SENTENCIA 2003-00840/36917

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 63001-23-31-000-2003-00840-01(36917)

Actor: José Vidal Valencia Gómez y Otros

Demandado: Departamento del Quindío y Otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la cuantía exigida por la ley vigente para ese momento(1).

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro, daño que, según los demandantes, tuvo como causa las lesiones que esta sufrió al ser atropellada por un vehículo oficial en servicio.

1.3. Legitimación en la causa.

Los demandantes están legitimados en la causa por activa, por cuanto afirmaron y acreditaron el vínculo matrimonial y el parentesco que los unía con la víctima, así: (i) el señor José Vidal Valencia Gómez demostró ser el cónyuge de la señora Blanca Libia Otálvaro Valencia, según consta en la copia del registro civil de su matrimonio (f. 19, c-1); la señora María Lucila Valencia demostró ser la madre de la fallecida. Ese hecho consta en el registro civil del nacimiento de esta (f. 26, c-1); los señores Katherine, Jesús Antonio, José Rubén, Dorian Valencia Otálvaro demostraron ser hijos de la señora Blanca Libia, porque así consta en el registro civil del nacimiento de cada uno de ellos (fls. 20-23, c-1); y los señores Luz Marina, Gustavo, Rosalba y Orlando Otálvaro Valencia demostraron ser sus hermanos, porque en el registro civil de todos consta que eran hijos de los mismos padres (fls. 26-30, c-1).

La legitimación en la causa por pasiva también está acreditada en el proceso, habida cuenta de que el daño que se invoca en la demanda proviene de las actuaciones que se imputa al municipio de Montenegro, Quindío.

La Sala confirmará la decisión del a quo en relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y el Departamento del Quindío, en razón a que dichas entidades no tuvieron relación alguna en los hechos por los cuales se pretende la indemnización de perjuicios en el caso concreto.

1.4. La demanda en tiempo.

La demanda de reparación directa en la cual se pretende la reparación de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro, que ocurrió el 4 de junio de 2002, se presentó ante el Tribunal Administrativo del Quindío, el 16 de septiembre de 2003, esto es, dentro de los dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Problema jurídico.

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Montenegro, deberá la Sala analizar si la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro es imputable a dicho municipio, o este hecho se produjo por causas extrañas, que según lo señalado en dicho recurso lo fue el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, o un caso fortuito.

3. Análisis de la Sala.

3.1. Quedó demostrada en el expediente la existencia del daño sufrido por los demandantes con la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro, ocurrida como consecuencia de las lesiones causadas por un vehículo de propiedad del municipio de Montenegro, Quindío, que era conducido por un servidor de esa entidad estatal. En efecto:

En el informe del accidente, rendido el 5 de marzo de 2002, por el señor Jorge Andrés Barreto Arango, funcionario de la oficina de Transporte y Tránsito de Montenegro (fls. 104-105, c-1), se consignó que en el accidente ocurrido en esa fecha, en el barrio Corales de ese municipio, causado por el vehículo de placas OWE-504, resultó lesionada la señora Blanca Libia Otálvaro, quien no pudo rendir su versión, porque se encontraba en cirugía, por haber sufrido herida abierta en pierna derecha, y tampoco se pudo elaborar croquis, porque el vehículo fue movido del lugar. El funcionario ratificó dicho informe en la declaración que rindió en este proceso (fls. 75-77, c-2).

Está probado que la señora Blanca Libia Otálvaro fue remitida al Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, donde se le prestó atención entre el 5 y el 20 de marzo de 2002, según consta en la copia de la historia clínica que obra en el expediente (fls. 300-471, c-1), de la cual el jefe del grupo de información hizo el siguiente resumen (fls. 305-306, c-1):

Paciente quien ingresa remitida de la clínica San José del Seguro Social por haber sufrido politraumatismo.

AP. Se desconocen

En el seguro se recibe paciente pálida ansiosa TA 70/40, FC 110 x minuto. Hb. 806. Ruidos cardíacos rítmicos regulares no soplos murmullo vesicular presente, equimosis en hemitórax derecho, fractura de pelvis inestable y fractura de pierna derecha, paracentesis negativa.

Es valorada por el especialista, quien lleva paciente a cirugía y realiza fijación y estabilización de factura. Durante la cirugía paciente quien se torna inestable con tendencia a la hipotensión, período de apnea, por lo cual fue necesario iniciar soporte inotrópico, se traslada a la unidad de cuidados intensivos por no disponer de camas en el Seguro Social.

Llega paciente en regulares condiciones generales con TA 130/80, ruidos cardíacos taquicárdicos, extremidades con fijación con tutor externo en pelvis. Paciente remitida del Seguro Social con luxo fractura de pelvis, politraumatismo y fractura abierta grado IIIC de pierna derecha, el estado de la paciente es crítico.

