Sentencia 2003-01062 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Rad.: 250002326000200301062-01 (30179)

Demandante: José Didier Lezcano Valderrama.

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., mayo doce de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(1) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, en la medida en que la inmovilización e incautación del vehículo en el cual se transportaba el señor José Didier Lezcano ocurrió el 9 de noviembre de 2002 (fl. 4 cdno. 1) y la demanda se formuló el 19 de mayo del año 2003 (fl. 10 cdno. 1).

3. Material probatorio susceptible de valorarse.

Cotizaciones expedidas por las empresas Colombian Rent a Car Ltda., Rent a Car Total y Turismo La Cima Ltda., a través de las cuales se informó acerca de la clase y costo del alquiler de vehículos.

Copia auténtica del contrato de permuta de vehículo Nº 0214801 suscrito el día 24 de abril de 2002 entre el señor Jairo Manuel Muñoz Santos en calidad de primer permutante y el señor José Didier Lezcano en condición de segundo permutante, a través del cual acordaron lo siguiente:

“Hemos celebrado el siguiente CONTRATO DE PERMUTA regido por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA: EL PRIMER PERMUTANTE da en permuta real y material al SEGUNDO PERMUTANTE un vehículo de su propiedad distinguido con las siguientes CARACTERÍSTICAS:

PLACAS EPB 288 CLASE automóvil. MARCA: Chevrolet.

LÍNEA: Corza (sic) 6L. MODELO: 2000. TIPO: Sedan.

COLOR(ES): Verde perlado. MOTOR 0N0003269.

CHASIS SE19J7YEB08181 SERIE: (espacio en blanco) CAPACIDAD: 5 Pasajeros SERVICIO: Particular. MATRICULADO EN: Chía EMPRESA: (espacio en blanco).

Manifiesto de aduana 0901201084915 de Bogotá. FECHA: 18/04/00. Tarjeta de propiedad Nº 02-800588 a nombre de: Jairo Manuel Muñoz Seguro Obligatorio Nº (espacio en blanco). Código: (espacio en blanco). Cía. Aseguradora (espacio en blanco).

SEGUNDA: Se ha convenido para esta transacción que el SEGUNDO PERMUTANTE de en parte de pago un vehículo de su propiedad, distinguido con las siguientes características (...) MAS UN RIBETE por la suma de $ (2’800.000) dos millones ochocientos mil pesos; Representado en: 4 cuatro cheques por un valor c/u de $ 700.000 del Banco de Bogotá, como cancelación total del vehículo materia de la presente PERMUTA. TERCERA: LOS DOS PERMUTANTES se comprometen a entregar los vehículos a paz y salvo POR TODO CONCEPTO como: Embargos, Multas, expedientes, partes impuestos, reservas, de dominio y en fin, libres de todo gravamen que pudiese resultar a cargo de ellos que impidiese el libre comercio hasta CANCELACION TOTAL y de esta fecha en adelante corre por cuenta y riesgo de cada uno de los PERMUTANTES ya que estos reciben los vehículos a entera satisfacción, en el estado y sitio en que se encuentran previa revisión efectuada por tratarse de vehículos usados y se hacen a cargo a partir de la fecha de recibidos los automotores de cualquier daño o avería que se presente en los mismos. CUARTA. EL PRIMER PERMUTANTE se compromete a entregar la documentación para el traspaso del vehículo de placas Nº EPB 288 en un término de CANCELACION a partir de la fecha de este documento. EL SEGUNDO PERMUTANTE se compromete a hacer entrega de la documentación para el traspaso del vehículo de placas Nº (Espacio en blanco) en un término de CANCELACION a partir de la fecha de este documento. QUINTA: EL PRIMER PERMUTANTE se reserva el derecho de dominio de vehículo de placas Nº EPB 288 hasta el momento que se cancele el saldo estipulado en su totalidad de acuerdo con las disposiciones del artículo 952 del Código de Comercio SEXTA: LOS PERMUTANTES de común acuerdo fijan una cláusula penal por el valor de $ 2’000.000 Dos Millones de Pesos M/CTE para el que incumpla en todo o en parte alguna de las cláusulas estipuladas en el presente documento. SEPTIMA: Los gastos ocasionados para la legalización de los documentos con motivo de esta PERMUTA serán cubiertos así: cada uno radica sus documentos a la orden del día.

Leído y aprobado por las partes por y ante testigos hábiles firmamos en Bogotá a los 24 días del mes de abril del año 2002”.

Certificación expedida el 23 de abril de 2002 por el señor Jairo Muñoz, mediante la cual hizo constar lo siguiente:

“En la fecha he recibido del doctor José Didier Lezcano Valderrama, los cheques números L 22221685, L 2221686, L 2221687 y L 2221688, girados contra el Banco de Bogotá, sucursal Autopista El Dorado, cada uno por valor de $700.000, para ser cobrados los días 24 de abril, 31 de mayo, 30 de junio y 31 de Julio/02, respectivamente, por concepto de cancelación de la obligación del vehículo Chevrolet Corsa, placas EPB 288, motor DN0003269”.

