Sentencia 2003-01002 de mayo 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 520012331000200301002 01 (32.342).

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Carlos Faini Santander Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Asunto: Acción de reparación directa (Sentencia).

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar se declara administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional de los perjuicios ocasionados al demandante en virtud de los hechos ocurridos el 1º de noviembre de 2001 por cuanto omitió sus deberes de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz y mantener y garantizar el orden público interno y la convivencia pacífica. Restrictores: Valoración probatoria - Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - Régimen constitucional y reglamentario de la Policía.

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Valoración probatoria.

La Sala pone de presente que conforme a los avances jurisprudenciales valorará la totalidad del material probatorio obrante en el plenario, toda vez que considera que ambas partes tienen pleno conocimiento de las pruebas ya que han obrado a lo largo del proceso, de manera que con relación a ellas se garantiza el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.

Pese a lo anterior, en cuanto a los registros fotografías con los cuales se pretenden acreditar las condiciones los daños a la edificación, la Sala recuerda que de conformidad con el artículo 25 del Decreto-Ley 2651 de 1991(20), norma vigente para la fecha en que tuvieron lugar los sucesos demandados, estos documentos se reputan auténticos.

Sin embargo, las fotografías serán valoradas siempre que en el plenario se conozcan con certeza la fecha y el lugar en que fueron registrados así como la autoría de tales registros fotográficos, lo que exige su ratificación(21).

Por lo anterior, se excluye de la valoración probatoria el álbum fotográfico que consta de 6 fotos(22), toda vez que para la Sala ha sido imposible establecer la fecha, el lugar y la persona que tomó tales fotografías, ya que no existe medio probatorio que las ratifique con contra el cual se pueda corroborar su contenido.

Ahora bien, sobre los recortes de prensa debe preverse que la jurisprudencia de la Corporación ha manifestado que las publicaciones contenidas en periódicos y medios de comunicación pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos. Bajo esta óptica la Sala valorará los recortes de prensa que obran en el plenario(23).

Con relación a las declaraciones extraproceso allegadas al plenario, el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación.

Adicionalmente, el anterior ordenamiento procesal civil consagraba la posibilidad de que se rindieran testimonios con fines judiciales ante alcaldes o notarios pero esto sólo era válido en los casos en que la ley lo autorizaba, según lo disponía el artículo 299 eiusdem.

Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”.

En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de las declaraciones extraproceso sobre las cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate(24), también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos(25) sobre el simplemente formal o procesal.

En este sentido la Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación, manifestó:

“El Juez del Estado Social de Derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley”(26), convirtiéndose en el funcionario —sin vendas— que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender vigilante, activo y garante de los derechos materiales(27)(28).

Por su parte, con relación a la valoración de las declaraciones extraproceso dentro del proceso contencioso administrativo, el Consejo de Estado ha avanzado en el sentido de señalar que:

“Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extrajuicio allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria —como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa—, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial mismo”(29).

En el mismo sentido, en pronunciamiento más reciente, la Subsección B de la Sección Tercera, también sostuvo que:

“(...) los documentos que contengan testimonios de terceras personas, por haberse vertido ante el juez, en otro proceso o extraprocesalmente, sin intervención de la parte contra quien se aducen o bien por haberse producido sin otra intervención que la del otorgante, deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos (…) no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción. (…)”(30).

Así las cosas, la Sala valorará las declaraciones extraproceso obrantes en el plenario, las cuales, en su mayoría, se encuentran ratificadas.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(31).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(32) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. Régimen constitucional y reglamentario de la Policía Nacional.

De conformidad con nuestra Constitución Política - artículo 2º, se encuentran dentro de los fines esenciales del Estado asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, para lo cual se instituyeron las autoridades públicas, con el propósito fundamental de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, postulado que, en relación con la Policía Nacional fue desarrollado mediante el artículo 218 superior, al contemplarla como

“un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

En este sentido, tenemos que el servicio de policía, es un servicio público a cargo del Estado encaminado a mantener y garantizar el orden público interno de la Nación y la convivencia pacífica, entre otros. Este servicio lo presta el Estado en forma permanente, exclusiva, obligatoria, directa, indelegable, inmediata e indeclinable, con el propósito esencial de procurar el desarrollo de la vida en comunidad, cuyo ejercicio se encuentra limitado en la observancia de la primacía de los derechos inalienables de las personas y los principios contenidos en la Constitución Política, las leyes y en la finalidad específica que su prestación persigue.

Ahora bien, específicamente, encontramos dentro de la normatividad aplicable la Resolución 9969 del 13 de noviembre de 1992, por medio de la cual el Director General de la Policía Nacional aprobó el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural, previendo la necesidad de actualizar y ajustar la prestación del servicio policial a los nuevos principios establecidos en la Constitución Política de 1991, con la función primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, libertades públicas y la convivencia pacífica.

Allí se denominó servicio de policía a la vigilancia permanente que el Estado presta por intermedio de la Policía Nacional, para conservar el orden público, proteger las libertades y prevenir y controlar la comisión de delitos, y se dijo que este servicio lo integran la vigilancia urbana y rural que son la base fundamental de las actividades preventivas y operativas de la Policía Nacional(33), clasificándolo según su objeto en de vigilancia y Judicial(34)(35).

En dicho reglamento, se establecieron las normas de carácter general que regulan la prestación del servicio policial, se fijaron los criterios, pautas y procedimientos para asegurar el cabal cumplimiento de la misión constitucional asignada a la Policía Nacional y se estableció una guía permanente de consulta para unificar procedimientos en la prestación del servicio de vigilancia(36), a los cuales deben ceñirse las actuaciones del personal oficial, suboficial y agentes de la Institución(37), que son funcionarios profesionales, preparados y estructurados en el ejercicio de su función, quienes deben cumplir en todo momento los deberes que impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, para lo cual, en el desempeño de sus tareas, se encuentran obligados a respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas, y sólo están habilitados para usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas(38), es decir dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad que la situación fáctica demande.

Ahora bien, en relación con el servicio de vigilancia se estableció que la Policía, en el ejercicio de sus funciones, debe desarrollar un espíritu de observación, sagacidad e iniciativa, con el propósito de vigilar preferentemente a personas sospechosas que deambulen por su lugar de facción, concertar su atención en aquellas personas cuyas actitudes le merezcan duda en su proceder y velar por la seguridad en el sector a su cargo, especialmente en los turnos de noche(39), entre otras, y en todo caso con la obligación de intervenir, cualquiera sea la circunstancia en que se encuentre(40) y de desplegar toda su iniciativa para procurar la prevención de delitos, desordenes, o cualquier otro acto que tienda a perturbar la seguridad y el bienestar de la comunidad(41), de lo cual se resalta que el servicio de vigilancia policial es eminentemente preventivo, en el entendido que las normas y los servicios de policía se establecieron como medios para prevenir la infracción penal.

