Sentencia 2003-01061/38106 de mayo 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 19001-23-31-000-2003-01061-01 (38.106)

Actor: Luis Felipe Becerra y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., quince de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para decidir el asunto de la referencia, por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en un proceso que por su cuantía(8), tiene vocación de doble instancia.

En relación con la vigencia de la acción, la Sala pone de presente que la muerte de Willington Becerra Urreste acaeció el 20 de noviembre de 2002, y la demanda fue presentada el 4 de agosto de 2003, esto es, dentro del término fijado por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para la formulación oportuna de pretensiones en sede de reparación directa.

En lo concerniente a la legitimación en la causa por activa, se constata que las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son Luis Felipe Becerra, Ricardina Urreste Urresty, Yenny Lorena, Alirio Felipe, Gladys, Yoban, Dora Cielo y Jaime Felipe Becerra Urreste, padres y hermanos de la víctima directa. Los demandantes probaron dicho parentesco con sus respectivos registros civiles de nacimiento y matrimonio(9), así como demostraron el fallecimiento de Willington Becerra Urreste con su registro civil de defunción(10).

Johon Becerra Urreste, a diferencia de los anteriores, no aportó el registro civil de nacimiento que comprobara su calidad de hermano del occiso Willington Becerra Urreste, ni probó la condición de tercero damnificado, por lo que se declarará su falta de legitimación en la causa por activa.

La legitimación en la causa por pasiva reside en la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pues la parte actora le atribuye el daño objeto de su pretensión resarcitoria a una acción de las fuerzas militares.

Respecto de la excepción de inexistencia de la obligación indemnizatoria, la Sala aclara que se trata de un argumento defensivo de la demandada que será analizado en el fondo del asunto.

3.2. Sobre los hechos probados.

En el proceso obra copia auténtica de la investigación adelantada contra personal militar del Batallón “José Hilario López” del Ejército Nacional por el juzgado 54 de instrucción penal militar ante la Tercera Brigada en Popayán (Cauca) por los hechos ya expuestos.

La Sala manifestó(11) que la prueba trasladada debe cumplir los presupuestos del artículo 185 del C.P.C.(12) para que se valore en el proceso contencioso administrativo sin la exigencia de formalidades adicionales.

De ahí que la colegiatura valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal, al constatar que fueron puestos en conocimiento de la demandada y esta no los tachó de falsos ni les restó mérito probatorio. En lo concerniente a la prueba testimonial, también será estudiada aunque no fue ratificada, pues la entidad demandada la tomó como base los relatos de Luz Helena Macías y los soldados para afirmar que el occiso asaltaba vehículos en la vía panamericana la noche de su muerte.

3.2.1. De la prueba de los hechos relativos al daño.

Según la parte demandante, el daño objeto de su pretensión resarcitoria consistió en la muerte abrupta y violenta de Willington Becerra Urreste, sucedida en la madrugada del 20 de noviembre de 2002 en desarrollo de la operación “Trueno” del Ejército Nacional en Timbío.

Para acreditar el daño y su carácter antijurídico, se cuenta con los medios de convicción que a continuación se relacionan:

• Registro civil de nacimiento de Willington Becerra Urreste en el que consta que nació el 29 de marzo de 1981(13).

• Registro civil de defunción de Willington Becerra Urreste (indocumentado) que estableció que su muerte se produjo el 20 de noviembre de 2002 en el municipio de Timbío (Cauca)(14).

• Inspección a cadáver 048 del 20 de noviembre de 2002(15), de la que se destaca que el lugar del levantamiento fue la vereda Las Yescas del municipio de Timbío, se trataba del cuerpo sin vida de un hombre sin identificar de 25 años aproximadamente, los hechos ocurrieron en el referido sitio alrededor de la 1:30 a.m. y que la causa de muerte fueron heridas por arma de fuego, pues el cuerpo presentaba dos impactos.

• Registro civil de defunción(16) de un sujeto NN de sexo masculino que falleció el 20 de noviembre de 2002 en el municipio de Timbío. En el documento se consignó que “LA PRESENTE INSCRIPCIÓN SE REALIZA CONFORME AL OF. DE FECHA 20 NOV. 02 DEL JUZGADO 54 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR Y FIRMADO POR LA JUEZ 54”.

• Protocolo de necropsia Nº 063 del 20 de noviembre de 2002(17) en el que se plasmó que NN alias “El Gordo”, de sexo masculino, murió ese día a las 1:30 a.m. en la vereda Las Yescas. Se consignó también que se trataba del “cuerpo de un hombre joven de 1.65 mts. (sic) de talla y un peso aproximado de 80 kgs (sic), contextura gruesa, con múltiples heridas de bala en tórax lateral, anterior y posterior y extremidades […]. Los hallazgos comentados en el informe permiten establecer que el hoy occiso fallece por shock hipovolémico secundario a hemotórax bilateral por herida cardiaca y pulmonar bilateral por heridas de proyectil de arma de fuego”.

• Oficio 1332 del 20 de noviembre de 2002 en el que el fiscal delegado ante los juzgados promiscuos municipales de Timbío y Sotará solicitó al registrador de Timbío que “se sirva registrar la defunción de quien en vida respondió al nombre de Willington Becerra Urreste, indocumentado, hijo de Luis Felipe y Ricardina, persona que falleciera en forma violenta en esta población el día de hoy 21 de los corrientes”. A dicho oficio le fue anexada la inspección a cadáver 048(18).

• Remisión a la oficina única de asignaciones de la dirección seccional de fiscalías de Popayán de la inspección a cadáver 048 del 22 de noviembre de 2002, en la que la técnico judicial Ana Lidia Gutiérrez Gutiérrez denotó que era “correspondiente Willington Becerra Urreste a alias “El Gordo””.

• Informe técnico 131 del 25 de noviembre de 2002(19) firmado por Luis Jairo Vásquez Montenegro, técnico judicial I del CTI de Timbío, quien comunicó que “el día 20 de noviembre del presente año, estando en turno de permanencia, siendo las 07:30 horas, fuimos enterados por los miembros de la Policía Nacional, sobre diligencia de inspección de cadáver de NN alias “El Gordo”, de quien más adelante se determinó que al parecer respondía al nombre de Willington Becerra Urreste, de 21 años de edad”.

