Sentencia 2003-01031/49697 septiembre 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-2003-01031(49697)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E)

Actor: departamento de Antioquia

Demandado: Jhon Wilman Valencia Jaramillo y otro

Referencia: acción de repetición

Bogotá, D. C., doce de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa el 30 de julio de 2013, con fundamento en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 - modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. Normatividad aplicable.

Precisa la Sala que en el sub - lite, los hechos que dieron origen a la condena proferida el 6 de octubre de 2000 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y consecuente mente al acuerdo conciliatorio aprobado el 8 de agosto de 2002 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se produjeron el 13 de junio de 1993, fecha en la cual el vehículo del Departamento de Antioquia causó el deceso de la señora María Rosa Elena Valencia. De tal manera que, en los aspectos de orden sustancial son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984(14).

Así mismo, se advierte que en cuanto a las normas procesales por ser éstas de orden público y que rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato, se aplican las contenidas en la Ley 678 de 2001, tanto para los procesos que se encontraban en curso al momento en que empezó su vigencia, así como los procesos que se iniciaron con posterioridad a dicho momento, con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”(15).

3. Aspectos procesales previos.

3.1. Valor probatorio de la prueba trasladada.

En las presentes diligencias obra como prueba trasladada copia auténtica del proceso de reparación directa Nº 1994-0244, seguido por Juan de Jesús Barrera Valencia y otros contra el departamento de Antioquia, donde se condenó a dicho ente territorial por los perjuicios causados con ocasión del deceso de la señora María Rosa Elena Valencia (fls. 1 a 139 c. 2 y 3.). Aparecen también en el plenario algunas pruebas trasladadas del proceso penal 407 adelantado ante el Juzgado Penal del Circuito de Cisneros contra Diego León Arango Bedoya, por la muerte de la señora María Rosa Elena Valencia; y pruebas trasladadas de la investigación penal Nº 114.988-3257 adelantada por la Fiscalía Seccional de Medellín Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que se adelantó contra los aquí demandados por el presunto delito de peculado.

La jurisprudencia de los últimos años del Consejo de Estado(16), con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada, sostiene que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos generales siguientes(17): (i) los normativos del artículo 185(18) del C.P.C., esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el [los] proceso [s] del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia de ella(19), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Así como con lo consagrado por el artículo 168 del C.C.A.(20) [vigente para la época de entrada para fallo del proceso]; (ii) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea del caso, dentro del proceso de responsabilidad”(21); (iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(22); y, (iv) la prueba traslada de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional(23).

A su vez, como presupuestos para la valoración de la prueba testimonial que se traslada desde un proceso administrativo, disciplinario, penal ordinario o penal militar se deben cumplir las siguientes reglas especiales [debiéndose tener en cuenta tanto las generales como estas]: (i) no necesitan de ratificación cuando se trata de personas “que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (ii) las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(24); (iii) puede valorarse los testimonios siempre que solicitados o allegados por una de las partes del proceso, la contraparte fundamenta su defensa en los mismos(25), siempre que se cuente con ella en copia auténtica; (iv) cuando las partes en el proceso conjuntamente solicitan o aportan los testimonios practicados en la instancia disciplinaria(26); y, (v) cuando la parte demandada “se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por los actores o demandantes dentro del proceso contencioso administrativo”.

En cuanto a las declaraciones rendidas ante las autoridades judiciales penales ordinarias [Fiscalía, Jueces Penales, Jueces de Instrucción Penal Militar], la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 11 de septiembre de 2013 [expediente 20601] considera que “es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes –avalado por el juez– se quiso prescindir del aludido trámite. Este último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil –verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación–, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso […]”(27).

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia de la Sub-sección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando “establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar […] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes […]”(28).Con similares argumentos la jurisprudencia de la misma Sub-sección considera que las indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios “para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan”(29), salvo que en dicha diligencia se haya juramentado al indagado, pues en este evento tendría el carácter y los efectos de prueba testimonial.

De otra parte, para el caso de la prueba documental, la regla general que aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado es aquella según la cual en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289(30) del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(31). No obstante, a dicha regla se le reconocieron las siguientes excepciones: (i) puede valorarse los documentos que son trasladados desde otro proceso [judicial o administrativo disciplinario] siempre que haya estado en el expediente a disposición de la parte demandada, la que pudo realizar y agotar el ejercicio de su oportunidad de contradicción de la misma(32); (ii) cuando con base en los documentos trasladados desde otro proceso la contraparte la utiliza para estructurar su defensa jurídica(33); (iii) puede valorarse la prueba documental cuando la parte contra la que se aduce se allana expresa e incondicionalmente a la misma; y, (iv) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por una autoridad pública aportando e invocado por el extremo activo de la litis(34).

