Sentencia 2003-00974 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 250002326000200300974 01 (29.814)

Ref.: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Consejero Ponente:

Dra. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Luz Stella Lombana de Moreno y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General y Rama Judicial

Bogotá, D.C., junio doce de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente magistrado conductor.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16(1), permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de la señora Luz Stella Lombana de Moreno.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(2).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Caducidad de la acción.

Teniendo en cuenta que en el expediente no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia que absolvió a la ahora demandante, se tomará entonces como fecha aquella en la cual se dictó tal providencia, con el fin de contabilizar el tiempo de caducidad.

En ese sentido la Sala encuentra pertinente precisar que si bien es cierto dentro del asunto de la referencia la demanda se interpuso en tiempo, teniendo en cuenta que se tomó como término para contabilizar tal plazo, la fecha en la cual se profirió la sentencia absolutoria de primera instancia en materia penal, no lo es menos que si se contara con la fecha de ejecutoria de tal decisión, con mayor razón habría lugar a concluir que la demanda se presentó dentro de la oportunidad para ello, puesto que resulta apenas obvio que la ejecutoria de una providencia y por ende la fecha en que ello ocurre siempre se logra con posterioridad a la fecha de su expedición.

Ahora bien, el hecho de que se proceda de esta manera dentro del asunto de la referencia, evidentemente con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, no significa de manera alguna un cambio jurisprudencial en la línea que ha sostenido la corporación para efectos de señalar que en los casos de privación injusta de la libertad, la caducidad se cuenta y se debe contar a partir de la fecha de ejecutoria del fallo absolutorio o su equivalente.

De acuerdo a lo anterior, se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá, mediante la cual absolvió de responsabilidad penal a la señora Luz Stella Lombana de Moreno se dictó el día 8 de mayo de 2001 (fls. 69-115, cdno. 2), en tanto que la demanda se radicó el día 7 de mayo de 2003 (fls. 2-19, cdno. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(3)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Certificación expedida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Facatativá, el 27 de mayo de 2003, según la cual (fl 27, cdno. 1):

“... Que en este Juzgado se adelantó el proceso 170 de 1999 en contra de la doctora Luz Stella Lombana de Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía 41.368.317 de Bogotá.

Que dentro del proceso referido, mediante providencia del 22 de abril de 1999 la Fiscalía 75 de la Unidad de Delitos Financieros de Bogotá, le profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de falsedad material de servidor público en documento público, medida que le fue sustituida por detención domiciliaria y por ende firmó diligencia de compromiso el 6 de mayo de 1999.

Que mediante providencia del 9 de mayo de 2000, el honorable Tribunal Superior de Cundinamarca —Sala Penal—, le concedió la libertad provisional y en consecuencia firmó diligencia de compromiso el 10 de mayo de 2000.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la doctora Lombana de Moreno estuvo privada de su libertad por este proceso, desde el 6 de mayo de 1999, al diez de mayo de 2000...” (se destaca).

— Copia auténtica de la providencia del 22 de abril de 1999, proferida por la Fiscalía 75 Unidad de Delitos Financieros, a través de la cual resolvió la situación jurídica y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra la señora Luz Stella Lombana de Moreno, en la cual se consignó lo siguiente (fls. 39-35, cdno. 2):

“... Son estos indicios, extraídos del material probatorio hasta ahora recaudado, suficientes para atribuirle responsabilidad a la señora Luz Stella Lombana como presunta coautora del delito de falsedad material en documento público. Por lo demás, la procesada Luz Stella Lombana es persona mayor de edad, abogada titulada, y desde hace nueve años ejerce el cargo de notaria, condiciones todas estas que como es obvio, le imponen un especial conocimiento en la materia más aún lo referido al procedimiento legal y notarial para la suscripción de documentos contentivos de un negocio jurídico como el reargüido de falso dentro de este proceso. Y como tal tenía pleno conocimiento que como guardadora de la fe pública solo podía dar constancia de hechos, manifestaciones y situaciones presentadas de manera real ante sí, que no de mero papel o falsamente como aquí ocurrió, certificando con su firma en las rebatidas escrituras, un hecho falso. De estas circunstancias y del comprobado hecho admitido por ella misma con relación a haber firmado la escritura 1458 mucho tiempo después de la que allí se indicaba como fecha de elaboración y suscripción, se desprende con claridad su intención dolosa.