— Copia auténtica de la tarjeta de propiedad correspondiente al automóvil de placas EPB-288, marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2000, motor Nº DN0003269, chasis Nº SE19J7YEB08181, color verde perlado, en la cual figura como propietario el señor Jairo Manuel Muñoz Santos, expedida el 28 de diciembre de 2001.

— Copia de la liquidación Nº D 32118 expedida por el Grupo Automotores de la Dirección Central de la Policía Judicial el día 9 de enero de 2002 a través de la cual consta lo siguiente:

“En atención al oficio de la fecha (espacio en blanco), me permito informar los resultados de la revisión técnica practicada al vehículo de las siguientes características:

CLASE: Automóvil TIPO: Sedan MARCA: Chevrolet AÑO DE FABRICACION: 2000 COLOR: Verde PLACAS: EPB288 MOTOR Nº DN0003269 PLAQUETA: SE19J7YEB08181 CHASIS: XXXXXXXX SEGURIDAD: XXXXXXX FABRICACION: XXXXXXXX.

Se debe comparar con los documentos que lo amparan, los sistemas de identificación que posee en la actualidad se dictaminan así: SISTEMAS ORIGINALES, SE ANEXAN IMPRONTAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX AL RESPALDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(...).

INFORME DE KARDEX NACIONAL DE VEHICULOS HURTADOS:

No registra pendientes por hurto de acuerdo a los sistemas de identificación que posee en la fecha”.

En el citado documento, al respaldo, se alcanzan a observar las siguientes gráficas:

DN0003269

DN0003269

SE19J7YEB08181

8181”

— Oficio de fecha 4 de marzo de 2003 mediante el cual la Jefe de la Sala Técnica Sede Sur, del Grupo Automotores – Área Delitos contra el Patrimonio Económico – Dirección Central de Policía Nacional, informó lo siguiente:

“En atención al oficio de la referencia me permito informar a mi Capitán, Jefe Oficina Derechos Humanos que de acuerdo a la búsqueda manual que se lleva en esta Jefatura se pudo establecer que para la fecha del 09-01-2002 con número de revisión técnica 00397, con destino Sett, figura revisado el automóvil, marca Chevrolet, placas EPB-288, número de motor DN0003269, con número de revisión 32118, efectivamente fue revisada para la fecha antes mencionada de acuerdo a lo verificado en el libro radiador (sic) que se lleva diariamente en esta sede; del cual anexo copia del folio de radicación 49.

Igualmente me permito informar a mi Capitán que se realizaron actividades exhaustivas para lograr hallar el registro de la copia de la revisión expedida por nosotros para esa fecha obteniendo así la copia y fiel reflejo de la revisión auténtica expedida por esta jefatura; me permito informar a ese despacho que para la fecha antes mencionada el tipo de formato de revisión técnica era diferente con respecto al que se está expidiendo actualmente.

Anexo fotocopia la cual fue tomada de la copia que existe en el archivo manual que se lleva de revisión expedida por esta unidad”.

— Oficio Nº 008/UNAUT de fecha 26 de diciembre de 2002, por medio del cual el Comandante de la Estación de Policía de Carreteras de Cundinamarca dio respuesta a una petición realizada por el señor José Didier Lezcano Valderrama, en los siguientes términos:

“Muy respetuosamente me permito dar respuesta al Derecho de Petición instaurado por usted dado a conocer al peticionario que sobre la base de lo establecido en el artículo 312 del CPP y de la Ley 600 del 2000, las unidades pertenecientes al Grupo de Automotores de la Especialidad le inmovilizaron el vehículo de las siguientes características:

Clase: Automóvil

Marca: Chevrolet Corsa

Modelo: 2000

Motor Nº: DN0003269 (Regrabado)

Serie Nº: SE16J7YEBO8181 (Falsa)

Carrocería: 8181 (regrabada)

Color: Verde selva

Placas: EPB-288 (con las que fue incautado)

CSF-089 (con las que fue hurtado)

Tipo: Sedan

El vehículo antes descrito fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional 123 ubicada en la Kra. 10 Nº 14-33 Piso 10 el día 11-12-2002 fecha en que se terminó la investigación, la cual arrojó como resultado que al mismo le figuraba una solicitud de inmovilización por HURTO según Denuncia Nº 1207.

Se aclara al señor peticionario que los Estudios técnicos son aceptados por las Autoridades cuando éstos son presentados en ORIGINAL y NO en FOTOCOPIA como usted lo presentó el día de la inmovilización, así mismo y para su conocimiento nuestras funciones de Policía Judicial artículo 314 del NCPP, nos permiten ser auxiliadores de la justicia más NO iniciar investigación alguna sin previa orden de autoridad competente artículo 316 del NCPP

Se sugiere muy respetuosamente dirigirse a la unidad donde fue puesto el caso a disposición para establecer el estado actual del rodante por el cual está indagando su petición”.

— Acta de incautación (sin número) en la cual consta que el día 9 de noviembre de 2002 en la ciudad de Bogotá D.C., la Policía de Carreteras de Cundinamarca retuvo al señor José Didier Lezcano Valderrama con C.C. 2’909.139 expedida en la ciudad de Bogotá, el vehículo de placas EPB-288 marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2000, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181, color verde perlado, “por presentar inconsistencias en los sistemas de identificación, para estudio técnico y confrontación de documentos. Deja licencia de tránsito en fotocopia autenticada (...)”.

