Sentencia 2003-01200 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Rad.: 250002326000200301200-01 (29.818).

Demandante: Gustavo Torres Dueñas.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, proferida el día 17 de noviembre de 2004.

1. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la demanda se presentó el 9 de junio de 2003 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $2.436’334.000 por concepto de perjuicios materiales, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $36’950.000.

2. Los hechos probados.

2.1. Mediante declaración del 22 de abril de 1985, el señor Gustavo Torres Dueñas liquidó el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1984(12).

2.2. Mediante requerimiento ordinario 1 del 18 de febrero de 1987, la DIAN le solicitó al señor Torres Dueñas explicar y comprobar la diferencia existente entre la liquidación privada y la liquidación oficial del impuesto de renta y complementarios del año gravable de 1984(13).

2.3.Mediante requerimiento especial 65 del 18 de abril de 1987, luego de surtir el trámite administrativo correspondiente(14), la DIAN lo conminó a consignar la referida diferencia entre las liquidaciones privada y oficial(15); el señor Torres Dueñas no respondió los distintos requerimientos de la autoridad tributaria.

2.4. El 27 de julio de 1987, la DIAN realizó la liquidación oficial 10979 mediante la cual se estableció como valor a pagar por el impuesto de renta y complementarios del año gravable 1984 la suma de $1.417’639.560(16).

2.5.El 20 de mayo de 1988 se libró mandamiento de pago contra el señor Torres Dueñas, por la deuda contenida en la liquidación de revisión 1979 del 27 de julio de 1987 hasta un monto de $3.000’000.000, el cual se notificó por correo certificado el 19 de octubre de 1988(17); mediante autos del 9 de diciembre de 1988 y del 18 de abril de 1989, se ordenó el embargo y el secuestro de las cuentas corrientes y de ahorros de las que fuere titular el contribuyente Torres Dueñas, así como de diferentes bienes entre los que se encontraban: los aportes del señor Torres Dueñas en la empresa Cirtur Ltda., la oficina 301 de la carrera 7 Nº 17-45 de Bogotá, el parqueadero ubicado en la calle 17 Nº 5-47 de Bogotá, el inmueble ubicado en la carrera 64 Nº 38B-40 sur de Bogotá e “inmuebles situados en Tena”(18).

2.6.Mediante Resolución 126-c del 12 de diciembre de 1988, la DIAN ordenó llevar adelante la ejecución contra el señor Gustavo Torres Dueñas y el remate de los bienes embargados y secuestrados en el proceso de cobro coactivo, por cuanto no se acreditó el pago de la deuda y tampoco se interpusieron los recursos y/o excepciones contra su procedencia(19); decisión que fue notificada mediante envío de correo certificado del mismo día(20).

2.7. En auto del 1º de junio de 1989, la DIAN decretó el embargo del predio denominado Villa Torres, ubicado en la ciudad de Tena (Cundinamarca), identificado con la cédula catastral 10484(21), de propiedad del señor Torres Dueñas; medida cautelar que fue inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria el 24 de julio de 1990(22), cuyo secuestro se ordenó el 30 de octubre de 1991(23) y se practicó el 8 de noviembre del mismo año(24). La entidad pública fijó el remate de la nuda propiedad del referido inmueble para el 23 de julio de 1992, cuyo resultado fue su adjudicación al señor Guillermo Robayo Guzmán(25), quien, sin embargo, no consignó el saldo del valor correspondiente, razón por la cual se declaró improbada la diligencia(26).

2.8. Mediante auto del 28 de octubre de 1991, se amplió el embargo bancario contra el señor Torres Dueñas a la suma de $4.000’000.000(27), el cual se notificó mediante correo certificado del 31 de octubre de 1991(28), fecha a partir de la cual se iniciaron nuevamente los trámites ante las diferentes entidades financieras y administrativas con el fin de establecer el patrimonio del contribuyente.

2.9. En memorial del 21 de mayo de 1992, el señor Torres Dueñas, actuando mediante apoderado, formuló ante la DIAN una solicitud de nulidad de todo lo actuado, al considerar que no la ejecución se fundamenta en un documento que no tiene las características de un título ejecutivo, no le fue notificada la actuación en los términos del Código de Procedimiento Civil y la prescripción de la acción cambiaria(29), solicitud que fue desestimada por la DIAN en auto del 11 de junio de 1992 por cuanto no se configuraron los supuestos de hecho para que procediera(30), decisión respecto de la cual el interesado interpuso, el 3 de julio de ese año, recurso de apelación(31), cuya respuesta fue también desfavorable frente a lo solicitado(32).

2.10. En comunicación del 16 de julio de 1992(33), el señor Torres Dueñas recusó a los funcionarios que adelantaban el procedimiento de cobro coactivo, cuyo fundamento lo constituyó la denuncia penal que el contribuyente interpuso contra los referidos funcionarios públicos por falsedad ideológica en documento público y prevaricato(34), solicitud que fue resuelta desfavorablemente a los intereses del contribuyente mediante auto del 27 de julio de 1992(35).

2.11. El 23 de julio de 1992, el señor Torres Dueñas solicitó la prescripción de la deuda fiscal(36); paralelamente, el señor Torres Dueñas interpuso acción de tutela contra la autoridad tributaria(37), la cual fue rechazada por improcedente(38).

2.12. Por la misma época, el señor Héctor Lombana Rojas intervino en el proceso de cobro coactivo con el fin de acreditar mejor derecho frente a la finca Villa Torres(39) y solicitar la anulación del remate del referido bien(40); solicitud que fue desestimada por la DIAN, en la medida en que el interviniente no aparecía en el folio de matrícula inmobiliaria como titular del bien o como acreedor hipotecario del señor Torres Dueñas(41).

2.13. En octubre de 1993, el señor Torres Dueñas solicitó, nuevamente, la nulidad de todo lo actuado argumentando la ilegalidad del acto administrativo de liquidación de la deuda tributaria(42), fundamentado en la imposibilidad de acudir al “método bancario” como plena prueba de los ingresos del contribuyente, solicitud que fue denegada por la DIAN el 13 de octubre de ese año, en el entendido de que dichos argumentos debieron haberse esgrimido en la etapa de determinación del impuesto y no en la de cobro(43).

2.14. En febrero de 1993, el Fiscal 195 de la Unidad Octava de Patrimonio Económico, en auto proferido dentro del proceso de falsedad ideológica y prevaricato que se surtió en contra de los funcionarios de la DIAN por la denuncia presentada por el señor Torres Dueñas, solicitó a la entidad pública demandada la suspensión del proceso de cobro coactivo(44), a lo cual accedió el Fiscal de conocimiento de la causa; decisión que fue objeto del recurso de reposición(45) y parcialmente confirmada por el funcionario judicial en auto del 18 de febrero de 1993(46), en el sentido de que no se ordena su suspensión sino que se dejó a la autoridad tributaria la determinación de la procedencia de la suspensión. En auto del 8 de marzo de 1993, la DIAN decidió levantar la suspensión por prejudicialidad y fijó fecha para el remate del inmueble Villa Torres(47).

2.15.En abril de 1993, el señor Torres Dueñas acudió nuevamente a la DIAN con el fin de que se declarara la nulidad del remate del referido inmueble y se suspendiera por prejudicialidad penal la actuación coactiva, petición a la cual accedió la autoridad tributaria en la Resolución 1008050001 del 3 de junio de 1993(48); el 8 de junio de 1993, el funcionario ejecutor suspendió el proceso de cobro coactivo y declaró inválido el remate efectuado el 30 de marzo de ese año(49).

2.16.Desde 1994 hasta 1997, el señor Héctor Lombana, quien había interpuesto denuncia penal contra el señor Torres Dueñas y aseguraba tener derechos sobre el referido inmueble “Villa Torres”, solicitó en repetidas ocasiones pero sin éxito el levantamiento del embargo que pesaba sobre el bien.