“(...).

En las anteriores circunstancias se impone señalar que el material probatorio recaudado hasta este momento procesal, apunta a señalar lo siguiente: primero, que está probada la materialidad del delito de falsedad respecto de las dos escrituras —1458 y 2512— y, en segundo lugar, que la responsabilidad de las señoras Dora Alba Sandoval y Luz Estella Lombana se encuentran comprometidas en el grado exigido por el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, al existir más de un indicio grave en su contra.

La falsedad se habría realizado materialmente por las dos procesadas, por cuya razón se configura un concurso homogéneo y sucesivo pues son dos las escrituras alteradas, tal como se ha señalado además también se alteró el protocolo al intercambiar las escrituras de forma irregular y al agregarle a la original escritura 1458 la palabra bis...”.

La Sala advierte que dentro de las pruebas allegadas a este proceso no se aportó la providencia a través de la cual se dictó resolución de acusación a la señora Luz Stella Lombana de Moreno, cuestión que no impide establecer la existencia de tal determinación comoquiera que resulta claro con la sentencia que eximió de responsabilidad penal a dicha persona, que el proceso penal si[sic] llegó a su etapa de juicio, en virtud de una resolución de acusación.

— Copia auténtica de la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca —Sala Penal— de fecha mayo 9 del 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que negó el beneficio de la libertad y concedió la libertad provisional a la señora Luz Stella Lombana de Moreno, con base en lo siguiente (fls. 59-68, cdno. 2):

“... En este orden de ideas, siendo consecuentes con la realidad que revela el proceso, las manifestaciones del a quo en cuanto a ser razonable y justificada la causa para haber suspendido la diligencia de audiencia pública a iniciarse el 9 de marzo del año 2000, cuando no habían pasado 6 meses desde la ejecutoria de la calificación.

Finalmente, si la imposibilidad de la realización de la audiencia púbica no puede imputarse a la señora Lombana de Moreno, ni a su defensor, tampoco lo puede ser a la administración de justicia que no podía estar en condiciones de prever la petición tardía del defensor de la otra procesada que impidió llevar a término la audiencia; por lo tanto la causa fue justa en ese momento.

Más, de acuerdo con la información suministrada a la Sala, en el sentido de haberse señalado en auto de 12 de Abril, fecha para la realización de la audiencia pública el 10 de mayo, esto es, a casi dos meses de no haberse podido realizar la primigenia audiencia pública, (mar. 9), lo cual lleva a considerar, de una parte, que debe descontarse el término dilatorio atribuido a la defensa, que es de 18 días, contados desde el momento en que se señaló fecha para la audiencia inicial, (feb. 21), hasta el 9 de marzo, cuando no se pudo realizar, por la renuncia al poder, lo cual implica que el término de los seis meses venció el 1º de Abril y en este orden, tiene derecho ahora a acceder a la libertad. Cabe acotar, que se observa una dilación injustificada desde el momento en que se estableció, no podía realizarse la audiencia pública, 9 de marzo, hasta cuando se señale fecha para audiencia, en auto de 12 de abril, para efectuarse el 10 de mayo, situación que no puede serle imputable a la única procesada que estando en detención domiciliaria, ha estado pronta a cumplir a los llamados que se le hacen en el proceso.

En consecuencia, concluye la Sala que el motivo para no haber podido iniciar la diligencia en el término procesal, obedeció a la manifestación de renuncia del poder lo cual constituye una petición dilatoria atribuible al defensor de la señora Martha Lucía Niño. Más posteriormente, ha habido dilación en la actuación que permitió el vencimiento de los términos, por cuanto, la audiencia había podido iniciarse y continuarse posteriormente con los sujetos procesales que aún no hubieran intervenido.