Adicionó que en el sitio de los hechos se encontraron dos vainillas pisoteadas, recibieron 9 más por parte de curiosos del lugar y como descripción de la imagen 013/03 que aparece en el informe, entre otras en las que se muestra el cadáver, consignó que “se aprecia dinero y un arma, elementos puestos de presente por parte de los militares que se encontraban en el sitio de los hechos y que al parecer le fueron decomisados a la persona ultimada y a sus acompañantes”.

• La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el documento que sirvió como soporte para el registro de la defunción de Willington Becerra Urreste fue el oficio 1332 del 20 de noviembre de 2002 emitido por el fiscal delegado ante los juzgados promiscuos municipales de Timbío y Sotará(20), mediante oficio del 15 de agosto de 2017. Posteriormente(21), envió copia del oficio 1332 y el acta de inspección a cadáver 048 del 20 de noviembre de 2002 de alias “El Gordo” e indicó que ambos documentos sirvieron como base para inscribir la muerte de Becerra Urreste.

3.2.2. Sobre la imputación.

La parte actora atribuyó el daño, a título de falla en el servicio, al accionar de soldados del Ejército Nacional, quienes aparentemente sorprendieron a la víctima luego de asaltar un vehículo de servicio público, pero en vez de capturarlo y remitirlo a la Fiscalía General de la Nación, le dispararon en repetidas ocasiones.

Para realizar un análisis de la imputación del daño a la entidad demandada, fue recabado el acervo probatorio que a continuación se relaciona:

• Orden de operaciones 058 denominada “Trueno” expedida por el teniente coronel Gilberto Ibarra Mendoza, comandante del Batallón Nº 7 “José Hilario López” del Ejército Nacional el 19 de noviembre de 2002(22). La finalidad de la operación fue desarrollar el registro y control militar de área en la vereda Las Yescas de Timbío, para capturar o, en caso de resistencia armada, dar de baja a miembros de grupos al margen de la ley o delincuencia común y preservar la integridad de la población civil, el respeto a los derechos humanos, el derecho a la vida y demás derechos fundamentales de los moradores de la región.

El comandante plasmó que la operación “Trueno” consistió en:

Ocupar por líneas convergentes, líneas anteriores y por combinación de éstas, las zonas afectadas para adelantar posteriormente operaciones de registro, control militar de área y destrucción una vez en contacto con el enemigo, cuando éste oponga resistencia armada. Se adelantarán las diferentes acciones con la presencia de la población civil en el área, protegiéndola en todo momento y evitando que se vea envuelta en la confrontación. Se deberán respetar en todo momento los derechos de la población civil, así como del enemigo una vez entablado contacto con éste. En caso de resistencia armada deberán ser dados de baja o capturados y entregados a la autoridad competente en caso de ser capturados o se rindan, prestándoles toda la ayuda contemplada en los enunciados del Derecho Internacional Humanitario, que es de obligatorio cumplimiento.

Además, apuntó que las unidades militares que participaron en el operativo correspondiente a la orden de operaciones 058 “Trueno” fueron el segundo pelotón de la compañía Esparta como principales, el cuarto como unidad de apoyo y el quinto como reserva, que el comandante del Batallón lo dirigió y los señores “ST. Bravo Guevara Luis comandante Esparta 4 — ST. Monsalve Córdoba John comandante Esparta 5 — SV De La Hoz Linarez (sic) Alexis comandante Esparta 2” lo ejecutaron.

• Informe de patrullaje 058 del 20 de noviembre de 2002 elaborado por Alexis Enrique De La Hoz Linares, comandante de la compañía Esparta II(23), en el que relató que en la madrugada de ese día, después que el Ejército Nacional recibió información relativa a que un bus de la compañía Transipiales fue asaltado en el sector del puente Quilcace, la tropa se acercó a la vereda Las Yescas, sitio en el que encontraron a los 4 sujetos que perpetraron el hurto, les solicitaron que se detuvieran, pero no lo hicieron y, por el contrario, uno disparó a los soldados y en el enfrentamiento un asaltante murió, hubo dos heridos y otro escapó.

Específicamente, consignó:

[…] a las 01:15 llega todo el personal, luego en ese instante se recibe la información de que están atracando un bus de Transipiales, se devuelve y colabora para transportar soldados hasta el sector del puente Quilcace, la tropa al no ver nada siguen hasta las aproximaciones de la vereda Las Yescas, se bajan y empiezan a ver pistas de bajada en dirección al puente Quilcace a la altura de Las Yescas en una curva los punteros se encuentran con los atracadores (04) cuando los soldados les gritan que hagan alto uno de ellos empezó a disparar contra los soldados, respondiendo así mismo la tropa con el resultado de un muero NN alias el gordo —un herido Rafael Mosquera quien fue remitido al Hospital de Rosas a eso de las 02:30— una herida más, Luz Helena Masías (sic) quien logró escapar de lugar loma arriba y capturada a eso de las 07:30 del día 20 - nov - 2002 y un cuarto hombre quien disparó contra la tropa que escapar lanzándose por una cañada en dirección al río Quilcace. Se recuperó (sic) aproximadamente $ 600 mil pesos, 40 dólares y varias monedas extranjeras, un revólver hechizo, los hechos se desarrollaron aproximadamente a las 01:30 horas del 20 — nov.

• Informe suscrito por Alexis Enrique De La Hoz Linares el 20 de noviembre de 2002 destinado al juez penal militar 54 e informe de esa fecha dirigido al fiscal delegado de Timbío (Cauca), en los que consta que Luz Helena Macías fue puesta a disposición del juez luego de su captura.

