Sentencia 2003-00981/33527 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 080012331000200300981 01

Expediente 33527

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Carmen Sereno Ballesteros y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Temas: Muerte de persona protegida

Bogotá, D. C., cinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser las entidades demandadas entidades estatales, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A.). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (art. 86 C.C.A.) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por la muerte de Humberto Contreras Sereno.

De la caducidad de la acción

En el presente asuntó se pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por la muerte de Humberto Contreras Sereno, el 23 de abril de 2001(2), como la demanda fue impetrada el 21 de abril de 2003, se instauró dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por tanto, no se configuró la caducidad de la acción.

De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario, porque la parte actora está conformada por las personas que declararon ser directamente afectadas con el daño consistente en la muerte de Humberto Contreras Sereno.

La legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas, Nación - Ministerio del Interior, Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, se encuentra demostrada debido a que, en el caso de la primera, es la entidad encargada de poner en funcionamiento un programa de protección para personas que se encuentren en situación de riesgo en virtud conflicto armado interno (art. 81, L. 418 de 1997) y además, está probado que dichas entidades conocían la situación de riesgo en la que se encontraba Humberto Contreras Sereno (fl. 210, c. 1).

No sucede lo mismo, con las entidades demandadas, Departamento del Atlántico y Alcaldía Distrital de Barranquilla, pues no existe medio de convicción en el expediente que permita inferir el conocimiento que tenían dichas entidades de la situación de vulnerabilidad del estudiante Humberto Contreras Sereno.

II. Problema jurídico

Una vez comprobada la existencia del daño antijurídico alegado en la demanda, la Sala procederá a establecer si las medidas de protección implementadas por el Ministerio del Interior eran las idóneas para proteger la vida de Humberto Contreras Sereno o si por el contrario, la falta de medidas de protección efectivas fue la causa eficiente del daño. Además, tendrá la Sala que establecer si se presenta una causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima, tal como lo alegó la Nación - Ministerio del Interior, debido a que Humberto Contreras Sereno murió en una ciudad diferente a aquella en la cual se le estaban prestando algunas medidas de protección.

III. Hechos probados

De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 31 de enero de 2000, en la Universidad del Atlántico se presentaron disturbios protagonizados por estudiantes que protestaban por el mal manejo del centro educativo. Durante los disturbios resultaron heridos con artefactos explosivos cuatro miembros de la Policía Nacional, quienes denunciaron los hechos ante la Fiscalía. Como consecuencia de lo anterior, Humberto Contreras Sereno, entre otros estudiantes, fue capturado el 9 de febrero de 2000. En la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Primera Delegada ante jueces del Circuito Especializados de Barranquilla se anotó:

[I]nforme de fecha 10 de febrero/2000 suscrito por Gustavo Santafé Alvarado, Jefe Sección de Información y Análisis del C.T.I. de esta ciudad, relacionado con los disturbios (…) señalando a los procesados como activistas e ideológicos de la JUCO en esa Universidad, afirmando que los artefactos explosivos son fabricados en el interior de la misma (…)

1.1. El 20 de marzo de 2001, como resultado de la investigación, Humberto Contreras Sereno fue acusado del delito de lesiones personales con fines terroristas y se profirió orden de captura en su contra (resolución de acusación proferida por la Fiscalía Primera Delegada ante Jueces del Circuito Especializados de Barranquilla, fl. 290, c. 1).

2. El 23 de octubre de 2000, con ocasión de la convocatoria extendida por el Ministerio de Interior, se reunieron varios representantes de la Universidad del Atlántico, entre ellos Humberto Contreras Sereno, y algunas entidades del Estado (ICFES, DAS, CUT, Fiscalía), con el fin de coordinar la implementación de medidas de protección contra la violación de derechos humanos que se estaba presentando en la Universidad del Atlántico contra estudiantes y profesores (fl. 210, c. 1).