2.17.A partir de las solicitudes formuladas por el señor Héctor Lombana y en atención a que se profirió decisión de primera instancia en el proceso por parte de la Fiscalía en el proceso penal que inició con la denuncia del señor Torres Dueñas contra los funcionarios de la DIAN que intervinieron en el proceso de determinación del tributo, desde noviembre de 1998, la entidad pública demandada ofició a la Fiscalía en repetidas oportunidades para que se enviara información en cuanto a las resultas del proceso, con el fin de adoptar una decisión en cuanto a la continuación del cobro coactivo. Entre las diferentes actuaciones que realizó la DIAN se encuentra la realización del “Informe del análisis del expediente del contribuyente”, del 12 de octubre de 1999, en el que se hizo un recuento integral de las situaciones que acaecieron durante el proceso de cobro coactivo surtido contra el señor Torres Dueñas:

“El 20-05-88 se profirió mandamiento de pago por R/84 por valor de $1417.817.480, notificado por correo el 20-10-88.

Se profirió Resolución de ejecución por el mismo concepto, período y cuantía en dos ocasiones, el 12-12-88 y el 01-11-91.

En varias fechas se efectuó investigación de bienes a nivel nacional.

Se decretaron los siguientes embargos:

Cuentas bancarias y demás dineros consignados por el ejecutado en los bancos y corporaciones del país; aportes en una sociedad, un parqueadero ubicado en Bogotá y un inmueble situado en el municipio de Tena (Cund.)

El embargo de este último inmueble se decretó el 01-06-89; según el certificado de tradición del Círculo de La Mesa se encuentra hipotecado al Banco Comercial Antioqueño, a quien se le notificó oportunamente la existencia del proceso administrativo coactivo que se adelanta contra el hipotecante, igualmente se comunicó a los juzgados 9º y 15 Civil del Circuito de Bogotá de este hecho, por figurar el citado inmueble con embargos decretados por estos Juzgados.

El 08-11-91 se practicó la diligencia de secuestro del inmueble señalado anteriormente, el cual se dejó en administración a la persona que atendió la diligencia.

El 21-11-91, un tercero, quien alega ser el propietario y poseedor del inmueble secuestrado, por intermedio de apoderado, formuló incidente de desembargo, el cual fue admitido el 20-12-91 y fallado el 13-01-92. En este fallo se reconoce la posesión material que ejerce el incidentante sobre el inmueble, se ordena levantar el secuestro y se insiste en perseguir los derechos de propiedad que tiene el ejecutado sobre el inmueble referido. Este fallo fue apelado ante el Administrador Local quien lo confirma.

El 10-12-91 se efectuó la liquidación del crédito y las costas, la que asciende a $2953.743.290, la cual es objetada por el ejecutado, objeción negada por el despacho.

El 20-05-92 el ejecutado, por intermedio de apoderado, solicita la nulidad del proceso, la cual fue negada mediante auto de fecha 11-06-92.

El 23-07-92 se llevó a cabo la diligencia de remate, el bien fue adjudicado por $25.000.000.

El 16-07-92 el ejecutado allega memorial recusando a funcionarios del Grupo de Coactiva y de otras Divisiones, recusación rechazada por la ejecutora mediante auto de fecha 27-07-92 y el jefe de la división de cobranzas, quien se abstiene de separar del conocimiento del proceso a la ejecutora recusada. Presentó, además, denuncia penal contra ellos por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, abuso de poder y desviación de funciones. Alega en la denuncia, entre otros motivos, que se profirió mandamiento de pago sin la existencia de título ejecutivo, siendo que en realidad sí existe, pues consiste en la liquidación de revisión por R/84 de fecha 22-07-87, la cual obra en el expediente. Posteriormente interpone acción de tutela la cual fue rechazada por improcedente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El 23-07-92 el ejecutado solicita la prescripción de la acción de cobro, petición que fue negada mediante auto de fecha 27-07-92.

El tercero incidentante solicita que se decrete la invalidez del remate, petición denegada, fue apelada la decisión.

La ejecutora remite a Secretaría para su custodia título judicial por valor de $3.700.000 (no se conoce el origen del título).

El remate fue improbado porque el rematante no consignó el saldo dentro del término señalado en el Art. 529 del Código de Procedimiento Civil.

El 02-10-92 el apoderado del ejecutado solicita nulidad absoluta del proceso, petición negada mediante auto de fecha 13-10-92. También solicita suspensión del proceso con fecha 22-12-92, petición negada mediante auto del 23-12-92.

El 30-12-92 se presenta el avalúo de la nuda propiedad que asciende a la suma de $23.203.000 el cual fue objetado. El perito particular la avaluó en $21.547.200, el cual fue declarado en firme mediante auto del 23-12-92.

El 18-01-93 se profirió auto ordenando el remate del bien.

La Fiscalía General de la Nación informa que mediante resolución se ordenó la suspensión inmediata del proceso administrativo coactivo, por tanto se suspende la diligencia de remate. A solicitud del Ministerio Público, la Fiscalía repone la providencia que ordenó la suspensión del proceso. El ejecutor profiere auto ordenando levantar la medida de suspensión de la acción de cobro decretada mediante auto de fecha 05-02-93 (en el expediente no figura el auto de suspensión del proceso, con esta fecha se encuentra la diligencia de remate que fue suspendida).

El apoderado del ejecutado solicita que continúe la suspensión del proceso, petición negada mediante auto de fecha 29-03-93. Se efectúa la diligencia de remate y se adjudica el bien. El apoderado del ejecutado formula incidente de nulidad contra la diligencia de remate. El ejecutor profiere resolución negando la nulidad, la cual fue apelada y confirmada.

El 03-06-03 la administradora profiere resolución mediante la cual accede a la petición de suspensión del proceso y ordena al ejecutor del conocimiento la decrete de conformidad con los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiet.C. En el expediente no obra constancia de notificación.

El 08-06-93 el ejecutor profiere resolución de suspensión del proceso por prejudicialidad penal, ordenando su reanudación cuando desaparezca la causal que motivó la suspensión y declarando inválida la diligencia de remate, ordena la devolución del dinero consignado por el rematante. Esta resolución fue notificada al ejecutado el 08-06-93.

El tercero incidentante reitera la solicitud de levantamiento del embargo del predio secuestrado y avaluado, petición negada. Posteriormente solicita que se le reconozcan las mejoras que efectuó el predio embargado, las cuales le fueron reconocidas mediante escritura pública.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá profiere fallo de revocatoria directa rechazando las peticiones impetradas.

El Juzgado Civil del Circuito de La Mesa informa que allí se adelanta un proceso ejecutivo laboral contra el ejecutivo.

El 21-02-91 el ejecutado cede el crédito hipotecario que pesa sobre el inmueble ‘Villa Torres’ al poseedor, quien cancela la hipoteca.

El 24-01-97 el tercero poseedor solicita el desembargo de la nuda propiedad del inmueble, teniendo en cuenta que la administradora ‘... suspende por tres años la acción civil, este tiempo transcurrió y venció en junio del 95 como tercer incidentante de buena fe elevo mi petición, si hay alguna prescripción o alguna norma legal ...’

Es del caso anotar, que en la parte resolutiva de la Resolución proferida por la adminsitradora el 03-06-93, mediante la cual accede a la petición de suspensión no se hace alusión al término de ésta, pues, éste se menciona solamente en la parte considerativa. En el expediente no obra constancia de notificación.

La resolución proferida por el ejecutor que ordena suspender el proceso de cobro administrativo coactivo por prejudicialidad penal y su reanudación cuando desaparezca la causal que motivó la suspensión, fue notificada por correo el 11-06-93.

El 17-02-97 el ejecutor informa al tercero poseedor que no puede dar trámite a sus peticiones por encontrarse suspendido el proceso.

El 18-02-97 el ejecutado solicita desembargo de los bienes por haber estado inactivo el proceso por más de seis meses; el ejecutor le informa que no es posible adelantar ningún trámite por estar suspendido el proceso.

El 17-02-97 la Fiscalía profiere fallo mediante el cual precluye la investigación a favor de los funcionarios, el cual es apelado por la parte civil.

El 05-01-98 el tercero poseedor solicita levantamiento del embargo de ‘Villa Torres’ por haberse cumplido ‘... los tres años que la administración fijó para tomar alguna determinación...’

El 20-03-98 el tercero poseedor solicita nuevamente el levantamiento del embargo de ‘Villa Torres’. Posteriormente reitera la solicitud.

