Sentencia 2003-01211 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200301211 01 (29.188)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Demandante: Raúl Sánchez Mejía y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General

Bogotá, D.C., mayo veintinueve de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del magistrado conductor correspondiente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16,(2) permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Rafael Sánchez Mejía.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad de la entidad demandada, dado que la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., mediante la cual se absolvió al señor Raúl Sánchez Mejía del delito de extorsión agravada y, en consecuencia, se le concedió la libertad provisional, se dictó el día 18 de diciembre de 2001(4) (fl. 106 a 124, cdno. 2), en tanto que la demanda se interpuso el día 11 de junio de 2003 (fls. 6 a 18, cdno. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(5)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica de la orden de captura 301 de 14 de enero de 2000, la cual se libró en contra del señor Raúl Sánchez Mejía por parte de la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá D.C.

— Copia auténtica de la resolución de febrero 3 de 2000, mediante la cual se decretó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Raúl Sánchez Mejía.

— Copia auténtica de la providencia de 30 de noviembre de 2000, proferida por la Fiscalía General de la Nación, Sub-Unidad Antiextorsión y Secuestro, mediante la cual formuló resolución de acusación contra el señor Sánchez Mejía.

— Copia auténtica de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., el 18 de diciembre de 2001, por medio de la cual se absolvió al señor Raúl Sánchez Mejía del delito imputado y se le concedió el beneficio de la libertad provisional. Para arribar a esa decisión se consideró lo siguiente:

“(...)”.

“De otra parte, se cuenta en el expediente con la versión de Carlos Arturo Cano Manrique, uno de los dos individuos capturado en flagrancia en el momento de recibir el paquete que simulaba la suma de cincuenta millones de pesos exigida a la víctima, quien afirmó que fue contactado por William Barrera y Rosember Hernández Hernández, pero en ningún momento mencionó o hizo referencia a Raúl Sánchez Mejía como uno de los individuos involucrados en el hecho, y mucho menos como autor intelectual del mismo.

(...)

En síntesis, el testimonio de Jhon Jairo Gil Londoño no es confiable, serio ni coherente, es aislado y carece de respaldo probatorio, por cuanto, se repite, aunque lo consignado en los informes del Gaula y lo declarado por el agente Flower Torres en apariencia respaldan sus afirmaciones, estos se limitaron a consignar lo que el mismo Gil Londoño dijo inicialmente a los investigadores antes de ser vinculado al expediente mediante indagatoria, y además no se puede olvidar que la delación de este deponente tenía como finalidad el lograr beneficios por supuesta colaboración eficaz con la justicia.

(...)

En conclusión, ninguno de los diferentes medios de prueba allegados al expediente señalan de manera clara, directa e inequívoca la participación, a cualquier título, de Raúl Sánchez Mejía en la extorsión [de] que fue víctima Campo Elías Sánchez Torres, pues el argumento de Jairo Jhon Gil Londoño no encontró apoyo en medios de prueba diferentes a los informes del Gaula y la versión de agentes de este institución, quienes se limitaron a reproducir la misma información suministrada por Gil Londoño, la cual, como se dijo, resulta etérea, inconsistente, interesada, ilógica y poco confiable (se destaca).

— Copia auténtica de la boleta de libertad 0062 de 20 de diciembre de 2001, expedida en favor del señor Raúl Sánchez Mejía (fl. 163, cdno. 2).

— Certificado suscrito por el señor José Becerra Garzón en el cual hace constar que el señor Raúl Sánchez Mejía trabajó con la firma “Cornavin” desde el año 1995 hasta el año 2000, como contratista, desempeñando la labor de reparación de relojes, con un salario mensual de $ 500.000 (fl. 59, cdno. 2).

— Certificado suscrito por la señora Fanny Romero en el cual hace constar que el señor Raúl Sánchez Mejía trabajó con el establecimiento “La Gran Pajarera del Norte” desde el 1º de septiembre de 1996, hasta el 20 de enero de 2000, con un sueldo de $ 700.000 mensuales (fl. 60, cdno. 2).

