Sentencia 2003-00900 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Rad.: 41001-23-31-000-2003-00900-01(AP)

Actor: William Olimpo Carrillo Lozano

Demandado: Municipio de Teruel

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

La acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

Excepciones

Respecto de la excepción propuesta por la Electrificadora del Huila S.A. ESP que denominó inexistencia de la obligación, la Sala se pronunciará en el estudio del fondo del asunto puesto que guarda relación directa con Este.

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver es determinar si el Municipio de Teruel y la Electrificadora del Huila S.A. ESP vulneraron los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a los derechos de los consumidores y usuarios, de los habitantes de la vereda el Almorzadero del municipio de Teruel, por el cobro del impuesto de alumbrado público sin que el mismo sea prestado a la comunidad.

El artículo 1º de la Resolución CREG 043 de 1995 definió al alumbrado público como “(...) la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular”.

Según el artículo 2º de la resolución ibídem, es responsabilidad de los municipios la prestación de este servicio en el territorio de su jurisdicción, sin importar si es rural o urbano, ya sea directamente, porque el ente territorial posee la infraestructura necesaria, o por medio de un contrato con una empresa distribuidora o comercializadora de energía, previa autorización del Concejo, el cual, por disposición del artículo 338 de la Constitución Política puede autorizar al alcalde para que establezca las respectivas tarifas, en cuyo caso, la empresa será la responsable de la adecuada prestación del servicio de alumbrado público según como se establezca en el respectivo convenio o contrato.

Por su parte, el artículo 9º de la resolución en comento prevé que en caso de contratarse con una empresa la prestación del servicio, el municipio será el encargado del pago del servicio, no obstante, el ente territorial se encuentra facultado para el cobro del alumbrado público mediante la imposición de un tributo por parte del concejo o por el alcalde previa autorización del ente colegiado, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.

Aunando a lo anteriormente señalado, el municipio también se encuentra facultado para autorizar a la empresa prestadora del servicio para que cobre el tributo previamente establecido, el cual, no podrá ser superior a lo que paga el municipio por la prestación del servicio incluyendo la expansión y mantenimiento de las redes(1). Dicho valor será incluido en la factura del servicio de energía, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2003 mediante la cual, declara exequible el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, que señala que las facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público prestan mérito ejecutivo. En la mencionada sentencia, la Corte se pronunció de la siguiente manera:

“(…) si bien el alumbrado público no es de carácter domiciliario, la Corte encuentra que la conexidad que lo liga al servicio público domiciliario de energía eléctrica es evidente, toda vez que las actividades complementarias de éste son inescindibles de aquél, de suerte tal que varía simplemente la destinación de la energía. En efecto, mientras que en el servicio público de energía eléctrica ésta llega al domicilio, en el alumbrado público tiene como destino final las vías y espacios públicos del municipio. Sin embargo, para que ambos efectos se produzcan no sólo son igualmente necesarias sino que se ejecutan y comparten las mismas actividades de generación, transmisión, interconexión y distribución de energía.

En este sentido es de observar cómo, en la venta de energía que hace la empresa distribuidora o comercializadora al municipio, a fin de prestar el servicio de alumbrado público, está implícita la actividad complementaria de distribución y comercialización de energía eléctrica. (...).

De este modo, es claro que el alumbrado público constituye un servicio consubstancial al servicio público domiciliario de energía eléctrica, convirtiéndose así en especie de este último. No en vano se denomina servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público, sin perjuicio de las marcadas diferencias entre uno y otro, especialmente en relación con los usuarios y las figuras contractuales a través de las cuales se prestan ambos servicios públicos, a más de la destinación de los mismos, como se vio anteriormente.”

En el expediente obran las siguientes pruebas:

1. Acuerdo 32 de noviembre de 2002, expedido por el Concejo del Municipio de Teruel (Huila), por medio del cual faculta al alcalde para realizar los ajustes a las tarifas de cobro del alumbrado público y autoriza la renovación del contrato de recaudo. Este se fundamentó en la necesidad de tomar medidas para evitar el endeudamiento con la Electrificadora del Huila, debido a que el servicio de alumbrado público se incrementó, razón por la cual se le concedieron las facultades al alcalde para que en un término no mayor de 45 días legalice el convenio con la empresa para la prestación del servicio(2).

