Sentencia 2003-00972 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 31516

Radicado: 250002326000200300972 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Alber Giovanny Beltrán Amaya y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

15. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(1).

II. Validez de los medios de prueba

16. En el proceso obran algunos documentos en copias simples aportadas por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias solo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(...).

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(...).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (...).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (...)(2).

17. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que las partes no se pronunciaron al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

III. Hechos probados

18. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

19. Para el mes de abril de 2002 el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya laboraba en la Policía Nacional, en el cargo de subintendente, en el programa de Bogotá Solidaria, con una asignación mensual de un millón treinta y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 1.036.255) (extracto de la hoja de vida expedido el 18 de junio de 2002 por la secretaría general-Grupo archivo general de la Policía Nacional, fl. 14, cdno. 2; certificación original expedida por la especialista asesora primera de la tesorería de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional el 4 de junio de 2004, fl. 172, cdno. 2).

20. El 4 de abril de 2002, el fiscal jefe de la unidad contra el secuestro y la extorsión de la Fiscalía General de la Nación decidió vincular al señor “Alber Giovanni (sic) Beltrán Amaya” a la investigación adelantada dentro del radicado 78 por el secuestro en la ciudad de Bogotá de los señores Luis Fernando Gallo M. y Pablo Londoño, con base en el reconocimiento fotográfico realizado por el señor Fernando Manuel Vende Oviedo, motivo por el cual dictó en su contra orden de captura, la cual se hizo efectiva a las 20:14 horas del mismo día (copia auténtica de la resolución del 4 de abril de 2002 suscrita por el fiscal José Vicente Mosquera Mesa, fls. 220-221, cdno. 3; copia auténtica de la orden de captura 602 de la misma fecha, fl. 228, cdno. 3; copia auténtica del informe de captura 94/DIASE-APJUD suscrito por el intendente Mario Édgar Hernández García, fl. 231, cdno. 3).

21. Una vez puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, el 8 de abril de 2002 el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya rindió indagatoria, en la cual manifestó ser inocente (copia auténtica del acta de la diligencia de indagatoria, fls. 244-250, cdno. 3). El 30 del mismo mes y año, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Bogotá, perteneciente a la unidad nacional contra el secuestro y la extorción definió la situación jurídica del inculpado y decidió imponer en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación por el punible del secuestro extorsivo agravado en concurso con hurto calificado y agravado, en calidad de determinador (copia auténtica de la providencia que resolvió la situación jurídica del sindicado, fls. 72-85, cdno. 8; copia de la boleta de detención 9 dirigida a la cárcel de la policía en Facatativá —Cundinamarca— y suscrita por el fiscal especializado Carlos Fernando Bejarano Mora, fl. 94, cdno. 8), por los siguientes motivos:

Todo lo anteriormente señalado por parte del señor Guillermo Díaz Díaz y del señor Manuel Fernando Vente Oviedo, permiten a este despacho fiscal el advertir de manera inequívoca que si bien es cierto que el señor Alber Geovany Beltrán Amaya, no estuvo presente en la ejecución del secuestro de las víctimas ya mencionadas a lo largo de la presente resolución, situación esta que es demostrada por el señor abogado defensor de este, sí participó y prestó una colaboración directa y eficaz al determinar a otros dos (2) agentes de la Policía Nacional para que sí estuviesen presentes al momento de los hechos y no solo ello sino que realizaran una de las labores más importantes como lo era el de detener el automotor en el cual se movilizaban las personas que fueron objeto de este atroz delito del secuestro, es decir que tenía el dominio del hecho toda vez que aunque él no estuvo presente en el momento mismo del secuestro su participación fue fundamental para la consumación de la acción final (fls. 62-63, cdno. 2).

