Sentencia 2003-01008/37527 de agosto 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001-23-31-000-2003-01008-01(37527)

Actor: Sady Meneses Noguera y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) la responsabilidad del Estado por daños causados por artefactos explosivos; 5) el análisis de la responsabilidad del Ejército Nacional de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario en el caso concreto; 6) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2003(8). Dado que en la demanda se solicitaron 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. La oportunidad de la acción.

La muerte del señor Luis Hernando Meneses Noguera ocurrió el 16 de diciembre de 2002, según consta en su registro civil de defunción(9) y se observa que la demanda fue interpuesta el 28 de julio de 2003, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

Los demandantes se encuentran legitimados para actuar en su calidad padres y hermanos de la víctima, de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(10).

Igualmente, la Nación - Ejército Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda, la cual está debidamente representada por el comandante del Batallón José Hilario López, quien fue facultado mediante la Resolución 1927 del 12 de diciembre de 2000 del Ministerio de Defensa para notificarse y constituir apoderados en defensa de la entidad de acuerdo con la jurisdicción de su Comando(11).

4. La responsabilidad del Estado por daños causados por artefactos explosivos.

En providencia del 28 de enero del 2015(12), esta sección reiteró su jurisprudencia respecto de la responsabilidad del Estado cuando la muerte o lesiones causadas por artefactos explosivos han sido consecuencia de un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Pública y actores armados ilegales.

En tal evento se tiene que la jurisprudencia de esta sección ha señalado que la responsabilidad del Estado con ocasión de enfrentamientos armados puede configurarse a través de cualquiera de estos tres títulos de imputación: falla en el servicio, riesgo excepcional y el daño especial, según las circunstancias de cada caso y la atribución jurídica procedente.

Cuando se imputa falla en el servicio se presupone un deber a cargo del Estado, por tanto este responderá cuando en el caso concreto se comprobó: a) el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos, b) la omisión o inactividad de la administración pública o, c) el desconocimiento de la posición de garante institucional que pueda asumir la administración.

Tratándose del riesgo excepcional la imputación por la actividad legítima del Estado se dará porque comporta un riesgo de naturaleza excesivo o anormal, sea por haberlo incrementado o creado en el desarrollo de la función estatal, generando una exposición e intensidad desbordadas o excesivas a aquellas que razonablemente debe asumir el administrado. Este título de imputación ha sido aplicado en aquellos casos en los cuales un establecimiento del Estado ha sido objeto de ataque por parte de un grupo armado(13).

En cuanto al daño especial, por este se atribuye responsabilidad al Estado con fundamento en “el desequilibrio de las cargas públicas, la equidad y la solidaridad(14), como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, fruto del perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado”(15).

En el caso examinado por la subsección C en la Sentencia del 28 de enero del 2015(16), esta corporación declaró la responsabilidad del Estado debido a las lesiones que sufrió un menor por un artefacto explosivo, el cual había sido abandonado en el lugar donde previamente se presentó un enfrentamiento entre miembros del Ejército y un grupo insurgente en el marco de un operativo militar.

En esa oportunidad, como el daño se produjo días después del enfrentamiento armado, la Sala imputó la responsabilidad estatal bajo el criterio de la falla en el servicio, pues de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 “relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”, el Ejército Nacional que había tomado el control de la zona luego del combate, estaba en la obligación de dejarla limpia de cualquier artefacto explosivo, lo cual no hizo y, por el contrario, lo dejó abandonado y este mismo, posteriormente, le causaría lesiones a un menor que transitaba por allí, no importando si dicho artefacto era de propiedad del grupo armado ilegal o de la Fuerza Pública.

Sin embargo, la jurisprudencia de esta sección también ha precisado acerca de la responsabilidad del Estado cuando la muerte o las lesiones por artefacto explosivo no guardan relación coetánea ni posterior con un combate o enfrentamiento armado, como tampoco se ha advertido la presencia de tropas en el lugar donde ha sido activado el artefacto causante del daño.

En efecto, en Sentencia del 29 de abril de 2015(17), la subsección B examinó el caso en que un menor fue lesionado al activar un artefacto explosivo, el cual no se pudo identificar, cuando caminaba hacia su escuela por una zona en la que ni en el día de los hechos ni días antes habían hecho presencia miembros de la Fuerza Pública.