3. El 24 de octubre de 2000, Humberto Contreras Sereno informó a la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que debido a la situación de amenazas en la que se encontraba por su activismo político en la universidad, tuvo que abandonar la ciudad de Barranquilla y solicitó ayuda humanitaria urgente y un instrumento para poder comunicarse (fl. 214, c. 1).

4. El 27 de noviembre de 2000, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dirigió una carta a la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con el fin de poner en conocimiento la situación de riesgo en la que se encontraban los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Luego del recuento cronológico de la situación que se vivía en la universidad, respecto de Humberto Contreras manifestó que fue objeto de varias amenazas, lo cual fue puesto en conocimiento de “las autoridades del departamento, gobernador, miembros del consejo superior de la universidad y del rector, así como a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior” sin que se hayan tomado medidas efectivas de protección, pues solamente se le había asignado una ayuda humanitaria y un teléfono móvil (fl. 38, c. 1).

5. El 30 de noviembre de 2000, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos solicitó a la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior lo siguiente:

A raíz de una calamidad doméstica sufrida al interior del seno familiar en Barranquilla del señor Humberto Contreras, (…) nos permitimos solicitar UERGENTEMENTE un tiquete para viajar a esa ciudad, cuyo itinerario sería:

Bogotá-Barranquilla-Bogotá, para viajar el día 30 de noviembre en el vuelo de las 1:00 p.m., con regreso el día sábado 2 de diciembre a la 1:00 p.m.

Por la situación que en estos momentos atraviesa el señor Contreras en la ciudad de Barranquilla, solicitamos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para este señor, durante su permanencia en esta ciudad (fl. 60, c. 1).

6. Humberto Contreras Sereno falleció el 23 de abril de 2001, en el municipio de Soledad (Atlántico), como consecuencia de la herida con arma de fuego causada por terceros. En el informe de protocolo de necropsia se anotó:

Muerte: Masculino, estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico y perteneciente al Consejo Estudiantil de dicha universidad, quien fue hallado muerto en la terraza de la casa localizada en la Diagonal 50C Nº 17ª-17 Barrio Villa Lozano, Soledad; con varias heridas por proyectil de arma de fuego (…)

Discusión y conclusión: adulto joven, que es agredido por desconocidos con armas de fuego de proyectil único, (herida de naturaleza mortal), que ocasiona la muerte por hipertensión endocraneana debido a laceración encefálica causada por proyectil de arma de fuego. Homicidio.

6.1. Por su parte, el 19 de enero de 2002, el personero municipal del municipio de Soledad (Atlántico) emitió certificación sobre la muerte de Humberto Contreras Sereno en los siguientes términos:

Que el señor Humberto Contreras Sereno (…) falleció el día veintitrés (23) de abril de dos mil uno (2001) en este municipio, víctima de muerte selectiva, por motivos ideológicos y políticos, en el marco del conflicto armado interno (fl. 73, c. 1).

7. Humberto Contreras Sereno era hijo de Samuel Enrique Contreras Montes y Carmen Sereno Ballesteros, hermano de Abelardo, Carmen Zoila, Henry Liver, Diana Edith, Ester Elisa, María Angelina Contreras Sereno y Samuel Enrique Contreras Sereno (fls. 76-86, c. 1).

IV. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado el deceso de Humberto Contreras Sereno, el cual se produjo el 23 de abril de 2001, como consecuencia de las heridas producidas por terceros con proyectil de arma de fuego (actas de levantamiento de cadáver y protocolo de necropsia fl. 241, c. 1).

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto, dicho daño es atribuible por acción u omisión a las entidades demandadas, y si estas se encuentran en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan.

La jurisprudencia de esta corporación, al analizar el fenómeno de la imputación fáctica desde el punto de vista jurídico, ha manifestado lo siguiente(3):

Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo casual, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalistico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –acción u omisión–que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(4).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una transgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, comoquiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v. gr. La responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(5).

