Sentencia 2003-01030 de abril 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 080012331000200301030 02 (19187)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Termobarranquilla S. A. ESP TEBSA S. A.

Demandado: municipio de Soledad - Atlántico

Asunto: acción de nulidad de las secciones B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 32 de 2002, modificado por los numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del artículo 7º del Acuerdo 003 de 2003.

Fallo

Bogotá, D. C. tres de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la legalidad de las secciones B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 32 de 2002 (modificado por los nums. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del art. 7º del Acu. 003/2003), expedido por el Concejo Municipal de Soledad - Atlántico.

El apelante sostiene que la nulidad de las normas acusadas se centra en la presunta contraposición a los principios de igualdad y equidad contenidos en los artículos 95.9 y 287 de la Constitución Política, los cuales ya habían sido materia de análisis en el fallo de validez proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 8 de mayo de 2006, con apoyo en los artículos 13 y 363 ibídem, que guardan armonía con el artículo 95, e integran una unidad normativa y mediante la sentencia del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2009(11).

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se concede a las decisiones tomadas en una providencia(12), el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Las mencionadas consecuencias se establecen por expresa disposición legal, con el fin de obtener la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.

El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo(13), vigente para la fecha de la decisión de primera instancia, consagra lo siguiente:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero sólo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

De manera que si la jurisdicción contencioso administrativo anula un acto administrativo, la decisión surte efectos de carácter absoluto para todos en general; pero si niega la nulidad solicitada, y en consecuencia, el acto continúa vigente, la decisión produce efectos de cosa juzgada únicamente en relación con los motivos de impugnación que se hubieren manifestado y, por ende, el acto podría ser objeto de demanda por unos motivos diferentes.

Así pues, la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en proceso posterior. Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica(14).

Entonces, para que se declare la cosa juzgada es indispensable que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-004 de 2003(15), precisó:

“(…)

La administración de justicia tiene la finalidad de contribuir a la resolución de conflictos sociales. Por esta razón las decisiones que adoptan los jueces, en tanto buscan poner punto final a una controversia, hacen tránsito a cosa juzgada, lo que significa que los fallos son inmutables, vinculantes y definitivos. Con fundamento en estas características, la Corte ha señalado que la institución de la cosa juzgada cumple al menos dos funciones: una negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas.

(…)”

La causa petendi en las acciones de nulidad se refiere a las normas que se mencionan como violadas y al concepto de violación. Por eso, para establecer si operó la cosa juzgada es preciso confrontar las normas que fueron objeto de demanda en procesos ya decididos y el concepto de violación planteado.

La Empresa de Servicios Públicos Termobarranquilla S. A. ESP, dijo que las secciones B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 032 de 2002, que definen y precisan el hecho generador, el sujeto activo, las bases gravables y las tarifas del impuesto de alumbrado público, violan los principios de legalidad, igualdad, equidad y capacidad contributiva, al establecer tarifas con un trato diferencial y discriminatorio sin razón que las justifique.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia impugnada, declaró probada la excepción de cosa juzgada en relación con los numerales 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del artículo 7º del Acuerdo 00003 de 2003, modificatorios de las secciones C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 32 de 10 de diciembre de 2002, porque mediante sentencia del 8 de mayo del 2006, proferida por ese tribunal dentro de los expedientes 08-001-23-31-05-2003-01992-00 LM y 08-001-23-31-04-2004-000176-00 CH, dispuso “No declarar la invalidez del artículo sexto, literales c, d, e, y f, del Acuerdo 032 de 10 de diciembre de 2002, emanado del Concejo Municipal de Soledad”.

Así mismo, declaró la nulidad de los numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del artículo 7º del Acuerdo 0003 del 26 de noviembre de 2003, modificatorios de las secciones B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 32 del 10 de diciembre de 2002, por infringir los artículos 95 (en concordancia con el art. 363) y 287 de la Constitución Política.

Aclara la Sala que la acción de validez es el medio por el cual el gobernador puede solicitar al tribunal de la jurisdicción que decida sobre la validez de los actos proferidos por los concejos municipales, cuando advierta que son contrarios a la Constitución y la ley(16).