— Certificado suscrito el 23 de agosto de 2002 por el señor Luis Eduardo Ochoa según el cual el señor Raúl Sánchez Mejía trabajó con el “Taller de Joyería y Relojería Luis E. Ochoa”, para el arreglo de relojes, por lo cual se le pagaba la suma de $ 500.000 mensuales (fl. 61, cdno. 2).

5. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita revocarse, toda vez que de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia, en punto a la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, la entidad demandada sí está llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, de acuerdo con el conjunto probatorio antes descrito, se probó que el señor Raúl Sánchez Mejía fue vinculado a un proceso penal por el presunto delito de extorsión agravada y con ocasión del mismo se libró orden de captura en su contra por parte de la Fiscalía Especializada de Bogotá, Sub-Unidad de Antiextorsión y Secuestro, la cual se hizo efectiva el día 3 de febrero de 2000; comoquiera que al sindicado se le formuló resolución de acusación mediante providencia de 30 de noviembre de 2000 proferida por la Sub-Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Fiscalía General, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., el 18 de diciembre de 2001, absolvió al señor Raúl Sánchez Mejía del delito imputado y ordenó su libertad inmediata.

Así las cosas, la Subsección encuentra que la razón que llevó al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., a absolver de responsabilidad penal al señor Raúl Sánchez Mejía radicó en que no se contaba con material probatorio que comprometiera su responsabilidad penal, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(6).

A lo anterior se adiciona que la absolución de la víctima directa del daño no devino, como lo consideró el tribunal administrativo de primera instancia, de la aplicación del principio de in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la decisión de absolución se impone concluir que tal determinación no fue producto de un cotejo probatorio en uno u otro sentido —a favor o en contra del sindicado— que generare duda acerca de su responsabilidad penal y que la misma fuese resuelta a favor de él, sino que se apoyó, claramente, en que no se logró establecer la responsabilidad penal del señor Raúl Sánchez Mejía, por cuanto el material probatorio recopilado no fue suficiente para tal efecto.

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que al actor se le causó un daño antijurídico que resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(7).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala en reiterada y consolidada jurisprudencia— que el señor Raúl Sánchez Mejía no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Raúl Sánchez Mejía.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Lina Licet Sánchez Herrera, Yuly Andrea Sánchez Herrera, Edwin Raúl Sánchez Barrera, Julia Mejía Cruz y Gloria Sánchez Mejía, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de debió padecer su padre, hijo y hermano, respectivamente.

En efecto, al proceso se aportaron, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento de i) la víctima directa del daño Raúl Sánchez Mejía, el cual demuestra que es hijo de la también demandante Julia Mejía Cruz; ii) de las actores Lina Licet Sánchez Herrera (hija), Yuly Andrea Sánchez Herrera (hija) y Edwin Raúl Sánchez Barrera (hijo); iii) de la demandante Gloria Sánchez Mejía (hermana) - (fls. 1 a 6, cdno. 2), documentos que acreditan la condición de madre, hijos y hermana del señor Raúl Sánchez Mejía, respectivamente.

En relación con la señora Edilma Herrera Maldonado y su condición de compañera permanente respecto del señor Raúl Sánchez Mejía, la Sala encuentra que se decretaron y practicaron los testimonios de los ciudadanos José Enrique Sastoque, Luz Dary Cortés Leal y Roberto Camelo Perilla (fls. 149, 152 y 154, cdno. 2) quienes, respectivamente, expresaron lo siguiente:

“... Sí, yo conozco a la señora Edilma desde hace diecisiete años, que es la que convive con el señor Raúl Sánchez, de lo cual conozco a dos hijas de nombre Andrea Sánchez y de la pequeña no recuerdo el nombre, pero tiene como diez años, la grande tiene 17 años de edad”

“(...)

“... Sí conozco a la señora Edilma desde hace unos dieciocho años, ella es la compañera del señor Raúl Sánchez Mejía y desde ese mismo tiempo de dieciocho años, ella es la compañera del señor Raúl Sánchez...”.

