razón por la que en el caso sub examine, la normativa aplicable es la Ley 100 de 1993, la cual estableció como beneficiarios en primer lugar, a la cónyuge o compañera permanente en forma vitalicia, siempre que acredite haber convivido con el causante no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que hubiera procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.

Del análisis que hizo respecto de la situación particular de la demandante así como de las pruebas aportadas, encontró que en su calidad de compañera permanente tuvo cuatro hijos con el señor José Antonio Moreno Duarte, es decir, cumplió con los requisitos previstos en la norma para el reconocimiento pensional, sin embargo, advirtió que la misma situación se predica de la cónyuge, señora María Eloísa Velásquez quien también tuvo un hijo con el causante.

Precisó que lo que se discute dentro de la presente acción es el 50% de la prestación, el cual fue suspendido por la Caja Nacional de Previsión Social, toda vez que el 50% restante fue reconocido a los menores hijos, así entonces, y al encontrar probada la calidad tanto de la cónyuge como de la compañera, en aplicación de los artículos 5º, 42 y 48 de la Constitución Política, la jurisprudencia y los principios de justicia y equidad ordenó la distribución de la sustitución pensional en partes iguales a partir del 9 de diciembre de 2000.

En consecuencia, dispuso conceder la prestación reclamada a la demandante en un 25%, con el fin de salvaguardar no solo sus derechos sino también los que le corresponden a la señora María Eloísa Velásquez, pues aunque la sentencia no puede extender el restablecimiento del derecho para esta última, tampoco puede con desconocimiento de los derechos que le asisten, reconocer un porcentaje mayor a la compañera permanente.

Argumentos de la apelación

María Nelsa Cabrera González (fls. 369 a 370)

El apoderado de la parte demandante, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en cuanto no le reconoció la pensión de sobrevivientes en un 50%.

Consideró que no le asiste derecho alguno a la cónyuge, como quiera que el causante dejó de convivir con ella desde principios del año 1976, y que a finales de 1977 inició una convivencia con la señora María Nelsa Cabrera González, con quien procreó 6 hijos, de los cuales uno es beneficiario del 50% de la pensión en consideración a su estado de invalidez.

Afirmó que la señora María Eloísa Velásquez presentó pruebas falsas para obtener el reconocimiento pensional, pues era imposible que pudiera demostrar la convivencia con el fallecido, motivo por el que estimó no se hizo parte dentro de esta demanda.

Por último, advirtió que es un absurdo dejar en suspenso parte de la pensión, por cuanto las pruebas obrantes en el expediente demuestran plenamente que la compañera tiene derecho a su reconocimiento en un 50%, ya que el porcentaje restante le corresponde a su hijo con estado de invalidez.

Caja Nacional de Previsión Social (fls. 371 a 374)

La entidad accionada interpuso recurso de apelación, en el que argumentó que la señora María Nelsa Cabrera González no acreditó su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso del señor José Antonio Moreno Duarte, dado que en primer lugar, existía registro de matrimonio de éste con la señora María Eloísa Velásquez y adicionalmente porque no demostró la convivencia durante los últimos 5 años, tal como lo establece la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993.

Así mismo señaló que la Caja Nacional de Previsión Social no puede reconocer como beneficiario a quien no acreditó los requisitos legales para acceder a la pensión, porque ello implicaría una descompensación del sistema presupuestal en pensiones. En consecuencia, pidió revocar la sentencia y en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

Alegatos de conclusión

Vencido el término legal las partes no presentaron alegatos de conclusión.

Ministerio Público

La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la sentencia de 11 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá —Sala de Descongestión—, con fundamento en lo siguiente:

Brevemente indicó que los decretos 1848 de 1969, 1889 de 1994, y las Leyes 12 de 1975, 100 de 1993 y 797 de 2003, incluyeron a la compañera permanente como beneficiaria de la sustitución pensional.

Igualmente, advirtió que el Consejo de Estado ha reiterado que las preceptivas que consagran el orden de beneficiarios de esta prestación no restringen el derecho de los compañeros permanentes, en el evento en el que haya cónyuge supérstite, es decir, que pese a la existencia de este último no puede excluirse de su derecho, al primero. Y precisó que la legislación no se fundó en el vínculo material sino en la real convivencia.

Estimó que las pruebas obrantes en el proceso evidencian una convivencia simultánea del causante con las señoras María Eloísa Velásquez en calidad de cónyuge y María Nelsa Cabrera González como compañera permanente, uniones dentro de las que nacieron hijos, los cuales dependían económicamente del fallecido.