Dada la magnitud de la lesión y el compromiso hemodinámico se debe tomar RX de pierna, rodilla derecha, pelvis, tórax y columna, continuar tratamiento antibiótico.

Paciente en regulares condiciones generales, campos pulmonares con disminución del murmullo vesicular, eritema en sitio de la fijación del tutor, secreción serosanguinolenta. Paciente quien por su estado crítico requiere ser conectada a ventilador.

El 11 de marzo se lleva a cirugía y se cambia tutor externo de pelvis, lavado herida quirúrgica de pierna derecha, osteosíntesis de pelvis más drenaje y curetaje.

Es valorada por ginecólogo, quien clínicamente encuentra paredes indemnes, se observa laceración en pared vaginal, la cual se sutura. Al tacto vaginal no hay comunicación con la vagina a 3 cm del reborde anal.

A los 15 días de hospitalización se traslada paciente al piso, en regular estado, los familiares tramitan traslado al Seguro Social.

DX: Politraumatismo

Fractura de pelvis

Fractura tibia y peroné

Celulitis pierna

QX: Desbridamiento

Curaciones

Reacomodación tutor pelvis.

También está probado que la señora Blanca Olivia Otálvaro Valencia falleció como consecuencia de las lesiones que padeció en el accidente de tránsito. Así lo concluyó el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (f. 140, c-1):

[E]n relación médico legal analizada con base en el reconocimiento médico legal (…), y protocolo de necropsia (…), que anotan en sus partes pertinentes: paciente de 43 años, sexo femenino, quien sufre accidente de tránsito como peatón el5/03/02, con diagnóstico de: 1. Politraumatismo. 2. Fractura inestable de pelvis. 3. Fractura abierta de tibia y peroné desplazada. 4. Complicación de celulitis. 5. Heridas perianales y perirrectales. 6. Herida en pelvis con signos de necrosis. Se le colocaron tutores externos en pelvis y pierna derecha. Se aclara que es evidente que las lesiones le impedían movilizarse, lo cual le propiciaba la posibilidad de úlceras de decúbito e infecciones. En la necropsia se observó úlcera sacra de 18 cm de diámetro y 5 cm de profundidad. Además, salida de material purulento en heridas quirúrgicas. Fallece tres (3) meses después en el ISS de Armenia. En el análisis del caso y la manera de muerte del protocolo de necropsia se aclara la relación causa-efecto del politraumatismo sufrido en accidente de tránsito como peatón y la infección generalizada que llevó a la muerte por falla multisistémica y las historias clínicas (…) del Hospital San Juan de Dios de Armenia y (…) del ISS Armenia, ambas a nombre de la paciente, que anotan en sus partes pertinentes: todo lo ya descrito en el dictamen (…), y el protocolo de necropsia (…), en el “informe previo de necropsia” y “análisis del caso”. Conclusión: teniendo en cuenta los documentos aportados por la autoridad y después de haberlos revisado, se puede concluir que sí existe relación causa-efecto entre las lesiones sufridas por la paciente el 5/03/02 en el accidente de tránsito y el fallecimiento el 04/06/02. Ratificando el informe de necropsia ya dado.

En relación con el fallecimiento de la señora Blanca Libia Otálvaro obra el acta de inspección del cadáver, practicada el 4 de junio de 2002, en la morgue del Instituto de Seguro Social de Armenia, por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (fls. 101-104, c-2), en el cual se señaló que “la paciente falleció a consecuencia de un accidente sufrido hace 3 meses, cuando fue atropellada por el carro de la basura del municipio de Montenegro, estuvo recluida en el hospital de la zona por 15 días, en la unidad de cuidados intensivos, posteriormente fue trasladada a ese centro asistencial, donde falleció”. También obran la necropsia médico legal practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Quindío (fls. 134-135, c-2), en el cual se concluyó que: “el deceso de Blanca Olivia Otálvaro Valencia, según acta de inspección número 178 del CTI, protocolo de necropsia 147-02 y dictamen 1017 del 14-03-02 por lesiones fue consecuencia de una falla multisistémica por politraumatismo, principalmente, la fractura de pierna derecha (tibia y peroné), y pelvis, producidos por trauma contundente. Manera de muerte compatible con hechos de tránsito como peatón, acorde con el acta de levantamiento”, y el registro civil de la defunción (f. 31, c-1).

De igual manera, se probó que el vehículo que intervino en el accidente de placas OWE-504, marca Kodiak, color rojo, modelo 1996 era de propiedad del municipio de Montenegro y estaba destinado a la prestación del servicio público de recolección de basuras, según lo certificó el alcalde de ese municipio y se demostró con la copia de la licencia de tránsito y del Seguro de Daños Corporales Causados a las Personas en Accidente de Tránsito SOAT (fls. 110-112, c-1).