4. Análisis del caso concreto.

Para empezar, en el caso concreto la Sala encuentra acreditado que entre la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial y Carlos Arturo Faini se celebró el Contrato de arrendamiento 01-99, suscrito el 15 de marzo de 1999, el cual tenía por objeto(42):

“PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El arrendador se compromete a entregar en arrendamiento a la Dirección Ejecutiva Seccional y ésta a recibir al mismo a titulo un inmueble con las siguientes especificaciones: Edificio ubicado en la calle 19 #21B 28 de 5 plantas con sótano o parqueadero con un área de 2.073,11 M2 construido sobre un lote de los siguientes linderos, por el frente: con la calle 19 al medio, por el costado derecho: con propiedades de Aura Burbano y sigue con propiedades de Rosaura vida de Vicuña, formando escuadra, por el fondo: con propiedades de Joaquín Acosta y por el costado izquierdo: con propiedades de Santiago Vásquez y Efraín Portilla y encierra lote adquirido por escritura pública 2592 Notaría Tercera de Pasto del 30 de junio de 1994 y luego escritura de aclaración 5467 del 18 de noviembre de 1996 de la misma Notaría. SEGUNDA. DESTINACIÓN: El inmueble objeto de este contrato se destinará para el funcionamiento de la oficina judicial, archivo judicial, bodega de la seccional y unos despachos judiciales de la cabecera del Distrito de Pasto. (…) TERCERA. TÉRMINO DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será del dieciséis de marzo al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Este plazo se entenderá prorrogado por periodos de un (1) año calendario en forma sucesiva y automática, si con sesenta (60) días de anticipación, ninguna de las partes manifiesta por escrito su voluntad de terminarlo definitivamente. (…) DÉCIMA TERCERA. REPARACIONES Y MEJORAS: Las reparaciones y mejoras iniciales y periódicas estarán a cargo de el (sic) arrendador, quien se obliga a efectuarlas en tiempo oportuno. La Dirección Ejecutiva Seccional podrá realizar mejoras útiles y adaptaciones, previo consentimiento de el arrendador, y queda autorizada para retirarlas, sin detrimento de la cosa considerándolos separados. Las reparaciones locativas estarán a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional, según disposiciones del Código Civil (…)”.

Asimismo se encuentra acreditado que la entrega del inmueble objeto de arrendamiento se llevó a cabo el 16 de marzo de 1999, según consta en el Acta de recibo de inmueble situado en la calle 19 21B-28 de la Ciudad de Pasto, el cual fue destinado al funcionamiento de los Despachos Judiciales de la Rama Judicial, en la que consta(43):

“El edificio Montana consta de 5 pisos para estrenar y un sótano, los pisos 2, 3, 4, 5 son de idénticas condiciones. En el primer piso aparte de lo relacionado en los 7 anexos que hacen parte de esta acta encontramos una barra en forma de escuadra enchapada en mármol con seis escritorios adheridos a dicha barra y oficina completa para el jefe de la oficina judicial, además encontramos una vitrina mostrador en madera y vidrio. En el 4 y 5 piso 3 oficinas modulares en aluminio paño y vidrio para tres despachos judiciales, cada uno con oficina privada para cada juez. Las cerraduras y chapas se reciben con 2 llaves cada una. La bodega y estación de transformador no se recibe por cuanto es de alta peligrosidad debido a los elementos que contiene (…).

(…).

1. Especificaciones generales.

— Construcción en estructura antisísmica.

— Mampostería en ladrillo de 20 cm y 15 cm

— Cubierta en eternit con canaleta #43 sobre estructura metálica, muros pañetados, estucados y con acabado en vinilo.

— Ventanera en aluminio anodizado, color anoloc.

— Vidrio de 5 mm en color verde y reflectivo.

— Cielorrasos, acabados en suspensión de aluminio y escrayola.

— Iluminación con luz natural complementada con luz fluorescente.

— El edificio cuenta con un transformador de 45K

— 10 líneas telefónicas solicitadas con capacidad de extenderse a 43.

— Jardinerías exteriores sobre el vacío posterior.

— Lobby exterior con piso en retal de mármol.

— Escaleras en retal de mármol con granito y dilataciones en bronce y pasamanos en pino.

— 2 gabinetes de incendios con manguera y extinguidores.

— Una siamesa con acoples en caso de incendio.

— En cada descanso de la escalera hay una toma, una lámpara de pared y una caja de control telefónico.

— Piso de garajes en cemento esmaltado con líneas demarcadas para los vehículos.

(…) 3. PRIMER PISO

ÁREA DE LOCAL 329.50 Mts. 2

Diseñado inicialmente como local comercial o bancario, pero adaptado también para oficinas, ideal para atención a público. Con acabados especiales de pisos en porcelanato con aplicaciones decorativas en mármol y cielorraso con suspensión de aluminio y placas de scrayola y con batería de servicios que consta de cocineta, baño privado, baño doble para damas y baño para caballeros.

— Acceso al edificio mediante un lobby amplio y una rampa adecuada para minusválidos con cielorraso en scrayola y suspensión de aluminio e iluminación fluorescente; columnas en pañete abusardado, piso en retal de mármol y granito, puertas en vidrio templado de 10 mm con seguridad superior e inferior.

— Oficina de atención al público o local comercial.

1 puerta de acceso, con 2 hojas en vidrio templado de 100 mm y dos chapas de seguridad superiores e inferiores.

2 ventanas batientes en aluminio anodizado

22 tomas dobles de pared

16 tomas dobles de piso

7 tomas de teléfono sencillas de pared.

4 tomas de teléfono sencillas de piso

1 toma UHF para TV

1 toma alta para instalación de TV.

34 luminarias fluorescentes dobles de 1.20 m x 0.60 m

3 apliques de pared

1 spot halógeno.

1 batería de baños

Piso en porcelanato con aplicaciones decorativas de mármol

4. Pisos tipo (2º, 3º, 4º, 5º)

Área 357.40 Mts. 2 cada uno

— Constan de espacios abiertos, proyectados para diseñar según sus necesidades, grupos de trabajo, áreas de atención al público, áreas semiprivadas, áreas privadas y salas de reuniones o conferencias, etc. Pisos en cerámica trafico 5 con diseño y lisas, en color de fácil mantenimiento.

— 2 jardineras sobre parte posterior

— 2 rociador de agua pared a pared.