Sostuvo que ante la jurisdicción no se probó la falsedad de ninguna de las declaraciones aportadas por la cónyuge y además que el Tribunal reconoció en partes iguales el derecho pensional, en atención a los principios constitucionales de justicia y equidad, salvaguardando así el derecho del hijo menor inválido.

Consideraciones

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia se resume en las siguientes preguntas:

¿La señora María Nelsa Cabrera González en su calidad de compañera permanente y la señora María Eloísa Velásquez como cónyuge del señor José Antonio Moreno Duarte, cumplen los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes?

De ser afirmativa la respuesta:

¿En qué porcentaje deberá reconocerse el derecho pensional?

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Subsección precisará lo relacionado con i) régimen legal de la pensión de sobrevivientes; ii) beneficiarios de la pensión de sobrevivientes; iii) requisitos para que la cónyuge y compañera permanente accedan a la pensión de sobrevivientes iv) pensión de sobrevivientes cuando hay convivencia simultánea y v) análisis del caso concreto.

1. Régimen legal de la pensión de sobrevivientes

Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. De ahí que el legislador quedó habilitado para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos en la citada norma constitucional.

En efecto, fue a través de la Ley 100 de 1993, que el legislador organizó el sistema de seguridad social integral cuya finalidad es proteger los derechos irrenunciables de todas las personas para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Este sistema comprende las obligaciones del Estado, la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios u otras que se incorporen en el futuro.

Se encuentra conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la misma Ley 100 de 1993.

En lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su objetivo es garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:

«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

 La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).

2. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993(2), tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez que fallezca, en el siguiente orden:

«ART. 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a)  En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;

(El texto en negrilla fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001).

b)  Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;

c)  A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, y

d)  A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste».

De la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho. De los aludidos grupos de beneficiarios, y en atención a lo que es objeto de debate en el caso sub examine, se procederá al estudio de los requisitos que deben cumplirse por el primer grupo de beneficiarios.

3. Requisitos para que la cónyuge o la compañera permanente acceda a la pensión de sobrevivientes

Tal como se lee del literal a) del artículo trascrito, para que la cónyuge o compañera permanente tenga la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, deberá acreditar que hizo vida marital con el causante y convivió no menos de dos años con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.  

Frente a la exigencia de “acreditar que estuvo haciendo vida marital”, se ha sostenido que su objetivo es beneficiar a quien realmente compartía vida con el causante, ya que la pensión de sobrevivientes, además de salvaguardar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, busca proteger a quien ha convivido permanente, responsable y efectivamente con el pensionado, asistiéndole en sus últimos días. De tal forma que se ampara una comunidad de vida estable y permanente, mas no una relación fugaz y pasajera. 

En concordancia con lo anterior, el límite temporal de que trata la norma, esto es, la convivencia no inferior a 2 años continuos con anterioridad al fallecimiento del causante, pretende en primer lugar, evitar un reclamo ilegítimo de personas que no tengan derecho a recibirla. Y segundo, favorecer uniones que evidencien un compromiso de vida real, con vocación de permanencia. Ello dirigido a proteger el patrimonio de la familia del pensionado ante eventuales prácticas fraudulentas de personas que sólo persiguen el beneficio económico de esta prestación a través de convivencias de última hora.  

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001 manifestó:

«[…] El objetivo fundamental perseguido es el de proteger a la familia. En efecto, la circunstancia de que el cónyuge o compañero permanente del causante deban cumplir ciertas exigencias de índole personal y temporal para acceder a la pensión de sobrevivientes, constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar. También busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión pensional.

[…] Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión fraudulenta de la pensión de sobrevivientes […]». (Se subraya).

En conclusión 

Para efectos de ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes bien en calidad de cónyuge o como compañera permanente, deberá acreditarse que existió una convivencia efectiva con el causante por un término no inferior a dos años, a menos que se hayan procreado hijos dentro de la unión. 

4. Pensión de sobrevivientes cuando hay convivencia simultanea entre cónyuge y compañera permanente.
 

Es relevante mencionar que en algunas ocasiones, concurren a reclamar la pensión de sobrevivientes del fallecido, la cónyuge y la compañera permanente, lo que conlleva a discutir en quién recae la titularidad del derecho. 

Sobre el particular la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 20 de septiembre de 2007(3) estimó que en aplicación de los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, cuando hay conflicto entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite, en razón de la convivencia simultánea con el pensionado, el razonamiento para determinar en cabeza de quién recae el derecho pensional, se basa en el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte.