En el expediente obra certificado de tradición de fecha 03-04-98 donde figura la cancelación de la hipoteca por la sociedad ‘Héctor Lombana Rojas y Cia. S. en C.’, por cesión del crédito y la inscripción del embargo del inmueble, decretado por el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa en proceso ordinario.

El 22-01-98 la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte civil contra la providencia que precluye la investigación contra dos funcionarios de la administración, la confirma pero vincula a otros dos funcionarios.

El 10-11-98 la administradora informó mediante oficio al tercero poseedor, que se decidirá sobre la petición del levantamiento de la medida, una vez se pronuncie en forma definitiva la Fiscalía.

“La Fiscalía, dando respuesta a una solicitud de la administración, informa que es facultativo de la administración decidir sobre la reanudación del proceso como se consignó en resolución proferida por ese despacho el 18-10-93, remitida a la administración oportunamente.

El 24-04-98 el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa, dentro del proceso ejecutivo Laboral solicita información sobre el estado del proceso administrativo de cobro; se le informa que el proceso se encuentra suspendido.

El 11-06-99 la Jefe de la División Jurídica de esta administración informa al ejecutado que se le niega la petición de amnistía.

El tercero incidentante, por intermedio de apoderado, denunció penalmente ante la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa al ejecutado y al demandante en el proceso Laboral, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica. La Fiscalía dictó resolución de preclusión a favor de los sindicados, providencia que fue apelada y aún no ha sido resuelta.

El 22-06-99 la jefe de grupo ejecutor de secretaría de la división jurídica devolvió el expediente al ejecutor.

Recomendaciones

1. Levantar la suspensión del proceso para dar trámite a las peticiones, sustentando debidamente la providencia.

2. Analizar cuidadosamente el expediente para resolver la solicitud de prescripción, teniendo en cuenta las normas pertinentes y especialmente lo preceptuado en los artículos 172 y 171 inc. final del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el inc. Final del artículo 168 de la misma obra, que establece: ‘...Durante la interrupción no correrán términos...’.

3. En el evento de no encontrarse prescrita la acción de cobro, hacer seguimiento al proceso ejecutivo laboral que se adelanta en el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa, para efecto de la prelación de créditos y allegar al expediente certificado de tradición del inmueble que se persigue en el proceso para verificar si existe embargo por orden de ese juzgado y proceder de conformidad. Igualmente hacer seguimiento al proceso penal al que fueron vinculados dos funcionarios de la Administración.

4. Efectuar nuevamente investigación de bienes, pues, con el producto del remate del bien perseguido no se cubre la totalidad de la obligación”(50).

2.17. En oficio del 18 de mayo de 1999, el señor Torres Dueñas solicitó la amnistía de su deuda tributaria(51), la que fue despachada desfavorablemente mediante oficio 61-32-050-1258 del 11 de junio de ese mismo año(52); inconforme con la referida decisión, el contribuyente interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra el oficio del 11 de junio de 1999 y contra la liquidación oficial de revisión 10979 de 1984. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2000(53), la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones del demandante al encontrarse configurada la caducidad de la acción respecto del acto administrativo de 1984 y no proceder la nulidad de la solicitud de la solicitud de amnistía; el señor Torres Dueñas, inconforme con el fallo de primera instancia, interpuso recurso de apelación(54), respecto del cual desistió por haber perdido su objeto al declararse la prescripción de la acción de cobro, desistimiento que fue aceptado por la Sección Cuarta de esta corporación en sentencia del 16 de noviembre de 2001(55).

2.18.Mediante providencia del 23 de febrero de 2000, la Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca resolvió confirmar la providencia de primera instancia que precluyó la investigación penal contra los funcionarios de la DIAN por los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato(56) y cerró definitivamente el proceso penal.

2.18. Entre 1999 y 2001 se solicitó a las distintas autoridades con interés en el proceso de cobro coactivo (fiscalía y juzgados) información acerca del estado de los procesos civiles y penales en los que actuara el señor Torres Dueñas(57).

2.19. El 9 marzo de 2001, con apoyo en las recomendaciones que formularon funcionarios de la División de Cobranzas de la DIAN en comité con la división jurídica(58), el comité técnico de la entidad pública conformado para tal efecto concluyó:

“1. Frente al fenómeno de la prescripción de la acción de cobro por la indebida notificación del mandamiento de pago de fecha 20 de mayo de 1988, notificado el 19 de octubre de 1988 (fl. 34), no es válida porque operó la notificación por conducta concluyente por parte del contribuyente.

En consecuencia los cinco años de prescripción de la acción de cobro contados a partir de la fecha de notificación del mandamiento de pago en mención corrían hasta el 19 de octubre de 1993.

2. Respecto a la figura de la suspensión del proceso de cobro, se verificó su validez a partir de la fecha en que se decretó por parte de la Administración, es decir a partir del 8 de junio de 1993 (fl. 1174 y 1175), habiendo transcurrido ya 4 años y 8 meses.

La causal de suspensión se basó en la presunta falsedad en el título objeto de cobro generada por la investigación penal instaurada contra funcionarios de la Administración de Impuestos. A folios 1366 a 1374 del expediente de cobro obra el fallo de la Fiscalía de fecha 17 de febrero de 1997 el cual es apelado y fallado por la Fiscalía Delegada ante los tribunales mediante sentencia de fecha 22 de enero de 1998 (fl. 1374).

Consecuencia de lo anterior se considera que una vez desaparecida la causal de suspensión válida del proceso de cobro a partir del 22 de enero de 1998 y a la fecha, se hace forzoso concluir la operancia del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones contenidas en el proceso de cobro coactivo seguido contra el contribuyente Torres Duelas Gustavo.

“La anterior conclusión coincide con el concepto emitido por la División de Control Interno de la Regional Centro, de conformidad con el informe 85-00-059-0066 de fecha 12 de octubre de 1999”(59).

Con base en las anteriores consideraciones se ordenó: i) levantar la suspensión del proceso de cobro coactivo, mediante Resolución 900001 del 27 de abril de 2001(60) y ii) el desembargo de la finca “Villa Torres” ubicada en el municipio de Tena (Cundinamarca), mediante Resolución de Desembargo 900153 del 27 de abril de 2001(61). Igualmente se profirió la Resolución 331 mediante la cual se declaró la prescripción de la acción de cobro respecto del contribuyente Gustavo Torres Dueñas, por cuanto “[h]an transcurrido más de cinco años desde la notificación en debida forma de los citados mandamientos ejecutivos de pago sin que la obligación tributaria se haya cancelado” y terminó el proceso administrativo de cobro.

3. Lo que se debate y la caducidad de la acción.

La parte actora centra sus pretensiones resarcitorias en dos conductas de la autoridad tributaria que, aun cuando fueron presentadas como parte de una misma actuación, son claramente diferenciables(62): de una parte, el procedimiento de determinación de las obligaciones tributarias a cargo del señor Torres Dueñas correspondiente al impuesto de renta y complementarios en la vigencia fiscal de 1984 y, de la otra, el procedimiento de cobro coactivo de la deuda que surgió de la liquidación oficial 10979 del 27 de julio de 1987.

En cuanto al primer aspecto de la controversia, es decir, el procedimiento administrativo de determinación de la obligación tributaria que culminó con la firmeza de la liquidación oficial 10979 ya citada, respecto de la cual afirmó el demandante que le fue violado su derecho al debido proceso por cuanto no se le notificó personalmente de la existencia del procedimiento administrativo ni se le dio la oportunidad de defenderse ante la entidad pública demandada, la Sala encuentra, por un lado, que operó el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa y, por el otro, que se trata de un aspecto que atañe a la legalidad del acto administrativo en cuanto el daño alegado tuvo su origen en la juridicidad de la decisión que adoptó la Administración Pública (sede en la cual se debió discutir, por ejemplo, el uso indebido del “método bancario” como reiteradamente lo alegó el demandante), frente al cual se debió —como se hizo— acudir al mecanismo procesal de la nulidad y restablecimiento del derecho, controversia que fue decidida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, encontrándose configurado el fenómeno de la caducidad de dicho medio de control respecto de la referida liquidación oficial. En este orden de ideas, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno acerca del procedimiento administrativo de determinación de la obligación tributaria, cuyo resultado se vertió en la liquidación oficial 10979 del 27 de julio de 1987.