— Formulario Único del Impuesto sobre Vehículos Automotores, mediante la cual se hace constar que la señora Luz Estela Muñoz, el día 18 de enero de 2002, pagó el valor de $191.000 correspondiente al vehículo Chevrolet Corsa de placas EPB 288.

— Formulario Único Nacional Nº 2023333, de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor del Ministerio de Transporte, por medio del cual el señor Jairo Manuel Muñoz Santos solicitó el trámite de “Registro Inicial” del vehículo de placas EPB-288, marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2001, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181, color verde perlado.

No obstante, no existe constancia de que el mencionado documento hubiere sido presentado ante la autoridad antes mencionada.

— Memorial a través del cual el señor Jairo Muñoz Santos solicitó que la Concesión SETT —Servicio Especializado de Tránsito y Transporte— diera curso al “traspaso” del vehículo de placas EPB 288.

No obstante, no existe constancia de que el mencionado documento hubiere sido presentado ante la autoridad antes mencionada.

— Queja presentada por el señor José Didier Lezcano Valderrama ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de diciembre de 2002, contra el señor Jairo Manuel Muñoz Santos por los hechos objeto de la presente demanda, en lo que le conciernen.

— Declaraciones extrajudiciales rendidas por los señores Hernando Cediel Perilla, Amelia Porras Rueda, Amanda Heredia Bohórquez, Olga Lucía Duque Quintero, Elizabeth Montaño Ávila, Sergio Enrique Giraldo Betancourth, Javier Toro Ramírez, José Fernando Girón Marín y Luis Enrique Romero Grisales.

Las anteriores declaraciones no son susceptibles de valoración, comoquiera que, en los términos del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, tales testimonios sólo tienen valor cuando estén destinados a servir como prueba sumaria en los eventos en que la ley lo autoriza, circunstancia que no ocurre en el presente caso.

Se agrega, además, que los testimonios antes mencionados no fueron practicados en sede judicial, circunstancia adicional que impide su valoración en esta instancia.

4. Legitimación en la causa por activa.

La parte demandada alegó que en el presente proceso se presentó una ausencia de legitimación en la causa por activa, comoquiera que el demandante no acreditó su condición de propietario en relación con el vehículo retenido y decomisado por la Policía Nacional.

Como se advierte en la demanda, el actor no acudió al presente proceso en calidad de propietario del bien incautado(2), en la medida en que manifiestó que presentaba la demanda como titular de los derechos que le correspondían como poseedor del referido vehículo(3).

Para acreditar su condición, el demandante aportó copia auténtica del contrato de permuta celebrado con el señor Juan Manuel Muñoz Santos, a través del cual se comprometieron a intercambiar vehículos en relación con los cuales advirtieron que eran de su propiedad, de tal forma que, con ocasión de esa transacción, el señor Lezcano recibió el vehículo de placas EPB-288 marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2000.

Para la Sala, el referido documento resulta suficiente para reconocer al demandante en su calidad de poseedor del referido vehículo, comoquiera que derivó la tenencia de un contrato que sirve como título traslaticio de dominio, circunstancia que permite considerar que el señor Lezcano ejerció dicha tenencia con ánimo de señor y dueño (C.C., art. 762).

5. Elementos que acreditan la responsabilidad del Estado.

5.1. El daño antijurídico.

De conformidad con el libelo demandatorio, el daño antijurídico que se habría causado como consecuencia del supuesto error jurisdiccional en el que presuntamente incurrió la entidad demandada, consistió en la “pérdida definitiva” o, lo que es igual, la imposibilidad de recuperar el automóvil decomisado por la Policía Nacional, como consecuencia de la falla en el servicio que se le imputó a la entidad demandada, consistente en la revisión técnica deficiente realizada por la Policía Nacional respecto del vehículo incautado.

Así las cosas, se solicitó la indemnización de los montos derivados, precisamente, de la pérdida del vehículo, tales como la suma equivalente al valor del vehículo o las sumas que habría tenido que pagar por transporte ante la ausencia del medio de desplazamiento antes mencionado.

De las pruebas obrantes en el expediente se encuentra acreditado que la Policía de Carreteras de Cundinamarca, el 9 de noviembre de 2002, inmovilizó y decomisó el vehículo que en su momento se identificó como de placas EPB-288, marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2000, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181, color verde perlado, el cual iba conducido por el señor José Didier Lezcano.

Ahora bien, aun cuando se desconoce cuál fue la suerte final del automotor decomisado, esto es qué ocurrió después que fue retenido, circunstancia relevante para concluir si en efecto hubo, o no, una pérdida real y efectiva de dicho bien mueble, lo cierto es que la carga para probar esta situación recaía en la parte demandada en los términos del inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Ciertamente, le correspondía a la parte demandada probar lo que ocurrió finalmente con el automotor luego de que éste fue decomisado por ella y quedó bajo su responsabilidad, dado que lo expuesto al respecto en la demanda recae en lo que se ha denominado como una afirmación indefinida la cual no requiere prueba.