Finalmente, si se trata de inspecciones judiciales, dictámenes periciales e informes técnicos trasladados desde procesos contenciosos administrativos, penales ordinarios o militares, o disciplinarios pueden valorarse siempre que hayan contado con la audiencia de la parte contra la que se aducen(35), o servirán como elementos indiciarios que deben ser contrastados con otros medios probatorios dentro del proceso.

Debe tenerse en cuenta que el Código General del Proceso en su artículo 174, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, consagra que las “pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas […] La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”. A dicha norma se integran los criterios anteriormente fijados, por lo que se puede afirmar una completa correspondencia del análisis realizado por la Sala con todo el universo normativo constitucional y legal de los medios probatorios que fueron trasladados.

Conforme a lo anterior, para la valoración de la prueba trasladada en los eventos de que no ha sido practicada a petición de la parte contra la cual se aduce o sin su audiencia en el proceso primitivo, podrá ser apreciada siempre que en el contencioso administrativo haya existido la oportunidad procesal para la contraparte de controvertirla, de acuerdo con lo dispuesto para la tacha de falsedad en el artículo 289(36) del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena tenerla como prueba, o al día siguiente a aquél en que haya sido aportada en audiencia o diligencia(37); salvo que las partes hayan tenido a su disposición las piezas documentales trasladadas durante el trámite del proceso y no las hubiesen controvertido, caso en el cual podrán ser estimadas por el juzgador por razones de lealtad procesal(38).

Igualmente, podrán ser tenidos en cuenta en aquellos casos en que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal.

De otra parte, la Subsección considera necesario remitirse a la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional que señaló la posibilidad de que el Juez valore aquellas declaraciones aun cuando no hayan sido ratificadas dentro del proceso que se pretenden hacer valer. Lo anterior, en atención a que hacer lo contrario, traería como consecuencia un defecto fáctico por exceso ritual manifiesto, para sustentar su posición el Tribunal Constitucional manifestó lo siguiente:

“(…) La Sala evidencia la ocurrencia de una falencia por parte del juez ordinario al obviar las alternativas que le ofrecía el ordenamiento jurídico, y que han sido delineadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral–, para subsanar la falta de ratificación de los testimonios extra juicio que el mismo funcionario adujo como necesaria. Tal omisión del juez ordinario, constituye un defecto que encuadra dentro de la categoría de la causal procedimental por exceso ritual manifiesto, que como consecuencia conllevó la omisión en la valoración de las pruebas aportadas por la parte demandante, con lo cual, se incurrió concomitantemente en un defecto fáctico. La Sala es consciente de la relevancia de la independencia en la actividad judicial, en especial en temas relativos a la valoración probatoria, no obstante, ello no es excusa para tomar decisiones superficiales ante la evidencia de hechos que necesariamente versan sobre la garantía de derechos sustanciales como el que en su momento reclamaba el señor, y que posteriormente se transfirió a su esposa, la ahora accionante, quien además (…)”(39).

En el mismo sentido, y de manera general la Corte Constitucional ha enfatizado que el juzgador debe dar prevalecía en el Estado social de derecho a la obtención del derecho sustancial y la búsqueda de la verdad, así en recientemente en sentencia de unificación(40), expresó lo siguiente:

“El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica inflexiblemente la ley”(41), convirtiéndose en el funcionario –sin vendas– que se proyecta mas (sic) allá de las formas jurídicas para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales(42). El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material…

Así las cosas, el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces de la República como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial y con ello la realización de una justicia material”.

En efecto, es preciso destacar que la sentencia referida constituye un punto culmen del desarrollo jurisprudencial de esa alta corporación respecto del carácter marcadamente sustantivo, material y efectivo del derecho al acceso a la administración de justicia y el debido proceso (artículos 29 y 228 constitucionales) los cuales, más allá de las formas procedimentales, requieren un acento interpretativo con fundamento en la constitucionalización del derecho y la efectividad de los derechos fundamentales de quienes están trabados en un litigio.

La Sentencia SU-768 de 2014 va más allá y deja en claro que el deber primario y fundamental de todos los funcionarios judiciales es el de guardar estricta fidelidad al texto y espíritu de la Constitución por encima de las disposiciones legales y/o reglamentarias; que es preciso comprometerse con la vigencia de los derechos fundamentales y el principio democrático para satisfacer los requerimientos que una sociedad como la nuestra exige, lo cual demanda de la judicatura un rol proactivo y volcado hacia la búsqueda de la verdad y de la aplicación y primacía del derecho sustancial sobre el formal(43).