En otros términos, la causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, comoquiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

La parte demandante le imputó el daño a la Nación - Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Departamento de Seguridad DAS, debido a que estas tenían la obligación de prestarle protección efectiva a Humberto Contreras Sereno, con ocasión de la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba luego de recibir amenazas contra su vida por motivos de ideología política.

De acuerdo con el criterio de esta Sala(6), la vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos. En ese orden, frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza; por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(7).

La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, conocida como deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguardia del individuo respecto de los actos de terceras personas, con observancia de las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones de vulnerabilidad(8).

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(9)– ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de provenir o evitar ese riesgo(10). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(11).

Además, la corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, éstas no la protegen(12), o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(13) o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(14). Al respecto, esta Subsección ha señalado(15).

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(16).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(17).

Con el propósito de determinar si este daño resulta imputable a la entidad demandada, es preciso esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Humberto Contreras Sereno, la situación de orden público en la zona, la naturaleza de las amenazas en su contra, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que estas adoptaron para evitar la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

Se encuentra acreditado en el proceso que Humberto Contreras Sereno era estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico, pertenecía al comité estudiantil y se destacó por su activismo en la universidad (supra 1.1 y 3). Además que para la época de los hechos, la situación de orden público en la Universidad del Atlántico se encontraba notoriamente alterada. Durante la investigación penal adelantada con ocasión del homicidio de Humberto Contreras Sereno la Fiscalía concluyó:

Al parecer la muerte de Humberto Contreras Sereno, obedece a la guerra que se está librando al interior de la Universidad del Atlántico, entre grupos de izquierda y grupos de ultraderecha (…).

Se podría concluir que la muerte de Contreras Sereno, se debe a la guerra que se libra al interior de la Universidad del Atlántico, entre guerrilla y paramilitarismo, agregando a esto focos de corrupción en la misma.

De acuerdo a informaciones suministradas por el señor Jairo Enrique Casiquillo Guerrero, (…) presunto paramilitar que se entregara al CTI de Santa Marta en el mes de mayo, se tuvo conocimiento que a finales del año 2000, un financiador de los paramilitares del frente Norte, alias “Don Jorge”, impartió la orden a un grupo de estos, con la finalidad de desplazarse hasta la ciudad de Barranquilla y eliminar a todos los grupos de izquierda de la Universidad del Atlántico. Posteriormente en una reunión de paramilitares, celebrada en el mes de enero en la localidad de San Ángel (Mag.), se le exigía a uno de los asistentes, ejecutar la orden de trabajo dada con anterioridad, a efectos de hacer limpieza social en la ciudad de Barranquilla, al interior del Alma Mater de la referencia (fl. 610, c. 1).

Ahora bien, para la Sala es claro que esta situación era de conocimiento de las autoridades estatales por los siguientes hechos:

(i) El 18 de septiembre de 2000, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos envió un comunicado al Procurador General de la Nación con información detallada sobre la situación de riesgo en la que se encontraban varios estudiantes de la Universidad del Atlántico, para lograr una intervención inmediata por parte del Gobierno Nacional con el fin de obtener garantías para la preservación de la vida y la integridad de los estudiantes en peligro (fl. 44, c. 1).

(ii) El 23 de octubre de 2000, se reunieron en el Ministerio del Interior representantes de la Universidad del Atlántico, de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y, del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, con el fin de coordinar un trabajo armónico para la adopción de medidas de protección para la población universitaria afectada por la situación de violación a los derechos humanos que se estaba presentando en la Universidad del Atlántico. En esta reunión se concluyó que los casos de protección serían tratados por el Programa de Protección de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (fl. 210, c. 1).

(iii) El 24 de octubre de 2000, Humberto Contreras Sereno solicitó protección a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (fl. 214, c. 1).

(iv) El 27 de noviembre de 2000, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos puso en conocimiento de la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior la situación de riesgo de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, entre ellos, Humberto Contreras Sereno y, solicitó la implementación de medidas urgentes de protección para su vida (fl. 35, c. 1).