En relación con las afirmaciones o negaciones indefinidas, esta corporación se ha referido en los siguientes términos:

“31. En lo relacionado con las afirmaciones y negaciones indefinidas, el Consejo de Estado ha señalado que son “aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar por medio alguno”(4). En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que “una cuestión indefinida excluye un hecho concreto, limitado en el tiempo, modo y lugar, pues ello supone otro hecho de igual naturaleza afirmado o negado implícita o indirectamente, en tanto que los hechos indefinidos no, precisamente por ser indefinidos”(5).

32. De lo anterior puede inferirse que, estando el demandante en la imposibilidad de demostrar que “las mercancías depositadas en el Fondo Rotatorio de Aduanas por orden de la Dirección General de Aduanas se perdieron definitivamente”, la carga de la prueba se invirtió a favor suyo, por lo que correspondía a la entidad demandada allegar al proceso las probanzas tendientes a demostrar el hecho contrario. Como no lo hizo, y no hay dentro del expediente ningún documento u otro medio de prueba que permita establecer la ubicación y estado actual de los equipos decomisados, la Sala tendrá por probado el daño material alegado en la demanda”(6).

Así las cosas, ante la afirmación del demandante consistente en que el automotor decomisado por la entidad demandada se perdió de manera definitiva o lo que es igual nunca se le devolvió, la carga de la prueba se invirtió en contra del ente accionado, motivo por el cual le correspondía la labor de allegar al proceso los medios probatorios pertinentes para establecer la suerte final del vehículo que fue retenido, circunstancia que omitió y, dado que no existe en el plenario prueba alguna que permita establecer la ubicación y estado de ese bien, la Sala tendrá por establecido el daño antijurídico cuya reparación se pretende a través del presente proceso.

Aun cuando obra en el expediente copia del Oficio 8 del 26 de diciembre de 2002, mediante el cual la Policía Nacional le informó en su momento al ahora demandante que el vehículo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional 123 el día 11 de diciembre de 2002, “fecha en que se terminó la investigación, la cual arrojó como resultado que al mismo le figuraba una solicitud de inmovilización por HURTO según denuncia 1207”, lo cierto es que tal circunstancia de manera alguna permite probar lo que ocurrió finalmente con el automotor, situación que, se reitera, en este proceso le correspondía acreditar a la parte demandada.

5.2. La imputación del daño antijurídico a la entidad demandada.

Según sostiene el actor, la Policía Nacional habría emitido una constancia con indicación de que el automotor que en su momento se identificó como de placas EPB-288, marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2001, motor DN0003269, serie SE19J7YEB08181, color verde perlado, no se hallaba dentro de la base de datos de la entidad con limitación alguna para ser enajenado (reporte de bienes hurtados), hecho que dio lugar a que el demandante hubiere accedido finalmente a suscribir un contrato de permuta para la adquisición de dicho automotor, no obstante lo cual el día 9 de noviembre de 2002 en la ciudad de Bogotá D.C., la Policía de Carreteras de Cundinamarca le retuvo al señor José Didier Lezcano Valderrama el mencionado vehículo “por presentar inconsistencias en los sistemas de identificación, para estudio técnico y confrontación de documentos (...)”, hecho que le produjo al actor perjuicios materiales e inmateriales cuya indemnización pretende.

Pues bien, respecto de casos similares al que ahora se examina, la Sala ha sostenido:

“(...) la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.

En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro y posterior certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrada por un particular y no de un acto que la autoridad que expide la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer unas medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante éste.

En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

“(...).

VI. Lo que debe resolver la Sala en este caso, es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos, se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.

La respuesta a este interrogante debe ser positiva, siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por los funcionarios de la oficina de transporte y tránsito, o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto”(7). (se deja destacado en negrillas)

Y en sentencia proferida el 7 de julio de 2005(8), además de citar y, por ende reiterar, el anterior pronunciamiento, se recogieron otras decisiones de la Sala relacionadas con el tema, en los siguientes términos:

“IV. La Sala, en sentencia del 1º de junio de 1995, expediente 10.282, al resolver la demanda de reparación interpuesta por el adquirente de un vehículo que había sido hurtado y matriculado nuevamente con documentos falsos, negó las pretensiones por considerar que no existía relación causal entre la actuación de la administración y el daño aducido por el demandante.

‘... no existe fundamento para imputar la responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios que dice haber sufrido el demandante, dado que el daño sufrido no le es imputable por cuanto no fue causado por la acción u omisión de uno de sus agentes. En efecto, el DATT de Nariño se limitó a adelantar un trámite de matrícula de un automotor porque para el efecto el interesado allegó toda la documentación que los reglamentos requieren. No se observa en el trámite ninguna falla, o negligencia de la cual pueda deducirse responsabilidad en contra de esa entidad’.

No obstante, en providencia del 28 de febrero de 12985 (sic), expediente 10.272, al decidir la demanda formulada por el adquirente de un vehículo hurtado y posteriormente registrado en una oficina de tránsito diferente, condenó a la autoridad de tránsito demandada, por considerar que ésta había incurrido en fallas que hicieron posible la defraudación. Dijo la Sala:

‘Huelga advertir que el hecho generador de la responsabilidad de la administración en el caso de que tratan estas diligencias reviste especial gravedad, en tanto demuestra cómo los funcionarios públicos, por acción u omisión, están contribuyendo a que el delito del robo de automotores continúe y se incremente la impunidad.