— 29 tomas dobles de pared con polo a tierra.

— 36 tomas dobles de piso tipo americano con polo a tierra.

— 9 tomas telefónicas pared

— 17 tomas telefónicas piso

— 3 cajas de paso para computadores 20 cm x 25 cm

— 2 apagadores triples. (…)”.

Ahora bien, concretamente sobre la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al asunto que hoy ocupa la atención de la Sala, se observan los artículos periodísticos publicados por el Diario del Sur, en el siguiente sentido:

— Artículo denominado “Incendian edificio judicial” publicado el 2 de noviembre de 2001 y en el cual se relató(44):

“Bomba molotov causó conflagración en instalaciones del archivo judicial en pleno centro de Pasto. Destruida una gran cantidad de archivos. Cuantiosos daños a vehículos. Hubo enfrentamiento entre la Policía y estudiantes de la Universidad de Nariño, en sector de la iglesia de La Merced.

La realización ayer del paro nacional en la ciudad de Pasto degeneró al caer la tarde en hechos violentos. Una bomba fue lanzada al tercer piso del edificio que alberga el archivo histórico judicial situado en la calle 19 con carrera 21 en pleno centro de la capital de Nariño.

El artefacto explosivo originó un incendio que destruyó gran cantidad de expedientes y procesos judiciales, de acuerdo con las primeras informaciones dadas a conocer por las autoridades. El Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, Guido Mosquera dijo al Diario del Sur que el incendio alcanzó una gran magnitud, lo que obligó a utilizar 40 unidades de la institución. Inicialmente la cuantía del daño no fue establecida, puesto que al caer la noche las unidades bomberiles luchaban por controlar las llamas y trabajaban en la evacuación de los archivos.

El hecho se produjo pasadas las dos y media de la tarde. En esta edificación operan juzgados de menores, los juzgados quinto y sexto civil municipal y se encuentran archivados cerca de un millón de expediente provenientes de los diferentes juzgados de la ciudad, así como expedientes de los municipios de Leiva y el Rosario, que fueron trasladados allí por razones de orden público en esas poblaciones.

La rápida expansión de las llamas hizo que los bomberos con la colaboración de algunos empleados del edificio, se vieran obligados a lanzar los expedientes a la calle para evitar que fueran paso de las llamas.

(…)”.

— Artículo denominado “archivos convertidos en ceniza” publicado el 3 de noviembre de 2001, donde se dijo(45):

“Archivos que datan desde ciento veinte años de la historia judicial de Pasto, fueron reducidos a cenizas durante los disturbios generados el pasado primero de noviembre.

En horas de la tarde unos encapuchados ingresaron al Edificio Montana, ubicado cerca de la universidad de Nariño, sede centro y rompieron con piedras los vidrios y lanzaron petardos que hicieron explosión. Posteriormente penetraron hasta el archivo de la administración de justicia ocasionando un incendio en el segundo piso, dejándolo totalmente destruido.

Según el director seccional de la administración judicial del Distrito de Pasto, Nariño - Putumayo, Humberto Palacios Rosero, los daños no han sido calculados. El resultado fue la destrucción total del segundo piso. No hemos evaluado en términos cuantitativos las pérdidas, pero lo grave es la destrucción de los documentos que estaban en los estantes que quedaron en ruinas.

“Lo que preocupa es haber perdido el patrimonio cultural e histórico donde estaban registrados los acontecimientos y vivencias de personas e instituciones jurídicas que tenían algún proceso con la justicia. Se pierden documentos de 1880 hasta el año 2000, es decir 120 años” sostuvo.

GRAVE CRISIS

Sobre el hecho el Director seccional expresó que es lamentable: “quisiera creer que no son los estudiantes quienes cometieron este atropello, porque de ser así habría que pensar que la Universidad de Nariño está pasando por una grave crisis, porque sus estudiantes han perdido sus valores y el respeto por sus instituciones.

“La universidad que es de ellos, fue afectada y este archivo también que es de los ciudadanos. En esa medida consideraría que lo que se hizo es grave. Las directivas de la universidad deben analizar la situación y de alguna manera tratar de rescatar los valores para que de ahí en adelante cumpla con su función institucional y convertirse en un ente que no genere violencia sino paz y tranquilidad” sostuvo Palacios Rosero.

El funcionario indicó que por el momento ellos ya se acercaron a la Fiscalía correspondiente para que adelanten las investigaciones y determinar los verdaderos culpables de este atentado, que no se hizo contra una institución sino contra el patrimonio de una región”.

La información contenida en las publicaciones periodísticas coincide con las narraciones ofrecidas por los testigos presenciales, aunque para la verificación concreta de los hechos que dieron lugar a la demanda presentada contra la Policía Nacional, la prueba testimonial otorga mayor sustento fáctico.

En este sentido se encuentran los siguientes medios testimoniales:

— Declaración extraproceso rendida el 2 de abril de 2003 por José Antonio Gómez, quien manifestó que conocía al señor Carlos Faini Santander desde hace 15 años y señaló con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos(46):

“Me consta que el día 1º de noviembre hubo una manifestación universitaria y hubo bombas incendiarias contra el Edificio Montana de propiedad del señor: Faini, provocando un incendio que destruyó el archivo jurídico. (…) Me consta que también echaban papas explosivas al interior del edificio Montana y el segundo piso fue el que más se perjudico. (…) Yo me encontraba en mi casa y al informar que se estaba incendiando el edificio me trasladé al lugar ya que mi almacén se encuentra al frente de esta dependencia, al llegar a la esquina la Policía no me dejó ingresar por lo que según vecinos constataron que la Policía había actuado pasivamente. (…)”.

— Declaración extraproceso rendida el 2 de abril de 2003 por María Eugenia Castro Benavides quien manifestó que conocía al señor Carlos Faini Santander desde hace 9 años y además es trabajadora de un establecimiento situado al frente del edificio “La Montana” y señaló con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos(47):

“Si me consta que un grupo de universitarios echaron bombas incendiarias al edificio Montana, ubicado en la calle 19 con carrera 21 de propiedad del señor Faini, que los que echaban las bombas eran encapuchados, lo cual hicieron grandes destrozos e incendios. También echaron papas explosivas sobre las ventanas del edificio. (...) Me consta que el segundo piso del edificio Montana fue el que más sufrió el impacto de las bombas, donde se encontraban los archivos. (…) Me consta que la Policía Nacional no hizo nada por lo cual hizo que los revoltosos continuaran echando bombas y papas explosivas. Me consta que los bomberos fueron tarde de la noche cuando ya el incendio había pasado (…)”.