22. La referida providencia fue confirmada mediante resolución de 11 de octubre de 2002 proferida por la fiscalía 23 de la unidad de fiscalías delegadas ante el tribunal superior de Bogotá, en la medida en que se consideró que no obstante el señor Manuel Fernando Vente Oviedo fue incapaz de reconocerlo plenamente como coautor del delito, tenía plena credibilidad la declaración rendida por el señor Guillermo Díaz Díaz, según la cual un día antes de los hechos la banda criminal se reunió en presencia del señor Alber Giovanny Beltrán Amaya, quien manifestó que no podía participar del ilícito por tener que laborar, pero procedió a contactar otros integrantes de la Policía Nacional para colaborar con la empresa criminal, motivo por el cual podría endilgársele la calidad de determinador de la conducta antijurídica (copia del auto que resolvió el recurso de apelación presentado por el apoderado defensor contra la resolución del 8 de abril de 2002, fls. 89-114, cdno. 2).

23. El 20 de febrero de 2003, al calificar el mérito del sumario la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de la unidad antisecuestro y extorsión resolvió precluir la investigación adelantada en contra del señor Beltrán Amaya y ordenar su libertad inmediata (copia auténtica de la resolución en la que se calificó el mérito del sumario(3), fls. 125-150, cdno. 2). Al respecto, además de señalar que la detención se produjo con base en pruebas practicadas de forma irregular y que resultaban insuficientes, manifestó:

1. Que el señor Albert Giovanny Beltrán Maya, estaba adscrito a la estación policial de Fática, comprendida en la jurisdicción del Barrio de Tunjuelito, y no a la de San Fernando, a la cual se afirma dentro del proceso, pertenecían o quizá pertenecen, los dos policiales que intervinieron en el doble secuestro de los funcionarios de almacenes Alkosto.

2. Que el expolicial Beltrán Amaya laboró para los días 27 y 28 de junio del año 2000 en el turno de 5:00 p.m. a 2:00 a.m. en la estación de Fática en el programa de Bogotá Solidaria Nocturna.

3. Que durante todo el cumplimiento de esos turnos, nunca se separó del reto de sus compañeros ni solicitó permiso, máxime cuando él era el conductor de la radio patrulla asignada al grupo por él integrado, el cual estaba a cargo del S.S. Ángel María Aparicio López, y

4. Que por todo lo anotado en procedencia, mal podría haber intervenido a ningún título en la comisión de los ilícitos que en un principio le fueron endilgados, pues para que ello hubiera resultado físicamente posible, tendría que estar dotado de facultades paranormales que le permitieran hacer acto de presencia de manera simultánea, en dos sitios diferentes al mismo tiempo.

Sobran entonces consideraciones adicionales a fin de fundamentar la viabilidad jurídica de la solicitud deprecada por la defensa del señor Albert Giovanny Beltrán Amaya, comoquiera que el carácter inconcuso de la prueba de descargo obrante en el paginario, tornaría aquellas completamente innecesarias y por lo mismo inocuas (fls. 148-149, cdno. 1).

24. El mismo día de la resolución, el ahora demandante Beltrán Amaya recuperó su libertad (copia de la boleta de libertad 29506 de feb. 20/2003, dirigida a la cárcel de la policía de Facatativá, fl. 165, cdno. 2; certificación 1027 expedida por el director del centro de reclusión de la Policía Nacional-Ponal, fl. 179, cdno. 2).

25. Con ocasión de la privación de la libertad que sufrió, el 5 de abril de 2002 el director general de la Policía General de la Nación, por recomendación de la junta de evaluación y clasificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes, retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor Alber Giovanny Beltrán Amaya (extracto de la hoja de vida expedido el 18 de junio de 2002 por la secretaría general-Grupo archivo general de la Policía Nacional, fl. 14, cdno. 2; copia de la Resolución 740 de 5 de abril de 2002 suscrito por el general Luis Ernesto Gilbert Vargas, fl. 29, cdno. 2).

26. El afectado directo Alber Giovanny Beltrán Amaya se encuentra casado con la señora Sandra Patricia López Carvajal (copia auténtica del registro civil de matrimonio, fl. 2, cdno. 2), unión de la cual es hijo Sixto Alexander Beltrán López (copia auténtica del registro civil de nacimiento; fl. 1, cdno. 2). Adicionalmente, los padres del directamente afectado son los señores María Celia Amaya Porras y Marco Antonio Beltrán Bejarano, y su hermana es la señora Edith Patricia Beltrán Amaya (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento; fls. 3-4, cdno. 2). A su vez, son padres de la demandante Sandra Patricia López Carvajal los señores Luzvina Carvajal Niño y Sixto López Aldana, y hermana suya la señora Luz Yadira López Carvajal (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento; fls. 5, 10, cdno. 2).

