Sentencia 2003-01167 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 19001-23-31-000-2003 -01167-01 (41829)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Antonio José Castro y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(4), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración teniendo en cuenta que en la apelación se solicitó revocar la sentencia con el fin de negar las súplicas de la demanda, y que por tratarse de un único apelante, el juez de alzada habrá de garantizar la non reformatio in pejus “por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia”(5).

1. Del régimen de responsabilidad aplicable.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(6). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(7).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(8). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(9); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(10).

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico, se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(11).

Así las cosas, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, y al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación, en relación con el régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a quienes se encuentran en situación de conscripción(12). En efecto, “respecto de los daños sufridos por quienes prestan el servicio militar obligatorio, se ha reiterado que la responsabilidad estatal se estructura bajo un régimen objetivo (tanto por daño especial, como por riesgo excepcional), por virtud de la ruptura del principio de igualdad en la asunción de las cargas públicas debido a que el ingreso a la fuerza pública ocurre en razón del acatamiento del mandato constitucional previsto en el artículo 216 (...)”(13). Para exonerarse de responsabilidad, la entidad demandada deberá probar alguna causal eximente, como la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, o la fuerza mayor.

Al respecto, esta corporación también ha sostenido que:

“para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno psíquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro. En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería solo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración” (subrayado fuera de texto)(14).

2. Del caso concreto.

2.1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo. Ninguna fue objetada y todas pueden ser valoradas de acuerdo con la posición reiterada por esta corporación(15).En consecuencia, pasa la Subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.

— Folio 54 del cuaderno principal: Oficio 49417BR3-BILOP-IE-336 suscrito el 18 de noviembre de 2003 por el ejecutivo y segundo comandante del batallón José Hilario López, en el que se lee: “La instrucción que reciben los soldados regulares que incorporan [sic] el Ejercito [sic], se enmarca dentro de directivas que reglamentan la instrucción en todas sus fases (I Fase - II Fase - III Fase - IV Fase - V Fase - VI Fase). Para esto se anexa el Apéndice I del Anexo B que reglamenta la distribución de materias y tiempo de la primera Fase, las tareas que comprende la materia de armamento y las normas de seguridad con las armas de fuego”.

— Folio 55 del cuaderno principal: Apéndice I Anexo B Directiva 300-5-2001 Instrucción, entrenamiento y reentrenamiento para el personal de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional en el que se lee: “VI. Instrucción preparatoria de tiro. La instrucción preparatoria de tiro, base fundamental en el aprendizaje del soldado, se hace siguiendo una secuencia lógica y ordenada, para lograr con éxito la formación de un buen tirador; es necesario seguir estrictamente el siguiente orden, así: medidas de seguridad con armas de fuego; conocimiento del arma, fallas e interrupciones en el arma; principios básicos para el tiro; posiciones para el tiro; ejercicios de triangulación; mantenimiento de las armas. Después de recibir y poner en práctica estas instrucciones, el soldado está capacitado para disparar su arma en el polígono. (...) A. Medidas de seguridad. Además de las normas de control y seguridad en el polígono se debe enseñar y controlar que se pongan en práctica las medidas que eviten accidentes cuando se están empleando armas de fuego. Las medidas de seguridad con las armas de fuego se han divido en tres (3) grandes grupos así: medidas de seguridad generales; medidas de seguridad en la línea de tiro; y medidas de seguridad atrás de la línea de tiro. Medidas de seguridad generales (decálogo de seguridad con las armas de fuego) 1. Maneje toda arma como si estuviera cargada; 2. Nunca apunte un arma cargada o descargada a objetivos a los cuales no piense disparar; 3. Nunca pregunte si un arma está cargada o descargada, cerciórese por sí mismo, teniendo cuidado de no oprimir el disparador; 4. Mantenga su arma descargada y por ningún motivo la abandone en donde pueda ser recogida por personas inexpertas. Recuerde siempre que los niños y otras personas pueden tomarlas sin las precauciones adecuadas y ocasionar tragedias; 5. Examine la munición para comprobar que sea del mismo calibre, deben desechar se los cartuchos defectuosos; 6. Cuando sufre una caída, controle la boca de fuego de su arma; 7. Revise las armas antes de dirigir ejercicios de tiro. 8. Asigne patrullas en las vías de acceso al polígono, coloque bandera y letreros de peligro en los sitios visibles; 9. No mezcle las bebidas alcohólicas con el manejo de armas; 10. El desconocimiento de las medidas de seguridad en el manejo de las armas, ha causado más bajas que en desarrollo de las operaciones”.