En principio, la Sala hizo referencia a que al no advertirse la presencia de uniformados en días previos a la detonación del artefacto explosivo y no estar acreditada la procedencia del mismo, podría afirmarse que no habría lugar a declarar la responsabilidad del Estado. Sin embargo, se insistió en que “el monopolio de las armas de fuego pertenece al Estado y por tanto es a este a quien corresponde su control, sin que pueda excusarse en la regularidad o alta frecuencia del tráfico ilegal de armas y demás elementos de uso privativo de las fuerzas armadas”, dado que la guarda de las armas le compete única y exclusivamente al Estado, teniendo en cuenta que estas generan una situación de riesgo de naturaleza excepcional para los asociados.

No obstante, en dicha oportunidad se aclaró que tal obligación “no implica que siempre que se esté en presencia de daños causados con armas de fuego, artefactos explosivos y demás elementos de uso privativo de la fuerza pública, estos puedan ser endilgados al Estado en razón del monopolio que constitucionalmente se ha establecido, pues ello supone un plano demasiado ideal que desborda la realidad y los límites con que se cuenta para la consecución de los fines esenciales estatales”.

Sin embargo, en el caso resuelto por esa subsección, se declaró la responsabilidad del Estado, pues el artefacto explosivo fue abandonado en un paraje transitado por menores de edad que se dirigían a su escuela en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca, departamento que de tiempo atrás, incluso para la época de los hechos, ha sufrido una grave situación de orden público, ampliamente conocida por las autoridades.

Para dicha determinación la Sala se apoyó en su jurisprudencia consignada en las sentencias del 29 de julio de 2013(18) y 13 de noviembre de 2014(19), según las cuales “la vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos”. De ahí que, frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación negativa consistente en no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona y, de otro lado, una obligación positiva, pues su deber es garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida.

Como consecuencia, la Sala concluyó que en ese caso se infringieron estándares normativos de orden constitucional (arts. 2º, 217 y 223) y convencional (art. 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos), en la medida en que no se garantizó el derecho a la vida y a la integridad personal de los habitantes de la vereda “Puente Alto” —concretamente la de los niños que utilizaban la vía veredal para acudir a sus compromisos académicos—, pese a ser una zona de conocida presencia subversiva.

5. Análisis de la responsabilidad del Ejército Nacional de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario en el caso concreto.

Procede la Sala a verificar si puede imputarse a la Nación - Ejército Nacional, la muerte del señor Luis Hernando Meneses Noguera, quien fue víctima del estallido de un artefacto explosivo el 5 de diciembre de 2002, cuando transitaba por el puente sobre el río San Pedro en la vereda El Paraíso del municipio de La Sierra, Cauca.

En primer lugar, se encuentra acreditada en el plenario la muerte del señor Luis Hernando Meneses Noguera ocurrida el 16 de diciembre de 2002, según consta en el registro civil de defunción(20), la cual ocurrió como consecuencia de las heridas que sufrió el 5 del mismo mes y año cuando fue accionado un artefacto explosivo en el lugar antes mencionado, como también se anota en el acta de inspección de su cadáver(21).

Lo anterior se confirma en el protocolo de necropsia, en el cual se registra que los hechos que dieron lugar a la muerte de la víctima ocurrieron el 5 de diciembre de 2002 y posteriormente el herido fue llevado al Hospital Universitario San José de Popayán donde falleció el 16 de diciembre siguiente, por choque séptico cuya causa fue “por onda explosiva”(22).

En segundo lugar, en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos el comandante del Batallón de Infantería Nº 7 del Ejército Nacional, General José Hilario López informó que:

“Tropas del batallón José Hilario López, en desarrollo de operaciones y control militar de área, el 5 de diciembre de 2002ª las 15:15 informa a la contraguerrilla Dragón 6 a mando del señor ST Martínez Sánchez Luis A., que el SS Arias Ospina William y el SLV Burbano Solano William fueron heridos por causa de una mina explosiva en el sitio El Salero, municipio de La Sierra. A las 16:45 las contraguerrillas Dragón 6 y Dragón 3 al mando del ST Martínez Sánchez Luis entran en contacto armado con el ST Arturo Medina de las ONT FARC en la vereda El Salero. A las 17:00 se evacúa al SS Arias y dos soldados en la ambulancia de la Vega. A las 18:15 informan el encuentro del civil Luis Hernando Meneses de 40 años, herido en el abdomen y vísceras expuestas”(23).