27. El 23 de mayo de 2002 el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado Óscar Mauricio Saavedra Borja, con el fin de que asumiera su defensa técnica en el proceso penal que se adelantó en su contra, para lo cual se comprometió a cancelar veinte millones de pesos ($ 20.000.000) —la primera mitad inmediatamente y la otra al ser resuelto el asunto en primera instancia—, sumas que fueron canceladas en su integridad (original del contrato de prestación de servicios y de la certificación de paz y salvo expedida por el abogado, fls. 155-157, cdno. 2).

IV. Problema jurídico

28. Le corresponde a la Sala determinar si hay responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya, teniendo en cuenta que posteriormente la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de la unidad antisecuestro y extorsión precluyó la investigación adelantada en su contra, por constatar que el hecho delictivo endilgado no existió. Adicionalmente, se debe establecer si el demandante cometió una conducta dolosa o gravemente culposa que fuera determinante para que se dictara en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

V. Análisis de la Sala

29. De conformidad con los elementos de prueba obrantes en el expediente, se encuentra probado el daño causado a los demandantes, comoquiera que está debidamente acreditado que el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya estuvo vinculado a un proceso penal como presunto coautor y determinador del delito de secuestro extorsivo agravado, en el marco del cual se ordenó su captura y se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por lo que estuvo privado de su libertad.

30. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, se debe precisar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados con ocasión de la privación injusta de la libertad estaba constituido por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

31. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(4), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel(5).

32. No obstante lo anterior, es preciso advertir que para el momento en el que se dispuso la libertad del señor Alber Giovanny Beltrán Amaya, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”, así como la Ley 600 del 2000, cuyo artículo 535 derogó expresamente el Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991.

33. Para la Sala, estas circunstancias no impiden abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto. En efecto, esta corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos.

34. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se ha dicho:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(6).

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(7).

35. En conclusión, de acuerdo con estos lineamientos, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.

36. En el caso concreto, la Sala observa que el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya fue detenido por habérsele vinculado al proceso penal 78, adelantado por el secuestro de los ciudadanos Luis Fernando Gallo y Pablo Londoño, y posteriormente se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario. No obstante lo anterior, la fiscalía, al momento de calificar el mérito del sumario, no encontró elementos que justificaran dictar resolución de acusación, sino que, por el contrario, consideró pertinente precluir la investigación adelantada al encontrar que las pruebas mediante las cuales se justificó imponer la medida privativa de la libertad fueron practicados de forma espuria y con violación del debido proceso. Además, señaló que las mismas resultan desacreditadas tras ser confrontadas con los testimonios y documentos aportados por el sindicado, que permiten demostrar que tanto el día de los hechos, como el día anterior, se encontraba prestando servicio como policía, sin que en ningún momento se separara de sus compañeros.

37. Se está entonces ante uno de los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en la medida en que el señor Beltrán Amaya, quien fue privado de la libertad, con posterioridad fue declarado inocente por providencia definitiva, en la cual se determinó que no cometió el hecho punible que se le endilgaba.

38. Así mismo, es preciso señalar que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, pues fue en virtud de las actuaciones de este organismo que los afectados directos se vieron privados de la libertad, sin que en ningún momento participara la Nación-Rama Judicial en el acaecimiento del daño.

39. Ahora bien, el tribunal al proferir la sentencia de primera instancia manifestó que en el presente caso se configuró una causa extraña que rompe la imputación fáctica del daño antijurídico sufrido, toda vez que la actividad dolosa de la víctima directa fue determinante para que se le vinculara a la investigación penal adelantada y para que se dictara en su contra medida de aseguramiento, comoquiera que, como se advirtió en las resoluciones del 30 de abril de 2002 y de 11 de octubre del mismo año, si bien el agente no actuó directamente en el secuestro de los funcionarios de Alkosto, sí participó como determinador de la conducta, en la medida en que conminó a otros agentes para que prestaran sus servicios en el acto delictivo.