De manera que, se valoraran por parte del juez los documentos que se trasladaron toda vez que los mismos fueron puestos en conocimiento de la parte contra la cual se pretendían hacer valer, sin que esta hubiese impugnado su valor, lo cual, conforme a lo expuesto, permite que a los mismos se les otorgue valor probatorio. Y específicamente frente a los testimonios practicados dentro de los procesos penal y contencioso administrativo trasladados a la presente acción, la Sala precisa que serán valorados junto con todo el acervo probatorio allegado al plenario, para así resolver el presente caso, siempre bajo la égida de la protección de los derechos fundamentales de las partes del proceso.

4. Elementos para la procedencia de la acción de repetición.

La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias(44) los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(45).

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes:

i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.

ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación(46), una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto(47).

iii) El pago efectivo realizado por el Estado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación.

iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

5. Medios probatorios.

Obran dentro del plenario los siguientes medios de prueba:

a. Copia simple del auto del 8 de agosto de 2002, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual se aprobó el acuerdo de conciliación celebrado por los demandantes y el Departamento de Antioquia, dentro de la acción de reparación directa(48).

b. Copia simple del Oficio Nº 333102 del 23 de septiembre de 2002, suscrito por la tesorera general del departamento de Antioquia, por medio del cual remite a la Directora Técnica de dicho ente territorial, copia del pago efectuado por la Tesorería General por concepto de sentencia judicial del señor Juan de Jesús Barrera Valencia(49).

c. Copia simple del Oficio Nº 336300 del 25 de septiembre de 2002, proferido por la profesional Especializada de la Dirección Técnica de la Gobernación de Antioquia, por medio del cual remite copia del Oficio Nº 333102 a la Directora de Procesos y Reclamaciones de la Dirección Técnica Jurídica de esa Gobernación, para que realice el estudio tendiente a establecer si procede la acción de repetición.(50)

d. Copia auténtica de la orden de pago Nº 0999-3 por el valor de $167.943.660, de fecha 13 de septiembre de 2002, con ocasión del acuerdo conciliatorio celebrado ante el Consejo de Estado por las partes el 6 de junio de 2002(51).

e. Copia auténtica del Cheque Nº 000467 a nombre del señor Juan de Jesús Barrera Valencia, por el valor de $167.943.660.oo.

f. Certificación laboral emitida por el departamento de Antioquia de fecha 11 de marzo de 2003, la cual señala los servicios prestados por el señor John Wilman Valencia en dicho ente territorial(52).

g. Certificación laboral emitida por el departamento de Antioquia de fecha 11 de marzo de 2003, la cual señala los servicios prestados por el señor Gilberto Antonio Toro Giraldo a dicho ente territorial(53), entre estos, el de subsecretario para la juventud, adscrito al despacho del gobernador, entre el 6 de junio de 1993 al 20 de abril de 1994.

h. Respuesta al Exhorto Nº 1711 J.J. A. fechada el día 14 de octubre de 2005, proferida por Director de Control Interno Disciplinario del departamento de Antioquia y dirigida al Secretario del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se señala “(…) que una vez revisados los archivos personales de la secretaría del recurso humano; este despacho no encontró proceso disciplinario alguno, adelantado en contra del señor JOHN WILLIAM (SIC) VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 98.470.381”(54).

i. Copia auténtica del acuerdo de conciliación celebrado por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la audiencia de fecha 6 de junio de 2002, en la cual el departamento de Antioquia se comprometió a pagar a favor de las víctimas la suma de $19.758.078 para cada uno de los hijos de la víctima y $9.879.038 para cada uno de sus hermanos.(55)

j. Copia auténtica del auto de fecha 8 de agosto de 2002, por medio del cual la Sección Tercera de esta corporación aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre Juan de Jesús Berrera Valencia, Joaquín Aníbal Berrera Valencia, Jorge Antonio Berrera Valencia, Ovidio de Jesús Berrera Valencia, Aracely del Socorro Berrera Valencia, Berta Elena Berrera Valencia, Noemí de Jesús Berrera Valencia, Amanda Valencia Castrillón, Ester Valencia Castrillón y José Vicente Valencia Castrillón (demandantes) y el Departamento de Antioquia (Demandado), dentro de la acción de reparación directa.(56)

k. Copia simple del Oficio Nº 018 del 16 de enero de 1996, proferido por el Juez Penal del Circuito de Cisneros, por medio del cual remite a la Fiscalía Seccional de Medellín las fotocopias de las diligencias “(…) que se estimaron convenientes, incluyendo el fallo condenatorio; diligencias constantes de veintiún folios, para que se investigue el presunto delito de peculado por uso, consagrado en el art. 134 del Código Penal, en que pudo haber incurrido el señor GILBERTO TORO GIRALDO”(57).