La Sala, en sentencia del 10 de marzo de 2011(17), señaló:

“(…)

Para efecto de la revisión, el alcalde debe enviar una copia del acuerdo al gobernador dentro de los cinco días siguientes a la sanción del mismo (L. 136/94, art. 82), y este, a su vez, debe remitirla al tribunal contencioso administrativo del lugar, dentro de los veinte días siguientes, en caso de encontrarlo contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, para que se decida sobre su validez.

La remisión se hace junto con un escrito que debe reunir los requisitos establecidos en los numerales 2º a 5º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, el cual también debe enviar a los respectivos alcaldes, personero y presidente del concejo municipal para que, si lo consideran necesario, intervengan en el trámite de revisión(18).

(…).

Previo agotamiento de las etapas procesales establecidas en el artículo 121 del Código de Régimen Municipal(19), dicho trámite de control se falla mediante providencia que, al tenor de la misma norma (num. 3º), produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados y contra la cual no procede ningún recurso.

(…)”.

Teniendo en cuenta que la Sala tuvo ocasión de pronunciarse sobre el asunto sometido a su consideración al resolver la demanda de simple nulidad instaurada contra el Acuerdo 003 de 2003, del municipio de Soledad (que modificó el Acu. 032/2002, aquí demandado), en esta oportunidad adoptará el criterio allí expuesto(20).

En ese contexto, comparará las causas o motivos que dieron origen a la acción de validez y a la acción que en esta oportunidad se conoce, así:

Acción de validez - sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 8 de mayo del 2006Acción de nulidad
Normas que se indican violadas: “los artículos 113 (sic) numeral 4º, 95 numeral 9º, 338 y 363 de la Constitución Política, parágrafo segundo del artículo 9º de la Resolución 043 de 1995, artículo 24 de la Ley 142 de 1994 y artículo 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1994”(21).
Dentro del trámite intervino un ciudadano como coadyuvante del actor, y en tal condición, invocó como violados los artículos 13 inciso 1º, 95, 313, 150, 338 y 363 de la Constitución Política, 32, numeral 7º de la Ley 136 de 1994; 1º literal d) de la Ley 97 de 1913; 1º literal a) de la Ley 84 de 1915; 24 numeral 1º de la Ley 142 de 1994; y 9º parágrafo 2º de la Resolución CREG 043 de 1995.
Cita infringidos los artículos 13, 95, 287, 313, 338 y 363 de la Constitución Política, 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1994 y 24 de la Ley 142 de 1994.
Los motivos de inconformidad que fundamentaron la acción de validez fueron:
— Las normas establecen una tarifa diferencial para el impuesto de alumbrado público y grava a “generadores, cogeneradores, autogeneradores, comercializadoras y/o distribuidoras, subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica”.
— El acto no se sujeta a la Ley 97 de 1913 que establece como hecho imponible el servicio de alumbrado público y “toma como hecho generador aspectos extraños a la esencia de la tasa de alumbrado público”.
— La competencia de los concejos municipales para imponer tributos es limitada y se sujeta al principio de legalidad.
— Al establecer un impuesto fijo diferencial, “en especial por la forma como se aplican las tarifas”, se verifica una violación a los principios de igualdad, eficiencia y progresividad consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política.
— Las normas transgreden el parágrafo segundo del artículo 9º de la Resolución 043 de 1995, porque se desconoce el costo real de la prestación, expansión y mantenimiento del servicio de alumbrado público en el municipio.
— Las tarifas no atienden a lo previsto en artículo 24 de la Ley 142 de 1994 porque “toma una tasa diferencial, que no tiene en cuenta la utilización o consumo del servicio de alumbrado público”.
El concepto de violación se sintetiza así:
Las disposiciones acusadas violan los principios de legalidad, igualdad, equidad y capacidad contributiva al establecer tarifas para el impuesto de alumbrado público, con un trato diferencial y discriminatorio a los diferentes sujetos pasivos del impuesto, sin razón jurídica, técnica o financiera que la justifique.
Se le da un trato desproporcionado a la generadora de energía eléctrica, en relación con el otorgado a otros industriales, lo que es violatorio del derecho a la igualdad y del artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.

De la confrontación expuesta observa la Sala que es evidente que existe la misma causa petendi, pues en las dos acciones se plantea el trato discriminatorio a los sujetos pasivos, sin razón que lo justifique; igualmente, las normas señaladas como violadas son las mismas en uno y otro caso, excepto el artículo 287 de la Constitución Política; advierte la Sala que, por eso, el tribunal centró su análisis en la violación del artículo 287 constitucional, además de referirse también al 95 ibídem.