En lo que respecta al procedimiento de cobro coactivo, en criterio de la Sala, la demanda de reparación directa se instauró en tiempo, por cuanto la Resolución 331, mediante la cual se declaró la prescripción de la acción de cobro respecto del contribuyente Gustavo Torres Dueñas, fue expedida el 7 de junio de 2001 y a pesar de que en el expediente no obra prueba de su notificación, personal o por correo, sí existen diversas solicitudes, desde agosto de ese año, por parte del contribuyente Torres Dueñas para que le dejen consultar el proceso, a lo que se accedió mediante oficio 23090 del 18 de septiembre de 2001(63), momento en el cual el señor Torres Dueñas tuvo conocimiento de la decisión de la DIAN de declarar prescrita la acción de cobro, levantar las medidas cautelares, terminar el procedimiento coactivo y archivar el expediente, razón por la cual desde esta fecha se debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción incoada. Asimismo, resulta pertinente resaltar que el origen del daño alegado por el actor no lo constituye la ilegalidad de un acto administrativo sino la actuación administrativa durante el procedimiento del cobro coactivo.

4. La aludida responsabilidad de la entidad pública demandada.

En el libelo introductorio de la litis, la parte actora señaló como fuente del perjuicio cuya reparación solicita tres actuaciones principalmente: i) las conductas delictivas que llevaron a la determinación de la deuda tributaria, respecto de las cuales, se itera, no se hará pronunciamiento alguno, por cuanto las situaciones alegados se encuentran encaminadas a cuestionar la legalidad de la liquidación oficial 10979 del 27 de julio de 1987; ii) el procedimiento administrativo de cobro coactivo de los referidos tributos, el que, en su criterio, obedeció a una persecución contra sus bienes; y, iii) el retardo de varios años en la declaración de la prescripción de la acción de cobro. De esta manera, la Sala analizará la conducta de la autoridad tributaria en el marco del procedimiento de cobro coactivo así como las razones que la llevaron a no decretar la prescripción de la acción de cobro en el momento de su supuesta ocurrencia.

El Título VIII del estatuto tributario —contenido en el Decreto 624 de 1989—, en su redacción vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, estableció el procedimiento administrativo de cobro coactivo(64) de las obligaciones tributarios; al respecto señaló las autoridades competentes para llevarlo a cabo(65), se indicó que el mandamiento debe ser notificado personalmente o por correo(66), se señaló, además, que entre los documentos que prestan mérito ejecutivo se encuentran las liquidaciones oficiales ejecutoriadas(67), es decir aquellas que cumplan las características contenidas en el artículo 829 estatuto tributario(68); en el marco de estos procedimientos, los particulares pueden interponer las excepciones establecidas en el artículo 831 estatuto tributario, entre las que se encuentra, “[l]a interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. De igual manera, en el artículo 837 ejusdem(69) se autoriza a la administración pública ejecutante la imposición de medidas cautelares, pero se le obliga a levantarlas en aquellos casos en que se acredite la admisión de la demanda contra el título ejecutivo por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra, en primer lugar, que no le asiste razón al demandante en cuanto afirma que se le produjo un daño derivado, de manera general, del procedimiento de cobro coactivo que adelantó la DIAN con el fin de obtener el pago de la deuda tributaria del señor Torres Dueñas, puesto que tal y como lo ha señalado la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado(70) como la de la Corte Constitucional(71), los ciudadanos se encuentran, por regla general, en el deber jurídico de soportar las investigaciones —penales y administrativas— que se surtan en su contra, en la medida en que ellas se realicen de manera adecuada, con apego a la ley y con el estricto cumplimiento de los principios que inspiran el debido proceso judicial y administrativo; de la misma manera se ha afirmado que le corresponde al juez de la causa analizar, en cada caso concreto, la ocurrencia de un posible daño antijurídico causado por la conducta de quien tiene la obligación legal de adelantar el proceso penal o administrativo.

No es menos cierto, sin embargo, que al reconocer límites a esa regla general, la Sala ha hecho precisiones como las que se reflejan en reciente sentencia, oportunidad en la cual se precisó:

“... pueden existir hipótesis en las cuales las investigaciones penales o disciplinarias excedan los límites en que razonablemente se debe realizar el ius puniendi del Estado, lo cual se deberá analizar en cada caso concreto con el fin de determinar si se rompió el equilibrio de las cargas públicas frente a un funcionario sometido a procesos en los que se ventilen su responsabilidad penal, civil, fiscal o disciplinaria”(72).

De esta manera, le corresponde a la Sala establecer si, en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo del que fue sujeto pasivo el señor Torres Dueñas, la entidad pública demandada se excedió, o mejor, generó una ruptura del equilibrio de las cargas públicas, precisando, se reitera, que el trámite administrativo de cobro se inició con base en un título ejecutivo debidamente ejecutoriado, frente al cual el particular no presentó recurso judicial alguno en debido tiempo, es decir se encontraba amparado por la presunción de legalidad de los actos administrativos.

A la luz de los hechos relatados en el escrito introductorio de la litis, la Sala encuentra pertinente resolver lo atinente a: i) la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo, que generó, a su vez, el transcurso de 13 años entre la emisión del mandamiento de pago y la declaratoria de prescripción de la acción de cobro; ii) la supuesta demora por parte de la entidad pública en la realización de dicha declaratoria de prescripción; iii) la existencia de medidas cautelares vigentes por el tiempo de duración del procedimiento de cobro coactivo.

Como se reseñó, el artículo 831 del estatuto tributario permite, a título de excepción, enervar la ejecución (el remate de los bienes) de la deuda fiscal cuando se haya interpuesto la acción judicial correspondiente contra el título que le sirve de fundamento hasta tanto se surta la ejecutoria de la decisión de fondo acerca de las pretensiones de la demanda contencioso administrativa, tal y como lo dispone el artículo 818 estatuto tributario, que en lo pertinente señala: “El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta ... [e]l pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del estatuto tributario”, es decir el procedimiento de cobro coactivo permite la suspensión de la acción de cobro y la de su prescripción por cuestiones de prejudicialidad.

Sin embargo, en el caso que ocupa la Sala en esta oportunidad la prejudicialidad que generó la suspensión del proceso de cobro coactivo fue distinta de la contemplada en los referidos artículos 818 y 831 estatuto tributario; en efecto, como se puede evidenciar de los documentos reseñados en el acápite de hechos probados de esta providencia, la prejudicialidad que le sirvió de fundamento a la suspensión fue de carácter penal en atención a una denuncia que radicó el señor Torres Dueñas ante la Fiscalía General de la Nación por la supuesta conducta delictuosa de los funcionarios de la entidad pública demandada en el curso del procedimiento de determinación de la obligación tributaria, es decir para una hipótesis que no se enmarcaba dentro de aquellas contempladas en el Estatuto Tributario, sino en el Código de Procedimiento Civil.

En efecto, en la Resolución 10060550001 del 3 de junio de 1993, la entidad pública demandada suspendió el procedimiento de cobro coactivo “conforme a los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil”, a cuyo tenor:

“ART. 170.—Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso:

“1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que conoce de éste.

“2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.

“No obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso ordinario iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

“3. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado, verbalmente en audiencia o diligencia, o por escrito autenticado por todas ellas como se dispone para la demanda.

“Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquél será excluido de la acumulación, para continuar el trámite de los demás.

“También se suspenderá el trámite principal del proceso en los casos previstos en este código, sin necesidad de decreto del juez” (negritas fuera del texto).

“ART. 171.—Decreto de la suspensión y sus efectos. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.

“La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.

“La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir del hecho que la genere o de la ejecutoria del auto que la decrete, el cual es apelable en el efecto suspensivo. El que la niegue, en el devolutivo”.

Ahora bien, en cuanto a la duración de la suspensión por prejudicialidad penal resulta que mientras que el estatuto tributario no estableció un límite temporal distinto a la ejecutoria del fallo que resuelva acerca de la legalidad del título ejecutivo, mientras que en el caso de la prejudicialidad del Código de Procedimiento Civil, el artículo 172 dispuso “[l]a suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de los tres años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por estado y mediante telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales” (negritas por fuera del texto).

