Sentencia 2003-00954 de julio 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 250002324000200300954 01 (17171)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Banco Colmena S.A.

Contra: Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera)

Bogotá, D.C., julio veintiocho de dos mil once.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que denegó las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación antes citado, se estudiarán los cargos en el orden que sigue:

1. La sentencia infringió los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo, y 174 del Código de Procedimiento Civil.

El apelante advirtió que la sentencia de primera instancia infringió los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y 174 del Código de Procedimiento Civil, al omitir el examen de las pruebas periciales.

A ese respecto se observa que si bien el a quo no se refirió al dictamen pericial practicado en el proceso, dicha omisión no tiene la capacidad de anular la sentencia, dado que se fundamentó en las normas legales y en las demás pruebas allegadas al expediente, para proferir su decisión. Además, en virtud del principio de libre valoración de las pruebas el juez tiene la facultad de calificar el grado de certeza que le ofrecen las probanzas que tuvo en cuenta, aplicando criterios, bajo una perspectiva lógica y científica, que le permitan valorar la utilidad, necesidad, conducencia y pertinencia de las pruebas, sin que esté condicionado por el principio de la tarifa legal probatoria.

Sin embargo, encuentra la Sala que es necesario emitir un pronunciamiento en cuanto a la objeción por error grave al dictamen pericial presentada por el actor, por lo que en esta instancia se decidirá lo que al respecto corresponda y se valorará el mismo, si a ello hubiere lugar.

2. Competencia de la Superintendencia Financiera para revisar los estados financieros.

Para el apelante la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) no era competente para revisar y autorizar los estados financieros presentados por el Banco Colmena S.A., para su posterior aprobación por la asamblea de socios, toda vez que la Ley 795 de 2003 limitó dicha facultad respecto de las entidades vigiladas que señalara el Gobierno Nacional, las cuales solo fueron definidas, con posterioridad a la presentación de los estados financieros de la entidad bancaria, mediante el Decreto 325 de 2003.

A fin de establecer las funciones de la Superintendencia Financiera, es procedente estudiar las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicables a la litis, así:

“ART. 325.—Naturaleza, objetivos y funciones. <Artículo sustituido por el artículo 1º del Decreto 2359 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> 1. Naturaleza y objetivos. <Inciso 1º modificado por el artículo 35 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> La Superintendencia Bancaria (...) tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones.

b) Supervisar de manera integral la actividad de las entidades sometidas a su control y vigilancia no solo respecto del cumplimiento de las normas y regulaciones de tipo financiero, sino también en relación con las disposiciones de tipo cambiario.

c) Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y vigilancia con el objeto de velar por la adecuada prestación del servicio financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia.

(...).

e) Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe (...)”.

ART. 326.—Funciones y facultades de la superintendencia bancaria. <Artículo sustituido por el artículo 2º del Decreto 2359 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> Para el ejercicio de los objetivos señalados en el artículo anterior, la Superintendencia Bancaria tendrá las funciones y facultades consagradas en los numerales siguientes sin perjuicio de las que por virtud de otras disposiciones legales le correspondan (...).

2. Funciones respecto de la actividad de las entidades. En el desarrollo de la actividad de las entidades, la Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes funciones: (...)

i) Pronunciarse sobre los estados financieros presentados por las instituciones bajo su vigilancia e impartir autorización para su aprobación por las asambleas de asociados y su posterior publicación, cuando a ello hubiere lugar; (...)

4. Facultades de supervisión. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de supervisión:

a) Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio irregular de la actividad financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operan personas naturales o jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar su situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para preservar la confianza del público en general;

b) Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un conocimiento integral de su situación financiera, del manejo de sus negocios, o de los aspectos especiales que se requieran;

(...)”.

ART. 327.—Organización y funcionamiento de la superintendencia bancaria. <Artículo sustituido por el artículo 1º del Decreto 2489 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>

Organización y funcionamiento de la Superintendencia Bancaria.

(...).