— Folio 67 del cuaderno principal: copia de los protocolos en los que se consignaron los ejercicios de tiro cumplidos durante las fases I y II de instrucción en los que participó el joven Jesús David, así: tiro preparatorio a 15 m (mayo 3/2001), tiro de adaptación a 25 m (mayo 4/2001), tiro de cereo (mayo 11/2001), tiro de precisión a 50 m (mayo 17/2001), tiro de precisión a 75 m (mayo 18/2001), tiro nocturno de adaptación a 25 m (mayo 18/2001), tiro de precisión a 25 m (jun. 12/2001), tiro de precisión a 75 m (jun. 12/2001), tiro de cereo del arma a 25 m (jul. 18/2001), tiro de precisión a 100 m (jul. 18/2001); y de los protocolos cumplidos durante la Fase II de instrucción en los cuales participó el joven Jesús David, y en los que se realizaron ejercicios de tiro instintivo diurno 30-20-10 m (jul. 20/2001), tiro silueta móvil a 50-30-20 m (jul. 21/2001), tiro de combate individual a 100 m (jul. 21/2001), tiro de combate fuego y movimiento de escuadra (jul. 22/2001), tiro instintivo nocturno 30-20-10 m (jul. 23/2001), tiro de precisión a 25 m (ago. 8/2001), tiro de precisión a 100 m (ago. 8/2001), y tiro de precisión a 150 m (ago. 8/2001).

— Folio 48 del cuaderno principal: Acta 1435 suscrita el 25 de agosto de 2001 por el comandante del batallón José Hilario López, el ejecutivo y segundo comandante BIPOL, por el jefe de personal de BIPOL y por el tesorero de BIPOL, en la que se lee: “Que trata de la defunción del SLR. Castro Rubio Jesús David (...) 2. Datos militares: 1. lugar y fecha de ingreso al ejército: batallón José Hilario López 05-abril-2001; 2. Grado o categoría militar: soldado regular; 3. Último traslado: omitido. 3. Causas de la muerte: 1. Proyectil arma de dotación 5,56 (suicidio). 4. Datos del deceso. De acuerdo al informe rendido por el señor CT. Peña Salazar Orlando comandante de la compañía “ASPC” el día 25 de agosto de 2001 a las 10:40 horas aproximadamente cuando el soldado regular Castro Rubio Jesús David C.M. 10296666, permanecía de centinela en la garita puesto Nº 14 de la guardia de la unidad táctica, se propino [sic] un disparo a la altura de la cabeza con su arma de dotación fusil galil calibre 5,56 mm, entrada a la altura de la sien derecha con salida cien [sic] izquierda falleciendo minutos mas [sic} tarde en el hospital San José de Popayán Cauca”.

Folio 51 del cuaderno principal: informativo administrativo por muerte suscrito el 22 de septiembre de 2001 por el comandante del batallón José Hilario López, en el que se lee: “De acuerdo al informe rendido por el señor CT. Peña Salazar Orlando, comandante de la compañía “ASPC” el día 25 de agosto de 2001, a las 10:40 horas aproximadamente cuando el SLR. Castro Rubio Jesús David C.M. 10296666, permanecía de centinela en la garita puesto Nº 13 de guardia de la unidad táctica, se propino [sic] un disparo a la altura de la cabeza con su ara [sic] de dotación fusil galil calibre 5,56 mm. Entrada a la altura de la cien [sic] derecha con orificio de salida por la cien [sic] izquierda falleciendo mas [sic] tarde en el Hospital Universitario San José de Popayán. De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2728 de 1968 articulo [sic] 8º literal A y de acuerdo a las circunstancias que alcanzaron los hechos la muerte del SLR. Castro Rubio Jesús David, ocurrió simplemente en actividad”.

