Sentencia 2003-00860/37386 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001-23-31-000-2003-00860-01(37386)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Alberto Pame Musse y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Referencia: Acción de Reparación Directa

Temas: conciliación parcial de los perjuicios reconocidos / reconocimiento de perjuicios morales para comunidad indígena.

Bogotá D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2. daño emergente por concepto de gastos médicos en el caso concreto; 3. reconocimiento de perjuicios morales a favor de la Comunidad Indígena de Calderas en el caso concreto.

1. Competencia.

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2003(10). Dado que en la demanda se solicitaron $ 200.000.000 por concepto de lucro cesante, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. Daño emergente por concepto de gastos médicos en el caso concreto.

Dado que en el presente caso se aprobó un acuerdo de conciliación entre las partes, la Sala solo se pronunciará respecto de lo no acordado, relativo al daño emergente reconocido a la víctima por concepto de gastos médicos y a los perjuicios morales en favor de la comunidad indígena de Calderas.

En cuanto al daño emergente reconocido al señor Alberto Pame Muse, el a quo dio valor probatorio a los recibos y facturas allegados al plenario.

Sin embargo, observa la Sala que en los recibos allegados al expediente(11) aparece la firma del señor José María Achicué Liz como la persona que recibe distintas sumas como “aporte para la salud del señor Alberto Pame Muse” y no obra documento donde conste el recibo de estos dineros por parte de la víctima; no obstante, esto evidencia que las cantidades recibidas corresponden a una donación con el propósito de ayudarle con sus gastos médicos mas no una erogación que hubiera corrido por cuenta del señor Alberto Pame Muse, razón por la cual no podían serle reconocidos por concepto de daño emergente.

En los folios restantes(12) obran fórmulas médicas y facturas de medicinas e implementos médicos como jeringas, sin que aparezca el nombre de la víctima como comprador por lo que no se encuentra acreditado que haya incurrido en tales gastos de su propio peculio, como lo supuso el tribunal a quo, motivo por el cual considera la Sala que le asiste razón tanto al agente del Ministerio Público como a la entidad demandada, en cuanto no debió reconocerse a la víctima la indemnización por dicho concepto.

Además, aparte de los citados documentos no se allegó evidencia alguna que permitiera determinar con veracidad que el lesionado debió erogar las sumas para su atención médica, menos aun cuando se comprobó que le fue donada una suma considerable para tales gastos en cantidad incluso superior a la reconocida por el a quo a título de daño emergente, pues la indemnización otorgada fue de $ 1.012.332,30, mientras la donación ascendió a $ 1.290.000.

Debe concluirse entonces que no fue demostrada una lesión patrimonial sufrida por la víctima consistente en gastos médicos, motivo por el cual deberá revocarse la indemnización que por ese concepto le fue reconocida en primera instancia.

3. Reconocimiento de perjuicios morales a favor de la Comunidad Indígena de Calderas en el caso concreto.

El tribunal a quo reconoció el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales en favor de la Comunidad Indígena de Calderas, por el desequilibrio y afectación que sufrió como consecuencia del padecimiento de su comunero Alberto Pame Muse.

Para ello se apoyó en los testimonios de los señores Teodoro Quiguanás Piñacué, Isidro Quiguanás Piñacué, José Gabriel Piñacué, José Jesús Ule Liz, Ovidio Hernán Guaguas Piñacué, Aureliano Pastuso Díaz y José Bernardo Guaguas Pame(13), comuneros del Resguardo de Calderas, quienes manifestaron conocer de tiempo atrás al lesionado y a su familia, también comuneros.

Igualmente, señalaron que de acuerdo con la cosmovisión de su comunidad todos deben permanecer unidos, conservando su propia autonomía, cultura y territorio, por lo que tienen lazos de hermandad muy fuertes, de ahí que lo acontecido al comunero Alberto Pame Muse les causó un dolor colectivo y un desequilibrio en la comunidad, pues su compañero ya no podrá aportar al trabajo comunitario ni participar en las asambleas como tampoco a los eventos culturales y deportivos de esa colectividad.

También se acreditó que el señor Alberto Pame Muse es poseedor del predio “Guatan” el cual hace parte del territorio del Resguardo Indígena de Calderas, según certificado suscrito por el Gobernador del mismo(14).

Así mismo, encontró fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual, la afectación a la integridad de una persona que es miembro de una comunidad indígena, la perturba por varias razones: a) porque de la integridad de un comunero dependen los derechos de subsistencia e integridad étnica, cultural y social de la comunidad indígena; b) no es admisible que una comunidad padezca la afectación o extinción de uno de sus miembros; c) la comunidad se configura por las relaciones que se traban entre sus individuos; d) en tanto mayor sea el carácter comunitario de un rito o costumbre, mayor será la afectación del individuo que no puede participar de ella como de la comunidad que no puede contar con él(15).

Por su parte, la Sección Tercera de esta corporación ya ha precisado sobre el tema que, en principio, no puede reconocerse un perjuicio basado en la aflicción y la congoja a una persona jurídica, porque se trata de sentimientos de los cuales carece una persona que no es natural, sin embargo, excepcionalmente, en el caso de las comunidades indígenas, “en atención a su especial cosmovisión, que trasciende las concepciones individualistas occidentales”(16), se ha reconocido su procedencia.

Tal fue el caso de la comunidad indígena de la Sortija por la muerte del Gobernador Indígena Medardo Ducuara Leyton y las lesiones causadas a su hermana Clara Inés Ducuara Leyton, quienes fueron agredidos con armas de dotación oficial por miembros de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima(17).

Es así como esta corporación, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, ha considerado a las comunidades indígenas como sujetos de derechos cuyos individuos pueden ser afectados, pero no individualmente, sino como comunidad con una especial cosmovisión del mundo y de organización para la vida que dista del desarrollado por la colectividad ordinaria.

Colíjase de lo anterior, que no hay obstáculo para la indemnización por concepto de perjuicio moral otorgada a la Comunidad de Calderas, pues como bien lo relataron los testigos, el lesionado al igual que ellos, pertenecen a la misma comunidad desde niños, dedicados a las labores agrícolas en beneficio de sus familias y de la comunidad en general, hacen trabajos específicos como un aporte a la vida comunitaria(18) y los unen lazos fraternales y culturales que los han mantenido cohesionados, como una organización que difiere de la sociedad occidental.

Por lo expuesto, se modificará el fallo apelado.

Condena en costas

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el numeral 5º de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca, el 17 de junio de 2009, el cual quedará de la siguiente manera:

“5. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a Alberto Pamme Muse, la suma de $ 122.035.083 por concepto de lucro cesante”.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 El salario mínimo para el año 2003 fue de $ 332.000, por lo que 500 SMLMV equivalía a la suma de $ 166.000.000.

11 Fls. 64 a 70 c 1.

12 Fls. 71 a 102 c 1.

13 Fls. 107 a 126 c de pruebas.

14 Fl. 14 c 1.

15 Corte Constitucional, sentencias T-380 de 1993, T-342 de 1994, SU-510 de 1998, T-778 de 2005.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 27001233100020030023301 (33727), CP: Stella Conto Díaz del Castillo.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 18.956, CP: Gladys Agudelo Ordoñez.

18 La pertenencia a la comunidad indígena así como la costumbre de realizar trabajos comunitarios (Mingas), fue certificada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, fls. 14 a 17 c 1.