l. Copia simple de la declaración rendida por el señor John Willman Valencia ante la Fiscalía Única de San Roque, del 13 de junio de 1993.(58)

m. Copia simple de la declaración (incompleta) del señor Gilberto Antonio Toro Giraldo ante la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.(59)

n. Copia simple de la ampliación de la declaración del señor John Willman Valencia ante la Fiscalía Única de San Roque, del 13 de junio de 1993.(60)

o. Copia simple de la sentencia del 22 de noviembre de 1995, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Cisneros, por medio de la cual se declara penalmente responsable al señor Diego León Arango Bedoya como autor del delito de homicidio culposo.(61)

p. Copia simple de la diligencia de indagatoria realizada al señor Gilberto Antonio Toro, por parte de la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, dentro del proceso penal que se adelantó contra éste como presunto autor del delito de peculado por uso.(62)

q. Copia simple de la “DILIGENCIA DE COMPROMISO”, realizada al señor Gilberto Antonio Toro por parte de la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, en la cual se comprometió a comparecer a cada una de las audiencias que sea requerido, dentro de la investigación penal que se le adelantaba.(63)

r. Copia simple de la diligencia de indagatoria realizada al señor John Wiliam Valencia, por parte de la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, dentro del proceso penal que se adelantó contra éste como presunto autor del delito de peculado por uso.(64)

s. Copia simple de la “DILIGENCIA DE COMPROMISO”, realizada al señor John Wiliam Valencia por parte de la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, en la cual se comprometió a comparecer a cada una de las audiencias que sea requerido, dentro de la investigación penal que se le adelantaba.(65)

t. Copia simple del auto del 21 de octubre de 1996, por medio del cual la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín declaró precluida la investigación penal a favor de los señores Gilberto Antonio Toro y John Wiliam Valencia, como presuntos autores del delito de peculado por uso.(66)

u. Respuesta al exhorto Nº 1709 J.J.A. del 13 de diciembre de 2005, por medio del cual el secretario de general de la gobernación de Antioquia indicó que: “En atención al asunto de la referencia, comedidamente le remito oficio (sic) 007944 suscrito por el (…) Secretario de Hacienda Departamental, mediante el cual informa que no aparece en los registros de inventarios de dicha oficina, documentación relacionada con el vehículo oficial de placas LM-9709, asignado al doctor Gilberto Antonio Toro Giraldo, Subsecretario para la Juventud en el año 1993”(67).

v. Diligencia de testimonio rendido por la señora Martha Cecilia Estrada Naranjo del 15 de febrero de 2006, en la cual señaló que conoció a los señores Gilberto Antonio Toro y John Wiliam Valencia.(68)

5. El caso en concreto.

Así las cosas, se analizará si en el sub judice hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de los señores Gilberto Antonio Toro y John Wiliam Valencia, teniendo en cuenta sí, de acuerdo con el material probatorio recaudado se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición.

Respecto del primer requisito, (calidad del agente) se encuentra probado que los señores Gilberto Antonio Toro y John Wiliam Valencia, para el momento de los hechos se encontraban vinculados como Subsecretario para la Juventud y conductor del despacho de la secretaría de gobierno del departamento de Antioquia, respectivamente.

Lo anterior, por cuanto reposa en el acervo probatorio: i) certificación laboral emitida por la Secretaría de Recursos Humanos del Departamento de Antioquia de fecha 11 de marzo de 2003, la cual señala que el señor Gilberto Antonio Toro Giraldo ocupó el cargo de Subsecretario para la Juventud, adscrito al despacho del gobernador, desde el 6 de junio de 1993 al 20 de abril de 1994 y ii) certificación laboral expedida por la Secretaría de Recursos Humanos de dicho ente territorial de esa misma fecha, la cual señala que el señor John Wiliam Valencia fungió como conductor del despacho de la Secretaria de Gobierno del departamento de Antioquia, entre el 28 de diciembre de 1989 al 29 de junio de 1993, es decir, cumplen con el requisito de ser servidores públicos en el momento de ocurrencia de los hechos.

