Sentencia 2003-00935 de febrero 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2016.

Expediente: 36741

Rad.: 470012331000200300935 01

Actor: Johan Alberto Mojica Quintero

Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Extractos: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

7.1. De igual forma, advierte la Sala que en razón a que ambas partes interpusieron recurso de apelación, su competencia no se encuentra limitada de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(2) aplicable al caso por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

II. Hechos probados.

8. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 2 de mayo de 2001, aproximadamente a las 3:00 a.m., en inmediaciones del municipio de Fundación (Magdalena), más exactamente en la intersección entre la calle 6 y la carrera 9, colisionaron el vehículo de placas OQE-645 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, conducido por el señor Sixto Fariel Barriga Ángulo y la motocicleta de placas BRY-74 manejada por Johan Mojica Quintero, quien sufrió un trauma directo en su pierna derecha (copia del croquis levantado por el inspector de tránsito de Fundación (Magdalena), fls. 19-20, fl. 1; original de la historia clínica expedida por la clínica La Milagrosa a donde fue remitido el lesionado momentos después del accidente, fl. 140-148, cdno. 1; copia de la licencia de tránsito correspondiente al vehículo, fl. 24, cdno. 1).

8.2. Al momento del accidente, la motocicleta, se desplazaba por la carrera 9, vía de carácter intermunicipal y nacional que constituye una arteria de tipo primario lo cual le da prelación ante la calle 6 que representa una semiarteria de carácter interno o vía secundaria que comunica el este con el oeste del casco urbano del municipio, por consiguiente prevalece la carrera 9 en la intersección con la calle 6 (copia del croquis levantado por el inspector de tránsito de Fundación (Magdalena), fls. 19-20, fl. 1; testimonio del inspector de tránsito de Fundación, fls. 127-129, cdno. 1; original del informe suscrito por el secretario de planeación e infraestructura municipal de Fundación, fls. 151-152, cdno. 1).

8.3. Como consecuencia del impacto recibido, el señor Johan Mojica Quintero sufrió “una deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción y del miembro inferior derecho de carácter permanente”, lo que representó para él una pérdida en su capacidad laboral en un porcentaje de 16.9% (copia del dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Magdalena, fl. 18, cdno. 1; original del acta suscrita por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, fls. 196-202, cdno. 1).

III. Problema jurídico.

9. La Sala debe establecer si se configura la responsabilidad de la entidad demandada por las lesiones sufridas por el señor Johan Alberto Mojica Quintero, con ocasión del accidente de tránsito en que resultó arrollado por un vehículo de propiedad de la Fiscalía General de la Nación en inmediaciones del municipio de Fundación (Magdalena), para lo cual analizará las circunstancias en que se desarrolló el siniestro, teniendo en cuenta que tanto el lesionado como el empleado de la entidad demandada adelantaban una actividad peligrosa, esto es la conducción de vehículos.

9.1. Así mismo deberá determinar, si tal como lo manifestó la demandada, el accidente se originó por el desconocimiento de la norma de tránsito por parte de los dos conductores, es decir si se trató de una responsabilidad compartida. Adicionalmente si existía un pleito pendiente entre las partes, al momento de presentar la demanda, en tanto no se había emitido un juicio de responsabilidad penal con ocasión de las lesiones sufridas por el actor y, si además, es indispensable aportar una decisión judicial mediante la cual se atribuya la responsabilidad en la causación del accidente a la hora de determinar la responsabilidad patrimonial de la accionada. De otro lado, la Sala deberá definir si el actor debió agotar la reclamación en sede administrativa ante la misma entidad o, en su defecto, ante la aseguradora previo a formular demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

9.2. Por último, deberá determinar si la indemnización reconocida por el Tribunal se ajusta a los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en tratándose de lesiones corporales.

IV. Análisis de la Sala.

10. Antes de iniciar el análisis de los elementos estructurales de la responsabilidad en el sub judice, y con ocasión del reparo formulado por la Fiscalía General de la Nación, se considera pertinente advertir la incidencia que tienen las decisiones penales en el presente asunto, de las que no se tiene certeza existan, con ocasión de las lesiones padecidas por el señor Johan Alberto Mojica Quintero, comoquiera que aquellas constituyen el daño objeto de la demanda presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de reparación directa, conocida por esta corporación en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes.

10.1. Al respecto, esta Sección ha señalado que las sentencias penales no tienen efectos de cosa juzgada en los juicios de responsabilidad del Estado, pero pueden ser valoradas como pruebas documentales en los siguientes términos:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.  