En consecuencia, habiendo transcurrido más de seis meses, desde la ejecutoria de la resolución acusatoria, por el punible por el cual ha estado en detención domiciliaria, sin que se hubiera celebrado la audiencia pública habrá de concluirse, el requisito se encuentra satisfecho, por lo cual se le concederá la libertad provisional a la procesada Luz Stella Lombana de Moreno, tal como lo solicita su defensor, debiendo suscribir diligencia en que se compromete a cumplir con las obligaciones de que trata el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal...”.

— Copia auténtica del proveído proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá, el 8 de mayo de 2001, a través del cual se absolvió de los cargos formulados por la Fiscalía 75 Unidad de Delitos Financieros a la señora Luz Stella Lombana de Moreno, decisión que se fundamentó, en lo siguiente (fls. 69-115, cdno. 2):

“... Al analizar el cargo formulado por la Fiscalía a la doctora Luz Stella Lombana de Moreno, concretamente de ser autora del punible falsedad material de empleado oficial en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, así como los planteamientos defensivos plasmados dentro del debate público, se llega a la conclusión de que efectivamente esta acusada, en razón a la confianza que había depositado sobre su subalterna Dora Sandoval, fue asaltada en su buena fe al aceptar el pedimento que le hiciera esta, en el sentido de recoger unas firmas, con el argumento de que las personas contratantes era de entera confianza y amigas de esta última.

Como lo sostiene la defensa de la doctora Luz Stella, el acto de recoger firmas no es prohibido, y agrega el Juzgado que no es nada nuevo; por el contrario, la experiencia indica que, en casos especiales, se traslada el notario a tomar las firmas a que haya lugar. Por tal motivo no es un caso aislado en que la Sandoval Rodriguez (sic) haya, utilizado la confianza que su jefe le tenía depositada, obteniendo permiso para recoger unas firmas, las que a la postre resultaron falsificadas, como atrás quedó lo suficientemente establecido cuando se hizo referencia a las escrituras 1458 y 2512 de julio 3 y octubre 29 de 1996, respectivamente, corridas en la notaría en que era titular la doctora Lombana de Moreno.

En verdad, no existe elemento de prueba, concretamente un testimonio que afirme la existencia de un previo acuerdo entre la doctora Lombana y la procesada Sandoval Rodríguez, para la comisión del delito de falsedad que se le imputa, y si bien es cierto aceptó haber delegado la toma de firmas, tal acto no aparece que hubiese estado amañado y dirigido hacia la comisión del delito de falsedad de documento público que se le endilga.

Si el actuar de la doctora Luz Stella Lombana estaba alejado de cualquier intensión dolosa, por lo menos existe, como lo sostiene el señor vocero dentro de la diligencia de audiencia pública, duda al respecto, al no obrar, como se dijo, un elemento de prueba que la señale haber incidido en forma directa y consiente en la adulteración tantas veces referida. No se pudo probar a través de la investigación la existencia de esa intención maligna, desapareciendo de esta manera cualquier vestigio de responsabilidad por parte de ella.

No obra en el encuadernamiento que la doctora Luz Stella haya firmado las escrituras con conocimiento de su ilicitud, con intención de causarle daño, única acción realizada por esta procesada, ya que no es señalada como que haya actuado en otros aspectos tendientes a la materialización de la falsedad y por ende el de estafa; y si su conducta, la de haber firmado las escrituras como notaria, está libre de dolo, por lo menos así lo entiende el Juzgado, no puede deducírsele responsabilidad, como atrás se dijo.

“(...).