De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente por el Ministerio del Interior, la Sala comprueba que dicha entidad entregó una ayuda humanitaria (dinero en efectivo) a Humberto Contreras Sereno, como medida de emergencia previa a la implementación de medidas de protección acordes con la evaluación de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba (fl. 215, c. 1).

Mediante un informe, el Ministerio del Interior manifestó que la ayuda humanitaria otorgada a Humberto Contreras Sereno obedeció a la adopción de medidas mediante el sistema excepcional para acceder al programa de protección, pues Contreras no cumplió con los requisitos necesarios para acceder al programa regular de protección, como son la denuncia penal ante la fiscalía y un estudio técnico del nivel de riesgo y grado de amenaza del solicitante. Por lo tanto, la ayuda excepcional que se le otorgó, en virtud del riesgo inminente que sufría el estudiante, mediante el mecanismo llamado “Acta 38”, consistió en brindarle ayuda económica para abandonar la zona de riesgo y un equipo de comunicación celular. Al respecto, el Ministerio del Interior arguyó:

No se encontró en nuestras bases de datos o de archivo, por parte del señor Contreras o de sus apoderados oficiosos:

- Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por delito alguno contra la autonomía personal del interesado en medidas de protección, que significara una amenaza para su vida, integridad o libertad.

- No se reportó ninguna alerta por amenazas contra el señor Contreras.

- No aportó documentación alguna, posteriormente a las primeras medidas de protección implementadas por Acta 38, en la que acreditara la existencia de la organización estudiantil de la cual era miembro o el aval de la misma que la acreditara su condición de dirigente o activista.

- No aportó prueba alguna que permitiera deducir que las amenazas que presuntamente manifestaba recibir eran por causa del conflicto armado que padece el país o por diferencias ideológicas. Solamente nos enunció que denunciaba hechos de corrupción en la Universidad del Atlántico.

Fue manifiesta la desidia del señor Contreras con relación a la gestión que debió efectuar para acceder a más medios de protección si realmente los requería (…). Además y en todo el tiempo en que fue beneficiario del Programa no se le ocurrió insistir personalmente o por medio del CSPP, para que se le atendiera la presunta solicitud que formuló (…) (fls. 201-208, c. 1).

Visto todo lo anterior, la Sala considera que en el presente caso, la situación de riesgo de los estudiantes de la Universidad del Atlántico era suficientemente conocida por las entidades encargadas de brindar protección. Por lo tanto, no es de recibo el argumento esgrimido por el Ministerio del Interior respecto a la falta voluntad por parte del interesado para adelantar el trámite de las medidas de protección, debido que, en virtud del conocimiento que tenían las autoridades de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Humberto Contreras Sereno, el impulso del trámite para la adopción de medidas idóneas y efectivas de protección, era deber de las autoridades, máxime si se le brindaron medidas de protección de emergencia que, finalmente, fueron insuficientes para salvaguardar la vida de la víctima.

Así las cosas, no puede darse por cumplida de manera integral la obligación de protección que tenía el Estado, en tanto la misma supone una conducta dinámica de las autoridades, tendiente a garantizar de manera efectiva la seguridad de quien, de acuerdo al contexto de vulnerabilidad, se encuentra en peligro de muerte. En consecuencia, la Sala concluye que las autoridades incumplieron su deber de protección, en tanto no se adelantaron las acciones idóneas tendientes a establecer cuál era el esquema de seguridad que se ameritaba y, en todo caso desplegar una conducta íntegra tendiente a salvaguardar los derechos amenazados.