Igualmente se recibió declaración al señor Lionel Imbachi, vecino del municipio de La Sierra, quien señaló que el señor Luis Hernando Meneses Noguera “falleció a consecuencia de un atentado, según el comentario fue un grupo guerrillero, estaban bajando para el pueblo, en eso se han encontrado con el Ejército, no sé más detalles”(24).

También declaró el señor Hermenegildo Ijaji, residente en ese mismo municipio, quien señaló que la víctima “falleció porque la guerrilla anda dejando esas minas, la mina la habían dejado en el camino cerca al puente del río San Pedro, la había pisado otra señora y Luis Hernando”(25).

En relación con la presencia del Ejército Nacional en la zona, el testigo Raúl Cruz, vecino del lugar señaló que la fuerza pública siempre ha permanecido en la Sierra y hacen “patrullajes rigurosos”(26).

También se acreditó que por estos hechos el juzgado segundo penal del circuito especializado de Popayán adelantó un proceso penal contra el señor Nacianceno Pérez Beltrán, por el delito de doble homicidio agravado con fines terroristas(27) en las personas de Luis Hernando Meneses Noguera y Rosa Elena Muñoz y mediante providencia del 19 de octubre de 2006 lo condenó a la pena principal de 28 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 20 años, por cuanto lo halló culpable de ser el coautor del atentado ocurrido el 5 de diciembre de 2002 en la vereda El Paraíso de La Sierra, Cauca, en su calidad de miembro de la columna guerrillera Camilo Cienfuegos del ELN, al haber instalado unas minas en el puente sobre el río San Pedro de esa vereda(28).

Como consecuencia, en el caso que ocupa la atención de la Sala se demostró que:

a) el señor Luis Hernando Meneses Noguera murió el 16 de diciembre de 2002, de forma violenta, al explotar unas minas instaladas en el puente sobre el río San Pedro de la vereda El Paraíso de La Sierra, Cauca, donde se encontraba el 5 del mismo mes y año.

b) dentro del proceso penal en el cual un miembro el ELN fue condenado por estos hechos, se identificó que fue ese grupo subversivo el que instaló los artefactos explosivos (minas).

c) en el lugar de los hechos había presencia de tropas del Batallón de Infantería Nº 7 del Ejército Nacional, General José Hilario López, quienes según los pobladores patrullaban constantemente el lugar y de acuerdo con el comandante de ese batallón, fueron heridos algunos soldados en otra vereda del mismo municipio, El Salero, a causa de minas dejadas por la subversión.

d) los testigos coincidieron en la presencia tanto de tropas del Ejército Nacional como de la guerrilla en el municipio.

e) el suceso en el que perdió la vida el señor Luis Hernando Meneses Noguera ocurrió en un lugar de tránsito de los residentes de la vereda El Paraíso, de La Sierra, Cauca, dado que se trataba de un puente sobre un río.

Siguiendo la jurisprudencia de esta sección, la responsabilidad del Estado por la muerte o lesiones a personas por acción de explosivos no depende de la identificación del artefacto detonado (granada de fragmentación, mina antipersona u otro), ni si este era de dotación oficial o si fue abandonado por un grupo armado al margen de la ley, sino de la infracción de deberes legales, constitucionales y/o convencionales del Estado, relativos al monopolio que posee sobre las armas de fuego o, ya sea por la exposición o incremento del riesgo para los particulares por el uso de estos artefactos por parte de efectivos de la Fuerza Pública o, por su abandono luego de tomar el control de una zona o territorio con posterioridad a un combate u operativo o, de estar acantonados o acampados en un lugar donde posteriormente un civil resulte afectado por la explosión no controlada de este tipo de artefactos.

