Sentencia 2003-00919 de noviembre 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-036-2003-00919-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil trece.

(Discutido y aprobado en Sala de 20 de agosto de 2013).

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Tres cargos fueron formulados por la parte demandante, replicados todos por el banco accionado, el litisconsorte necesario de este y el cesionario del crédito. La Corte los resolverá en el mismo orden propuesto, aunque aunados los dos últimos, porque, como en su momento se observará, se sirven de consideraciones comunes.

Cargo primero

1. Denuncia la violación directa del artículo 830 del Código de Comercio, y para tal efecto señala que la pretensión principal, la declaración de responsabilidad civil por abuso del derecho, se fundamentó en la existencia de una “relación” o “comportamiento contractual” del banco demandado.

Sostiene que esa norma es la llamada a gobernar el caso, debido a que se trata de un asunto estrictamente comercial, pero que tal disposición fue inaplicada, en cuanto que para efectos de la indemnización de perjuicios el tribunal exigió la prueba de la “culpa” del opositor, cuando para ese propósito era suficiente demostrar la simple “desviación del derecho”.

El error, señala el censor, consistió en que el juez colegiado al aplicar el citado criterio de imputación subjetiva al instituto del “abuso del derecho”, regulado por la norma citada, lo hizo bajo la “concepción de la responsabilidad extracontractual o aquiliana”, propia de la legislación civil, cuando se estaba frente a una “relación” o “comportamiento contractual” de naturaleza mercantil.

2. Concluye el recurrente que el error es determinante, porque si el problema planteado se resuelve en el ámbito de la normatividad pertinente, se habría “entendido que la culpa echada de menos no se requiere para estructurar el abuso del derecho”.

Consideraciones

1. Se advierte, ante todo, que si bien el tribunal exigió como requisitos para el éxito de la pretensión principal, de responsabilidad civil por “abuso del derecho”, la culpa, el daño y la relación de causalidad entre este y aquella, en ningún momento subsumió los hechos narrados en el libelo inicialista, de la manera como fue integrado, en las normas que regulan la responsabilidad extracontractual.

De haberlo hecho, pese a que, como se indica en el cargo, el abuso del derecho tenía como fundamento una “relación” o “comportamiento contractual”, el error no sería jure in judicando, sino de apreciación de esa pieza procesal, en cuanto que le dio a los hechos expuestos como base de la pretensión un alcance que no tenían, lo cual debería haberse atacado por la vía indirecta.

Las cosas, sin embargo, no sucedieron de ese modo, porque si el tribunal identificó como hechos constitutivos del “ilícito y/o abuso del derecho” (a) la falta de entrega del saldo de un desembolso, (b) el incumplimiento de unas subrogaciones, (c) la falta de entrega de los recursos asignados para construir la segunda etapa de la urbanización “La Campiña”, y, (d) la desinformación acerca de la cesión del crédito, todo ello supone, necesariamente, que su análisis se ubicó dentro de una “relación” o “comportamiento contractual”, puesto que esas conductas no era dable exigirlas sin vínculo previo.

El daño, el criterio de imputación en su variante subjetiva —la culpa— y la relación de causalidad, desde luego, no son presupuestos exclusivos, en línea de principio, de la responsabilidad aquiliana, sino que, también por vía general, son predicables de las reclamaciones por daños derivadas del incumplimiento de vínculos jurídicos singulares y concretos existentes previamente entre partes determinadas. La Corte tiene sentado que, en materia “contractual”, esos elementos igualmente “tienen existencia propia, y que por lo mismo, en principio, todos deben ser demostrados por quien demanda la indemnización, salvo que en ciertos casos la ley los presuma”(1).

2. No obstante, al haberse señalado que la parte demandada “incurrió en hecho ilícito y/o abuso del derecho” en la ejecución de una relación obligacional, ambos supuestos comportan calificar de alguna manera el comportamiento imputado, bien para determinar si fue intencionado, animus nocendi, o negligente, o si se presentó el ejercicio excesivo o anormal de una prerrogativa.