En el primero de los documentos refirió lo siguiente (el contenido del segundo es el mismo)(24):

El día 19 de noviembre del presente, yo, SV De La Hoz recibí orden del comando del BILOP de efectuar un movimiento en casa retén desde la vereda Ventica en el corregimiento del Estrecho hasta alturas de Rosas en el punto llamado El Cefiro, ya que en el sector de este y el Ensenillo no había presencia de tropa, a este sitio llegamos a la 01:15 aproximadamente, donde se recibió la información antes mencionada el mismo conductor de Transipiales que atracaron se devolvió hasta donde estaba la tropa y en ese mismo se hizo la aproximación con una escuadra de soldados y el CP. Guzmán y C3 Piambra. Cuando llegaron al sector del puente Quilcace ya no estaban los sujetos mencionados hechos la tropa al ver nada siguieron hacia adelante en dirección del Ensenillo, se bajaron a la altura de la vereda Yescas empezaron a descolgar carretera abajo cuando en curva de la vereda se encontraron con cuatro personas, una mujer que responde al hombre (sic) de Luz Elena Masías (sic) de 17 años de edad, tres hombres, Rafael Mosquera, NN alias El Gordo y un tercero que logró escapar quien al parecer potaba un arma, a quienes al hacerles la señal o consigna de alto somos tropas del Ejército (sic) abrieron fuego contra la tropa, reaccionan así mismo los soldados que iban en frente, donde resultó NN alias El Gordo muerto con un revólver hechizo y dos cartuchos 38 largo IM especial. Rafael Mosquera resultó herido, quien fue evacuado posteriormente al Hospital de Rosas y de aquí remitido al Hospital Susana López de Popayán. La señora Luz Helena resultó herida en la muñeca de la mano izquierda y con esquirlas de la piedra en la pierna izquierda a la altura de la rodilla. A esta se le hizo los primeros auxilios. El cuarto hombre, quien disparó en repetidas ocasiones contra la tropa escapó por una cañada que sale del puente de Quilcace al cual no se pudo localizar llevándose el arma. Revólver porque se encontraron vainillas en el suelo.

La muchacha fue capturada por el sector del cementerio, el herido quedó tendido al lado derecho de la carretera en dirección Popayán - Pasto y el muerto al lado izquierdo en dirección contraria a la ruta anterior.

• Constancia del 20 de noviembre de 2002 en la que los soldados entregaron los elementos hallados a alias “El Gordo” y a Luz Elena Macías a la Fiscalía General de la Nación, consistentes, entre otros, de dinero y un revólver hechizo calibre 38 especial con cacha en madera de un solo tiro(25).

• Prueba testimonial practicada a los moradores de la vereda Las Yescas durante el trascurso de la investigación penal militar, de la que se resalta:

— Jairo Dorado Martínez(26) relató que alrededor de las 2:00 a.m. del 20 de noviembre de 2002, mientras dormía, escuchó unos disparos, se levantó y vio un sujeto que estaba tirado en la carretera, pero no lo conocía.

— Amanda Sofía Ojeda Zúñiga(27) expuso que aproximadamente a la 1:30 a.m. escuchó disparos, se escondió con su pareja debajo de la cama hasta que amaneció, luego vieron un muerto, los soldados les dijeron que era un asaltante y llevaron al hospital a una muchacha y un hombre herido. Afirmó que no conocía al fallecido.

— Orlando Molina Muñoz(28) narró que escuchó unos disparos alrededor de la media noche, pero no salió de su casa hasta la mañana siguiente. Comentó que vio al Ejército y a un hombre muerto, a quien no había visto antes. Dijo que también estaba una señorita que capturaron los uniformados, quien presentaba heridas en un brazo y una pierna, pero tampoco la conocía.

— Ruth Helena Marín Molina(29) declaró que no vio nada, pues escuchó la balacera, se escondió con su pareja debajo de la cama hasta que amaneció y en la mañana un soldado les dijo que había un muerto, pero no lo quiso ver.

— Jesús Ordóñez Quinchua(30) sostuvo que escuchó los disparos más o menos a la 1:30 o 2:00 a.m., salió a ver y observó el cadáver de un sujeto que no conocía y a una mujer quien quince días atrás llegó a su casa, pero no sabía su nombre.

• Declaración rendida por Luz Elena Macías Córdoba, quien atestó que salió la madrugada del 20 de noviembre de 2002 con “El Pico” y “El Gordo” a la vía panamericana en el sector de la vereda Las Yescas para asaltar a los pasajeros de un bus(31). Narró que los soldados los sorprendieron Y ella escapó, pero vio que sus compañeros cayeron, ella resultó herida en la mano y en la pierna y “cuando iba bien arriba y escuché que decían por Dios dejemme (sic) pero no supe quién era y yo cogí por ahí para arriba y después saslí (sic) a al (sic) a la carretera panamericana yahí (sic) fue que me cogieron y ya me llevaron donde estaba el muchacho muerto y el otro que estaba herido y luego me cogieron y me trageron (sic) ya para acá”.

Aclaró que eran tres personas en total, “Pico, El Gordo y Yo”. Respecto a este último, indicó que “yo al Gordo lo conocí ayer, pues pico (sic) lo llevó ayer a mi casa, fueron a visitarme y a pico (sic) hace por ahí unos dos meses, yo con ellos era la primera vez” y en lo tocante a si estaban armados, refirió que “habían dos armas, una que era de juguete y la otra un revólver hechizo, el revólver lo tenía el gordo (sic) y Pico tenía el de juguete” y que fueron los soldados quienes mataron a “El Gordo”.

• Declaración del SV. Alexis Enrique de la Hoz Linares(32), en la que manifestó que dirigió la operación “Trueno”, no vio en qué parte del cuerpo tenía los disparos el fallecido, no disparó su arma durante el operativo, pero que “ellos portaban un revólver hechizo, el otro sujeto que se voló por una cañada portaba un revólver, que fue con el que más hicieron disparos”.

Finalizó que no sabía quiénes causaron la muerte de alias “El Gordo” y las lesiones de los otros sujetos, pero que “no sé, ellos nos dispararon y varios soldados respondieron”.

En ampliación de su declaración(33), indicó que ignoraba quiénes fueron los agentes que hicieron uso de sus armas de dotación, ya que “yo no estaba allá, yo envié un primer grupo con el cabo Guzmán en una patrulla, ellos se movilizaron en un vehículo que venía más a tras a pie, con otra patrulla más”.