Empero, aun cuando en el procedimiento de cobro coactivo no se estableciera límite temporal a la suspensión del trámite, el legislador adoptó medidas tendientes a proteger la situación del contribuyente al disponer, en el artículo 837 estatuto tributario:

“ART. 837.—Medidas preventivas. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.

“Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la administración, so pena de ser sancionadas al tenor del artículo 651 literal a).

“PAR.—Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas.

“Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.

Dos hipótesis contempla entonces el artículo en cita, la primera se refiere al evento en que el objeto del proceso contencioso administrativo lo constituya el título ejecutivo, en cuyo caso la prejudicialidad implica el levantamiento de las medidas cautelares y en la segunda hipótesis, el análisis de legalidad gira en torno a los actos administrativos controvertibles en sede del procedimiento de cobro coactivo, razón por la cual el levantamiento de las medidas cautelares requiere de una garantía bancaria o de compañía de seguros que soporte el pago del valor adeudado.

Pues bien, en el sub lite el procedimiento de cobro coactivo duró suspendido por un período de un poco menos de 8 años, tiempo que excede con creces los tres años que como plazo máximo tiene establecido para el efecto el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil; pero por otro lado, así se pudiera establecer que el régimen jurídico de la suspensión prejudicial no fuera el establecido en el referido Estatuto Procesal Civil, le correspondía a la entidad pública demandada determinar, desde el auto mismo que decretó la suspensión, la suerte de las medidas cautelares que se habían decretado en el proceso de cobro coactivo, máxime si se tiene en cuenta la excesiva duración del proceso penal que demoró igual cantidad de años en resolverse definitivamente.

No escapa a la Sala, en todo caso, el hecho de que la suspensión del referido procedimiento de cobro coactivo se hizo por solicitud y en beneficio del contribuyente Torres Dueñas, hoy demandante, quien, a su vez, obró como denunciante en el proceso penal contra los mismos funcionarios de la DIAN que asumieron los trámites administrativos y que resultó, en 2001, con la preclusión de la investigación respecto de todos los denunciados; asimismo, resulta pertinente resaltar que no fue el señor Torres Dueñas el que solicitó insistentemente el levantamiento de las medidas cautelares entre 1997 y 2001, sino su acreedor como comprador del referido bien inmueble, el señor Héctor Lombana. En este orden de ideas, la Sala encuentra que el 8 de junio de 1996, es decir tres años después de decretada la suspensión del trámite, la Administración debió haberla levantado, reanudado el procedimiento de cobro coactivo y si lo consideraba pertinente realizar un nuevo remate o de ser posible perseguir los bienes ya embargados.

Se concluye entonces que la entidad pública demandada, en los términos del parágrafo del artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, declarar ya fuera a petición de parte o de oficio, pasados tres años desde el auto que declaró la suspensión del procedimiento de cobro coactivo, su levantamiento y la continuación de la ejecución del contribuyente, norma directamente aplicable al caso concreto por el sustento normativo que le sirvió de fundamento a la referida suspensión y por la naturaleza misma de la prejudicialidad en el sub lite que no obedecía a la demanda en lo contencioso administrativo del título ejecutivo, de la resolución de las excepciones o del acto que ordena continuar con la ejecución.

Agréguese a ello que por la naturaleza propia del procedimiento de cobro coactivo, los plazos y términos contemplados en las diferentes normas que lo regulan son perentorios, de estricto y riguroso cumplimiento por parte de las entidades públicas que estén llamadas a su aplicación, sin que se pueda justificar su inobservancia o dilación injustificada, en atención, principalmente, al derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 del texto constitucional(73).

Ahora bien, el demandante finca sus pretensiones resarcitorias en el hecho de que existió una omisión por parte de la autoridad administrativa en la declaratoria de prescripción de la acción de cobro, la cual habría ocurrido durante la suspensión por prejudicialidad penal, frente a lo que la Sala concluye que toda vez que existía una obligación legal de decretar de oficio el levantamiento de la referida suspensión pasados 3 años desde su declaración, que por dicha omisión operó la prescripción de la acción de cobro, que de haberse seguido los mandatos legales se imponía ya fuera la continuación del cobro coactivo o la declaratoria de prescripción de la acción de cobro y que en el sub lite dicho pronunciamiento se hizo pasados 4 años después del momento oportuno para su realización, la entidad pública demandada comprometió su responsabilidad patrimonial en los precisos términos en que se explicará a continuación.

Al respecto, resulta pertinente señalar lo dispuesto en el artículo 817 estatuto tributario, el que, en su redacción vigente en la época de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda que se decide en esta oportunidad, estableció:

“ART. 817.—Término de la prescripción. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.

La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor” (negritas por fuera del texto).

En consonancia con lo normado en el artículo 818 ejusdem, a cuyo tenor:

“ART. 818.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

“Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

“El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:

— La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria.

— La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del estatuto tributario.

“— El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del estatuto tributario.

Le correspondía a la DIAN, entonces, de oficio o a petición de parte, declarar la prescripción de la acción de cobro, al momento en que tal circunstancia se evidenció, esto es el 19 de octubre de 1996 —fecha a la cual se arriba teniendo en cuenta que el término de prescripción de la acción de cobro se reanudó pasados 3 años desde la suspensión por prejudicialidad penal, el 8 de junio de 1996— sin que la parte interesada aportara la decisión final de la autoridad judicial que conocía de la denuncia penal que formuló el señor Torres Dueñas contra los funcionarios de la entidad pública demandada, mientras que dicha declaración se produjo 4 años, 6 meses y 11 días después de la verificación del cumplimiento del plazo que el ordenamiento jurídico estableció para la prejudicialidad penal, esto es el 7 de junio de 2001.

Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que se configure la responsabilidad del Estado en todas las ocasiones en que se omita la declaración inmediata de la prescripción de la acción de cobro, puesto que ello dependerá, entre otras, de la conducta del interesado, de las circunstancias en las que se desarrolle el procedimiento de cobro coactivo, de un plazo razonable entre el vencimiento del término de la suspensión y su declaratoria, así como de la existencia de medidas cautelares contra los bienes del sujeto pasivo de la ejecución, en cuyo caso la entidad pública ejecutante deberá tener especial cuidado en declarar oportunamente la ocurrencia de aquellas situaciones que tengan por objeto o por efecto el levantamiento de los distintos gravámenes que pesen sobre los bienes de los administrados.

Así las cosas, le asiste razón a la parte actora en cuanto afirma que se configuró una falla en el servicio derivada de la declaración extemporánea de la prescripción de la acción de cobro de la obligación contenida en la liquidación 10979 del 27 de julio de 1987, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la entidad pública demandada, pero sólo en cuanto se refiere a la excesiva duración del proceso de cobro coactivo.

5. Los perjuicios.

En su libelo de demanda, la parte actora solicita el reconocimiento de los siguientes perjuicios materiales y morales, así:

“Los perjuicios materiales causados se discriminan así:

En consideración a su actividad cambiaria, sus ingresos mensuales promedio en Cirtur, Cambios e Inversiones, Representaciones y Turismo, NIT 60.524.752, sobre un 20% del capital, se calcula en la suma de $10.000.000 sobre un capital real de $50.000.000, que era el que se rotaba de manera permanente a través de transacciones en cheques.

1. De fecha abril 18 de 1989 hasta la fecha de presentación de la demanda: $1.703.000.000.

Esta suma representa aproximadamente el lucro cesante y que debe ser incrementada con los intereses legales pertinentes y con la respectiva indexación.

2. Inmueble situado en Tena, Cundinamarca, finca de recreación que producía un promedio mensual de rentas de cinco millones de pesos ($5.000.000) $71.667.000, contados desde abril 18 de 1989. Igualmente debe ser incrementada con intereses legales e indexación.

3. Valor de la Finca en Tena, porque la perdió a través de un negocio que realizó con el señor Héctor Lombana Rojas $600.000.000, para salvarla de la voracidad de la Administración de impuestos. Esta otra suma debe ser incrementada con intereses legales e indexación.