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.  

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(3).

10.2. Bajo este supuesto jurisprudencial, resulta plausible la procedencia del presente análisis en relación con la responsabilidad que le puede caber a la Fiscalía General de la Nación por las lesiones aludidas, comoquiera que la decisión que en materia penal se hubiese adoptado —condenatoria o absolutoria—, de haberse producido, no tiene los efectos de cosa juzgada en relación con el juicio de responsabilidad del Estado que acá procede a realizarse y por consiguiente, la posibilidad del juez administrativo de proferir un pronunciamiento de fondo al respecto en virtud de su competencia se mantiene totalmente incólume.

11. Una vez precisado lo anterior, se encuentra debidamente acreditada la existencia del daño aducido por la parte demandante, las lesiones padecidas por el señor Johan Alberto Mojica Quintero consistentes en la deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción y del miembro inferior derecho de carácter permanente lo que representó para él una pérdida en su capacidad laboral en un porcentaje de 16.9%, como consecuencia del accidente de tránsito en que participó un vehículo oficial de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, el día 2 de mayo de 2001, en el casco urbano del municipio de Fundación (Magdalena) —ver párrafo 8.1 y 8.3—.

12. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en un pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(4).  

13. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede -en cada caso concreto- válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

14. Así se advierte que normalmente en los eventos en que se produce un daño por la ejecución de una actividad riesgosa o por el uso de una cosa peligrosa, se ha acudido al fundamento objetivo de responsabilidad denominado riesgo excepcional, por lo que en esos asuntos el menoscabo que se origina por la concreción del riesgo respectivo debe ser reparado desde un punto de vista objetivo por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro. Sin embargo, no se puede perder de vista que este título de imputación se hace inoperante cuando de modo concurrente se realizan comportamientos que originan riesgos de manera recíproca o simultánea, puesto que en estos casos se ha colegido necesaria la aplicación del régimen subjetivo de falla probada del servicio y por ende, para atribuir responsabilidad en los mismos, se debe encontrar acreditado que la causa adecuada del daño se constituyó en el incumplimiento en las cargas obligacionales que se generan para dicho actuar peligroso que desarrolló tanto la víctima como el presunto causante del daño, lo que en el sub judice se traduce en la conducción de los vehículos automotores que se vieron comprometidos en la génesis del siniestro en que resultó lesionado el señor Mojica Quintero. Al respecto, se ha dicho por esta Subsección:

En cuanto el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción del daño cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado ha señalado que éste, por regla general, es de carácter objetivo, pues con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la Administración e, incluso, que ésta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(5).  

(...)

Excepcionalmente, el régimen de responsabilidad aplicable será el de la falla probada del servicio cuando el daño se produzca por la colisión de dos vehículos en movimiento pues, en estos eventos, se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos. En tales circunstancias, “el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada [(6)](7). 

15. Una vez puesto de presente lo anterior, sobre las circunstancias específicas en que acaeció el accidente de tránsito señalado, se tiene el informe del accidente suscrito por el inspector de tránsito del municipio de Fundación (Magdalena), el que posteriormente fue ratificado por el mismo funcionario en el testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, del que se sigue que la causa del accidente fue el desconocimiento por parte del conductor del vehículo que se desplazaba por la calle sin prelación —carro oficial—, de la norma de tránsito que lo obligaba a detenerse completamente al llegar a la intersección con una avenida principal. Al respecto indicó (testimonio(8) obran te a fls. 127-129, cdno. 1.):

Preguntado: Díganos si el informe o croquis de accidente que en fotocopia se le pone de presente fue elaborado por usted en su calidad de inspector de la citada entidad, en caso afirmativo, si la firma que aparece que en él aparece es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados, además explique al despacho lo relativo a la causal del accidente que figura consignada. Contestó: Si esta es la firma mía. Yo elaboré ese croquis y le puse el código correspondiente. El conductor de la camioneta viene por la calle 6 y tiene que hacer el pare en la carrera 9 y la motocicleta viene por su vía por la carrera 9, al llegar a ese sitio, la calle 6 con carrera 9, como el conductor de la motocicleta viene confiado en su vía no creyó que el señor de la camioneta no iba a hacer el pare por eso le condene con el código 132 que significa no tener prelación cuando se va por una vía. Ese carro, la camioneta, yo voy después de una hora pasado el accidente, encontré un carro la camioneta en la calle 6 y la moto ubicada en la carrera 9 y el lugar del impacto fue la mitad de la carrera 9, lo que aparece en la mitad de la carrera 9 señalado con un círculo es la tapa de una alcantarilla que allí se encontraba. Aclaro, que la calle 6 no es preferencial, en este caso es la carrera 9 la que tenía la vía preferencial y la moto se trasladaba por esa carrera al momento del accidente.  