2.1. La ilicitud, en materia de responsabilidad civil, implica que la conducta del sujeto contradice el ordenamiento jurídico, en la medida en que con sus acciones u omisiones se incumplen deberes jurídicos genéricos o específicos, con lo que, además, por contera, se vulneran prerrogativas o intereses legítimos de otros sujetos de derecho —los damnificados—. Por otra parte, como lo tiene señalado la Sala, en el análisis enderezado a determinar si se puede hacer una declaración de esa naturaleza, se debe establecer, adicionalmente, que la obligación indemnizatoria se puede radicar en el demandado porque existe un criterio o factor que permite imputarle a él la responsabilidad, en la generalidad de los casos en virtud de un juicio de reproche a su comportamiento, al encontrarse que actuó con culpa o con dolo, sin que se descarte que en supuestos excepcionales la atribución de la responsabilidad pueda efectuarse con base en criterios objetivos (cfr. sent., sep. 16/2011, Exp. 2005-00058-01; Cas. Civ., dic. 6/2011, Exp. 2003-00113-01; Cas. Civ., mar. 9/2012, Exp. 2006-00308-01; Cas. Civ., oct. 30/2012, Exp. 2006-00372-01 y Cas. Civ., ene. 21/2013, Exp. 2002-00358-01).

En contraste, en el abuso del derecho, una conducta, formal y aparentemente ajustada a la normatividad aplicable, entra en el terreno de lo ilícito cuando el ejercicio de la respectiva prerrogativa se realiza en forma contraria a su propia finalidad, teniendo en cuenta los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico en el momento de hacer la respectiva evaluación.

Lo expuesto en precedencia no escapa al ejercicio de las facultades que se reconocen a las personas en el campo de la autonomía privada, pues los comportamientos desviados, excesivos o anormales también pueden presentarse en la celebración, desarrollo o extinción de los negocios jurídicos. Como tiene explicado la Sala, el “abuso del derecho” no solo se presenta en la esfera particular del derecho de dominio o de otros derechos reales o personales, sino también “en la formación del contrato, en su ejecución, en su disolución y aún en el período post-contractual”(2).

En relación con el otorgamiento de créditos y el manejo de la relación contractual por parte de los establecimientos bancarios, esta corporación ha reconocido que puede abusar del “poder de negociación” quien “encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en ese ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico”(3).

En todo caso, es importante destacar que en el abuso del derecho la existencia de un “móvil dañino”, según la Corte(4), no puede excluirse, per se, como tampoco otras variantes de la figura. Como se señaló en la sentencia de 19 de octubre de 1994 ya citada, la “ilicitud originada por el ‘abuso’ puede manifestarse de manera subjetiva —cuando existe en el agente la definida intención de agraviar un interés ajeno, o no le asiste un fin serio y legítimo en su proceder— o bajo forma objetiva cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta última incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo”, planteamiento reiterado en la sentencia de casación de 16 de septiembre de 2010 (Exp. 11001-3103-027-2005-00590-01).

2.2. Frente a lo anterior, resulta desacertado afirmar, de manera general, según se sostiene en el cargo, que en el abuso del derecho en materia contractual, sea en el campo civil o en el mercantil, no tiene aplicación el criterio subjetivo de imputación, puesto que todo depende de establecer cuándo las circunstancias concretas de ejecución de una facultad o prerrogativa, lícita en principio, hacen que su ejercicio se transforme en arbitrario o desviado, consideración que resulta de particular trascendencia frente al caso objeto de estudio por la Corte, si se observa que en la misma demanda integrada, hecho 3.6, el actor, para fundamentar las pretensiones enderezadas a que se declare que el demandado “incurrió en hecho ilícito y/o abuso del derecho”, califica de “negligente e irresponsable” la conducta imputable al banco, e indica que se presentó “temeridad” y “mala fe” en su comportamiento (hecho 4.6).

