Sentencia 2003-00892/30753 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 250002326000200300892 01

Expediente: 30753

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Nubia Esperanza Rodríguez de Bernal y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., trece de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

13. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por daño material en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

14. En el proceso obran algunos documentos en copias simples. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (…).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (…)(2).

15. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple por la parte demandante, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que la demandada no se pronunció al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

16. De otro lado, obran en el expediente apartes del proceso penal adelantado por el Juzgado 89 de Instrucción Militar, así como de la investigación disciplinaria interna que tramitaba el funcionario de instrucción perteneciente a la Decimotercera Brigada, Batallón de Infantería Nº 38 Miguel Antonio Caro, que tenían por fin el esclarecimiento de los hechos en los cuales resultó muerto el menor John Édison Bernal Rodríguez.

17. Al respecto cabe señalar que la ley procesal civil dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

18. Conforme a lo anterior, es posible valorar las pruebas practicadas dentro de los proceso referidos, teniendo en cuenta que el proceso interno disciplinario fue adelantado por el mismo Ejército Nacional y que el proceso penal fue presidido que la Justicia Penal Militar, entidad que hace parte de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, al igual que el Ejército Nacional, establecimiento demandado en el caso concreto. Al respecto ha dicho la Sala Plena de la Sección Tercera:

12.2.18. Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…”(3).

III. Hechos probados

19. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

20. Para el 13 de enero de 2003 el menor John Édison Bernal Rodríguez tenía 13 años. Ese día, alrededor de las 5:00 p.m., se encontraba en la Base Militar de Villeta —Cundinamarca—, concretamente en el rancho de tropa, vendiendo a los soldados embutidos y frituras, como solía hacerlo después de terminar sus actividades escolares. Cuando se acercó al sargento segundo Morales Gómez y lo saludó, recibió de parte de éste, sin causa aparente, un disparo en la cabeza con su arma personal, la cual portaba en ese momento (copia de la declaración rendida dentro de la investigación disciplinaria por el soldado regular Luis Alberto González Boláñoz, fl. 11, c. 2(4); copia de la declaración rendida dentro de la investigación disciplinaria por Robinson Javier Montenegro López, fl. 12, c. 2(5), copia del testimonio rendido por el soldado voluntario Nelson Eduardo Linares Conde en el proceso penal adelantado por los hechos de la referencia, fls. 23-27, c. 2(6); copia del testimonio rendido por el soldado profesional Arvey González Rodríguez en el proceso penal adelantado por los hechos de la referencia, fls. 57-59, c. 2(7); copia del testimonio rendido por el soldado profesional Carlos Alberto Guerrero en el proceso penal adelantado por los hechos de la referencia, fls. 60-62, c. 2; copia de la declaración rendida por el sargento segundo Jhon Jairo López Vargas, fls. 97-99, c. 2; copia del testimonio rendido por el soldado profesional Róbinson Carvajalino Contreras, fls. 91-93, c. 2; copia del testimonio rendido por el soldado profesional Héctor Fabio Celis, fls. 94-99, c. 2).

21. Inmediatamente tras los sucesos referidos, el menor fue conducido al hospital Local de Villeta para que se le brindara atención médica, el cual, a su vez, lo trasladó al hospital Militar Central de Bogotá, donde se determinó que el menor John Édison Bernal Rodríguez sufrió una “[h]erida penetrante a fronto-parietooccipital derecha, fractura conminuta frontal y occipital derecha, laceración cerebral y edema cerebral difuso”, lesiones que en últimas, el 15 de enero de 2003, a las 10:30 a.m., le causaron la muerte (copia de la historia clínica de hospitalización y de urgencias del occiso, fls. 123-129, 134-141, c. 2; copia de la hoja quirúrgica expedida por el hospital Militar Central, en la que se consignan los hallazgos quirúrgicos fl. 140, c. 2; certificado de defunción expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirigido al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, en el que consta que la muerte del menor se produjo violentamente(8), fls. 124-235, c. 2; copia del aviso de defunción del hospital Militar Central, suscrito por el médico Henry Sánchez, quien declaró muerto al menor, f. 132, c. 2; copia de la diligencia de inspección del cadáver practicada por el fiscal 294 delegado ante los Jueces Penales del Circuito, fl. 142, c. 2).

23. (Sic) El 1º de mayo de 2004, la dirección de sanidad del Ejército Nacional decretó la invalidez e incapacidad para prestar el servicio del sargento segundo Jorge Antonio Morales Gómez, quien propinó el disparo que le ocasionó la muerte al menor John Édison Bernal Rodríguez, por una disminución de la capacidad laboral del 83.62%, producto de un cuadro de esquizofrenia paranoide con estrés post traumático (copia del acta de junta médica Nº 1862, fls. 168-170, c. 2).