4. Por concepto del parqueadero calle 17 Nº 5-47, dice mi representado devengaba un promedio mensual de cinco millones de pesos $5.000.000, por tanto contados desde abril 18 de 1989 fecha en que se produjo el embargo, el lucro cesante alcanzó aproximadamente la suma de $71.667.000, que igualmente debe ser incrementada con los intereses legales y con indexación.

5. Los perjuicios morales subjetivos:

“2000 gramos oro, teniendo en cuenta que los perjuicios morales causados fueron de diverso orden, su propio dolor, angustia en años al ver desaparecer su empresa, incluido el sufrimiento de la familia que se vio privada de comodidades y oportunidades de estudio de los hijos ... $30.000.000”(74).

La Sala analizará de manera individual cada una de las pretensiones resarcitorias.

i)En cuanto a la solicitud del reconocimiento de $1.703’000.000, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, causados desde el 18 de abril de 1989 hasta la fecha de presentación de la demanda, la Sala no encuentra procedente el reconocimiento de los referidos perjuicios, puesto que: en primer lugar, la solicitud de dichos perjuicios se funda en la premisa de que la actuación consistente en la determinación de la deuda tributaria fue ilegal y ello, como se indicó previamente, no entra dentro del ámbito de análisis del litigio que se decide en oportunidad; en segundo lugar, ligado a lo anterior, el inicio, continuación y ejecución de un procedimiento de cobro coactivo llevado a cabo legítimamente por parte de la autoridad competente no constituye per se un daño antijurídico, como tampoco implica por sí sólo la pérdida de la oportunidad de gestionar los negocios a que alude el demandante en esta pretensión en el sub lite. Se reitera, el daño antijurídico comenzó en el momento en que se omitió declarar la prescripción de la acción de cobro y no con anterioridad a ello.

Finalmente, aparte de las afirmaciones que al respecto realizó el demandante, no existe medio probatorio alguno que permita inferir que la excesiva duración del procedimiento le generó este particular perjuicio, cuyo reconocimiento solicita la parte actora.

Por otro lado, los perjuicios alegados por la parte actora parecen derivarse del embargo de su participación en la empresa Cirtur Ltda.

La Sala encuentra que según consta en el respectivo certificado de existencia y representación legal(75), el señor Gustavo Torres Dueñas aparecía como titular de 650 cuotas de las 1300 que componían su capital. Igualmente, para la fecha de su expedición por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá dicha participación se encontraba embargada por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá. Al acervo probatorio se allegó el oficio 12902 del 18 de abril de 1989, mediante el cual la DIAN le ordenó a la Cámara de Comercio de Bogotá la inscripción del embargo de la referida participación societaria(76); en oficio 21153 del 27 de abril de 1992, la Cámara de Comercio de Bogotá le informó a la DIAN del embargo en cuestión, ordenado mediante oficio “Nº 15753 del 27 de noviembre de 1991 proferido por la Unidad Administrativa Especial, Ejecutora No. 6, dentro del proceso administrativo coactivo de la Nación contra Gustavo Torres Dueñas, inscrito bajo el Nº 20437 del Libro VIII de registro mercantil”(77).

No obstante lo anterior, en el expediente no se encuentran pruebas que permitan establecer la duración del embargo proferido en el cobro coactivo, la suerte de la medida cautelar que con anterioridad a la inscripción del embargo que decretó la DIAN gravó la participación del señor Torras Dueñas en la referida sociedad, el flujo de caja de la empresa Cirtur Ltda., o, en general ,cualquier medio probatorio que le permitiera a la Sala determinar la existencia concreta del perjuicio alegado y/o el alcance de sus efectos en el patrimonio del demandante.

ii)En cuanto al producto de la finca “Villa Torres” ubicada en el municipio de Tena, Cundinamarca, la Sala encuentra pertinente resaltar que dicho perjuicio no se acreditó en el expediente, en el que no obra prueba alguna que permita inferir que dicho inmueble era utilizado para actividades comerciales —como el arriendo temporal para fines recreativos— mucho menos su tasación; en todo caso, resulta necesario reiterar que de haberse producido dichos perjuicios, sólo podrían ser tasados a partir del momento en que dicho pronunciamiento debió producirse, como resulta de lo afirmado en acápite precedente de esta providencia y no desde el momento en que se inició, amparado en un título ejecutivo debidamente ejecutoriado, el procedimiento de cobro coactivo.

Agréguese a lo anterior que según consta en el expediente administrativo mediante el cual se resolvió el incidente de desembargo promovido por el señor Héctor Lombana Rojas, respecto del referido inmueble ubicado en el municipio de Tena, se acreditó(78) que desde antes de 1991 el tercero en cuestión era el poseedor material del predio(79), así lo afirmó ante la entidad pública demandada el señor Torres Dueñas, para quien “el propietario real y material del bien denominado Villa Torres es propietario y poseedor (sic) de dicho bien el señor Héctor Lombana... desde el año que tomó cesión, en el 88 como dueño de dicha propiedad”(80), razón por la cual se levantó el secuestro del bien y se continuó con el remate de la nuda propiedad(81); situación que, dicho sea de paso, excluye la posibilidad de que se condene a la entidad pública demandada, como lo solicita el demandante, por haberle “entregado” el referido predio al señor Lombana Rojas y no a él, como supuesto legítimo propietario.

En este orden de ideas, el supuesto perjuicio consistente en la imposibilidad de explotar el bien inmueble “Villa Torres” no solo no se encuentra acreditado en el proceso sino que fue fehacientemente desvirtuado por el mismo demandante, quien afirmó que desde 1988 no era el titular del usufructo del predio objeto de las pretensiones resarcitorias.

iii) En concordancia con lo anterior, la parte actora solicitó, además, el valor del referido inmueble ubicado en el municipio de Tena, Cundinamarca, “porque la perdió a través de un negocio que realizó... para salvarla de la voracidad de la administración”. Pues bien, más allá del hecho de que dicha afirmación constituye el reconocimiento de una maniobra destinada a distraer su patrimonio frente al pago de sus deudas tributarias, ella permite acreditar que el señor Torres Dueñas no perdió el referido inmueble sino que lo enajenó voluntariamente a un tercero —el señor Lombana Rojas—, se puede colegir, entre otras, que recibió un justo precio por dicho negocio jurídico; por demás, debe tenerse en cuenta que el negocio jurídico en cuestión se celebró el 24 de febrero de 1998 y se registró en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria el 1º de junio de 2001, produciéndose, en ese momento, el traslado del derecho de dominio a favor del señor Héctor Lombana Rojas.

Así, la Sala no encuentra que la demora en la declaratoria de prescripción de la acción de cobro hubiere tenido por efecto la producción del perjuicio solicitado en el numeral 3 de las pretensiones de la demanda, razón por la cual no se decretará su indemnización.

iv) El demandante solicitó, además, el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios materiales a título de lucro cesante que le generó el embargo del parqueadero ubicado en la calle 17 Nº 5-47 de la ciudad de Bogotá, el cual según se afirma en la demanda le producía una renta de $5’000.000 mensuales. Frente a estos perjuicios que el actor alega le fueron causados, la Sala encuentra pertinente resaltar que aun cuando obran en el expediente documentos emitidos por la entidad pública demandada en los que se hace referencia al embargo del referido parqueadero(82), no se obra en el acervo probatorio copia del respectivo folio de matrícula inmobiliaria a partir del cual se pueda verificar que dicha medida cautelar se hizo efectiva, por el contrario en las referidas pruebas documentales la DIAN insistentemente solicitó a la oficina de registro de instrumentos públicos la emisión del certificado de libertad y tradición del inmueble, sin que se haya encontrado documento alguno en el que se haya dado respuesta a tales requerimientos. En cualquier caso, en el expediente tampoco obra prueba de que dicho parqueadero generara las rentas a las que se refiere el demandante, ni siquiera existen indicios que permitan afirmar la existencia de una explotación económica del inmueble en cuestión. Por lo anterior, la Sala no accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales alegados por el demandante.

v) En cuanto al reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales, supuestamente generados por la falla en el servicio de la entidad pública demandada, resulta importante resaltar que esta corporación ha encontrado posible derivar la configuración de perjuicios morales por situaciones diferentes a la pérdida de seres queridos o por lesiones personales(83), por ejemplo, por la pérdida de bienes, por el incumplimiento de obligaciones o por el mal funcionamiento de la administración de justicia, entre otros eventos, siempre y cuando en el expediente obre prueba que los acredite fehacientemente en tanto no se presumen; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(84).

