Sentencia 2003-01080 de octubre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000-23-15-000-2003-01080-01(30754)

Consejero Ponente:

Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Actor: Guillermina Ruiz Gallego y otros

Demandado: Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Presupuestos procesales de la acción

7. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

8. La corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la reparación por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

9. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por las omisiones en que incurrió dicha entidad y que, según la parte actora, determinaron la muerte del señor Heider Guzmán Ruiz.

10. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la corporación ha considerado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

11. En cuanto a la legitimación en la causa, están demostrados los lazos de parentesco entre el señor Heider Guzmán Ruiz y los demás demandantes en el presente caso(5). En el caso de Rafael Antonio Ortiz Martínez, si bien no figura como su padre en el registro de nacimiento del occiso(6), se tendrá en calidad de damnificado. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de omisiones que provienen del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, de manera que la Nación, representada por tal entidad, se tiene legitimada como parte demandada en este asunto.

12. Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que el hecho dañino —la muerte de Heider Guzmán Ruiz— tuvo ocurrencia el 27 de septiembre de 2001 y la demanda se interpuso el 21 de mayo de 2003, esto es, dentro del término legal de dos años que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14.(sic) La Sala debe determinar si la muerte del señor Heider Guzmán Ruiz al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá es imputable jurídica o fácticamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por haber faltado al deber de seguridad y vigilancia de los reclusos bajo su custodia, o si, como alega la entidad demandada, se presenta a su favor la causal eximente de responsabilidad llamada “hecho exclusivo y determinante de la víctima”.

III. Validez de los medios de prueba

13. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

13.1. En este caso, la parte actora solicitó expresamente en el escrito de demanda que se le ordenara a la Fiscalía Seccional 9 de Bogotá que remitiera copia auténtica de “la investigación del homicidio de Heider Guzmán Ortiz, radicada bajo el Nº 590758” (fl. 15, cdno. 1). El tribunal a quo decretó la prueba (fls. 35-36, cdno. 1) e instó a la autoridad requerida para que allegara el mencionado proceso (fl. 39, cdno. 1). En virtud de esta disposición, la Fiscalía 9 de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal remitió copia auténtica del proceso penal 590758, adelantado por la muerte de Heider Guzmán Ruiz (fls. 45-96, cdno. 2).

13.2. Las pruebas decretadas y practicadas en el proceso penal serán apreciadas por la Sala dado que fueron aportadas en copia auténtica(7) por la entidad requerida y estuvieron a plena disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la oportunidad procesal de conocerlas y controvertirlas.

13.3. La declaración de la señora Guillermina Ruiz Gallego, rendida ante la Fiscalía 296 Seccional de Bogotá (fl. 64, cdno. 2), no será valorada dado que es una declaración de quien es parte en esta controversia.

IV. Hechos probados

15.(sic) De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

15.1. El señor Heider Guzmán Ruiz fue recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá el 27 de agosto de 2001, en cumplimiento de la orden de detención expedida por la Fiscalía 174 de la Unidad Séptima Local, por el delito de extorsión(8) (inspección de cadáver 5205-1834 de la URI de la Fiscalía —fls. 48-49, cdno. 2—; informe preliminar de actividades investigativas de la Fiscalía —fls. 52-53, cdno. 2—; oficio 114 DJM 808 de la asesoría jurídica de la Cárcel Nacional Modelo —fl. 76, cdno. 2—; informe 3236 del CTI —fls. 86-89, cdno. 2—).

15.2. El 27 de septiembre de 2001, a las siete de la mañana, el señor Heider Guzmán Ruiz fue encontrado sin vida, envuelto entre sábanas y al lado de una reja, en un túnel del tercer piso del pabellón quinto de la Cárcel Nacional Modelo, por parte de un guardián del Inpec (informe de los dragoneantes Jovany Roa Mendieta y José Giovanny Castro Pulido —fl. 78, cdno. 2—; declaración de Jovany Roa Mendieta —fls. 81-82, cdno. 2—; declaración de José Giovanny Castro Pulido —fls. 79-80, cdno. 2—; inspección de cadáver 5205-1834 de la URI de la Fiscalía —fls. 48-49, c. 2—; informe 3236 del CTI —fls. 86-89, cdno. 2—).