La fiscalía le deduce responsabilidad a la doctora Lombana por haber sido titular de la Notaría Primera, para la época en que fueron firmadas las pluricitadas escrituras 1458 y 2512, aduciendo que debe responder por las irregularidades cometidas, no solo por ella misma, sino por sus subalternos. Pero al leer el artículo 131 del Decreto 2184 de 1983, este dispone que no habrá lugar a responsabilidad por parte del notario, cuando no se establezca plenamente que este participó personalmente, por acción o por omisión en faltas cometidas por sus empleados o por un tercero. En este asunto no se pudo establecer por parte del ente instructor, que efectivamente la doctora Luz Stella haya participado en la confección de las escrituras tachadas de falsas, por lo que no puede deducírsele responsabilidad alguna, la que solo puede predicarse en quien intervino, en este caso la Sandoval (sic); por lo menos existe mucha duda de que haya prestado su consentimiento para tan protuberante irregularidad; tanto es así que fuera de haber firmado las escrituras, no obra otra circunstancia que la señale como que actuó de común acuerdo tanto con Dora Alba, como con las demás procesadas; y si la Fiscalía sostiene que realizó la conducta en forma mancomunada, tal afirmación no fue demostrada; por el contrario los elementos de prueba obrantes en el proceso apuntan a señalar que la acusada Sandoval, hoy sentenciada por el Juzgado Primero Penal del Circuito, la engañó haciéndole creer que su actuar era lícito, cuando en verdad ello no ocurrió así.

La Fiscalía se equivocó al señalar a la doctor Luz Stella como autora del punible de falsedad material de empleado oficial en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo, al no existir en el encuadernamiento elementos de prueba que indiquen que esta actuó dolosamente; ya que es incontrovertible que la Sandoval (sic) como lo acepta en la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada (fl. 257 y ss., cdno. 2), ser la responsable de la falsedad material de las escrituras tantas veces citadas, sin que haya señalado a otra persona como partícipe del reato, es decir, sin que hubiese dicho que la doctora Lombana de Moreno hubiese estado al corriente de la ilicitud.

“(...).

Todo lo anterior, lleva al juzgado a concluir que habrá de absolverse a Luz Stella Lombana de Moreno respecto de los cargos formulados en su contra por la Fiscalía, al considerar que su actuar solamente se limitó a firmar las escrituras 1458 y 2512, las que ya habían sido firmadas por el presunto vendedor Niño Acuña y los compradores, firmas recogidas por Dora Alba Sandoval; pero que las de Niño Acuña resultaron apócrifas, como atrás quedó puntualizado, al no encontrar que esta procesada haya participado en forma directa o indirecta en la adulteración de los documentos públicos referenciados, por lo que acogiendo los planteamientos de su defensor, su vocero y Ministerio Público, se repite, habrá de absolverse, revelando de esta manera al Juzgado de analizar el grado de participación y tipicidad de la conducta endilgada...” (destacado de la Sala).

5. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Subsección encuentra que la actora Luz Stella Lombana de Moreno fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 6 de mayo de 1999, hasta el 10 de mayo de 2000, por la supuesta comisión del delito de falsedad material de servidor público en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, no obstante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá absolvió a la referida demandante, debido a que no se comprobó su autoría o responsabilidad en el hecho punible, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita revocarse, toda vez que de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia en punto de la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en este proceso la entidad demandada Fiscalía General de la Nación, sí está llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, se probó que la señora Luz Stella Lombana de Moreno fue privada de su libertad y vinculada a un proceso penal por su supuesta autoría en el punible de falsedad material de servidor público en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, pero posteriormente, a través de decisión calendada el 8 de mayo de 2001, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá la absolvió del delito por el cual se le acusó, tal como ya se dijo, porque “No obra en el encuadernamiento que la doctora Luz Stella haya firmado las escrituras con conocimiento de su ilicitud, con intención de causarle daño… y si su conducta... está libre de dolo... no puede deducírsele responsabilidad...”.

Conviene precisar que si bien dentro de la decisión del Tribunal Administrativo de primera instancia a través de la cual se denegaron las pretensiones se aludió al in dubiopro reo como fundamento de la absolución penal, lo cierto es que al analizar en forma íntegra las consideraciones expuestas en la providencia mediante la cual se absolvió a la señora Lombana de Moreno, se puede determinar con claridad, que en del proceso penal de la ahora demandante se produjo porque no existían los elementos de realidad la separación convicción y de acreditación acerca de su autoría en la comisión del hecho punible del cual se le acusó, por manera que la responsabilidad que aquí se le atribuirá a la parte demandada no estriba en la aplicación del mencionado principio de in dubio pro reo, sino porque la procesada no cometió el delito del cual se le sindicó y posteriormente se le acusó.