40. Para la Sala, no le asiste razón al a quo en cuanto a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que para declarar el acaecimiento de una causa extraña es preciso que la misma esté debidamente acreditada dentro del proceso a través de medios de prueba que otorguen certeza al juez sobre su configuración, para lo cual se requiere, además, que este, en la sentencia, haga expresa la valoración que hace de los mismos y los procesos lógicos que lo conducen a la decisión referida.

41. En el caso concreto, resulta a todas luces evidente que el hecho de que una resolución penal proferida por el ente acusador haya predicado la responsabilidad del señor Alber Giovanny Beltrán Amaya como determinador del hecho punible, en modo alguno constituye una prueba que permita declarar probado la culpa o dolo de la víctima, comoquiera que se trata simplemente de una providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación, entidad que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, pero que no es competente para determinar la responsabilidad por la comisión de los tipos penales establecidos en la ley.

42. Pero más importante, contrario a lo que advirtió el tribunal, considera la Sala que no puede predicarse el acaecimiento del hecho de la víctima con base en la providencia que resolvió la situación jurídica, precisamente por cuanto la investigación bajo la égida de la cual se expidió fue posteriormente precluida a favor del señor Alber Giovanny Beltrán Amaya mediante resolución de 20 de febrero de 2003.

43. En efecto, se recuerda que en los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad no le corresponde al juzgador de lo contencioso administrativo calificar la legalidad de las providencias proferidas en ejercicio de sus competencias por las autoridades judiciales ordinarias en el marco de un proceso penal. Así las cosas, no estaba autorizado el tribunal a determinar que en el sub lite se produjo un hecho de la víctima teniendo como único fundamento una providencia cuyas consideraciones resultaron infirmadas por otra resolución que está debidamente ejecutoriada.

44. Se requería, en ese entendido, que el a quo refiriera en cuáles medios de prueba adicionales fundaba sus apreciaciones y cuál era el valor probatorio que cabía asignarle a cada uno de ellos, labor que en ningún momento acometió. Pero incluso, si se revisa detenidamente el material probatorio obrante en el proceso penal trasladado se observa que el mismo dista ser concluyente de la presunta actuación dolosa de la víctima y, mucho menos, que esta fuera determinante y exclusiva para la determinación de privar al demandante Alber Giovanny Beltrán Amaya de la libertad.

45. Por el contrario, se encuentra que la única prueba recaudada en el proceso penal adelantado que permitía afirmar que el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya se reunió con los perpetradores del secuestro para informarles que no podía participar en el mismo, por estar de servicio, pero que procedió a contactar a otros agentes para que llevaran a cabo la labor requerida, era la declaración rendida en indagatoria por el señor Guillermo Díaz Díaz la cual carece de cualquier poder de convicción, porque, además de no poder ser confrontada con ningún otro medio de prueba, su práctica estuvo viciada, como se afirmó en la providencia que calificó el mérito del sumario.

46. Por otra parte, como un argumento adicional para justificar su decisión de exonerar a la entidad demandada, el tribunal advirtió que para el momento en que se decretó la captura del señor Beltrán Amaya la fiscalía contaba con indicios suficientes para tal fin, de conformidad con las normas procesales vigentes para el momento.

47. Sobre este punto, basta con recordar que en estos eventos se está ante una responsabilidad de carácter objetivo en la cual no hay lugar a calificar si la actuación de la Fiscalía General de la Nación estuvo conforme a derecho o si, por el contrario, constituyó una falla de servicio. En consecuencia, al encontrarse acreditada la causación del daño antijurídico y la posibilidad de su imputación a la demandada Nación-Fiscalía General de la Nación, es indudable la configuración de su responsabilidad patrimonial y extracontractual, razón por la cual procederá la Sala a pronunciarse en relación con el reconocimiento y liquidación de los perjuicios derivados de dicho daño a favor de la parte demandante.