En consecuencia, el fallo que decidió no declarar la invalidez de los literales C, D, E y F del artículo sexto (6º) del Acuerdo Municipal 032 del 2002, surte efectos de cosa juzgada en el presente proceso, en cuanto atañe a la pretensión de nulidad de dichos literales.

Por lo tanto, procedía la declaración de la excepción de cosa juzgada respecto de los literales mencionados.

Advierte el municipio apelante que se produjo la cosa juzgada respecto de la sección B, porque dicho fenómeno se configuró sobre todo el fundamento jurídico que estructuraba la censura de ilegalidad en ambos procesos y no sobre las normas de derecho aisladamente valoradas.

Agregó que los artículos 95 y 287 de la Constitución Política no aportaron nada diferente al cuestionamiento de ilegalidad dirigido contra las normas acusadas en la acción de validez, que fue resuelta con la sentencia del 8 de mayo de 2006, pues el quebrantamiento estriba en la presunta oposición a los principios de igualdad y equidad.

Al respecto la Sala precisa:

El señor Armando Polanco Cuartas, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de las secciones B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 32 del 10 de diciembre de 2002 expedido por el Concejo Municipal de Soledad, Atlántico, en virtud del cual “Se definen y precisan las definiciones, hecho generador, sujeto activo, sujetos pasivos, bases gravables y estructuras tarifarias del impuesto de alumbrado público municipal y se determinan otras disposiciones”.

Citó como normas violadas los artículos 13, 95, 287, 313, 338 y 363 de la Constitución Política; 24 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 136 de 1994.

Respecto de la violación del artículo 95 de la Constitución Política, manifestóque las personas tienen el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, pero dentro del concepto de equidad. Citó apartes de las sentencias de la Corte Constitucional C-261 de 2002 y C-296 de 1999.

Advirtió que la norma demandada también violaba el artículo 287, numeral 3º, de la Constitución Política, porque el Concejo Municipal de Soledad tiene facultad para establecer los tributos, pero dentro de los límites de la Constitución y la ley, situación que no ocurre en el presente caso.

Mediante la sentencia del 16 de diciembre de 2008, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad solicitada.

En aquella oportunidad, el tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, con base en las sentencias del 17 de julio y del 4 de septiembre, ambas de 2008, mediante las cuales la Sección Cuarta del Consejo de Estado había precisado “que en las leyes que sirvieron para crear el impuesto de alumbrado público, no se determinaron los elementos estructurales básicos del tributo, por lo cual los concejos de las entidades territoriales que lo adoptaban, al hacerlo, asumían competencia reservada a la ley, especialmente como lo dispone el artículo 338 superior y que, por lo tanto frente a este canon (sic) resultaban inaplicables las leyes creadoras del impuesto, (…)”.

El 24 de mayo de 2012, en la Sentencia 17723(22), la Sala revocó el numeral primero de la sentencia apelada y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de los literales C, D, E y F del artículo sexto (6º) del Acuerdo Municipal 032 del 10 de diciembre de 2002, y negó la pretensión de nulidad del literal B del artículo sexto del mencionado acuerdo.

La Sala precisó, respecto del literal B, lo siguiente:

“(…) De la pretensión de nulidad del literal b) del artículo 6º del Acuerdo 032 de 2002

Teniendo en cuenta que no operó la excepción de cosa juzgada respecto del literal b) del artículo sexto del Acuerdo 032 de 2002, la Sala pasa a estudiar la pretensión de nulidad del mismo. (…)

— De la disposición acusada

El texto del literal b) acusado dispone:

B. Sectores comercial, industrial y oficial: El porcentaje será del 14% del valor bruto del consumo mensual de energía eléctrica, tomando en cuenta los siguientes topes:

Rango de consumoPorcentajeTasa en smmlv
0-500.000 kwh14%5.5
500.001-1.000.000 kwh14%5.5
1.000.001 en adelante14%5.5

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en la base gravable, para aquellas empresas que utilicen formas de energía diferentes a la eléctrica para el funcionamiento de sus equipos, el impuesto del 14% estipulado se aplicará al valor total resultante de la conversión de la energía utilizada en kilowatios-hora-mes multiplicados por la tarifa del kilowatios-hora que cancela el sistema de alumbrado público a la empresa comercializadora.