15.1. En el mismo sentido, se pronunció el señor Epifanio Segundo Pineda Castiblanco, quien se encontraba a pocos metros del lugar del accidente, sostuvo:

Preguntado: Díganos al llegar usted ha dicho sitio qué pudo observar en cuanto a la forma en que colisionaron el automotor oficial y la motocicleta conducida por el señor Mojica. Contestó: que el muchacho Mojica venía por su vía en la carrera 9 que es principal con calle 6 y el señor del carro se voló la escuadra, según quedó el vehículo y la moto. Preguntado: Diga al despacho si la forma en que aparecen colocados los vehículos en el croquis que se le pone de presente corresponde al observado por usted al llegar al sitio en que ocurrió el accidente. Contestó: El vehículo quedó casi en la mitad de la carrera 9 y la moto quedó propiamente en la calle 6, pero del otro lado, en sentido contrario, el voló en la moto. 

16. De otro lado, obra en el expediente la certificación expedida por el secretario de Planeación e Infraestructura Municipal de Fundación (Magdalena) que da cuenta del carácter prevalente de la carrera 9 sobre la calle 6, punto de intersección donde ocurrió el accidente —ver párrafo 8.2—, situación que evidencia que el conductor que en cumplimiento de la norma de tránsito vigente para el momento del siniestro, debió detenerse completamente en el punto de confluencia entre las vías, era el del automotor que se desplazaba por la calle secundaria —calle 6—, que para este caso era el del vehículo oficial.

17. En efecto, el artículo 127 del Decreto 1344 de 1970, establecía que el conductor que se desplazaba por una vía sin prelación, estaba obligado a detener completamente su vehículo al arribar a un cruce y tomar las precauciones debidas al momento de reiniciar la marcha.

18. Bajo este supuesto normativo, y con base en las pruebas analizadas precedentemente, se tiene que el conductor del carro oficial desconoció la norma de tránsito y con ello originó la colisión en la que resultó herido el actor, en tanto al llegar a la intersección de la carrera 9 con calle 6, esta última sin prelación- continuó su marcha sin adoptar las medidas preventivas exigidas, pues no se encuentra probado al interior del proceso que haya realizado una maniobra tendiente a detener el vehículo, desconocimiento que sin lugar a dudas se constituyó en la causa eficiente y exclusiva en la causación del daño que se intenta reparar.

19. En este orden de ideas, considera la Sala que el reparo formulado por la accionada en su recurso de apelación, según el cual los dos conductores involucrados contribuyeron conjuntamente en la producción del accidente, no está llamada a prosperar, comoquiera que del análisis realizado al material probatorio allegado al plenario, es procedente atribuir su causación y las consecuencias que de él pudiesen derivarse a la Fiscalía General de la Nación de forma exclusiva, bajo el régimen de falla en la prestación del servicio, originada en el desconocimiento de la norma de tránsito que obligaba al conductor del carro oficial a detener el vehículo completamente en el punto de intersección entre vías, cuando se desplazara por aquella que no tuviera prelación. Es así como la conducta desplegada por el conductor de la motocicleta, no guardó ninguna incidencia al momento de ser arrollado por el automotor, pues, se insiste, éste se desplazaba por la vía prioritaria que le permitía sobrepasar las intersecciones sin lugar a detenerse, eso sí, con total observancia de las señales de tránsito visibles y sin exceder los límites de velocidad, infracciones que no fueron probadas en este proceso de las que pudiese configurarse un hecho de la víctima capaz de romper el nexo causal o la declaratoria de una concausa en la producción del daño.

20. Por último, frente a la presunta obligación desconocida por la víctima de adelantar la reclamación directamente ante la entidad responsable o en su defecto ante la aseguradora de ésta, la Sala considera que no le asiste razón a la entidad apelante, pues no existe ninguna estipulación normativa que impida a quien considere lesionado un bien jurídicamente protegido a intentar, mediante la vía judicial, la reparación de los perjuicios. En este sentido es importante aclarar que en tratándose de la acción de reparación directa, el Código Contencioso Administrativo no estableció como requisito de procedibilidad el agotamiento de ningún tipo de reclamación ante la entidad pública causante del posible daño, y por ende no es una carga que el demandante deba suplir de cara a instaurar su pretensión indemnizatoria.