2. Certificación expedida por el secretario del concejo del municipio de Teruel de 29 de noviembre de 2002, en la que da cuenta que el proyecto de acuerdo fue aprobado en sus 2 debates reglamentarios que se llevaron a cabo el 21 y 28 de noviembre de 2002 y que pasa al despacho del alcalde para su respectiva sanción(3).

3. Decreto 38 de 2002, por medio del cual el alcalde, previa autorización del concejo mediante Acuerdo 32 de 2002, fija las tarifas de alumbrado público, las cuales para el sector urbano serán de 14% del valor del servicio de energía eléctrica y para el sector rural del 6%(4).

4. Resolución 43 de 23 de octubre de 1995 proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de servicios públicos domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para el alumbrado público(5).

5. Facturas de cobro del servicio de energía 868906, 2454874, 2454876, 2454890, perteneciente a los señores William Carrillo Lozano, Santiago Cerquera y Eduardo Tovar, respectivamente, de la inspección del Almorzadero, en las cuales se les cobra el impuesto de alumbrado público.

6. Contrato de suministro de energía y recaudo por alumbrado público suscrito entre el Municipio de Teruel y la Electrificadora del Huila(6). En dicho contrato se establecieron las siguientes cláusulas que la Sala estima pertinente transcribir:

“Segunda: Objeto. Mediante el presente contrato, Electrohuila suministrará al municipio la energía para el servicio de alumbrado público y a la vez facturará y recaudará este servicio a través de las facturas de energía de cada usuario. Tercera: Obligaciones. Electrohuila se obliga a: 1- A suministrar al municipio y este a recibir de aquel, las cantidades resultantes de KWH de energía eléctrica determinada conforme lo establece la cláusula séptima de este documento y que el municipio requiere para dotar a sus habitantes del servicio de alumbrado público, según las condiciones, precio y demás estipulaciones que se establecen en este contrato por todo el tiempo de vigencia del mismo. 2. A efectuar el cobro del impuesto por alumbrado público establecido por el municipio al usuario o cliente de su jurisdicción, para el pago de la energía eléctrica por el servicio de alumbrado público, su mantenimiento y expansión conforme lo autoriza el artículo noveno inciso primero de la Resolución 043 de 1995 de la CREG, en concordancia con el parágrafo del artículo sexto de la misma resolución. El cobro se realizará mediante la utilización de la infraestructura de Electrohuila, con el sistema de autorización y según las condiciones técnicas y legales y según lo establecido en el Acuerdo 031 del 31 de julio de 1997 del honorable concejo municipal de Teruel. PAR.—En todo caso el municipio se obliga a informar a Electrohuila cual es el impuesto de alumbrado público que deben cancelar los usuarios del servicio. (...) Quinta: Tarifa equivalente: El valor de la tarifa por energía eléctrica que Electrohuila se obliga a suministrar al municipio es el correspondiente al costo unitario mensual. (...) Sexta: punto de entrega de la energía eléctrica. Electrohuila entregará la energía para el servicio de alumbrado público en los bornes secundarios de los transformadores de la red de distribución local, destinados para tal fin, en forma exclusiva, o en las acometidas de las lámparas de alumbrado público, cuando estas se alimenten de las redes secundarias destinadas conjuntamente para la distribución de energía a los usuarios de éste último servicio. Igualmente permitirá al municipio la utilización de la infraestructura eléctrica existente y que esté relacionada con la adecuada prestación del servicio de alumbrado público, como postes, conductores eléctricos, herrajes, luminarias, transformadores, controles, medidores, etc. A su vez el municipio no podrá cobrar ocupación del espacio público por los postes utilizados por Electrohuila para la transmisión de energía para alumbrado público o para el servicio de energía a los usuarios. Séptima: Determinación del consumo.- Donde no existe medición del consumo del servicio de alumbrado público, Electrohuila lo determinará con base en la siguiente fórmula: C=Q x T x FU (...) Parágrafo primero: Inventario de luminarias. El municipio conjuntamente con Electrohuila hará cada tres meses un inventario de luminarias identificando el tipo, carga y cantidad. De este inventario se suscribirá un acta entre las partes la cual servirá para determinar el consumo que establece la cláusula séptima. (...) Octava: Período de facturación y forma de pago a la Eléctrificadora del Huila S.A. ESP. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al respectivo mes de consumo Electrohuila facturará al municipio la energía entregada para el servicio de alumbrado público. Electrohuila descontará del recudo del impuesto de alumbrado público el valor facturado, dentro de los primeros quince (15) días del siguiente mes a la fecha de facturación y se legalizará a través de un acta de cruce de cuentas. Si después de hacer el cruce de cuentas existe un saldo a favor de Electrohuila, se procederá a emitir una factura comercial que se remitirá al municipio en original y copia que podrá ser transmitida por Telefax, como mínimo con la siguiente información. (...) PAR. 1º—Facturación y recaudo de alumbrado público y su traslado a la cuenta corriente del municipio. Electrohuila facturará el impuesto de alumbrado público a todos sus clientes en el mismo recibo y en forma conjunta con el servicio de energía eléctrica discriminando en todo caso, los valores por separado, como lo establecen las disposiciones vigentes. El recaudo lo seguirá realizando Electrohuila a través del sistema de recaudo existente a la fecha. Una vez descontado el valor correspondiente al consumo de energía eléctrica por alumbrado público y el valor correspondiente al recaudo del impuesto de alumbrado público, Electrohuila girará el sobrante si lo hay, cinco (5) días después de que el cruce de cuentas esté legalizado, (...) Los valores dejados de percibir por concepto del recaudo del impuesto de alumbrado público se considerará como una deuda del usuario para con el municipio, quien podrá ejercer las acciones legales que estime pertinentes para su cobro. Para cumplir lo anterior, el municipio deberá solicitar a Elecrohuila un informe donde se relacionen los usuarios morosos por el no pago del impuesto de alumbrado público. Décima quinta: Devolución de luminarias: El municipio hará entrega a Electrohuila de todas las luminarias y sus accesorios cuando estas sean reemplazadas por nuevas o sean repotenciadas. En todo caso el municipio se obliga a dar mantenimiento a los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio, conforme lo establece el capítulo 8 numeral 8.2 de la Resolución 70 de 1998 de la CREG. (...)”.