El ad quem, por lo tanto, no incurrió en el error juris in judicando que en el cargo se denuncia, porque si bien consideró, al margen del acierto, obviamente de cara al aspecto fáctico y probatorio fijado en el expediente, esto es, a la alegada “relación” o “comportamiento contractual”, que la culpa del banco demandado era incidente, abstracción hecha de la intención dañina, lo cierto es que en ninguna parte excluyó, completamente, la posibilidad de que pudiera existir una imputación de naturaleza objetiva.

Distinto es que los hechos que el sentenciador dejó acreditados no se subsuman en las hipótesis normativas de la culpa probada o presunta. Sin embargo, como ese tipo de análisis fue omitido en el cargo, pues el error se edificó sobre la base de que el tribunal entendió que se trataba de una responsabilidad civil extracontractual, cuando, como quedó dicho, esto no es cierto, la Corte se ve relevada de adelantar una pesquisa oficiosa al respecto, dado el carácter estricto y dispositivo del recurso de casación.

3. En consecuencia, el cargo no puede abrirse paso.

Cargo segundo

1. Entre otros, acusa el quebranto de los artículos 2341, 2343 y 2356 del Código Civil, 830 del Código de Comercio y 187 del Código de Procedimiento Civil, a raíz de la comisión de “error de derecho” en la valoración de las pruebas del proceso.

2. En su desarrollo, el casacionista singulariza como “pruebas no apreciadas”, además de los documentos anexados con la demanda, las siguientes:

2.1. Pagaré suscrito por Luz Mélida Ramírez, compradora, a favor del BCH; y una nota de cesión de la respectiva hipoteca a Bancafé, remitida por aquel a este.

2.2. Visita practicada por el perito del BCH, de 31 de enero de 2000, en la que informa que la obra “está paralizada (por no haber sido desembolsado el valor del crédito aprobado)”.

2.3. Certificados de tradición y libertad en los que consta el registro de garantías reales a favor del BCH y documentos de recibo de las unidades residenciales por parte de los distintos compradores.

2.4. Inventario de dieciséis (16) créditos aprobados, de fecha 25 de mayo de 2000, expedido por el BCH, que fue remitido y entregado a Granahorrar.

2.5. Comunicación de la Defensoría del Pueblo a la División Hipotecaria de Bancafé, en la que se llamó la atención de esta entidad para que se aclarara la situación de Juan Alfredo Gallo Romero.

2.6. Respuesta del BCH dirigida al demandante, de 25 de mayo de 2000, en el sentido de que no tiene ningún compromiso con él y que lamenta los perjuicios causados por fuerza mayor.

2.7. Oficio de la Defensoría del Pueblo con destino a la entonces Superintendencia Bancaria, con el que se solicitó realizar la investigación respectiva por los hechos y perjuicios causados al actor, y la petición de esta, al BCH, para que se adoptaran medidas correctivas.

2.8. El interrogatorio que absolvió el demandante y los testimonios de Aura Ruth Carrillo, Gissel Ordóñez y Rafael Villamizar, acerca de las irregularidades e incumplimientos del BCH y los daños irrogados, así como el dictamen pericial sobre el estado actual de la construcción.

2.9. Escrito de 24 de diciembre de 1999 mediante el cual el gerente del BCH, Sucursal Honda, autoriza el desembolso del crédito asignado para la construcción de la segunda etapa de la urbanización “La Campiña”.

2.10. La declaración de renta de 24 de abril de 2001, en la cual el demandante reporta una pérdida de $ 66.869.000, y el auto de investigación del hecho por parte de la DIAN, fechado el 24 de octubre de 2002; el memorial de aquel, de 2 de marzo de 2000, con el que cancela la matrícula de comerciante debido a su situación; y las referencias bancarias y comerciales de distintas entidades.