— Folio 13 del cuaderno de pruebas: informe preliminar protocolo de necropsia Nº 290-01 elaborado el 28 de agosto de 2001 por el médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se lee: “Hallazgos del examen externo: orificio de entrada irregular de 3 x 2,5 cm sin tatuaje, con anillo de ahumamiento irregular de 1 cm de diámetro, localizado en región zigomática posterior derecha, a 9 cm del vértice y a 9 cm de línea media anterior. Hay residuos de pólvora dentro del tracto de la herida”.

— Folio 14 del cuaderno de pruebas: protocolo de autopsia Nº 290-01 elaborado el 25 de agosto de 2001 por el perito forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se lee: “A. Resumen del acta de inspección: (...) evidencias recolectadas en los hechos: fusil galil calibre 5,56 que presenta en la trompetilla fragmentos de tejido y cabello (...) Conclusión: (...) La ausencia de tatuaje y ahumamiento externos y la presencia de residuos de pólvora dentro del tracto de la herida nos indica que el disparo fue hecho a contacto (...) Probable causa de la muerte: Con la información disponible al momento de la necropsia y las circunstancias que rodearon los hechos: Por determinar. Jesús David Castro Rubio fallece por laceración cerebral y contusión de tallo secundarias a herida por proyectil de arma de fuego de alta velocidad”.

— Folio 78 del cuaderno de pruebas: oficio Nº 1462/MDN.DIV3-BR29-BILOP-CDO-JUR-848 suscrito el 24 de octubre de 2007 por el comandante del batallón de infantería Nº 7 José Hilario López, en el que se lee: “Al numeral 1º: revisados los archivos del dispensario médico de la unidad no se encontró historia clínica del señor SLR. Castro Rubio Jesús David. Al numeral 2º: Revisados los archivos de la unidad (sección tercera) se encontró copia del libro de registro de informativos administrativos por muerte, adelantado con ocasión del fallecimiento del SLR. Castro Rubio Jesús David, (se anexa copia), más no reposan ahí, copia de los informes que hubiesen pasado los superiores con motivo de este hecho. Al numeral 3º: Revisados los archivos del dispensario médico de la unidad no se encontró historia psicológica del señor SLR. Castro Rubio Jesús David. Al numeral 4º: Revisados los archivos de la unidad (oficina informativos administrativos y disciplinarios) no se encontró que se hubiera adelantado informativo disciplinario por estos hechos. Al numeral 5º: Este documento no reposa en la unidad. Al numeral 6º: Previa solicitud verbal al despacho de la señora Juez 54 de Instrucción Penal Militar, informa que este despacho adelantó el proceso preliminar penal Nº 20 del 12 de septiembre por estos hechos”.

2.2. Valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrados los siguientes hechos:

— Que el 5 de abril de 2001, el joven Jesús David ingresó a prestar el servicio militar obligatorio siendo adscrito al batallón José Hilario López con sede en la ciudad de Popayán, en su condición de soldado regular , recibiendo la instrucción teórica y práctica relacionada con el manejo de armas

— Que el 25 de agosto de 2001, falleció —por laceración cerebral y contusión de tallo secundarias a herida por proyectil de arma de fuego de alta velocidad—, cuando se encontraba en actividad cumpliendo labores de centinela en la garita Nº 14 de la guardia de la unidad táctica.

— Que el arma percutida era la de dotación oficia l asignada a la víctima dentro de la cual se encontraron fragmentos de tejido y cabello por lo que se concluyó que el disparo fue hecho a contacto.

— Que el orificio de entrada que se situó a la altura de la sien derecha, resultó con anillo de ahumamiento pero sin tatuaje, dejando residuos de pólvora dentro del tracto de la herida.

— Que de acuerdo con los informes administrativos, se trató de un suicidio.

— Que las pruebas técnicas realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no determinaron la causa de la muerte.

2.2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(16).

En el sub lite, la muerte del joven Jesús David es suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan sus familiares.

2.2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si los daños son imputables a la entidad demandada, o por el contrario, son atribuibles a una causa extraña.

Al efecto, es necesario recordar que si bien las pruebas documentales que obran en el acervo probatorio pueden ser valoradas por no haber sido tachadas de falsas, al tratarse de un régimen objetivo de responsabilidad, es a la entidad demandada a la que le correspondía aportar todos los medios de convicción necesarios para permitir le al juez dilucidar las dudas que sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar arguyeron los demandantes.