‘Del material probatorio se desprende claramente que las distintas dependencias encargadas de llevar el registro automotor, así como de prevenir y sancionar el hurto de esos bienes, no actuaron como les imponía la constitución y la ley. Nada justifica que los funcionarios hubieran asentado la matrícula con base en documentos falsos como son: cédula de ciudadanía, certificado de revisado aduanero, constancia de la Aduana Interior de Bogotá y factura de compra. Ahora bien, el delito seguramente no se hubiera consumado, en el caso que, recibida la denuncia penal correspondiente, se hubiera dado cuenta en forma inmediata tanto a las dependencias y secciones de la Sijin de la Policía Nacional, como a las oficinas de tránsito de todo el país’.

Se advierte que aunque los supuestos de hecho son similares, las decisiones son opuestas porque distintas fueron las pruebas que en uno y otro evento se adujeron para acreditar la falla de la administración. En el último evento los funcionarios debieron detectar la falsedad que incluía hasta los documentos de identidad de quien realizó el registro; además, el propietario original del vehículo había formulado la denuncia penal de la cual no se dio información a las oficinas de tránsito para que no se incurriera en la falla que se presentó. Situaciones que no se presentaron en el primer caso, o por lo menos, no se acreditaron en el proceso(9)”. (negrillas y subrayas fuera del texto original)

Como se observa, cuando se trata de la expedición de certificaciones por parte de una entidad pública, respecto de circunstancias que se encuentren dentro de su competencia, se incurrirá en responsabilidad en tanto se acredite que en la expedición de tales constancias se haya incurrido en irregularidades sea por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes legales de la entidad correspondiente y siempre y cuando para la expedición de dicho documento no se le hubiere inducido a error.

De conformidad con la página web oficial de la Policía Nacional(10), la revisión técnica de automotores consiste en un procedimiento a través del cual “se puede certificar la originalidad y legalidad de [un] vehículo teniendo en cuenta sus sistemas de identificación, documentos y antecedentes”, actuación que se realiza en un “lugar diseñado para brindar un excelente servicio al ciudadano, en el cual el personal idóneo revisa físicamente los vehículos nacionales o importados de cualquier clase”.

Así pues, en la revisión técnica de automotores la autoridad hace un examen físico y técnico del vehículo con el fin de identificar, a través de la comparación de los sistemas de identificación así como de los documentos y antecedentes, que el automotor es original y legal, esto es que no presenta irregularidad alguna frente al ordenamiento jurídico, en relación, claro está, con las funciones y competencias asignadas a la Policía Nacional.

De manera que si la autoridad competente, luego de tener a su disposición el vehículo y efectuarle un análisis con personal idóneo y experto, certifica que los sistemas de identificación del automotor objeto de la revisión son originales y que tal medio de transporte no registra antecedentes por hurto, sin duda genera para quien pretenda adquirir y/o tener a su cargo ese bien, la confianza de que en adelante, por lo menos por estos aspectos, no tendrá obstáculo alguno para utilizar y disfrutar del referido automóvil.

En el presente caso se encuentra probado que el día 9 de enero de 2002, el Grupo Automotores de la Dirección Central de la Policía Nacional realizó la revisión técnica del automóvil que en su momento se identificó como de placas EPB-288, marca Chevrolet, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181, estudio que dio como resultado que los sistemas de identificación del automotor eran “originales” y que no registraba antecedentes por hurto.

Así mismo, está acreditado que el día 24 de abril de 2002 se celebró un contrato de permuta entre el señor Jairo Manuel Muñoz Santos en calidad de primer permutante y el señor José Didier Lezcano en condición de segundo permutante, a través del cual acordaron, entre otros aspectos, que el primer permutante entregaba el vehículo de placas EPB-288, marca Chevrolet, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181, color verde perlado, al señor José Didier Lezcano.

De igual manera se estableció que el día 9 de noviembre de 2002, la Policía de Carreteras de Cundinamarca le retuvo al señor José Didier Lezcano Valderrama, con cédula de ciudadanía Nº 2’909.139 expedida en la ciudad de Bogotá, el vehículo de placas EPB-288 marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2000, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181, color verde perlado, “por presentar inconsistencias en los sistemas de identificación, para estudio técnico y confrontación de documentos (...)”.

Finalmente, según el Oficio Nº 008/UNAUT de fecha 26 de diciembre de 2002, el Comandante de la Estación de Policía de Carreteras de Cundinamarca indicó que, respecto del vehículo incautado, se encontró que los números de motor y carrocería estaban regrabados, el número de serie era falso y el número de la placa era diferente de aquella en relación con la cual tenía en el momento en que fue hurtado dicho automóvil.

Así las cosas, para la Sala resulta evidente que la revisión que efectuó la Policía Nacional respecto del vehículo que en su momento tenía la placa Nº EPB-288 —con las otras características ya indicadas— fue irregular e inadecuada, dado que no se encuentra explicación razonable —fuera de la mencionada falla en el servicio— que pueda justificar —y así no lo hizo la entidad demandada— que luego de un procedimiento cumplido por personal “técnico e idóneo” encaminado a certificar acerca de, entre otros, “la legalidad de los sistemas de identificación de un automotor”, concluya que dichos sistemas son originales, pero que, con posterioridad, ese mismo vehículo sea retenido por la misma autoridad, bajo el argumento de que presentaba “inconsistencias en los sistemas de identificación”, para luego determinar que los números de motor y carrocería estaban regrabados y los números de serie y placa eran falsos.