2.11. Oficios dirigidos a diferentes entidades que contienen quejas, peticiones, reclamos y solicitudes, tendientes a solucionar el conflicto con el BCH; documentos de cobro contra el demandante a raíz de la situación de iliquidez presentada; y las copias de las diferentes demandas que enfrentó.

2.12. Circular reglamentaria emitida por el BCH, de 20 de septiembre de 1999, acerca de las líneas de crédito y los desembolsos autorizados, entre ellos el del demandante.

2.13. Comunicaciones dirigidas al BCH, una de ellas a la oficina de reestructuraciones, en las que se informan las irregularidades presentadas tanto en el crédito de constructor como en las subrogaciones, y se solicita su solución inmediata; y una respuesta relacionada con tales comunicaciones, en la que se señala que Granahorrar indicaría los trámites que se debían seguir.

2.14. Misiva del demandante, con la constancia de su envío vía fax, al BCH, en la que se solicitan explicaciones del motivo por el cual Granahorrar devuelve el crédito constructor.

2.15. Carta de 23 de marzo de 2000 dirigida por el actor al director de organización e implementación de Bancafé, en la que se indaga si el crédito de que se trata sería manejado por esa entidad.

3. En la demostración de los errores se sostiene en el cargo que los derechos de petición, cartas, sugerencias, actuaciones administrativas y denuncias e intervenciones de los distintos entes de control demuestran que el demandante fue dinámico en la defensa de sus derechos, sin que hubiera tenido una “resignada pasividad” de cara a la posición dominante del banco demandado, como equivocadamente lo afirma el ad quem, y “mucho menos que se hubiera expuesto al peligro”.

El tribunal, por lo tanto, agrega la censura, dejó de aplicar el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil al pasar por alto las “pruebas indicadas como no apreciadas”, a propósito de lo cual afirma que si las hubiera valorado con apego a las reglas de la sana crítica, y asignado el mérito que cada una tenía, habría concluido que el actor “no fue pasivo y que recurrió (...) en defensa de sus intereses frente al abuso de que era objeto por parte del banco”.

4. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada, se revoque la del juzgado, y que se “acceda a las pretensiones de la demanda”.

Cargo tercero

1. Acusa la violación indirecta de los artículos 1603, 1609, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil, 822 y 861 del Código de Comercio, y 187 del Código de Procedimiento Civil.

2. Según la censura, el juzgador de segundo grado incurrió en “error de derecho” al no apreciar las mismas pruebas que se singularizaron en el cargo anterior, de idéntico contenido, que lo llevaron, por ende, a “denegar la pretensión subsidiaria”.

3. En su desarrollo, el recurrente concreta los errores en el hecho de que el juzgador acusado concluyó, “sin prueba alguna”, que la falta de desembolso de los dineros para la segunda etapa se debió al incumplimiento del constructor.

Por el contrario, anota que los medios de convicción descritos, que no fueron apreciados y menos de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, demuestran que el demandante honró sus obligaciones. Por una parte, acató lo exigido para el primer desembolso, y por la otra, construyó la primera etapa de la urbanización en su totalidad, pues de no ser así jamás habría entregado las viviendas a los adquirentes, y el banco tampoco hubiera legalizado las enajenaciones mediante las escrituras públicas de compraventa.

Con fundamento en lo anterior manifiesta que el incumplimiento es imputable a la entidad bancaria, “al no desembolsar los dineros para la continuación de la obra, no acceder a las subrogaciones y al apropiarse” de algunos recursos del demandante, como es el valor de una “prorrata”, producto de una ventas directas, y de la suma de “$ 2’500.000” correspondiente al saldo del crédito de la primera etapa de la construcción.

4. Solicita el recurrente, luego de “demostrados los dislates denunciados”, que la Corte, en sede de instancia, con base en las “pruebas no apreciadas”, revoque la sentencia apelada y “acceda a las pretensiones de la demanda”.