21. En consecuencia, probado como está que el accidente se produjo como resultado de la inobservancia de las normas de tránsito por parte del conductor del vehículo oficial, la cual compromete de manera directa la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, la Sala encuentra que le son imputables los daños que de tal situación se derivan, así como su consecuente reparación.

V. Liquidación de perjuicios.

22. Como se fijó precedentemente, con base en lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza al superior para resolver de fondo sin limitaciones cuando ambas partes hayan impugnado el fallo de primera instancia, a la Sala le asiste la potestad de revisar la liquidación de perjuicios efectuada por el tribunal, facultad dentro de la cual determinará si la condena impuesta se adecuó a los parámetros vigentes señalados por esta corporación para casos similares.

23. La sentencia recurrida reconoció, a favor del actor, una indemnización en cuantía de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, que la parte actora consideró no se compadecía con la verdadera afectación a su integridad personal.

23.1. En este orden de ideas, la indemnización del perjuicio, que no se trata de restitución ni de reparación, se hace a título de compensación en cuanto “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...(9); (ii) la tasación del perjuicio, por razón de su naturaleza inmaterial, se establece con fundamento en el criterio de la equidad; (iii) la determinación del monto deberá sustentarse en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(10).

23.2. Así mismo, la Sala Plena de la Sección Tercera en sede de unificación jurisprudencial(11) fijó los lineamientos para determinar el monto de la indemnización correspondiente a los perjuicios de orden moral a favor de quienes han resultado lesionados en actuaciones imputables al Estado, de acuerdo con los cuales, la cuantificación del perjuicio atiende a la gravedad o levedad de la sufrida por la víctima directa y en tratándose de sus familiares se circunscribe al nivel de relación de éstos con el lesionado. Bajo estos parámetros jurisprudenciales, la Sala encuentra que el monto reconocido al lesionado Johan Alberto Mojica Quintero, 80 s.m.l.m.v., supera los parámetros indemnizatorios fijados en la sentencia de unificación jurisprudencial referida, por cuanto ante una pérdida de capacidad laboral igual al 16.9% -ver párrafo 8.3., criterio que orienta al juez a la hora de determinar la levedad o la gravedad de la lesión, el monto de los perjuicios de orden moral no puede ser superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes respectivamente.

23.3. La sala precisa que el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, contrario a lo afirmado por la parte actora, no contiene ningún error aritmético, pues la sumatoria de los factores determinantes de la pérdida de capacidad laboral efectivamente corresponde a 16, 9% y no a 17.75%. Para el efecto la Sala transcribe el aparte final del referido documento (f. 201, cdno. 1.):

Se califica PCL con Decreto 917/99 

Deficiencia:7.6% 

Discapacidad:3.0% 

Minusvalía:6.25% 

Total:16.9% 

23.4. Así las cosas, la Sala reducirá la indemnización por perjuicios morales en favor del lesionado en cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en consideración a las razones expuestas.

24. De otro lado, la parte demandante adujo en su recurso de apelación que la suma determinada en la sentencia de primera instancia correspondiente al perjuicio de daño en la vida de relación debía ser incrementada teniendo en cuenta la gravedad de las secuelas dejadas por el accidente. Frente a esta solicitud la Sala advierte que esta corporación mediante reiterada jurisprudencia(12) ha abandonado esta tipología, de perjuicio inmaterial —daño a la vida de relación— para migrar a lo que se denomina daño a la salud en tratándose de lesiones a la integridad psicofísica, para el cual se ha establecido un rango entre 10 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, supeditado en todo caso al criterio de levedad o gravedad de la lesión. Así mismo, se señaló que en casos de extrema gravedad de la lesión el monto de la indemnización podía aumentarse hasta un tope de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el caso concreto, la Sala estima que no se encuentran acreditados los supuestos para acceder a este aumento si se tiene en cuenta que en lo que se refiere al señor Johan Alberto Mojica se estableció una “perturbación funcional del órgano de la locomoción y del miembro inferior derecho de carácter permanente”, lo que derivó para él una pérdida de su capacidad laboral de 16.9%, condición médica que no comportan la extrema gravedad que habilita el reconocimiento de perjuicios por daño a la salud en cuantía de 400 s.m.l.m.v. En este orden de ideas, y en apoyo a los lineamientos fijados por esta corporación, en un pronunciamiento en sede de unificación(13), la Sala determinará en cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización por daño a la salud a favor del lesionado, teniendo como referente la pérdida de su capacidad laboral, la que no superó el 20%.