7. Certificado de existencia y representación de la Electrificadora del Huila, expedido por la cámara de comercio el 28 de octubre de 2003(7).

8. Actas de cruce de cuentas del impuesto de alumbrado público: 801-01 de enero, 801-02 de febrero, 801-03 de marzo, 04 y 05 de abril y mayo, 801-06 de junio de 2004, 801-01 de enero, 801-02 de febrero, 801-03 de marzo, 801-04 de abril, 801-05 de mayo, 801-06 de junio, 801-07 de julio, 801-08 de agosto, 801-09 de septiembre, 801-1 de octubre, 801-11 de noviembre y 801-12 de diciembre de 2003(8).

9. Oficio de 15 de febrero de 2005 mediante el cual el jefe de división gestión comercial de la Electrificadora del Huila anexa los cuadros con el número de luminarias de alumbrado público en el Almorzadero en los años de 2003 a 2004, en atención a la solicitud hecha por el tribunal mediante auto de 18 de enero de 2005(9).

10. Oficio de 14 de febrero de 2005 mediante el cual el Departamento de Policía del Huila, Sexto Distrito Palermo, Estación Teruel, cita 2 quejas de hurtos, presentadas en la vereda el Almorzadero, una de ellas se refiere a hechos ocurridos en el día y en la otra no se especificó la hora. Lo anterior en atención al auto del tribunal de 18 de enero de 2005 en el que solicitó al Comandante de la Policía de Teruel, que rindiera un informe en el que indicara el número y clase de delitos ocurridos en jurisdicción del Almorzadero durante los años de 2003 y 2004 y si los mismos habían sido cometidos en el día o en la noche(10).