• Declaración del CP. Octavio Guzmán Espinoza(34), quien participó en la operación “Trueno” y relató que a la una y media de la mañana un conductor de un carro tanque les comunicó que hubo un asalto sobre la vía panamericana a la altura de Las Yescas, entonces, la tropa se dirigió en un vehículo hacia el sector, luego continuaron la marcha a pie y en una curva observaron tres sujetos y una mujer, les gritaron la proclama “somos el Ejército” y como les dispararon, los soldados reaccionaron.

Sostuvo que cuando verificaron y registraron la escena, encontraron un sujeto muerto y uno herido, que este último portaba $ 380.000 en efectivo, unos dólares, monedas ecuatorianas de diferentes valores y un revólver. Señaló que brindaron primeros auxilios al herido, lo remitieron a un hospital en Popayán y cuatro horas después les informaron que había una mujer herida en la parte alta del cementerio, por lo tanto, acudieron al lugar y la capturaron, luego regresaron al sitio de los hechos y la pusieron a disposición de la Fiscalía, entidad que levantó el cadáver. Finalmente, continuaron sus labores en la vía panamericana.

Añadió que el fallecido tenía un “revólver 38” y que desconocía quién ocasionó la muerte de alias “El Gordo” y las lesiones a Luz Elena Macías.

• Declaración del CT. Edilberto Jiménez Piamba(35), quien rememoró que el día de los hechos llegaron al municipio de Rosas entre la una y dos de la madrugada, unos conductores de buses les informaron que en el puente habían asaltado un bus, por ende, iniciaron un “caza-retén”, se bajaron un kilómetro y medio más adelante del sitio de los hechos, se devolvieron a pie y “ahí fue donde los atracadores al ver la tropa nos dispararon, entonces ahí reaccionó la tropa, eso fue en cuestión de segundos, se capturaron a dos delincuentes y uno dado de baja”.

Describió que el fallecido tenía un revólver y dinero hurtado a los ocupantes de los vehículos que habían sido atacados, no recordaba cómo estaba vestido pero era de civil y que luego del suceso se fue a prestar seguridad, por lo que se enteró después de la captura de dos personas, pero no estuvo presente.

Exteriorizó que no sabía quién causó la muerte al “dado de baja”, porque había sido una “reacción de la tropa” y aseguró que no disparó su arma de dotación.

• El juzgado 54 de instrucción penal militar resolvió no iniciar investigación contra el personal militar del Batallón José Hilario López por el presunto delito de homicidio, derivado de los hechos acaecidos el 20 de noviembre de 2002 en la vereda Las Yescas del municipio de Timbío el 6 de noviembre de 2002.

• Declaración de Vigadier Grijalba Calderón(36), quien declaró que era amigo de los padres de Willington Becerra Urreste, pero que a este último sólo lo conocía de vista. Indicó que la familia residía en la vereda Potrerito del municipio de Mercaderes (Cauca) y que “según información de la mamá de Willington, señora Ricardina Urreste Urresty, éste falleció el 20 de noviembre de 2002, pero no recuerdo en qué lugar”. Aseveró que la madre del occiso le dijo que fue una muerte violenta causada por el Ejército Nacional.

• Declaración de Harol Hernán Vásquez Cifuentes(37), quien manifestó que conoció a Willington Becerra Urreste en Mercaderes (Cauca) desde que ambos eran niños, pero que al momento de su muerte vivía en Popayán, era agricultor y no supo nada sobre su muerte, pues sólo estuvo en sus exequias.

• Declaración de Julio Enrique Urbano Hurtado(38), quien al momento de rendirla se encontraba recluido en la penitenciaría San Isidro de Popayán, pues fue condenado a pena privativa de la libertad por el delito de hurto agravado. Expuso que conocía a Willington Becerra Urreste desde 10 años atrás porque trabajaban juntos cosechando café y describió como sucesos del 20 de noviembre de 2002, así:

Por ahí a las 5:30 de la mañana, nosotros estábamos parqueados en una casa, nosotros Ronald y Luz Elena Macías, estábamos los tres ahí en Las Yescas, esperando bus, cuando bajaba el Ejército y nos dijo “alto”, ellos nos requisaron y todo y siguieron ellos para abajo, cuando ya venían era disparando esos manes, ósea (sic) que nosotros habíamos asaltado un bus y que no nos moviéramos y los manes venían disparándonos, ósea (sic) los soldados y cuando venían disparando el primero que cayó fue Ronald y yo di la vuelta y los manes pensaban que yo iba a correr y me dispararon y en el piso me iban a rematar ellos y llamaron por radio que si me daban el tiro de gracia, que si no había nadie que si me lo dieran, ósea (sic) que si me mataran y como yo había caído al lado de una casa en ese momento un señor abrió la puerta, entonces por ello no me dispararon, no me mataron. A la muchacha le dispararon y estaba ahí en el piso también. De ahí no supe de ella.

Luego dijo que “primero el Ejército llegó requisándonos y ellos pasaron después de habernos requisado, ya después nos dijeron que no nos moviéramos y nosotros no nos movimos entonces un soldado abrió fuego contra nosotros, de ahí empezaron a disparar todos”.

Afirmó que Ronald y Luz Elena Macías y él salieron de trabajar de la finca La Monja en la que cosechaban café, no portaban armas, el Ejército propinó un “culetazo” en la cabeza y no supo si a los demás también los agredieron.

Contó que conoció a Luz Elena Macías en el 2002 (hizo referencia a 15 días antes de un suceso, pero no especificó a qué se refería) y que el 20 de noviembre de 2002, Willington Becerra y él vivían en Popayán.

Refirió que estaba privado de la libertad desde el 20 de noviembre de 2002 por el delito de hurto. Respecto a la declaración de Luz Elena Macías rendida ante el juzgado 54 de instrucción penal militar, manifestó que “yo me encontraba junto con ella, estábamos los tres, Ronald, pues ese comentario está como enredado, porque ella está mintiendo ahí, como a ella la capturaron al otro día, no la capturaron ahí mismo, ella se voló, ósea (sic) porque nosotros estábamos trabajando” y, finalmente, negó conocer a “El Gordo”.