En el caso que se examina, el suceso que dio lugar a la muerte de la víctima se dio por el actuar directo de un grupo armado ilegal en una zona de grave alteración del orden público como es el departamento del Cauca(29), en una vereda habitada, en plena vía pública (puente) frecuentada por los residentes, sujeta al patrullaje y vigilancia de la fuerza pública que se encontraba en inmediaciones del lugar.

De hecho, precisamente porque los insurgentes conocían de la presencia de tropas del Ejército es que instalaron los artefactos explosivos, sacrificando a víctimas civiles quienes fueron expuestas a un daño antijurídico dirigido contra los uniformados, quienes también resultaron heridos según lo informó el comandante del Batallón de Infantería Nº 7 del Ejército Nacional, General José Hilario López.

Considera la Sala que, en este caso, fue el conocimiento de la presencia legítima de miembros de la fuerza pública, en ejercicio de la soberanía estatal y en cumplimiento de su misión constitucional la que promovió el actuar de terceros armados al margen de la ley, cuya acción fue juzgada por parte de la jurisdicción penal respecto de uno de sus miembros.

De cualquier modo, tratándose de una zona públicamente conocida como de presencia guerrillera y de constante patrullaje de las fuerzas del orden, se imponen para estas las cargas que se atribuyen al Estado como consecuencia del monopolio de las armas(30), y de las obligaciones internacionales que tiene Colombia, de conformidad con los instrumentos internacionales, por estar inmerso en un conflicto armado interno.

Así las cosas, por haber ocurrido el hecho en un área cuyo patrullaje está a cargo del Ejército Nacional, de lo cual no queda duda dada la presencia ese mismo día de tropas contraguerrilla en operaciones de control en otra vereda del mismo municipio, el Estado colombiano está sujeto a los deberes consagrados en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949(31) y en la Convención de Ginebra aprobada mediante la Ley 469 del 1998, incluidos sus cuatro protocolos adicionales(32).

De conformidad con dicho Protocolo, cuando se trata de un conflicto de carácter no internacional, tras el cese de hostilidades activas, las partes, sin demora, deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de los efectos de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos en las zonas bajo su control(33).

Igualmente, como lo establece el “Derecho de la Guerra” tras el cese de hostilidades activas, “se deberá limpiar, remover, destruir o mantener de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y en el párrafo 2º del artículo 5º del presente protocolo, todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos”(34). Así mismo, la norma internacional establece dicha obligación de las partes en un conflicto, “respecto de los campos de minas, las zonas minadas, las minas, las armas trampa y otros artefactos que se encuentren en zonas que estén bajo su control(35).

De ahí que en virtud de las operaciones de control en la zona por parte del Batallón de Infantería Nº 7 del Ejército Nacional, General José Hilario López, la fuerza pública debía asegurar la zona para evitar sucesos como el que dio lugar a la muerte de la víctima, como parte de las obligaciones del Estado en medio del conflicto, más en poblaciones como La Sierra, Cauca, que ha sido una zona, de tiempo atrás, de presencia guerrillera.

De modo que, en el caso examinado, la falla en el servicio se constituye en el título de imputación, dado que, tal como se dispone expresamente en la normativa que regula el uso de las armas en el marco de un conflicto armado no internacional como el colombiano, la obligación de limpiar, remover y destruir artefactos explosivos en una zona bajo control por parte de la fuerza pública es imperativa y, en el sub judice, se trataba de una zona de alteración del orden público que estaba siendo patrullada por la tropa y esta debió asegurarse de que no fuera transitada por los civiles, sin embargo, no lo hizo.

Por tanto, resulta preciso para la Sala aclarar que, si bien el a quo acertó en la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional, no se trata en este caso de una imputación objetiva por el sometimiento de un ciudadano a un riesgo excepcional, sino que la muerte del civil se produjo a causa de un artefacto explosivo manipulado por la insurgencia, en una zona de alteración del orden público, donde había presencia de las fuerzas armadas del Estado, quienes desatendieron específicas obligaciones convencionales incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano, desatando con ello el daño antijurídico(36).