11. Oficio de 15 de febrero de 2005, expedido por la personería del municipio de Teruel, mediante el cual da respuesta al despacho comisorio número 0335 de 3 de febrero de 2005 ordenado por el tribunal, en el cual se señala lo siguiente:

“En Teruel Huila a los 15 días del mes de febrero de 2005, en cumplimiento del oficio número 335 de fecha 3 de febrero de 2005 dentro de la acción popular interpuesta por el señor Willian Olimpo Carrillo contra el municipio de Teruel, adelantado por el doctor Enrique Dussan Cabrera del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila. La suscrita funcionaria comisionada se hizo presente a la vereda El Almorzadero en compañía del señor Walter Fernando Urriago técnico electricista con el fin de constatar la existencia del alumbrado público, el estado y las personas que se benefician; Encontrando solamente dos lámparas de cada torre del polideportivo de la escuela (una en funcionamiento) tipo foto celda cuyo encendido se activa a las 6 de la tarde y se desactiva a las 6 de la mañana; beneficiándose dos familias que tienen ubicada su vivienda frente al polideportivo mencionado. (...)”.

El actor pretende que se suspenda el cobro del impuesto de alumbrado público dado que dicho servicio no se está prestando a la comunidad de la vereda el Almorzadero; así pues la Sala estima pertinente hacer las siguientes consideraciones.

La prestación del servicio de alumbrado Público

Como el actor manifestó que el servicio de alumbrado público no es prestado en la vereda el Almorzadero, ello impone a la Sala pronunciarse respecto de la vulneración al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

El artículo 2º de la Resolución CREG 043 de 1995 dispone lo siguiente:

“ART. 2º—Responsabilidad en las etapas de prestación del servicio de alumbrado público. Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción.

El municipio es responsable del mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público en los términos que se señalen en el convenio o contrato respectivo, para lo cual se tendrá en cuenta la propiedad de las redes y demás elementos destinados al servicio. Deberá, igualmente, velar por la incorporación de los avances tecnológicos que permitan hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica destinada para tal fin, así como la de elementos que ofrezcan la mejor calidad de iluminación, según la capacidad económica del municipio. Para realizar el mantenimiento se debe tener en cuenta la norma técnica colombiana correspondiente.

También le corresponde al municipio desarrollar la expansión de su sistema de alumbrado público, sin perjuicio de las obligaciones que señalen las normas urbanísticas o de planeación municipal a quienes acometan proyectos de desarrollo urbano.

El suministro de la energía eléctrica para el servicio de alumbrado público es responsabilidad de la empresa distribuidora o comercializadora con quien el municipio acuerde el suministro, mediante convenios o contratos celebrados con tal finalidad. Las características técnicas de la prestación del servicio se sujetarán a lo establecido en los códigos de distribución y de redes”.

De la lectura del anterior artículo se infiere que el municipio además de ser el responsable de la prestación del servicio público, es el encargado del mantenimiento de los postes, redes, transformadores, luminarias y demás elementos necesarios para la prestación del servicio y de desarrollar la expansión de su sistema de alumbrado público, lo que puede ser realizado directamente o por intermedio de una empresa prestadora del servicio de energía, la cual será responsable de la prestación del servicio pero únicamente dentro de lo estipulado en el correspondiente contrato o convenio.

En el caso en estudio, el municipio mediante contrato(11), pactó con la Electrificadora del Huila el abastecimiento de la energía para el alumbrado público y la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público, de igual forma se estipuló que la energía eléctrica sería entregada en los bornes secundarios de los transformadores de la red de distribución local o en las acometidas de las lámparas de alumbrado público.

La Sala observa que el municipio no contrató con la Electrificadora lo concerniente al mantenimiento ni expansión del servicio de alumbrado público, lo cual en ese orden de ideas corresponde a aquél. Ello indica que la responsabilidad de la empresa se circunscribe únicamente al suministro de energía que debe ser entregada en las acometidas existentes.

A folio 264 la Electrificadora del Huila aportó los cuadros con el número de luminarias de alumbrado público en la vereda el Almorzadero en los meses de septiembre y diciembre de 2003 enero y junio de 2004, dando cuenta de la existencia de 2 luminarias, lo que fue confirmado por la personería municipal del Teruel mediante acta de visita llevada a cabo el 15 de febrero de 2005, en la que manifestó que había dos lámparas ubicadas en cada torre del polideportivo de la escuela y que una de ellas se encontraba en funcionamiento cuyo encendido se activaba a las 6 de la tarde y se desactivaba a las 6 de la mañana, de la cual se beneficiaban únicamente dos familias, cuyas viviendas estaban ubicadas en frente del polideportivo.