De manera que cuando se acredita la convivencia simultánea no se justifica dar un trato diferente a la cónyuge y a la compañera permanente «[…] pues concurre el elemento material de convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea, por voluntad propia del causante, en cabeza de la cónyuge y de la compañera […]»(4)

En estos términos, la Subsección B dentro de la providencia citada, sostuvo:

«[…] bajo un criterio de justicia y equidad y en consideración a que la finalidad de la sustitución pensional es la de evitar que las personas que forman parte de la familia y que dependen patrimonialmente del causante puedan quedar sumergidas en el desamparo y abandono económico, en el caso concreto, habiéndose acreditado una convivencia simultánea, se resolverá el conflicto concediendo el 50% restante de la prestación que devengaba el extinto agente Jaime Aparicio Ocampo, distribuido en partes iguales entre la cónyuge y la compañera permanente, con quienes convivió varios años antes de su muerte, procreó hijos y a quienes prodigaba ayuda económica compartiendo lo que recibía a título de asignación mensual de retiro»(5) (Se subraya).

Conclusión

Cuando se acredite la convivencia simultánea, la pensión de sobrevivientes deberá reconocerse en partes iguales a la cónyuge y a la compañera permanente, en aplicación de los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, así como en criterios de justicia y equidad. 

5. Análisis del caso concreto

La Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) mediante Resolución 4362 del 8 de marzo de 1993 (fls. 2 a 4) reconoció pensión de jubilación al señor José Antonio Moreno Duarte, condicionada al retiro del servicio como cabo de prisiones en la Dirección General de Prisiones. Posteriormente, profirió Resolución 10061 del 26 de agosto de 1996 (fls. 82 a 84), en la que reliquidó dicha prestación como inspector código 5170, grado 5, a partir del 1º de enero de la misma anualidad.

Con ocasión de su muerte, ocurrida el 8 de diciembre de 2000 (fl. 87), la señora María Eloísa Velásquez en su calidad de cónyuge, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue otorgada través de Resolución 20278 de 27 de agosto de 2001 (fls. 90 a 91) en cuantía equivalente al 100%, a partir del 9 de diciembre de 2000.

El 22 de agosto de 2001 la actora en su condición de compañera permanente pidió a la parte demandada reconocer la pensión de sobrevivientes (fl. 94), motivo por el cual se profirió la Resolución 6658 del 17 de abril de 2002 (fls. 109 a 117), mediante la cual se ajustó a derecho el acto administrativo anterior, en el sentido de dejar en suspenso el 50% de la cuantía allí reconocida, a favor de las señoras María Eloísa Velásquez de Moreno y María Nelsa Cabrera González, y el 50% lo reconoció en forma provisional y proporcionada a favor de los hijos menores del causante.

La anterior decisión fue inicialmente confirmada por Cajanal a través de Resolución 19394 de 19 de julio de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto. Y posteriormente con Resolución 7807 de 21 de noviembre del mismo año(6), se modificó el artículo 2º de la Resolución 6658, en el sentido de reconocer el 50% de la prestación a los menores hijos con inclusión de la hija concebida dentro del matrimonio con la señora María Eloísa Velásquez de Moreno.

Primer problema Jurídico

¿La señora María Nelsa Cabrera González en condición de compañera permanente y la señora María Eloísa Velásquez como cónyuge del señor José Antonio Moreno Duarte, cumplen los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes?

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 tanto la cónyuge como la compañera permanente deberán acreditar la convivencia efectiva por un lapso no inferior a dos años antes del fallecimiento del pensionado, salvo que se hayan procreado hijos.

En el sub examine, se encuentra acreditado que la señora María Nelsa Cabrera, está exenta de probar la convivencia(7) en los términos indicados, dado que demostró que fruto de la unión que mantuvo con el señor José Antonio Moreno Duarte se procrearon cuatro hijos(8): Claudia Patricia, Nohora Isabel, Gloria Stella y Jorge Antonio Moreno Cabrera, nacidos los días 14 de enero de 1984, 28 de abril de 1987, 29 de abril de 1990 y 24 de noviembre de 1994, respectivamente (fls. 98 a 101).

Igualmente, afirma que convivió con el causante de forma ininterrumpida desde diciembre de 1977 hasta el momento de su deceso, que dependía económicamente de éste y que fueron procreados en dicha unión seis hijos, de quienes sólo obran registros civiles de los cuatro, ya relacionados.

Ahora bien, la Subsección advierte que en el folio 88 obra registro civil de matrimonio, en el que consta que el 8 de julio de 1967 el causante (José Antonio Moreno Duarte) contrajo matrimonio con la señora María Eloísa Velásquez Velásquez, con quien a su vez tuvo una hija de nombre Viviana Moreno Velásquez (fl. 123).