15.3. Al examinarse el cuerpo de Heider Guzmán Ruiz, se encontró que este presentaba varias huellas de punción en el antebrazo derecho, el pliegue del codo derecho y en la región cervical del cuello, además de hematomas en el tejido subcutáneo en las zonas de punción y mancha de color verde en el abdomen. Como “posible causa de la muerte” se señaló una “hipoxia citotóxica secundaria a intoxicación por cianuro con vía de entrada a través de las punciones” (protocolo de necropsia 2001-03808 de la oficina de patología forense de Medicina Legal —fls. 6-11, cdno. 2—). En el informe de toxicología, el cuerpo examinado arrojó resultados positivos para la presencia de cianuro (reporte del laboratorio de toxicología forense de Medicina Legal —fls. 12-13, cdno. 2—).

15.4. Con ocasión de estos hechos, el 27 de septiembre del mismo año, la Fiscalía 296 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito abrió una investigación preliminar (auto de apertura de la investigación previa —fl. 47, cdno. 2—). Luego de practicar una diligencia de inspección al cadáver (fls. 48-49, cdno. 2) y levantar un acta de actividades investigativas (fl. 52-53, cdno. 2), la Fiscalía hizo la inspección en el lugar de los hechos el 5 de diciembre de 2001, que fracasó en el propósito de recaudar información relevante, debido a que, según el investigador, en la cárcel “impera la ley del silencio” (fls. 86-89, cdno. 2). El 23 de mayo de 2002, la Fiscalía ordenó la suspensión de la investigación, por cuanto habían transcurrido más de 180 días desde la fecha de los hechos sin que “existiera mérito” para abrir formalmente la investigación o proferir una resolución inhibitoria (Res. 262 de la Unidad Primera de Vida de la Fiscalía —fl. 92, cdno. 2—).

V. Análisis de la Sala

16. En primer lugar, se aclara que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender la investigación penal seguida por la muerte del señor Heider Guzmán, por no haber encontrado pruebas suficientes para abrir formalmente la investigación o dictar resolución inhibitoria, no es un obstáculo para que esta corporación examine la responsabilidad de la administración en dicha muerte a la luz del artículo 90 de la Constitución, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus autoridades.

17. La Sala debe precisar que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta corporación, el hecho de la absolución penal de los agentes estatales involucrados en la producción del daño, o el cierre definitivo de la indagación por ausencia de pruebas, no implica en modo alguno que el trámite contencioso deba concluir de la misma forma. Sobre este punto ha señalado:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(9).

18. Así las cosas, ninguna incidencia tiene en el presente proceso el hecho de que se haya suspendido la investigación penal por la muerte del recluso Heider Guzmán Ruiz, pues es claro que el proceso penal difiere del contencioso administrativo en cuanto a las partes, el objeto, la causa, los principios y normas que los rigen y el tipo de responsabilidad que se debate. De manera que la Sala asume el deber de determinar la responsabilidad de la administración en la muerte de dicha persona.

19. Ahora bien, en el caso bajo análisis la Sala encuentra demostrado el daño, pues la muerte del señor Heider Guzmán Ruiz al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá por efecto de un envenenamiento con cianuro, es un hecho plenamente acreditado en el proceso.

20. Con el objeto de determinar si este daño es imputable a la entidad demandada por haber faltado al deber de protección y seguridad de las personas bajo su custodia, es preciso esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte del recluso.

20.1. El dragoneante Jovany Roa Mendieta, guardián del Inpec que encontró el cuerpo sin vida de Heider Guzmán, manifestó (fls. 81-82, cdno. 2):

En el momento en el que me encontraba realizando revista para efectuar el conteo de los internos en horas de la mañana (…) cuando me dispuse a entrar en uno de los túneles de desagüe de pasantes de aguas sucias, observé que había un bulto envuelto en una cobija, entonces con el bastón de mando empujé y al no obtener respuesta lo destapé y observé que era un interno el cual no me contestaba mi llamado ni se le veía respirar, salí inmediatamente a pasar el reporte a la guardia interna dando a conocer los hechos y para pedir refuerzos donde recibí instrucción de dirigirme nuevamente al patio a indagar sobre lo acontecido nombre y demás, en el momento en el que pasé la reja seis que se dirige al sector sur, me encontré con que al interno ya lo habían transportado hasta dicha reja. (…) PREGUNTADO: Supo usted los nombres de las personas que lo llevaron al túnel a dicho señor. CONTESTÓ: No, yo simplemente lo encontré allí los internos debido al hacinamiento, ellos mismos acondicionaron esos túneles como dormitorio donde duermen un promedio de 60 a 70 internos y a veces sube, no hay un número exacto.

