Sentencia 2003-00909 de julio 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 08001-23-31-000-2003-00909-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Mendoza Barrios y Compañía Jucamen S. en C.

Demandado: Municipio de Puerto Colombia

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala

Antes de abordar el tema sobre las cuestiones sustantivas que se plantean en este proceso, es preciso señalar respecto de la excepción “por no demandar la Resolución 109 de 22 de enero de 2003, que resuelve el recurso de apelación”, propuesta por la entidad demandada, que es indudable que al a quo le asiste la razón en que no prospera dicha excepción, por cuanto en la corrección de las pretensiones de la demanda (fls. 43 a 45), se incluye dicha acto administrativo.

No obstante, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente se aprecia que son tres los actos administrativos expedidos por la administración, a saber:

— La Resolución 74 de diciembre 27 de 2002 emitida por la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Valorización Municipal del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), por la cual se concede “licencia a la señora Nicolasa Nora Matera de Pérez para la reforma y ampliación de una vivienda bifamiliar, en predios de propiedad de Ganadería Pérez Matera Limitada, ubicada en el Conjunto Residencial Cororoima, Urbanización Villa Campestre, jurisdicción de este municipio…”(1).

— La Resolución 1 de 13 de enero de 2003, expedida por la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Valorización Municipal del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), mediante la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en cuya parte resolutiva, se dice:

“ART. PRIMERO.—Niéguese el recurso de reposición presentado por el señor Antonio Mendoza Fabregas, contra la Resolución 74 de fecha diciembre 27 de 2002 y concédase el recurso de apelación ante el despacho del señor Alcalde Municipal” (fls. 34 a 36, cdno. del tribunal).

— La Resolución 109 de 22 de enero de 2003, expedida por el Alcalde del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), mediante la cual se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en cuya parte resolutiva, se indica:

“ART. 1º—Confirmar en todas sus partes la Resolución 74 de fecha diciembre 27 de 2002, por la cual se concede licencia para la reforma y ampliación de una vivienda bifamiliar de dos plantas, a la señora Nicolaza Nora Matera de Pérez, con fundamento en la parte motiva de la presente” (fls. 41 a 42, cdno. del tribunal).

El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretenda declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren” (negrilla y subrayado fuera de texto).

Esta Sala, ya se había pronunciado sobre el alcance del aludido artículo, para lo cual trae a colación la sentencia de 23 de junio de 2011, que recoge otras providencias en igual sentido.

“La actora en su libelo de la demanda, numeral 6º de las peticiones, que obra a folio 8 del expediente del tribunal, señala:

“Como consecuencia de las anteriores declaraciones, de igual manera, se declare que son nulos los actos administrativos: “Terminación del contrato de servicio público corte del servicio TC - Nº 06591-RZN” de fecha mayo 21 del 2001, producido por Codensa S.A. ESP, y la Resolución 24529 de diciembre 31 de 2001, emitida por el Superinetendente (sic) de Energía y Gas”.

Igualmente, en la aclaración de la demanda que obra a folios 27 a 29 del cuaderno del tribunal, precisa las pretensiones de la misma, en la siguiente forma:

Pretensiones principales:

1. Declarar que son nulos los actos administrativos:

• Resolución TC - Nº 06591-RZN de fecha mayo 21 de 2001, denominado “Terminación del contrato de servicio público corte del servicio”, producido por Codensa S.A. ESP.

• Resolución 24529 de fecha diciembre 31 de 2001, emitida por el Superintendente de Energía y Gas.

2. Para restablecer el derecho, Condenar solidariamente a la parte demandada: Codensa S.A. ESP y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios causados con las acciones y omisiones que son el objeto de la presente demanda, los cuales estimo en la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) M/Cte. (…)” (fl. 28, cdno. del tribunal).

De lo anterior, la Sala observa que la actora omitió solicitar la nulidad del acto administrativo 1-0000481118 de 6 de julio de 2001 que resuelve el recurso de reposición, visto a folios 32 a 34 del cuaderno de antecedentes, que confirma la terminación del contrato de servicio público corte del servicio” TC - 06591-RZN y concede el recurso de apelación.

Al respecto, esta Sala ha sostenido reiteradamente a través de diversos pronunciamientos, lo siguiente:

“(…) Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996 (exp. 3603, Actora: Flota la Macarena S.A. C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de 6 de julio de 2001 (Actora: Servientrega Ltda., C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (exp. 6929, Actora: Shulumberger Surenco S.A., C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales se dijo que por ser el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de demandar.

Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos de la vía gubernativa, y en consecuencia es menester aportar copia hábil de todos los actos acusados (resaltados son ajenos al texto)”(2).

En sentencia de 10 de septiembre de 2009, se expuso:

“La Sala advierte que además de los actos administrativos acusados, en la actuación administrativa adelantada contra la demandante se profirió la Resolución 4 de 17 de enero de 1997, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 29 de 28 de noviembre de 1996, en el sentido de mantener la decisión en esta última contenida y conceder el recurso de apelación.

Dicha Resolución 4 no fue objeto de pretensión de nulidad en la acción que ocupa la atención de la Sala.

(…).

Por lo anterior, la Sala considera que la actora debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido el que resolvió el recurso de reposición(3).

Igualmente, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, esta Sala ratifica la posición asumida, en los siguientes términos:

“La Sala considera que la sociedad actora debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido aquél que resolvió el recurso de reposición. Como quiera que el actor dejó de demandar en este caso la precitada resolución, la Sala deberá abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo, profiriendo en consecuencia un fallo inhibitorio, pues no tendría ningún sentido anular las resoluciones 24458 de 30 de julio de 2002 y 8357 de 28 de marzo de 2003, dejando incólume la Resolución 6175 de 28 de febrero de 2003, mediante la cual decidió el recurso de reposición”(4).

Con fundamento en lo anterior, la Sala reiteró tal tesis jurisprudencial, mediante providencia de 12 de mayo de 2011, en la cual se expresó:

“En el caso sub examine, el actor demandó la Resolución 50633 de 21 de diciembre de 1994, con la cual la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca “Top Gear” por considerar que presenta similitudes con el signo mixto “L.A. Gear” registrado a favor de la sociedad L.A. Gear Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la Resolución 25676 de 29 de septiembre de 2000, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor, confirmando la resolución impugnada.

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el actor omitió demandar el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, es decir, la Resolución 6308 de 28 de febrero de 1997, incumpliendo en esta forma con lo previsto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, al no integrar en las pretensiones de la demanda la totalidad de los actos definitivo y los confirmatorios de la decisión de denegar el registro de la marca “Top Gear(5).

En el sub judice, Codensa S.A. expidió los actos administrativos TC - 06591-RZN de 21 de mayo de 2001, denominado “Terminación del contrato de servicio público corte del servicio” y el que resuelve el recurso de reposición 1-0000481118 de 6 de julio de 2001, el cual confirma la decisión adoptada, y el Superintendente de Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, profirió la Resolución 24529 de 31 de diciembre de 2001, que resuelve el recurso de apelación, confirmando la misma.

Así las cosas, la actora no dio cumplimiento al artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, ya que no integró en las pretensiones de la demanda la totalidad de los actos: el decisorio principal y los confirmatorios de tal decisión, al no haber demandado el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición que confirmó el mismo”(6).

En el caso sub examine, la Sala prohíja la providencias anteriores, ya que la parte actora omitió demandar la Resolución 1 de 13 de enero de 2003, expedida por la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Valorización Municipal del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), mediante la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en cuya parte resolutiva, se dice:

“ART. PRIMERO.—Niéguese el recurso de reposición presentado por el señor Antonio Mendoza Fabregas, contra la Resolución 74 de fecha diciembre 27 de 2002 y concédase el recurso de apelación ante el despacho del señor Alcalde Municipal” (fls. 34 a 36, cdno. del tribunal).

Así las cosas, la sociedad demandante debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, de conformidad con la norma analizada, incluido el que resolvió el recurso de reposición, sin embargo, omitió hacerlo.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar se abstendrá de realizar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, profiriendo un fallo inhibitorio, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 16 de agosto de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y, en su lugar, DECLÁRASE inhibida para conocer el asunto.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Artículo primero de la Resolución 74 de 27 de diciembre de 2002, visto a folios 23 a 27 del cuaderno del tribunal.

(2) Sentencia de 10 de diciembre de 2008. Radicación 2006-117, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Laboratorios Bussie S.A.

(3) Sentencia de 10 de septiembre de 2009. Expediente 1998-00528, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Actora: Ross Co. S.A.

(4) Sentencia de 15 de abril de 2010. Radicación 2003 0323, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Actora: Sociedad Harinera del Valle S.A.

(5) Sentencia de 12 de mayo de 2011. Expediente 2001-00157. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Chu Hsing Chiu.

(6) Sentencia de 23 de junio de 2011. Ref.: Expediente 2002-01295, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Martha Luz Linero de Montero.