25. Respecto a la solicitud realizada por las partes de corregir la indemnización por concepto de lucro cesante consolidado, pues en el entender de la parte actora fue mal calculado y, en el de la entidad demandada, ésta solo debe corresponder a la incapacidad determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que para este caso fue de 90 días, la Sala en aras de solventar cualquier duda respecto a su determinación, realizará nuevamente la operación matemática señalada en la sentencia de primera instancia.

25.1. En primer lugar, es oportuno señalar que no le asiste razón a la accionada en cuanto a la determinación del tiempo a indemnizar, toda vez que se logró acreditar que el lesionado sufrió una pérdida de capacidad laboral permanente de 16.9%, circunstancia que de conformidad con la evaluación realizada por la entidad competente, afectará sus vinculaciones laborales subsiguientes en ese porcentaje, lo que da lugar a extender en el tiempo, esto es, hasta su vida probable, la indemnización por esta tipología de perjuicio.

25.2. Ahora, considera la Sala que contrario a lo señalado por el a quo el porcentaje del salario que debe servir como base de liquidación a la hora de calcular el monto de la indemnización no corresponde al 100%, sino debe ser determinado en función del porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

25.3. Se acreditó al interior del expediente(14), que el señor Mojica Quintero al momento del accidente se desempeñaba como supervisor de la compañía Seguridad Alcosure y Cía. Ltda, labor por la que recibía una asignación salarial mensual de $ 660 000, de lo que resulta probable suponer que de no ser por la disminución en su capacidad laboral habría continuado devengando un salario cuando menos similar al que recibía.

25.4. Esta suma será incrementada en un 25% por concepto de prestaciones sociales, en tanto no se trata de un salario integral ($ 825 000), en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad contenidos en dicha norma(15). Se tiene que la pérdida de capacidad laboral fue determinada en 16.9%, este será el porcentaje de su ingreso base de liquidación al momento de calcular el monto debido, el cual se actualizará con la siguiente fórmula:

Ra= va* IPC final

IPC inicial

Ra= 825 000 *127.28

65.79(16)

Ra= $ 1 596 078

25.5. Se precisa entonces que de este valor actualizado se tomará el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para así determinar el valor debido el cual corresponde a $ 269 737. En lo que tiene que ver con el tiempo durante el cual se le reconocerán el lucro cesante la Sala advierte que este comprende desde el 2 de mayo de 2001, fecha de la lesión, hasta la expectativa de vida del señor Mojica Quintero, la cual de acuerdo con la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria —ahora Superintendencia Financiera—, sería de 49.12 años adicionales, si se tiene en cuenta que al momento de ser arrollado por el automotor tenía 27 años de vida(17). Así, la indemnización correspondiente al lucro cesante consolidado va desde el momento de la lesión de Johan Alberto Mojica Quintero, 2 de mayo 2001, hasta la fecha en que se profiera esta sentencia, periodo en el cual transcurrieron 180.53 meses.

25.6. S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 269 737 x (1+0,004867)180.53.-1

0,004867

S = $ 77 728 800

25.7. La indemnización consolidada, a favor de Johan Alberto Mojica Quintero es de setenta y siete millones setecientos veinte y ocho mil ochocientos peses mcte. ($ 77 728 800).

26. En lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, encuentra la Sala que el Tribunal se equivocó al negar su reconocimiento, si se tiene en cuenta que las lesiones sufridas por el señor Mojica Quintero comportaron una disminución en su capacidad laboral de carácter permanente del 16.9%, situación que sin lugar a dudas lo afectará a la hora de desempeñarse profesionalmente. Por esta razón la Sala procederá a efectuar la liquidación de esta tipología de perjuicio basada en las fórmulas aritméticas aceptadas por esta corporación.

26.1. La indemnización del periodo futuro a favor de Johan Alberto Mojica Quintero se realizará utilizando su expectativa de vida que corresponde a 49.12, de la cual será descontado el periodo indemnizado en el lucro cesante consolidado, de lo que resulta que el tiempo a indemnizar es de 400,91.