Se demostró que el señor Jorge Alberto Orozco Marulanda, quien conducía el vehículo oficial, laboraba al servicio del municipio de Montenegro, Quindío. Así consta en las copias de decreto de nombramiento y del acta de posesión, expedidas por la secretaria de esa alcaldía (fls. 22-23, c-2).

3.2. Se afirmó en la demanda que la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro es imputable al municipio de Montenegro, a título de falla del servicio, porque el accidente se produjo por el mal estado de las llantas del vehículo oficial, que generó su deslizamiento, cuando se desplazaba en el barrio Corales de ese municipio.

El perito nombrado en la inspección judicial practicada al vehículo por la Fiscalía Sexta Local de Quimbaya, señor Alexander Giraldo, el 7 de marzo de 2002 (f. 115, c-1), dejó constancia de que las llantas del vehículo se hallaban en mal estado. En el testimonio que rindió con posterioridad en este proceso (f. 72, c-2), manifestó que para la época de los hechos se desempeñaba como conductor en el cuerpo de bomberos del municipio y, por eso, solicitaron su colaboración para que rindiera dictamen en relación con el estado del vehículo oficial, pero que lo único que pudo advertir fue el hecho señalado y una abollonaduras antiguas en la parte externa del vehículo, porque no aparecieron las llaves del mismo, lo que le impidió pronunciarse sobre su funcionamiento mecánico.

No obstante, no se acreditó en el expediente que la causa del accidente estuviera relacionada con el estado de las llantas del vehículo, sino con la situación en la que se encontraba la vía y, según el testimonio rendido en este proceso por el señor Jorge Alberto Orozco Marulanda, conductor del vehículo oficial, con la maniobra que debió ejecutar en el momento del accidente, para evitar su colisión con otro vehículo que se desplazaba en sentido contrario.

En consecuencia, considera la Sala que no hay lugar a atribuir al municipio de Montenegro, Quindío, el daño sufrido por los demandantes, a título de falla del servicio, derivada del mal estado del vehículo, porque ese hecho no se demostró en este proceso.

3.3. Lo anterior no obsta para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por los daños sufridos por la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro, ocurrida como consecuencia de las lesiones que le causó el vehículo de placas OWE-504, de propiedad del municipio de Montenegro, Quindío, en tanto dicho daño le sería atribuible a esa entidad a título de riesgo excepcional, por hacerse causado como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa.

Considera la Sala relevante reiterar el criterio jurisprudencial conforme al cual, tratándose de daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, la parte demandante tiene la carga de demostrar que esa actividad fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor(2). Ha dicho la Sala:

“…en los casos que particularmente se examina la responsabilidad de la administración, por la explotación de actividades peligrosas (…), de lo que se trata es de reparar un daño a quien está legitimado para ello, con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, que impone la obligación al explotante de una actividad peligrosa reparar los perjuicios derivados de ésta. En efecto, éste es un riesgo de aquellos que implican generalmente a los particulares una explotación del cual se pueda derivar un accidente más o menos grave, y por ello puede decirse que solo la temeridad de la víctima haría fracasar las pretensiones indemnizatorias de los damnificados.

“No obstante lo dicho anteriormente, estima la Sala que la mera generación del riesgo en forma aislada necesariamente no puede llevar a la declaratoria de responsabilidad, pues si la entidad demuestra que el daño se presentó por culpa única y exclusiva de la víctima o por cualquier otra ‘causa extraña - como la fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero no procede la imputación de responsabilidad contra la entidad demandada.

“Dicho en otros términos, en el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, no se prescinde de la exigencia del nexo causal y por ello cuando la administración demuestra la existencia de una causa extraña, se libera de su obligación resarcitoria”(3).

También debe tenerse presente que cualquier consideración relacionada con la actuación diligente del conductor del vehículo, como el hecho de que viajaba a la velocidad permitida en la ley y otras del mismo talante, no son válidas frente a un régimen de responsabilidad derivada del daño causado con el ejercicio de una actividad peligrosa, en el cual no constituye eximente de responsabilidad la prueba de la diligencia y cuidado.

En efecto, el hecho de que la actividad peligrosa se ejerza de acuerdo con las reglamentaciones técnicas señaladas con el fin de minimizar su potencial dañino, permite excluir la responsabilidad del Estado a título de falla del servicio y, eventualmente, la responsabilidad penal y patrimonial del servidor público responsable de la misma, pero en tanto el daño se produzca como consecuencia de la realización del riesgo que entraña la actividad, dicho daño le es imputable a quien reciba el beneficio que tal actividad reporte.