24. Los demandantes Nubia Esperanza Rodríguez León —o Nubia Esperanza Rodríguez de Bernal— y Pedro Elías Bernal Castañeda acreditaron ser padres de la víctima directa, John Édison Bernal Rodríguez (copia auténtica del registro civil de nacimiento del menor, fl. 6, c. 2). Igualmente, los demandantes Alejandra Patricia, Jorge Eliécer, Diana Shirley y Pedro Ignacio Bernal Rodríguez acreditaron ser sus hermanos (copia auténtica de sus registros civiles de nacimiento, fls. 1-5, c. 2).

III. Problema jurídico

25. Comoquiera que la parte demandante es el apelante único, la Sala se pronunciará solamente sobre los motivos de inconformidad manifestados en el recurso que presentó. De esta manera, le corresponde determinar (i) si hay lugar a conceder perjuicios morales a los hermanos mayores de edad de la víctima directa, para lo cual habrá que determinar si basta con que para el efecto hubieran acreditado ser parientes en segundo grado de consanguinidad, o si se requería que demostraran la magnitud del sufrimiento que sufrieron con ocasión de la muerte del menor John Édison Bernal Rodríguez; y (ii) si el hecho de que el menor para la fecha de su deceso contara con 13 años impide el reconocimiento de los perjuicios materiales causados, en la modalidad de lucro cesante, teniendo en cuenta que a pesar de que se demostró que trabajaba no se acreditó que contara con permiso de la autoridad correspondiente.

IV. Análisis de la Sala

26. En atención a que la parte actora actuó como apelante único en el proceso de la referencia, el ad quem avocará competencia únicamente para revisar los montos de las condenas impuestas por el a quo, con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda, las razones de la apelación y en las pruebas obrantes dentro del proceso. La Sala queda relegada de pronunciarse sobre la responsabilidad de la administración y su estudio se limitará a los argumentos de inconformidad del apelante.

27. En ese entendido, se procederá a estudiar, en primer lugar, la negativa del tribunal de reconocer los perjuicios morales a los demandantes Jorge Eliécer, Alejandra Patricia y Pedro Ignacio Bernal Rodríguez, quienes acreditaron ser hermanos mayores de edad del menor John Édison Bernal Rodríguez.

32. (Sic) Sobre este punto, considera la Sala que si bien la edad había sido considerada con anterioridad como un criterio para determinar si cabía presumir perjuicios morales a favor de los demandantes, lo cierto es que en el estado actual de la jurisprudencia de esta corporación dicha circunstancia no constituye un impedimento para colegir que los referidos demandantes sufrieron una profunda tristeza por la muerte de su hermano John Édison Bernal Rodríguez, comoquiera que entre los parientes cercanos surge un vínculo de amor y afecto a partir del cual se puede inferir la existencia del perjuicio moral(9), sin que sea relevante la edad para entender que dicha relación de amor surge o se mantiene. Sobre este punto se ha dicho:

Si bien en un primer momento la jurisprudencia de esta corporación exigía que los hermanos mayores de la víctima probaran la ocurrencia de los perjuicios morales alegados, dado que frente a ellos no operaba la presunción antes anotada, lo cierto es que la jurisprudencia actual del Consejo de Estado no hace distinción entre la edad de los hermanos de la víctima para que sean cobijados por la referida presunción. Al respecto la Sala ha dicho:

“Reclama el recurrente demandante, que sean reconocidos y decretados a favor de las hermanas de la señora Blanca Dolly Salazar Ramírez, pues la tendencia jurisprudencial, es que este daño se presume para los familiares cercanos, sin que tenga relevancia la edad de éstos.

En efecto, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión —esta última sin importar que sea grave o leve, distinción que no tiene justificación práctica y teórica alguna para efectos de la presunción del perjuicio, sino, por el contrario se relaciona con el grado de intensidad en que se sufre—, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(10), debe presumirse, que el peticionario los ha padecido(11) (resaltado del texto)(12).

33. Por ese motivo, para la Sala resulta pertinente adicionar la condena que el a quo le impuso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - ejército Nacional, y reconocer a los señores Jorge Eliécer, Alejandra Patricia y Pedro Ignacio Bernal Rodríguez los perjuicios morales que sufrieron, toda vez que demostraron ser hermanos del occiso —ver párrafo 22—, sin que sea relevante para el efecto el hecho de que para el momento del acaecimiento del daño fueran o no mayores de edad y sin que se requiera ningún elemento de prueba adicional calificado que dé cuenta del dolor moral que sufrieron.

31. (Sic) Sobre la forma en la que corresponde tasar la condena correspondiente al daño moral causado, ha señalado el Consejo de Estado que aquella se debe fijar en salarios mínimos, con base en los siguientes parámetros: (i) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “(…) la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”(13); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias(14).

32. Para preservar dichos criterios y especialmente para garantizar el principio de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, recientemente, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de la muerte de un ser querido, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

 

Reparación del daño moral en caso de muerte
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno - filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

 

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva(15).