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 269 737 x (1+0,004867)400,91 - 1

0,004867 (1+0,004867)400.91

S = $ 47 508 878

26.2. La indemnización futura, a favor de Johan Alberto Mojica Quintero es de cuarenta y siete millones quinientos ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos ($ 47 508 878). Sumados los valores de la indemnización consolidada y futura obtenidos en la liquidación que antecede, se obtiene el total de indemnización por este concepto en la suma de ciento veinte cinco millones doscientos treinta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte. ($ 125 237 678).

27. Por último, la parte demandante solicitó el reconocimiento de los gastos médicos y del servicio de transporte que presuntamente debió sufragar con ocasión de las lesiones que padeció producto del accidente de tránsito. Indicó el actor que los documentos aportados, a pesar de no corresponder propiamente a facturas cambiarias, tenían la virtualidad de acreditar el monto de lo pagado, pues precisan de forma clara las fechas, valores y proveedores de cada uno de los productos, sin que sea necesario aportar facturas cambiarias en los términos de la ley comercial. Frente a este punto encuentra la Sala que le asiste razón al actor, comoquiera que los documentos allegados son prueba suficiente para tener por cancelados los valores allí indicados.

27.1. En este orden de ideas, se reconocerá bajo la tipología de daño emergente, el pago de las curaciones, la compra de medicamentos y el transporte cancelados por el señor Mojica Quintero en aras de su recuperación, cifra que se actualizará con base en la fórmula ya indicada.

Ra= va* IPC final

IPC inicial

Ra= 1 300 514 *127.28

65.79(18)

Ra= $ 2 516 027

VII. Costas.

28. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR parcialmente la sentencia del 19 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en lo relativo a la indemnización de perjuicios. Lo demás quedará como lo resolvió el Tribunal. La parte resolutiva de la sentencia quedará así:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por las lesiones sufridas por el señor Johan Alberto Mojica Quintero, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación, al pago de las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales a favor Johan Alberto Mojica Quintero la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de daño a la salud a favor de Johan Alberto Mojica Quintero la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado a favor de Johan Alberto Mojica Quintero la suma de setenta y siete millones setecientos veinte y ocho mil ochocientos peses mcte. ($ 77 728 800).

Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante futuro a favor de Johan Alberto Mojica Quintero cuarenta y siete millones quinientos ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos ($ 47 508 878).

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de Johan Alberto Mojica Quintero la suma dos millones quinientos dieciséis mil veintisiete pesos ($ 2 516 027).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

QUINTO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth».

1 En la demanda presentada el 1 de agosto de 2003, la pretensión de mayor valor, correspondiente al perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, fue estimada en $ 383.984.367. Se aplica en este punto el artículo 132 de la Ley 446 de 1998, que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2003 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 166.000.000.

2 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (...)”.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17001-23-31-000-1995-06024-01(16533), actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, sentencia del 28 de enero de 2009, Exp. 07001-23-31-000-2003-00158-01(30340), actor: Sandra Milena García Gómez y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

5 [7] Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de julio de 2003, Exp. 14.083, C.P. María Elena Giraldo; 3 de mayo de 2007, Exp. 16.180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780, C.P. Ruth Stella Correa.

6 [9] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de julio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.: 27001-23-31-000-1994-02194-01 (20319), actor: Ricardo Mena Mena, demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación.

8 De manera previa a abordar su análisis, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de testimonios, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario, y cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene virtud para minar la credibilidad del declarante y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Frente a este punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia:
“Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “... las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)...” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “... la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo...” (Casación Civil de 8 de marzo de 1972), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “... no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla ésta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aun cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “... no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos...” (G.J.T. CVI, pág. 140).

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad.: 13232.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad.: 16205.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19 031, actor: Antonio José Vigoya Giraldo, C.P. Enrique Gil Botero.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, actor: Luis Ferney Isaza Córdoba, C.P. Enrique Gil Botero.

14 A folio 25 del cuaderno 1, obra copia simple del contrato de trabajo en la modalidad de término fijo inferior a 1 año, suscrito el 16 de enero de 2001, en el que se estipuló un salario mensual de $ 660.000.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, Exp. 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 2 de mayo de 2001, fecha del accidente de tránsito.

17 Se aportó para el efecto de la cédula de ciudadanía obrante a folio 44 del cuaderno 1.

18 2 de mayo de 2001, fecha del accidente de tránsito.