Para acreditar el segundo de los requisitos (condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), dentro del proceso obra: i) copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala 2ª de Descongestión de fecha 6 de octubre de 2000(69), por medio de la cual declaró responsable al Departamento de Antioquia, por los daños y perjuicios causados a los señores Juan de Jesús Berrera Valencia, Joaquín Aníbal Berrera Valencia, Jorge Antonio Berrera Valencia, Ovidio de Jesús Berrera Valencia, Aracely del Socorro Berrera Valencia, Berta Elena Berrera Valencia, Noemí de Jesús Berrera Valencia, Amanda Valencia Castrillón, Ester Valencia Castrillón y José Vicente Valencia Castrillón, con ocasión de la muerte de la señora María Rosa Elena Valencia y ii) copia auténtica del auto de fecha 8 de agosto de 2002, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual se aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes el 6 de junio de 2002, decisiones proferidas dentro de la acción de reparación directa. Así las cosas, se cumplió con el segundo de los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición.

Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó: i) copia simple del Oficio Nº 333102 del 23 de septiembre de 2002, suscrito por la Tesorera General del Departamento de Antioquia, por medio del cual remite a la Directora Técnica Jurídica de dicho ente territorial, copia del pago efectuado por la Tesorería General por concepto de sentencia judicial a favor del señor Juan de Jesús Barrera Valencia, quien fungió como uno de los demandantes dentro de la acción de reparación directa que se adelantó contra el Departamento de Antioquia, ii) copia auténtica de la orden de pago Nº 0999-3 por el valor de $167.943.660, de fecha 13 de septiembre de 2002, con ocasión del acuerdo conciliatorio celebrado ante el Consejo de Estado por las partes el 6 de junio de 2002 y iii) copia auténtica del cheque Nº 000467 del 16 de septiembre de 2002 a nombre del señor Juan de Jesús Barrera Valencia, por el valor de $167.943.660.oo.

De esta manera, para la Sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago del acuerdo conciliatorio aprobado el 8 de agosto de 2002, por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En consecuencia, se aportó en el sub lite prueba idónea que acredita que se realizó efectivamente el pago, es decir, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos, pues de las mismas se puede advertir que tanto la firma como la cédula del señor Juan de Jesús Barrera Valencia quien fungió como demandante dentro del proceso de reparación directa, coinciden en la cuenta de cobro y el cheque. Aunado a ello, se acreditó tal concepto con el Oficio Nº 333102 del 23 de septiembre de 2002, suscrito por la Tesorera General del Departamento de Antioquia, quien remite a la Directora Técnica Jurídica de dicho ente territorial copia del pago efectuado por dicha dependencia.

Por último, respecto del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa, la Sala ha explicado en diferentes oportunidades(70) que, para efectos de determinar la culpa grave o dolo, se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos, en este caso, los hechos investigados ocurrieron el 13 de junio de 1993, es decir antes de la expedición de la Ley 678 de 2001.

Así, no puede la Sala acudir a las definiciones de dolo y culpa grave que trae dicha normatividad ni mucho menos aplicar las presunciones de aquellas, por lo que debe la Sala remitirse a las disposiciones del Código Civil las cuales, además de definir los calificativos de dolo y de culpa grave, clasifican las especies de culpa que existen, entre ellas la grave:

“ARTÍCULO 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone al a diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (Resaltado por fuera del texto original).

Conforme a las anteriores definiciones, la culpa grave representa una menor exigencia frente al comportamiento del sujeto, es decir que, cuando se consagra este tipo de culpa, el examen de la conducta resulta menos riguroso, puesto que sólo incurrirá en culpa grave, quien actúa con un grado máximo de imprudencia o negligencia, cuando no observa el comportamiento mínimo que aún una persona descuidada observaría.

Con fundamento en la norma en mención, la jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(71) y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77(72) y 78(73) del C.C.A. Así, dijo(74) que, para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.

Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(75) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo, contratos, bienes y familia.

Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

Así las cosas, en el caso en comento la entidad actora señaló que los demandados deberían ser condenados al pago de los perjuicios cancelados a los familiares de la señora María Rosa Elena Valencia Viuda de Barrera, quien resultó muerta en un accidente de tránsito, en el que se vio involucrado un vehículo perteneciente al Departamento de Antioquia, y el cual se encontraba asignado al Subsecretario para la Juventud del Departamento de Antioquia - señor Gilberto Antonio Toro Giraldo y cuyo conductor era el señor John Wilman Valencia quien desempeñaba su cargo en el Despacho de la Secretaría de Gobierno de dicho ente departamental. De allí que, estima el Departamento de Antioquia que por esta razón existió por parte de estos dos funcionarios una conducta gravemente culposa al hacer uso de un automotor de uso oficial después de la jornada laboral para actividades de carácter personal.

Conforme a lo anterior, y una vez encontrada probada la calidad de agentes de los demandados, la conciliación celebrada entre la entidad demandante y los beneficiarios, y el pago efectivo de la misma, el problema jurídico que se plantea la Sala, consiste en determinar sí los demandados efectivamente actuaron con culpa grave, teniendo en cuenta que el daño que originó el acuerdo conciliatorio logrado con los beneficiarios fue utilizar un vehículo oficial para fines diferentes a la prestación del servicio.

De manera que, para dilucidar el problema jurídico planteado es necesario acudir al material probatorio arrimado al expediente, el cual evidencia que el señor Gilberto Antonio Toro Giraldo fungía como Subsecretario para la Juventud del Departamento de Antioquia y que el señor John Wilman Valencia se desempeñó en el cargo de conductor del despacho de la Secretaría de Gobierno de ese departamento, tal y como consta en las certificaciones laborales emitidas por el departamento de Antioquia.

Así mismo, se encontró demostrado que al señor Toro Giraldo en su calidad de Subsecretario para la Juventud del Departamento de Antioquia, se le había asignado el vehículo identificado con las placas (LM-9709) - (OI-2137) marca Chevrolet Trooper(76), que se vio involucrado en el accidente de tránsito en donde resultó muerta la señora María Rosa Elena Valencia.

Igualmente, la Sala de Subsección logró establecer que el mencionado vehículo era conducido por Diego León Arango Montoya, conforme a lo señalado en la sentencia del 22 de noviembre de 1995, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Cisneros - Antioquia, quien no era funcionario del departamento de Antioquia.

Por los hechos antes expuestos, la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín adelantó investigación penal por el delito de peculado culposo en contra de los señores Gilberto Toro Giraldo y John Wilman Valencia, la cual fue precluida mediante providencia del 24 de octubre de 1996(77), con fundamento en lo siguiente:

“Como corolario de lo expuesto ¿podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la prueba que milita en el proceso nos muestra el dolo necesario para configurar el reato de peculado por uso que por la utilización del vehículo oficial hiciera el señor Medina? (sic); estimamos que no, en tales circunstancias no podemos pregonar la existencia del tercer elemento básico estructural del delito, como es la culpabilidad –dolosa–, característica del delito imputado al indagado John Wilman Valencia.

En el caso sub-judice para poder predicar la existencia del delito de peculado por uso, es esencial que el dolo contenga las constancias que se han analizado; muestra la verdad procesal que ello no es así, de ahí que podamos afirmar que la conducta no solo no resulta culpable sino que carece de antijuridicidad y por ende, es atípica, siendo imperioso en consecuencia, dar aplicación al artículo 36 del C. de P. Penal.

Respecto a la situación jurídica del doctor Gilberto Toro Giraldo, basta decir, que la prueba legalmente allegada brinda respaldo a sus explicaciones no existineod (sic) elemento de juicio que directa o indirectamente le señale como autor o partícipe del hecho punible investigado, de ahí que deba precluirse la investigación en su favor y de contera declararse extinguida la acción penal incoada en su contra”.

Como consecuencia del referido accidente de tránsito y buscando el resarcimiento del daño ocasionado por la muerte de la señora María Rosa Elena Valencia, los familiares presentaron demanda de acción de reparación directa contra el departamento de Antioquia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien en sentencia del 6 de octubre de 2000, condenó al ente territorial a pagar a favor de los demandantes por concepto de daños morales el equivalente a 1.500 gramos de oro, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Se desprende de toda prueba que obra en el proceso, que la persona que manejaba el vehículo, en el momento de los hechos era el señor Diego León Arango Montoya, observase que incluso en la contestación de la demanda la apoderada del Departamento no cuestiona ese hecho y por el contrario lo utiliza como medio de defensa, para alegar que dicho automotor no se encontraba en la esfera de custodia del departamento. Lo que se corrobora además, con la declaración del conductor del vehículo del departamento que obra a folios 185 “yo salí inmediatamente y pude comprobar que le vehículo estaba a unos metros del cadáver de la (sic) cadáver de Elenita, como Diego había estado al lado mío cuando estuvimos en mi casa y ocurrió el hecho (sic) de que él me había sacado las llaves sin permiso…”.

También obra otras declaraciones que se tomaron en la etapa probatoria, que si bien no son los testigos presenciales de los hechos, son reiterativas con respecto a este punto: “lo que se puso era que lo había traído Jhon Wilman Valencia quien era el conductor y quien conducía en el momento del siniestro era Diego Arango Bedoya, yo tengo entendido que el carro había llegado la noche anterior” (folio 129 reverso, declarante César Alberto Castaño). (…)”.