33. (Sic) En el caso concreto, comoquiera que está acreditado que los demandantes Jorge Eliécer, Alejandra Patricia y Pedro Ignacio Bernal Rodríguez tenían una relación afectiva del segundo grado de consanguinidad con el fallecido, se le reconocerá a cada uno de ellos la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otra parte, comoquiera que el monto de las condenas impuestas en la sentencia de segunda instancia por este rubro a favor de los demás actores resultan coherentes con los criterios expuestos en los párrafos precedentes, serán confirmadas.

34. Por otra parte, los demandantes solicitaron que se les reconocieran los perjuicios materiales que sufrieron, en la modalidad de lucro cesante, a raíz de los dineros que dejaron de percibir como consecuencia de la muerte de John Édison Bernal Rodríguez, teniendo en cuenta que éste colaboraba activamente vendiendo productos alimenticios para el mantenimiento del hogar. No obstante lo anterior, en la sentencia de 2 de febrero de 2005, el a quo consideró que no había lugar a reconocer lo pretendido, comoquiera que sólo se manifestó que el menor vendía veinte mil pesos ($ 20 000) diarios, sin acreditar nunca tal afirmación.

35. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado que el menor, a pesar de su corta edad, compaginaba sus estudios con la labor de vender diariamente productos alimenticios —empanadas, pasteles y fritos— en el municipio de Villeta y, en especial, en la base militar allí ubicada. Al respecto, son contestes todos los testimonios obrante en el proceso, tanto los que fueron practicados durante el transcurso del mismo, como aquellos que fueron trasladados mediante prueba documental de los procesos penales y disciplinarios adelantados por los hechos del sub lite.

36. Así mismo, se encuentra probado que el menor contribuía con el mantenimiento del hogar. Al respecto, en su declaración, la señora Mariela Salamanca Martínez manifestó lo siguiente: “(…) el niño todos los días iba a la base a las horas de la tarde, trabajaba vendiendo sus pasteles toda una vida, él trabajaba vendiendo los pasteles y el niño siempre era estudiando, ese día iba con una hermana y otra niña pequeña iba con ellos, yo todos los días los veía subir porque uno sabe que ellos vivían del trabajo, porque el papá vivía por allá muy lejos (…) Lo único que quiero decir es que el señor ‘Tolinche’ es don Pedro Bernal. Y cuando eso él estaba trabajando lejos” (fls. 15-16, c. 1).

37. Por su parte, la declarante Sulma Patricia Ávila Laverde agregó: “(…) lo único que yo puedo decir y sé, es que yo veía subir al pelado todos los días a la base del Ejército, lo que él llevaba y no lo vendía ahí, lo vendía en el centro, el vendía pasteles y rellenas, que él a veces iba a la casa mía por gaseosas para venderla (sic) arriba en la base, (…) cuando no tenía clase subía por la mañana y cuando no subía por la tarde, y no se demoraba casi y después salía y se iba para el centro (…), a veces una hermana subía hasta la carretera y le ayudaba con el canasto, pero de ahí él subía solo, yo desde que conocí ese niño lo vi vendiendo pasteles” (fls. 16-17, c. 1).

38. Ahora bien, teniendo en cuenta que la reparación de los perjuicios causados bajo la modalidad señalada fue solicitada para la totalidad de los demandantes, es preciso establecer quienes eran los destinatarios de la ayuda que prestaba. Al respecto, se advierte que no obra ningún medio de convicción en el expediente que permita establecer que el señor Pedro Elías Bernal Castañeda recibía ayuda económica de su menor hijo. Así mismo, es preciso señalar que de conformidad con el testimonio de la señora Mariela Salamanca Martínez, al que la Sala concede plena credibilidad, por ser vecina de los demandantes en el barrio Sixto López de Villeta, el señor Pedro Elías Bernal Castañeda no cohabitaba para el momento de los hechos con el occiso, por lo que tampoco es posible inferir la dependencia económica a través de medios indiciarios.

39. En cuanto a los hermanos del occiso, es preciso señalar que tampoco existe ningún indicio de prueba que permita suponer que dependían económicamente de su trabajo, teniendo en cuenta, por lo demás, que todos tenían una edad superior a la suya. Adicionalmente, se advierte que en caso de que los demandantes se encontraran en una situación de necesidad económica, como es apenas lógico, su carestía debía ser suplida, en primer lugar, por sus padres, y sólo ante la incapacidad de estos de otorgar alimentos, circunstancia que debió haber sido probada, le correspondía a su hermano prestarla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 del Código Civil(16).

42. (Sic) Finalmente, respecto de la demandante Nubia Esperanza Rodríguez León —o Nubia Esperanza Rodríguez de Bernal—, madre del menor, si bien no existe en elemento de prueba que señale directamente que ella recibía la colaboración económica de su hijo, dicha situación se puede establecer por vía indiciaria, teniendo en cuenta que ella era la cabeza del hogar en el que ambos cohabitaban.