Lo anterior no deja dudas de que la Electrificadora del Huila en efecto, se encuentra prestando el servicio de alumbrado público dentro de lo establecido en el contrato suscrito con el municipio, sin embargo, observa la Sala que la prestación del servicio es, a todas luces, ineficiente, ya que la vereda del Almorzadero no cuenta con la infraestructura necesaria para una adecuada prestación del mismo, lo que, en términos del convenio suscrito y de las disposiciones legales antes anotadas como ya se dijo, no le corresponde a la Electrificadora sino al municipio.

El impuesto de alumbrado público y la procedencia de acciones populares contra actos administrativos.

La Ley 84 de 1915 en su artículo 1° literal a), dispone:

ART. 1º—Los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4 de 1913.

a) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las asambleas departamentales los hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones. (...) Negrillas fuera del texto.

El artículo trascrito hace una remisión expresa a la Ley 97 de 1913, en tanto que, los concejos municipales tienen las facultades que le fueron concedidas al Concejo de Bogotá por dicha ley, la cual señala lo siguiente:

“ART. 1º—El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental:

a. El de expendio a los consumidores de los licores destilados, Se exceptúa el alcohol desnaturalizado que se destine a objetos industriales.

b. Impuesto sobre el consumo de tabaco extranjero, en cualquier forma.

c. Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo legítimo de las minas y el aprovechamiento legítimo de las aguas.

d. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

e. Impuesto sobre el barrido y la limpieza de las calles.” Negrillas fuera del texto

Entonces, los concejos se encuentran facultados para crear el impuesto de alumbrado público y darle el destino que juzguen más conveniente, con el fin de atender los servicios municipales, lo que, en el caso concreto indica que la destinación del impuesto cobrado a los habitantes del Municipio del Teruel depende de lo establecido en el Acuerdo 32 y en el Decreto 38 de 2002, los cuales disponen:

“ACUERDO 32

Noviembre (2002)

“Por el cual se faculta al señor Alcalde Municipal de Teruel Huila, para hacer los ajustes a las tarifas de cobro de alumbrado público y renovar el contrato de recaudo”.

El honorable Concejo Municipal de Teruel Huila En uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas en el artículo 313, numeral 5º de la Constitución Política de Colombia y 32 numeral 10 de la Ley 136 de 1994, y

Considerando

Que la administración municipal debe tomar medidas para evitar el endeudamiento con la Electrificadora del Huila. Que se está incrementando en el servicio del alumbrado público, y para ello le solicitó a la empresa la colaboración en asesorarnos y poder tomar las medidas necesarias para realizar el equilibrio financiero en la prestación del servicio.

Cambio de sistema de recaudos de alumbrado público y ajustar las tarifas según lo recomiende la Electrificadora del Huila.

ACUERDA:

ART. 1º—Concederle facultades al señor alcalde, para que en termino no mayor de 45 días ajuste las tarifas, legalice el convenio con la Electrificadora del Huila, para la prestación de (sic) servicio de alumbrado público.

(…)”.

“DEBRETO 38 DE 2002

“Por el cual se fijan tarifas de alumbrado público”

El Alcalde Municipal de Teruel

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que es responsabilidad del municipio la prestación del servicio de alumbrado público, según artículo 2º de la resolución CREG 043/95.

Que según Acuerdo 32 “Por el cual se faculta al Señor Alcalde Municipal de Teruel Huila, para hacer los ajustes a las tarifas de cobro de alumbrado público y renovar el contrato de recaudo”.

DECRETA:

ART. 1º—Fijar como tarifas de alumbrado público así: En el sector urbano se pagará el 14% del valor del servicio domiciliario de energía eléctrica y en el sector rural el 6%.

(...)”.

De la lectura del acuerdo y del decreto trascritos, se infiere que lo pretendido por la administración municipal y el concejo con el impuesto, es prestar el servicio de alumbrado público y atender las obligaciones adquiridas con la Electrificadora del Huila.