Y si bien se aportó un informe administrativo suscrito por autoridad competente en el que se consignó que la muerte del joven Jesús David fue resultado de la decisión de terminar con su propia vida, lo cierto es que dicho documento no tiene la entidad suficiente para configurar, sin lugar a equívocos, la causal excluyente de responsabilidad alegada por la demandada(17) por cuanto se rindió con base simplemente en lo observado (muerto en circunstancias desconocidas), y no en cumplimiento de la obligación que se imponía a la demandada de realizar todas las averiguaciones médico forenses, administrativas, disciplinarias y penales tendientes a dilucidar las circunstancias en que sucedieron los hechos , por lo que esta Subsección comparte el análisis realizado por el a quo y solo modificará el numeral segundo de la sentencia apelada con el fin de actualizar las condenas(18).

En efecto, las causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima), traen como consecuencia la imposibilidad jurídica de imputar a la administración responsabilidad alguna por los daños ocurridos por su acción u omisión.

Así las cosas, esta Sección ha reiterado que “para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que fa conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(19).

Dado que la participación de la víctima en la realización del hecho dañoso puede ser inexistente, parcial o total, se impone al juez analizar, en cada caso, dicho nivel de participación con el objetivo de imputar el daño atendiendo la existencia de una causa única, o de concurrencia de causas en la materialización del daño, por lo que con el objetivo de acreditar la culpa exclusiva de la víctima en el hecho dañoso, basta la demostración inequívoca de que su comportamiento fue decisivo, determinante y exclusivo.

3. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 24 de febrero de 2011, por medio de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, la cual quedará así:

“Segundo. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar:

— Por concepto de perjuicios morales: A favor de los señores Antonio José Castro y Flor de María Rubio Velarde en calidad de padres de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. El valor del salario mínimo se entiende que es el de la fecha de la presente providencia.

A favor de los menores Elizabeth Castro Rubio, Delio Antonio Castro Rubio, Yesid Francisco Castro Rubio y los señores Alexander Castro Rubio y Ana María Castro Rubio en calidad de hermanos de la víctima la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. El valor del salario mínimo se entiende que es el de la fecha de la presente providencia.

— Por concepto de perjuicios material es en la modalidad de lucro cesante:

A favor de Antonio José Castro la suma de doce millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos ($12'179,450).

A favor de Flor de María Rubio Velarde la suma de doce millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos ($12'179,450)”.

2. Sin costas.

3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Al momento de la presentación de la demanda, el 25 de agosto de 2003, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron 25 de agosto de 2001.

(5) Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; sentencia del 9 de febrero de 2012; Exp. 21060.

(6) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

(7) Corte Constitucional; Sentencia C-333 de 1996.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

(9) Consejo de Estado: Sección Tercera; sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

(12) Artículo 13 de la Ley 48 de 1993. “Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar: a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses. b. Como soldado bachiller, durante 12 meses. c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses. d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses”.

(13) Consejo de Estado; Sección Tercera; documento de trabajo “Líneas jurisprudenciales: responsabilidad extracontractual del Estado”; noviembre de 2010.

(14) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 30 de septiembre del 2000; Exp. 13329.

(15) Ver, entre otras sentencias: 19 de septiembre de 2002, Exp. 13399; 4 de diciembre de 2002, Exp. 13623; 29 de enero de 2004, Exp. 14018; 29 de enero de 2004, Exp. 14951.

(16) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 18 de febrero de 2010; Exp. 17885.

(17) A la que le correspondía realizar todas las averiguaciones médico forenses, administrativas, disciplinarias y penales tendientes a dilucidar las circunstancias en que sucedieron los hechos.

(18) Sola mente se actualizarán los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por cuanto los morales fueron tasados en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, a cada uno de los padres de la víctima se reconocerá $12'179,450 que resultan de la siguiente operación: Valor presente = valor histórico * IPC final / IPC inicial, correspondiendo al caso presente a las siguientes cifras: = 11'193,429 * 116,24321 (IPC abril de 2014) / 106,83242 (IPC febrero 2011 fecha de la sentencia apelada).

(19) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 9 de junio de 2010; Exp. 17605.