20.2. El guardián José Giovanny Castro Pulido expresó (fls. 81-82, cdno. 2):

Me enteré por mi compañero, el cual lo encontró en el túnel del tercer piso tendido en el piso, y entonces él fue a despertarlo para la contada, porque estábamos entregando el servicio y mi compañero le dijo que se levantara para que fuera al primer piso para la contada y él no respondió y entonces cuando el observó eso, me avisó y de inmediato procedimos a informar a la guardia interna y ésta a su vez lo comunicó al director del establecimiento, cuando nos devolvimos, el mencionado interno se encontraba en la puerta de acceso de los patios de la zona sur envuelto en una cobija, entramos y averiguamos su nombre, y los internos nos decían que el apellido era Guzmán. (…) PREGUNTADO: Sabe usted cuál fue la causa de la muerte de dicho señor. CONTESTÓ: No, no la conocía, en lo que yo pude ver me pareció que estaba ahorcado, no más.

20.3. Ambos guardianes presentaron un informe ante la dirección del Inpec en los siguientes términos (fls. 50-51, cdno. 2):

Comedidamente y observando el debido conducto regular me dirijo a su despacho con el fin de informarle que en el día de hoy en el momento de efectuar la contada del personal de internos del pabellón 5, al pasar revista por en el túnel del piso tercero se encontró el cuerpo de un interno envuelto en una cobija, procedí a llamarlo para que se levantara para la contada, al no obtener respuesta alguna lo destapé y observé que no se movía, ni respiraba, de inmediato procedí a dar aviso al comandante de guardia interna del cual recibí instrucciones de averiguar el nombre y demás datos relacionados con este interno, lo cual se hizo dispendioso y al poco rato se logró establecer que se trataba de un interno de apellido Guzmán Ruiz Heider, T.D. 3110004. Al momento de ingresar nuevamente al pabellón encontré el cuerpo del interno pegado a la reja 6 al averiguar quién lo había dejado se supo que otros internos lo dejaron en ese sitio.

20.4. Esta información fue reiterada en iguales términos en el informe preliminar de actividades investigativas de la Fiscalía (fl. 52, cdno. 2):

Según informe suscrito por los dragoneantes Roa Mendieta Jovany y Castro Pulido Giovanny, informan que encontraron al occiso envuelto en una cobija en el túnel del piso 3 de la unidad sur patio 5, procedieron a llamarlo para contarlo, pero no se movía, ni respiraba, inmediatamente procedieron a informarle al comandante de la guardia.

21. A partir de los medios de prueba antes referidos se concluye que el interno Heider Guzmán Ruiz fue encontrado muerto, envuelto entre sábanas y al lado de una reja, en un túnel del tercer piso del pabellón quinto de la Cárcel Nacional Modelo, por parte del guardián Jovany Roa Mendieta, quien informó del hallazgo al guardián José Giovanny Castro Pulido, y ambos comunicaron la situación a la guardia interna. Al tratar de averiguar lo sucedido, los otros reclusos se limitaron a decir que ellos mismos lo habían dejado al lado de la reja en que lo encontró la guardia y lo habían envuelto entre cobijas.

22. Como esta información resulta insuficiente para conocer la forma en que murió el señor Guzmán Ruiz, es preciso acudir al protocolo de necropsia que levantó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y al reporte del laboratorio de toxicología forense.

22.1. En el protocolo de necropsia se señaló que el cuerpo de Heider Guzmán Ruiz presentaba huellas de punción en el antebrazo derecho, el pliegue del codo derecho y en la región cervical del cuello, además de hematomas en el tejido subcutáneo en las zonas de punción y mancha de color verde en el abdomen (fls. 6-10, cdno. 2):

Resumen de los hechos

Hombre de 22 años por verificar identidad, recluso de la Cárcel Nacional Modelo, encontrado muerto en el túnel del tercer piso el 27 de diciembre de 2001 a las 7:00 horas, cubierto con una cobija. Al tratar de averiguar datos en la guardia interna, el cadáver fue trasladado por otros internos a la reja 6.

En el cadáver se observan huellas de venopunción en antebrazo derecho y parte izquierda del cuello. Al parecer, el occiso se encontraba detenido por el delito de extorsión por cuenta de la Fiscalía 174. Ingresó el 27 de agosto de 2001. Fecha de captura, el 13 de agosto de 2001.

El mismo día se encontraba otro cadáver en la cárcel que corresponde al protocolo de necropsia 2001-03809.

La autoridad no establece hipótesis de causa o mecanismos de muerte, las cuales deja por establecer.

Descripción del cadáver

En mesa de autopsia, embalado en bolsa plástica de color negro, se recibe el cadáver de un hombre adulto de apariencia cuidada, con huellas de venopunción en miembro superior derecho y en cuello, sin otras señales externas de trauma. El cadáver trae las manos sin embalar, con tinta de necrodactilia en los pulpejos (...)

