Sentencia 2003-00962/39964 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600020030096202 (39964)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Olaya Eufrosina Rodríguez González y otro

Demandado: Nación - Rama judicial

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el art. 129 del CCA.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(4), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los tribunales contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 16 de junio de 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que declaró de oficio la caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.

3.2.1. Juicio de responsabilidad.

La parte actora concreta el daño a partir de los perjuicios sufridos como consecuencia del trámite y posterior actuación de la causa 651, adelantado por el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, en tanto emitió la orden de cancelación anotaciones de las matrículas inmobiliarias Nº 050N-532095 y 643754 y por lo tanto la pérdida y despojo del bien inmueble al que correspondían los folios.

En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a establecer la legitimación en la causa activa y la caducidad para posteriormente analizar el daño, su antijuridicidad y determinar si le resulta imputable a la entidad demandada.

3.2.2. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales que acreditan los siguientes hechos relevantes:

1. El 17 de febrero de 1981, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá profirió declaratoria de pertenencia a nombre del señor Edilberto Jiménez Cortés por prescripción extraordinaria del dominio del bien inmueble ubicado en el municipio de Usaquen, que hace parte de uno de mayor extensión denominado “Palermo”, alinderado así (fls. 6-11, cdno. 2):

“POR EL NORTE: partiendo de la carretera central del Norte en donde se encuentran juntos dos mojones de piedra. De allí, o sea desde los dos mojones en la carretera central del Norte, línea recta en la misma dirección oriental, pasando por un mata grande que está en la loma y pasando por la falda de Monte Rucio a dar cerca de un punto que llaman “Los Pantanitos”; siguiendo la misma recta a dar cerca de un sitio llamado “Cara de Piedra”, en la cima de la Cordillera, lindando por todo este costado Norte, desde la carretera central con el terreno denominado “Las Pilas”, de propiedad de la señora Dolores Tavera de González, y en la actualidad de propiedad de propiedad (sic) de Pedro Jaramillo. POR EL ORIENTE. Desde el punto donde sale la línea recta a la cima de la Cordillera, cerca a la “cara de piedra” por toda la cima del páramo o cordillera, en dirección hacia el Sur hasta lindar con los terrenos llamados “patronato” que fueron del señor Rafaél Tovar y luego de los herederos del señor Uldarico Luna; y de este punto en línea recta de Oriente a Occidente hasta llegar a un cerrito puntiagudo, cerca del origen de la quebrada llamada “El Papayo”. POR EL SUR: Desde donde está la cuchilla, el cerrito puntiagudo y donde nace la quebrada “El Papayo” de allí quebrada abajo en dirección occidental hasta dar con un vallado que divide el terreno “El Papayo”, hoy “La Suiza” de propiedad del señor Leo S. Kop, actualmente de la señora OLGA DÁVILA VDA. DE LÓPEZ, hasta dar con la carretera central del Norte. POR EL OCCIDENTE: Desde la carretera Central del Norte, donde finaliza el lindero Sur, en dirección Sur a Norte, por todo el borde de esta carretera hasta dar a una cerca de alambre, lindero que que encirra el lote que fue donado por las señoritas María Francisca y María Dolores Restrepo Murillo a la Escuela de Torca”.

2. El 3 de junio de 1981, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia (fls. 12-14, cdno. 2).

3. El 8 de marzo de 1982, el señor Julio Alfonso Vargas Rosas presentó ante la Notaría Veintidos de Bogotá las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Sexto Civil del Circuito y Tribunal Superior de Cundinamarca relacionadas con el juicio de pertenencia seguido por el señor Edilberto Jiménez Cortés, para que se incorporaran al protocolo (fl. 5, cdno. 2).

4. El 24 de enero de 1992, el señor Ernesto Pombo Koop, formuló denuncia penal en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés porque, según lo narrado por el denunciante, el antes mobrado apoyó su pretensión declarativa de pertenencia en pruebas falsas. En los hechos, luego de describirse la tradición del bien, se expuso:

“EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS (…), a través de apoderado (…), (sic) proceso de prescripción extraordinaria de dominio, sobre el mismo lote de terreno denomionado PALERMO, con la misma ubicación y linderos del predio de OLGA DAVILA DE KOOP, que es el mismo que el de los actuales poseedores y dueños. Para lograr iniciar dicho proceso, en forma sujeta a investigación, se abrió un nuevo folio de matrícula inmobiliaria en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, en enero 2 de 1980, con el Nº 050-0532095, con una sola y única anotación hecha con fecha septiembre 6 de 1924, en la cual MARÍA DOLORES Y MARÍA FRANCISCA RESTREPO MURILLO habían adquirido dicho bien por adjudicación en la sucesión de JOSÉ MANUEL RESTREPO PARDO y, por lo tanto, la demanda se dirigió contra estas personas.

En dicho folio no se anotaron las negociaciones siguientes, tales como la venta que hicieron MARÍA DOLORES Y MARÍA FRANCISCA RESTREPO a JOSÉ MANUEL RESTREPO PERÉA por escritura pública 1109 de abril 20 de 1938 de la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, según copia que adjunto; tampoco la escritura por medio de la cual OLGA DÁVILA DE KOOP le había comprado a JOSÉ MANUEL RESTREPO PEREA (…). El folio de matrícula Nº 050-0532095 que sirvió de base para iniciar la demanda, necesariamente se obtuvo en forma irregular y, además, es un número de matrícula diferente al que ya existía para el mismo predio.

QUINTO: El proceso se adelantó sin citación personal de los poseedores inscritos y materiales del predio PALERMO y el Juzgado Sexto Civil del Circuito en forma apresurada, practicó la diligencia de inspección judicial sobre el terreno de 14 de noviembre de 1980, dejando constancias que no corresponden a la verdad, tales como la existencia de ganado vacuno, sin inventariarlo, y la diligencia se practicó sin efectuar la alinderación correcta y completa del predio. Se puede afirmar que la inspección no se realizó en el predio ya que para la época se encontraba viva la señora OLGA DÁVILA DE KOOP, como aparece en la escritura de compra, pero que posteriormente, por haber enviudado, su nombre fue OLGA DÁVILA DE LÓPEZ, por haberse casado con el Expresidente de la República ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. Los actuales propietarios, causa-habientes, pueden certificar que ejercían posesión material con ánimo de señor y dueño, tanto en 1980 como en el presente.

SEXTO: El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá dictó sentencia con fecha febrero 17 de 1981, declarando que el demandante EDILBERTO JIMÉNEZ había adquirido el lote PALERMO con prescripción extraordinaria de dominio y ordenó la inscripción del fallo en el libro respectivo de la oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, sin haber sido en ningún momento poseedor material de tales inmuebles.

SÉPTIMO: Todos los documentos, es decir, el proceso judicial, el folio de matrícula y la sentencia se mantuvieron ocultos por EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS, desde que tuvo el fallo en 1981, fecha en la cual se presentó a dicho predio el señor ROBERTO OSPINA de la firma UV VALORES Ltda. (…) a manifestar que sus clientes eran dueños de dicho terreno, el predio denominado PALERMO, el cual estaba para la venta y facilitó los documentos que aparentemente así lo demostraban, a saber: Escritura pública Nº 376 de marzo 8 de 1982 de la notaría veintidós (22) de Bogotá, por medio de la cual se protocolizaba la sentencia de pertenencia del proceso seguido por EDILBERTO JIMÉNEZ, protocolización que hizo JULIO ALFONSO VARGAS ROSAS y no EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS.

El señor ROBERTO OSPINA manifestó que obraba a nombre de FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ MORENO y ÁLVARO YAÑEZ PEÑARANDA, quienes decían ser los actuales propietarios, ya que le habían comprado a EDILBERTO JIMÉNEZ por escritura pública número 4683 de octubre 18 de 1989, de la notaría dieciocho de Bogotá. Ante este planteamiento se requirió al señor ROBERTO OSPINA para que facilitara los datos de residencia que permitieran contactar directamente a los presuntos dueños, pero no fue posible obtener que tales datos los entregaran.

(…) ante la existencia de doble titulación del mismo predio orientada a causar perjuicios a ELSA KOPP DE POMBO y a los demás causahabientes de Doña OLGA DÁVILA y ante el despojo que se pretende hacer, de unos terrenos que han estado en poder de doña OLGA DÁVILA y de sus causahabientes, ELSA KOPP DE POMBO, OLGA KOPP DE SAMPER, ALEJANDRO GÓMEZ KOPP, ÁNGELA GÓMEZ, DIANA GÓMEZ y MILENA GÓMEZ, quienes adquirieron los mencionados predios por una compra que le hicieron a OLGA DÁVILA DE LÓPEZ según escritura 1.107 de agosto 12 de 1987 de la notaría veintiocho de Bogotá, como se dijo, comprados inicialmente por Doña OLGA DÁVILA desde el año 1945, es que solicito que se sirva abrir la respectiva investigación para establecer cómo fue posible que se obtuviera sentencia de adjudicación sobre terrenos que han tenido una tradición jurídica completa desde el año de 1924 y han estado ocupados materialmente por mi familia desde el año 1945 y continúan estándolo en la fecha de esta denuncia”.

Como medida cautelar se solicitó:

“ordenar a la ofina de Instrumentos Públicos y Privados de Santa Fé de Bogotá, que se abstenga de efectuar inscripciones de cualquier naturaleza sobre el predio PALERMO en los folios de matrícula inmobiliaria Nº 050-0532095 y 050-0643754 a fin de evitar nuevas estafas por las posibles ventas parciales o totales de tales predios, con la sola doble titulación que son los únicos documentos que tiene el denunciado EDILBERTO JIMÉNEZ CORTES, ya que no tiene la posesión material”.

5. El 31 de enero de 1996, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá condenó al señor Edilberto Jiménez Cortés a la pena principal de 28 meses de prisión como autor material y responsable del delito de estafa agravada, con concurso homogéneo, de la que fueron víctimas los señores Elsa Kopp de Pombo, Alvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno. Así mismo, se lo condenó al pago de $ 173.600.000 a favor de los antes nombrados. En la misma providencia se lo absolvió del delito de fraude procesal al tiempo que se dispuso (fls. 16-36, cdno. 2; 4-24, cdno. 4 ):

“SÉPTIMO: Ordenar la cancelación de los registros Nº 050 N 532095 y 643754 abiertos en la oficina de instrumentos públicos —zona norte— de esta ciudad, el 2 de enero de 1980 y el 19 de octubre de 1992, respectivamente, al igual que la escritura pública Nº 4863 protocolizada el 18 de octubre de 1989 en la Notaría 18 de esta ciudad. Así mismo, disponer la liberación de los números de matrícula inmobiliaria 050 0038234 y 050 20038233. Ofíciese para los fines legales consiguientes a las entidades correspondientes”.

En la valoración probatoria el juez señaló:

“La materialidad del punible de estafa, uno de los delitos porque se le juzga a Edilberto Jiménez Cortés en esta causa, está fehacientemente demostrada a través del acervo probatorio allegado al plenario.

Es así como está acreditado que el prenombrado mediante abogado adelantó proceso de pertenencia del predio “Palermo” (…) con base en el el (sic) folio inmobiliario espurio Nº 050-532095, donde se consigna únicamente la inscripción de adjudicación de la sucesión de José Manuel Restrepo Pardo a sus herederas María Dolores y Francisca Restrepo Murrillo, correspondiéndole el diligenciamiento del proceso al Juzgado Sexto Civil del Circuito, obteniendo fallos favorables a sus pretensiones en primera y segunda instancia.

Pero este resultado favorable no lo logró el acusado mediante medios lícitos, puesto que para ello indujo en error al funcionario judicial al presentar en la demanda como prueba histórica del predio a usucapir un folio de matrícula apócrifo, pues en el figura únicamente la inscripción de la asignación mencionada, omitiendo las demás inscripciones de registros que presenta el citado predio y que están relacionados a folios 2,3,58,59 y 319, a más de valerse de declaraciones falsas como fueron las rendidas por (…) quienes depusieron mentirosamente ante el funcionario judicial sobre la posesión de dicho predio por parte del acusado, como ya se dijo, haciendo que se pronunciara en la forma que lo hizo, conociendo el acusado a ciencia cierta que sobre ese predio jamás había ostentado posesión alguna ni ejercido actos de señor y dueño.

Y prueba de ello es que al interrogársele en su injurada sobre los testigos que depusieron en el proceso de pertenencia, expresó su escaso conocimiento sobre ello, manifestando a la vez no conocer a los Pombo Kopp, cuando sabido es que esta familia conforme se desprende de las versiones de sus integrantes y que obran en el proceso, al igual que las de las personas que se desempeñaron como mayordomos del inmueble en comento, aseveran categóricamente que este nunca ha sido abandonado por sus dueños y que el incriminado no es conocido por ninguno de ellos.

Estas declaraciones de la familia y sus empleados desvirtúan las afirmaciones del acusado, en su segunda versión que contradice la primera, en el sentido que trabajó allí a órdenes de las señoritas Restrepo Murillo, hasta el año de 1954, cuando en realidad es que a partir de 1938, mediante escritura pública Nº 1109 de abril 28 de ese año, corrida en la Notaría 4ª de esta ciudad aquellas transfirieron la propiedad de ese predio, en permuta, a José Manuel Restrepo Pérez, quien a su vez lo transmitió mediante compraventa en el año de 1945 a la señora Olga Dávila de Kopp, conforme se desprende de la escritura pública Nº 979 de mayo 10, por lo que mal podrían tener las mencionadas Restrepo Murillo la disposición a título de propietarias o poseedoras de dicho globo de terreno en 1954. Es más, conforme a escritura Nº 1002 el 21 de junio de 1989 se efectuó la división material de los predios de la señora Olga Dávila de Kopp y otros, corrida en la Notaría Diez y Siete de esta ciudad, habiéndole correspondido el predio denominado “Palermo” a la señora Elsa Kopp, con lo que se desvirtúa la afirmación del incriminado de que tuvo bajo su dominio el citado predio a partir del año de mil novecientos cincuenta y cuatro, ejerciendo sobre el mismo actividades de señor y dueño.

Es más, la imposibilidad física de haber ejercido tal posesión se desprende del hecho que el acusado fue empleado público al servicio de la administración departamental de Cundinamarca desde 1938 hasta 1980 desempeñando cargos públicos en distintos municipios del departamento (…) tampoco demostró mediante prueba alguna que a partir de ese año hubiera tenido a su cargo o dependencia, personas que desempeñaran labores propias del citado predio (…)”.

6. El 24 de mayo de 1996, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en razón del recurso de apelación instaurado contra la anterior decisión, resolvió (fls. 37-58, cdno. 2; 26-47, cdno. 4):

“PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia apelada, respecto de las condenas por la estafa cometida contra ÁLVARO YÁÑEZ PEÑARANDA y FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ MORENO y en su defecto, absolver a EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS por este hecho.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva del fallo recurrido en el sentido de condenar a EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS a la pena de prisión de cieciséis (16) meses y ADICIONARLO, en cuanto también como pena principal se le condena a pagar una multa en favor del tesoro nacional por valor de un mil pesos como autor responsable del delito de estafa cometida contra el patrimonio económico de ELSA KOOP de POMBO.

(…).

TERCERO (sic). REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero del fallo atacado, en lo que tiene que ver con la condena en perjuicios por valor de $ 178.600.000 en favor de ÁLVARO YÁÑEZ PEÑARANDA y FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ MORENO, de conformidad con lo expuesto.

QUINTO. ACLARAR el numeral séptimo de la providencia recurrida respecto del folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-0038234, mencionado en la providencia recurrida y en su lugar declarar que el número de folio correcto es el 050-20088238.

SEXTO. CONFIRMAR, en todo lo demás el fallo atacado”.

En las consideraciones sostuvo el tribunal:

“I. ESTAFA CONTRA FÉLIX ALBERTO SÁNCHEZ MORENO Y ÁLVARO YAÑEZ PEÑARANDA:

(…).

En criterio de la sala este delito no se cometió y por el contrario, ante la falta de demostración de un previo acuerdo para cometer estafa contra la familia KOOP POMBO se incurrió fue en el delito de favorecimiento por parte de SÁNCHEZ y YÁÑEZ, al pretender hacer creer que son terceros adquirentes de buena fe, para así poder legalizar el bien de marras, pese a que ya se había estafado a los KOOP POMBO”.

II. ESTAFA COMETIDA A LA FAMILIA KOOP POMBO.

(…).

En este asunto, el procesado engañó al Juez Civil del Circuito al demandar en juicio de pertenencia a una persona distinta del verdadero dueño, a sabiendas de esa situación, para lo cual hubo de aportar un documento dubitativo por medio del cual se hacía constar falsamente que la dueña del inmueble multicitado era una persona distinta de quien, en verdad, ostentaba el derecho de propiedad. Dígase de otra manera que el proceso de pertenencia no fue sino parte de las maniobras del agente para obtener un provecho ilícito, esto es, que no fue sino una parte del iter críminis, el cual llegó a la consumación —el provecho ilícito— en el momento en que voluntariamente el procesado registró la sentencia que declaró la prescripción extraordinaria de dominio sobre una parte del predio PALERMO, lesionando el patrimonio económico de los verdaderos dueños (…)”.

7. El 17 de mayo de 2000, falleció el señor Elberto Jiménez Cortés (fl. 1, cdno. 2).

8. El 5 de octubre de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró extinguida la acción penal por muerte del procesado y en consecuencia dispuso la cesación del procedimiento seguido en contra del señor Jiménez Cortés en el marco del recurso de casación interpuesto por el defensor del inculpado y el apoderado de la parte civil Álvaro Yáñez y Félix Alberto Sánchez (fls. 59-62, cdno. 2; 78-81, cdno. 4).

9. El 23 de noviembre de 2000, la señora Elsa Koop de Pombo presentó escrito ante el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá dentro de la causa 651 adelantada en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés, en el que solicitó “ordenar a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá la cancelación de los registros que se hayan efectuado por razón del proceso de pertenencia que tramitó el sindicado en el Juzgado Sexto Civil del Circuito donde se dictó sentencia en las matrículas inmobiliarias Nº 50N-643754 y 50N-532095 y el penal promovido con base a la (sic) denuncia que instauré, en las matrículas inmobiliarias Nº 050-20038233, 050-20038234 y el levantamiento de la reserva judicial correspondiente” (fl. 80, cdno. 2).

10. El 24 de noviembre de 2000, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá profirió auto del siguiente tenor (fls 81-82, cdno. 2):

“OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por la Sala Penal del H.Tribunal Superior de este Distrito Judicial en sentencia fechada el 24 de mayo de 1996 y por la H. Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de esta anualidad con relación a la cesación de procedimiento por muerte del procesado EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS.

Por consiguiente, procédase a lo ordenado en el punto séptimo de la sentencia de primera instancia aclarado en segunda instancia como se informa secretarialmente en lo que respecta a la matrícula inmobiliaria 05020038234.

La solicitud elevada por la señora ELSA KOOP DE POMBO, queda atendida con lo decidido en acápite anterior

En cuanto al memorial suscrito por el abogado ALFONSO LÓPEZ ROSAS, por improcedente este Despacho se abstiene de emitir pronunciamiento sobre su petición de entrega de un título de depósito judicial depositado por el procesado EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS, en consideración a que carece de personería para actuar en este proceso, pues no es sujeto procesal y de otro lado las facultades otorgadas al defensor aún se encuentran vigentes”.

11. El 12 de diciembre de 2000, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá emitió el oficio Nº 4469 dirigido al jefe de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona norte, en el que solicitó “ordenar a quien corresponda, CANCELAR los registros inmobiliarios Nº 050 N 532095 y 643754, abiertos en esa oficina el 2 de enero de 1980 y el 9 de octubre de 1992 resepctivamente (sic)”. De igual manera disponer la LIBERACIÓN de los números de matrícula inmobiliaria números (sic) 050 20038234 y 050 20038233 (fl. 83, cdno. 2).

El mismo día, el juzgado emitió el oficio Nº 4470 dirigido a la Notaría Dieciocho de Bogotá para que se ordene a quien corresponda “CANCELARla escritura pública Nº 4683 protocolizada el 18 de octubre de 1989 en esa Notaría” (fl. 84, cdno. 2).

12. El 10 de enero de 2001, el Notario Dieciocho de Bogotá envió comunicación al Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá en la que remitió la primera copia de la escritura pública Nº 0022 de fecha enero 5 de 2001, por medio de la cual se protocolizó el oficio 4470 que ordenó la cancelación de la escritura Nº 4863 del 18 de octubre de 1989 (fl. 85, cdno. 2).

13. El 12 de enero de 2001, la secretaría del Juzgado Cincuenta y uno informó al juez (fl. 86, cdno. 2):

“(…) la señora OLAYA EUFROSINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, cónyuge supérstite del procesado EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS otorgó poder al profesional del derecho ADRIANO MUÑÓZ BARRERA, revocando el anterior conferido a ALFONSO LÓPEZ ROSAS quien a su vez había solicitado el 4-12-2000, la entrega del título judicial Nº 397607412. De otra parte solicitó la devolución del referido depósito judicial otorgado por Edilberto Jiménez Cortés, para lo cual autorizó al señor RICARDO SILVA BETANCOURT.

El mismo día, el juez dispuso:

“Visto lo informado por la secretaria el despacho reconoce al abogado ADRIANO MUNÓZ BARRERA como representante legal de OLAYA EUFROSINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en los términos del poder conferido. Y de conformidad con lo previsto por el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la entrega del título judicial número 397607412 del 5 de noviembre de 1993 y consignado a favor de la Fiscalía 211 de la unidad 9ª de patrimonio económico, previo oficio solicitando la conversión del depósito judicial. Lo anterior teniendo en cuenta que la investigación terminó con cesación de procedimiento” (fl. 86, cdno. 2).