En cuanto al otro motivo de apelación de la entidad demandada, referente a la validez de la prueba trasladada consistente en el proceso penal, no puede asistirle razón en su cuestionamiento, pues en la misma contestación de la demanda la accionada invocó esa prueba para que se verificara si los demandantes se habían constituido en parte civil y con base en la misma adujo el hecho de un tercero y la falta de legitimación en la causa por pasiva, como argumentos de defensa para que se eximiera a la entidad pública de la responsabilidad endilgada, además, tampoco recurrió el decreto de pruebas ni se opuso a que dicha evidencia fuera allegada al proceso, durante la oportunidad procesal respectiva dentro de la instancia.

En consecuencia, se confirmará el fallo apelado.

6. Condena en costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca, el 6 de agosto de 2009.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) El salario mínimo para el año 2003 fue de $ 332.000, por lo que 500 smlmv equivalía a la suma de $ 166.000.000.

(9) Fl. 123 c 2.

(10) Fls. 13 a 25 c 1.

(11) Fls. 50 a 54 c 1.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 05-001-23-31-000-2002-03487-01(32912), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(13) Original de la cita: “También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento”. Sección tercera, Sentencia de 5 de diciembre de 2006, radicado 28459.

(14) Original de la cita: “la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado, como se observará al momento de considerar el caso concreto”. Sección tercera. Sentencia de 3 de mayo de 2007, radicado 16696.

(15) Original de la cita: sección tercera, Sentencia del 13 de diciembre de 2005, exp. 24.671.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 05-001-23-31-000-2002-03487-01(32912), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 20001-23-31-000-2001-12111-01(34437), C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, exp. 24.496, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).

(19) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, exp. 33.269, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(20) Fl. 123 c 2.

(21) Fls. 37 y 38 c 2.

(22) Fls. 74 a 81 c 2.

(23) Fl. 24 c 4.

(24) Fl. 45 c 4.

(25) Fl. 44 c 4.

(26) Fls. 64 y 65 c 4.

(27) Fls. 74 a 200 c 4.

(28) Fls. 172 a 198 c 4.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 20001-23-31-000-2001-12111-01(34437), C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

(30) Constitución Política, artículo 223.

(31) “ART. 1º—Ámbito de aplicación.
1. El presente protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de minas anti buques en el mar o en vías acuáticas interiores.
2. El presente protocolo se aplicará, además de las situaciones a que se refiere el artículo 1º de la convención, a las situaciones a que se refiere el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (…)”.
“ART. 2º—Definiciones. A los efectos del presente protocolo:
(…).
5. Por “otros artefactos” se entiende las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado”.

(32) Protocolo I. “Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el 10 de octubre de 1980 con la convención.
Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el 3 de mayo de 1996 en Ginebra.
Protocolo III. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias” adoptado el 10 de octubre con la convención.
Protocolo Adicional, considerado como IV, “sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995.

(33) Ley 469 del 1998, artículo 9, numeral 2.

(34) Ley 469 del 1998, artículo 10, numeral 1.

(35) Ley 469 del 1998, artículo 10, numeral 2.

(36) Cabe precisar, además, que la posición de garante de la fuerza pública refuerza aún más su obligación respecto de los civiles en un caso el sub judice, dada no solo su obligación específica de protección de los civiles como parte de su misión constitucional (C.P., art. 2º), sino también, por su patrullaje en la zona de conocida incursión guerrillera, de manera que debió asegurarse de que se encontrara libre de todo tipo de arma que pudiera causar daño a la población. Así lo ha expresado esta subsección en los siguientes términos: “En esa línea de pensamiento, debe señalarse que ‘la posición de garante’ ha asumido vital connotación en eventos en los cuales, si bien el Estado no intervino directamente en la concreción de un daño antijurídico —como autor o partícipe del hecho—, la situación en la cual estaba incurso le imponía un deber específico, esto es, asumir determinada conducta; llámese de protección o de prevención, cuyo rol, al ser desconocido constituye una infracción al deber objetivo de cuidado- dada su posición de garante configura la atribución a éste de las mismas consecuencias o sanciones que radican en cabeza del directamente responsable del daño antijurídico” (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, Sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 20001231000200001473 01(30885), C.P. Hernán Andrade Rincón.