3.3. Asuntos que resolver por la Sala.

Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala verificará si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad en cabeza del Estado, labor en la que solucionará el siguiente interrogante:

¿La muerte de Willington Becerra Urreste es imputable a la Nación por causa del exceso en el uso de la fuerza militar o, por el contrario, la muerte de aquel fue causada por culpa propia, al enfrentar, con empleo de arma de fuego el accionar de la fuerza pública?

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

El primer elemento de la responsabilidad que debe ser analizado por la Sala es el daño alegado por los demandantes, cuyo resarcimiento se solicita en la demanda tanto en su dimensión inmaterial como material.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, que deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(39). Por lo tanto, verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Para que un daño sea indemnizable es indispensable verificar ex ante la configuración de los elementos que lo estructuran, es decir, que sea cierto, actual, determinado o determinable y objeto de protección jurídica(40). En síntesis, estos elementos parten de la premisa que indica que la antijuridicidad del daño no se concreta únicamente con la verificación de la afectación o vulneración de un derecho o de un interés legítimo, sino con los efectos antijurídicos desatados por la lesión que inciden en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial.

En este asunto, el acervo probatorio estableció que la compañía “Esparta” adscrita al Batallón de Infantería No. 7 “José Hilario López” del Ejército Nacional llevó a cabo un operativo denominado “Trueno” la madrugada del 20 de noviembre de 2002 en la vereda Las Yescas del municipio de Timbío. La finalidad de la operación consistió en combatir la delincuencia común y los grupos al margen de la ley en la zona.

En el desarrollo de dicha operación, los moradores del lugar alertaron a los uniformados de un hurto perpetrado a los pasajeros de un bus de la empresa Transipiales alrededor de la 1:30 a.m. Los agentes buscaron a los sujetos descritos y cuando los hallaron (el número exacto no se estableció, pues se mencionaron en distintas versiones a alias “El Gordo” y/o “Ronald”, Luz Elena Macías, Julio Enrique Urbano Hurtado, Rafael Mosquera, “Pico” y otro individuo que al parecer escapó) supuestamente se produjo un enfrentamiento armado en el que alias “El Gordo” o “Ronald” falleció por heridas de arma de fuego propinadas por efectivos del Ejército Nacional.

El protocolo de necropsia y el acta de defunción de un sujeto NN probaron que NN alias “El Gordo” murió el 20 de noviembre de 2002 a la 1:30 a.m. en la vereda Las Yescas, a causa de múltiples heridas de bala.

De igual forma, el acta de defunción y declaraciones de personas que conocieron a Willington Becerra Urreste señalaron que este falleció el 20 de noviembre de 2002 en la vereda Las Yescas de Timbío.

Comoquiera que se observan dos registros civiles de defunción, uno de NN alias “El Gordo” y otro a nombre de Willington Becerra Urreste; que la investigación penal adelantada por la justicia penal militar por los hechos que involucraron al Ejército Nacional siempre hizo referencia a alias “El Gordo”; que no obra reconocimiento del cuerpo o declaraciones de familiares que indicaran que Willington Becerra Urreste era conocido como “El Gordo”; que los moradores de la vereda Las Yescas que vieron el cadáver manifestaron no conocer la identidad del interfecto; que las dos personas que participaron con el occiso en los hechos no lo distinguían por su nombre y cada uno lo llamaba por un apodo distinto (“El Gordo” y “Ronald”), y que tampoco se aportó prueba forense que determinara que quien murió en el operativo militar era Willington Becerra Urreste, en principio podría concluirse que no se probó el daño.

Sin embargo, además del registro civil de defunción de Willington Becerra Urreste y de prueba testimonial que señaló que éste falleció el 20 de noviembre de 2002 en las circunstancias descritas, se cuenta con la remisión a la oficina única de asignaciones de la dirección seccional de fiscalías de Popayán de la inspección a cadáver 048, en la que la técnica judicial Ana Lidia Gutiérrez denotó que Willington Becerra Urreste y alias “El Gordo” eran la misma persona.

Además, el CTI de Timbío hizo constar en el informe técnico 131 del 25 de noviembre de 2002 que, al parecer, alias “El Gordo” respondía al nombre de Willington Becerra Urreste; y el fiscal delegado ante los juzgados promiscuos municipales de Timbío y Sotará solicitó al registrador de Timbío que registrara la defunción de Willington Becerra Urreste mediante oficio 1332 del 25 de noviembre de 2002 y anexó la inspección a cadáver 048 como soporte del requerimiento.

Por las anteriores razones, la Sala considera, al margen de un excesivo rigor en la apreciación de la prueba de este hecho, que la parte demandante sí probó el daño, esto es, la muerte de Willington Becerra Urreste la madrugada del 20 de noviembre de 2002 en Timbío, ante disparos que le asestaron efectivos del Ejército Nacional. Aunque no se cuenta con prueba técnica que acredite que alias “El Gordo” y Willington Becerra Urreste eran la misma persona, los demás elementos de prueba recaudados permiten considerar como cierto este hecho.

Para empezar, la muerte de “El Gordo” y Willington Becerra Urreste ocurrió de igual forma, la madrugada del mismo día, en el mismo sitio y en circunstancias semejantes, esto es, por el accionar del Batallón “José Hilario López” del Ejército Nacional y, en segundo lugar, algunas autoridades concluyeron que se trataba de Willington Becerra Urreste. Aunque no se aportaron los sustentos de tal conclusión, los informes de la Fiscalía General de la Nación y el CTI y los oficios de la Registraduría Nacional del Estado Civil comunicaron que los soportes para asentar la muerte de Becerra Urreste fueron el oficio 1332 y el acta de levantamiento de cadáver 048 que denotaron que Willington Becerra Urreste era alias “El Gordo”.

A continuación, la Sala determinará si en el caso concreto el daño es imputable por acción u omisión a la entidad demandada y si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios derivados de este.

