Sentencia 2003-00940 de agosto 19 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 410012331000200300940 01

Ref.: 16586

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Empresa de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo del municipio de Palermo ESP

Demandado: UAE Dirección de Impuestos Nacionales

Asunto: Renta y complementarios año gravable 1998

Fallo

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde a la Sala analizar la legalidad de la actuación mediante la cual la administración tributaria modificó la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable 1998 presentada por la sociedad actora.

El punto único de la litis se contrae a establecer si fue oportuna o no la notificación del requerimiento especial realizada el 11 de julio de 2001 según planilla de notificación 01.

De los hechos relacionados tanto por las partes como de los documentos allegados al expediente y que resultan relevantes para el caso, la Sala advierte:

— El contribuyente presentó declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 1998 el 13 de abril de 1999.

— El 23 de marzo de 2001 la administración tributaria ordena inspección tributaria la cual fue notificada al contribuyente el 28 del mismo mes y año.

— La demandada profiere requerimiento especial el 10 de julio de 2001, notificado el mismo día. (fl. 41 del cdno. ppal.).

De acuerdo con lo anterior se advierte en primer término que el plazo máximo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 1998 era el 13 de abril del 1999(1), lo que implicaba que el término de firmeza del denuncio rentístico sería de dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar.

Señala el artículo 703 del estatuto tributario, que antes de practicar la liquidación oficial de revisión, la administración tributaria debe enviar por una sola vez un requerimiento especial al contribuyente, responsable o agente retenedor proponiéndole los puntos a modificar de su declaración tributaria, con la explicación que los sustenta. El término dentro del cual se debe notificar este requerimiento, será a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar(2), es decir que el plazo para notificar el requerimiento especial era hasta el 13 de abril de 2001, si no existe acto que lo suspenda.

Ahora bien, la notificación del auto que decrete la inspección tributaria, suspende el término para notificar el requerimiento especial de conformidad con lo previsto en el artículo 706 del estatuto tributario que establece:

“ART. 706.—Suspension del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá:

Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.

Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.

También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir (negrillas fuera de texto).

De la norma transcrita se advierte en primer lugar que en el sub exámine operó la suspensión del término en cuestión por tres meses en virtud de la notificación del auto que decretó la inspección tributaria, notificado el 28 de marzo de 2001(3), lo cual no tiene discusión entre las partes.

De otra parte, respecto a la inspección tributaria, esta corporación en reiteradas oportunidades ha señalado que ante la claridad del texto de la disposición no cabe interpretación distinta a la de que el término de notificación del requerimiento especial se suspende “a partir de la fecha de la notificación del auto que la decrete” por un lapso fijo de tres (3) meses, no prorrogable pero tampoco sujeto a disminución.

Además se advierte que la suspensión extiende el plazo en el tiempo y solamente seguirá corriendo una vez desaparezca el acto que la produjo; por lo que se tiene entonces, que al momento de la notificación del auto que decretó la inspección tributaria, faltaban quince (15) días para que se configurara la firmeza de la declaración privada en términos del artículo 714 del estatuto tributario, es decir hasta el 13 de julio de 2001 se podía notificar el requerimiento especial.

Bajo esta perspectiva, el 10 de julio de 2001, la administración tributaria profiere el requerimiento especial 130632001000169 notificado el día siguiente, a través del cual propone modificar la declaración privada 7455020020007 de fecha 13 de abril de 1999 de la Empresa de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Palermo ESP.

En consecuencia, se advierte que la notificación del requerimiento especial realizada el 11 de julio de 2001(4) fue oportuna, quedando desvirtuado el argumento expuesto por el demandante. A partir de este momento el actor disponía de tres (3) meses oct. 11/2001 para dar respuesta al citado requerimiento y la división de liquidación en seis (6) meses para proferir la liquidación oficial de revisión hasta el 11 de abril de 2001. Siendo expedida el 1º de abril de 2002 y notificada el 3 del mismo mes y año, dentro de la oportunidad legal consagrada en el artículo 710 del ordenamiento tributario.

En consecuencia, en ese aspecto procedimental se impone revocar la sentencia apelada, porque no le asiste razón al a quo. No obstante, y en vista que el tribunal no estudió el aspecto relacionado con la sanción por inexactitud, y en aplicación de los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y 311 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe entrar a resolver, si era procedente la sanción por inexactitud determinada en la liquidación oficial de revisión por valor de $ 126.889.000.

Sanción por Inexactitud.

De conformidad con el artículo 647 del estatuto tributario constituye inexactitud sancionable en las declaraciones omitir ingresos, impuestos, bienes o actuaciones gravables; incluir costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y utilizar datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, siempre y cuando de ello se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor del declarante. La misma norma prevé que no procede la sanción, si el menor valor a pagar resultante de la declaración proviene de diferencias de criterio en relación con el derecho aplicable, siempre que los hechos y las cifras denunciadas sean completos y verdaderos.

La sanción por inexactitud le fue impuesta, teniendo en cuenta que la actora no apropió sus utilidades conforme lo exige el artículo 211 del estatuto tributario(5), es decir no hubo capitalización de las utilidades o apropiación como reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas para tener derecho a la renta exenta; exención que no se extiende a los intereses moratorios recibidos por el pago inoportuno de los servicios públicos, para el caso acueducto y alcantarillado, por lo que debía imponerse la sanción por inexactitud, pues, la inclusión de una exención inexistente para ese año generó un menor impuesto a cargo.

La demandante considera que la aplicación de la sanción por inexactitud no es procedente porque el impuesto se liquidó conforme con una correcta interpretación de la ley. Se apoya en el artículo 647 inciso final del mismo ordenamiento, para sostener que no hay lugar a sanción por inexactitud cuando existe diferencia de criterio entre la administración de impuestos y el contribuyente sobre el derecho aplicable.

Al respecto la Sala considera:

El inciso final del artículo 647 del estatuto tributario dispone:

“No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.

De la lectura de esta disposición se deduce que la diferencia de criterio debe versar sobre el derecho aplicable, con la condición de que los hechos y cifras declarados sean veraces y completos.

La controversia que se generó entre la administración y la declarante no cumplió estos requisitos. En efecto, la diferencia se presentó entre un criterio jurídico fundado en la ley y un criterio personal, como lo indica el actor “...mi poderdante por un criterio de interpretación de su contador no puede ser objeto de sanción por inexactitud”, carente de respaldo legal. De otra parte los datos no fueron correctos porque el impuesto se liquidó por menor valor como consecuencia de la no aplicación de las normas pertinentes.

En esta forma, se ajustó a derecho la actuación de la administración tributaria, motivo suficiente para mantener la legalidad de la liquidación de revisión. En consecuencia, esta corporación revocará la decisión de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del veinte (20) de marzo de 2007 del Tribunal Administrativo del Huila dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Empresa de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Palermo ESP contra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. En su lugar dispone:

NIEGÁNSE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 130642002000084 del 1º de abril de 2002 y de la Resolución 130012003000010 del 23 de abril de 2003.

RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Biviana Nayibe Jiménez Galeano como apoderada de la parte demandada, según poder que obra a folio 221.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Decreto 2652 del 29 de diciembre de 1998, articulo 9º.

(2) Estatuto tributario, artículo 705: Término para notificar el requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva.

(3) Planilla 421 folio 78 del cuaderno 2.

(4) Folio 71 del cdno. 2.

(5) ART. 211.—Todas las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los impuestos nacionales, en los términos definidos por el estatuto tributario, con las excepciones que se establecen a continuación .

Las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de los anteriores servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un período de dos (2) años a partir de la vigencia de esta ley, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas...