SENTENCIA 2003-00964/37624 DE DICIEMBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 2003-00964/37624 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Rad.:19001-23-31-000-2003-00964-01 (37624)

Actor: María Claudia Mosquera Jaramillo y Otros

Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia(1), tal como fue entendida por 14 Sala Plena, la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta Corporación.

2. Caducidad de la acción.

La jurisprudencia ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(2).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad, “por dos años, tres meses y diecinueve días”, que afectó a la señora María Claudia Mosquera Jaramillo.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resultó acreditado que la antes nombrada estuvo detenida entre el 11 de mayo de 1999 y el 30 de agosto de 2001(3). Igualmente se conoce que mediante Sentencia del 29 de junio de 2001 proferida por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali la sindicada fue absuelta con el argumento y aplicación del principio in dubio pro reo, ejecutoriada el 29 de agosto de 2001 —folio 53 cuaderno principal del tribunal—. De manera que, como la demanda se presentó el 18 de julio de 2003, se colige que lo fue dentro del término establecido en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub examine, establecido que la señora María Claudia Mosquera Jaramillo fue privada de su derecho fundamental a la libertad, a causa de la medida de aseguramiento proferida en su contra, en el marco de un proceso penal por la comisión del delito de peculado por apropiación por extensión como cómplice, ella misma, sus hijas, esposo, madre y hermanas deben ser indemnizados, para lo cual menester, establecido el daño determinar la conducta de la antes nombrada, con el fin de descartar el dolo y la culpa grave, a efectos de establecer el derecho a la reparación.

4. Análisis del caso.

4.1. De la legitimación por activa.

4.1.1. Obra en el plenario registro civil de matrimonio de los señores Carlos Eduardo Cruz López y María Claudia Mosquera Jaramillo, del que se colige la legitimación por activa del señor Cruz López para acudir al asunto de la referencia en calidad de cónyuge —folio 15 del cuaderno de pruebas del Tribunal Administrativo—

4.1.2. Obra, también, registro civil de nacimiento de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, del que se colige la legitimación por activa de la señora María Margarita Jaramillo para acudir al asunto de la referencia en calidad de madre —folio 13 del cuaderno de pruebas Tribunal Administrativo—.

4.1.3. Obran en el proceso, registros civiles de nacimiento de María José Cruz Mosquera y Manuela Cruz Mosquera, hijas de María Claudia Mosquera Jaramillo y Carlos Eduardo Cruz López —folio 16 del cuaderno de pruebas Tribunal Administrativo—

4.1.4. Así, mismo obran registros civiles de nacimiento de Margarita Rosa Otero Jaramillo e Isabel Cristina Otero Jaramillo, hermanas de María Claudia Mosquera Jaramillo —folios 18 y 19 del cuaderno de pruebas Tribunal Administrativo—.

4.1.5. Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santiago de Cali 29 de junio de 2001 que resolvió absolver a la señora María Claudia Mosquera Jaramillo por aplicación del principio in dubio pro reo, en consideración a que, del análisis de las pruebas aportadas, no se llegaba a la certeza de la existencia de una conducta dolosa en el actuar de la acusada. En otras palabras, surgió la duda respecto de la existencia del dolo, no solo por la relación familiar y afectiva que la unía con su tío Octavio Jaramillo Tovar, sino además por el “trastorno de personalidad dependiente” que se generó con ocasión del secuestro que sufrió por 56 días “pues esta fue secuestrada el 18 de noviembre de 1994 y liberada 56 días después, es decir a mediados del mes de enero de 1995 y un mes después aparece firmando las primeras solicitudes bancarias”—

En consecuencia, no ignora las secuelas que dejó dicho suceso que padeció. Aunado a ello agregó que no se probó que María Claudia hubiera participado en alguna reunión donde se hubiera generado su actuar para la obtención de los créditos.

Resolvió: “Primero. —Absolver a María Claudia Mosquera Jaramillo, nacida en Bogotá C.C. el 11 de octubre de 1967 identificada con la cédula de ciudadanía 34.550.943 de Popayán (Cauca), hija de Aníbal Mosquera Caicedo y María Margarita Jaramillo Tovar, Abogada egresada de la Universidad de San Buenaventura de esta ciudad de Cali, casada, residente en la “Casa del señor Carlos de Hormaza, frente a “Torremolinos”, barrio Campo Bello en Popayán (Cauca), de los cargos como cómplice del delito de peculado por apropiación le fueron formulados por la Fiscalía Seccional Quinta de Bogotá en la Resolución clasificatoria del 18 de agosto de 1999, por las razones ampliamente expuestas en la parte considerativa de este pronunciamiento. Segundo. —conceder a María Claudia Mosquera Jaramillo, el beneficio de libertad provisional con fundamental en el numeral 3º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, debiendo suscribir esta diligencia en la que se compromete a cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 419 ibídem, lo que garantizará mediante caución prendaria que se fija en cincuenta millones de pesos ($50.000.000.00) valor que deberá consignar en la Sección de Depósitos Judiciales del Banco Agrario a nombre de este Juzgado. Este compromiso mantendrá vigente hasta tanto quede en firme esta sentencia. Tercero. —como quiera que la procesada cumple su detención domiciliaria en Popayán (Cauca) comisiónese al Juzgado Penal del Circuito —Reparto— de esa ciudad, a fin de que se notifique a María Claudia Mosquera el contenido de este fallo, así como para la suscripción de la diligencia compromisoria previa la constitución de la caución prendaría por el valor aquí señalado. Cumplido con ello, el comisionado expedirá la correspondiente orden de excarcelación a favor de la señora Mosquera Jaramillo”.

4.2. Hechos probados.

4.2.1. Esta probado que el 5 de mayo de 1999, la Fiscalía Quinta Especializada en los Delitos contra la Administración Pública de Santafé de Bogotá, Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, definió la situación jurídica de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, medida que sustituyó por detención domiciliaria por el delito de peculado por apropiación por extensión, cometidos en la modalidad de concurso real, sucesivo homogéneo de hechos punibles. Así mismo impuso medida de aseguramiento consistente en caución prendaría, como presunta cómplice de los delitos de falsedad en documento privado, cometidos en la modalidad de concurso real, sucesivo y homogéneo de hechos punibles, caución que fue fijada por la suma de un millón de pesos.

Se abstuvo de decretar el embargo y secuestro de bienes y prohibió la salida del país de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo. —Folios 94 al 101 Cdno. 2—

Como argumentos de su decisión expuso:

(...) siendo que la participación del cómplice debe ser necesariamente dolosa debemos aclarar que las explicaciones entregadas a la Fiscalía por la doctora Mosquera Jaramillo no son de cabal aceptación, en cuanto tiene que ver con la confianza extrema que depositó en su tío, tamaño descuido en sus negocios y asuntos pecuniarios no es creíble en una persona con tan alto bagaje cultural, tratándose además, de una abogada, conocedora de los negocios de la familia, como quiera que fue inclusive, empleada de la sociedad familiar de la cual, además, era la mayor accionista.

De lo anterior, se suma el claro conocimiento que tenia de la constitución de las empresas “de papel” denominadas Cofisanti S.A. y Punto Centro S.A. pues sus escrituras de constitución aparecen suscritas por ella, siendo la segunda mayor accionista.

Por las anteriores consideraciones, no puede predicarse que la ingenuidad de la doctora María Claudia llegara hasta el extremo de firmar documentos en blanco sin saber las consecuencias de sus actos, por el contrario, alude haberse enterado, por expresión verbal de su tío Octavio José, que las aceptaciones bancarias eran una forma más económica y ágil de obtener créditos bancarios, dinero que, a la vez, habría de ser invertido en materiales destinados a la construcción.

Luego, la sindicada tenía pleno conocimiento de su participación en los delitos en que incurría su tío en calidad de autor, y colaboró eficazmente en la consecución de los fines, por cuanto no es lógico creer que una persona ilustrada en las áreas jurídicas no se hubiera cuestionado sobre la legalidad que tenía, o no, el hecho de haber suscrito varias de las aceptaciones por fuera de las instalaciones del Banco Central Hipotecario, tanto en su propio hogar en Popayán, como en las oficinas del doctor Jaramillo Tovar, hasta ese punto llegó la “confianza” de los funcionarios del Banco Central Hipotecario?

Se colige, de lo escrito en precedencia que entre los doctores Jaramillo Tovar y Mosquera Jaramillo, existió un acuerdo de voluntades o por lo menos un convenio, para obtener fácilmente dinero de las arcas del Banco Central Hipotecario, habiendo dirigido sus voluntades hacía la realización de los fines delictivos propuestos y queridos tanto por el autor como por la cómplice, de manera directa y no como simple representación (dolo eventual), ya que una de las primeras beneficiadas con el producto de los actos era, precisamente, una de las mayores accionistas de las empresas para las cuales supuestamente, estaban destinados los recursos crematísticos”.

4.2.2. Se conoce, también que el 18 de agosto de 1999, la Fiscalía Quinta Delegada ente los Jueces Penales del Circuito de Bogotá profirió resolución de acusación en contra de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, como cómplice responsable del hecho punible de peculado, en la modalidad de concurso real, homogéneo y sucesivo, con fundamento en que, conforme a las pruebas practicadas en la investigación penal se llegó a la conclusión de que existió un acuerdo previo con su tío allá incursión en el delito, para que ella procediera a suscribir las solicitudes de aceptaciones bancarias como los títulos valores.

Así mismo, declaró la preclusión a favor de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad personal, con el argumento de que se encontró plenamente probado que la sindicada no cometió los aludidos delitos. Señaló —folios 106 a 122 cuaderno del Tribunal—

“En el presente caso, hubo intención desde un principio, por parte de Jaramillo Tovar, de incurrir en la apropiación indebida, es decir, en retener definitivamente los dineros otorgados por el Banco Central Hipotecario, a través de las aceptaciones bancarias, si se tiene en cuenta que previo al desembolso de los dineros, tanto él como su sobrina María Claudia, sabían que los bienes ofrecidos en garantía no eran suficientes para respaldas dichas obligaciones, a lo cual se sumaba el deplorable estado financiero de las empresas, en las cuales la doctora Mosquera Jaramillo no solamente tenía importante participación, sino que actuaba en calidad de empleada de una de las mismas.

Sin embargo, en cuanto tiene que ver con las aceptaciones bancarias expedidas a solicitud de María Claudia Mosquera era previsible para ella que las mismas se habrían de cancelar con la aprobación de nuevas aceptaciones, con lo cual quedaría a “paz y salvo” con la institución así se hubiera producido una oquedad mayor que las procedentes, dado los valores de comisión, impuestos y aumento de capital proporcional en cada aceptación otorgada.

(...) entre los doctores Octavio Jaramillo Tovar y María Claudia Mosquera Jaramillo, existió un acuerdo previo a la incursión en el delito, para que ella previos los argumentos especulativos propios del iter crimins, procediera a suscribir tanto las solicitudes de aceptaciones bancarias como estos títulos valores.

Es sencillo de explicar el acuerdo, teniendo en cuenta que un profesional del derecho, como lo es la doctora María Claudia, en momento alguno va a suscribir títulos valores en blanco, muy a pesar de toda la confianza que hubiera podido depositar en su tío y casi padre Octavio Jaramillo.

Es decir, la doctora Mosquera Jaramillo conocía a plenitud que estaba incursionando en los campos del derecho penal y, de manera voluntaria e inteligente, dirigió su comportamiento hacía la comisión del delito (…).

Aparece en autos claramente demostrado que el comportamiento de la procesada María Claudia Mosquera Jaramillo, se circunscribe a la definición que del hecho punible por el que se procede hace, inequívocamente él Código Penal, así como la antijuricidad de su comportamiento, debido a que con sus actos vulneró el bien jurídico tutelado por el Código Penal, cual es el de la Administración Publica, sin que en autos aparezca prueba indicativa que hubiera podido actuar determinada por una cualquiera de las causales de justificación del hecho de que se ocupa el artículo 29 del Código Penal.

Finalmente, se encuentra debidamente probado, que la sindicada Jaramillo Tovar actuó dentro de la forma dolosa de la culpabilidad, debido a que en el momento de incurrir en el delito, a manera de cómplice, tenía cabal conocimiento que su comportamiento era contrario a la legislación sustantiva penal, y no obstante dirigió su conducta de manera inteligente y voluntaria había la consumación del hecho punible.

(...) no aparece en el expediente prueba indicativa de la existencia de causal alguna de inculpabilidad, de que se ocupa el artículo 40 del Código Penal.

(…) El haber admitido que su tío llenara los espacios en blanco, es circunstancia a su participación en el momento de la consumación del hecho, ya que precisamente en estos consistió su colaboración, en permitir que su firma fuera utilizada para los fines que ella sabía extraños a la normatividad, pues no es creíble que le hubiera parecido “normal”, a toda una profesional del derecho, firmar las solicitudes de aceptaciones bancarias y estas mismas en blanco, además muchas de ella por fuera de las instalaciones de la entidad crediticia”.

(...) El no haberse preocupado por conocer el monto de las aceptaciones bancarias a ella otorgadas, pese a los dieciocho meses transcurridos entre la primera y la última de las aceptaciones bancarias demuestra, contrario a lo manifestado por el señor Defensor, un total desinterés por el daño que podía causar con su comportamiento, y eventualmente podría ubicarla dentro de la tercera circunstancia de agravación punitiva de que trata el artículo 66 del Código Penal.

(...) Resta aludir que si la sindicada tenía la confianza depositada en su pariente, en el sentido que los dineros procurados fácilmente a través de las aceptaciones bancarias habían de servir para sacar adelante sus empresas, como se explica que, con posterioridad a las primeras aceptaciones bancarias, y luego de observar que no entraba dinero ni a “su precaria cuenta corriente ni en la cuenta de la Sociedad Campamento”, se siguiera ella prestando para burlar los intereses del Banco”.

Respecto al delito de falsedad en documento privado y de la falsedad personal expuso:

(...) Se refiere la primera, a las facturas cambiarlas de compraventa, que fueron presentadas al Banco Central Hipotecario por Octavio Jaramillo Tovar, y la segunda clase de falsedad, relacionada con la supuesta suplantación de las personas beneficiarias de las aceptaciones bancarias, por parte del mismo sindicador.

En ambos casos, es claro para la Fiscalía que la doctora María Claudia Mosquera no ejerció actos en ninguna de las formas de participación del delito.

Resuelve: primero: dictar resolución de acusación en contra de la sindicada maría Claudia Mosquera Jaramillo, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.550.943 de Popayán (Cauca), de condiciones civiles y personales conocidas en autos, como cómplice responsable del hecho punible de que se ocupa el Código Penal en su Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero, bajo la denominación jurídica y genérica de peculado, en la modalidad de concurso real, homogéneo y sucesivo, de hechos punibles, ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar; plasmados en la presente resolución. Segundo: delarar(sic) extinguida la presente acción penal y en consecuencia decretar la preclusión de la instrucción a favor de la procesada María Claudia Jaramillo Mosquera, únicamente por los delitos presuntos de falsedad en documento privado y falsedad personal, por encontrarse plenamente comprobado que dicha indicado no cometió los aludidos delitos y por las razones expuestas en la presentes providencia”.

4.2.3. Se conoce que, mediante providencia proferida el 25 de enero de 2000, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali, negó por improcedente la solicitud de libertad provisional planteada por la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, con el argumento de que no era la oportunidad procesal para hacerlo, en el entendido que debió realizarse, en el término para interponer recursos contra la resolución de acusación, providencia que ya quedó ejecutoriada y ante la cual mostró su conformidad. Esta decisión fue apelada por la señora María Claudia y confirmada por el ad quem con el argumento que no cumplía con los presupuestos para que fuere otorgado dicho beneficio.

4.2.4. Se sabe que el 10 de abril de 2000, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali negó el recurso de reposición contra auto proferido el 6 de marzo de 2000, que da cuenta del pronunciamiento sobre la negativa ante la solicitud de libertad provisional de la señora Mosquera Jaramillo. En sede de apelación el Tribunal Superior del Distrito de Santiago de Cali, Sala Penal, revocó la decisión y concedió a la señora María Claudia Mosquera Jaramillo la libertad provisional bajo caución prendaria de $100.000.000.oo., precisando que cancelada la caución se libraría la correspondiente boleta de excarcelación.

Frente a dicha decisión la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, solicitó sustitución de la caución prendaria por juratoria o la reducción de la caución impuesta por una que se ajustara a su situación económica real. Solicitud que fue negada.

4.2.5. Es claro que el 29 de junio de 2001, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santiago de Cali resolvió absolver a la señora María Claudia Mosquera Jaramillo por el cargo de cómplice del delito de peculado por apropiación, para el efecto se consideró que no quedó plenamente demostrado que la acusada hubiera actuado con dolo cuando suscribió las aceptaciones bancarias, por lo que dio aplicación al principio de in dubio pro reo, dado que existían razones para presumir que no tenía conocimiento que su tío estaba procediendo de manera ilícita, en el entendido que éste se estaba aprovechando de las circunstancias tanto afectivas como síquicas que presentaba la señora Mosquera Jaramillo al momento de los hechos.—folios 20 al 51—

“(...) al revisar los cuadernos anexos número 28 y 29, encontrado copias de las 84 aceptaciones bancarias que entre el 15 de febrero de 1995 y el 20 de agosto de 1996 suscribió la doctora María Claudia Mosquera Jaramillo, así como la documentación requerida para el trámite de las mismas, a saber, las facturas a pagar con esas, los correspondientes pagarés y las cartas de instrucciones para llenar esos (...)”.

No podemos desconocer bajo ningún punto de vista que las aceptaciones bancarias suscritas por la Doctora María Claudia Mosquera Jaramillo hicieron parte de toda una serie de solicitudes que en el discurrir del tiempo ejecutara el gestor de los créditos, y que contribuyeron a que anormalmente el B.C.H. desembolsara la suma de dos mil veinte millones de pesos, y que no solamente fue anómalo el tramite dado a esos créditos, sino que se utilizaron documentos falsos para su obtención pues las facturas soportantes de los valores requeridos y girados no reflejaban la realidad ya que se trataba de inexistentes suministros de materiales de construcción, libradas esas por quienes en modo alguno eran proveedores de esos.

Es un hecho que la procesada María Claudia Mosquera Jaramillo contaba con razones suficientes valederas para confiar en Octavio José Jaramillo Tovar, pues no se trataba solamente de su tío, sino que afectivamente y emocionalmente representaba éste muchísimo más que ello, es decir reflejaba para ella la figura paterna, toda vez que haciendo un recuento de su vida perdió la procesada a su padre cuando contaba con apenas 4 meses de nacida, por lo que quedó al cuidado de sus abuelos maternos (padre de Octavio), máxime cuando posteriormente su madre contrajo nuevas nupcias y se trasladó a Medellín, lo que Significa que nació y creció al lado de Octavio quien junto con los abuelos adoptó la figura paterna para María Claudia, situación ésta que se acrecentó aún más cuando falleció Octavio Jaramillo Mora (el abuelo), asumiendo ahora enteramente Octavio José Jaramillo Tovar rol de padre y protector, aprehendiendo además el manejo del capital de María Claudia contenido en su participación dentro de la empresa “Inversiones Campamento Ltda.”, pues se le designó como representante legal de esa y de otras sociedades que a partir de esta se constituyeron.

En el proceso, a través de la Historia Clínica correspondiente al tratamiento siquiátrico a que hubo de someterse María Claudia y conforme lo conceptuó el Siquiatra, Doctor Gerardo Campo Cabal en la vista pública, se hace referencia a “un trastorno de personalidad dependiente”, fruto de la formación misma de la procesada, así como de las secuelas propias del hecho de haber sido objeto de un secuestro; elementos estos que avivaron esa confiabilidad, al punto de acceder a firmar toda esta serie de documentos sin escudriñar en el trasfondo de los mismos, pues la relación familiar y ese especial afecto de María Claudia hacia su tío Octavio José, impedía que existiera cualquier asomo de duda respectos del comportamiento, manejo y utilización que éste le diera a los dineros que se obtenían a través de las aceptaciones bancarias cuyas solicitudes y títulos suscribía la ahora acusada a petición de su tío. Es de aclarar que no se trata de un dictamen, sino de un concepto, pues como lo explicó el mismo Doctor Campo Cabal, no es él un siquiatra forense, pero, su exposición contiene una serie de situaciones y circunstancias que no deben dejarse pasar por alto, por cuanto las mismas reflejan aspectos atinentes a la personalidad de la acusada, por lo que esos conceptos ameritan ser tenidos en cuenta por este administrador de justicia.

Es de advertir que no todas las facturas anexas a las solicitudes aparecen firmadas por la acusada, y si bien las que ella signa no eran expedidos por verdaderos proveedores, sino que provenían de personas a las que Octavio José había inducido a firmarlas pidiéndoles que suscribieran esas exponiendo para ello argumentos que tocaban la economía de los suscribientes, pues aducía que se trataba de obtener dineros para págale a ellos, ello en modo alguno implicaba el que conociera las ilícitas intenciones de su tío, máxime cuando las sumas de dinero que a ella corresponde, totalizadas en dos mil veinte millones de pesos, estarían suficientemente respaldadas con las garantías con las que se contaba, además de que lo hacía convencida de que efectivamente se invertían en las obras que en esos momentos adelantaban.

(...) todo parece apuntar a que Octavio José Jaramillo Tovar utilizó a María Claudia, aprovechando la oportunidad que le brindó el nefasto suceso acaecido en la vida de su sobrina, pues esta fue secuestrada el 18 de noviembre de 1994 y liberada 56 días después, es decir a mediados del mes de enero de 1995 y un mes después aparece firmando las primeras solicitudes bancarias, las que fueron giradas por el B.C.H. el 15 de febrero de 1995 y además, fue en esa misma época, concretamente en el mes de marzo de esa anualidad, mes y medio después de su liberación, que se constituyen las sociedades Cofisanti y Punto Centro, llamadas por la Fiscalía como “empresas de fachada”, situación ésta que fue tenida como argumento sobre la cual se edificó la presunción de responsabilidad de la acusada, pero en cuyo análisis se omitió escrutar en las situaciones personales y síquicas de la procesada.

(...) no se analiza en la acusación las especiales circunstancias que se presentaban para la señora Mosquera Jaramillo, es decir, esos factores a que hemos venido haciendo alusión, de un lado la confianza que tenía en Octavio José por todo lo que éste representaba para ella y de otro lado, su estado psicológico pues las secuelas emocionales del plagio de que fue víctima indudablemente podrían incidir en este aspecto (...) que ese mismo estado podía permitir que de una manera más fácil el gestor de la empresa criminal obtuviera el “concurso” de María Claudia, convenciéndola de las bondades de esta forma de crédito necesarios para el desarrollo de las obras que adelantaba sus empresas, sin que necesariamente tuviera que advertir propósito ilícito en ello.

(...) la única intervención de María Claudia en la obtención de estos créditos consistía en seguir las instrucciones de su tío, representante legal de las empresas que tenían constituidas, y suscribir las solicitudes y las aceptaciones bancarias. Hasta allí llegaba su actuación pues de ahí en adelante todos los demás tramites los adelantaba el mismo Octavio, a quien se le facilitaba ello por ser miembro de la junta directiva del banco. Y es que no miente la enjuiciada cuando asegura que firmaba en blanco los títulos, los pagarés y las cartas de instrucciones, pues, quienes en alguna ocasión hemos accedido a créditos bancarios somos conocedores de que la mayoría de los documentos que se suscriben en el trámite de esos se firmaban en blanco, de ahí que el hecho de firmar documentos en tales condiciones no significa que de suyo la ahora acusada debía advertir que se estaban gestando actuaciones ilícitas, es decir que por actuar de esa manera no necesariamente deba deducírsele responsabilidad.

El hecho de que hubiese obtenido el título de abogada, no demuestra de por sí un actuar doloso, pues ello no era óbice para que pudiese ser objeto de un engaño nos preguntamos ¿Cuántos abogados resultan siendo estafados o engañados? Acaso el hecho de que sean abogados y conocedores de las leyes impiden que sean víctimas de alguna artimaña? No, ello no es obstáculo para que sean engañados, máxime si el ardid proviene de alguna persona en la que tenga confianza.

Octavio José Jaramillo Tovar, gozaba de un buen nombre, era una persona de gran reputación, calidades que lo habían llevado a ser nombrado como miembro de la Junta Directiva del Banco Central Hipotecario. (...) además de la confianza depositada en éste, impedían que evidenciara que éste tuviera como finalidad desfalcar el patrimonio del banco estatal, y si durante dieciocho meses suscribió esos documentos, (...) en modo alguno se enteró de que existía una deuda progresiva(4), pues el banco no le hizo requerimiento alguno que indicara que los créditos correspondientes a las aceptaciones bancarias por ella solicitadas, estaban en mora. Estos aspectos conllevaban a que María Claudia Mosquera Jaramillo no dudara de su tío quien la convencía de que se trataba de créditos legalmente obtenidos y oportunamente cancelados hasta que ya a mediados del año 1996, se percató de algunos manejos irregulares que su tío le estaba dando a las empresas, por cuanto algunos bienes que pertenecían a esos se encontraban radicados en cabeza de Octavio, anotando que le reclamó por su patrimonio realizando algunas negociaciones para recuperar su patrimonio, alguna de ellas incumplidas (...).

En el proceso no sale evidencia alguna que indique que los dineros llegaron a manos de María Claudia, pues era Octavio quien a partir de la expedición de las aceptaciones procedía a negociar esos títulos valores.

(...) en el caso de María Claudia Mosquera Jaramillo surge la duda respecto de la existencia del dolo, no solo por la relación familiar y afectiva que le unía a su tío Octavio, sino además por la “dependencia” que hablaba los dos psiquiatras, en la historia clínica y en la declaración rendida en la vista pública, pues no puede desconocerse ése “trastorno de personalidad dependiente” advertido en ella como potencialmente ingerente en su actuar, pues no puede ignorarse las graves secuelas que en la acusada necesariamente hubo que dejar el hecho aciago de su secuestro, más aún cuando a las consecuencias mismas de su violenta retención se le unía el temor constante producido por el suceso de su liberación por parte de las autoridades, es decir sin pago de rescate, circunstancia esta que conlleva a que la víctima sufra el temor constante de una retaliación por parte de los plagiarios. En parte alguna del plenario se tiene conocimiento de que María Claudia hubiera intervenido o participado en alguna reunión donde se hubiese gestado todo este actuar y sobre todo el trámite que se seguiría para la obtención de los créditos.

En los argumentos expuestos en la sentencia determina que la procesada María Claudia Mosquera Jaramillo contaba con razones suficientes valederas para confiar en Octavio José Jaramillo Tovar, pues no se trataba solamente de su tío, sino que efectivamente y emocionalmente representaba éste mucho más que ello, dado que para ella reflejaba una figura paterna.

Finalmente concluye que del análisis de las pruebas allegadas al proceso, no se llegó a la certeza de la existencia de una conducta dolosa en el actuar de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, por lo que la absolvió bajo la aplicación del principio in dubio pro reo previsto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/1991), de los cargos de cómplice del delito de peculado por apropiación por extensión que le endilgara la Fiscalía Seccional Quinta de Bogotá en resolución de acusación el 18 de agosto de 1999, al respecto indicó:

“Es que no quedó plenamente demostrado que la acusada Mosquera Jaramillo actuara con dolo cuando suscribió las aceptaciones bancarias a que se contrae este asunto, pues existen sobradas razones para presumir que desconocía si su tío Octavio Jaramillo Tovar procedía anormalmente, por cuanto hipotéticamente éste se aprovechaba de las circunstancias afectivas y síquicas que presentaba en la enjuiciada, quien no solamente le profesaba afecto, respeto y confianza, sino que, había creado una personalidad dependiente acrecentada con el suceso de su secuestro a razón a las secuelas que un acto de esta naturaleza deja.

(...) Es que existe evidencia de que haya participado en la gestión o tramite de la gran cantidad de créditos que le fueron otorgados por el B.C.H a Octavio José Jaramillo Tobar (sic), pues suficiente se encuentra demostrado dentro de los autos que toda esa gestión era adelantada directamente por el mismo Octavio José, hasta el punto que dejaba la papelería en la entidad bancaria incluso con instrucciones indicando que María Claudia vendría y firmaría todo (ver folio 78 cuaderno de anexo 28), sin que signifique que el hecho de suscribir las aceptaciones implique la existencia de un acuerdo previo para la irregular obtención de los créditos, pues debe tenerse en cuenta que era Octavio Jaramillo Tovar no solamente el representante legal de las sociedades, sino, quien tomaba todas las decisiones en razón de las facultades a él otorgadas, explicando la aquí acusada que confiando en aquel hombre que era casi su padre, no dudaba en modo algún o del proceder de éste. Es decir que al acceder a suscribir las finalidades de su tío, en este caso, la obtención de créditos para efectos de las obras de construcción que se adelantaban. El acuerdo previo implica que se actúe con el conocimiento pleno que se está contribuyendo a la realización de un hecho punible, es decir que se actúe con dolo, que es el ingrediente que no está plenamente demostrado en estos autos, generándose la duda en torno al mismo, lo que ha llevado a que se pronuncie esta instancia absolviendo a María Claudia Mosquera Jaramillo (...).

Máxime si tenemos en cuenta que no está demostrado que el dinero de los créditos fuese a parar en poder de la acusada, pues quien aprehendía al final las aceptaciones no era otro que el mismo Octavio Jaramillo Tovar.

En consecuencia a la absolución, concedió el beneficio de la libertad provisional a la señora María Claudia Mosquera, la que garantizaría mediante caución prendaria que fijó en cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

4.2.6. Declaraciones rendidas ante el a quo, por la señora Alina Mosquera Chaux, prueba que respalda el elevado grado de afectación de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, su .madre, esposo e hijas por la medida de restricción de su libertad —15 a 17 cuaderno de pruebas—.

De Carlos Alberto Castellanos Gómez, amigo de la familia Cruz Mosquera, relación que le permitió conocer de cerca el grado de afectación de la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, de su esposo e hijas durante el periodo en que cumplió su detención domiciliaria —27 a 29 cuaderno de pruebas—.

El médico ginecólogo Antonio José Solarza, quien atendiera para la fecha en que estaba privada de la libertad a la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, testificó sobre el grado de estrés y afectación moral que observó en su paciente, hecho que en su criterio le provocó un aborto espontáneo en el mes de marzo de 2001 —18 a 20 cuaderno de pruebas—.

5. Consideraciones generales.

5.1. Del principio de libertad.

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta complicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de Derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(5).

El principio de libertad y autonomía que, como ya se ha dicho, está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos o libertades fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, la salvaguarda del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el art 28 de la Carta Política que prevé:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

El artículo antedicho comprende por una parte, el reconocimiento de la libertad y, por otra, la aceptación de que la misma puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Ahora bien, en tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida, Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: él de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el Servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(6).

5.2. Connotaciones jurídicas de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo. 

Lo dicho hasta el momento debe alertar sobre la irrelevancia jurídica que en el caso sub lite comporta el hecho de que la absolución proferida por el juez penal obedeciera a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, a la constatación de la insuficiencia del material probatorio para superar el umbral de la duda razonable:

En efecto, el respeto a la libertad previsto en la Constitución impide distinciones de los alcances de la presunción de inocencia de suerte que tanto en el caso de las sentencias proferidas en virtud de la duda, como en todos los demás supuestos de daño causado por un agente estatal, no cabe discutir su antijuricidad, puesto que solo quien es condenado debe soportar la privación de su libertad.

5.3. La autonomía del juicio de responsabilidad.

De conformidad con las disposiciones del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —se destaca—, “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Conforme con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la privación de la libertad deviene en injusta cuando se precluye la investigación en favor del procesado o se lo absuelve porque el Estado, a través de la autoridad penal, no desvirtuó la presunción de inocencia que constitucionalmente protege la libertad de las personas, sin que de ello se siga indefectiblemente la reparación. Esto es así porque, acorde con la norma traída a colación, fundada en la culpa grave y el dolo, es claro que se impone al juez de la responsabilidad el análisis de los hechos, al margen de la presunción de inocencia y los imperativos de legalidad, juez natural, favorabilidad y non bis in ídem que la inspiran.

Esto es, para efectos de la reparación es menester considerar i) el descuido o negligencia del encargado en el cumplimiento de los deberes, en la vigilancia, cuidado o pericia, en los que no habrían incurrido las personas negligentes o de poca prudencia en sus actuaciones —culpa grave, equivalente al dolo— y ii) —se destaca “...la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (art. 63, C.C.), al margen de los elementos que configurados legitiman la pérdida de la libertad, habida cuenta que se trata de valorar la conducta de quien reclama como víctima de cara a los deberes de convivencia y respeto por los derechos de los otros y no del infractor de una conducta típica, antijurídica y culpable. Casos en los que, de conformidad con las disposiciones del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, “(...) se exonerará de responsabilidad al Estado”.

5.4. Dolo o culpa grave del actor.

Lo anteriormente dicho puede matizarse con la consideración de que, si bien el art. 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo, debe analizarse en conjunto con las normas constitucionales que imponen, igualmente, deberes imperativos de buena fe, colaboración con la administración de justicia, no abuso y respeto mutuo bajo las previsiones legales que excluyen la posibilidad de abogar a favor no obstante conductas calificadas como culpa grave o dolo, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto la Sala analizará en el caso bajo estudio la conducta desplegada por la actora, para así, mismo, establecido como se conoce que fue privada de la libertad y no obstante absuelta, determinar la obligación de reparar, a la luz de los artículos 90(7), 83(8) y 95(9) constitucionales, a cuyo tenor si bien el Estado debe reparar los asociados están en el deber de actuar de buena fe, respetando las reglas de convivencia y colaboración con la administración de justicia, con sujeción al respeto por el derecho ajeno y no abuso del propio.

6. Consideraciones sobre el caso concreto.

En primer lugar y dada la autonomía del juicio de responsabilidad y los principios de Juez natural, presunción de inocencia y no dos veces por lo mismo, se encuentra que ningún pronunciamiento corresponde a la Sala sobre las decisiones adoptadas en materia penal, no obstante se tiene probado en el plenario que la señora María Claudia Mosquera Jaramillo estuvo privada de la libertad por “dos años tres meses y diecinueve días” durante los cuales permaneció con detención domiciliaria en su casa de habitación en la ciudad de Popayán (Cauca) conocida como “la casa del señor Carlos Hormaza” ubicada frente a Torremolinos, barrio Campamento Bello, por consiguiente, se impone concluir que la señora Mosquera Jaramillo no estaba en la obligación de soportar la pérdida de su libertad, sin que por ese solo hecho puede abogar a su favor el pago de una indemnización, probado como se encuentra que firmó aceptaciones bancarias en blanco, sin respaldo económico afectando los intereses estatales, de donde se concluye grave incumplimiento de sus deberes, en la vigilancia cuidado y pericia de los bienes propios al punto de afectar patrimonio estatal, en materia grave. El calificativo se deriva de su calidad de abogada y así mismo conocedora de los documentos que suscribía —aceptaciones bancarias, pagares y las cartas de instrucciones—, y del compromiso de firmar en blanco. Sin que para el caso resulte admisible el trastorno de personalidad al que se alude como exculpación.

Se observa sí grave negligencia, en el manejo de los negocios propios y ajenos por parte de la actora, dado que ordinariamente las personas defienden lo propio, máxime cuando se encuentra que la señora María Claudia Mosquera se presenta corno la mayor accionista de la sociedad Campamento Ltda., quien ejercía a su vez el cargo de suplente del representante legal, por lo que le asistía la obligación de actuar con el deber de cuidado exigido, no obstante suscribió las aceptaciones bancarias en blanco ante el Banco Central Hipotecario con total descuido de sus funciones y del manejo de los dineros pertenecientes al Estado; esto es, sin verificar y vigilar la destinación de esos dineros, sin el cuidado y sin control sobre los mismos, pese a que contaba con los conocimientos propios respecto al tráfico y manejo de los títulos valores, siendo una persona calificada que, de acuerdo con el cargo que ostentaba en la empresa, preparación profesional, calidad de socia, le correspondía una mayor responsabilidad, por lo que se impone que actuó con culpa grave consistente en que no manejó los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, aunado a que actuó con negligencia en el manejo de las actividades comerciales.

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil es claro para la Sala que María Claudia Mosquera desatendió las obligaciones que le eran exigibles como representante legal, mayor accionista de la empresa y como abogada conocedora de los manejos tanto de la empresa como las implicaciones de firmar títulos valores en blanco, en tanto capacitada, calificada de acuerdo a su formación profesional; es así que le asistía el deber de cuidado tanto en sus negocios propios como en los ajenos, adicional a que como socia, tenía el pleno derecho de inspección y vigilancia, previsto en los artículos 369(10) y 447(11) del Código de Comercio, que faculta a los asociados para examinar directamente o mediante delegado los libros y comprobantes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, a efectos de que puedan conocer la situación financiera de la compañía en la cual realizaron sus aportes.

En este entendido, no puede escudarse la señora María Claudia Mosquera Jaramillo, en el desconocimiento de la ley por la confianza que profesaba a su tío especialmente cuando era una abogada titulada y con conocimiento de la materia, en especial de las obligaciones que genera suscribir unas aceptaciones bancarías y más aún suscribirlas en blanco.

Coloraría a lo anterior, no desconoce la Sala que en el ejercicio de su cargo como representante legal suplente en la Sociedad Comercial, y también con conocimiento de causa por su profesión estaba al tanto de que las personas que se hayan desempeñado como representante legal, revisor fiscal de una compañía o empleado de la misma, deben responder por las irregularidades jurídicas, contables, económicas o administrativas presentadas en la sociedad durante el período en el cual ejercieron sus cargos. Es así, que en el estatuto comercial se establece que:

ART. 200.—Los administradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos”.

Si bien es cierto, que dicho actuar descuidado y negligente no comprometió la responsabilidad penal de la actora, teniendo en cuenta que fue absuelta con aplicación de principio in dubio pro reo y, en razón ello, no se le desvirtuó su presunción de inocencia, pues el tipo penal aplicable al asunto exigía elementos adicionales —subjetivo—, esto es el dolo; en el entendido que no se logró probar si la señora Mosquera Jaramillo al momento de suscribir las aceptaciones bancarias lo hizo con conocimiento y voluntad para cometer el ilícito, por la gran confianza que ésta le tenía a su tío “figura paterna” y por el trastorno de personalidad dependiente que padeció a causa del secuestro —concepto médico que no tuvo la respectiva valoración por parte de medicina legal—, para efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado es claro que la conducta desplegada por la señora María Claudia Mosquera Jaramillo no se acompasa al modelo de conducta del representante legal (suplente) de una sociedad comercial acorde con las disposiciones y requisitos previstos en la legislación.

Ahora, se debe tener en cuenta que para demostrar los conceptos de dolo o culpa en sede de responsabilidad del Estado debe acudirse a las normas propias del derecho civil. Al respecto, ha dicho esta Corporación:

Para responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala(12) ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (...).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado corno culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto o previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(13).

Lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad. Así las cosas, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que fue la que ahora, y desde la perspectiva civil, se califica como conducta dolosa o gravemente culposa de la persona privada de la libertad, la que llevó a la autoridad correspondiente a imponer dicha privación, absteniéndose de valorar si, desde el punto de vista penal, esa conducta daba lugar o no a la detención.

De manera que si bien, la señora Mosquera Jaramillo alega haber padecido trastorno como consecuencia de un presunto secuestro, este elemento no deviene en suficiente causal de justificación, acorde con su formación, funciones desempeñadas y su nivel profesional. Para efectos de la reparación es menester considerar el descuido o negligencia del encargado en el cumplimiento de los deberes, en la vigilancia, cuidado o pericia, en los que no habrían incurrido las personas negligentes o de poca prudencia en sus actuaciones.

Ahora bien, si la señora María Claudia Mosquera Jaramillo no se sentía en sus mejores condiciones, al momento de suscribir las aceptaciones bancarias, y previo concepto médico siquiatra —abril de 1995—, teniendo además conocimiento de lo que padecía, ha debido delegar a una persona de su confianza, o haber solicitado de un suplente previa presentación de la incapacidad. Debió además informar la situación y negare a suscribir las aceptaciones bancarias; ya que no estaba obligada a continuar en el ejercicio de sus funciones, aún más por cuanto tampoco demostró que contra esta se estuviera ejerciendo fuerza que anulara su autonomía de la voluntad.

Siendo así, la responsabilidad extracontractual de la administración no resulta comprometida si se considera que la señora María Claudia Mosquera Jaramillo quien ostentaba la calidad de empleada, representante legal suplente y además abogada, conocedora del derecho, firmó aceptaciones bancarias, sin respaldo comprometiendo el patrimonio estatal por 18 meses —15 de febrero de 1995 y el 20 de agosto de 1996—, sin el cuidado debido que aún personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

En razón a lo anterior, es claro que la conducta desplegada por parte de la abogada, accionista y empleada Mosquera Jaramillo, en el marco de los hechos por los que fue investigada puede catalogarse como culposa a la luz del artículo 63(14) del Código Civil y en consecuencia se revocará la decisión y en su lugar se denegaran las pretensiones de la demanda.

8. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia de 6 de agosto de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con ocasión de la privación de la libertad de que fue víctima la señora María Claudia Mosquera Jaramillo.

2. NEGAR las súplicas de la demanda.

3. No hay condena en costas

En firme esta providencia, remítase la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1. “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.

2. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 36473 C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, expediente 40324 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

3. Según constancia de Reclusión de Mujeres la Magdalena de la ciudad de Popayán, suscrita por la asesora jurídica de ese centro de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC (fI. 54).

4. “Aquí debemos hacer claridad que los valores de las aceptaciones bancarias se cancelaban con otras que paulatinamente se iban suscribiendo, por lo que no era fácil detectable ni para el mismo banco, y si ello salió a la luz fue ya en el año 1997 cuando a Octavio Jaramillo Tovar, mediante otro sistema de crédito a tres años de plazo, el Gerente Regional del B.C.H., le hizo prestamos por valores superiores diecisiete mil millones de pesos. Ello significa que los valores concernientes a las aceptaciones suscritas por María Claudia habían sido canceladas.”

5. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida cómo intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones. (Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

6. Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las Comisiones, Art. 90, Sesión Comisión 1, Mayo 6, pág. 4.

7. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

8. Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

9. Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos corno fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

10. Artículo 369. Derecho de inspección de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía.

11. Artículo 447. Derecho de los accionistas a la inspección de libros. Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los accionistas en las oficinas de la administración, durante los quince días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea.

12. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01 (17933), C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

13. Ibídem.

14. Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en una intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.