Contra la anterior decisión se presentó recurso de apelación, trámite durante el cual la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó llevar a cabo audiencia de conciliación en la que el apoderado del departamento de Antioquia autorizado por el comité de conciliación propuso formula conciliatoria por la suma de $167.943.660.oo, la cual fue aceptada por los demandantes en audiencia celebrada el 6 de junio de 2002 ante la Sección Tercera del Consejo de Estado y aprobada mediante auto del 8 de agosto de 2002.

Los anteriores medios de prueba, no le permiten a la Sala concluir que los demandados desplegaron consciente y deliberadamente acciones tendientes a causar el hecho dañoso, esto es, el accidente de tránsito en el que resultó muerta la señora María Rosa Elena Valencia, por lo tanto, no se puede afirmar que actuaron con dolo.

Por otra parte, tampoco reposa en el plenario medio probatorio alguno que acredite que los señores John Wilman Valencia y Gilberto Antonio Toro Giraldo actuaron de forma negligente e imprudente, pues no se demostró en el caso en comento, que fue por su actuar que se produjo el accidente en el que una ciudadana perdió la vida; motivo que lleva a la Sala a poner de presente, que no basta con que la sentencia que impuso la condena a la entidad estatal señale que los agentes actuaron de forma negligente e imprudente, debe la accionante aportar los medios de convicción que le permitan al juez de la acción de repetición afirmar que obraron con culpa grave.

Entonces, al no demostrar la culpa grave o el dolo de los demandados, no puede pretender la entidad demandante que prospere la acción de repetición pues no logró probar que fue por la conducta desplegada por los agentes que se impuso la condena al departamento de Antioquia, por el contrario, lo que la Sala evidencia es que quien iba conduciendo el vehículo de propiedad del ente territorial era una tercera persona que no ostentaba la calidad de agente del Estado, circunstancia que no amerita la calificación de la conducta como gravemente culposa o dolosa, sin desconocer que en el caso de autos, se presentó una culpa leve de los funcionarios aquí repetidos por los hechos narrados.

Por lo tanto, era deber del ente demandante aportar al sub lite todas aquellas pruebas que demostraran que efectivamente los demandados no acataron los deberes funcionales que les eran exigibles frente a la guarda material o deber de custodia del vehículo que estaba asignado al señor Gilberto Antonio Toro Giraldo y que era conducido por John Wilman Valencia Jaramillo, y el cual se vio involucrado en el accidente de tránsito que trajo como consecuencia la perdida de la vida de la señora Valencia. De manera que, ante la ausencia de pruebas que acrediten que los demandados actuaron con dolo o culpa grave, no le queda más alternativa a la Subsección que negar las pretensiones.

Es así como, la Sala observa que la entidad demandante no cumplió con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, en este caso, a quien le correspondía probar los fundamentos de hecho de sus pretensiones era al Departamento de Antioquia. Teniendo en cuenta que esta, no logró demostrar que el actuar de los señores John Wilman Valencia y Gilberto Antonio Toro Giraldo fue gravemente culposo o doloso. Por lo tanto, no se enmarca su accionar dentro de la definición que el artículo 63 del Código Civil trae sobre el dolo y la culpa grave.

Finalmente, la Sala considera oportuno efectuar un severo llamado de atención a las entidades públicas, por la falta vigilancia y control de la actividad procesal como actores en la interposición de la denominada acción de repetición, la cual propende por establecer la responsabilidad de sus agentes y la recuperación de los dineros de naturaleza pública. Lo anterior, teniendo en cuenta la manera descuidada y poco diligente, que se observa en la presentación de este tipo de demandas, en las cuales no se acredita cabalmente el cumplimiento de los requisitos esenciales para la prosperidad de dicha acción, esto es, la calidad del agente,la condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos, el pago efectivo y por último, el dolo o culpa grave del servidor público, a pesar de la reiterada jurisprudencia de esta corporación en la materia.

Cabe advertir, que la carencia, deficiencia o indebido material probatorio allegado a cada una de las demandas presentadas por el Estado para la procedencia de la acción de repetición, no ha permitido en esta instancia conceder y en consecuencia, hacer efectiva la acción de repetición, como en el caso analizado en el sub lite, situación que genera desgaste y congestión en la administración de justicia, poca efectividad en el cumplimiento de la finalidad de la acción y en algunos casos, podría llegar a configurarse un detrimento patrimonial del erario público por las sumas pagadas y no recuperadas y adicionalmente, por los costos administrativos generados por la interposición de la demandas, solo para dar cumplimiento a un mandato legal.