14. El 18 de enero de 2001, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, denegó la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Yánez Peñaranda contra el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, por la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Para el efecto, señaló el tribunal que el actor carece de legitimidad e interés para solicitar la protección a la presunción de inocencia, en el marco de la causa penal adelantada en contra de un tercero. Especialmente señaló (fls. 63-71, cdno. 2):

“(…) el aquí accionante no tiene la calidad de afectado en cuanto (sic) a la reclamación hecha en torno a la presunción de inocencia, además no tiene la facultad legal ni contractual para reclamar su tutela en favor de un tercero, máxime cuando en favor de quien se solicita, la calidad de sujeto procesal opuesto en la actuación penal, en razón a que JIMÉNEZ CORTÉS (q.e.p.d.) tuvo la calidad de procesado, en tanto que el aquí accionante actuó como una de las víctimas; es decir, YÁÑEZ PEÑARANDA carece de legitimidad e interés para solicitar la protección a la presunción de inocencia en este caso.

(…).

En aplicación de las anteriores premisas en este asunto, se aprecia que el actor ALVARO YÁÑEZ PEÑARANDA reclama al juez de tutela, se declare sin efectos el auto del 24 de noviembre del pasado año, mediante el cual se ordenó el cumplimiento del numeral séptimo de la sentencia de primera instancia, con la aclaración introducida por el fallo de segunda instancia, en cuanto a la corrección de uno de los números de matrícula inmobiliaria, determinación que es del siguiente tenor: “Ordenar la cancelación de los registros Nº 050 N 532095 y 643754 abiertos en la oficina de registro de instrumentos públicos —zona norte— de esta ciudad, el 2 de enero de 1980 y el 19 de octubre de 1992, respectivamente, al igual que la escritura pública Nº 4863 protocolizada el 18 de octubre de 1989 en la Notaría 18 de esta ciudad. Así mismo, disponer la liberación de los números de matrícula inmobiliaria 050 0038234 y 050 20038233. Ofíciese para los fines legales consiguientes a las entidades correspondientes”, determinación esta con la cual, igualmente accedió a la petición de la denunciante ELSA KOOP DE POMBO”.

Es de esta determinación de la que el accionante pregona la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, que de conformidad con los elementos de juicio allegados al expediente, corresponde a una decisión judicial adoptada dentro de un proceso de conocimiento exclusivo de los jueces penales del circuito otorgada por la ley, en razón de los factores objetivos de competencia, como son el territorial y el de la cuantía del ilícito, decisión para la cual el funcionario accionado de conformidad con la actuación procesal surtida en el asunto, dispuso el cumplimientop (sic) de lo que coligió era procedente.

Ahora que si el auto por medio del cual se ordenó el cumplimiento del númeral (sic) séptimo de la sentencia de primera instancia, respecto al restablecimiento del derecho de la víctima del reato, reviste el carácter de trámite o de cúmplase, el cual no le da la posibilidad de recurrir, esta corporación, de conformidad con lo regulado en el artículo 304 del compendio procesal penal, considera que al evidenciarse la violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, como las que expone el accionante en el libelo, no es al juez de tutela a quien le corresponde resolver el conflicto surgido, sino mediante los medios de defensa judicial ordinarios y procedentes dentro de la misma actuación penal.

(…)”.

15. El 26 de enero de 2001, el apoderado de la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González solicitó al Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá la revocatoria del auto del 24 de noviembre de 2000, por medio del cual se ordenó dar cumplimiento al punto séptimo de la sentencia de primera insancia (sic), aclarado por el ad quem y en su defecto, se ordenara el archivo del proceso. Para el efecto, se refirió a la ejecutoria de las sentencias y puso de presente que, en vigencia del Decreto 2700 de 1991, la sentencia penal en contra del señor Edilberto Jiménez González quedaba ejecutoriada una vez se resolviera el recurso extraordinario de casación, pues el artículo 218 de la normativa en cita rigió hasta el 15 de enero de 2000, cuando entró en vigencia la Ley 553 de 2000 “cuya nota característica es que la casación deja de ser un recurso extraordinario y que procede contra las sentencias ejecutoriadas de segunda instancia dictadas por los tribunales superiores de distrito judicial” (fls 91-96, cdno. 2).

16. El 21 de febrero de 2001, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito se abstuvo de resolver la petición. Sostuvo (fls. 87-88, cdno. 2; 158-159, cdno.4):

“El doctor ADRIANO MUÑÓZ BARRERA obrando en representación de la señora OLAYA EUFROSINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ como cónyuge supérstite del otrora procesado EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS, peticiona revocar el auto de sustanciación emitidoeste (sic) Juzgado el 24 de noviembre de 2000, mediante el cual se dispuso el cumplimiento a lo ordenado en la sentecia (sic) de primera instancia y consiguiente archivo definitivo del proceso.

Resulta claro estimar que el mandato conferido a dicho profesional por la preanotada poderdante, no lo legitima para ejercer pretensiones dentro del presente proceso, porque de un lado, su mandante no es sujeto procesal y de otro, como bien lo reitera el memorialista en su escrito, la extinción por muerte del sindicado, si bien no “deshace todo lo actuado”, extingue sus derechos y obligaciones como sujeto pasivo de la acción penal y como sujeto activo del delito.

Lo anterior demuestra la carencia de interés jurídico del peticionario para actuar en el presente asunto y por ende abuso del derecho a litigar, por cuanto su pretensión sin señalar su objeto ni razón es manifiestamente improcedente en relación con la finalidad que legítimamente ofrecen las leyes rituales para el reconocimiento y efecividad de la defensa de los derechos.

Según el numeral 3º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en lo penal en virtud del principio de integración (C.P., art. 21) el juez tiene el deber de “prevenir y remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a la lealtad, probidad y buena fe que debe observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”.

Además es preciso acotar que, las causas de extinción de la punibilidad no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible (C.P., art. 109) cuyos representantes sí estarían legitimados para intervenir en este caso.

Por las anteriores consideraciones este despacho se abstiene de resolver la petición materia de este pronunciamiento”.

17. El 6 de marzo de 2001, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Yáñez Peñaranda; esto es por considerar que el actor no está legitimado para solicitar en nombre del señor Edilberto Jiménez Cortés la protección al derecho a la presunción de inocencia. Para el efecto precisó (fls 72-78, cdno. 2; 168-175, cdno. 4):

“(…) se concluye que el amparo solicitado por el señor Yáñez Peñaranda por el presunto desconocimiento de sus derechos de defensa y al debido proceso con ocasión del auto proferido por el juzgado el 24 de noviembre del año 2000, es improcedente porque, aún admitiendo que con su decisión el despacho habría incurrido en error pues, en verdad, la sentencia proferida no se hallaba en firme, lo cierto es que, como lo describe el propio demandante, la vía civil se encuentra expedita y hacia ella debe dirigirse en pro de sus derechos, ruta que, como lo demuestra en su demanda, le es bastante conocida. Dicho de otra manera, el quejoso goza de alternativa judicial, posibilidad que impide acudir al amparo en pos de medidas que de manera suficiente pueden ser pretendidas y tomadas en sede de derecho privado”.

El mismo día, el apoderado de la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González solicitó al Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá decretar la nulidad del auto del 24 de noviembre de 2000, por medio del cual se ordenó dar cumplimiento al punto séptimo de la condena proferida por el mismo despacho el 31 de enero de 1996, aclarado por el Tribunal Superior de Bogotá. Y, en consecuencia, se dispusiera el archivo del proceso. El interés jurídico lo fundamentó en la vulneración al debido proceso. Así mismo, retomó lo expuesto en relación con la ejecutoria de la sentencia (fls 97-109, cdno. 2).

18. El 7 de marzo de 2001, el juzgado dispuso estarse a lo resuelto en auto del 21 de febrero de 2001 en el que “en forma suficientemente explícita ha señalado su carencia de interés jurídico para actuar en el presente asunto, porque si bien se le reconoció como representante legal de la señora OLAYA EUFROSINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, esta no es sujeto procesal por tratarse de la esposa del procesado Edilberto Jiménez Cortés, por cuya muerte se declaró la extinción de la presente acción penal y por ende la representación de dicho profesional se concreta en recibir la caución prendaria prestada por el procesado y que fuera reclamada por su poderdante” (fl. 89, cdno. 2; 160, cdno. 4).

19. El 13 de marzo de 2001, el juzgado devolvió el memorial presentado por el apoderado de la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González (fl. 90, cdno. 2).

20. El 24 de mayo de 2001, la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González y su menor hijo, por conducto de apoderado, se dirigió comunicación al Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, para que expida certificación de la ejecutoria de la sentencia en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés (fl. 110, cdno. 2). La petición fue respondida el 11 de junio de 2001 en el sentido de recordarle, nuevamente, su falta de interés, en tanto no ostenta la calidad de sujeto procesal (fl. 111, cdno. 2).

21. El 30 de mayo de 2001, el mismo despacho, mediante oficio Nº 1436, ordenó al jefe de la oficina de registro de instrumentos públicos zona norte (fls. 91-92, cdno. 2):

“CANCELAR las anotaciones fraudulentas efectuadas en los registros inmobiliarios Nº 050 N 532095 y 643754 abiertos en esa oficina el 2 de febrero de 1980 y 19 de octubre de 1992, respectivamente y también disponer la LIBERACIÓN de los números de matrícula inmobiliaria números (sic) 050 20038234 y 05020038233.

De acuerdo a sus notas devolutivas de 29 de diciembre de 2000, del 18 y 19 de abril del presente año, preciso a usted al respecto lo siguiente, lo cual exige por esa entidad para el cumplimiento de lo anotado en el párrafo anterior.

1º Por existir duplicidad de los folios de matrícula inmobiliaria al mismo predio, se tiene que los números 050 N 532095 y 643754 fueron abiertos fraudulentamente el 02/01/1980 y 04/02/82, luego las anotaciones números 1 y 2 del primero y las 1, 2, 3, 4 y 5 del segundo son apócrifas, es decir, todo el documento o folios y por ende se deben cancelar conforme a lo ordenado en la sentencia.

2º Para lo anterior se remite fotocopia de la copia de la escritura pública Nº 0022 de enero 5 de 2001, por medio de la cual la Notaría 18 del Círculo de Bogotá, protocolizó la orden de este Despacho de cancelar la escritura pública Nº 4683 de octubre 18 de 1989 de la que trata la anotación Nº 5 de la matrícula 643754.

3º En lo atinente a la LIBERACIÓN de los números de matrícula inmobiliaria Nº 050 20038234 y 050 20038233, mediante el levantamiento o cancelación de la prohibición judicial de la anotación Nº 2 de fecha 18/01/1993 de cada una de las citadas matrículas ordenada por la Fiscalía General de la Nación por medio de oficio Nº 002 de enero 15 de 1993 de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal (…)”.

22. El 6 de junio de 2001, la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá incribió la orden anterior en los folios de matrícula Nº 50N-532095 y 50N-643754 así (fls. 133-136, cdno. 2):

ANOTACIÓN Nº 7 Fecha: 06-06-2001 Radicación 2001-29699

Doc: OFICIO 1436 DEL: 30-05-2001 JUZGADO CINCUENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO de BOGOTÁ D.C. (…).

Se cancela anotación Nº 1, 2.

ESPECIFICACIÓN: 670 CANCELACIÓN ANOTACIÓN FRAUDULENTAS # 1 Y 2 ESTE Y ORO-PROCESO: 651-

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (…)

DE JUZGADO 51 PENAL DEL CIRCUITO”.

23. El 26 de abril de 2002, la oficina de registro de instrumentos públicos zona norte de Bogotá respondió petición elevada por intermedio de apoderado. Se señaló (fls. 131-132, cdno. 2):

“1) El folio de matrícula Nº 532095 se encuentra activo pero figura una nota de advertencia que reza “FALSEDAD DOCUMENTO JUZGADO 51 PENAL DEL CIRCUITO 10-04-2001”. Contiene un tracto sucesivo de siete (7) anotaciones, la última de ellas obedece a la inscripción de una “cancelación” comunicada en oficio Nº 1436 del 30 de mayo de 2001, por medio del cual el juzgado en mención cancela las anotaciones 1 y 2 por ser fraudulentas.

Del mismo se segregó un predio indentificado (sic) con matrícula Nº 643754, cuenta con siete (7) anotaciones, la última de ellas obedece también al oficio Nº 14356 antes señalado, que cancela las anotaciones 1 a 5 de este folio, quedando vigentes las anotaciones seis (6) prohibición judicial de la Fiscalía General, y la siete (7) correspondiente a la cancelación proferida por el Juzgado 51 Penal del Circuito.

2) El folio fue abierto el 2 de enero de 1960 (sic-debe entenderse 1980(5)-), según turno de radicación 7990400.

3) Antes del 2 de enero de 1980, la única anotación existente es la primera (1ª), correspondiente a la escritura pública Nº 1105 del 6 de septiembre de 1924 de la Notaría 5ª de Bogotá, adjudicación de sucesión de JOSÉ MANUEL RESTREPO PARDO en favor de MARÍA DOLORES RESTREPO MURILLO y MARÍA FRANCISCA RESTREPO.

4) El folio de matrícula Nº 813261, fue abierto el 15 de agosto de 1984, según turno de radicación No. 84117820. Se encuentra activo y con cinco (5) anotaciones”.

24. El 12 de febrero de 2003, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió inhibirse de abrir investigación en contra de la Juez Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá. Para el efecto se sostuvo que la funcionaria procedió como correspondía en orden a proteger a la parte civil con independencia de la extinción de la acción penal. A la anterior decisión llegó dentro de la investigación adelantada por la denuncia formulada por la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González por intermedio de apoderado, por el delito de prevaricato. Se sostuvo que, dado que la sentencia de segunda instancia proferida en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés no quedó ejecutoriada no procedía disponer su cumplimiento (fls. 262-276, cdno. 9 2).

La decisión fue confirmada el 28 de abril de 2003 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pues “no es dable sostener que las decisiones de la juez MATILDE GÓMEZ DE AMAYA, a través de las cuales resolvió cumplir lo resuelto en las sentencias de primera y segunda instancia en relación con la cancelación y liberación de las matrículas inmobiliarias, así como la nulidad deprecada por el aquí denunciante, se revelen contrarias en forma manifiesta al derecho a la realidad procesal, que es la conducta reprimida en el artículo 149 del código penal vigente para la época de los sucesos que corresponde al 143 del estatuto actual, bajo la denominación jurídica de prevaricato por acción”.

Consideró la Fiscalía que la juez obró correctamente, en razón de que la acción civil no podía quedar en el limbo con la extinción de la acción penal por muerte del procesado, pues “el restablecimiento del derecho no es un concepto abstracto sino un principio de contenido jurídico que encuentra realización material dentro de toda actuación pues la ley le ordena de manera prerentoria al operador judicial adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos derivados de la comisión del delito, es decir, que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su ocurrencia”.

Y que “presentado el requerimiento a la juez ella debía proveer y el sentido de su decisión se muestra ajustado a lo que en el proceso se probó, pues insístase que la cesación devino como consecuencia de la muerte del procesado”.

De igual manera, señaló la falta de interés jurídico de la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González, dentro de la causa penal en tanto no ostenta la calidad de sujeto procesal (fl. 4-27, cdno. 7).

25. El señor Edilberto Jiménez Cortés fue cónyuge de la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González y padre de Camilo Alfonso Jiménez Rodríguez, según consta en los registros civiles allegados a la actuación (fl. 2-3, cdno. 2).

3.2.3. Cuestiones previas.

3.2.3.1. De la legitimación activa.

En el presente asunto se encuentra demostrado que, con fundamento en la denuncia formulada el 24 de enero de 1992 por el señor Ernesto Pombo Koop, en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, el 31 de enero de 1996, condenó al señor Edilberto Jiménez Cortés a la pena principal de 28 meses de prisión como autor material y responsable del delito de estafa agravada, con concurso homogéneo, de la que fueron víctimas Elsa Kopp de Pombo, Alvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno. Se pudo establecer que el sindicado adulteró documentos para obtener sentencia declaratoria de pertenecia a su favor. En consecuenia, se dispuso, además de la pena, la cancelación de dos folios de matrícula inmobiliaria y la liberación de otros dos porque, “este resultado favorable no lo logró el acusado mediante medios lícitos, puesto que para ello indujo en error al funcionario judicial al presentar en la demanda como prueba histórica del predio a usucapir un folio de matrícula apócrifo, pues en el figura únicamente la inscripción de la asignación mencionada, omitiendo las demás inscripciones de registros que presenta el citado predio y que están relacionados a folios 2, 3, 58, 59 y 319, a más de valerse de declaraciones falsas como fueron las rendidas por (…) quienes depusieron metirosamente ante el funcionario judicial sobre la posesión de dicho predio por parte del acusado, como ya se dijo, haciendo que se pronunciara en la forma que lo hizo, conociendo el acusado a ciencia cierta que sobre ese predio jamás había ostentado posesión alguna ni ejercido actos de señor y dueño”.

De igual manera se encuentra acreditado que el 24 de mayo de 1996, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá i) revocó parcialmente el numeral primero de la sentencia apelada, en tanto no encontró demostrada la estafa respecto de los señores Álvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno; ii) modificó el numeral primero de la parte resolutiva del fallo en el sentido de disminuir la pena de prisión a dieciséis (16) meses; iii) adicionó la decisión en orden a imponerle al procesado multa en favor del tesoro nacional como autor responsable del delito de estafa, contra el patrimonio económico de Elsa Koop De Pombo; iv) aclaró el numeral séptimo de la providencia recurrida respecto del folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-0038234, para precisar que se trataba del Nº 050-20088238. Para el efecto sostuvo el tribunal que “el procesado engañó al Juez Civil del Circuito al demandar en juicio de pertenencia a una persona distinta del verdadero dueño, a sabiendas de esa situación, para lo cual hubo de aportar un documento dubitativo por medio del cual se hacía constar falsamente que la dueña del inmueble multicitado era una persona distinta de quien, en verdad, ostentaba el derecho de propiedad. Dígase de otra manera que el proceso de pertenencia no fue sino parte de las maniobras del agente para obtener un provecho ilícito, esto es, que no fue sino una parte del iter críminis, el cual llegó a la consumación —el provecho ilícito— en el momento en que voluntariamente el procesado registró la sentencia que declaró la prescripción extraordinaria de dominio sobre una parte del predio PALERMO, lesionando el patrimonio económico de los veraderos dueños (…)”.

Ahora bien, aunque al plenario no se allegó la integridad del proceso penal, adelantado en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés y particularmente nada se conoce del contenido del recurso de casación, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia declaró extinguida la acción penal por muerte del procesado Edilberto Jiménez Cortés y la consecuente cesación del procedimiento, en el marco del recurso interpuesto por el inculpado y los señores Álvaro Yáñez y Félix Alberto Sánchez, en calidad de parte civil.

Así mismo, los registros civiles dan cuenta de que el señor Edilberto Jiménez Cortés falleció el 17 de mayo de 2000. Esto último estando en curso el recurso de casación. Al igual que sobre la calidad de cónyuge de la señora Olaya Eufrosina Rodríguez González e hijo de Camilo Alfonso Jiménez Rodríguez.

Conforme lo expuesto, para la Sala no cabe duda que los señores Olaya Eufrosina Rodríguez González y Camilo Alfonso Jiménez Rodríguez cónyuge e hijo, en tanto con interés sobre la masa sucesoral del señor Jiménez Cortés ostentan legitimación en la causa de que trata este asunto; esto es, sobre los efectos patrimoniales de la decisión adoptada por el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de noviembre de 2000, por medio de la cual se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por la Sala Penal del H.Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en sentencia fechada el 24 de mayo de 1996 y por la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de esta anualidad, con relación al cumplimiento del punto séptimo de la sentencia de primera instancia aclarado en segunda instancia, en lo relativo a la cancelación y liberación de folios de matrícula inmobiliaria del predio denominado “Palermo”.

Al respecto esta corporación ha precisado(6):

“La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda —legitimación por activa— frente a quien fue demandado —legitimación por pasiva—. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva) es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.

Así las cosas, es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si la entidad demandada es la llamada a responder por aquella. Ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda”.

Así pues, en el presente caso y en razón de que la posesión de la herencia se adquiere por ministerio de la ley, tal como lo dispone el artículo 783 del Código Civil, dada la muerte del señor Edilberto Jiménez Cortés, quien para cuando la delación aconteció figuraba en los folios de matrícula inmobiliaria afectados con la decisión del Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de noviembre de 2000, para la Sala la legitimación de los accionantes en este asunto es clara.

No ocurre lo mismo respecto del reparo planteado en la demanda a la condena proferida por el juez penal, en razón de la prescripción de la acción; si se considera que, amén de la extinción de la misma, la investigación penal y las decisiones relativas a la conducta punible devienen en intransmitibles.

3.2.3.2. De la caducidad de la acción.

El recurso de apelación se soporta en que el a quo declaró de oficio la caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo el tribunal que el daño alegado se concreta en la pérdida de la propiedad del inmueble a la que corresponden los números de matrículas 050N-532095 y 643754, dada la cancelación de las anotaciones dispuesta el 24 de noviembre de 2000 y la demanda de reparación se presentó el 9 de mayo de 2003, esto es superado el bienio concedido en el ordenamiento jurídico para acceder a la justicia en orden a obtener reparación del daño alegado.

Por su parte la actora insiste en que la demada se presentó en tiempo “aunque el 24 de noviembre del 2000 se dictó un auto de sustanciación que (…) lo claro y categórico es que solo se hizo efectivo mediante los oficios Nº 4469 del 12 de diciembre de 2000 y 1436 del 30 de mayo de 2001”.

