Sentencia 2003-00866 de julio 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 250002324000 2003 00866 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso (E)

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Medical Systems Finance S.A.

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la sala

El problema jurídico a resolver se contrae a precisar si el recurso de reconsideración que contra la Resolución 03-064-191-636-1000-00-4455 expedida el 13 de diciembre de 2002, por medio de la cual se decomisa una mercancía, presentado por el señor Oscar Enrique Pinzón, en su condición de arrendatario financiero de las mercancías depositadas, proyecta sus efectos al tercero interesado, en este caso a la actora en su calidad de arrendador, de modo que la vía gubernativa pudiese tenerse por agotada respecto de un sujeto procesal diferente del que interpuso el recurso.

Es preciso tener en cuenta que de conformidad con el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999 son responsables de la obligación aduanera el importador, el exportador, el propietario y el poseedor o tenedor de la mercancía, como es el caso del actor.

Para resolver el asunto basta con observar, el encabezamiento de la Resolución 03-064 191-636-1000-00 (fl. 1, cdno. de anexos a la demanda), por medio de la cual se ordena un decomiso a favor de la Nación, los hechos que expone y su parte resolutiva, para concluir que la misma no solo se expidió contra el señor Oscar Enrique Pinzón Jiménez, como importador directo de los equipos médicos, sino también contra la Clínica Vascular Navarra, como tenedor de los equipos y contra Medical Systems Finance S.A. como interesado y que se ordenó su notificación a Oscar Enrique Pinzón Jiménez en calidad de importador de la mercancía encartada, a la Clínica Vascular Navarra por medio de su apoderado en calidad de tenedora de la mercancía encartada y a la firma “Medical Systems Finance S.A., por intermedio de su apoderado señor Mauricio Bertoletti Laguado (...) acorde con lo estipulado en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999” (art. 2º, fl. 9, ídem).

Revisados los documentos aportados al proceso y relacionados con la aprehensión y decomiso de los equipos médicos de propiedad de la demandada se observa que:

El 18 de marzo de 2002 la sociedad demandante presenta ante la división de fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá un derecho de petición, en interés particular, para solicitar que se le reconociera como tercero interesado en las resultas del proceso, se revocara el acta de aprehensión del 1º de marzo de 2002, se continuara con el trámite de efectividad de la garantía y se le autorizara para proceder a legalizar la mercancía, para lo cual presentó los documentos con los cuales acreditó que la sociedad Medical Systems Finance S.A. es la actual propietaria de los equipos, que la Clínica Vascular Navarra ha incumplido sus obligaciones y que las mercancías están cobijadas por la garantía otorgada por el importador original y expedida por Seguros Tequendama.

La Administración Especial de Aduanas de Bogotá mediante Resolución 03-070-213-449-5679 del 25 de julio de 2002 (fl. 28, cdno. de anexos a la demanda), expidió el requerimiento especial aduanero por el cual propuso el decomiso de la mercancía aprehendida el 1º de marzo de 2002, resuelve el derecho de petición formulado por la sociedad actora Medical Systems Finance S.A. y ordenó su notificación con el fin de que respondiera dicho requerimiento, respuesta que se produce con el escrito radicado con el Nº 36079 del 23 de agosto de 2002.

La Administración Especial de Aduanas de Bogotá mediante la Resolución 03-064-191-636-1000-00-4455 expedida el 13 de diciembre de 2002, ordenó el decomiso de la mercancía y la notificación a la sociedad demandante, por intermedio de su apoderado, advirtiendo además a los interesados, en su artículo tercero, que contra la providencia procedía el recurso de reconsideración.

La resolución anterior fue notificada a la actora, según consta a folio 348 del cuaderno de antecedentes administrativos, pero la actora no interpuso el recurso de reconsideración y así lo reconoció; el acto administrativo también fue notificado al señor Oscar Enrique Pinzón quien interpuso recurso de reconsideración, el cual le fue resuelto en forma adversa, mediante la Resolución 03-072-193-601-0350 del 11 de abril de 2003.