Asimismo, la señora María Eugenia en testimonio rendido el 11 de mayo de 2004 ante el Tribunal Administrativo de Nariño manifestó(48):

“PREGUNTADO: Exprese si le consta o no, explicando la razón de su dicho, lo ocurrido el 1º de noviembre del año 2001 durante una manifestación de protesta universitaria en esta ciudad. En qué lugar se encontraba usted y qué pudo percibir directamente. CONTESTÓ: Yo iba directamente a trabajar a la compraventa “La Moneda” que queda junto al edificio “Montana”. Entonces ahí no dejaron pasar porque estaban más de cuatro o cinco personas encapuchadas, toda la gente estaba desalojada, no abrieron para nada el almacén donde yo trabajaba en toda la tarde. (…) La dirección del almacén es calle 19 con carrera 21. Entonces cuando no dejaban pasar a nadie de gente, estaban no más los encapuchados, los policías estaban en toda la esquina del Banco Ganadero observando pero no hicieron nada para detener lo que estaba pasando. Ellos los encapuchados, estaban echando bombas de esas que tiran y sale bastante humo. Ellos hicieron y deshicieron, tuvieron todo el tiempo necesario para hacer cosas que no debían hacer. Todo lo que ellos echaban comenzó a hacer llamas. Empezaron a echar en el edificio las bombas y quebraron los vidrios. Yo estaba presenciando desde donde estaban los policías, en la esquina. Los bomberos llegaron y ellos se devolvieron, los bomberos no hicieron nada. En la noche llegaron de nuevo, ellos como que llegaron, porque eso dijeron eso no me consta. Yo presencié eso a partir de las dos de la tarde hasta las cinco o cinco y media más o menos. PREGUNTADO: Manifieste qué daños se causaron al edificio Montana durante los hechos a los que se ha referido anteriormente. CONTESTÓ: Llegó una volqueta al otro día en la mañana, como que los empleados del Juzgado empezaron a sacar papelería destrozada, en cenizas. El edificio tiene tres pisos. En el segundo piso sucedieron los hechos, de allí sacaron toda la papelería dañada. La parte del techo estaba hecho un desastre, estaba negro. PREGUNTADO: Sírvase decir qué causó el daño a la papelería sobre el cual usted ha mencionado en su respuesta anterior. CONTESTÓ: El día del incendio volaba papelitos en toda la calle del sector, la causa yo creo que fue por las bombas que los encapuchados echaron. (…)”.

— Declaración extraproceso rendida el 4 de abril de 2003 por Aura Libia Burbano quien manifestó que conocía al señor Carlos Faini Santander y señaló(49):

“Me consta que esa tarde del primero (01) de noviembre del año 2001 una gran manifestación provocó disturbios y el incendio del 2º piso del Edificio Montana. (…) Aquel día algunos manifestantes encapuchados con botellas encendidas lanzaban al edificio, lo cual produjo el incendio, como también destrucción de vidrios, puertas y ventanas. (…) Si es verdad que el segundo piso del edificio Montana del 2º piso (sic) sufrió el impacto del incendio. (…) Referente a la Policía Nacional, estuvo pasiva permitiendo que siguieran echando bombas y papas explosivas. (…) En cuanto a la presencia del cuerpo de bomberos, yo personalmente llamé a las instalaciones del cuerpo bomberil para que vinieran a apagar el incendio, lo cual me respondieron que ya sabían y que por lo tanto estaba difícil entrar a pagarlo porque los manifestantes no los dejaban entrar”.

Asimismo, la señora Aura Libia en testimonio rendido el 11 de mayo de 2004 ante el Tribunal Administrativo de Nariño manifestó que vivía en la calle 19 Nº 21B-33 y sostuvo en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos(50):

“(…) Yo me encontraba en la casa, en horas de la mañana se presentó una manifestación bastante grande, aproximadamente al medio día empezaron los disturbios de los manifestantes lanzando piedras y botellas encendidas, pues lógicamente que no iba a estar pendiente en el balcón todo el día, pero cuando sentí que caían vidrios y estruendos bastante grandes medio me pude asomar y miré que en el segundo piso del edificio de enfrente ya estaba cubierto en llamas. Entonces yo personalmente llamé al cuerpo de bomberos, entonces el señor que contestó el teléfono me dijo que ellos ya sabían pero que era muy difícil llegar al sitio del incendio porque no los dejaban pasar. Eso era más o menos la una o una y media. Entonces ya demoraron ellos un poquito en llegar y el susto nuestro era que sigan tirando esas botellas en las casas vecinas. Cuando ya llegaron los bomberos estaba completamente el segundo piso incendiado. Uno en la angustia se le hace largo el tiempo, pero se demoraron unos quince o veinte minutos más o menos, pudo ser más. De todas maneras cuando llegaron ellos todo estaba destruido. PREGUNTADO: Manifieste qué daños se causaron al edificio Montana durante los hechos a los que se ha referido anteriormente. CONTESTÓ: En el primer piso quebraron las puertas y ventanas que eran de vidrio. Y el segundo piso el incendio, las llamas salían hacía fuera. Al otro día que pude mirar, desde mi balcón podía ver parte del incendio, de los daños que se habían causado. Miré que sacaban los archivos totalmente quemados y agua en cantidad, sacaban todo eso quemados, los estantes torcidos, los hierros. PREGUNTADO: Sírvase decir qué causó el daño a la papelería y elementos de oficina sobre los cuales usted ha mencionado en su respuesta anterior. CONTESTÓ: El incendio. PREGUNTADO: Sírvase decir cuál fue la actitud asumida por la Policía Nacional durante los hechos en los cuales se causaron daños en el edificio “Montana”. CONTESTÓ: La Policía estuvo en el momento de los disturbios, ubicados más o menos a una distancia alejada del edificio, y los manifestantes no dejaban ni acercarse, estaban apoderados de la calle haciendo su problema allí. Pero la Policía sí estuvo presente. Lo que yo medio pude mirar es que los manifestantes estaban apoderados de la calle. Si la Policía actuó o no actuó no me consta. De todas maneras se hizo el incendio (…)”.

Dado lo anterior, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico consistente en la lesión a la propiedad privada y al patrimonio de Carlos Faini, el cual es subsistente, toda vez que no fue reparado por su co-contratante, pues se observa que aunque éste solicitó a la Dirección Administrativa de la Rama Judicial el reconocimiento de las reparaciones locativas a que hubo lugar, dicha solicitud no fue acogida.