En razón a que el servicio de alumbrado público en la vereda el Almorzadero se está prestando, pero en condiciones deficientes, lo cual, sin lugar a dudas vulnera el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos, la Sala considera que no le es dable al municipio cobrar, a través de la Electrificadora del Huila, dicho impuesto.

La Sección Primera de esta corporación ha sentado su posición frente a la procedencia de las acciones populares contra actos administrativos, así en sentencia de 18 de marzo de 2010, proferida dentro de la acción popular radicada con el número 2005-00511 con ponencia del Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta, se dispuso lo siguiente:

“Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha sido enfática en manifestar que la acción popular contra actos administrativos procede siempre que éstos amenacen o vulneren los derechos e intereses colectivos y en esa medida el juez constitucional tiene la facultad de suspender la aplicación o ejecución del acto administrativo siempre que se acredite que vulnera o amenaza derechos e intereses colectivos. Sin embargo, se resalta que la nulidad de dichos actos es de competencia exclusiva del juez contencioso administrativo, entonces mal podría entenderse que mediante el trámite de una acción popular se puede anular un acto administrativo(12).

De otra parte, de conformidad con los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, prevén las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismos idóneos para atacar la legalidad de los actos administrativos.

En efecto, cuando la finalidad que se pretende es que el juez ordene la nulidad del acto administrativo y que como consecuencia de ello, el acto desaparezca del mundo jurídico las acciones que se deben adelantar son las consagradas en el Código Contencioso Administrativo como se indicó previamente y no la acción popular prevista por la Ley 472 de 1998”.

Para concluir la Sala considera que el pago del tributo no es viable, toda vez que el municipio está vulnerando, de manera flagrante el derecho colectivo, por tanto resulta atentatorio del principio de justicia exigir un pago por un servicio que no se presta.

Lo precedente impone a la Sala confirmar parcialmente la sentencia apelada, en el entendido de que la elaboración y puesta en ejecución del plan integral para la adecuada y eficiente prestación del servicio de alumbrado público en el municipio del Teruel, ordenada al Alcalde y al Concejo mediante el numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, no se debe realizar dentro del término de un año, sino en el plazo perentorio de 6 meses.

La Sala hace la claridad de que no se puede realizar el cobro del impuesto de alumbrado público hasta tanto no se preste adecuadamente el servicio, de lo cual dará constancia el comité de verificación que para el efecto conformó el a quo con ocasión del amparo a los derechos colectivos que otorgó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMÁSE parcialmente la sentencia de 31 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en el entendido de que la elaboración y puesta en ejecución del plan integral para la adecuada y eficiente prestación del servicio de alumbrado público en el municipio del Teruel, ordenada al Alcalde y al Concejo mediante el numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, no se debe realizar dentro del término de un año, sino en el plazo perentorio de 6 meses; y, en todo caso, no se puede realizar el cobro del impuesto de alumbrado público hasta tanto no se preste adecuadamente el servicio, de lo cual dará constancia el comité de verificación que para el efecto conformó el a quo con ocasión del amparo a los derechos colectivos que otorgó.

2. COMUNÍQUESE esta decisión a las partes.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de 7 de abril de 2011».

(1) Resolución CREG 043 de 1995. Artículo 9º: (…)“PAR. 1º—Los convenios estipularán la forma de manejo y administración de dichos recursos por parte de las empresas de servicios públicos. Estas no asumirán obligaciones por manejo de cartera, y en todo caso, el municipio les cancelará la totalidad de la deuda por el servicio de alumbrado público, dentro de los períodos señalados para tal fin.

PAR. 2º—El municipio no podría recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento”.

(2) Folio 7-8 cuaderno principal.

(3) Folio 9 cuaderno principal.

(4) Folio 10 cuaderno principal.

(5) Folio 11-18, 99-101 cuaderno principal.

(6) Folio 66-70 cuaderno principal.

(7) Folio 71- 79 cuaderno principal.

(8) Folios 713- 212 cuaderno principal.

(9) Folios 263- 268 cuaderno principal.

(10) Folio 272- 275 cuaderno principal.

(11) Folio 66-70 Cuaderno principal.

(12) Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Rad. 25000-23-25-000-2003-01278-01(AP), 3 de noviembre de 2005, Bogotá, D.C.