Si bien, de acuerdo con el concepto de relatividad del servicio, que en estos eventos, se relaciona con la imposibilidad de exigir de manera absoluta al Estado la prevención de cualquier tipo de daño a los bienes y derechos de los particulares a pesar de que se encuentren jurídicamente protegidos, comoquiera que este no se encuentra en capacidad de brindar una protección personalizada a cada individuo que integra el conglomerado social. El deber de protección de la vida, honra y bienes que radica en cabeza del Estado, se torna más exigente en casos de personas frente a las cuales es posible o probable que se concrete o materialice un riesgo que no se esté en obligación de soportar. En este sentido, esta Subsección consideró:

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(18), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(19).

Aunque, se destaca que esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(20).(21)

Teniendo en cuenta que las medidas adoptadas por el Estado para prevenir la muerte de Humberto Contreras Sereno no fueron efectivas y, en virtud del conocimiento que tenían las autoridades de la grave situación humanitaria en la Universidad del Atlántico sin que adoptaran las medidas idóneas para proteger la integridad de la víctima, de acuerdo con lo expuesto, la Sala imputará la responsabilidad del daño a la Nación - Ministerio del Interior.

Respecto de las demás entidades demandadas, la Sala advierte que, en primer lugar, no se evidenció en el proceso que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional tuviera conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba Humberto Contreras Sereno, y en segundo lugar que, aunque Departamento de Seguridad -DAS- tenía conocimiento de la situación de riesgo del estudiante, debido a que asistió a la reunión interinstitucional realizada el 23 de octubre de 2000 con el fin de tratar ese tema, de acuerdo con lo establecido en dicha reunión, el compromiso de implementar un programa de protección fue adquirido por el Ministerio del Interior, por lo que dicha entidad era la encargada de coordinar la ejecución de las medidas de protección idóneas para contrarrestar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el estudiante.

Teniendo en cuenta que el poder otorgado por la Unidad Nacional de Protección -UNP-(22) a la abogada Adriana Lucía Castelblanco Mendoza cumple con todos los requisitos legales, la Sala reconocerá personería a la mencionada abogada.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a realizar la correspondiente liquidación de perjuicios, según los parámetros delimitados en la demanda y los criterios trazados por la jurisprudencia de esta Sección.

V. Liquidación de perjuicios

Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

A. Perjuicios morales

Los perjuicios morales son los generados en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(23). Este daño tiene existencia autónoma y se configura cuando concurren los siguientes criterios generales: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(24).

Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, en reciente sentencia de unificación se establecieron, para efectos de indemnización por muerte, cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y quienes demandan en calidad de perjudicados, los parámetros indemnizatorios son los siguientes:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…)

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva(25).

La Sala encuentra que el parentesco del occiso con sus padres y hermanos está debidamente acreditado, por tanto, se puede inferir que padecieron aflicción, pena o congoja con su muerte, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso(26). Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos de la víctima(27).

Con base en lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a Carmen Sereno Ballesteros y Samuel Enrique Contreras Montes (padres), la suma equivalente a 100 SMLMV a cada uno, y a Abelardo Contreras Sereno, Carmen Zoila Contreras Sereno, Henry Liver Contreras Sereno, Diana Edith Contreras Sereno, Esther Elisa Contreras Sereno, María Angélica Contreras Sereno y Samuel Enrique Contreras Sereno (hermanos), la suma equivalente a 50 SMLMV a cada uno, en compensación por el daño moral padecido como consecuencia de la muerte de Humberto Contreras Sereno.

No ocurre lo mismo con la petición de indemnización incoada por la señora Minerva Sereno de Ardila quien acudió al proceso como tía de Humberto Contreras Sereno (fl. 91, c. 1), pues, la Sala encuentra que no se acreditó en el proceso su relación afectiva con la víctima, por lo tanto, el daño moral sufrido por ella no cuenta con ningún sustento probatorio que permita tenerla como tercera damnificada. Por lo anterior, se procederá a negar dicha pretensión(28).