43. No obstante, en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de familiares de niños, niñas o adolescentes que han fallecido, se debe tener en cuenta lo consagrado en el artículo 238 del Decreto 2737 de 1989, “por el cual se expide el código del menor”, que señala: “Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del defensor de familia”.

44. En términos generales puede decirse que el permiso del inspector de trabajo o en su defecto de las otras autoridades a las que se refiere la ley, constituye un factor determinante en la salvaguarda de la protección de los derechos de los niños, de conformidad nuestra Constitución y los instrumentos internacionales adoptados por Colombia. Ello sin perjuicio del ajuste hermenéutico que sea del caso realizar en eventos especiales en donde el escenario social obligue un entendimiento diferente.

45. Al respecto, ha señalado la Corte Constitucional(17) que de conformidad con el artículo 32 del Convenio sobre los Derechos del Niño (L. 12/91), la posibilidad de ejercer una actividad económica subordinada por parte de los niños, niñas y adolescentes se sujeta al cumplimiento de 2 condiciones formales, a saber:

(i) La flexibilidad laboral, en atención al estado de crecimiento de éstos, y que implica que no puedan resistir intensas horas de trabajo. Por ello, no deben admitirse en el ordenamiento jurídico normas que equiparen la jornada de un menor a la propia de un adulto; y, así mismo, (ii) su permisión requiere la evaluación del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del Defensor de Familia, como lo señala el artículo 238, inciso 1º, del Código del Menor.

46. Así mismo, señaló esa corporación(18) que la ejecución de actividades laborales por parte de menores de edad entre los 14 y 18 años, “se sujeta a las siguientes condiciones que revisten el carácter de orden público”:

[La prohibición de ejecutar] trabajos peligrosos o ilícitos, [es decir, la relación jurídica laboral se sujeta —en exclusiva— al desarrollo de] trabajos normales (véase: artículo 3º del Convenio Nº 182 de la OIT, “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”).

La flexibilidad laboral, es decir, la reglamentación apropiada de horarios y condiciones de trabajo, la cual, en ningún caso, puede permitir el trabajo nocturno.

La autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del Defensor de Familia, como lo señala el artículo 238, inciso 1º, del Código del Menor.

47. Por su parte, en cuanto al trabajo de los menores de edad entre 12 y 14 años, adujo que su autorización es excepcional, en los siguientes términos:

Finalmente, el artículo 7º, numeral 4º, del Convenio Nº 138 de la OIT, faculta a los Estados partes para que, en casos aún más extremos, permitan la prestación de servicios laborales por parte de menores de edad, cuyas edades oscilen entre los 12 y 14 años, si en dicho país, se establece excepcionalmente como límite de acceso al mundo laboral, los catorce (14) años de edad.

Esta corporación declaró exequible la citada excepción mediante Sentencia C-325 de 2000 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa). Sin embargo, es preciso aclarar que su procedencia se sujeta, además del cumplimiento de las condiciones generales de permisión del trabajo infantil previamente reseñadas (véase: Fundamentos Nº 31 y 33 de esta providencia), al cumplimiento de los siguientes requisitos:

(i) Dichos menores únicamente pueden ingresar a la vida laboral en los denominados “trabajos ligeros”, es decir, en aquellos que por su propia naturaleza no pueden limitar o restringir su permanencia en el sistema educativo. Para lo cual, no basta con la sola asistencia a las aulas, sino que, es indispensable que puedan cumplir los programas de orientación que para el aprovechamiento de la enseñanza asignen sus maestros en las horas siguientes a sus clases. Quedan excluidos de trabajar en actividades peligrosas, riesgosas o ilícitas (como todos los menores) y, además, no se permite la prestación de sus servicios laborales en actividades normales (como sucede con los menores mayores de catorce (14) años).

Así, el artículo 7-1 del Convenio Nº 138 de la OIT, determina: “La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince años de edad [debe leerse 12-14, según el artículo 7-4 del mismo convenio] en trabajos ligeros, a condición de que estos: a) No sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y b) No sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben”.

Por lo anterior, es necesario que la autoridad de control, verifique que la jornada laboral para la prestación de servicios, tenga lugar con posterioridad al horario escolar y, además, que dicha jornada no le impida cumplir con sus compromisos educativos. Aquí cobran importancia aquellas horas, días o meses, en los cuales, por disposición legal, es viable la inasistencia escolar, tales como, los fines de semana, los períodos vacacionales, o las horas que exceden a la jornada escolar diurna obligatoria. En dichos espacios de tiempo, sin lugar a dudas, es viable asumir un compromiso laboral, siempre que no se vulneren los derechos al descanso y a la recreación del menor.

En este mismo sentido, en Europa, la Carta Social Europea, de octubre de 1961, ratificada y por lo tanto incorporada a la legislación de los países de ese continente, establece en su artículo 7º, que: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de los niños y adolescentes, las partes contratantes se comprometen: 1. A fijar en quince años la edad mínima de admisión al trabajo, sin perjuicio de las excepciones para los niños empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su salud, moralidad o educación”.