La entidad demandada expuso que no podía “responder por los cambios o anomalías que por una u otra circunstancia present[aran] los vehículos después de efectuarse una revisión técnica”, comoquiera que transcurrieron más de 10 meses entre la mencionada revisión y la incautación, tiempo durante el cual habrían podido ocurrir las anomalías señaladas.

Para la Sala la anterior afirmación no es de recibo, comoquiera que de ser cierto, como lo señaló la entidad demandada, que la revisión técnica fue realizada de manera adecuada, cualquier irregularidad o inconsistencia que se hubiere efectuado sobre los sistemas de identificación y luego de que se hubiera realizado un nuevo estudio por la autoridad encargada —como ocurrió en este caso cuando se retuvo el automotor por la Policía Nacional—, hubiere concluido, en todo caso, que los sistemas originales de identificación del vehículo correspondiente eran aquellos que fueron objeto de análisis el día 24 de abril de 2002, esto es la placa EPB-288, motor Nº DN0003269, serie Nº SE19J7YEB08181; sin embargo, lo que se determinó finalmente fue que los anteriores sistemas de identificación no eran originales —valga la redundancia—, puesto que habían sido regrabados o eran falsos.

Por consiguiente, resulta claro que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio, comoquiera que el 24 de abril de 2002, luego de efectuar un procedimiento técnico, por demás ofrecido y promocionado al público en general por la misma entidad accionada, certificó que el vehículo objeto de ese estudio tenía los sistemas de identificación originales, cuando tal circunstancia no era cierta, tal como quedó advertido.

La Sala no pasa por alto que la parte demandada no fue la que cometió las inconsistencias sobre el automotor, esto es la regrabación y las falsedades y, en este sentido, el ahora demandante pudo haber ejercido la acción ordinaria(11) contra la persona con la cual celebró el correspondiente contrato de permuta, para efectos de reclamar por las aludidas irregularidades; no obstante, también es cierto que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política(12), el Estado se encuentra en la obligación de reparar los daños antijurídicos imputables a la acción y omisión de sus funcionarios, mandato que está llamado a operar a plenitud en esta oportunidad teniendo en cuenta, además, que las irregularidades cometidas por la entidad pública fueron determinantes para la causación del daño cuya indemnización se pretende obtener en esta oportunidad.

En relación con éste último punto debe agregarse, como ya lo hizo la Sala en uno de los pronunciamientos destacados en precedencia, que la certificación oficial de los datos que para el efecto consten en el registro genera confianza pública, por lo cual la Administración se encuentra en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y emitir los certificados en forma que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos, como lo es, sin duda alguna, su enajenación, tema que lleva precisamente a que los ciudadanos, de manera previa a la celebración de las distintas relaciones jurídico negociales, acudan a las distintas instituciones del Estado —en este caso a la Policía Nacional— con el propósito de obtener certeza acerca de la viabilidad, o no, de lo que será la compra de un automotor.

De suerte que, si el ciudadano adquiere de la entidad el respectivo concepto de viabilidad porque a través del mismo se le informa que el respectivo vehículo automotor no cuenta con pendiente alguno que restrinja su dominio o circulación, ello sin duda alguna le genera la confianza suficiente para adquirir de buena fe el automotor y si a pesar de ello, más adelante, su vehículo le es retenido por las mismas autoridades policiales, dado que se descubre que sobre el vehículo consultado sí existían irregularidades, resulta evidente la configuración de una falla del servicio en la elaboración del dictamen y la consiguiente emisión del certificado por parte de la Policía Nacional.

En línea con lo anterior, esta Sección del Consejo de Estado, al abordar el estudio de un caso similar al que ahora se analiza y precisamente bajo la pauta de que le corresponde a la Policía Nacional, SIJIN, inspeccionar los automotores y emitir los certificados a que hubiere lugar, sostuvo “... el demandante antes de hacer la negociación debió cerciorarse de la legalidad del automotor que adquiría, trámite que debe adelantarse ante la SIJÍN, entidad encargada de revisar los automotores y certificar en relación con su procedencia y que no presenten pendientes por hurto y otros delitos (...)(13), señalamiento éste que guarda total armonía con lo que en este proveído se ha venido sosteniendo acerca de la confianza pública que se produce por razón o con ocasión tanto de un dictamen como de un certificado favorable para comercializar automotores provenientes de la Policía Nacional, los cuales son el resultado de la actuación que se inicia cuando el particular acude ante dicho ente, sufraga el valor que para el efecto se le cobra y obtiene, finalmente, un concepto de viabilidad para adquirir un automotor.