Fenómenos cadavéricos

Livideces dorsolumbares de color rosado que desaparecen a la digitopresión, rigidez parcial, frialdad, mancha verde abdominal incipiente del lado derecho. (...)

Cuello

Huella de venopunción en región cervical derecha hacia el tercio medio del cuello y huella de venopunción cervical izquierda, hacia el tercio superior.

Extremidades

Huella de venopunción en pliegue de codo derecho rodeada por equimosis de 2x2 cm. 3 huellas de venopunción en cara anterior de antebrazo derecho, localizadas en tercio proximal y medio, y la más proximal rodeada por un área de quemadura de la piel de 4.8x4 cm. (...)

Sistema osteo-muscular

Hematomas en planos musculares de región cervical derecha por debajo de la huella de venopunción. En la región cervical izquierda no se observan hematomas musculares. Hematomas en tejido subcutáneo y músculos superficiales de pliegue de codo y antebrazo derecho, igualmente por debajo de las huellas de venopunción. Se realiza disección posterior, sin evidencia de hematomas musculares. No se observan fracturas. (...)

Comentario

(...) Al examen interno se observa congestión visceral generalizada con petequias en pericardio, datos compatibles con hipoxia. A la disección posterior no se observan lesiones traumáticas, no hay hematomas ni fracturas.

Con la información disponible y los hallazgos macroscópicos de necropsia, no es posible determinar la causa y la manera de la muerte, las cuales quedan en estudio, en espera de los exámenes solicitados.

22.2. El protocolo de necropsia fue complementado el 30 de octubre de 2001, luego de practicarse el examen de toxicología. En esta adición se consideró como la “posible causa de la muerte” una “hipoxia citotóxica secundaria a intoxicación por cianuro con vía de entrada a través de las punciones” (fl. 11, cdno. 2):

Se recibe reporte de toxicología con resultado cualitativo positivo para cianuro en los rodetes de piel de las áreas de las punciones. No fue posible su determinación en sangre, por no haber reactivo para dicho análisis en la institución.

Las muestras de contenido gástrico e hígado fueron negativas para cianuro. Tampoco fueron detectados otros tóxicos comunes como alcohol etílico, metílico, monóxido de carbono, metabolitos de cocaína, canabinoides, benzodiacepinas, fenotiazinas y barbitúricos.

Conclusión

Con la información disponible hasta el momento, la posible causa de la muerte es una hipoxia citotóxica secundaria a intoxicación por cianuro con vía de entrada a través de las punciones; la manera de muerte es violenta por determinar en el transcurso de la investigación.

23. El análisis de estos medios de prueba permite concluir que Heider Guzmán Ruiz murió como consecuencia de la aplicación de punciones de cianuro en distintas partes del cuerpo: en la región cervical derecha hacia el tercio medio del cuello; en la región cervical izquierda hacia el tercio superior del cuello; en el pliegue del codo derecho; y tres en la cara anterior del antebrazo derecho, en los tercios proximal y medio. Por otra parte, no se hallaron lesiones traumáticas, hematomas o fracturas, con excepción de los hematomas subcutáneos en las zonas de punción.

24. Con la información disponible, se debe establecer si a la entidad demandada le asiste responsabilidad por la muerte del señor Guzmán Ruiz al interior de la Cárcel Nacional Modelo, debido al envenenamiento que le produjo la inyección de cianuro en distintas partes de su cuerpo. Con este propósito, es preciso recordar el régimen de responsabilidad usualmente aplicable por los daños causados a las personas recluidas en establecimientos carcelarios o en centros de detención.

24.1. Al respecto, esta corporación ha señalado que la responsabilidad es objetiva, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia y custodia del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por los agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares(10).

24.2. De acuerdo con lo anterior, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a quien se encuentra recluido en un establecimiento carcelario o centro de reclusión, aunque no exista en el caso concreto una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos, la responsabilidad surge de la premisa de que las afectaciones a la vida o integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de un deber administrativo, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se hallan privados de la libertad(11).

24.3. Aunque nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como una eximente de responsabilidad siempre que se encuentren demostrados todos sus elementos constitutivos, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios internos a otros reclusos, en principio, no tiene cabida la causal de exclusión de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero. En estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida y su integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos(12).

24.4. En el marco de esta situación de especial sujeción de los reclusos con respecto a la institución encargada de su custodia y protección, las únicas eventualidades que eximen de responsabilidad a dicha entidad son la fuerza mayor y el hecho exclusivo de la víctima. Para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva del daño, a tal punto que se constituya en la raíz determinante del mismo.