VI. Liquidación de perjuicios

48. En la demanda, los actores solicitaron que se les reconociera por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero: para Alber Giovanny Beltrán Amaya, Sixto Alexander Beltrán López y Sandra López Carvajal, la suma de 1.000 salarios mínimos legales mensuales para cada uno; para María Celia Amaya Porras, Marco Antonio Beltrán Bejarano y Edith Patricia Beltrán Amaya, la suma de 500 salarios mínimos legales mensuales para cada uno; y para Ana Cristina Beltrán Bejarano, Elvia Marina Beltrán Bejarano, María del Carmen Beltrán Bejarano, Luzvina Carvajal Niño, Sixto López Aldana, Alexander Beltrán Rodríguez y Luz Yadira López Carvajal, la suma de 250 salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

49. Al respecto, observa la Sala que en relación con el demandante Alber Giovanny Beltrán Amaya, es clara la existencia del perjuicio moral que se derivó, tal y como lo ha deducido la jurisprudencia en casos similares, “(...) por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia (...)”(8).

50. En relación con la cuantificación del perjuicio, para preservar garantizar el derecho de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, recientemente, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de la privación injusta de la libertad, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación No. 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18 904531,522,512,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal derecho fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(9).

51. Comoquiera que está probado que el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya fue detenido el 4 de abril de 2002 y liberado el 20 de febrero de 2003, considera la Sala procedente indemnizar los perjuicios morales que sufrió por la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales.

52. De igual forma, es procedente indemnizar a los demandantes Sixto Alexander Beltrán López, Sandra López Carvajal, María Celia Amaya Porras y Marco Antonio Beltrán Bejarano en la medida en que acreditaron ser hijo, cónyuge y padres del afectado directo —ver párrafo 26—, circunstancia por la cual, según las reglas de la experiencia, se presume que sufrieron unos perjuicios morales de igual entidad que los de aquel(10). En consecuencia, se ordenará que cada uno de ellos sea indemnizado con una suma de 80 salarios mínimos legales mensuales.

53. En lo que respecta a la señora Edith Patricia Beltrán Amaya, quien demostró ser la hermana del privado de la libertad, cabe señalar que si bien es procedente deducir los perjuicios morales que sufrió en razón del parentesco con la víctima, de conformidad con las reglas de la experiencia, no se le puede conceder una suma equivalente a la que se le otorgará al señor Alber Giovanny Beltrán Amaya, a su cónyuge y a sus parientes en el primer grado de consanguinidad, en el entendido de que es mayor el dolor psicológico que sufren los primeros frente al de los parientes en el segundo grado de consanguinidad. En consecuencia, por el concepto referido se le reconocerá la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales.

54. No sucede lo mismo con los señores Luzvina Carvajal Niño, Sixto López Aldana y Luz Yadira López Carvajal —quienes probaron ser los suegros y la cuñada del afectado—, ni con los demandantes Ana Cristina Beltrán Bejarano, Elvia Marina Beltrán Bejarano, María del Carmen Beltrán Bejarano y Alexander Beltrán Rodríguez —quienes no acreditaron el parentesco que los une con el señor Beltrán Amaya(11)—, en la medida en que no aportaron ningún elemento de prueba que permitiera establecer la certeza del perjuicio.

55. En efecto, cabe advertir que según lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(12), en una demanda de reparación directa a los afectados por un daño antijurídico les corresponde acreditar los perjuicios que sufrieron con el fin de que estos sean indemnizados en sede judicial, pues solo excepcionalmente, en casos en los que así lo permitan las reglas de la experiencia, estos pueden ser advertidos mediante prueba indiciaria, siempre que se pruebe el parentesco que los une con la víctima directa del daño.

56. Pues bien, entre familiares no cercanos, ha dicho la corporación que por el solo hecho de acreditar el parentesco no se puede concluir que sufran un dolor moral susceptible de ser indemnizado. Por ello, en esos eventos, para que prosperen las pretensiones invocadas es preciso que los demandantes acrediten mediante alguno de los medios de prueba directos que prevé la ley la angustia o sufrimiento que sintieron, labor que aquellos no llevaron a cabo en el caso concreto. Así las cosas, la Sala negará los perjuicios solicitados por este rubro.