De igual forma se reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(85):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(86)(87).

Sin embargo ocurre que en el expediente que se examina no obra prueba alguna de la ocurrencia del mencionado perjuicio moral cuya reparación solicitan los demandantes, razón por la cual la Sala no decretará su indemnización.

Ahora bien, no obstante las reflexiones anteriores, en criterio de la Sala la excesiva duración del procedimiento de cobro coactivo le produjo al demandante un perjuicio consistente en la pérdida de oportunidad en la gestión de sus bienes que fueron objeto de embargo por un tiempo superior al legalmente permitido en este tipo de trámites.

La corporación, en reiterada jurisprudencia(88), ha señalado que para la configuración de la pérdida de oportunidad en cada caso concreto se debe verificar la existencia de tres criterios:

“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente’(89) de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes(90);

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida(91); lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el ‘chance’ aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio —material o inmaterial— del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable —dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no—, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta —se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían(92)—;

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que ‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida’”(93).

En el sub lite la Sala encuentra que: i) existe certeza en cuanto a la imposibilidad que tuvo el demandante de gestionar sus bienes durante el tiempo en exceso en el que se mantuvo vigente el proceso coactivo y las medidas cautelares que allí se decretaron, entre esas actividades de gestión se encuentra la de entregar el inmueble de su propiedad ubicado en el municipio de Tena (Cundinamarca)(94) al comprador, señor Héctor Lombana Rojas(95); ii) aun cuando no se pueda hablar de pérdida definitiva de la oportunidad de cumplir las obligaciones contractuales que adquirió por virtud del contrato de compraventa, por cuanto una vez se levantó el embargo se realizó la inscripción del negocio jurídico de venta en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, el demandante sí perdió definitivamente la oportunidad de gestionar sus bienes durante esos casi 6 años que duró en exceso el proceso de cobro coactivo; y, iii) el señor Torres Dueñas se encontraba en una posición apta para gestionar los bienes que fueron objeto de las medidas cautelares que se extendieron indebidamente, sin embargo vale la pena aclarar que: a. parte del tiempo durante el cual los bienes —y particularmente el inmueble “Villa Torres”— estuvieron embargados, también estuvieron sometidos a medidas cautelares derivadas de otros procesos ejecutivos, b. El señor Torres Dueñas se desprendió, previamente a la ejecución de la deuda tributaria, de la posesión material del referido bien inmueble ante la imposibilidad de realizar la tradición y c. el señor Torres Dueñas ya había percibido el valor estipulado como precio del contrato de compraventa del inmueble “Villa Torres”, razones que llevan a la Sala a afirmar que en este caso no procede el reconocimiento del lucro cesante sino el de la pérdida de oportunidad como perjuicio autónomo.

Se debe precisar además, por una parte, que la suspensión por prejudicialidad penal se produjo como consecuencia de la solicitud que al respecto elevó el señor Torres Dueñas y, por otra, que en virtud de la suspensión del procedimiento de cobro coactivo, se frenó, igualmente, la vinculación de nuevos bienes al trámite de cobro coactivo, razón por la cual el señor Torres Dueñas pudo continuar realizando actividades comerciales y financieras a partir de junio de 1993.

En lo que concierne a la cuantificación de la indemnización que corresponde otorgar cuando este daño se ha ocasionado, considera la Sala oportuno hacer mención a lo que la Sección Tercera de esta corporación dijo al respecto en la precitada sentencia del 11 de agosto de 2010(96), así:

“Por cuanto tiene que ver con la cuantificación de la indemnización a la cual debe dar lugar el reconocimiento de la pérdida de una oportunidad, no está de más reiterar que lo resarcible por este concepto es esa oportunidad misma y no el total de la ganancia o provecho perdido o del detrimento que se pretendía evitar; el objeto de la indemnización es una probabilidad y la adecuada compensación por la pérdida de la misma se corresponde con la apreciación en dinero del porcentaje de posibilidades de que la oportunidad respectiva se hubiere concretado.

“En consecuencia, tratándose de eventos en los cuales se accede a la reparación de la pérdida de un chance, lo indicado no puede ser el reconocimiento, en favor de la víctima, del valor total de la ventaja de la cual fue privado o del deterioro patrimonial que no pudo evitar a raíz del hecho del demandado, sino tener en cuenta que la oportunidad desaparecida tenía un valor y que es éste el que debe ser restablecido; ese valor, según antes se indicó, ha de resultar indiscutiblemente inferior a aquél que hubiere correspondido en caso de haberse demostrado el vínculo causal entre la pérdida del beneficio esperado por la víctima y el hecho de aquel a quien se imputa la correspondiente responsabilidad resarcitoria; es más, como también precedentemente se indicó, el monto de la indemnización por la pérdida de la oportunidad habrá de establecerse proporcionalmente respecto del provecho que finalmente anhelaba el afectado, en función de las mayores o menores probabilidades que tuviere de haber alcanzado ese resultado en el evento de no haber mediado el hecho dañino.

“Ahora bien, para llevar a cabo las correspondientes operaciones y razonamientos en orden a establecer si una oportunidad perdida es resarcible, o no y en qué monto

‘... el juez debe realizar un análisis retrospectivo, para remontarse a la situación en que se hallaba el damnificado al ocurrir el hecho dañoso. Una vez situado allí, tendrá que realizar un análisis prospectivo de cómo podría haber evolucionado la situación del perjudicado, de acuerdo con las circunstancias en que se encontraba; es decir, determinar cuál de sus posibilidades era la de más probable realización. Establecido ello, se deberá evaluar, aproximadamente, cuál era la proporción estimativa de esa posibilidad, en comparación con los otros escenarios futuros posibles de la víctima.

“Sólo entonces surgirá la cuantificación definitiva del chance perdido. Cuando se determine si era probable que se concretara y, por lo tanto, fuese indemnizable; en su caso en qué medida o proporción lo era o si en definitiva no lo era verdaderamente, en cuyo caso no sería, entonces, resarcible(97).

“Para la cuantificación de la indemnización a reconocer por concepto de pérdida de oportunidad, entonces, será fundamental e ineludible el recurso a la estadística como herramienta que posibilita construir inferencias sobre la base del cálculo de las probabilidades que realmente tenía la víctima de conseguir el provecho esperado o de evitar la lesión a la postre padecida”.

A lo que resulta pertinente agregar lo señalado por la Sala en reciente sentencia del 9 de octubre de 2013, acerca del uso de la equidad como mecanismo para tasar la pérdida de la oportunidad en aquellos casos en que no existan medios objetivos que le permitan determinar el monto de los perjuicios irrogados, así:

“... toda vez que, además de las pruebas ya relacionadas no obran en el expediente otros elementos demostrativos que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de pérdida de oportunidad le fue irrogado al demandante, la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha hecho(98), acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(99)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable por no decir que materialmente imposible recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar”(100).

En este orden de ideas, en atención a la imposibilidad de determinar mediante criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño la Sala procederá a tasar en equidad la pérdida de oportunidad de gestionar los bienes que se encontraban vinculados al trámite de cobro coactivo a favor del demandante en un monto equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada año que se haya extendido la duración del proceso de cobro coactivo y de las medidas cautelares con posterioridad a la fecha en que debió ser declarada la prescripción de la acción de cobro coactivo.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta: i) que el procedimiento de cobro coactivo se suspendió el 8 de junio de 1993, mediante Resolución 50001, ii) que para ese momento habían transcurrido 4 años, 7 meses y 4 días desde la notificación del mandamiento de pago —la cual se produjo el 19 de octubre de 1988—, iii)que, de acuerdo a lo consignado en el acápite correspondiente, en los términos del artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, le correspondía a la autoridad tributaria de oficio o a petición de parte levantar la suspensión por prejudicialidad penal cumplidos tres años desde su decreto, es decir el 8 de junio de 1996, iv) que, a diferencia de lo señalado por la entidad pública demandada, la prescripción de la acción de cobró operó el 19 de octubre de 1996, es decir 4 meses y 11 días después de la fecha en que debió haberse levantado la suspensión del procedimiento de cobro coactivo (en total 5 años desde la notificación del mandamiento de pago, contando la suspensión); y, v) que mediante Resolución 331 del 7 de junio de 2001 se declaró definitivamente la prescripción de la acción de cobro a favor del contribuyente Gustavo Torres Dueñas; la Sala concluye que el procedimiento de cobro coactivo excedió su duración en 4 años, 6 meses y 11 días.