Al respecto obran los siguientes documentos:

— Carta de 17 de mayo de 2002 dirigida por Carlos Faini ante la Dirección Administrativa de la Rama Judicial(51):

“El objeto de la presente comunicación es el de urgir, en mi condición de arrendador del edificio Montana, las reparaciones locativas que se requiere efectuar en el inmueble, a raíz de los daños causados durante la asonada obrero estudiantil del 1º de noviembre del año pasado.

Se parte del principio, de que el edificio fue atacado por los revoltosos por la condición de oficial que había adquirido con la ocupación de oficinas públicas, que no se hubiesen registrado en caso de ostentar una meramente particular.

Para evitar complicaciones posteriores más costosas, con la autorización de su antecesor, el Dr. Humberto Palacios Rosero, hice las reparaciones indispensables para que funcionaran los pisos y oficinas que no fueron quemados, tal como lo informé con mi comunicación detallada, de diciembre 6 del años (sic) 2001 por valor de $ 3.498.974 a lo que hay que adicionar el valor de $ 132.000 pagados en enero del año en curso. Esto permitió el uso de los demás pisos y oficinas restantes, pero las demás reparaciones que también corren por cuenta de la entidad arrendataria, no se han hecho, con detrimento hasta de la imagen del sector urbano central donde está situado el edificio, que presenta feísimo aspecto, a pesar de que el área quemada es apreciable y que sigue necesitándose para el funcionamiento normal de la entidad a su cargo, atacada en la revuelta.

Superfluo resulta mencionarle que como propietario estoy habilitado por las normas legales del arrendamiento (art. 1997, 2030 y concordantes del CC) que tratándose de esta entidad vinculada con la administración de justicia, pero estoy seguro de actuar correctamente al formular esta exigencia, que confió será atendida prontamente”.

— Petición presentada el 7 de marzo de 2003 por Carlos Faini ante la Dirección Seccional de la Rama Judicial por medio de la cual le puso de presente(52):

“Atendiendo al tema de la referencia, en calidad de propietario arrendador y con fundamento en las claras disposiciones del Código Civil en sus artículos 1997, 1998 y 2003 remití a esa oficina el 17 de mayo del año pasado 2002, una nota relacionada con la reparación de los daños sufridos por el inmueble que cedí en arrendamiento, afectado por el incendio del 1º de noviembre de 2001, provocado por el carácter oficial que el edificio había adquirido con la ocupación que ustedes le dieron, de sede de varios Juzgados de la Oficina Judicial y del Archivo. (…)”.

— En respuesta a la anterior petición el 11 de marzo de 2003 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial - Distrito de Pasto, le dijo al señor Carlos Faini(53):

“(…) Lamentamos comunicarle que está Seccional no está obligada a realizar las reparaciones locativas al inmueble de su propiedad y al servicio de la Rama Judicial en el Distrito Pasto, por el insuceso del 1º de noviembre de 2001, en razón a que el incendio no se produjo en ningún momento por actos de nuestra parte ni como lo afirma usted en su oficio por el “carácter oficial que el edificio había adquirido” (…)”.

Por otra parte, para la Sala es evidente que los hechos de vandalismo presentados el 1º de noviembre de 2001 fueron dirigidos directamente contra el edificio judicial, incluso, contra el piso en el cual se encontraban todos los archivos judiciales, conclusión ésta que se infiere del hecho de que ningún otro establecimiento de comercio aledaño haya sido atacado directamente o en la forma (incendiaria) en que se arremetió contra las instalaciones judiciales, ni siquiera aquellos a los cuales se encontraban vinculados los testigos cuya declaración obra en el proceso.

Ahora bien, con relación a la actuación de la Policía frente a los disturbios los testigos concuerdan en afirmar la presencia de la Policía Nacional en el momento y lugar de los hechos e, igualmente, coinciden en señalar que la actuación de la fuerza pública fue “pasiva”, la testigo María Eugenia Castro Benavides(54) sostuvo “[m]e consta que la Policía Nacional no hizo nada por lo cual hizo que los revoltosos continuaran echando bombas y papas explosivas” y ratificó que “los policías estaban en toda la esquina del Banco Ganadero observando pero no hicieron nada para detener lo que estaba pasando”.

Asimismo, aunque la señora Aura Libia Burbano dice que no le consta si la Fuerza Pública “actuó o no actuó”, ella misma es clara en señalar que la policía miraba de lejos y que quienes estaban apoderados de la calle eran los manifestantes y los encapuchados.

Dicho de otra manera, el material probatorio obrante en el plenario es suficiente para concluir que la Policía Nacional falló en la prestación del servicio, por inactividad y omisión en el cumplimiento de sus deberes, constitucionales, legales y reglamentarios.

Dado lo anterior, en el caso concreto la falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de una violación, con una conducta omisiva, del contenido obligacional determinado en la Constitución Política, la ley y los reglamentos que rigen la prestación del servicio de policía.

La Policía Nacional omitió proteger y asegurar los bienes del actor, lo cual es reprochable, mucho más, si se tiene en cuenta que se trató de una manifestación o paro nacional donde es previsible que el orden público se vea alterado, en atención al nivel de excitación que manejan los manifestantes populares y a la intervención de grupos delincuenciales que se infiltran en la protesta social para cometer actos ilícitos.

Asimismo es reprochable que pese a la presencia de la policía en el momento y lugar de los hechos, esta haya omitido intervenir para controlar o minimizar los disturbios y los daños causados, no solo a los bienes particulares, sino también al edificio judicial que por su carácter oficial conlleva mayor riesgo de ser atacado o de ser objeto de la actuación de subversivos o personas antisociales que arremeten contra la organización Estatal, consecuencia de lo cual resultó borrada la memoria judicial que reposaba en los archivos del Edificio ubicado en la calle 19 Nº 21B-28 de la ciudad de Pasto.

Entonces, con relación al juicio de imputación que aquí se efectúa, la Sala ha revisado la actuación de la autoridad pública demandada y encontró que ella no se encuentra plenamente ajustada a los contenidos normativos e imperativos que regulan la prestación del servicio de policía, establecidos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que para el efecto han expedido los miembros del Gobierno Nacional y, como se ha dicho, su desconocimiento significa la imputación objetiva a título de falla en la prestación del servicio, en concordancia con el principio de legalidad que rige la actuación de los servidores públicos, contenido en el artículo 6º constitucional, que los responsabilizó por infringir la Constitución o las leyes, ya sea mediante una acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Así el daño antijurídico sufrido por el demandante es imputable a título de falla en el servicio a la Policía Nacional que omitió su deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades; su deber de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz y de mantener y garantizar el orden público interno y la convivencia pacífica.