Ahora, se encuentra probado que el 24 de noviembre de 2000, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior, en sentencia fechada el 24 de mayo de 1996 y por la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de esta anualidad, con relación a la cesación de procedimiento por muerte del procesado Edilberto Jiménez Cortés. Al tiempo procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en el punto séptimo de la sentencia de primera instancia, aclarado en segunda instancia y dispuso la cancelación y liberación de los folios de matrícula inmobiliaria Nº 050 N 532095 y 643754 050 20038234 y 050 20038233”.

Así mismo, se logró probar que el 12 de diciembre de 2000, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá emitió el oficio Nº 4469 con destino a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona norte, así: i) “Ordenar a quien corresponda, CANCELAR los registros inmobiliarios Nº 050 N 532095 y 643754, abiertos en esa oficina el 2 de enero de 1980 y el 9 de octubre de 1992 respectivamente”; y ii) disponer la LIBERACIÓN de los números de matrícula inmobiliaria números (sic) 050 20038234 y 050 20038233. Se conocen también las notas devolutivas de la oficina de registro, y que al respecto el 30 de mayo de 2001, mediante oficio Nº 1436 el despacho ordenó al jefe de la oficina de registro de instrumentos públicos zona norte “CANCELAR las anotaciones fraudulentas efectuadas en los registros inmobiliarios Nº 050 N 532095 y 643754 abiertos en esa oficina el 2 de ebero de 1980 y 19 de octubre de 1992, respectivamente y también disponer la LIBERACIÓN de los números de matrícula inmobiliaria números (sic) 050 20038234 y 05020038233”.

Ahora bien, en razón de la petición elevada por la actora, la oficina de registro de instrumentos públicos zona norte de Bogotá precisó que la decisión de cancelación de los registros de los folios de matrícula Nº 532095 y 643754 se dio con ocasión del oficio Nº 1436 del 30 de mayo de 2001 emitido por el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá.

Así las cosas, para la sala es claro que el daño del que depreca responsabilidad la actora tiene que ver con la anotación del 6 de junio de 2001 (anotación Nº 7) en atención a la comunicación emitida por el juzgado el 30 de mayo de 2001 en oficio Nº 1436, pues, si bien el 24 de noviembre de 2000 el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá emitió un auto en el que dispuso cumplir lo ordenado, en el punto séptimo de la sentencia de primera instancia aclarado en segunda instancia relacionado con la cancelación y la liberación de folios de matrícula inmobiliaria Nº 050 N 532095 y 643754; 050 20038234 y 050 20038233”, la oficina de registro le dio cumplimiento a la orden el día antes señalado, ante la insistencia del juzgado para el cumplimiento de la orden contenida en oficio Nº 1436.

De acuerdo con lo anterior, a partir de entonces (6 de junio de 2001) se inició el contéo de la oportunidad para reclamar por el daño que la decisión del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá podría haber causado. Al respecto ha señalado esta corporación(7):

“Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Así las cosas, como la demanda se presentó el 9 de mayo de 2003 y las anotaciones en los folios de matrícula Nº 050 N 532095 y 643754 se efectuaron el 6 de junio de 2001, los actores accedieron a la justicia dentro del bienio concedido por la ley.

3.2.4. Caso concreto.

Ahora bien, la actora depreca reparación de los perjuicios sufridos como consecuencia del trámite y posterior actuación de la causa 651 llevada en el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, en contra del señor Edilberto Jiménez Cortés(8), en tanto dicho juzgado emitió la orden de cancelación de anotaciones contenidas en los folios Nº 050N-532095 y 643754, lo que dio lugar a la pérdida para el haber sucesoral del derecho de dominio del bien inmueble denominado “PALERMO”.

Es importante precisar que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270/96) en el artículo 65 desarrolló tres eventos a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

En sentencia del 11 de mayo de 2011 esta corporación expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la administración de justicia”.

(…).

Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”(9).

A su vez, en cuanto al indebido funcionamiento de la administración de justicia, la providencia en comento, se precisó:

“En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos a consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyen error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial”.

Ahora, en el sub lite se encuentra acreditado que el 5 de octubre de 2000 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró extinguida la acción penal por muerte del procesado Edilberto Jiménez Cortés y en consecuencia dispuso la cesación del procedimiento seguido en su contra; que, el 23 de noviembre de 2000, la señora Elsa Koop de Pombo solicitó al Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá “ordenar a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá la cancelación de los registros que se hayan efectuado por razón del proceso de pertenencia que tramitó el sindicado en el Juzgado Sexto Civil del Circuito donde se dictó sentencia en las matrículas inmobiliarias Nº 50N-643754 y 50N-532095 y el penal promovido con base a la (sic) denuncia que instauré, en las matrículas inmobiliarias Nº 050-20038233, 050-20038234 y el levantamiento de la reserva judicial correspondiente” y que el 24 de noviembre de 2000, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá al tiempo que dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 24 de mayo de 1996 y por la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre, con relación a la cesación de procedimiento por muerte del procesado Edilberto Jiménez Cortés, resolvió dar cumplimiento al punto séptimo de la sentencia de primera instancia, en lo que respecta a la matrícula inmobiliaria 05020038234.

Decisión que, como quedó explicado se ejecutó el 6 de junio de 2001, con la inscripción del oficio Nº 1436 librado por el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, mediante el cual se ordenó al Jefe de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte “CANCELAR las anotaciones fraudulentas efectuadas en los registros inmobiliarios Nº 050 N 532095 y 643754 abiertos en esa oficina el 2 de ebero (sic) de 1980 y 19 de octubre de 1992, respectivamente y también disponer la LIBERACIÓN de los números de matrícula inmobiliaria números (sic) 050 20038234 y 05020038233”.

En este orden corresponde a la sala determinar el daño antijurídico alegado por la actora concretado en la pérdida y despojo del bien inmueble adquirido por su cónyuge y padre de quien, a tiempo de la cancelación apareció como adquirente del bien, por haberlo poseído de acuerdo con las previsiones legales, según lo declaró el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 17 de febrero de 1981, confirmada el 3 de junio del mismo año por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, anotada en los folios varias veces relacionados; no obstante ningún elemento de prueba se aportó sobre el despojo o pérdida aludida.

En efecto, la actora no evidenció que adelantado el proceso o trámite de sucesión correspondiente se causó daño registral, ante la imposibilidad de registrar los derechos patrimoniales reconocidos en los folios antes aludidos.

Esto es así porque en consideración al daño alegado, consistente en la pérdida y despojo del bien inmueble, adquirido por los demandantes en razón de la muerte de su cónyuge y padre, como consecuencia de la cancelación de la anotación relacionada con la declaración judicial de la pertenencia a favor del señor Edilberto Jiménez Cortés, es importante distinguir el derecho de propiedad, la posesión y la función registral.

En sentencia de unificación, la Corte Constitucional analizó los tópicos relacionados con la propiedad y la función registral así(10):

“Definición del derecho de propiedad

1. El concepto de propiedad puede estudiarse a partir de dos visiones: una clásica-absoluta y otra moderada-limitada. En la orilla clásica se encuentra el profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO para quien la propiedad “(…) es el derecho real por excelencia, el más completo que se puede tener sobre un objeto. Los otros derechos reales se deducen de él y son, por tanto, sus desmembraciones.”(11). Por su parte, WOLF considera que la propiedad “(…) es el más amplio derecho de señorío que puede tenerse sobre una cosa.”(12).