Al analizar la imputación, la jurisprudencia manifestó lo siguiente(41):

Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(42).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(43).

En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

La parte demandante imputó el daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y acreditó que la muerte del señor Becerra Urreste acaeció durante el desarrollo de la operación “Trueno” desplegada por el Batallón “José Hilario López” del Ejército Nacional, es decir, en ejercicio de funciones propias de la entidad demandada.

Asimismo, probó que las balas que segaron su vida provinieron de las armas de dotación oficial usadas por los agentes de la fuerza pública. La institución refirió este hecho en el informe de patrullaje 058 y el informe elaborado por el SV. Alexis de la Hoz Linares, comandante de la compañía Esparta II dirigido al juez penal militar 54, corroborado con su testimonio. Asimismo, el CP. Octavio Guzmán Espinoza, el CT. Edilberto Jiménez Piamba y Luz Helena Macías declararon en tal sentido.

De igual forma, la inspección a cadáver evidenció que el cuerpo del occiso presentaba dos impactos de bala, el protocolo de necropsia mencionó las múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en tórax lateral, anterior y posterior y extremidades del cadáver, el informe técnico 131 indicó que en el sitio de los hechos se encontraron dos vainillas pisoteadas y que los soldados recibieron nueve más por parte de curiosos del lugar. Por su parte, el SV. De La Hoz Linares también refirió el hallazgo de dichos objetos.

Para determinar si la muerte de Willington Becerra Urreste es imputable a la demandada, es menester esclarecer las circunstancias que rodearon su deceso, pues la Sala cuenta con dos bloques de versiones de los hechos contrarias entre sí: la versión de los militares que participaron de la operación y la que entregaron en sus testimonios los dos partícipes de la empresa criminal que fueron capturados.

Por lo tanto, se analizará su coherencia interna y externa y cuál de estas se soporta en los demás medios de prueba que obran en el expediente y ofrece una mayor probabilidad lógica respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión(44), de acuerdo con la sana crítica, fijada en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(45) y definida por la jurisprudencia de esta corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento(46)”.

Sobre esta base, la Sala denota que algunos militares que participaron en la operación “Trueno” (SV Alexis de la Hoz Linares, CP. Octavio Guzmán Espinoza y el CT. Edilberto Jiménez Piamba) aseveraron de forma unánime que la compañía sorprendió a Willington Becerra Urreste, quien en asocio con otras personas acababa de asaltar a los pasajeros de un bus de servicio público en la vía panamericana en la vereda Las Yescas del municipio de Timbío, y que los facinerosos no atendieron el llamado que se les hizo para que detuvieran su marcha, y en lugar de ello, accionaron sus armas para cubrir su huida, razón por la que la compañía abrió, también, fuego contra ellos.

Además, afirmaron que los agresores eran tres o cuatro sujetos y que uno de ellos, quien fue la persona que más disparos hizo a la tropa, logró escapar. De cualquier modo, todos los declarantes negaron haber accionado sus armas contra aquellos y no saber quiénes, de entre los miembros de la compañía, respondieron al fuego.

Específicamente, el SV. Alexis de la Hoz Linares aseguró que no percutió su arma de dotación, pero que los asaltantes, sí dispararon y que, ante la agresión, la tropa respondió al fuego. Indicó que al occiso le fue hallado un revólver 38 largo IM especial y dos cartuchos, y que el cuarto asaltante, el que huyó, portaba otro. Empero. Líneas más adelante, sin embargo, se contradijo al afirmar que únicamente uno de los perseguidos accionó su arma y que él no había estado en el sitio y momento de los hechos, porque había enviado un primer grupo a la zona, circunstancia esta que no le impidió la elaboración de un informe detallado de la operación.

Por su parte, el CP. Octavio Guzmán Espinoza refirió que él ignoraba quiénes les dispararon, aunque puso relieve en el hecho de que el fallecido y el herido estaban armados. Aceptó, sí, que los soldados reaccionaron ante los disparos que provenían del grupo de presuntos asaltantes en respuesta al llamado que les hizo la compañía para que se detuvieran.

Por último, el CT. Edilberto Jiménez Piamba también aseguró que no percutió su arma de dotación y que desconocía quiénes lo hicieron, al tiempo que aseguró que el fallecido portaba un arma y que los asaltantes les dispararon apenas los vieron.

En contraste, Luz Helena Macías Córdoba, quien aceptó que estaba en Las Yescas con “El Pico” y “El Gordo” la madrugada de marras para asaltar buses, manifestó que ellos, los asaltantes, eran tres personas en total y que “El Gordo” portaba un revólver hechizo y “Pico” uno de juguete(47).

A juicio de la Sala, las contradicciones, tanto como el interés común de los militares en evitar cualquier compromiso personal en el uso del armamento, y en enfatizar un porte de armas por parte de los asaltantes que no fue probado, denota indiciariamente que el uso de la fuerza fue el único recurso empleado por parte de los militares contra aquellos.

Esta inferencia se fortalece en atención a que los uniformados únicamente entregaron a la Fiscalía un revólver hechizo calibre 38 especial con cacha en madera, de un solo tiro, esto es, un artefacto que no efectuaba disparos de forma reiterativa e indiscriminada. Tampoco se probó que dicha arma fue percutida por el interfecto o alguno de sus compañeros.

Además, la demandada no acreditó la existencia del cuarto sujeto que supuestamente habría disparado a los soldados para luego emprender la huida, como tampoco probó que éste hubiera accionado algún arma de fuego contra la tropa. De hecho, tal arma no fue hallada en el sitio de los hechos, y tampoco se indicó que este individuo, quien luego fue capturado, la portara consigo.

Así las cosas, resulta fortalecida la credibilidad de la versión rendida por Luz Elena Macías, quien reconoció la conformación y ejecución de la empresa criminal, pero aseveró que al momento en que el grupo delincuencial fue confrontado por la fuerza pública, sus miembros solo portaban un revólver hechizo (hecho probado) y un arma de juguete. Además, esta declarante no refiere lazo especial de afecto para con su ocasional compañero de fechoría, ni de su declaración puede inferirse interés alguno en las resultas de esta actuación.