Así, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala para la tasación del perjuicio, la Sala condenará a la entidad pública demandada al pago de 9.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Gustavo Torres Dueñas, por la pérdida de oportunidad en la gestión de sus bienes durante el período comprendido entre el 19 de octubre de 1996 y el 7 de junio de 2001.

6. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 17 de noviembre de 2004y, en su lugar, dispónese:

“1. DECLÁRESE la responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la pérdida de oportunidad en la gestión de sus bienes que sufrió el señor Gustavo Torres Dueñas, en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE, en consecuencia, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al pago de una suma equivalente a nueve punto uno (9.1) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Gustavo Torres Dueñas, a título de pérdida de oportunidad.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas”.

2. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

3.Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) Folio 56 cdno. 2.

(13) Folio 47 a 49 cdno. 2.

(14) Entre otras actuaciones, se encuentra una inspección ocular del 24 de diciembre de 1986 (fl. 50 a 52 cdno. 2).

(15) Folio 44 a 46 cdno. 2.

(16) Folio 55 cdno. 2.

(17) Folio 39 cdno. 2.

(18) Folio 40 a 41 cdno. 2.

(19) Folio 46 a 47 cdno. 8.

(20) Folio 48 cdno. 8.

(21) Folio 204 a 205 cdno. 8.

(22) Folio 310 a 311 cdno. 8.

(23) Folio 347 cdno. 8.

(24) Folio 353 a 355 cdno. 8.

(25) Folio 361 a 363 cdno. 4.

(26) Folio 445 a 446 cdno. 4.

(27) Folio 338 cdno. 8.

(28) Folio 339 cdno. 8.

(29) Folio 318 a 321 cdno. 4.

(30) Folio 329 a 330 cdno. 4.

(31) Folio 347 a 348 cdno. 4.

(32) Folio 357 cdno. 4.

(33) Folio 367 a 368 cdno. 4.

(34) Folio 369 a 373 cdno. 4.

(35) Folio 391 cdno. 2.

(36) Folio 376 a 377 cdno. 4.

(37) Folio 379 a 381 cdno. 4.

(38) Folio 435 cdno. 4.

(39) Folio 402 a 421 cdno. 4.

(40) El señor Lombana Rojas ya había intentado sin éxito el desembargo del bien, mediante incidente que formuló en noviembre de 1991, tal y como consta en los documentos contenidos en el cdno. 5.

(41) Folio 422 cdno. 4.

(42) Folio 403 a 478 cdno. 4.

(43) Folio 480 cdno. 4.

(44) Folio 19 a 21 cdno. 6.

(45) Folio 28 a 31 cdno. 6.

(46) Folio 39 a 42 cdno. 6.

(47) Folio 47 a 48 cdno. 6.

(48) Folio 132 a 137 cdno. 10.

(49) Folio 150 a 151 cdno. 10.

(50) Folio 134 a 138 cdno. 9.

(51) Folio 74 a 79 cdno. 11.

(52) Folio 83 a 84 cdno. 11.

(53) Folio 20 a 29 cdno. 11.

(54) Folio 6 a 14 cdno. 11.

(55) Folio 1 a 5 cdno. 11.

(56) Folio 191 a 202 cdno. 9.

(57) Folio 91, 94, 107, 130, 132,133, 173, 181 a 190 cdno. 9.

(58) Folio 205 a 209 cdno. 9.

(59) Folio 210 a 211 cdno. 9.

(60) Folio 213 cdno. 9.

(61) Folio 215 cdno. 9.

(62) La jurisprudencia constante de la Sección Cuarta de esta corporación es coherente en afirmar que se trata de dos actuaciones distintas, en efecto “es pertinente concretar que el proceso de ‘Determinación del Impuesto’ (Tít. IV- Caps. I y II- arts. 683 a 719-2 estatuto tributario) al que fue sometida la declaración de renta del año 2004, y el de ‘Cobro Coactivo’ (Título VIII-arts. 823 a 843-2) que pretendió hacer efectiva la deuda generada en las declaraciones de IVA y retención en la fuente, constituyen procesos completamente distintos e independientes en cualquiera de las instancias…”, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de agosto de 2009, expediente 17280, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(63) Folio 229 cdno. 9.

(64) Artículo 823 estatuto tributario.

(65) Artículos 824 a 825 estatuto tributario.

(66) Artículo 826 estatuto tributario.

(67) En los términos del artículo 828 estatuto tributario, las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias, los actos de la autoridad tributaria en los que se reconozcan deudas fiscales a favor del Fisco, las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación, respecto de las cuales se haya decretado el incumplimiento o la exigibilidad de las obligaciones garantizadas, así como las sentencias y decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan favorablemente las demandas en relación con obligaciones de carácter tributario.

(68) A cuyo tenor:

“ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso”.

(69) En lo pertinente modificado por el artículo 85 de la Ley 6 de 1992.

(70) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11601, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(71) Corte Constitucional, Sentencia C-414 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.

(72) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 2 de mayo de 2013, expediente 26467, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(73) Plenamente aplicable en la materia tal y como se desprende, entre otras, de las sentencias de la Corte Constitucional C-1515 del 8 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-628 del 26 de junio de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(74) Folio 10 a 11 cdno. 1.

(75) Folio 4 a 6 cdno. 8, emitido el 19 de mayo de 1986.

(76) Folio 189 cdno. 9.

(77) Folio 228 a 229 cdno. 9.

(78) Mediante la recepción de testimonios y de otros medios probatorios como diversos contratos de obra cuyo objeto lo constituyó el referido inmueble, entre ellos el del.

(79) Folio 46 a 48 cdno. 5.

(80) Folio 37 a 38 cdno. 5.

(81) Según consta en la Resolución 920038 del 13 de enero de 1992, folio 46 a 48 cdno. 5.

(82) Folio 95, 197 y 210 cdno. 4, 31, 66 y 132 cdno. 5, 339 cdno. 8, 134 cdno. 9.

(83) Se reiteran los planteamientos esgrimidos al respecto en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 2009, expediente 17119.

(84) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 5 de 1989, expediente 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(85) Expediente AG- 001. C.P. Alier Hernández Enríquez. Criterio reiterado en sentencia junio 5 de 2008, expediente 14526.

(86) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de octubre 5 de 1989, expediente 5320; de noviembre 9 de 1994, expediente 9367, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y de noviembre 11 de 1999, expediente 12652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(87) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 13 de 2000, expediente 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(88) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 18593.

(89) Cita textual del fallo: Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 38-39.

(90) Cita textual del fallo: A este respecto se ha sostenido que “… la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño… Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. Martínez Ravé, Gilberto y Martínez Tamayo, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, pág. 260.

En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.

La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (…) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (resaltado fuera del texto original). Cfr. Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 263.

(91) Henao, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 159-160.

(92) Cita textual del fallo: Al respecto la doctrina afirma que “…‘en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio’”. Cfr. Vergara, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, N° 3, apud Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 262.

(93) Cita textual del fallo: Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires,1987, pág. 110-111.

(94) Recuérdese que, como se indicó, frente a los demás bienes del demandante no se acreditó su existencia y/o el embargo que los hubiere gravado.

(95) En el sub lite no obra prueba de que el señor Torres Dueñas hubiera tenido que pagar suma alguna al señor Torres Dueñas por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre ellas la de entregar el referido bien inmueble.

(96) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 18593.

(97) Trigo represas, Félix Alberto, La pérdida de chance, cit., pág. 276-277.

(98) Cita textual fallo: Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 050012326000199500082-01 (18.593); sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 250002326000199703994-01 (19.718); sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 520012331000199708974-01 (20.139): sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 54001233100019972919 01 (22.017).

(99) Cita textual fallo: Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(100) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2013, expediente 30286.