Por consiguiente, no cabe duda que la emisión de la certificación a la cual se ha venido aludiendo comporta un trámite técnico previo, al interior de la Policía Nacional, a través del cual, como quedó descrito, se pretende —precisamente— determinar si respecto del automotor examinado existe algún pendiente o restricción por razón del cual se impida su rodamiento y, por ende, su enajenación; de allí que la Sala pueda concluir frente a este caso, con claridad meridiana, que si después de surtirse todo ese trámite técnico y comparativo, se emitió la consiguiente certificación acerca de que en relación con el automóvil objeto de estudio no existía irregularidad alguna, cuando en realidad los sistemas de identificación no eran los originales, indubitablemente se incurrió en una falla en el servicio, puesto que la entidad demandada contaba tanto con los equipos como con el personal y, en fin, con el trámite suficiente para determinar la existencia de tales deficiencias, no obstante lo cual procedió a expedir la certificación de viabilidad y, con ello, permitió la enajenación del automotor que meses después fue incautado por la misma entidad accionada.

En consecuencia, la Sala declarará la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por el hecho que se le imputó en la demanda, esto es por la emisión de una certificación frente a un automotor que, en realidad, sí contaba con pendientes legales y, por lo mismo, no podía ser comercializado, hecho éste que le ocasionó perjuicios al demandante porque él, confiando en ese documento, dio vía libre a la negoción contractual.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios materiales.

6.1.1. Daño emergente.

Se solicitó en la demanda, por este concepto, la suma de $21’800.000 correspondientes al valor comercial del vehículo decomisado.

Dado que se probó la retención y pérdida del referido automotor, para la Sala hay lugar a acceder a su reconocimiento.

En cuanto al quantum de la indemnización, en el expediente obra copia auténtica del contrato de permuta que se celebró el día 24 de abril de 2002 entre el señor Jairo Manuel Muñoz Santos y el señor José Didier Lezcano, sin embargo en dicho documento no hay constancia del monto final por el cual fue negociado el vehículo, comoquiera que no se acreditó el valor del vehículo permutado —camioneta marca Subarú Legacy, modelo 1993, tipo Station Wagon— para la fecha en la cual se celebró el negocio jurídico, al tiempo que sólo existe la constancia de pago por el valor de $ 2’800.000, suma cancelada por medio de 4 cheques de $700.000, cada uno.

De igual forma, como anexo de la demanda se allegaron apartes de varios ejemplares de la Revista Motor que según el demandante son de fechas febrero 26 de 2003, enero 29 de 2003, noviembre 27 de 2002, noviembre 13 de 2002, octubre 30 de 2002, octubre 9 de 2002, septiembre 25 de 2002, agosto 14 de 2002, febrero 27 de 2002, enero 30 de 2002.

En relación con el valor probatorio de los anteriores documentos, para efectos de determinar el valor de un automotor en un momento determinado, el inciso 6 del artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

“Cuando se trate de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento incrementado en un cincuenta por ciento (50%) sin perjuicio del derecho otorgado en el inciso cuarto a quien lo presenta. En tal caso, también podrá acompañarse como dictamen, el precio que figure en publicación especializada, adjuntando copia informal de la página respectiva” (se resalta).

Si bien la anterior norma legal se encuentra ubicada en el aparte que regula el procedimiento de avalúo y pago de los bienes respecto de los cuales se ha practicado un embargo y secuestro, para efectos de su remate tratándose de un proceso ejecutivo, lo cierto es que para la Sala no existe inconveniente alguno en aplicar dicha disposición a un proceso ordinario, comoquiera que, finalmente, en dicho precepto normativo se indica la forma en la cual puede determinarse el valor de un vehículo automotor.

No obstante, de los ejemplares de la revista antes mencionados no se puede establecer con certeza el valor del vehículo para la época en la cual fue decomisado, comoquiera que no existe claridad acerca de la fecha en la cual se imprimieron y salieron a la venta tales documentos, en la medida en que la fecha que aparece en cada uno de ellos fue suscrita a mano.

De igual forma, el aparte que se allegó de cada una de las ediciones corresponde al valor de los automóviles nuevos para cada una de las fechas que se dijo correspondían a cada una de esas revistas, circunstancia que sería inexacta e incorrecta para efectos de determinar el monto del vehículo, comoquiera que lo que se busca es obtener el precio de un automotor usado —de las características de aquel que fue decomisado— para la fecha en la cual fue retenido.

Con todo, conviene precisar que, finalmente, las partes no manifestaron razón específica de inconformidad respecto del monto de la condena de primera instancia en relación con el daño emergente, silencio de las partes acerca de la forma en que se liquidó el citado perjuicio, que unido a la razonabilidad que, para la Sala, caracteriza la mencionada indemnización, resultan razones suficientes para concluir que en aplicación de los principios de equidad y realización de la justicia material, así como con el propósito de evitar mayores dilaciones del proceso, se actualizará entonces y se mantendrá la suma reconocida por esta concepto en primera instancia.

Para la actualización se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

 

2003-00162 formula a
 

 

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta histórica, el monto de la condena impuesta en primera instancia.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 79,96 correspondiente al mes de noviembre de 2004, cuando se profirió la sentencia impugnada.

 

2003-00162 formula b
 

 

6.1.2. Lucro cesante.

Analizada la demanda, se encuentra que lo que el actor denominó lucro cesante, en realidad corresponde al daño emergente, por concepto de los montos que tuvo que pagar con motivo de los desplazamientos que habría tenido que realizar a varias ciudades con ocasión de su trabajo como abogado, teniendo en cuenta la imposibilidad de utilizar el vehículo que le fue retenido.