Finalmente, aunque en el sitio de los hechos y contiguo al cadáver se encontraron dos vainillas pisoteadas, los uniformados recibieron nueve más por parte de moradores del lugar y el SV. De La Hoz Linares aceptó el hallazgo de las vainillas, nunca se realizó una prueba técnica para establecer su procedencia y demostrar que efectivamente hubo un intercambio de disparos y no un ataque indiscriminado de los soldados contra las personas que persiguieron.

Para la Sala no escapa el hecho, por demás curioso, que los soldados que declararon en el proceso penal militar estuvieran presentes durante el supuesto ataque armado y ninguno de ellos accionara su arma para defenderse o se enteraran de quienes sí lo hicieron, es decir, ningún uniformado dio información alguna sobre la muerte de Becerra Urreste, no obstante es un hecho que murió a causa de disparos propinados por los soldados. Igualmente, resulta extraño que fueran atacados al punto de verse obligados a defenderse, pero que ninguno de ellos fue herido, tanto como que solo se hallaron vainillas cerca del cadáver de aquel.

Ahora bien, se acreditó que la víctima fue sorprendida instantes después de asaltar un bus y se dijo, por parte de los uniformados, que aquella, al ser descubierta por el Ejército Nacional, y a la orden de alto que le fue impartida, intentó escapar. Empero, en cuanto a la orden de alto a la que aluden dos de los militares declarantes, la Sala no encuentra claridad, pues el propio CT. Edilberto Jiménez Piamba aseveró que los sujetos les dispararon apenas los divisaron.

Así las cosas, la Sala encuentra que la hipótesis sobre la ocurrencia de un enfrentamiento armado que tuvo como consecuencia la muerte de Willington Becerra Urreste en virtud del legítimo cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en cabeza de las fuerzas militares carece de sustento probatorio.

Por el contrario, existen en el expediente indicios que apuntan a que no existió un intercambio de disparos, pues no se comprobó que alguno de los proyectiles encontrados en el lugar de los hechos pertenecieran al arma entregada por los soldados, respecto a la que manifestaron que la decomisaron al occiso y a sus acompañantes, es decir, no se sabe si la portaba o disparó la víctima o los otros asaltantes y, en todo caso, se trataba de un revólver hechizo calibre 38 especial con cacha en madera de un solo tiro, no apto para percutir varios disparos.

La Sección Tercera de esta corporación(48) estableció que el uso de la fuerza debe ser proporcional y razonado y la necesidad de segar una vida humana debe ser el último recurso al que acuda la fuerza pública para repeler una agresión en el ejercicio de sus funciones, es decir, si bien el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y recurrir a las armas para su defensa debe agotar todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden por encima de la vida y los demás derechos fundamentales de las personas y el artículo 2º de la Carta Política asigna a las autoridades públicas el deber de protección de la vida y honra de la ciudadanía.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que se demostró que los agentes estatales ejercían labores del servicio y que en desarrollo de estas ocasionaron la muerte de Willington Becerra Urreste con sus armas de dotación oficial, sin ninguna prueba de la existencia de una agresión actual, grave e inminente por parte de la víctima que obligara a los miembros del Ejército Nacional a provocar su deceso.

De lo anterior se desprende que el daño provocado a la parte actora es fáctica y jurídicamente atribuible a la demandada, por el uso irregular de la fuerza en la que incurrieron sus agentes, en cumplimiento de sus funciones y durante un servicio oficial.

Las pruebas relacionadas permiten deducir, en primer lugar, que el fallecido participó en el asalto a un bus de servicio público y que huyó al ser perseguido por las autoridades y, en segundo lugar, que la versión dada por el Ejército Nacional para justificar la circunstancias de su muerte fue desvirtuada por los demás medios de convicción que obran en el expediente, situación que permite entrever la intención de la entidad de encubrir la muerte de Willington Becerra Urreste mediante la presentación de hechos no probados que generaran confusión sobre su muerte.

Además, no se configuró la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, pues no está probado que los soldados fueron atacados por la víctima o los demás asaltantes, por lo tanto, su actuación no constituyó una legítima defensa.

Por ende, la Sala confirmará la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada al acreditar, a partir de testimonios y de pruebas indiciarias que los sustentan, que la muerte de Willington Becerra Urreste ocurrió como consecuencia de una conducta irregular del Ejército Nacional constitutiva de una falla en el servicio, en la medida en sus miembros lo ejecutaron y trataron de exonerarse de responsabilidad mediante la afirmación de versiones de los hechos carentes de coherencia y veracidad.

3.5. Indemnización de perjuicios.

3.5.1. Perjuicios morales.

La Sección Tercera precisó(49) que la reparación del perjuicio moral derivado de la muerte se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran según la cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, así:

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno - filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles uno y dos se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros, para los tres y cuatro es indispensable además la prueba de la relación afectiva y para el cinco sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

La colegiatura verifica que en el plenario se estableció que Luis Felipe Becerra, Ricardina Urreste Urresty, Yenny Lorena, Alirio Felipe, Gladys, Yoban, Dora Cielo, y Jaime Felipe Becerra Urreste son los padres y hermanos de Willington Becerra Urreste, como se expuso en el acápite de legitimación en la causa por activa.

Por consiguiente, los padres están en el primer nivel de la tabla y los hermanos en el segundo, razón por la que se confirmarán los perjuicios reconocidos en primera instancia, esto es, cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para sus padres y cincuenta para sus hermanos.

3.5.2. Perjuicios materiales.

La parte actora solicitó la suma de $ 213.000.000 por los gastos funerarios, traslado de cadáver y perjuicios totales a la familia por la pérdida de un ser que aportaba con su trabajo el mantenimiento de esta. Luego pidió $ 50.000.000 por la pérdida del familiar que aportaba para el sostenimiento de sus parientes y los gastos funerarios. Aun así, no allegaron prueba alguna para demostrar el padecimiento de estos perjuicios y, en todo caso, a la Sala le está vedado su reconocimiento porque la demandada funge como apelante único.