5. Perjuicios.

Con relación al reconocimiento de los perjuicios derivados del daño antijurídico, la Sala precisa que el demandante solicitó:

1. Por concepto de perjuicios materiales, a título de daño emergente la suma de $ 180.000.000, consistente en las reparaciones del inmueble de su propiedad.

2. Por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 80 SMLMV.

Ahora bien, para acreditar la propiedad del inmueble el demandante allegó el folio de matrícula inmobiliaria 240-45776 en el que consta que el bien ubicado en la calle 19 con carrera 22 es de propiedad de Carlos Faini(55).

En el mismo sentido las declaraciones extraproceso rendidas el día 2 de abril de 2003 por José Antonio Gómez(56) y María Eugenia Castro Benavides(57) afirman que el edificio “Montana” ubicado en la calle 19 con carrera 21 es de propiedad de Carlos Faini.

5.1. Perjuicio moral.

Sobre el concepto de perjuicio moral, debe preverse que éste se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

En cuanto a la reparación del daño moral en caso de lesiones al patrimonio económico de la persona, la Sala ha reconocido este tipo de perjuicio inmaterial, siempre que el mismo se encuentre probado.

En sentencia del 5 de octubre de 1989, explicó:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(58).

Y en sentencia del 13 de abril de 2000, la Sala dijo:

“El desarrollo del tema en la jurisprudencial nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(59)(60).

En el caso de autos la Sala encuentra que no obra prueba alguna tendiente a demostrar la configuración del perjuicio moral en cabeza de Carlos Faini, consecuencia de lo cual se ve obligada a negar su reconocimiento.

5.2. Perjuicio material - daño emergente.

En cuanto a la acreditación del daño emergente consistente en las reparaciones del edificio de propiedad del demandante, se allegó el siguiente material probatorio:

— Propuestas presentadas el 22 de noviembre de 2001 por Celimo Álvarez(61), Fabián Eraso Burbano(62) y Jairo Ortiz Montafur(63) ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Pasto para realizar la “construcción y reparación del segundo piso del edificio Montana de la ciudad de Pasto” y en las que se observa:

1. Obras a realizar que hacen parte de la construcción y reparación del bien inmueble: Limpieza y pintura de protección de placa metálica, arreglo de muro y paredes agrietadas, corrección de enchape en filo de ventanas, limpieza y pintura de perlita platachada en ventanas, suministro y colocación de cielo raso en placas de yeso y perfileria en GYPLAC, repello de muro mortero 1:3 con sikalatex. Incluye retiro de repello existente, estuco de muros internos y columnas con estuco profesional, pintura de los muros interiores y de las escaleras y de las columnas, retiro de puertas en madera y de ventanas en aluminio, arreglo, suministro y colocación de puertas en madera y de las ventanas de aluminio, suministro e instalación de vidrios verde, reflectivo y grabado, reinstalación hidráulica y sanitaria y reparaciones e instalaciones eléctricas en el tercer piso.

2. Valores de las propuestas presentadas ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Pasto:

ProponenteValor de la propuesta
Celimo Álvarez Eraso$ 37.522.636
Fabián Eraso Burbano$ 38.241.592.
Jairo Ortiz Montufar$ 39.903.691

— Cotización presentada el 4 de abril de 2003 por Guillermo Navarro ante Carlos Faini por medio de la cual puso en su conocimiento(64):

“Me permito presentar los costos para reposición de 360 metros cuadrados de cielo raso con perfil chicago metal color blanco y láminas decoradas elaboradas en yeso 0.60 x 0.60. Diseño exclusivo del edificio montana 2º piso ubicado en la calle 19 entre carreras 21 y 22.

Valor metro cuadrado: $ 52.000 Valor total: $ 18.720.000”.

— Cotización presentada el 11 de abril de 2003 por la Distribuidora de Vidrios Ltda., ante el señor Carlos Faini en la que consta(65):

“Cotizamos ventanas en aluminio acabado champaña con vidrio 6 mm verde plus y cielo raso instalado con tee de aluminio color pintura blanca.

Descripción

Ventanas: Construidas en perfil semipesado REF. EU-037 (3x1 ½), EMM -177/175 (plsavidrio fijo y móvil a presión), EMM -176 (nave proyectante) instalada con vidrio 6 mm arquitectura transparente y reflectivo verde.

Cielo raso: Fabricado en tee de aluminio pintura blanca electroestática con placa mineral de 0.60 x 0.60 calidad selotex.

Liquidación y diseño

V1 – Ventana de 5.85 +0.90 x 1.64 1 CF – 1 proy. fachada principal2.350.000
V2 – Ventana de 1.89 +1.89 *2.254 CF – fachada principal2.100.000
V3 – Ventana de 4.87 +0.92 * 1.652CF – 1 proy. Fachada principal2.170.000
V4 – Ventana de 6.62 * 1.801 CF – 1 proy. Fachada posterior2.381.000
V5 – Ventana de 3.50 * 1.781CF1.936.500
Cielo raso placa celdas360 m220.880.000
 TOTAL31.817.500 (…)”.

— Presupuesto de obra realizado el 11 de abril de 2003 por el Arq. Jorge Bravo Garreta en el que consta que la “reparación arquitectónica del segundo piso del edificio Montana” ubicado en la calle 19 Nº 21B-14, de propiedad de Carlos Faini tendría un valor de $ 73.535.140 por concepto de aseo general, desalojo de escombros, limpieza y pintura de la placa metálica, reposición de enchape en los filos de las ventanas, perlita platachada en muros posteriores, reparación de muros y paredes agrietadas, demolición del repello en mal estado, estuco en muros y columnas, pintura para muros interiores y fachada principal y posterior, recubrimiento de vigas y viguetas en mortero, retiro de puertas de madera - sección baños, cenefa en triplex para ventana, retiro de ventanería en aluminio, dilatación en madera, enchape y guarda escoba en cerámica e instalaciones eléctricas y telefónicas(66).

— Dictamen pericial rendido por Guillermo Alvarado Chaves el 2 de abril de 2004 ante el Tribunal Administrativo de Nariño el cual se rindió con el fin de establecer “el daño emergente sufrido por el edificio Montana, especialmente en su segundo piso, a consecuencia de los destrozos e incendios provocados por grupos revoltosos, en los hechos ocurridos el día 1º de noviembre de 2001 a los que hace alusión” y en el que se observa(67):

1. Método empleado por el perito. Valoración de los medios probatorios que obran en el plenario y realización de una inspección ocular a la edificación “Montana”, de la cual no obra prueba alguna en el expediente de su práctica.