En primera instancia la sociedad demandante justificó la no presentación del recurso con el hecho de que el señor Oscar Enrique Pinzón Jiménez sí lo hizo y que ese debe cobijarlo a ella. Este argumento no fue aceptado por el fallo apelado, lo cual comparte esta Sala, puesto que los intereses que motivaban a Oscar Enrique Pinzón Jiménez y a Medical Systems Finance S.A. son diferentes y porque como también se expresó en esa instancia, “... el derecho a recurrir las decisiones administrativas es personal y la decisión de hacerlo o abstenerse de ello solamente puede generar consecuencias, sean benéficas o adversas, para quien toma la decisión respectiva”.

En esta instancia la sociedad demandante alega que no podía presentar el recurso, porque dicho recurso solo le era dable a la persona contra la cual se expedía el acto administrativo que se impugna, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 del estatuto aduanero, que a la letra dice:

ART. 518.—Requisitos del recurso de reconsideración.

El recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

b) Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

c) Que se interponga directamente por la persona contra la cual se expidió el acto que se impugna, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante.

Como ya se vio la Resolución 03-064-191-636-1000-00 del 13 de diciembre de 2002 por la cual se decomisa la mercancía aprehendida el 1º de marzo de 2002 se dirigió a la actora por intermedio de su apoderado.

En el artículo tercero de la resolución en comento, resolvió la demandada:

“ADVERTIR a los interesados que contra la presente providencia procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse ante la división jurídica de esta administración, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 515 (modificado por el D. 1232/2001, art. 50) al 518 del Decreto 2685 de 1999. El recurso de reconsideración presentado deberá tener como referencia el Nº y fecha de la presente resolución, el Nº del expediente y en nombre del interesado”.

No le asiste razón a la sociedad demandante para justificar su omisión en la interposición del recurso de reconsideración, porque la resolución impugnada no se expidió únicamente contra el importador sino también contra el tenedor y el interesado; tan cierto es ello que la Administración de Aduanas de Bogotá ordenó notificarlos y advertirlos sobre la interposición del recurso de reconsideración.

El recurso de reconsideración, como el de apelación, es una exigencia conforme a la cual la interposición de los recursos permite a la administración, mediante el control jerarquizado, pronunciarse sobre las objeciones que se imputan al acto administrativo y así definir si lo confirma, modifica, aclara o lo revoca, antes de que sea objeto de censura en un proceso judicial; esta exigencia se convierte en un instrumento a favor del administrado, pues se amplía su posibilidad de defensa, no solo en vía gubernativa, sino posteriormente en vía judicial.

Numerosos pronunciamientos del Consejo de Estado reiteran la obligatoriedad de agotar debidamente la vía gubernativa como presupuesto indispensable para acudir ante esta jurisdicción(1); de manera expresa se ha referido al recurso de reconsideración en la sentencia del 19 de agosto de 1999, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Expediente 1999-N5399 citada por el tribunal, para indicar que este requisito de procedibilidad es obligatorio porque de lo contrario no se puede hacer pronunciamiento de fondo.

Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo apelado, que declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Es preciso señalar que la Sala hace siempre un esfuerzo para que sus pronunciamientos sean de fondo y no inhibitorios, por ello interpreta con amplitud las pretensiones de la demanda; sin embargo, hay ocasiones en que tal decisión no es posible adoptarla, pues se presentan situaciones, como en el presente caso, que impiden o inhiben al juez proferir decisiones que diriman el asunto de fondo de la controversia, so pena de sacrificar normas de orden público como son las disposiciones procesales; En el presente caso la consejera sustanciadora admitió la demanda en aplicación del principio pro actione, y expresó, como correspondía a ese momento procesal, que la admisión de la demanda atendía a la constatación del cumplimiento de los requisitos formales señalados en los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, esto es, la designación de las partes y sus representantes, lo que se demanda, los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción, los fundamentos de derecho de las pretensiones, la indicación de las normas violadas, y la enunciación del concepto de la violación, sin que en ese momento pudiera entrarse a un análisis detallado de las circunstancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de marzo de 2006 que declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, propuesta por la parte demandada y se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Para citar algunas: sentencias del 9 de agosto de 1996, Expediente 3775, y enero 23 de 2003, Expediente 8027, magistrado ponente Manuel Urueta Ayola.

Sentencia de noviembre 17 de 2000, referencia: Expediente 10847, magistrado ponente Delio Gómez Leyva.

Sentencia de julio 15 de 2004, referencia: Expediente 14666, magistrado ponente Juan Ángel Palacio Hincapié.

Sentencia del 20 de abril de 2007, referencia: Expediente 050012331000-2000-03697-01.