3.5.3. Medida adicional de reparación.

La Sala observa que después de aproximadamente 15 años de la muerte de Willington Becerra Urreste, se desconoce la verdad de lo sucedido y los responsables de este hecho, o lo que es lo mismo, el caso permanece en la impunidad. El juzgado 54 de instrucción penal militar no inició investigación contra los miembros de la institución involucrados en los hechos el 6 de noviembre de 2002.

Por tal motivo, para asegurar que las víctimas de este suceso accedan a una reparación integral y, a su vez, evitar o prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro, es imprescindible que el Estado cumpla de manera inmediata con el deber de investigar y sancionar a los responsables de esta violación de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que el Estado tiene el deber de iniciar de oficio, de manera seria, imparcial y efectiva, “una investigación por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de todos los responsables de los hechos(50)”. Esta obligación se fundamenta en la prevención y erradicación de la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, entendida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana(51)” como la que hoy ocupa la atención de la Sala.

Es así que la Corte estableció los parámetros que deben conducir las investigaciones dentro del marco de las competencias de los organismos pertinentes en los casos de muerte violenta, veamos:

Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados(52).

Concordemente, esta corporación enfatizó que la investigación de hechos constitutivos de “ejecuciones extrajudiciales” debe ser seria, imparcial y efectiva, para concretar el papel preventivo que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo y, sobre todo, sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas. Puntualmente, expuso:

El Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas, sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas —servidores públicos o particulares— que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido esas deleznables conductas.

(…)

El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos humanos(53).

Por consiguiente, conforme a los precedentes planteados y en atención a la gravedad de la conducta, la ausencia de una investigación seria y efectiva que conduzca a esclarecer la verdad y a determinar responsabilidades y la falta de una adecuada reparación a las víctimas de este hecho, la Sala estima necesario dictar una medida adicional de reparación integral, consistente en requerir a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de sus competencias y funciones constitucionales, realice una evaluación rigurosa del asunto, con miras a determinar si existe el mérito suficiente para reabrir la investigación penal por los hechos que generaron la muerte de Willington Becerra Urreste.

3.6. Costas.

La Sala considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009). En su lugar dispone:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Johon Becerra Urreste.

2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte de Willington Becerra Urreste, ocurrida el 20 de noviembre de 2002 en la vereda Las Yescas del municipio de Timbío (Cauca).

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional al pago de perjuicios morales, así:

DemandanteCalidadIndemnización
Luis Felipe BecerraPadre 100 SMLMV
Ricardina Urreste UrrestyMadre100 SMLMV
Yenny Lorena Becerra UrresteHermana50 SMLMV
Alirio Felipe Becerra UrresteHermano50 SMLMV
Gladys Becerra UrresteHermana50 SMLMV
Yoban Becerra UrresteHermano50 SMLMV
Dora Cielo Becerra UrresteHermana50 SMLMV
Jaime Felipe Becerra UrresteHermano50 SMLMV

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. ENVIAR a la Fiscalía General de la Nación copias auténticas de la totalidad del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, con la finalidad de que se evalúe la posibilidad de adelantar la investigación penal que sea conducente a efectos de establecer la responsabilidad individual directa e indirecta por la muerte de Willington Becerra Urreste, ocurrida el 20 de noviembre de 2002, y la correspondiente sanción a los responsables.

7. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 El Despacho encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la pretensión mayor es la suma de $ 326.000.000 (folio 25 cuaderno 1), que es superior a los quinientos S.M.L.M.V., exigidos por el C.C.A y la Ley 446 de 1998 en el año 2003, esto es, $ 166.000.000.

9 Folios 6, 7 y 9 a 13, c. 1.

10 Folio 7, c. 1.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1992, Rad. 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, Rad. 13.476 y sentencia de 5 de junio de 2008, Rad. 16.174
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Rad. 13476.

12 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

13 Folio 9, c. 1.

14 Folio 8, c. 1.

15 Folios 37 a 38, c. 2.

16 Folio 54, c. 2.

17 Folios 69 a 87, c. 2.

18 Folio 96, c. 2.

19 Folios 108 a 113, c. 2.

20 Folio 121, c. ppal.

21 Folio 125, c. 1.

22 Folios 16 a 21, c. 2.

23 Folios 22 a 27, c. 2.

24 Folios 32 y 33 a 34, c. 2.

25 Folio 35 cuaderno 2.

26 Folio 39, c. 2.

27 Folio 40, c. 2.

28 Folio 41, c. 2.

29 Folio 42, c. 2.

30 Folio 43, c. 2.

31 Folios 45 a 46, c. 2.

32 Folios 49 a 50, c. 2.

33 Folios 127 a 128, c. 2.

34 Folios 51 a 52, c. 2.

35 Folios 114 a 115, c. 2.

36 Folios 160 a 161, c. 2.

37 Folios 162 a 163, c. 2.

38 Folios 170 a 173, c. 2.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Rad. 17.042.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 10 de abril de 2010, Rad. 18878; 1º de febrero de 2012, Rad. 20505; 14 de marzo de 2012, Rad. 20497 y 12 de febrero de 2014, Rad. 28857.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Rad. 17.994.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, Exp. 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

43 “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta). Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002, Exp. 14215.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad. 23.265.

45 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, Rad. 8661.

47 La Sala considera que la declaración de Julio Enrique Urbano Hurtado no merece credibilidad alguna, por cuanto se mostró ajeno al hurto del bus al indicar que simplemente había salido con sus compañeros de trabajar en una finca en la que cosechaban café y sostuvo que los uniformados les dispararon sin motivo alguno porque ellos no portaban armas y que Luz Elena Macías había sido capturada por hechos distintos a los del 20 de noviembre de 2002. Estas aseveraciones no se compaginan con lo probado en este trámite.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Rad. 18.888.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27.709.

50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006.

51 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, sentencia del 1º de septiembre de 2010; caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010 y caso Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia del 24 de noviembre de 2009, entre otras.

52 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003; caso Luna López vs. Honduras, sentencia del 10 de octubre de 2013 y caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia del 27 de noviembre de 2012, entre otras.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601.