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que a la actora se le causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(4).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro –como ya lo ha consignado la Sala– que la señora Luz Stella Lombana de Moreno no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima la señora Luz Stella Lombana de Moreno.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Hernán Alcides Moreno Bernal, Adriana Paola Moreno Lombana y Lilianne del Pilar Moreno Lombana, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue objeto su esposa y madre, respectivamente.

En efecto, al proceso se aportaron, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento de las actoras Lilianne del Pilar Moreno Lombana y Adriana Paola Moreno Lombana, en cuyo contenido se consignó la condición de hijas de la señora Luz Stella Lombana de Moreno (fl. 25, cdno. 1 y fl. 2, cdno. 2, respectivamente).

Se allegó igualmente al proceso, en copia auténtica, el registro civil de matrimonio contraído entre los demandantes Luz Stella Lombana de Moreno (víctima directa del daño) y Hernán Alcides Moreno Bernal (fls. 1, cdno. 2).

Ahora bien, según la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(5); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(6), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o respecto de los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(7).

En consecuencia, se les reconocerá a cada uno de los actores un monto equivalente a 90 smlmv.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Daño emergente: este rubro se solicitó en los siguientes términos:

“... Consistentes en los honorarios profesionales que tuvo que pagarle a los abogados doctores José Manuel Torres Fresneda, identificado con cédula de ciudadanía 17.163.810 expedida en Bogotá y con tarjeta profesional de abogado Nº 9.935 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y Manuel Fernando Vásquez Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía 11.426.505 expedida en Facatativá y con tarjeta profesional de abogado Nº 36.592 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura por haberla asistido profesionalmente en el proceso penal que adelantó la Fiscalía. Esos honorarios fueron las sumas de catorce millones de pesos ($ 14.000.000) para el primero, cancelados por la doctora Lombana en dos contados iguales siete millones de pesos ($ 7.000.000) y seis millones de pesos ($ 6.000.000) para el segundo, pagados en marzo 20 de 2000...”. (fl. 4, cdno. 1).

La Subsección estima procedente la indemnización correspondiente a ese último rubro, dado que al proceso se allegaron, en original, las constancias de los pagos realizados por la víctima directa del daño por concepto de honorarios a los profesionales del derecho que ejercieron su defensa técnica en el proceso penal, los cuales ascienden a la suma de $ 20.000.000 (fls. 3 y 5, cdno. 2).

En consecuencia, se accederá a lo solicitado en la demanda por este rubro y se actualizará de la siguiente manera:

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Por lo tanto, se reconocerá, a título de perjuicio material en la modalidad de daño emergente la suma de $ 30.257.299, a favor de la señora Luz Stella Lombana de Moreno.

6.2.2. Lucro cesante: se solicitó a favor de la aquí demandante en una cuantía de $ 180.000.0000, suma que equivaldría a lo que dejó de percibir durante todo el tiempo que no ejerció el cargo como Notaria Primera de Facatativá.

Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido, en la modalidad de lucro cesante, la parte actora aportó, en copia auténtica, el Decreto 255 del 25 de enero de 1990, mediante el cual se nombró como Notaria Primera del Círculo de Facatativá a la señora Luz Stella Lombana de Moreno, el Decreto 873 del 24 de mayo de 1999, a través de la cual se suspendió de ese cargo a la ahora demandante y el Decreto 1251 del 14 de junio de 2002, por medio del cual fue reintegrada al cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá, del cual se extrae lo siguiente (fls. 8-11, 15 y 16 del cdno. 2):

“Artículo primero: Reintegrar a la doctora Luz Stella Lombana de Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía 41.368.317 expedida en Bogotá, al cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá, Cundinamarca.

Artículo segundo: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición”.