En los eventos en los cuales el cumplimiento de reglamentaciones técnicas reduce, pero no anula, la condición intrínsecamente riesgosa de una actividad, quien la ejerce será responsable de los daños que con la misma se causen aunque se haya acogido a tales reglamentaciones. Una cosa es que el riesgo se halle socialmente permitido por cumplir con las normas de cuidado y otra que éste subsista a pesar del cumplimiento de tales normas, pues si a pesar de las mismas, las personas continúan expuestas a soportar un riesgo grave y anormal, no están en el deber jurídico de soportar los daños que se produzcan como consecuencia de su materialización(4).

En síntesis, ha considerado la Sala que “la conducción de vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que involucra a quienes participan de ella, de forma que en aquellos eventos en los que ocurre un accidente y, como consecuencia de ello, se producen daños a una persona, es necesario verificar la conducta de los partícipes de dicha actividad, en aras de verificar quien fue el causante del mismo”(5).

En consecuencia, aunque la responsabilidad patrimonial de las entidades públicas, por los daños generados por el ejercicio de actividades peligrosas puede derivarse aún en los eventos en los cuales no se hubiera incurrido en falla del servicio alguna, esto es, aunque la entidad hubiera cumplido con todas las normas reglamentarias de tránsito, lo cierto es que no resulta suficiente para declarar dicha responsabilidad con verificar que una actividad riesgosa intervino en la causación del daño, porque en todo caso operan las eximentes de responsabilidad, esto es, el hecho de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero y la fuerza mayor.

Por lo anterior, se concluye que, en principio, el municipio de Montenegro es patrimonialmente responsable del daño causado a los demandantes como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro, por haberse causado el mismo en ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de automotores.

3.4. En el caso concreto, la entidad demandada adujo que el daño no le era imputable, en tanto el accidente había ocurrido por el mal estado de la vía, atribuible a la Telecom; por la acción del conductor del vehículo que se desplazaba en sentido contrario al que llevaba el vehículo oficial; por la culpa de la víctima, y por el caso fortuito derivado de las lluvias de la temporada.

Está probado que la vía sobre la cual se desplazaba el vehículo oficial que atropelló a la señora Blanca Libia Otálvaro era pendiente, estrecha, de un solo carril, carente de andenes, ocupada en parte por el material extraído en la margen izquierda sobre la cual se estaba adelantando una obra pública.

En el informe del accidente, rendido el 5 de marzo de 2008, por funcionario de la oficina de transporte y tránsito del municipio de Montenegro (fls. 104-105, c-1), se consignó que “el ancho de la vía es de 2.46 metros y se encuentra en reparación, debido a la instalación de líneas telefónicas y no tiene aceras y escasamente puede pasar un vehículo pequeño”.

El Alcalde del municipio certificó que: “en la vía de acceso a los barrios La Alaska y Los Comuneros no existen ni han existido andenes peatonales. La vía es sumamente estrecha, por lo que la administración en la actualidad está adelantando los trámites requeridos para adquirir una franja de terreno, con el fin de ampliar la citada vía” (fls. 168-69, c-2).

En este proceso declaró la señora Luz Marina García Guzmán (fls. 57-59, c-2), quien manifestó que para la época de los hechos laboraba para la empresa Cafeaseo del Quindío y se desplazaba en el vehículo oficial causante del accidente. Aseguró que la noche anterior a los hechos había llovido mucho en el municipio. Aclaró que la vía era angosta, sin andenes, pendiente, recta, y que estaba lisa, porque había llovido mucho la noche anterior, se estaban haciendo unas zanjas sobre el lado izquierdo, por lo que los peatones y vehículos debían transitar por el lado derecho; y no había señales que advirtieran del peligro:

Ese día íbamos a recolectar las basuras del B. Alaska, íbamos en la parte trasera del camión, conmigo iban Diego, sobre el mismo lado derecho del vehículo, y hacia el lado izquierdo iban Evelio y Claudia Cuartas. Los hombres son los que recolectan y nosotras las mujeres las recicladoras. Íbamos en su vida (sic) hacia Alaska, y como la carretera estaba muy embarrada, ya que estaban haciendo unas zanjas al lado izquierdo subiendo, ya que estaban instalando unas líneas telefónicas y habían muchos escombros sobre la vía, y por ello, se presentaba dificultad, el carro cogió impulso y se devolvió hacia abajo, y en esos momentos, en una de esas vueltas del carro, Diego, mi compañero, gritó: “pare que la mató”; entonces, el carro se detuvo y se bajó Diego, y debido al mismo susto se metió a una casa, yo me corrí a la orilla del carro a ver qué había pasado y me bajé a auxiliarla a ella, cuando estaba ella tirada en el suelo y la niña tirada a un lado del barranco, porque ella venía con la niña de una reunión de la escuela del barrio y la señora me alcanzó a decir que le ayudara con la niña para auxiliarla.

En el mismo sentido, declaro en el proceso penal el señor Diego Fernando Cardona Serna (fls. 171-174, c-2), quien aseguró que el día de los hechos se desplazaba en la parte posterior del vehículo de placas OWE-054, sostenidos de unas varillas, el cual era conducido por el señor Jorge Alberto Rodas, participando en la recolección de basuras en el barrio La Alaska, en Montenegro; que habían acudido al sitio a las 7.00 a.m., pero no pudieron ingresar porque el piso estaba muy liso, por haber llovido la noche anterior, por lo que se fueron a hacer su labor a otros barrios y regresaron a las 9:15. Cuando comenzaron el ascenso, el conductor activó el pito desde el inicio, y de pronto sintieron que el carro brincó y la gente le gritó al conductor que detuviera la marcha. Así lo hizo, y al descender del vehículo se percataron de que la señora Blanca estaba en el piso, sobre la vía, a la derecha, subiendo, y tenía una pierna destrozada. Señaló que la vía era “pavimentada, hay una loma pendiente, en el sitio donde sucedió el accidente no hay huecos, no hay andenes, ese día estaban trabajando en la vía, tirando tierra de los bordes de la calle, no sé si era para meter el tubo del agua o del teléfono, entonces, la vía quedaba muy estrecha”. Agregó que las llantas del carro estaban gastadas y que sobre la parte izquierda de la vía había una cinta amarilla. En el mismo sentido declaró el testigo en este proceso (fls. 70-71, c-2).

En este proceso declaró el señor Jorge Alberto Orozco Marulanda (fls. 90-92, c-2), que era la persona que conducía el vehículo oficial al momento del accidente y relató lo sucedido en los siguientes términos:

Yo conducía ese día el vehículo. Yo madrugaba siempre a ese sitio, o sea, a la vereda o barrio La Alaska, a recoger la basura, como hay una parte donde la carretera es angosta y estrecha y sin pavimentar, y me dispongo a subir y el carro no sube, este patina, me devuelvo, me encuentro con doña Blanca, la del accidente, quien andaba con la niña, la saludo (…). Me fui para otra parte y recolecté un viaje de basura y me fui a botarlo al relleno sanitario, subí y ya había hecho un buen tiempo, y me imaginé que estaba seca la vía, hice bulla con la corneta del carro para tomar impulso y subí rápido. Cogí impulso y subí y en todo el filo de la pendiente me encontré con un Willis que me estorbó y este señor del Willis trató de echar reversa y no pudo y se me atravesó, y entonces, yo paro y voy a echar reversa para tomar impulso de nuevo y me gritan los trabajadores: “pare, pare, que pisó a alguien”, entonces pongo el carro en neutro y pongo el freno de seguridad, veo que el carro no se mueva y me bajo, y veo a alguien debajo del camión, un carro que venía detrás de mí, una camioneta Luv volteó para llevar la señora allí y auxiliarla, y entonces, yo me bajo y cojo la señora de su parte de arriba y la otra personal la toma por su parte inferior, cuando la cojo y la volteo a mirar y me doy cuenta que es doña Blanca. La echamos al carro y se la llevaron”.

En relación con el estado de la vía, el testigo manifestó:

Ese día la visibilidad era buena, eran horas de la mañana y estaba bien de visibilidad, el tramo donde sucedieron los hechos era un poco curvo, aunque no mucho. No sé qué velocidad imprimí al vehículo para subir (…). La vía en esa época era angosta y estaba mucho más angosta, ya que estaban abriendo unas brechas para colocar unos cables de Telecom. Y estaba sin pavimentar.

También declararon en este proceso los señores Claudia Díaz Cuartas (fls. 63-65, c-2), y Evelio Antonio Rodas (fls. 73-74, c-2), este último también había rendido testimonio en el proceso penal (fls. 173-174, c-2), quienes aseguraron que se hallaban al interior del vehículo en el momento de ocurrir el accidente; y los señores José Edelberto Isaza Ríos (fls. 60-62, c-2), Julián Giraldo Restrepo (fls. 66-67, c-2), y Luz Miriam León (fls. 67-69, c-2), quienes manifestaron haber presenciado el hecho a pocos metros del sitio, porque caminaban sobre la misma vía. Todos los testigos hicieron idéntica descripción de lo sucedido. Se refirieron al estado de la vía tal como fue descrita por el conductor del vehículo oficial y al hecho de que el vehículo atropelló a la señora Blanca Libia cuando reversó.