Para la parte actora, el literal b) del acuerdo demandado violó los principios de equidad, progresividad e igualdad, consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política, en la medida en que define bases gravables diferentes para los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público y para un mismo hecho generador del impuesto, sin justificación técnica o financiera alguna.

Para el demandante, el principio de progresividad sólo se aplica a los impuestos directos, así como a aquellos casos en que la situación fáctica del contribuyente sea desigual, razón por la que dicho principio no se aplica al impuesto de alumbrado público.

Para la Sala no se violan los principios invocados por las siguientes razones:

— Principios de equidad, eficiencia y progresividad tributaria

Los principios de equidad, eficiencia y progresividad están consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional ha considerado que el principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en materia fiscal(23). Para la Corte, “(…) el principio de igualdad constituye un claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por consiguiente las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional”(24).

En relación con el principio de progresividad, en la Sentencia C-776 de 2003, la Corte Constitucional consideró que el principio de progresividad se deduce del principio de equidad vertical, puesto que aquél permite otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que, progresivamente, terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados.

El principio de progresividad, para la Corte, “compensa la insuficiencia del principio de proporcionalidad en el sistema tributario pues como en este ámbito no basta con mantener en todos los niveles una relación simplemente porcentual entre la capacidad económica del contribuyente y el monto de los impuestos a su cargo, el constituyente ha superado esa deficiencia disponiendo que quienes tienen mayor patrimonio y perciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de los gastos del Estado; es decir, se trata de que la carga tributaria sea mayor entre mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente”(25).

Para la Corte Constitucional, “el principio constitucional de progresividad tributaria se hace efectivo de manera concreta en materia de impuestos directos, mediante el establecimiento de tarifas progresivas respecto de un mismo gravamen. En materia de impuestos indirectos, la progresividad es más difusa, y parte de la presunción relativa a la mayor capacidad adquisitiva de aquellas personas que gastan en bienes o servicios más costosos y menos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, los cuales son gravados con tarifas más altas”(26).

En tanto que el principio de eficiencia “implica que debe existir una relación de equilibrio entre los costos que la administración debe asumir para el recaudo del tributo y las sumas recaudadas, es decir, se trata de generar el mayor recaudo al menor costo”(27).

Los anteriores principios constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Corte, se predican del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto en particular(28).

El literal b) acusado asigna a los potenciales usuarios del servicio de alumbrado público de los sectores comercial, industrial y oficial la tarifa del impuesto de alumbrado público en el 14% del valor bruto del consumo mensual de energía eléctrica. Además, establece topes según los kilovatios consumidos y fija el límite del impuesto en máximo cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Como ha dicho la Sala, la tarifa o elemento de medición de la base gravable, o si se quiere, de liquidación particular, puede ser fijo o variable, ya sea que se exprese en una determinada suma de dinero, ora que se comprenda entre un máximo y un mínimo ajustado a la magnitud de la base gravable. Asimismo, las tarifas pueden expresarse en porcentajes fijos, proporcionales, o progresivos. Tratándose del impuesto de alumbrado público, se deben referir a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se deriven de él, o se relacionen con este(29).

Así, dado que el servicio de alumbrado público es el hecho imponible, el costo real de la prestación de este servicio, o aspecto cuantitativo, debe determinarse de conformidad con la metodología que la Comisión de Regulación de Energía y Gas establezca para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, en cumplimiento de lo dispuesto en los literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994(30).

La CREG, en la Resolución 043 de 1995, al regular el recaudo, previó una limitación al señalar que “El municipio no podría recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento”(31).

El literal b) del acuerdo acusado toma como parámetro para fijar la tarifa del impuesto de alumbrado público el “valor bruto del consumo mensual de energía eléctrica”. Para la Sala, si bien el consumo de energía eléctrica tiene relación en general con la “energía eléctrica” y no particularmente con el servicio de alumbrado público, lo cierto es que dicho factor es un referente idóneo para fijar la tarifa del impuesto, por corresponder a una dimensión propia o ínsita en el hecho imponible del mismo.

Para el asunto en estudio, la parte actora no aportó explicaciones ni pruebas suficientes que demostraran que la tarifa del 14% fijada para los sectores comercial, industrial y oficial, por rangos, según los kilovatios consumidos y con el tope máximo de 5.5. smmlv, violaba los principios constitucionales que citó como infringidas.