25. En el presente caso, la entidad demandada alegó, en un primer momento, la posible agresión de otros internos al señor Guzmán Ruiz, en una disputa por el liderazgo al interior del penal (fls. 23-27, cdno. 1), lo cual, como se ha visto, no la exonera de responsabilidad, en atención al deber especial de protección y garantía que tiene frente a los reclusos y que la obliga a adoptar las medidas necesarias para evitar que estos atenten contra la vida y la integridad del resto del personal.

26. Posteriormente, en un giro de su estrategia defensiva, la entidad invocó el hecho exclusivo de la víctima como causal eximente, pues, a su juicio, las pruebas obrantes en el proceso demuestran que el señor Heider Guzmán Ruiz acabó con su propia vida a través de la decisión libre y voluntaria de inyectarse una solución de cianuro (fls. 120-132, cdno. 4). Este hecho, de comprobarse, tendría, en principio, el efecto de liberar de responsabilidad a la entidad, en vista de que habría concurrido el hecho exclusivo y determinante de la víctima en la producción del daño.

27. En efecto, en un asunto en el que se juzgó la responsabilidad de la administración por el suicidio de una persona que fue capturada por agentes del CTI, previo requerimiento de la autoridad judicial, la Sala negó la responsabilidad del Estado por estimar que se demostró en el proceso que su muerte se debió a su propia culpa, consistente en la decisión autónoma de la víctima de acabar con su vida(13). En este caso se demostró, más allá de toda duda, que el recluso se había disparado con un revólver y se concluyó que esta circunstancia especial no podía ser prevista ni evitada por la entidad, a menos que tuviera conocimiento de que la persona podría atentar contra su propia vida o que presentara tal desequilibrio mental que el suicidio era una posibilidad real:

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que en aquellos eventos en los cuales el daño que se alega está constituido por el suicidio de una persona que se encontraba bajo la tutela y vigilancia de una entidad estatal, salvo que se lograren probar circunstancias especiales demostrativas de una falla del servicio de la entidad estatal en cuestión, como sería el hecho de que se tuviera conocimiento de antecedentes que permitieran advertir el peligro de que la persona atentara contra su propia vida y no se hubieren tomado las medidas preventivas necesarias para evitarlo, o que por tratarse de una persona mental o emocionalmente afectada o disminuida requería cuidados especiales que no se le hubieren brindado de manera oportuna, propiciando con ello el desenlace del suicidio, se trata de un hecho exclusivo del occiso —pues no cabe hablar propiamente de la culpa de la víctima— que impide, por lo tanto, imputarle responsabilidad a la administración(14).

28. En este caso, por el contrario, el suicidio del señor Guzmán Ruiz no está plenamente acreditado, como tampoco lo está la agresión de un tercero. Los medios de prueba, valorados en conjunto, sustentan tanto la hipótesis del suicidio como la del posible homicidio. En esa medida, resulta conveniente acudir a los parámetros fijados por esta Subsección para la resolución de casos que presentan tales tensiones probatorias.

28.1. En situaciones similares, la corporación ha dicho que una tensión de este tipo se debe resolver a partir de los postulados de la sana crítica, establecida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(15), y definida por el Consejo de Estado como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(16), y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(17).

28.2. En decisiones recientes, esta Subsección afirmó que, en atención a los principios de la sana crítica y de la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en el caso concreto:

Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica(18), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido comúnmente aceptado(19). Al decir de Taruffo, “si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de probabilidad prevaleciente. (…) En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(20).

29. En el asunto bajo examen, la Sala se enfrenta a dos hipótesis que se sustentan en los mismos medios de prueba: la primera, sostenida por la parte actora, apunta a la existencia de una agresión al señor Guzmán Ruiz por parte de alguno o algunos reclusos con una jeringa infectada con cianuro; la segunda, alegada por la entidad demandada, señala que el recluso, de manera libre y voluntaria, acabó con su propia vida. Al analizar el grado de probabilidad lógica con que cuenta cada una de estas hipótesis, la Sala llega a la conclusión de que la primera de ellas debe prevalecer.

29.1. Mientras que la hipótesis del suicidio carece de otros medios de prueba que corroboren su existencia, el alegato de una posible agresión por parte de terceros tiene respaldo en indicios que, valorados en conjunto, le otorgan fuerza probatoria a lo afirmado por la parte actora.

29.2. En primer lugar, la muerte del señor Heider Guzmán Ruiz no es un hecho aislado, pues, de acuerdo con lo señalado en el protocolo de necropsia, “el mismo día se encontraba otro cadáver en la cárcel, que corresponde al protocolo de necropsia 2001-03809” (fl. 6, cdno. 2). Y en el oficio remitido por el director de la Cárcel Nacional Modelo a la asesora jurídica, se lee que el mismo día murió el interno Juan Pablo Rodríguez Sierra, con tarjeta decadactilar 219087 (fl. 77, cdno. 2), si bien se ignora la causa y las circunstancias en que falleció.