3.3. Funciones de control contable.

a) Pronunciarse sobre los estados financieros presentados por las instituciones bajo su vigilancia e impartir autorización para su aprobación por las asambleas de asociados y su posterior publicación cuando a ello hubiere lugar;

Ahora bien, mediante la Ley 795 de 2003(1) se modificó el literal i) del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en estos términos:

ART. 76.—Modifícase el literal i) del numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

“i) Pronunciarse sobre los estados financieros presentados por las instituciones bajo su vigilancia. La Superintendencia Bancaria impartirá la autorización para la aprobación de los estados financieros por las respectivas asambleas de socios o asociados y para su posterior publicación en relación con aquellas entidades vigiladas que se encuentren comprendidas en los eventos o condiciones señalados por el Gobierno Nacional mediante normas de carácter general”.

Posteriormente, el Decreto 325 de 2003(2), reglamentó parcialmente el artículo 326 numeral 2º literal i) del referido estatuto:

ART. 1º—Pronunciamiento sobre estados financieros. Las entidades que se encuentren sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, con excepción de las agencias colocadoras de seguros que no se asimilen a sociedades corredoras de seguros y los agentes de seguros, deberán someter sus estados financieros a la Superintendencia Bancaria para que esta imparta la autorización para su aprobación por parte de las respectivas asambleas de socios o asociados y su posterior publicación.

A la luz de los preceptos transcritos, se encuentra que dentro de los objetivos de la Superintendencia Bancaria está el de velar porque las instituciones que integran el sistema financiero mantengan la solidez económica que les permita atender adecuadamente sus obligaciones, para garantizar con ello la confianza pública en el respectivo ente.

En el sub examine la Superintendencia Financiera, respecto de la demandante inició un ejercicio de control y vigilancia con el oficio 2003002132-0 de 17 de enero de 2003(3), por medio del cual le informó a la entidad financiera la práctica de una inspección de carácter especial, aludiendo al corte de operaciones al 31 de diciembre de 2002.

Es importante precisar que en el sub lite los actos demandados, esto es el Oficio 2003002132-34 de 19 de mayo de 2003 y la Resolución 583 de 16 de junio de 2003, se refieren a la constitución de una provisión que se ordenó dentro del mencionado ejercicio de las facultades de inspección adelantado por la Superintendencia Financiera desde el 17 de enero de 2003.

De otro lado, encontrándose en desarrollo el mencionado proceso de control, el 27 de febrero de 2003 el Banco Colmena S.A. solicitó a la Superintendencia Financiera:

“En cumplimiento de lo dispuesto por la Circular Externa 100 de 1995 y el Código de Comercio, respetuosamente me permito presentar para su estudio la información solicitada según dicha norma, con el fin de que se autorice someter a consideración de los accionistas los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2002 y la publicación del balance y el estado de resultados, una vez aprobados por los accionistas, según los formatos prescritos por la Superintendencia Bancaria (...).

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 67 de 2001 estamos remitiendo la lista de chequeo de la información que se adjunta a esta comunicación, para el reporte de información de los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente suscrita por revisor fiscal y representante legal del banco”(4).

Teniendo en cuenta que para la fecha de esa solicitud las normas que se cuestionan, esto es, la Ley 795 de 2003 y su Decreto Reglamentario 325 de 2003 se encontraban vigentes(5), es claro que la Superintendencia Financiera tenía facultades para impartir la autorización a fin de que los estados financieros aquí involucrados, se sometieran a aprobación de las respectivas asambleas de socios.

Útil es precisar que la actuación administrativa demandada por el accionante tuvo como objeto la constitución de una provisión respecto de los clientes de cartera hipotecaria que perdieron el beneficio de reestructuración, en desarrollo de las facultades de supervisión otorgadas a la Superintendencia en el literal b) numeral 4º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que le permiten practicar visitas de inspección y examinar los archivos, con el fin de adoptar oportunamente la medidas eficaces en defensa de terceros de buena fe.