Igualmente se allegó certificación expedida por el señor Francisco Álvaro Fajardo Pinilla(8), Notario Primero de Facatativá, por medio de la cual se señaló:

“Que revisados los documentos que reposan en esta notaría y una vez descontado de los ingresos brutos la totalidad de gastos operativos, laborales, administrativos y financieros se determina que los ingresos netos de la Notaría Primera en los lapsos adelante señalados, por concepto de ingresos de la actividad notarial, son los siguientes:

De junio a diciembre de 1999: $ 24.233.000

De enero a diciembre de 2000: $ 49.245.000

De enero a diciembre de 2001: $ 49.287.000

De enero a agosto de 2002: $ 34.874.000”.

Pues bien, en el caso sub lite se acreditó lo siguiente: i) que la víctima directa del daño fue privada injustamente de su libertad desde el día 6 de mayo de 1999, hasta el 10 de mayo de 2000(9); ii) que para el momento en el cual fue privada de su libertad, ejercía el cargo de Notaria Primera de Facatativá; iii) que como consecuencia de la privación injusta de la libertad fue suspendida del cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá y iv) que solo el 14 de junio de 2002 fue reintegrada al cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá, mediante Decreto 1251 de la misma fecha.

De acuerdo con lo anterior, la Sala reconocerá la indemnización por lucro cesante a favor de la señora Lombana de Moreno, por todo el tiempo que duró privada de su libertad y se le adicionará el periodo en el cual no ejerció el cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá después de recuperar su libertad, esto es del 10 de mayo de 1999 hasta 14 junio de 2002, comoquiera que la ahora demandante fue suspendida por cuenta y con ocasión de la medida de aseguramiento que le dictó la Fiscalía General de la Nación, y fue reintegrada al cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá dos años después de recobrar su libertad.

En efecto, la indemnización que se reconoce encuentra su fuente en el daño que se le causó a la señora Lombana de Moreno, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima y los perjuicios que se derivaron por las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación; en esa medida resulta congruente con las pretensiones de la demanda, con lo acreditado dentro del proceso, con el principio de reparación integral del daño y de equidad(10), los cuales permiten acceder al reconocimiento del lucro cesante dado que este equivale a lo que ella dejó de percibir como consecuencia de la privación injusta de su libertad.

A lo anterior se añade e incluso corrobora tal situación y le imprime un grado mayor de certeza la certificación que expidió el Notario Primero del Círculo de Facatativá, en la cual señaló los ingresos que recibió la Notaría durante el periodo que la señora Lombana de Moreno no ejerció dicho cargo.

Así las cosas, la Sala acogerá la certificación expedida por el Notario Primero de Facatativá con el fin de liquidar el lucro cesante y, para tal efecto, tomará los valores allí relacionados año por año y los dividirá, entre el número de meses certificados; eso arrojará el ingreso mensual que en promedio percibió la notaría durante el periodo comprendido entre los meses de junio de 1999 hasta agosto 2002 respectivamente.

AñoNúmero de meses certificadosIngreso anual de la notaríaIngreso mensual de la notaría
19997 - (junio a diciembre)$ 24.233.000$ 3.461.857
200012 - (enero a diciembre)$ 49.245.000$ 4.103.750
200112 - (enero a diciembre)$ 49.297.000$ 4.108.083
20028 - (enero a agosto)$ 34.874.000$ 4.359.250

Ahora bien, con el fin de establecer cuál era en promedio(11) el monto del ingreso mensual que dejó de percibir la señora Lombana de Moreno, con ocasión de la privación injusta a la cual fue sometida, los ingresos mensuales de la notaría se sumarán y el resultado obtenido se dividirá entre cuatro que corresponde al número de datos a promediar, esto arroja una cifra de $ 4.008.232, que es el ingreso mensual de la víctima directa del daño, en consecuencia, el lucro cesante se cuantificará entonces con base en esta última cifra actualizada a valor presente.

De otro lado, la Sala considera importante advertir que el periodo indemnizable será el tiempo que la actora estuvo privada de su libertad a lo cual se adicionará el lapso durante el cual no pudo ejercer el cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá después de recuperar su derecho fundamental a la libertad.