57. De otro lado, el demandante Alber Giovanny Beltrán Amaya solicitó que se le reparara el daño a la vida de relación que sufrió, condenando a la Fiscalía General de la Nación a pagarle la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales, por no poder continuar durante el tiempo que duró la privación de la libertad con sus hábitos personales, y por verse obligado a abandonar las actividades placenteras de la vida, en la medida en que no pudo mantener las relaciones personales y sexuales que tenía con su cónyuge ni las actividades diarias que llevaba a cabo con su hijo.

58. Sobre el particular, recientemente el Consejo de Estado ha precisado que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, estas tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(13):

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

Reparación no pecuniaria
Afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados
CriterioTipo de medidaModulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.Medidas de reparación integral no pecuniarias. De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Indemnización excepcional
exclusiva para la víctima directa
CriterioCuantíaModulación de la cuantía
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación no pecuniarias satisfactorias. Hasta 100 SMLMVEn casos excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.

59. No obstante lo anterior, tras revisar el expediente, se encuentra que el demandante no solicitó ni aportó ninguna prueba que dé cuenta de las alteraciones afectaciones a derechos fundamentales a las que se vio sometido el señor Beltrán Amaya con ocasión a la privación injusta de la libertad que sufrió y, mucho menos, la forma en la cual estas modificaron su plan de vida, cuando dicha actividad era una carga que se encontraba en cabeza suya. En consecuencia, le corresponde a la Sala negar el perjuicio solicitado.

60. Por otra parte, el referido actor también solicitó que se le indemnizara por concepto de los perjuicios materiales sufridos, en la modalidad de daño emergente, la suma actualizada de veinte millones de pesos ($ 20.000.000), por virtud de lo que se vio obligado a pagar por la asistencia técnica del abogado correspondiente en el proceso penal.

61. Al respecto, advierte la Sala que, sin lugar a dudas, los gastos por los servicios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad, constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida en que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios prestados.

62. En el presente caso se encuentra probado el pago realizado por el demandante Alber Giovanny Beltrán Amaya al señor Óscar Mauricio Saavedra Borja para que adelantara la defensa técnica necesaria dentro del proceso penal adelantado en su contra, por un valor de veinte millones de pesos ($ 20.000.000), de conformidad con el contrato y la constancia de paz y salvo aportadas, documentos que no fueron objetados por los demandados, motivo por el cual gozan de pleno valor demostrativo. En el mismo sentido, se encuentra acreditada la labor que desempeñó el profesional del derecho en defensa del sindicado dentro del proceso penal 78.

63. Así las cosas, la Sala reconocerá como indemnización por perjuicio material en la modalidad de daño emergente, los $ 20.000.000 pagados al defensor, los cuales serán actualizados con base en la siguiente fórmula:

Ra = va* IPC final

IPC inicial(14)

Ra = 20 000 000 * 117.09

73.03

Ra = $ 32.066.274

64. Por tanto, la indemnización consolidada, por este concepto, a favor del señor Alber Giovanny Beltrán Amaya es de treinta y dos millones sesenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte. ($ 32.066.274).

65. De otro lado, por concepto de lucro cesante el demandante pidió que se le reconocieran, por un lado, los emolumentos que se vio obligado a pagar en vestuario, lavandería, comida, útiles de aseo, etcétera, durante el periodo que estuvo privado de la libertad, y por el otro, el dinero que dejó de percibir al ser retirado de la Policía General de la Nación, por haberse dictado en su contra orden de captura.

66. Respecto de los primeros, es preciso señalar que los mismos no se adecúan a la categoría de lucro cesante sino a la del daño emergente, toda vez que la indemnización no se refiere a las ganancias que se habrían podido obtener si no hubiese acaecido el hecho dañoso, sino a la reparación de un rubro que es “(...) consecuencia directa del hecho dañino y cuyo restablecimiento permit[e] volver a la situación que antecedía al daño o, al menos, a la que más se le parezca”(15).

67. Respecto de los mismos, encuentra la Sala que en el expediente no obra ningún elemento de prueba que acredite que dichos perjuicios efectivamente se produjeron, carga que le correspondía a la parte actora, según lo establece el ya citado artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —ver nota al pie 11—, motivo por el cual no hay lugar a reconocerlos.