En consecuencia, la Sala de Subsección confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión - Subsección de Reparación Directa el 30 de julio de 2013, por los argumentos expuestos en esta providencia.

7. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFÍRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de julio de 2013, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Respecto de la aplicación de las normas sustanciales en los casos de acción de repetición, se ha entendido que si los hechos que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado. Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente 22056; 2 de mayo de 2007, Expediente 18621; 6 de marzo de 2008, Expediente 26227; 16 de julio de 2008, Expediente 29221.

15 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

16 Ver sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C el 16 de mayo de 2016. Exp. 31.333.

17 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 26737. En su modulación puede verse las siguientes sentencias: Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334.

18 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

19 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, Expediente 19969.

20 Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 reza lo siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Expediente 13607.

21 Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, Expediente 5573.

22 Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, Expediente 15088.

23 Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, Expediente 15650. Las “pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el período probatorio, y pueden valorarse. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, Expediente 16741.

24 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334, Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, Expediente 5573.

25 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 26737. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, Expediente 15284.

26 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 26737. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Expediente 13607.

27 Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, Expediente 20601; de la Sub-Sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 45433.

28 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 45433.

29 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 45433.

30 “Artículo 289. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrán expresarlo así en las mismas oportunidades. No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.

31 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Expediente 13607. Además, en otra jurisprudencia se sostiene que “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 […] por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, Expediente 16727. Cfr. también Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Expediente 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del artículo 254 CPC y los informes y peritaciones de entidades oficiales (art. 243 CPC)”. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 20587.

32 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, Sub-Sección B, sentencia de 27 de abril de 2011, Expediente 20374.

33 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, Expediente 14174.

34 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 18 de enero de 2012, Expediente 19920.

35 Sección Tercera, Sub-Sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Expediente 16398.

36 Disposición concordante con el artículo 269 y 270 del Código General del Proceso.

37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 1998, Expediente 12124: “Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en éste último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días (sic), para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”.

38 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de octubre de 2012, Expediente 24070: i) en “punto a la posibilidad de trasladar las pruebas, cualesquiera que sean, practicadas en otro proceso, la misma se encuentra autorizada por el artículo 185 del Estatuto Procesal Civil, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: - Que hayan sido válidamente practicadas. - Que se trasladen en copia auténtica. - Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Expediente 13607); ii) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada (Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 14951); iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración; (Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, Expediente 15088); iv) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer; (Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, Expediente 5573).

39 Corte Constitucional. Sentencia T-363 del 26 de junio de 2013.

40 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 del 16 de octubre de 2014.

41 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.

42 Ver. Sentencia Corte Constitucional C-159 de 2007.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 11 de noviembre de 2014, Expediente 20507.

44 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, Expediente 22099; 6 de diciembre de 2006, Expediente 22056; 3 de octubre de 2007, Expediente 24844; 26 de febrero de 2009, Expediente 30329; 13 de mayo de 2009, Expediente 25694; 28 de abril de 2011, Expediente 33407, entre otras.

45 Sentencia de 28 de abril de 2001, Expediente 33407.

46 La Ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente.

47 Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, Expediente 30327.

48 Fls. 11 a 13 c. 1.

49 Fl. 14 c. 1.

50 Fl. 15 c. 1.

51 Fl. 16 c. 1.

52 Fl. 20 c. 1.

53 Fls. 21 a 22 c. 1.

54 Fl. 59 c. 1.

55 Fls. 62 a 65 c. 1.

56 Fls. 67 a 68 c. 1.

57 Fl. 73 c. 1.

58 Fls. 74 a 75 c. 1.

59 Fl. 76 c. 1.

60 Fl. 77 c. 1.

61 Fls. 78 a 94 c. 1.

62 Fls. 98 a 103 c. 1.

63 Fl. 104 c. 1.

64 Fls. 105 a 110 c. 1.

65 Fl. 111 C. 1.

66 Fls. 112 a 118 c. 1.

67 Fls. 122 a 124 c. 1.

68 Fls. 132 a 136 c. 1.

69 Fls. 218 a 239 c. 2.

70 Sentencia del 30 de agosto de 2007, Expediente 29.223; 26 de febrero de 2009, Expediente 30329; 22 de julio de 2009, Expediente 25659.

71 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, Expediente 8483; 21 de octubre de 1994, Expediente 9618; 12 de abril de 2002, Expediente 13922; 5 de diciembre de 2005, Expediente 23218.

72 Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001.

73 Sentencia C-430 que dictó la Corte Constitucional el 12 de abril de 2000.

74 Sentencia del 31 de agosto de 1999, Expediente 10865.

75 El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

76 Fl. 100 c. 1.

77 Fls. 112 a 117 c. 1.