Consideraciones

1. El estudio conjunto de los cargos se justifica, porque, como se observa, en ambas acusaciones se denuncian como mal apreciados en el campo de la contemplación jurídica, unos mismos medios de convicción, y porque contienen uno y otro, igual defecto técnico, así, en contra de lo concluido por el tribunal, el segundo se dirija a demostrar que el recurrente fue diligente en la defensa de sus derechos, y el tercero, a poner de presente que no hubo incumplimiento previo de sus obligaciones.

2. Lo primero que debe advertirse es que cuando se denuncia la comisión de errores de “derecho”, bien en cuanto a la valoración individual de los distintos medios de prueba, ya en su conjunto, esto presupone que el sentenciador acusado en casación no se equivocó al fijar su contenido objetivo, porque la estructuración de esa especie de falencia implica que el recurrente acepte, como lo tiene establecido la jurisprudencia, que la “prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia”(5).

El yerro de derecho en torno de una prueba determinada tiene lugar, entonces, en una fase posterior a la fijación de su contenido material, en concreto, al decir de la Corte, “a) cuando se aprecia un medio que fue aducido sin la observancia de los requisitos necesarios para su producción, es decir, cuando se infringe el principio de legalidad; b) cuando no se evalúa el medio de convicción allegado por estimar erradamente que fue obtenido en forma ilegal; c) cuando a la prueba se le confiere un valor persuasivo prohibido en la ley; d) cuando se le niega el mérito probatorio a pesar de la ley otorgarle esa virtud; e) cuando se valora siendo una prueba inconducente; y, f) cuando se exige para probar determinado hecho o acto una prueba especial que la ley no requiere para ese efecto”(6).

Lo mismo se predica cuando la equivocación proviene de la valoración en conjunto de los medios de convicción, porque en ese campo se entiende que lo relativo a la constatación material de las distintas pruebas en el proceso, al igual que la fijación de su contenido objetivo, es asunto que se entiende superado, porque en la hipótesis de que se prescinda de las conclusiones del tribunal en ese específico ámbito, la Sala tiene explicado que se caería en el “terreno rigurosamente fáctico”(7). Como en otra ocasión se enfatizó, el error de derecho por transgresión del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, “presupone la contemplación objetiva de los distintos medios probatorios pero efectuada de una manera aislada, sin ilación o coherencia precedida como debe ser de un análisis eminentemente lógico y científico”(8).

Frente a lo anterior la Sala observa que el recurrente incurrió en imprecisión al formular los cargos que se conjuntan para su estudio, lo que afecta su idoneidad técnica, porque al denunciar en uno y otro, indistintamente, como “pruebas no apreciadas”, las que se singularizan, esto denota que, en estrictez, no se trata de un típico yerro de eficacia probatoria, dado que en los términos en que fueron formuladas las acusaciones el ad quem ni siquiera habría llegado a verificar la existencia material de los señalados medios de convicción, lo cual, por sí mismo, excluye no solo aludir a errores en la fijación de su contenido objetivo, sino a yerros en su apreciación conjunta.

Por supuesto, respecto de esos mismos medios de convicción, a errores de hecho equivalen, además de la afirmación sobre la existencia de “pruebas no apreciadas”, expresiones contenidas en el cargo segundo, tales como “no las tuvo a bien”, “al no mencionarlas”, “dejándolas de analizar”; y del cargo tercero, “desconociendo las pruebas que obran en el proceso” o “ni siquiera tuvo a bien apreciarlas” (cargo tercero).

3. Ahora bien, si se interpreta con amplitud la comisión de errores en el campo que corresponde, se observa que si la situación calamitosa a la que, según se afirma, se expuso al demandante, derivada de abuso del derecho, pretensión principal, y del incumplimiento imputado, súplica subsidiaria, comenzó en diciembre de 1999, cuando se afirma que no se efectuaron ocho subrogaciones (hechos 2.5, 2.6 y 2.7, demanda integrada), debe tenerse presente también que el tribunal tuvo por probado que dicha circunstancia “coincidió con la situación moratoria” del demandante, “tal como se reconoce en la redacción del hecho 2.9”.