El profesor VALENCIA ZEA expresaba que “La propiedad privada representa el imperio de la libertad, esto es, el dominio más completo de la voluntad sobre las cosas. Es más: el propietario no solo tiene libertad o dominio sobre las cosas existentes, sino, especialmente, la de producir nuevas cosas.”(13).

Esta definición, que para algunos autores es decimonónica(14), está contenida en el artículo 669 del Código Civil, en el que se entiende el derecho de propiedad como un “(…) derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

2. Sin embargo, TERNERA BARRIOS considera que contrario a lo afirmado anteriormente, existe una visión moderada y limitada del concepto de propiedad en el sentido que el derecho de dominio se ejerce dentro de diversos límites legales y constitucionales(15). A partir de lo anterior, la doctrina propone dos lecturas del concepto de propiedad, la primera: concebida como la propiedad-libertad, basada en el concepto clásico del mismo fundado en tres poderes dominicales: el uso, goce y disposición, vistos como un conjunto de permisiones o libertades heterogéneas ofrecidas exclusivamente a su titular. El segundo concepto visualiza el dominio como propiedad-afectación a partir de su función social y ecológica, puesto que la propiedad está sometida a intereses generales y sociales, tales como el techo o vivienda, lo productos que conforman la canasta familiar, servicios públicos, el medio ambiente, etc.(16).

3. En ese orden de ideas, recientemente esta corporación en Sentencia C-410 de 2015(17) manifestó que la propiedad privada es un derecho subjetivo que tiene una persona sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para el uso, goce, explotación y disposición de la misma, con pleno respeto de sus funciones sociales y ecológicas.

(…).

La función registral

(…).

4. Los fines del registro se concretan en(18): i) Servir de medio de tradición de los derechos reales sobre bienes inmuebles, incluido el dominio, conforme al artículo 756 del Código Civil; ii) otorgar publicidad a los actos jurídicos que contienen derechos reales sobre bienes inmuebles; iii) brindar seguridad del tráfico inmobiliario, es decir protección a terceros adquirentes; iv) fomentar el crédito; y v) tener fines estadísticos.

(…).

5. El sistema de registro en Colombia inicialmente fue regulado por el título 43 del libro 4º (arts. 2637 a 3682) del Código Civil. En el año 1932, la Ley 40 de esa misma fecha, organizó la matrícula de la propiedad inmueble. Esta disposición tuvo vigencia hasta el año 1970, momento en que fue expedido el Decreto 1250 de 1970.

Esta norma rigió hasta el 1º de octubre de 2012, tras la expedición de la Ley 1579 de 2012, actualmente vigente.

(…).

6. En conclusión, la función notarial en Colombia cumple con unos fines específicos entre los que se encuentran la publicidad y la seguridad del tráfico inmobiliario. Así mismo, está regida por los principios de legalidad y de buena fe. El registro, entonces, ha sido objeto de regulación por el Código Civil, la Ley 40 de 1932, el Decreto 1250 de 1970 y actualmente por la Ley 1579 de 2012”.

Ahora, en relación con la posesión esta corporación ha señalado(19):

“La posesión entendida como la relación material que establece el sujeto con el objeto sobre el que ejerce actos de señorío o dominio, con independencia de la titularidad del derecho real, en tanto exteriorizada públicamente —nec clam— impone, con efectos erga omnes, el deber de respeto. De donde deviene que, antes que la necesidad del otorgamiento de un título estatal, la notoriedad de la posesión que detenta el hombre honesto —condición que debe presumirse de toda persona— es el elemento fundamental sobre el que se enarbola la protección de su señorío y se vincula jurídicamente a los demás, esto es hace exigible el deber de respetar el derecho, constituido o aparente, que ejerce el poseedor.

Ahora bien, en los ordenamientos jurídicos de tradición latina —civil law—, como el colombiano, la posesión constituye el elemento principal sobre el que se organiza el derecho real de dominio, si se considera que i) las distintas formas válidamente aceptadas por las que un sujeto entra en posesión de las cosas explican la adquisición del derecho; ii) en la posesión se exterioriza el dominio y iii) la protección de la propiedad se hace eficaz principalmente mediante el amparo de la posesión (…).

Define el artículo 762 del Código Civil la posesión como la tenencia de una cosa con ánimo de señor y al tiempo dispone que quien posee se reputa dueño, hasta que otro no demuestre sobre el mismo bien un mejor derecho y, acorde con el artículo 775 de la misma codificación, la “mera tenencia” es la que no se ejerce como dueño, sino a nombre y por cuenta de este”.

Así las cosas, para la sala es claro que los actores no demostraron que la orden de cancelación de las anotaciones registrales a nombre de su cónyuge y padre le haya causado el despojo y la pérdida del inmueble al que se refieren los folios. Como quiera que los demandantes no fungían como titulares de derechos reales inmuebles o gravámenes, a tiempo de la cancelación, de donde la decisión contenida en el oficio Nº 1436 del 30 de mayo de 2001 del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá relativa a cancelar las anotaciones en los folios de matrícula Nº 050 N 532095 y 643754 ningún efecto sobre su patrimonio se les puede atribuir. Aunado a que la misma orden no comporta despojo de la posesión o tenencia sobre el inmueble descrito en los hechos, como lo alegan los demandantes. De manera que dada la ausencia de daño la sala confirmará la decisión, con fundamento en las consideraciones expuestas.

Aunado a lo anterior, es importante recordar que si lo que se busca es la protección al derecho real de dominio y/o de la posesión debe acudirse a otros medios de defensa de naturaleza civil y/o administrativos.

Finalmente, no se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

CONFIRMAR, conforme las consideraciones expuestas, la sentencia proferida el 16 de junio de 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

5 Anotación propia del documento en cita.

6 Consejo de Estado. Sentencia del 1 de octubre de 2014. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

7 Consejo de Estado. Sentencia del 15 de octubre de 2015. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

8 El estudio se hace al margen de la presunción de inocencia del señor Edilberto Jiménez Cortéz, la que solo podia (sic) quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que tuviese ese carácter y en este caso estaba pendiente de resolver el recurso de casación cuando se declaró la cesación del procedimiento por muerte del procesado.

9 Sentencia del 11 de mayo de 2011. Magistrada Ponente Ruth Stella Correa Palacio.

10 Corte Constitucional. SU 454 del 25 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella Ortíz Delgado.

11 Velásquez Jaramillo L.G. Bienes. Duodécima Edición. Editorial Temis. Bogotá. 2010. Pág. 199.

12 Wolf. M. Tratado de derecho civil alemán. T.III, Vol. 1, Derecho de cosas, Barcelona, Bosch casa editorial, pág. 13. Citado en Velásquez Jaramillo, Ob. Cit. Pág. 199.

13 Valencia Zea A. y Ortiz Monsalve A. Derecho Civil, Derechos reales Tomo II, Décima Edición. Temis. Bogotá. 1999, Pág. 118.

14 La expresión es utilizada por el autor Francisco Ternera Barrios en la obra bienes, segunda edición, Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2013. Pág. 135.

15 Ternera Barrios F. Bienes, Segunda Edición, Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2013, pág. 135-137.

16 Ibídem. págs. 137 a 146.

17 M.P. Alberto Rojas Ríos.

18 Ternera Barrios Op. Cit. pág. 404.

19 Consejo de Estado. Sentencia del 9 de octubre de 2014. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Exp. 22980.