En suma, la Sala observa que los actos administrativos demandados fueron expedidos dentro de la órbita de inspección y vigilancia que le corresponde a la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.

3. Competencia del director técnico para la intermediación financiera.

Según el apelante, como la Superintendencia Financiera no tenía competencia al momento en que la parte actora presentó los estados financieros, para realizar la actuación de que trata el literal i) numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, tampoco podían detentarla los directores de la Superintendencia.

A ese respecto es necesario precisar que el cargo, como se planteó en la demanda, se refería a la incompetencia de los directores por cuanto dicha facultad la detentaban los Superintendentes, argumento que en el recurso de apelación se modificó en el sentido de afirmar que el fenómeno realmente registrado era la incompetencia de la Superintendencia, predicable de sus funcionarios, razón por la cual el apelante no trajo al conocimiento de segunda instancia el cargo inicialmente alegado, al haberlo cambiado con ocasión del recurso de apelación, lo que va en contravía del derecho al debido proceso. Aunase a lo anterior, que frente a la incompetencia se fijó la posición de esta Sala en el numeral 2º, en el que se resolvió dicho cuestionamiento.

4. Violación al artículo 40 de la Ley 222 de 1995.

Se fundamenta el presente cargo en que la Superintendencia ordenó, de manera extemporánea, la rectificación de los estados financieros, esto es, por fuera del mes siguiente a la fecha de su presentación, término establecido en el artículo 40 de la Ley 222 de 1995.

El artículo 40 de la Ley 222 de 1995 señala:

“Rectificación de los estados financieros. Las entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control, podrán ordenar rectificar los estados financieros o las notas que no se ajusten a las normas legales.

Tratándose de estados financieros de fin de ejercicio, las rectificaciones afectarán el período objeto de revisión, siempre que se notifique dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se hayan presentado en forma completa ante la respectiva autoridad. Pasado dicho lapso las rectificaciones se reconocerán en el ejercicio en curso.

Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros respectivos y, en todo caso, en la forma y plazo que determine la respectiva entidad gubernamental.

La orden de rectificación solo tendrá efectos cuando la entidad gubernamental que ejerce inspección, vigilancia o control haya resuelto expresamente los recursos a que hubiere lugar, si es que estos se interpusieron.

De conformidad con la norma transcrita se observa que no existe un término de caducidad para que la Superintendencia Financiera realice la rectificación de los estados financieros. El mes al que alude el inciso segundo se refiere al siguiente a la fecha de presentación de los estados financieros, que es un plazo para notificar las rectificaciones. Que si ese término se rebasa, las rectificaciones se reconocerán en el nuevo ejercicio, o como lo dice la norma, en el ejercicio en curso.

En ese contexto, la Superintendencia Financiera no pierde la competencia para rectificar los estados financieros, así su pronunciamiento se realice con posterioridad al mes al que se refiere la norma.

Por virtud de lo dicho, el hecho de que la notificación de la rectificación se realice por fuera del mes, no conlleva la nulidad de los actos demandados, por cuanto la competencia para rectificar no se pierde para la Superintendencia Financiera.

5. Calificación y constitución de provisiones de créditos reestructurados que perdieron el beneficio de “reducción de cuota”. Principios de esencia sobre la forma, y de prudencia.

Se cuestiona en la alzada que la Superintendencia Financiera ordenó la calificación y consecuente provisión de los créditos hipotecarios que habían perdido el beneficio de estrategia de “reducción de cuota”, con base en la situación que tenían antes de ser reestructurados, omitiendo dar aplicación a la Circular Externa 50 de 2001 y a la Circular 11 de 2002.

Al respecto se observa que se entiende por reestructurado un crédito aquel respecto del cual se ha llevado a cabo, en beneficio del deudor, cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto modificar las condiciones originalmente pactadas(6), y cuya finalidad es optimizar la atención de la deuda.