2. Estado de conservación del inmueble. En virtud de los hechos acaecidos el día 1º de noviembre de 2001, el edificio “Montana” presentó los siguientes daños:

“— Deterioro muy considerable en el recubrimiento de las vigas de losa entre el piso y las columnas del segundo piso, el cual afecta de manera directa los demás pisos de la edificación y puede llevar al deterioro estructural de esta, ya que presenta problemas de oxidación de las vigas metálicas y si no se toman medidas urgentes al respecto pueden repercutir en serios problemas de confiabilidad estructural de la zona afectada hacía un futuro, debido a la intemperie existente por consecuencia del incendio. En la parte frontal sobre la fachada de la calle 19, entre el segundo y tercer piso, se encuentran unas losas metálicas en acero complementarias a las vigas y refuerzos metálicos que también se hallan en regular estado de conservación, seguridad de la edificación ya que esta parte del edificio es de estructura flotante metálica y teniendo en cuenta que estuvo sometida a altos grados de temperatura por la conflagración, agua abundante y complementario a intemperie prolongada.

— Complementario a esto la parte de estructura en concreto reforzado debe ser sometido también al estudio de estabilidad estructural y realizar las reparaciones que este estudio sugiera para garantizar el funcionamiento adecuado de acuerdo a los estándares de seguridad de toda la edificación en general teniendo en cuenta que el daño más severo lo sufrió la planta dos de la edificación.

— Se observa de manera significativa el deterioro de mampostería y todos los pañetes del segundo piso debido a las altas temperaturas a las que fue sometido. Presenta fisuras y agrietamientos considerables, lo que lleva a retirar los pañetes actuales, retirar escombros, repellar de nuevo toda el área de los muros, estucar y pintar por completo todo lo que corresponde a los muros y recubrimiento de columnas y vigas.

— Hacia el área de los ventanales del segundo piso se deben realizar varias reparaciones ya que la mampostería y estuvo están seriamente dañados por los incidentes del incendio y por presentar serias filtraciones de agua al estar en una exposición prolongada a la lluvia que además están afectando pisos inferiores. Esta zona no posee ni una sola ventana, ya que la perfilaría de aluminio está completamente destruida y es necesario la remoción y cambio del total de carpintería metálica de la fachada interior y exterior en su totalidad.

— A nivel de ductos de tuberías de electricidad en el segundo piso se observan deterioros muy significativos lo que exige el cambio total de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. De manera más evidente en el cielo raso, por ser este el sitio que recibió en mayor proporción el calor de las llamas y estos tubos se derritieron por ser de un material plástico. Los cables internos que van dentro de los ductos deben ser remplazados y cambiados en su totalidad a nivel de cielo raso y piso.

— Igualmente deben ser reparados todos los puntos tales como apagadores eléctricos, interruptores, puntos telefónicos a nivel de muros. Los pintos eléctricos y telefónicos a nivel del piso deben ser cambiados por ser esta una construcción diseñada para oficinas. Este tipo de conexiones fueron consumidas en su totalidad por las llamas en el segundo piso, al igual que cajas de controles eléctricos, telefónicos y de redes que existían.

— Las placas de cielo raso del segundo piso fueron arrasadas por las llamas, sólo se observa algunos de los perfiles de aluminio completamente retorcidos y en ruinas, en donde estas placas reposaban.

— Se debe restituir todas las luminarias del segundo piso ya que fueron completamente destruidas.

— El piso de cerámica del segundo nivel presenta algunas fisuras y algunas zonas deben ser reparadas. Si existiere una cerámica igual o similar se procederá a cambiarlas o en su defecto se debe cambiar todo el piso cerámico. Además, se hace necesario esperar la revisión técnica a nivel eléctrico, ya que es posible que los tubos de PVC que llevan la red eléctrica y telefónica a nivel del piso estén derretidos internamente y su reparación lleve a la instalación de nuevas redes. Por lo cual llevaría al retiro de grandes tramos de baldosas y nueva instalación de estas redes e interruptores ocasionaría el cambio total de la cerámica.

— Todas las puertas del segundo piso se encuentran quemadas y en pésimo estado, al igual que las chapas.

— Los daños de este segundo piso están en la parte posterior de la edificación. Esta zona posee dos baterías de baños y cocineta y un baño privado al que se deberán cambiar todas las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, lo que llevara al cambio total de cerámica en estas zonas a nivel de muros y pisos.

— Los vidrios de la fachada exterior del segundo piso no existen y los de la fachada interna presentan grandes fisuras y otros están completamente rotos, al igual que los marcos presentan un deterioro muy considerable.

— La parte exterior de la fachada que da hacia la calle 19 presenta un daño muy considerable en el segundo piso, pero se extiende a otros pisos, y por esto es necesario remplazar algunas zonas de enchape en piedra coralina, lavar de manera total la fachada ya que presenta muchos sedimentos de hollín, por lo cual se deben instalar andamios para efectuar reparaciones en el enchape de la piedra, reparaciones de pañete, estuco y pintura, porque daña la apariencia total de la edificación.

— En los pisos inferiores se debe hacer una revisión de muros y techos, en especial los aledaños a las fachadas, ya que por la intemperie han sufrido penetración de agua lluvia constante y han dañado algunas zonas.

— Se hace necesaria la pintura general de todo el edificio ya que por el fuego de los techos, paredes, etc., presenta manchas de hollín a lo largo de toda la edificación.

— La caída de agua, al apagar el incendio produjo daños en las escaleras, zonas comunes, oficinas inferiores, sótano, baños, cuarto de máquinas, etc.

— La subestación eléctrica del edificio fue reparada para poder darle servicio al resto de las zonas y garantizar un funcionamiento parcial del resto de la edificación, por lo que se debe haber cambiado muchos trayectos de cables y tubería, los cuales se deben reorganizar en el momento en que se ponga en servicio el segundo piso.

— Se puede observar reformas a nivel de todo el edificio para poder dar servicio parcial de electricidad, de redes hidráulicas, telefónicas, etc., debido a que se modificaron los trayectos originales por los daños ocasionados en la conflagración.

— Es importante notar que algunos de los daños han sido reparados por el señor Carlos Faini en diferentes pisos de la edificación, para que el inmueble preste un servicio normal en los pisos primero, tercero, cuarto, quinto y sótano.

— Se puede observar como también el propietario ha realizado reparaciones en la red hidráulica y sanitaria en la zona posterior y algunos tramos de cielo raso también han sido reparados.

— Hay además reparaciones provisionales de sustitución en las canaletas de vidrio crudo, que hacen parte de la marquesina y cubren los vacíos sobre el primer piso y sobre el techo del quinto piso y así lograr la conservación y protección contra la lluvia para estas dependencias”.