Las circunstancias descritas por los testigos dan cuenta de la existencia de la apertura de una zanja sobre la margen izquierda de la vía en la cual se produjo el accidente, por parte de una empresa prestadora de servicios públicos, al parecer Telecom, lo cual la hacía que la vía fuera más angosta y que, por efecto de la lluvia, generara el riesgo de deslizamiento de los vehículos que subían la pendiente. El conductor del vehículo oficial manifestó que debió reversar no por las condiciones del suelo, sino para impedir su colisión con un vehículo que transitaba en sentido contrario sobre el único carril.

Considera la Sala que cualquiera fuera la razón por la cual el vehículo oficial que marchaba hacia adelante hubiera reversado y que en esa maniobra hubiera atropellado a la señora Blanca Libia, quien por la carencia de andenes debía desplazarse sobre la vía, la responsabilidad resulta atribuible al municipio demandado, porque esa eventualidad es propia del ejercicio de la actividad peligrosa que desarrollaba. Lo anterior, al margen de que otras entidades o personas públicas o privadas hubieran podido concurrir en la causación del daño. No obstante, como estas no fueron demandadas, no hay lugar a pronunciarse en este caso sobre su eventual responsabilidad.

Se queja la entidad demandada de que la empresa que adelantaba la obra sobre la vía no hubiera instalado señal alguna que advirtiera del peligro. Ese hecho no quedó debidamente acreditado ni desvirtuado en este proceso ni en el penal. Algunos testigos se refieren a la existencia de una cinta amarilla al lado de la zanja, en tanto que otros aseguraron no haber visto esa cinta el día de los hechos. Sin embargo, esa situación no resulta relevante, si se tiene en cuenta que el municipio debía tener conocimiento de la misma, por ser el responsable de la vía y, por lo tanto, estaba en la obligación de prever la existencia de riesgos que esta pudieran representar y obligar a quienes estuvieran interviniéndola, a adoptar las medidas de seguridad necesaria, o a tomarlas en caso de la renuncia de estas. De hecho, es claro que en este caso, la entidad tenía conocimiento de la obra que se estaba adelantando en la vía. Las personas que viajaban en el carro recolector de basuras declararon al unísono que horas antes del accidente pretendieron subir por la misma pendiente, pero que al advertir que el pavimento se hallaba húmedo y embarrado desistieron de hacerlo y que fue hacia las 10:00 a.m. cuando el conductor del vehículo supuso que la vía ya era transitable por haberse secado con el sol, que decidió ingresar al barrio Corales a ejercer su labor. En consecuencia, el accidente no se explica por la existencia de obstáculos sobre la vía que no hubieran sido advertidos a quien conducía el vehículo oficial y, por lo tanto, la situación invocada, no exonera de responsabilidad al municipio de Montenegro.

En cuanto a la culpa de la víctima, se advierte que la apelante no señaló claramente cuáles fueron los hechos atribuidos a la misma que, en su criterio, la exoneraban de responsabilidad. Si con esto aludía a su paso por la vía, la respuesta es muy simple: no tenía alternativa, porque no existían andenes. Además, no le era previsible que el vehículo retrocediera. Su actuar fue, por el contrario, diligente, porque al paso del vehículo se ubicó sobre un montículo, en el que desafortunadamente la alcanzó la llanta trasera del camión.

Y, en relación con el caso fortuito, tampoco la entidad es clara al señalar el hecho que lo configura. Ahora no puede perderse de vista que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial adoptado por la Sala, los daños causados con objetos peligrosos, como consecuencia de sucesos imprevisibles, irresistibles e internos, esto es, como consecuencia de eventos fortuitos, no exoneran de responsabilidad a las entidades que ejercen dicha actividad o tienen esos objetos bajo su guarda. Y si se refería a una fuerza mayor y esta lo fueron las lluvias de la noche anterior, la Sala considera que el efecto de la lluvia sobre la vía no fue imprevisible ni irresistible para la entidad, porque, como antes se señaló, el mismo fue advertido en las primeras horas de la mañana del día de los hechos por el conductor del vehículo oficial.

3.5. Advierte la Sala que el señor Jorge Alberto Orozco Marulanda fue absuelto penalmente del delito de homicidio culposo, en el proceso que se le siguió en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia, Quindío, del cual obra copia auténtica en el expediente, la cual fue remitida por la directora de ese despacho judicial (f. 96-302, c-1), en el cual fue absuelto (fls. 255-262, c-1), por considerar que no faltó al deber objetivo de cuidado que le era exigible,

de acuerdo con lo probado en el proceso, Jorge Alberto Orozco Marulanda, en las horas de la mañana se abstuvo de subir la pendiente existente para acceder al barrio La Alaska de Montenegro, por haber observado que el terreno estaba mojado, porque había llovido la noche anterior, lo cual hacía peligrosa la subida, ya que el piso estaba liso por la tierra suelta que había allí, en razón de los trabajos que se estaban realizando, pero cuando calculó que el terreno ya debía estar seco, porque estaba haciendo sol, regresó nuevamente a cumplir con el trabajo de recoger las basuras del mencionado barrio, pero antes de comenzar su ascenso, activó el pito de su vehículo para alertar a los posibles transeúntes sobre su presencia, con tan mala suerte que cuando ya estaba coronando la subida apareció en sentido contrario otro vehículo que lo obligó a suspender la marcha y al reiniciar su coche se deslizó atropellando en ese momento a la hoy occisa.