(ii) En estos casos, la autorización escrita del inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, no solo requiere la solicitud de los padres y, a falta de estos, del defensor del familia, sino que, además, es indispensable que éste último acompañe siempre una calificación sobre la excepcionalidad de las circunstancias que ameritan el trabajo infantil. Así, lo dispone el artículo 238 del Código del Menor, en los siguientes términos: “Excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12) años podrá ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo”(19).

(iii) La enunciación de las actividades ligeras, las horas y condiciones para el ejercicio del trabajo infantil en menores cuyas edades oscilen entre los doce (12) y catorce (14) años, de conformidad con lo previsto en el Convenio Nº 138 de la OIT, es de competencia exclusiva del legislador ordinario y así lo ratifican los artículos 44 y 53 del texto superior. Esta última disposición señala que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía (...) al trabajador menor de edad”.

Al respecto, el artículo 7-3 del citado convenio, dispone que: “La autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el empleo o el trabajo de conformidad con los párrafos 1º y 2º del presente artículo y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo”.

Conforme a lo expuesto, también se encuentra ajustado a la Constitución Política que de manera excepcional y bajo estrictas condiciones las autoridades respetivas autoricen a niños mayores de doce (12) años y menores de catorce (14) para ejecutar trabajos ligeros, siempre que en éstos se garanticen la escolaridad y no se perjudique su salud o desarrollo. Pero, en apoyo de lo anterior, es igualmente claro que, por ningún motivo, se puede autorizar o permitir el trabajo para los menores de doce (12) años(20).

48. En síntesis, de conformidad con la regulación vigente para la época de los hechos(21), por regla general, y de conformidad con la regulación nacional a internacional, en particular con el Convenio Nº 138 sobre la edad mínima de admisión de empleo, incorporado a la legislación interna mediante la Ley 515 de 1999, sólo estaban autorizados para trabajar los mayores de 18 años, pudiéndolo hacer los menores de dicha edad, pero mayores de 14, siempre que contaran con la autorización del inspector del trabajo, que no se tratara de actividades peligrosas y que el servicio se prestara de conformidad con las normas. De otro lado, el trabajo de los menores de 14 años estaba expresamente prohibido para trabajos “normales”, salvo excepcionalísimos casos en los que se trate de labores ligeras, que no comprometan su desarrollo personal y educativo, requiriéndose en todo caso autorización de la autoridad competente, quien deberá justificar la situación excepcional que en el caso concreto justifica el trabajo infantil.

49. En el presente caso, se advierte que en el expediente no obra prueba que acredite la autorización escrita del inspector del trabajo “o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del defensor de familia”(22), que permitiera al menor John Édison Bernal Rodríguez trabajar.

50. No obstante lo anterior, esta Sala ha aceptado conceder en ciertos eventos perjuicios materiales a favor de los padres de menores que fallecieron como consecuencia de circunstancias imputables a la administración, aún sin contar con permiso del inspector de trabajo. Así, por ejemplo, en sentencia de 30 de enero de 2013, esta corporación reconoció el lucro cesante causado a los progenitores por la muerte de un menor que ayudaba a la economía familiar como pescador, bajo los siguientes argumentos:

La ley protectora del menor exige una autorización escrita de las autoridades de trabajo para que éste pueda realizar actividades laborales (…). La función de estas autoridades consiste en evaluar si las condiciones socioeconómicas de la zona permiten asegurar el acceso al sistema educativo, y determinar si los medios de educación están encuentran (sic) insuficientemente desarrollados, de manera que el joven pueda dedicarse de plano a sus estudios(23). El cumplimiento de este requisito, adicional a los antes indicados, constituye la regla general para efectos de definir si hay lugar a la reparación del lucro cesante a favor de quienes recibían ayuda económica de un menor de edad(24).

Sin embargo, en el presente caso, es preciso llamar la atención sobre la escasa cultura institucional en determinados lugares del país, particularmente en zonas periféricas en las que el desarrollo social y económico es precario y la presencia estatal, débil. En tales contextos dominados por la carencia y la necesidad, además de una marcada afectación por el conflicto armado(25), el trabajo de los jóvenes se lleva a cabo sin mediación del Estado, sin que por ello se comprometa la integridad física y psicológica de los menores, o la permanencia de sus estudios, que son los propósitos últimos de la autorización. En síntesis, el registro y la valoración de tales dinámicas son esenciales para promover una aplicación de la norma ajustada a la realidad social.

De acuerdo con lo anterior, se reconocerá la indemnización del perjuicio material a favor de Pablo Manuel Zabaleta y Marcelina Hernández, con base en lo dejado de percibir por éstos con ocasión de la muerte de su hijo(26).