En el sub examine el Banco Colmena S.A. implantó la estrategia “reducción de cuota” con la finalidad de reestructurar el crédito hipotecario en mora (crédito padre), por medio de la creación de un crédito comercial (crédito hijo) el cual recogió las cuotas vencidas que poseía la obligación(7).

Dentro de las políticas generales de esa estrategia se estableció que si el crédito hipotecario de vivienda que originaba la reestructuración a través del crédito comercial, llegaba a facturar de manera acumulada la tercera cuota, se perdía el beneficio de reducción de cuota, y se hacía exigible la cláusula aceleratoria por el crédito comercial(8).

Frente a este tipo de procedimientos a la Superintendencia Financiera le corresponde velar porque se cumplan las disposiciones que rigen los efectos de la reestructuración, como son, entre otros, la calificación del crédito reestructurado, la rehabilitación de la misma y la constitución o reversión de provisiones.

En cuanto a la calificación de la cartera de crédito, en principio la Circular 70 de 2000, indicaba:

“13.2. Cuando un crédito o contrato reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si esta fuere de mayor riesgo y, en consecuencia, la entidad vigilada deberá hacer las provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambios y otros ingresos cuando fuere el caso”.

Para el caso de los estados financieros de fin de ejercicio de 2002, existió un tránsito normativo de la Circular 50 de 26 de octubre de 2001, aplicable a partir del mes de diciembre de 2001(9), a la Circular 11 de 2002, aplicable desde los estados financieros de marzo de 2002, esta última ratificó a la primera en relación a las reglas especiales y criterios para la recalificación de los créditos reestructurados, así:

“5.3.4. Los créditos pueden mejorar la calificación después de ser reestructurados solo cuando el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo”.

Al verificarse los actos demandados se observó, contrario a lo argumentado por el apelante, que estos no se fundamentaron en la Circular 70 de 2000, sino en las circulares 50 de 2001 y 11 de 2002, aplicables a los estados financieros de fin de ejercicio del año 2002, las cuales reiteraron otras normativas, pero guardando la misma finalidad de la norma inicialmente establecida en la Circular 70 de 2000.

Así las cosas, para que los créditos sean calificados con los efectos obtenidos por la reestructuración, el deudor debe demostrar un comportamiento de pago regular y efectivo, el cual implica necesariamente que atienda el servicio de la deuda en la forma como fue pactada en dicho acuerdo de reestructuración.

En ese sentido, la calificación del crédito debe mirarse bajo el desenvolvimiento de la deuda reestructurada, puesto que de no haberse cumplido con las condiciones de la misma, la calificación que le corresponde es la que ostentaba previo a dicho acuerdo.

Con lo anterior no se desconoce el negocio jurídico ni los efectos de la reestructuración, sino que se da cumplimiento al contrato celebrado entre las partes, que establece que en el caso que el beneficiario incurra en mora (3 meses) se suspenderá el beneficio de “reducción de cuota”.

Ahora bien, sobre el alcance y efectos de los principios contables de esencia sobre la forma y de prudencia, la actora solicitó como prueba la práctica de un concepto técnico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual fue decretado mediante auto de pruebas de fecha 23 de febrero de 2004(10), y presentado el 30 de noviembre de 2006(11).

Respecto de dicho dictamen pericial, la demandante presentó objeción por error grave, por cuanto consideró que las conclusiones a que llegó el concepto técnico nacen de un error superlativo en los fundamentos de la pericia, consistente en la confusión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre la “estrategia de reducción de cuota”, adoptada en forma autónoma por el Banco Colmena, y la reliquidación de los créditos para vivienda, dispuesta por los artículos 40 a 43 de la Ley 546 de 1999.

Por lo anterior adujo que no existe en parte alguna la condición resolutoria que imagina el dictamen del consejo técnico, aplicando a la estrategia de reducción de cuota, sin fundamento distinto a su propia e insalvable confusión conceptual, la pérdida del alivio prevista por el parágrafo 1º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 para la reliquidación de obligaciones derivadas del artículo 38 y siguientes de la misma norma.