(…)

Se tiene igualmente que por el solo hecho de que una persona se aventure a transitar una vía de difícil acceso como la que conduce al barrio La Alaska de Montenegro, o a muchos otros barrios no solo de este municipio, sino de otros municipios de Quindío, incluyendo esta ciudad, no puede decirse que faltó al deber de cuidado que se le exige a los conductores, pues si así fuera, la mayoría de los conductores seriamos imprudentes, porque son muchas las veces en que tenemos que transitar por esta clase de vías, por no haber otros caminos para llegar a un sitio, a que necesariamente, tenemos que ir, por vivir allí, o porque, como en el caso del procesado, necesariamente tenía que llegar hasta allí a recoger las basuras, o de lo contrario, estaba expuesto a perder su trabajo, ya que el hecho de que la vía estuviera en malas condiciones, no lo excusaba en ningún momento de cumplir con su deber, el cual no era otro que el de recoger las basuras del barrio Alaska, así la vía estuviera en malas condiciones.

Este despacho considera que si existió alguna responsabilidad en los hechos investigados, esta es imputable al municipio de Montenegro, quien era a quien le correspondía velar por el buen funcionamiento de la vía, pero al no hacerlo propició que se presentaran los hechos motivo de esta investigación, donde, como ya se dijo, necesariamente había que transitar por dicha vía, por no haber otro camino para llegar al barrio de Alaska, por lo cual, a pesar del pésimo estado de la vía no la habían inhabilitado, como era lo debido.

Pero, el hecho de que el conductor del vehículo oficial causante del daño no fuera declarado penalmente responsable del mismo no implica que la entidad no pueda ser condenada patrimonialmente a su reparación, dado que, como lo ha sostenido de manera reiterada la Sala, la decisión penal no tiene efectos de cosa juzgada sobre la de reparación directa:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

(…)

En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio(6).

En síntesis, a juicio de la Sala el daño causado a los demandantes como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro es imputable al municipio de Montenegro, Quindío por haber correspondido a la materialización del riesgo creado por el ejercicio de la actividad peligrosa que representaba la conducción del vehículo oficial.

4. La reparación del daño.

4.1. El perjuicio moral.

Por estar acreditado el vínculo matrimonial y el parentesco que existía entre los demandantes y la víctima, se infiere, en aplicación de las reglas de la experiencia, el perjuicio moral que les causó la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro.

Adicionalmente, ese daño aparece acreditado con el testimonio rendido ante el a quo por los señores Luz Marina García Guzmán, José Edelberto Isaza Ríos, Claudia Díaz Cuartas, Julián Giraldo Restrepo, Luz Miriam León, Diego Fernando Cardona, Emilio Antonio Rodas y Jorge Alberto Orozco Marulanda (f. c-2), quienes aseguraron conocer a la señora Blanca Libia Otálvaro y a su familia desde hacía varios años y, por eso, constarles la relación y trato que se prodigaban estos entre sí, de tal manera que la muerte de la primera les significó un intenso dolor.

Para la tasación del daño moral por la muerte de una persona, la Sala, en sentencia de unificación fijó los siguientes parámetros(7):

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno - filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

En consecuencia, se confirma la sentencia que condenó a la demandada al pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, a favor del cónyuge, hijos, y madre de la fallecida, y en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de cada uno de los hermanos, porque esas indemnizaciones guardan armonía con el criterio señalado por la Sala.

4.2. Perjuicios materiales.

Igualmente, se mantendrá la sentencia en cuanto condenó a favor del cónyuge por el perjuicio material que corresponde a los gastos que representó para el señor José Vidal valerse de la ayuda de una persona que cuidara de sus hijos menores, porque los parámetros que se tuvieron en cuenta para su liquidación no superan los señalados por la Sala para ese efecto, que lo fueron: el reconocimiento del valor económico del trabajo de las amas de casa; el salario mínimo legal mensual vigente, al cual se adicionó el 25%, por prestaciones sociales; la fecha en la cual la hija menor cumpliría los 25 años, y el descuento del 25% correspondiente a los gastos personales de la fallecida. Cabe señalar que esos valores pudieron ser distribuidos de manera diferente, en aplicación de reglas de acrecimiento, pero como la sentencia sólo fue apelada por la parte demandada, no puede hacerse más gravosa su situación.