51. En el sub lite, la Sala encuentra que las circunstancias sociales y económicas particulares en las que se encontraba inmerso el menor John Édison Bernal Rodríguez permiten reconocer el perjuicio material causado a su madre con su muerte, teniendo en cuenta que el juzgador no puede aplicar de forma pura y simple las normas jurídicas, sino que debe tener en cuenta la realidad de las personas a las que van dirigidas.

52. En efecto, de conformidad con los testimonios obrantes en el expediente, en especial aquellos rendidos por las señoras Mariela Salamanca Martínez y Sulma Patricia Ávila Laverde, que ya han sido reseñados en los acápites anteriores, se desprende que para el momento en el que ocurrieron los hechos el occiso y su familia se encontraban en una difícil coyuntura económica, tanto así, que su padre se veía compelido a trabajar por fuera de su lugar de habitación para procurar su sustento. Dicha situación hacía imposible que el menor fallecido esperara a obtener la autorización proferida por el inspector para poder trabajar, teniendo en cuenta que de su labor dependía, en parte, su subsistencia y la de sus familiares.

53. En otras palabras, si bien no se desconoce que para efectos de imponer una condena en sede de reparación directa es preciso verificar que la conducta a indemnizar no sea antijurídica, dicho estudio debe hacerse de conformidad con las circunstancias socioeconómicas de quienes sufrieron el daño. De este modo, considera la Sala que si bien la circunstancia de que un menor trabajara constituye un hecho de relevancia administrativa, que ameritaba la actuación de las autoridades competentes, para efectos de determinar el monto de la indemnización es claro que no podía reprocharse la víctima directa el hecho de que trabajara para procurar su sustento y el de su familia, pues en las circunstancias en las que se encontraba, de haber actuado de otro modo podrían haberse visto conculcados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad.

54. Adicionalmente, se advierte que la labor que realizaba el menor no le impedía cursar su educación básica, puesto que según se desprende de las pruebas obrantes en el plenario la venta de los productos alimenticios la realizaba una vez terminada su jornada educativa, excepto en los periodos en los que gozaba de vacaciones. De este modo, es pertinente acceder a la solicitud indemnizatoria elevada.

55. Frente al perjuicio estudiado, se ha establecido que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(27). Así las cosas, como en el presente caso no se observa ninguna circunstancia que infirme la presunción referida, como la necesidad de los padres, su situación de invalidez o su condición de hijo único(28), el término a liquidar se extenderá desde el día siguiente de la ocurrencia del siniestro, el 14 de enero de 2003, hasta el 11 de octubre de 2014, fecha en la que el menor habría cumplido 25 años.

56. Ahora, en cuanto a la renta base de liquidación, se advierte que no existe medio probatorio que acredite el ingreso obtenido por John Édison Rodríguez Bernal de la actividad económica que ejercía, por lo que lo procedente sería calcular el perjuicio con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el momento de proferir esta sentencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, es decir seiscientos dieciséis mil pesos ($616 000).

57. Ahora bien, dicha suma debe incrementarse en un 25%, por concepto de las prestaciones sociales que operan por disposición de ley, lo cual determina el ingreso total en setecientos setenta mil pesos ($700 000). De este valor, debe restarse un 25% correspondiente a lo que, se presume, destinaba para sus gastos personales el occiso, operación que tiene como resultado el valor de quinientos setenta y siete mil quinientos ($577 500).

58. No obstante, como también se acreditó, el menor fallecido tenía otros cuatro hermanos mayores a quienes correspondería igualmente brindar ayuda económica a su madre, por tanto, este valor se dividirá entre 5 —teniendo en cuenta el número total de hermanos—, es decir que la cifra base para la liquidación corresponde a la suma de ciento quince mil quinientos ($115 500).

59. Teniendo en cuenta que el periodo consolidado para indemnizar equivale a 142,93 meses, para liquidar el lucro cesante se aplicará la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $115 500 x (1+0,004867)142,93-1

0,004867

S = $ 23 769 510

60. Por tanto, sumando ambos valores, la indemnización por concepto de lucro cesante, a favor de la señora Nubia Esperanza Rodríguez León —o Nubia Esperanza Rodríguez de Bernal— es de veintitrés millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos diez pesos m/cte. ($23 769 510).

VI. Costas

61. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia de 2 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por los daños que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la muerte del menor John Édison Bernal Rodríguez acaecida el 13 de enero de 2003.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, a pagar a la Nubia Esperanza Rodríguez León —o Nubia Esperanza Rodríguez de Bernal— la suma de veintitrés millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos diez pesos m/cte. ($23 769 510).

3. Por concepto de perjuicios morales, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero:

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Nubia Esperanza Rodríguez León, o Nubia Esperanza Rodríguez de Bernal —madre de la víctima directa—.

• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Pedro Elías Bernal Castañeda —padre de la víctima directa—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Alejandra Patricia Bernal Rodríguez —su hermana—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Diana Shirley Bernal Rodríguez —su hermana—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Jorge Eliécer Bernal Rodríguez —su hermano—.

• Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Pedro Ignacio Bernal Rodríguez —su hermano—.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. SIN CONDENA en costas.

6. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

7. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

9. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que se aducen causados a uno de los demandantes fue estimada en $990 000 000, monto que supera la cuantía requerida en el 2003 ($ 36 950 000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 1996-00659 (25022), C. P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, Expediente 1996-07654 (20601), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) El soldado González Boláñoz fue testigo presencial de los hechos, por encontrarse en el momento de los mismos a unos pocos metros del occiso, al respecto señaló: “El día de los hechos trece de enero de este año (13-01-03), me encontraba viendo televisión en el racho de tropa de esta Base; estando en esa actividad escuché el sonido de un disparo a pocos metros de donde me encontraba yo; los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 hrs, y resultó herido por acción de mi Sargento Morales con la pistola que él tenía, el niño JHON (sic) ÉDISON BERNAL RODRÍGUEZ de trece años de edad. Mi sargento estaba comiendo con cara de pensativo como si estuviera concentrado en algo especial, cuando pasó por el rancho de tropa el niño que vendía empanadas John Édison y cariñosamente le llamábamos cuñado o conejo y puso el canasto de las empanadas en la mesa donde estaba mi Sargento Morales comiendo, entonces el Cuñado lo saludó y mi sargento no respondió el saludo, y el sacó la pistola de la pretina del pantalón y desde sentado le disparó al niño en la frente. El niño cayó desgonzado como si se fuera desmayando y quedó con la cabeza sobre la reja que está entre el mesón y el economato. Entonces mi Sargento López le quitó el arma a mi Sargento Morales para evitar aumentar la desgracia. (…) Después que mi Sargento Morales hizo el disparo quedó asustado mirando hacia el pizo (sic) un buen ratico, hasta que sacaron al niño para el Hospital”.

(5) El soldado Montenegro López fue testigo presencial de los hechos, por encontrarse en el momento de los mismos a unos pocos metros del occiso, sobre el particular indicó: “(…) me encontraba viendo televisión en el rancho de tropa de la Base; estaba sentado a una distancia aproximada de dos metros de mi Sargento Morales, mi Sargento en ese momento estaba comiendo la cena, yo noté que él se encontraba comiendo distraído, ni siquiera degustaba la comida de lo pensativo que estaba, no miraba la comida, solamente cuchareaba, entonces en ese momento después de verlo a él, porque me causó curiosidad lo distraído que estaba, continué viendo el programa que eran Los Simpsons; realmente no me di cuenta por qué lado apareció el niño de las empanadas, que lo apodaban cuñado y se llamaba John Édison Bernal Rodríguez; entonces escuché el sonido del disparo de la pistola de mi Sargento morales y vi cuando le acababa de en la cabeza al niño, todavía tenía él la pistola en la mano, yo me asusté y me quedé mirando a mi Sargento los gestos que hacía y el bajó la mano en la que tenía la pistola, la mano zurda y el hizo un gesto como si hubiera pensado que el arma estuviera descargada, como si solamente hubiera pensado asustar al niño; y él se quedó pensativo pero fue un momentico no más y él se levantó con la pistola en la mano y todos los que estábamos ahí nos asustamos y nos retiramos como abriendo espacio a ver que sucedía y ahí cuando mi Sargento López el de la Bisonte el comando, le quitó la pistola fácilmente, mi Sargento Morales no opuso resistencia (…)”.

(6) El soldado Linares Conde fue testigo presencial de los hechos, por encontrarse en el momento cerca de quien disparó el arma. Sobre los hechos manifestó: “Yo me encontraba en el comedor a un lado de mi sargento Morales, porque estaba buscando a mi Capitán Colmenares para entregarle una caja, yo había llegado de permiso y no había comido, yo iba a comer de otra contraguerrilla y miré a mi sargento Morales que estaba sentado y esperé que terminara de comer para pedirle la marma prestada, ahí pasó un tiempito, mientras terminó de comer, él estaba hablando con mi Sargento López y el sargento López se vino a saludarme, me saludó y me dio la espalda, cuando me dio la espalda yo me levanté y di como tres pasos, porque yo vi que mi sargento MORALES ya había dejado de comer, cuando yo me acerqué, como eso es tan rápido, yo me levanté, quedé diagonal a él, me quedé mirándolo para pedirle la marma, entonces en ese momento se intentó levantar y cogió con la mano derecha la marma y con la mano izquierda la pistola y él hizo un movimiento, no sé cómo describirlo, levantó el pie para salir de la mesa, como cuando uno se va a dar un giro, pero él no dio el giro completo, él solo se movió como a un ladito, en ese momento fue cuando escuché le disparo, ahí fue cuando vi caer al niño, en ese momento la gente que estaba ahí se abrió y ya al momento llegó mi sargento López y le quitó el arma y el niño seguía ahí en el piso, eso fue lo que vi”.