29.3. En segundo lugar, a pesar de que la Sala desconoce el contenido del protocolo de necropsia antes mencionado, sí cuenta con el protocolo 2001-03584, allegado por la parte actora en el escrito de demanda, correspondiente al señor Wilfredo Ramírez Hernández, quien falleció en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá el 10 de septiembre de 2001, es decir, 16 días antes de la muerte de Heider Guzmán, en circunstancias análogas a las de este. En el protocolo se concluyó (fl. 27, cdno. 2):

Se trata de un hombre adulto joven, recluso de la Cárcel Modelo, quien fallece en circunstancias no precisadas. En la autopsia no se encuentran signos de enfermedad o trauma que expliquen la muerte. Los resultados del análisis de toxicología permiten establecer como causa la muerte intoxicación exógena por ingesta de cianuro y consumo de cocaína y alcohol etílico asociados.

El hallazgo del hematoma alrededor de la carótida derecha podría explicarse por trauma contundente extrínseco o sofocación, por lo que no se puede descartar asfixia mecánica coadyuvante a la muerte o eventualmente punción para inyectar sustancias.

En el contexto del caso se plantea la posibilidad de homicidio, pero para determinar la manera de muerte es necesario correlacionar los hallazgos de autopsia con la información obtenida por las autoridades e investigadores respecto al sitio y las circunstancias en las que esta ocurrió, y enviar al Instituto de Medicina Legal elementos y sustancias tóxicas que se encuentren en la inspección al lugar de los hechos.

29.4. Se evidencia, entonces, que el recluso Ramírez Hernández murió con ocasión de la ingesta de cianuro, asociado a cocaína y alcohol. En su caso, al igual que en el del interno Guzmán Ruiz, no se encontraron signos de violencia, con excepción de un hematoma cerca de la carótida derecha, lo que se explica como un posible “trauma contundente” o una “sofocación”, por lo que no se descarta la ocurrencia de un homicidio.

30. Este conjunto de indicios, si bien no generan una certeza absoluta sobre la forma en que murió el interno Guzmán, sí le permiten a la Sala comprobar una alta probabilidad de que haya sido atacado por terceros. Por un lado, las reglas de la experiencia señalan como probable que una serie de muertes por envenenamiento, ocurridas en el mismo lugar, se deba más a un patrón de homicidio que a un suicidio colectivo, pues este último evento es escaso, a menos que concurriera una fuerza motivacional suficiente que haya impelido a las personas a proceder de tal forma. Además, dicho patrón de conducta adquiere consistencia en la medida en que en las otras investigaciones no se descarta nunca la existencia de un homicidio.

31. Así las cosas, la Sala no encuentra que el alegato que la entidad demandada invoca para eximirse de responsabilidad por la muerte del interno Heider Guzmán Ruiz —el suicidio—, tenga vocación de prosperar, dado que la hipótesis contraria —la muerte por mano ajena—, si bien no ha sido corroborada por la justicia penal, ostenta un mayor grado de probabilidad lógica, por las razones antes expuestas.

32. Cabe señalar, además, que el vacío probatorio que presenta este caso y que impide arribar a una certeza plena sobre las circunstancias que rodean la muerte del señor Guzmán Ruiz, no puede serle atribuido a la parte actora sino, por el contrario, a la entidad demandada.

32.1. Las condiciones de hacinamiento de la Cárcel Modelo de Bogotá le han impedido al Inpec tener un control efectivo sobre los reclusos bajo su custodia, quienes, según las declaraciones de los guardianes, duermen en un número aproximado de 60 o 70 en túneles improvisados en las tuberías del desagüe, donde pasan las aguas negras (fl. 82, cdno. 2), en unas condiciones de insalubridad que ofenden la dignidad humana y atentan gravemente contra los derechos humanos.

32.2. Estas condiciones no solo ponen en riesgo la vida e integridad de los internos, sino que además crean un ambiente propicio para generar impunidad al interior del penal, dado que producen espacios para que se imponga la ley del silencio, como lo reconoció la Fiscalía al intentar averiguar qué había sucedido con el señor Guzmán: “se ha dificultado la labor dentro de la Cárcel Nacional Modelo, debido a que la costumbre es que nadie ha visto ni sabe nada, porque impera la ley del silencio, no se ha podido hacer ningún otro tipo de averiguación” (fl. 87, cdno. 2). En este sentido, los guardianes dijeron que, al preguntar a los internos, ninguno les dio información relevante (fl. 79, 81, cdno. 2).