Al respecto, en el expediente no obra prueba siquiera de que con ocasión de su labor como abogado hubiera tenido la necesidad de desplazarse a varias ciudades; de igual forma, como lo afirmó el tribunal a quo, no existe medio probatorio alguno que permita acreditar los gastos que habría tenido que pagar con ocasión de sus desplazamientos, motivo por el cual, dada la orfandad probatoria en este sentido, carga que le correspondía a la parte demandante en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la Sala denegará el reconocimiento de dicha pretensión.

Se aclara que las cotizaciones que obran en el proceso y que fueron expedidas por las empresas Colombian Rent a Car Ltda., Rent a Car Total y Turismo La Cima Ltda., a través de las cuales se informó acerca de la clase y costo del alquiler de vehículos, no son suficientes para tener acreditado el perjuicio, comoquiera que, como se observa, son sólo cotizaciones y, por ende, no hay certeza acerca de si el demandante utilizó ese servicio y mucho menos cuánto habría pagado por éste.

6.2. Perjuicios morales.

El demandante solicitó en la demanda un monto equivalente a 150 smlmv “en consideración al sufrimiento de la víctima al ser desposeído del automotor, instrumento necesario para su congrua subsistencia y la de su familia, así como el haberse afectado su autoestima, amor propio, tranquilidad y la de su familia, habida consideración de tratarse de abogado litigante, con más de treinta (30) años de ejercicio profesional. Pedimento viable en atención a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado”.

En relación con los perjuicios morales cuando se trata de la pérdida de un bien material, la Sala ha precisado(14):

“IV. A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son ‘esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria’(15).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(16)”. (negrillas y subrayas fuera del texto original)

Así pues, aunque la corporación, frente aquellos casos en los cuales se indemnice por razón de los daños derivados de la muerte de una persona o como consecuencia de la causación de lesiones físicas, ha inferido el perjuicio moral —y solo respecto de aquellos parientes más cercanos(17)— en atención a las reglas de la experiencia(18), lo cierto es que este caso no se ubica dentro de alguno de esos eventos, por manera que al demandante le corresponde la carga de acreditar la configuración de esta clase de perjuicio inmaterial.

En el presente caso, como lo advirtió el tribunal de primera instancia, no existe prueba en el plenario, susceptible de valoración, que dé cuenta de la ocurrencia de dichos perjuicios, motivo por el cual se denegarán.

7. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 24 de noviembre de 2004, la cual quedará así:

“1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones denominadas “Falta de legitimación por activa” y “Falta de legitimación por pasiva”, propuestas por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados al señor José Didier Lezcano Valderrama como consecuencia de la FALLA EN EL SERVICIO en que incurrió al expedir el informe técnico Nº 32188 del 9 de enero de 2002 sobre el vehículo marca Chevrolet Corsa de placas EPB 288, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído.

3. CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General, a pagar al señor José Miguel Contreras Beltrán, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el monto de treinta y cinco millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos ($ 35’493.265).

4. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

5. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con el Decreto 597 de 1988 —$ 18’850.000—, teniendo en cuenta que la demanda se radicó en el año 1998 y la cuantía del proceso se estimó en la suma de $ 23’630.257 a favor del señor Carlos Arturo Serrano Arenas, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, de conformidad con los parámetros según los cuales estimó el valor de dicho perjuicio.

(2) Evento en el cual, según lo expuso la jurisprudencia de esta Sección, resulta indispensable aportar el título correspondiente y el certificado de la Dirección de Tránsito y Transporte —tradición— en el cual conste como propietario del automotor. Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2009. Expediente 16.837.

(3) Al respecto el artículo 2342 del Código Civil, prevé:

“ART. 2342.—Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño”.

(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 7 de octubre de 1992, radicado 4442, C.P. Álvaro Lecompte Luna.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de diciembre de 2009, ref. C-1100131030272000-00865-01, M.P.: Jaime Alberto Arrubla Paucar.

(6) Consejo de Estado. Sentencia del 26 de julio de 2012. Expediente 19981 M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Sentencia proferida el 20 de febrero de 2003, expediente 14.176. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) Expediente 14.975; M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del ocho de noviembre del 2001, expediente: 13.730, actor: Norberto Cortés Serrano.

(10) http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo Operativas/Direccion_de_Investigacion_Criminal/Revisiones_Tecnicas. Última vez visitada: 7 de mayo de 2014.

(11) La Sala desconoce si en efecto lo hizo.

(12) De igual forma debe tenerse en cuenta el artículo 2344 del Código Civil según el cual “Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

(13) Sentencia dictada el 6 de octubre de 1995, expediente 10.282, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(14) Sentencia dictada el 18 de marzo de 2004, expediente 14.589, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(15) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. trad. de Fernando Hinestroza, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(16) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039.

(17) Casos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima, pues en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

(18) Sentencias del 17 de julio de 1992, expediente 6750; del 16 de julio de 1998, expediente 10.916 y del 27 de julio de 2000, expediente 12.788, reiteradas en sentencia reciente, proferida el 2 de septiembre de 2009, expediente 17.801, entre muchas otras.