Además aportó como prueba, para soportar la objeción, un concepto técnico privado(12), el cual se tendrá en cuenta como alegaciones de la demandante(13).

Al respecto, y dado que en el presente caso la objeción al dictamen debía ser resuelta en la sentencia de primera instancia al tenor del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión general del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y por cuanto tal pronunciamiento no se hizo en dicha providencia, estima la Sala necesario estudiar la referida objeción.

Es el numeral 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, la norma que se ocupa de regular lo atinente al trámite de la objeción por error grave, destacando que dentro de las oportunidades legales cualquiera de las partes pueden manifestar su desacuerdo con el trabajo del experto, de lo cual se debe resaltar que lo que motive la objeción, necesariamente debe ser una falla de especial entidad en el trabajo de los expertos, y no cualquier error tiene esa connotación, pues el numeral 4º del citado artículo define que debe tratarse de “error grave”(14).

En efecto, para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga la virtud de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. En estas condiciones el dictamen se contrapone a la verdad, es decir, se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinde el dictamen y la representación mental que de él haga el perito.

Sin embargo, se aclara que no constituirán error grave, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos, como es el caso de que se exceden en las apreciaciones que deben hacer en el dictamen.

En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos.

Al respecto la Sala estima infundada la objeción por error grave, pues al tenor del numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, los pronunciamientos sobre aspectos técnicos, que evidentemente aparecen en el dictamen, no condujeron a error grave que haya sido determinante de las conclusiones de los peritos, ni a error originado en las mismas. Por el contrario, se observa que las referencias que hicieron de la Ley 546 de 1999, se tomaron como un antecedente normativo en materia de reestructuraciones, y no incidieron con la conclusiones a que llegó el dictamen.

En ese sentido, no hay lugar a atender la objeción por error grave formulada por el actor, dado que no se constató la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tuviera la entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas, sino que los argumentos de los expertos se centraron en estudiar los antecedentes normativos en materia de las reestructuraciones de crédito y de las normas contables, en especial el alcance de los principios de contabilidad de prudencia y esencia sobre la forma.

Resuelta la objeción planteada, se procede a apreciar y valorar el dictamen pericial rendido, que indicó:

“Sea lo primero aclarar que los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados constituyen la piedra angular sobre la cual descansa el ejercicio profesional de la disciplina contable. Estos se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento contable a través del artículo 6º de la Ley 143 de 1990 y del capítulo III del Decreto Reglamentario 2649 del 29 de diciembre de 1993.

(...).

La prudencia, como una de las normas básicas de contabilidad, es de aplicación para todos los entes económicos. Su aplicación debe entenderse como una directriz, solamente cuando, como lo dice el artículo 17 del Decreto 2649 de 1993, arriba citado, “existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico”.

Es necesario tener especial cuidado para que, en aras de la prudencia, no se degraden las cualidades de la información contable, estipuladas en el artículo 4º del precitado Decreto 2649.

La prudencia debe, entonces, ser utilizada para lograr los objetivos previstos en la norma legal y no para desfigurar la realidad económica en beneficio o perjuicio de alguien. Tampoco para satisfacer las necesidades individuales y/o circunstanciales de presentar resultados convenientes o determinada situación financiera.

Es por lo anterior que, en orden de realizar registros prudentes que a la vez permitan a los destinatarios de la información contable detectar la realidad económica del ente económico, surge la posibilidad de acudir a las denominadas provisiones o contingencias que aparecen reguladas en (sic) artículo 52 y 81 del Decreto 2649.

(...).

Como se ha anotado arriba, la visión financiera de la contabilidad moderna persigue que esta verse sobre hechos económicos reales, los cuales pueden tener incidencia jurídica.

Un sistema de información contable debe ser de la mayor utilidad y confiabilidad para quienes, en su calidad de asociados, vigilantes y terceros, deban adoptar decisiones que funden en el estado económico de la entidad, para lo cual se debe procurar que la información se acerque más a la realidad económica que a la simple formalidad.