32.3. Esta ineptitud de la parte demandada para seguir investigaciones internas que permitan la identificación de responsables y coadyuven en la labor de la Fiscalía de esclarecer los hechos punibles, revela una falta de control sobre el personal bajo su custodia que entorpece la actividad probatoria y, en esa medida, influye negativamente sobre los procesos de adjudicación de responsabilidad administrativa, como el que ocupa a la Sala, lo que compromete aún más la responsabilidad de la entidad.

33. En suma, si se tiene en cuenta que la muerte del interno Heider Guzmán ocurrió mientras se encontraba bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y que no se comprueba una causal eximente de responsabilidad a favor de esta entidad, se concluye que el daño es jurídicamente imputable a la administración, dado que el Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad y de protegerlo contra los actos que pudieran poner en riesgo su vida o su integridad personal. Por lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia y a determinar los perjuicios que la entidad deberá indemnizar a favor de los familiares de la víctima.

VI. Liquidación de perjuicios

34. Para fijar el valor correspondiente a la compensación del daño moral, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)(21).

34.1. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no como restitución o reparación; (ii) el principio de equidad establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la obligación de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras decisiones para efectos de garantizar el principio de igualdad(22).

34.2. De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, está probado que el señor Heider Guzmán Ruiz era hijo de Guillermina Ruiz Gallego, hermano de Yesenia Ortiz Ruiz, Érica Jazmín Ortiz Ruiz, Linda Lucía Ortiz Ruiz, Misael Ortiz Ruiz, Luis Antonio Ortiz Ruiz, Yeraldin Ortiz Ruiz, Diego Alexander Guzmán Ruiz y Yulia Guzmán Ruiz, y padre de Heider Andrés Guzmán Mora.

34.3. Esta Sala ha considerado que el parentesco constituye un indicio suficiente de la existencia, entre miembros de la misma familia, de una relación de afecto profunda y del sufrimiento que experimentan unos con la muerte, la desaparición o el padecimiento de otros(23). Sin perjuicio de esta regla, en el presente caso, las declaraciones juradas de Elsa Torres Varón (fls. 14-16, cdno. 3) y Javier Díaz (fls. 17-19, cdno. 3), amigos y vecinos de Guillermina Ruiz sin un interés particular en el proceso, rendidas ante el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta, en virtud del despacho comisorio enviado por el tribunal de primera instancia (fl. 2, cdno. 3), dan cuenta de la afectación moral que experimentaron dichos familiares con la muerte del señor Heider Guzmán Ruiz.

34.4. En el caso del señor Rafael Antonio Ortiz Martínez, que a pesar de presentarse como padre del occiso no figura como tal en el registro civil de nacimiento de este último, se tendrá en calidad de “damnificado”, pues está demostrado que es el padre de sus hermanos y que la muerte de Heider Guzmán le generó un dolor moral. Al respecto, Elsa Torres expresó que “el padrastro, don Rafael, lo quería como si fuera su propio padre, porque él prácticamente fue el que los crió” (fl. 15, cdno. 3), y Javier Díaz indicó que “al padrastro lo quería mucho, y don Rafael también lo adoraba (...) moralmente, tanto ella [Guillermina Ruiz] como don Rafael y sus hermanos han sufrido mucho” (fl. 18, cdno. 3). Estas declaraciones le permiten a la Sala concluir que Rafael Ortiz era el padre de crianza del señor Heider Guzmán Ruiz, de manera que reconocerá a su favor una indemnización de igual proporción a la reconocida a su madre.

34.5. Para cuantificar el valor a reconocer por concepto de reparación del daño moral, se debe acudir al criterio que fijó tal indemnización en 100 SMLMV para los eventos de mayor intensidad y que abandonó la aplicación extensiva de las reglas sobre la materia establecidas en el Código Penal, por considerarlas improcedentes, con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo que fijan, respectivamente, la reparación integral y equitativa del daño y la debida tasación de las condenas en moneda legal colombiana(24).

34.6. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación de los daños morales, se condenará a la entidad a pagar, a favor de la madre de la víctima, de su hijo y del señor Rafael Antonio Ortiz Martínez, la suma correspondiente a 100 SMLMV, y a favor de sus hermanos y hermanas el valor equivalente a 50 SMLMV para cada uno(25).