El valor deducido por el a quo, en aplicación de las fórmulas financieras adoptadas por la Corporación: $ 87.694.962, equivale a $ 114.791.088, de acuerdo con la variación de precios al consumidor, desde la fecha del avalúo a la de esta sentencia, conforme a la siguiente fórmula:

Va = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra: Valor actualizado a establecer.

Va: Valor a actualizar, esto es, $ 87.694.962, valor liquidado por el a quo.

Ipc (f): Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 132,69 que es el correspondiente a octubre de 2016.

Ipc (i): Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 101,43, que es el que correspondió al mes de febrero de 2009, fecha de la sentencia.

Va= $ 87.694.962 x132,69
101,43

Va= $ 114.721.921

5. Advertencia sobre la parte civil en el proceso penal.

Cabe advertir que en el proceso aparece acreditado que el señor José Vidal Valencia Gómez presentó demanda de constitución de parte civil en el proceso penal que se adelantó en contra del señor Jorge Alberto Orozco Marulanda (fls. 277-281, c-1), la cual fue admitida por la Fiscalía Segunda Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, el 12 de diciembre de 2002 (fls. 284-288, c-2). No obstante, mediante memorial presentado ante esa misma autoridad judicial por su apoderado, el 11 de marzo de 2003, el señor Valencia Gómez desistió de la acción civil dentro del proceso penal (f. 299, c-2). Por lo tanto, no hay lugar a disponer reducción alguna de la condena que aquí se liquidó derivada de la eventual reparación en el proceso penal.

6. Sin condena en costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio”(8). En el caso concreto, si bien la parte demandada no logró demostrar los hechos en los que fundamentó su defensa, lo cierto es que no incurrió en conductas temerarias. Por lo tanto, no se la condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 16 de febrero de 2009, la cual quedará así:

1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y el Departamento del Quindío.

2. Declarar patrimonialmente responsable al municipio de Montenegro, Quindío por la muerte de la señora Blanca Libia Otálvaro, como consecuencia de las lesiones que sufrió el 5 de marzo de 2002, conforme a lo descrito en la parte motiva.

3. En consecuencia, condenar al municipio de Montenegro, Quindío, a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero: (i) Por concepto de perjuicios morales: para cada uno de los señores José Vidal Valencia Gómez, Katherine Valencia Otálvaro, Jesús Antonio Valencia Otálvaro, José Rubén Valencia Otálvaro, Dorian Valencia Otálvaro, José Vidal Valencia Otálvaro y María Lucila Valencia, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigente, y para cada uno de los señores Luz Marina Otálvaro Valencia, Gustavo Otálvaro Valencia, Rosalba Otálvaro Valencia y Orlando Otálvaro Valencia, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; (ii) Por concepto de perjuicios materiales, a favor del señor José Vidal Valencia Gómez, la suma de ciento catorce millones setecientos veintiún mil novecientos veintiún pesos ($ 114.721.921).

4. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. El municipio de Montenegro, Quindío dará cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Sin condena en costas

8. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) El 16 de septiembre de 2003, estaban vigentes los artículos 129 y 132 del C.C.A., con la modificación introducida al último por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, conforme a los cuales esta corporación era competente, en razón de la cuantía, para conocer del recurso de apelación de los procesos iniciados en ejercicio de la acción de reparación directa cuando la cuantía excediera de 500 salarios mínimos legales mensuales. Como en este caso, la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en 1.000 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales, a favor de cada uno de los hijos, padres y hermanos de la menor fallecida, es clara la competencia para conocer del presente recurso.

(2) Sobre este tema, dijo la Sala en sentencia de 15 de marzo de 2001, exp.: 52001-23-31-000-1994-6040-01 (11.222): “...en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva carta política...En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Criterio que en decisiones posteriores ha reiterado la Sala. Así, en sentencia de 25 de julio de 2002, exp.: 66001-23-31-000-1996-3104-01(14180), dijo: “en relación con los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosa, como la conducción de vehículos, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, según el cual quien se beneficia de la actividad riesgosa debe responder por los daños que con ella se causen, y sólo se exonera si demuestra la existencia de una causa extraña, es decir, la carga de la prueba de la ruptura del vínculo causal entre el ejercicio de la actividad riesgosa y el daño la tiene el responsable de aquélla. A la víctima le basta acreditar que dicha actividad intervino en la causación de éste”.

(3) Sentencia de 4 de octubre de 2001, exp. 11.365, C.P. German Rodríguez Villamizar.

(4) Ver Sentencia de 11 de agosto de 2011, exp. 20.958, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Sentencia de 29 de enero de 2009, exp. 16.319. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de agosto de 2014, exp. 27.709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 1999, exp. 10.775.