(7) El Soldado González fue testigo presencial de los hechos, por encontrarse en el momento cerca de quien disparó el arma. Al respecto indicó: “(…) estaba viendo el programa de los Simpsons y mi sargento estaba manipulando el arma cuando la disparó contra el niño, eso fue todo lo que yo vi, y de ahí lo alzamos pero no se le pudo salvar la vida (…) PREGUNTADO: Que nos quiere usted decir con la afirmación que estaba manipulando el arma. CONTESTÓ: La estaba manipulando como haciendo aseo, los soldados decían que era loca, tocando, escarbando eso es manipular el arma y llegó la disparó, el niño estaba ahí al frente y le pegó el tiro a la frente”.

(8) Cabe advertir que si bien no se aportó al expediente copia del registro civil de defunción del menor, prueba necesaria para acreditar su muerte de conformidad con los establecido en el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970, esta corporación ha admitido en diversas providencias la posibilidad de suplir dicha prueba, en eventos específicos, a través de distintos medios de prueba, entre los que se encuentran las certificaciones expedidas por autoridades públicas, las constancias de defunción suscritas por el médico tratante y el acta del levantamiento del cadáver, elementos de prueba que sí obran en el expediente, motivo por el cual en el caso concreto se puede superar la ausencia de la prueba calificada. Sobre el particular ha señalado esta corporación: “De forma similar, la Sección Segunda de esta corporación ha señalado que el estado civil y, concretamente la muerte de una persona, puede probarse mediante certificación expedida por cualquier autoridad pública —distinta a aquella legalmente encargada de la inscripción en el registro civil— que tenga conocimiento del hecho, en aquellos casos en los cuales no se tiene copias del registro civil respectivo por razones no imputables a la parte interesada en que se pruebe el fallecimiento [C.E., Sec. Segunda, sent. del 13 de oct. de 2010; Rad. 2010-01158-00(AC). C. P. Alfonso Vargas Rincón (…)]. // 25. Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha admitido como prueba suficiente del fallecimiento de una persona determinada alguno de los siguientes documentos: (i) acta del levantamiento del cadáver [sent. de 11 de feb. de 2009, Exp. 16.337, C. P. Myriam Guerrero de Escobar]; (ii) constancia de defunción suscrita por el médico tratante [sents. de 3 de feb. de 2010, Exp. 17.819, C. P. (E) Mauricio Fajardo Gómez y de 28 de abril de 2010, Exp. 17.172, C. P. Enrique Gil Botero] e; (iii) informe oficial elaborado por una autoridad pública [sent. de 27 de abr. de 2011, Exp. 26.861, C. P. Mauricio Fajardo Gómez]”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2012, Expediente 1997-8445 (22206), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Expediente 1994-04365 (16186), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) [14] “‘La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. // “El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. “(…)’”.

(11) [15] “Consejo de Estado. Sentencia del 1º de octubre de 2008. Expediente 27268, M. P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras providencias”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 23 de mayo de 2012, Expediente 1999-00971 (24804), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 16205, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Expediente 2001-00418 (27709), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(16) “El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411, solo podrá hacer uso de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia. (…) Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado. Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro”.

(17) Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 238 del Decreto-Ley 2737 de 1989. Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, Sentencia C-170 de 2 de marzo de 2004, Expediente D-4742, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

(18) Ibídem.

(19) [45] “Subrayado por fuera del texto original”.

(20) Ibídem.

(21) Cabe advertir que, posteriormente, con la expedición de la Ley 1098 de 2006 se modificó la edad mínima de trabajo para los menores, que pasó a ser de 15 años.

(22) Artículo 238 del Decreto-Ley 2737 de 1989 “Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del Defensor de Familia. // Prohíbese el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12) años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo”.

(23) [13] “Corte Constitucional, Sentencia C-170 de 2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil”.

(24) [14] “Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 22274, C. P. Danilo Rojas Betancourth. En este caso se reconoció el lucro cesante a favor de los padres de Sugeys Peñaloza, una joven de 17 años que trabajaba como niñera. No obstante, ante la ausencia del requisito que fija el artículo 238 del Código del Menor, el mencionado perjuicio se liquidó a partir de la fecha en que la adolescente habría cumplido 18 años”.

(25) “Presidencia de la República, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “Diagnóstico Departamental Antioquia”, p. 1-3; Misión de Observación Electoral, “Monografía Político Electoral. Departamento de Antioquia, 1997 a 2007”, p. 2-7”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente 199802963 (27484), C. P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(27) Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, Expediente 5666.

(28) Ver, entre otras, sentencias de 11 de agosto de 1994, Expediente 9546; 8 de septiembre de 1994, Expediente 9407; 16 de junio de 1995, Expediente 9166; 8 de agosto de 2002, Expediente 10.952, C. P. Ricardo Hoyos Duque; y 20 de febrero de 2003, Expediente 14.515, C. P. Ricardo Hoyos Duque.