De modo que, conforme lo expuesto en esta providencia, la señora María Eloísa Velásquez Velásquez en calidad de cónyuge también cumple los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y al igual que la compañera permanente se encuentra exenta de probar la convivencia, toda vez que de su unión nació Viviana Moreno Velásquez.

De ahí que resulte innecesario tener en cuenta para el reconocimiento del derecho, las declaraciones presentadas por su parte ante la administración y respecto de las cuales la demandante alega su falsedad.

Conclusión

Tanto la señora María Eloísa Velásquez Velásquez en calidad de cónyuge como la señora María Nelsa Cabrera en condición de compañera permanente, cumplieron el requisito legal contenido en la Ley 100 de 1993 para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes del señor José Antonio Moreno Duarte, esto es, haber tenido hijos con él.

Segundo problema jurídico

¿En qué porcentaje deberá reconocerse el derecho pensional?

Revisadas las pruebas aportadas y practicadas dentro del proceso, se puede inferir que existió entre las partes una convivencia simultánea, que en los términos descritos en la parte considerativa de esta providencia dan lugar al reconocimiento de la prestación en partes iguales. Lo anterior, en concordancia con los postulados constitucionales que se han desarrollado en aras de proteger los derechos tanto de la cónyuge como de la compañera permanente, razón por la que se mantendrá el reconocimiento del derecho respecto de esta última, en una cuantía equivalente al 25% del total.

Sin embargo, se modificará la decisión del A-quo en el sentido de ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reconocer y pagar a favor de la señora María Eloísa Velásquez Velásquez, en una cuantía equivalente al 25% la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del señor José Antonio Moreno, a partir del día en que fue suspendido su reconocimiento, pues contrario a lo afirmado por el Tribunal, sí podrá restablecerse su derecho, como quiera que la misma fue vinculada al proceso y representada por curador ad litem.

Se aclara que el porcentaje respecto del cual se define el derecho obedece a que la discusión giraba tan solo sobre un 50% de la pensión de sobrevivientes, dado que el 50% restante, inicialmente había sido reconocido y distribuido entre los hijos del causante y posteriormente a través de Resolución UGM051541 del 6 de julio de 2012 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación se otorgó de forma exclusiva a Jorge Antonio Moreno Cabrera en su calidad de hijo inválido.

Conclusión  

Acreditada la convivencia simultanea entre la cónyuge y la compañera permanente el 50% del derecho pensional que se encuentra en discusión será distribuido en partes iguales para cada una, es decir, 25% para María Eloísa Velásquez Velásquez y 25% para María Nelsa Cabrera.

Costas

Toda vez que el artículo 55 de la ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección considera que se impone modificar el numeral 2.º de la sentencia de primera instancia del 11 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (Sala de Descongestión), en el sentido de indicar que el restablecimiento del derecho deberá hacerse tanto a la cónyuge como a la compañera permanente, en una cuantía equivalente al 25% a partir del día en que fue suspendida y en un 25% para la otra, desde el 9 de diciembre de 2000, respectivamente, como beneficiarias de la prestación que se reclama.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (Sala de Descongestión), el 11 de febrero de 2014, dentro del proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora María Nelsa Cabrera González contra la Caja Nacional de Previsión Social hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en el sentido de indicar que el restablecimiento del derecho deberá hacerse tanto a la cónyuge como a la compañera permanente, en una cuantía equivalente al 25% a partir del día en que fue suspendida y en un 25% para la otra, desde el 9 de diciembre de 2000, respectivamente, como beneficiarias de la prestación que se reclama.

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto ut supra.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: William Hernández Gómez.—Gabriel Valbuena Hernández.—Luis Rafael Vergara Quintero.

1 Por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación.

2 Es de anotar que en atención a que la muerte del causante acaeció el día 8 de diciembre de 2000, la norma aplicable es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sin la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.

3 Consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante, radicado 76001-23-31-000-1999-01453-01 (2410-2004).

4 Idem.

5 Idem.

6 Por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación.

7 Folios 35, 36, 103, 104, obran las declaraciones de los señores María Custodia González Arandia, Leonilde Cabrera de López, Benjamín Lozano, Jorge Alfredo Ávila Mora, José Ariel López y María del Rosario González de Barrero, en las que se indica que la demandante tenía una unión marital de hecho con el fallecido.

8 Se advierte que si bien en la demanda y en los antecedentes administrativos se indica que de dicha unión se procrearon seis hijos Martha Cecilia, Adriana Mercedes, Claudia Patricia, Nohora Isabel, Gloria Stella y Jorge Antonio Moreno Cabrera, lo cierto es que solo se aportaron los registros civiles de los últimos cuatro.