35. Finalmente, con respecto en la reparación del daño emergente, la Sala encuentra demostrado que la señora Guillermina Ruiz Gallego invirtió la suma de $ 1.020.000 en las honras fúnebres dedicadas al señor Heider Guzmán Ruiz, según la factura cambiaria 0248 expedida el 4 de octubre de 2001 por la funeraria “San Javier” (fl. 42, cdno. 2).

35.1. Este valor debe actualizarse de acuerdo con la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar, IPC final el índice de las series de empalme del mes anterior a la liquidación (113,68)(26) y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha en que se expidió la respectiva factura (66,43)(27).

35.2. En consecuencia, se reconocerá a favor de la señora Guillermina Ruiz Gallego la suma de $ 1.745.500 por concepto de daño emergente.

VII. Costas

36. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, a pesar de que los demandantes solicitaron que se condenara en costas a la entidad, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de dicha parte dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia dictada el 24 de febrero de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por la muerte del señor Heider Guzmán Ruiz.

2. CONDENAR a la Nación-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a pagar, por concepto de compensación del perjuicio moral: a favor de Guillermina Ruiz Gallego, Rafael Antonio Ortiz Martínez y Heider Andrés Guzmán Mora, la suma equivalente a 100 SMLMV para cada uno; a favor de Yesenia Ortiz Ruiz, Érica Jazmín Ortiz Ruiz, Linda Lucía Ortiz Ruiz, Misael Ortiz Ruiz, Luis Antonio Ortiz Ruiz, Yeraldin Ortiz Ruiz, Diego Alexander Guzmán Ruiz y Yulia Guzmán Ruiz, el valor correspondiente a 50 SMLMV para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a pagar, por concepto de reparación del perjuicio material en la modalidad del daño emergente, a favor de Guillermina Ruiz Gallego, la suma de $ 1.745.500.

4. NEGAR las demás pretensiones de las demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

(1) En la demanda presentada el 21 de mayo de 2003, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de indemnización del perjuicio moral a favor del menor Heider Andrés Guzmán Mora, fue estimada en 200 SMLMV (fl. 8, cdno. 1). En esa época, el salario mínimo era de $ 332.000, de manera que 200 SMLMV correspondían a $ 66.400.000. Por estar vigente al momento de la presentación de la demanda, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2003 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 36.950.000.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Está demostrado que Heider Guzmán Ruiz era hijo de Guillermina Ruiz Gallego (registro civil de nacimiento —fl. 3, cdno. 2—), hermano de Yesenia Ortiz Ruiz, Érica Jazmín Ortiz Ruiz, Linda Lucía Ortiz Ruiz, Misael Ortiz Ruiz, Luis Antonio Ortiz Ruiz, Yeraldin Ortiz Ruiz, Diego Alexander Guzmán Ruiz y Yulia Guzmán Ruiz (registros civiles de nacimiento —fls. 31-38, cdno. 2—) y padre de Heider Andrés Guzmán Mora (registro civil de nacimiento —fl. 40, cdno. 2—).

(6) En el registro civil de nacimiento de Heider Guzmán Ruiz, quien figura como padre es el señor Roberto Guzmán (fl. 3, cdno. 2).

(7) Sin perjuicio de la reciente decisión de unificación de la Sala Plena de esta Sección, según la cual los medios de prueba documentales traídos en copia simple al proceso serán valorados sin mayores formalidades, siempre que no se haya cuestionado su autenticidad a través de la tacha de falsedad. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Sin embargo, en el informe de actividades delictivas registrado por el sistema de información de antecedentes y anotaciones de la Fiscalía (fls. 99-100, cdno. 2) y en el informe de antecedentes remitido por el DAS (fls. 101-102, cdno. 2), apenas figura una medida de aseguramiento impuesta en contra de Heider Guzmán Ruiz el 5 de abril de 1999 por el delito de porte ilegal de armas.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, expediente 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 18886, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ello sin perjuicio de la posición reciente de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual no debe privilegiarse un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en función de las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 19849, C.P. Enrique Gil Botero.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2011, expediente 20587, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 18380, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 18380, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) Código de Procedimiento Civil. “ART. 187.—Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.

(16) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, expediente 8661, C.P. Delio Gómez Leyva.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 27946, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(18) Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma: “…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, numeral 98, página 141”.

(19) Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan. (…) Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, numeral “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133”.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, expediente 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20333, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, expediente 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 14808, C.P. Germán Rodríguez.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(25) El valor de esta reparación responde al precedente de esta Subsección en casos de indemnización por muerte a padres y hermanos. Ver, entre otras, sentencia de 22 de noviembre de 2012, expediente 23957, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 14 de junio de 2012, expediente 21884, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(26) IPC de noviembre de 2013.

(27) IPC de octubre de 2001.