En ninguno de los cargos el citado planteamiento fue refutado, ya por suposición o tergiversación de esa confesión, ora por su ineficacia jurídica, puesto que los errores enrostrados se refirieron estrictamente a otros medios de convicción. Esto significa que, al haberse guardado silencio sobre la antedicha consideración probatoria, se acepta con el sentenciador de segundo grado, en términos generales, que el banco demandado no pudo desbordar sus atribuciones legales o contractuales, tampoco el poder de negociación que su situación de preeminencia le concede, porque con independencia del acierto, tenía fundamento para dicho comportamiento en la conducta del propio actor.

Lo dicho corresponde un argumento toral del fallador de segunda instancia, que al no ser controvertido, se entiende pacífico, y dada la presunción de legalidad y acierto que lo ampara, es suficiente por sí mismo para mantener en su contexto la decisión. Como tiene explicado la Sala, “si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(9).

En ese orden de ideas, y bajo el supuesto de que los errores probatorios denunciados son de hecho y no de derecho, a ningún resultado distinto al contenido en la sentencia recurrida se llegaría, inclusive en la hipótesis de que se hubiera incurrido en dichas falencias, porque la conclusión probatoria marginada del ataque, basilar por lo demás, según ha quedado visto, le prestaría base firme.

4. Aunque lo anterior es suficiente para que ninguna de las acusaciones se abra paso, en el proceso no resultan carentes de fundamento probatorio las conductas que se le imputan al recurrente y que habrían contribuido al desenlace que finalmente tuvo el desarrollo del proyecto de construcción.

4.1. Conforme a la carta de aprobación, el “crédito constructor” se aprobó para que fuera entregado en dos desembolsos, uno “hasta 161 millones” y el otro “hasta 189 millones”. El último, asignado a la segunda fase del proyecto, se supeditó no solo a la radicación y aprobación de solicitudes de crédito de las “unidades de la primera subetapa”, sino también, según comunicación de 9 de junio de 1999, a que esta estuviera “completamente terminada”.

Desde la misma demanda integrada, aparece claro que los primeros recursos fueron girados en varios instalamentos, el último el 10 de agosto de 1999, todo de acuerdo con la “comprobación de avances de obra”, en un total de $ 158.500.000.

En memorial de 3 de noviembre de 1999, dirigido al BCH, el pretensor reconoce inconvenientes, “por ejemplo (...) la conexión de alcantarillado”. Lo mismo en el escrito de 28 de enero de 2000, en el que acepta que la “obra está parada”, no obstante haber afirmado en la demanda que la primera etapa había culminado satisfactoriamente en diciembre de 1999.

En el informe de visita de 31 de enero de 2000, el supervisor respectivo corrobora lo anterior, al decir que la “obra continúa paralizada, no se ha ejecutado ninguna obra por parte del constructor desde el mes de octubre, por lo que no se puede estimar un % de avance”.

El dictamen pericial evacuado sin objeción en ese particular, pone de presente, inclusive con base en la inspección mencionada, que el “tiempo estimado de terminación de la etapa I es de un (1) mes, lo que significa que la finalización de la etapa constructiva sería el 29 de febrero de 2000”.

Según oficios cruzados, la entonces Superintendencia Bancaria ordenó al BCH, el 26 de enero de 2000, “iniciar, de manera inmediata, las gestiones encaminadas a la cesión de activos, pasivos y contratos”, mediante un proceso de integración con otras entidades financieras, entre ellas Bancafé.