B. Perjuicios materiales

La Sala no accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los demandantes, debido a que no se encuentra probado que la víctima para el momento de su muerte conviviera con sus padres y contribuyera económicamente a su sostenimiento, máxime si se tiene en cuenta que para la época del daño Humberto Contreras Sereno contaba con 34 años de edad(29) y, que en la solicitud de protección que envió el 24 de octubre de 2000 a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior mencionó que requería “transporte para su unidad familiar”. Constituida por su compañera permanente “Denisse Zambrano” y su hijo de 2 años de edad “Duvan” (fl. 214, c. 1).

De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, una persona mayor de edad, cumple con la obligación de aportar económicamente al hogar paterno hasta los 25 años. A partir de esa edad, la parte interesada tiene la carga probatoria de demostrar que quien brindaba el sustento económico al hogar era la víctima del daño.

En el presente caso, no obra en el expediente prueba alguna que demuestre que el occiso convivía con los demandantes y respondía económicamente por ellos, por el contrario, existen indicios de que la víctima tenía una compañera permanente y un hijo, con quienes legalmente tenía la obligación de prestar alimentos y sustento económico. Sin embargo, estas personas no acudieron al presente proceso como demandantes.

Así las cosas, en ausencia de prueba en contrario, es posible concluir que la víctima no tenía ninguna obligación económica con los demandantes, por tanto, la indemnización por lucro cesante solicitada será negada.

VI. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 28 de febrero de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la primera instancia del presente proceso. La cual quedará así:

1. Declarar la falta de legitimación en la causa del departamento del Atlántico y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con lo expuesto en la presente providencia.

2. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio del Interior, por la muerte del señor Humberto Contreras Sereno, el 23 de abril de 2001.

3. Condenar a la Nación - Ministerio del Interior, a pagar por concepto de perjuicios morales con ocasión de la muerte de Humberto Contreras Sereno, las siguientes sumas de dinero:

3.1. Cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Carmen Sereno Ballesteros y Samuel Enrique Contreras Montes.

3.2. Cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Abelardo Contreras Sereno, Carmen Zoila Contreras Sereno, Henry Liver Contreras Sereno, Diana Edith Contreras Sereno, Esther Elisa Contreras Sereno, María Angelina Contreras Sereno y Samuel Enrique Contreras Sereno.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes de Código de Procedimiento Civil, se reconoce personería a la abogada Adriana Lucía Castelblanco Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 1.019.006.007 y portadora de la tarjeta profesional Nº 183.139 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante a folio 1136 del cuaderno principal.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme este fallo devuélvanse los expedientes al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a las partes actoras las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de Carmen Sereno Ballesteros, fue estimada en la suma de $235.200.000, monto que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 2003 -$332.000- ($160.000.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(2) Registro civil de defunción obrante a folio 75 del cuaderno 1.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, C.P. Enrique Gil Botero.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, exp. 7622, C.P. Carlos Betancourth Jaramillo.

(5) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de 2002. Exp. 14215.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 24.496. C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).

(7) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagran Morales y otros vs. Guatemala), sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C, nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C, nº 259, párr. 188-190; caso “Masacre de El Mozote y lugares aledaños” vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C, nº 252, párr. 145.

(8) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C nº 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

(9) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda nº. 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 11; Caso Kilic vs. Turquía, demanda nº. 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Oneryildiz vs. Turquía, demanda nº 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(10) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C nº 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C nº 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C nº 192, párr. 78.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; Sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(16) [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

(17) [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(18) [17] Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585.

(19) [18] Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se pretende en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene una causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio”. (Exp. Nº 1564, Actor: Flota la Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho.

(20) [19] En sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, dijo la Sala: “… si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 20374, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(22) La Unidad Nacional de Protección –UNP– es una “unidad administrativa especial del orden nacional (…) con personería jurídica, autonomía y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior (…)” Decreto 4065 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección –UNP–, se establece su objetivo y estructura.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(24) Sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

(27) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(29) Registro civil de nacimiento de 30 de enero de 1969 obrante a folio 77 del cuaderno.