Así mismo se aclara que teniendo en cuenta que la señora Lombana de Rodríguez fue reintegrada al cargo de Notaria Primera del Círculo de Facatativá mediante Decreto 1251 del 14 de junio de 2002, no se agregará el tiempo que se presume que una persona tarda en conseguir un nuevo trabajo con posterioridad a recuperar su libertad(12), esto es 8.75 meses(13), por cuanto, como se dijo anteriormente, está acreditado que ella no perdió su cargo como consecuencia de la privación injusta de la cual fue objeto.

 

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La renta actualizada arrojó una suma de ($ 8.204.446), a la cual se deberá incrementar el 25% por concepto del correspondiente factor prestacional ($ 2.051.111), lo cual determina un ingreso base de liquidación de: $ 10.255.557.

Según se dejó indicado anteriormente, la tasación del perjuicio material se limitará al tiempo durante el cual la actora duró privada de su derecho fundamental a la libertad, a lo cual se adicionará el periodo durante el cual no ejerció el cargo después de recobrar su libertad esto es 37 meses, teniendo en cuenta que fue privada de la libertad desde el 6 de mayo de 1999, hasta el 14 de junio de 2002, cuando fue reintegrada a su cargo como Notaria del Círculo de Facatativá.

Indemnización debida o consolidada:

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En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = $ 10.226.639.

Entonces:

Ra = $ 10.226.639.

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el periodo indemnizable (37).

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S = $ 413.497.097

Indemnización a favor de la señora Luz Stella Lombana de Moreno = $ 413.497.097.

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la suma de $ 180.000.000, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $ 272.315.691(14), la cual se le reconocerá a la demandante de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia, teniendo en cuenta que este fue el límite que se estableció en la propia demanda.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala de Descongestión, Sección Tercera, el día 1º de diciembre de 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1) Declárase administrativa responsable a la Nación – Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la señora Luz Stella Lombana de Moreno.

2) Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar la demandante Luz Stella Lombana de Moreno, un monto equivalente a noventa (90) smlmv, a título de perjuicios morales.

3) Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a los demandantes Lilianne del Pilar Moreno Lombana, Adriana Paola Moreno Lombana (hijas) y Hernán Alcides Moreno Bernal (esposo), un monto equivalente a noventa (90) smlmv, para cada uno, a título de perjuicios morales.

4) Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la demandante Luz Stella Lombana de Moreno, la suma de $ 30.257.299, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

5) Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la señora Luz Stella Lombana de Moreno, la suma de $ 272.315.691, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante).

6) Sin condena en costas.

7) Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8) Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos.“Artículo condicionalmente exequible”.

“(...).

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia,el Consejo de Estadoo el Consejo Superior de la Judicatura,cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia,podrán ser decididos anticipadamentesin sujeción al orden cronológico de turnos. 

Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (destacado y subrayas fuera del texto original).

(2) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp. 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 24008.

— Subsección B: sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 20569, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Exp. 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Exp. 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Exp. 20713, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Exp. 19151, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Exp. 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Exp. 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(3) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, entre muchas otras.

(4) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, Exps. 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Exp. 40.455, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(5) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(6) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(7) Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296.

(8) Persona que reemplazó a la señora Luz Stella Lombana de Moreno en el cargo Notario Primero de Facatativá.

(9) De acuerdo con la certificación expedida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Facatativa según la cual (fl. 27, cdno. 1): “... Que teniendo en cuenta lo anterior, la doctora Lombana de Moreno estuvo privada de su libertad por este proceso, desde el 6 de mayo de 1999, al diez de mayo de 2000...” (se destaca).

(10) Artículo 16 Ley 446 de 1998. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.

(11) “Suma de todos los valores numéricos dividida entre el número de valores para obtener un número que pueda representar de la mejor manera a todos los valores del conjunto. Por ejemplo, el promedio de 6 números (3, 4, 2, 2, 5, 2) es (3 + 4 + 2 + 2 + 5 + 2) ÷ 6 = 3” según información consultada en la siguiente página web: http://www.mathematicsdictionary.com/spanish/vmd/full/a/average.htm.

(12) Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Exp. 19502.

(13) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013. Exp. 21.938.

(14) $ 180.00.000 x 113.48 (IPC mayo/2013)

75.01 (IPC mayo/2003)