Por el contrario, se reitera, la tarifa fijada en el literal b) atiende a las condiciones propias de los usuarios potenciales y utiliza como parámetro el “consumo de energía eléctrica”, que, se reitera, es una dimensión ínsita del hecho imponible del impuesto.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negará la pretensión de nulidad del literal b) del Acuerdo 032 de 2002.

(…)”.

Las normas constitucionales invocadas, así como el concepto de violación planteados en la acción de nulidad que finalizó con la sentencia antes aludida y las que en esta oportunidad plantea TEBSA, para fundamentar la pretensión de nulidad de los literales B, C, D, E y F, son idénticas: violación de los principios de equidad, progresividad e igualdad, es decir, se presenta identidad de causa.

En relación con la identidad de objeto, se encuentra que las pretensiones y los hechos, en ambos casos, giran en torno a la declaratoria de nulidad de los literales B, C, D, E y F del artículo 6º de Acuerdo 32 de 2002, mediante el cual se precisan los elementos del impuesto de alumbrado público.

Así pues, la sentencia emitida en el trámite de la acción de nulidad presentada por el señor Armando Polanco Cuartas, que analizó, entre otras normas, la violación de los artículos 95 y 287 de la Constitución Política, y declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de los literales C, D, E y F del artículo sexto (6º) del Acuerdo Municipal 032 del 10 de diciembre de 2002, y negó la pretensión de nulidad del literal B de la misma disposición legal, surte efectos de cosa juzgada relativa en el presente proceso, en cuanto atañe a la pretensión de nulidad de los literales B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 032 de 2006.

Por ello, sobre los cargos planteados en la demanda se genera la negativa de pronunciarse nuevamente sobre el artículo 6º del Acuerdo 032 de 2002, proferido por el Concejo Municipal de Soledad - Atlántico.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará probada la excepción de cosa juzgada en relación con la causa petendi juzgada, esto es, la nulidad de los literales B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 032 del 10 de diciembre de 2002, situación que impide a la Sala emitir nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia del 31 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro de la acción de nulidad instaurada por la Empresa de Servicios Públicos Termobarranquilla S. A. ESP TEBSA contra el Municipio de Soledad - Atlántico.

En su lugar:

DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada respecto de los literales B, C, D, E y F del artículo 6º del Acuerdo 032 del 10 de diciembre de 2002, proferido por el Concejo Municipal de Soledad - Atlántico.

En consecuencia, la Sala se inhibe para pronunciarse sobre la pretensión de nulidad de los mencionados literales.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la Sección de la fecha».

(11) Expediente 16315, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(12) Código de Procedimiento Civil, articulo 302 “Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión.

(13) Artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(14) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicado 18330 del 10 de marzo de 2011, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(15) M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

(16) C.P., artículo 305. “Son atribuciones del gobernador: (…) 10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al tribunal competente para que decida sobre su validez”.

(17) Expediente 18330, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(18) Decreto 1333 de 1986, artículos 119 y 120.

(19) Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:

1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.

2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el gobernador y los demás intervinientes. Para la práctica de las mismas se señalará término no superior a diez (10) días.

3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo. El magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno.

(20) Sentencia 18270 del 5 de diciembre de 2011. C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(21) Folios 580 y 584 del cuaderno de antecedentes.

(22) C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(23) Sentencia C-032 de 2005.

(24) Sentencia C-183 de 1998.

(25) Sentencia C-643 de 2002.

(26) Sentencia C-426 de 2005.

(27) Ídem 19.

(28) Sobre el sistema tributario en su conjunto y no sobre impuestos particulares como ámbito de referencia de los principios constitucionales tributarios, la Corte ha sostenido: “Es cierto que las limitaciones legales pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta efectiva. Sin embargo, esta corporación había establecido que tales sacrificios no violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes, pues no sólo el legislador puede buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia y la equidad sino que, además, tales principios se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de un impuesto específico. Una regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios, ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental, no viola el principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es un medio razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisible” (Sent. C-409-96).

(29) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de marzo de 2011, Expediente 18141, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(30) Decreto 2424 de 2006, artículo 10.

(31) Artículo 9º, parágrafo segundo.