En relación con las ocho subrogaciones no contabilizadas, en el mismo libelo integrado se manifiesta que las respectivas escrituras de compraventa y de hipoteca a favor del BCH, se suscribieron en “enero y febrero de 2000”.

El 24 de abril de 2000, según oficio anexado con la misma demanda, Bancafé informa al actor la existencia de las citadas subrogaciones y le expresa su disposición de estudiarlas, “para lo cual deberá acercarse a una de nuestras oficinas para que [se] le indique la documentación requerida y en caso de cumplir dichas solicitudes con las condiciones y de encontrarse viable su aprobación serán aplicadas al crédito constructor”.

4.2. El breve recuento realizado anteriormente deja al descubierto que, por lo menos en el mes enero de 2000, inmediatamente después de cuando, según se afirma, “arranca el calvario y viacrucis” del demandante, la “Etapa I” de la urbanización “La Campiña”, no se encontraba “completamente terminada”, no obstante que los recursos asignados para el efecto, “hasta 161 millones”, se habían girado, antes del 10 de agosto de 1999, inclusive, en un 98%.

Significa lo anterior que, en esa época, el demandante no había cumplido los requisitos acordados para que se giraran algunas sumas de dinero, al punto que aquellas exigencias fueron atenuadas, pues el propio recurrente acepta en un escrito de 10 de diciembre de 1999, que el “banco me ha colaborado con los cambios iniciales en la carta de aprobación y en desembolsos anticipados”.

Por otra parte, antes de que se ordenara la “cesión de activos, pasivos y contratos” del BCH, aún no se habían suscrito las ocho escrituras de compraventa y de hipoteca referidas, toda vez que, como en la misma demanda integrada se indica, la primera tiene fecha 27 de enero de 2000. Y ya el demandante, en la comunicación citada en el párrafo anterior, había expresado que la “agilidad con que se realicen las subrogaciones y liquidaciones no dependen del banco, sino de que yo como constructor las gestione lo más pronto posible”.

Finalmente, respecto de la actuación ordenada por la entonces Superintendencia Bancaria, en el libelo integrado se afirma que hasta el 2003 se supo de la negociación o cesión del crédito. No obstante, según carta en poder del impugnante, se observa que en abril de 2000 se tenía conocimiento del trámite ante Bancafé, que es lo sustancial, de las subrogaciones no contabilizadas por el BCH, al punto que se le informó de su aplicación al crédito constructor una vez cumplidos todos los requisitos.

5. Los cargos, en consecuencia, están llamados al fracaso.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso ordinario promovido por JUAN ALFREDO GALLO ROMERO contra el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÓN, con la vinculación de la CENTRAL DE INVERSIONES S.A. como litisconsorte necesario del demandado, y de la COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS LIMITADA como cesionaria de esta última.

Las costas del recurso corren a cargo del demandante recurrente. En la liquidación respectiva inclúyase la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) por concepto de agencias en derecho, en consideración a que, como se señaló, la demanda de casación fue replicada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase, y, oportunamente, remítase el expediente al tribunal de origen».

(1) Sentencia de 27 de julio de 2007, Expediente 00718.

(2) Sentencia de 16 de septiembre de 2010, que reiteró doctrina anterior (LXXX-656).

(3) Sentencia 125 de 19 de octubre de 1994, CCXXXI-746. 2º semestre, volumen I.

(4) Sentencia de 21 de febrero de 1938, XLVI-61.

(5) Sentencia 187 de 19 de octubre de 2000, Expediente 5442.

(6) Sentencia de 2 de noviembre de 2011, Expediente 00019, en la que se reiteró doctrina anterior.

(7) Sentencia de 4 de marzo de 1991, CCVIII-151.

(8) Sentencia 047 de 28 de abril de 1995, expediente 4174, reiterada en Sentencia 084 de 24 de agosto de 2004, Expediente 7091.

(9) Sentencia de 24 de agosto de 2011, Expediente 2005-00551, que reiteró doctrina anterior.