2. Conclusión. Teniendo en cuenta el precio de los materiales de construcción, como del valor de la mano de obra a emplear, dirección arquitectónica y demás ítems relacionados con las actividades propias de la reconstrucción de obras, estimó que el valor del daño emergente no puede ser inferior a $ 190.000.000.

Con relación al material probatorio ampliamente descrito y citado, la Sala considera que este es suficiente para acreditar el perjuicio peticionado, toda vez que cada uno de ellos refiere la existencia de daños y deterioro sufridos por la edificación identificada con el folio de matrícula inmobiliaria 240-45776, ubicada en la calle 19 con carrera 22, de propiedad de Carlos Faini.

Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a la tasación y liquidación del perjuicio ya que ninguno de los documentos citados permite establecer con certeza el monto al cual ascendieron los daños causados, pues todos ellos son cotizaciones que arrojan diferentes valores e, incluso, el dictamen pericial, aunque para verificar los daños realizó una inspección ocular al Edificio Montana, la Sala prevé que el quantum allí tasado obedece a la valoración de los medios probatorios que obran en el plenario, la cual corresponde al operador judicial que es, en ultimas, quien señalará qué valor le otorga a cada una de las pruebas, y ya aquí se ha dicho que estos documentos no permiten determinar con certeza a cuánto ascienden los perjuicios reclamados.

Y resulta tan evidente que tales documentos no permitan establecer el valor del perjuicio, que el mismo dictamen pericial no arroja un valor cierto, por el contrario, sostiene que el daño emergente “no puede ser inferior a $ 190.000.000”, lo que es igual a afirmar que no se ha determinado el valor exacto al cual asciende el perjuicio.

Como consecuencia de lo anterior y en aplicación del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998, vigentes para la época de los hechos, la Sala procederá a condenar en abstracto, mediante el señalamiento de las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental.

Entonces, el Tribunal de Instancia para concretar la condena adelantará el correspondiente incidente de liquidación, en el que se especificaran las reparaciones realizadas en la edificación Montana y se determinará el valor efectivamente pagado por cada uno de los rubros, previa su confrontación con los daños reportados en el dictamen pericial y demás documentos que aquí se citaron, a fin de verificar que ellos correspondan a los daños causados en los hechos del 1º de noviembre de 2001. La liquidación se reconocerá en el valor efectivamente pagado actualizado con aplicación de la siguiente formula:

RA = Rh * IPC F IPC I

5. Condena en Costas.

El demandante solicita dentro de sus pretensiones que se condene a la entidad demandada a pagar “Por costas o agencias en derecho, un valor equivalente al 30% de las condenas que se llegaren a decretar en contra de la demandada o de la suma global que eventualmente se llegare a conciliar tanto por concepto de daños materiales como morales”.

Sin embargo, dicha pretensión será denegada toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 2005(68) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por los motivos expuestos en esta providencia. Y en su lugar dispone:

PRIMERO: DECLARESE administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional de los daños y perjuicios ocasionados en el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 240-45776, ubicado en la calle 19 con carrera 22, de propiedad Carlos Faini Santander.

SEGUNDO: CONDÉNESE EN ABSTRACTO a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a pagar a favor de Carlos Faini Santander la suma de dinero resultante del incidente de liquidación que adelantará el Tribunal de Instancia para concretar la condena, quien deberá especificar las reparaciones realizadas en la edificación Montana y determinar el valor efectivamente pagado por cada uno de los rubros, previa su confrontación con los daños reportados en el dictamen pericial y demás documentos que aquí se citaron, a fin de verificar que ellos correspondan a los daños causados en los hechos del 1º de noviembre de 2001. La liquidación se reconocerá en el valor efectivamente pagado actualizado con aplicación de la siguiente formula:

RA = Rh * IPC F IPC I

TERCERO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

SEXTO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

20 ART. 25.—Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros.

21 Consejo de Estado, sentencia de 10 de junio de 2009, expediente 18.108, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

22 Folios 133, cuaderno 1.

23 Al respecto se ha dicho que “no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, ya que (…), “(…) no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será la eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos”. La información de prensa puede constituirse en un indicio contingente. Asimismo, “(…) En otras providencias ha señalado que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario (…). (Sent. mayo 29/2012, exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia; sent. jul. 25/2011, exp. 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sent. oct. 19/2011, exp. 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sent. feb. 15/2012, exp. 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz).

24 Al respecto debe preverse que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 estableció: “ART. 40.—Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

25 Al respecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 103 del Código Contencioso Administrativo.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2007.

28 Corte Constitucional, Sentencia de Tutela SU-768 del 16 de octubre de 2014.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2012, radicación 11001-03-15-000-2012-00035-00(AC), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 27.521, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

31 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

32 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág.174.

33 Articulo 34 Resolución 9969/1992 - Policía Nacional.

34 Artículo 35 ibídem.

35 Es necesario diferenciar la policía administrativa de la policía judicial; la primera está encargada fundamentalmente de reprimir los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido, y la segunda está encargada de colaborar con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se fundamenta algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido.

36 Artículo 1º ibídem.

37 Artículo 2º ibídem.

38 Artículo 23 ibídem.

39 Artículo 38 ibídem.

40 Artículo 39 ibídem.

41 Artículo 47 ibídem.

42 Folios 18-20, cuaderno 1.

43 Folios 22-29, cuaderno 1.

44 Folios 30-31, cuaderno 1.

45 Folios 32, cuaderno 1.

46 Folios 15, cuaderno 1.

47 Folios 16, cuaderno 1.

48 Folios 162-164, cuaderno 1.

49 Folios 17, cuaderno 1.

50 Folios 164-166, cuaderno 1.

51 Folios 37, cuaderno 1.

52 Folios 34, cuaderno 1.

53 Folios 35, cuaderno 1.

54 Folios 16, cuaderno 1.

55 Folios 131-132, cuaderno 1.

56 Folios 15, cuaderno 1.

57 Folios 16, cuaderno 1.

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco de octubre de 1989, expediente 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo.

59 Sentencias del 5 de octubre de 1989, expediente 5320, del 7 de abril de 1994, expediente 9367 y del 11 de noviembre de 1999, expediente 12.652, entre otras.

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, expediente 11.892, actor: Franklyn Liévano Fernández.

61 Folios 48-76, cuaderno 1.

62 Folios 77-103, cuaderno 1.

63 Folios 104-130, cuaderno 1.

64 Folios 144, cuaderno 1.

65 Folios 45, cuaderno 1.

66 Folios 140-141, cuaderno 1.

67 Folios 154-159, cuaderno 1.

68 Folios 246-262, C.P.