En otras palabras, como se deduce de los expuesto por el profesor Peña arriba citado, la información contable debe procurar reflejar la esencia de las transacciones, pues con ello se apunta a expresar la realidad económica; vale decir, que se registre de manera cierta e indiscutible la transacción contable y su efecto económico, en tanto que la apreciación formal se orienta a establecer si un hecho económico se fundamenta en requisitos o formalidades de orden legal para poder reconocer y revelar la ocurrencia de un evento económico”(15).

Así las cosas, las apreciaciones del peritazgo técnico sobre el alcance de los principios de la esencia sobre la forma y de prudencia, se analizarán a la luz de las reglas de la sana crítica. Sin embargo, los pronunciamientos en los puntos de derecho objeto de discusión, no se tendrán en cuenta, en virtud del inciso 1º del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en cuanto a la violación del principio de esencia sobre la forma(16) la Sala observa que fue respetado por los actos acusados, en tanto exigieron que el crédito reestructurado reflejara la realidad de la operación económica, la cual fue que el contrato de reestructuración fue incumplido por mora en los pagos y que la insolvencia del deudor generó un riesgo crediticio mayor, que impidió que obtuviera una calificación satisfactoria igual a los que si cumplieron con los requisitos para mantenerse con el beneficio de reducción de cuota.

En ese sentido, no existe contradicción entre la esencia y la forma de los créditos de reestructuración, pues si bien en virtud de ellos se realizó un contrato que generó determinados efectos jurídicos, uno de ellos precisamente consistía en que si el deudor no cancelaba las cuotas del crédito se suspendía el beneficio de reducción de cuota, lo que conlleva la pérdida de las prerrogativas derivadas de la reestructuración.

Recuérdese que el objeto de la calificación de los créditos es conocer la capacidad de pago de los deudores y la solidez económica de las entidades financieras. Es por ello que las Circulares Externas 50 de 2001 y 11 de 2002, dispusieron que “los créditos pueden mejorar la calificación después de ser reestructurados solo cuando el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo”.

De otra parte, en relación al principio de prudencia(17) la Sala observó que las provisiones ordenadas y la calificación determinada antes de la reestructuración, lograron los objetivos previstos en la norma legal que pretende asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y liquidez para atender sus obligaciones.

En ese sentido, no existe vulneración a los principios contables de esencia sobre la forma y de prudencia.

Por las razones señaladas se confirmará la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia dictada el 7 de febrero de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Diario Oficial 45.064 de 15 de enero de 2003.

(2) Diario Oficial 45.102, de 19 de febrero de 2003

(3) Folios 155 a 162, c.a. 6.

(4) Folios 143 a 149, c.a. 6.

(5) Diario Oficial 45.064 del 15 de enero de 2003 y 45.102 del 19 de febrero de 2003.

(6) Circular 50 de 2001 y 11 de 2002. 5.3.1. Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo, instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Para estos efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones.

(7) Estrategia de reducción de cuota, c.a. 2, pág. 4.

(8) Estrategia de reducción de cuota, c.a. 2, pág. 9.

(9) Con excepción de los numerales 6.2.1, 6.2.2.1 y 6.2.3 que aplicó a partir de los estados financieros del mes de octubre de 2001.

(10) Folios 111 a 112, c.p.

(11) C.a 1.

(12) Folios 245 a 253, c.p.

(13) ART. 238.—Contradicción del dictamen: para la contradicción del dictamen se procederá así: (...) 7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas

(14) Procedimiento Civil, tomo 3 pruebas, Hernán Fabio López Blanco, Segunda Edición, Bogotá, 2008. Pagina 270

(15) Folios 1, 12 y 21, c.a. 1.

(16) Decreto 2649 de 1993. ART. 11.—Esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal.

Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella disposición sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio.

(17) Decreto 2649 de 1993. ART. 17.—Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificarle un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.