68. En cuanto al segundo de los perjuicios solicitados, esto es, la indemnización por el dinero que dejó de percibir el señor Beltrán Amaya al perder su trabajo como subintendente de la Policía Nacional y al no poder laborar por encontrarse privado de la libertad en detención intramural, se advierte que hay lugar a reconocerlos en la medida en que el actor acreditó debidamente su causación —ver párrafos 19 y 25—.

69. Cabe advertir que en el curso del proceso se acreditó que para la fecha en la que ocurrió el hecho el demandante trabajaba como subintendente en el programa de Bogotá Solidaria, con una asignación mensual de un millón treinta y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 1.036.255), suma que deberá ser actualizada con base en la siguiente fórmula:

Ra= va* IPC final

IPC inicial

Ra = 1.036.255 * 117.09

69,21

Ra = $ 1.753.093

70. Así mismo, se encuentra que hay lugar a aumentar dicho monto en un 25%, incremento que corresponde a las prestaciones sociales que operan por disposición de ley, dando como resultado la suma de dos millones ciento noventa y un mil trescientos sesenta y seis pesos ($ 2.191.366).

71. Ahora bien, en relación con el perjuicio que sufrió la víctima directa, el tiempo a indemnizar va desde el momento en que el perjuicio se produjo, esto es, desde que fue retirado del servicio por el director general de la Policía General de la Nación, el 5 de abril de 2002, hasta el momento que recobró su libertad, el 20 de febrero de 2003, periodo que suma 10,7 meses. Ahora bien, se considera procedente extender dicho período de tiempo por el término en que el señor Beltrán Amaya debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA(16).

72. En consecuencia el periodo que se debe indemnizar es de 19,45 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, se calculará el lucro cesante teniendo en cuenta la siguiente fórmula

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 2.191.360 x (1 + 0,004867)19,45-1

0,004867

S = $ 44.590.851

73. En consecuencia, se le reconocerá al señor Alber Giovanny Beltrán Amaya por este concepto, la suma de cuarenta y cuatro millones quinientos noventa mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte. ($ 44.590.851).

V. Costas

74. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 6 de abril de 2005, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Alber Giovanny Beltrán Amaya, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Rama Judicial.

3. Como consecuencia de la anterior, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

• Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Alber Giovanny Beltrán Amaya —víctima directa—.

• Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Sixto Alexander Beltrán López —hijo—.

• Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Sandra López Carvajal —esposa—.

• Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para María Celia Amaya Porras —madre—.

• Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Marco Antonio Beltrán Bejarano —padre—.

• Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Edith Patricia Beltrán Amaya —hermana—.

4. Por concepto de daño material, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Alber Giovanny Beltrán Amaya la suma de treinta y dos millones sesenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos ($ 32.066.274), por concepto de daño emergente, y la suma de cuarenta y cuatro millones quinientos noventa mil ochocientos cincuenta y un pesos ($ 44.590.851), por concepto de lucro cesante.

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

8. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. EXPEDIR, por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

10. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Dicha providencia quedó ejecutoriada el 17 de marzo de 2003, de conformidad con la certificación expedida por el fiscal primero delegado especializado ante la unidad nacional contra el secuestro y la extorsión, obrante a folio 154 del cuaderno 2.

(4) [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449”.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre 2011, Exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2002-02548 (36149), C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

(10) “De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad (Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades (Sent. feb. 20/2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad (Cf. Sent. jul. 11/2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en Sent. de ene. 30/2013, Exp. 23998 y de feb. 13/2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero)”. Ibídem.

(11) En la demanda se señaló que se trataba de las tías y el primo del señor Beltrán Amaya.

(12) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(14) Se tendrá para el efecto el correspondiente al 28 de febrero de 2003, fecha en la que se verificó el pago de los honorarios del abogado.

(15) Henao, Juan Carlos, “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés”, Universidad Externado de Colombia, segunda reimpresión, Bogotá, 2007, pág. 205.

(16) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, n.º 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección general de empleo y trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.