“(...)

“... Conozco a la señora Edilma Herrera desde hace unos quince (15) años, ella ha sido la compañera permanente del señor Raúl Sánchez, de esa unión tienen dos hijas de nombre Andrea y Lina Licet Sánchez Herrera, de 17 y 10 años de edad, no le conozco otros hijos a excepción de un muchacho que se llama Edwin que es el mayor que tiene Raúl con otra señora que tuvo...”.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la señora Edilma Herrera Maldonado es la compañera permanente del señor Raúl Sánchez Mejía, comoquiera que de los referidos testimonios se puede establecer tal condición.

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(8); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades,(9) al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente y los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(10).

En consecuencia, se le reconocerá al señor Raúl Sánchez Mejía un monto equivalente a 100 smlmv; para su madre e hijos, la suma equivalente a 100 smlmv, para cada una de ellos; para la hermana de la víctima directa del daño, el equivalente a 50 smlmv, y para la compañera permanente del señor Sánchez Mejía el equivalente a 100 smlmv, a título de perjuicios morales.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Daño emergente: este rubro se solicitó en los siguientes términos:

“(...) Derivado del pago de honorarios profesionales de abogado al Dr. José Edgar Santa Piedrahita, especialista en derecho penal, por la suma de quince millones de pesos ($ 15’000.000) para la defensa dentro del proceso penal durante el cual se le sindicó por la supuesta participación en el reato de extorsión agravada. Así mismo, del pago de la caución por libertad provisional en la suma de doscientos ochenta y seis mil pesos ($ 286.000) - (fl. 3, cdno. 1).

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que el señor Raúl Sánchez Mejía habría tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que lo representó durante el curso del correspondiente proceso penal.

Al respecto la Subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que el señor Sánchez Mejía sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice que impida a la Sala proceder a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra esta y aquel(11)(12).

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(13).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 smlmv.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la corporación Colegio Nacional de Abogados —Conalbos—, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%

18.7 Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local- diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional - diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado - veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal - veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5. Ante magistrado Sala Penal de la Corte - cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales - diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito - diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados - veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores - veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia - cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal - diez salarios mínimos legales vigentes.

(...)

18.11. Recursos.

18.11.1. Extraordinarios.

18.11.1.1. Casación - veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión - quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales- cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito - cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado - cinco salarios mínimos legales vigentes.

(...)”(14).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que desde el día 30 de noviembre de 2000 —fecha en la cual la Sub-Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Fiscalía General de la Nación, acusó formalmente al señor Sánchez Mejía como responsable del delito de extorsión agravada—, el ahora demandante contó con la asistencia de un profesional del derecho, labor de defensa que se extendió hasta la fecha —dic. 18/2001— en la cual el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., dictó la providencia absolutoria a favor del señor Raúl Sánchez Mejía.

En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que aunque en términos generales la labor de defensa resultó adecuada para los intereses del defendido, en la medida en que se obtuvo la absolución de los cargos a él imputados y en consecuencia se consiguió su libertad, la misma estuvo referida a la simple formulación de alegatos que en su momento presentó el profesional del derecho en la audiencia de acusación que efectuó la Sub-Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Fiscalía General de la Nación el 30 de noviembre de 2000, en donde se acusó formalmente al señor Sánchez Mejía del delito de extorsión agravada y en los descargos que rindió el mismo letrado el día 18 de diciembre de 2001, ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., fecha en la cual ese despacho profirió sentencia absolutoria en favor del ahora demandante.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de agencias en derecho, un monto equivalente a 15 smlmv.

Ahora bien, respecto de la caución que debió prestar el señor Raúl Sánchez Mejía por un valor de $ 286.000 ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., se tiene que dentro del expediente obra copia simple del título de depósito 9589387 del Banco Agrario de Colombia, cancelado por el ahora actor, el 19 de diciembre de 2001, por concepto de excarcelación; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo de la providencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., donde se dispuso:

“CONCEDER el beneficio de la libertad provisional a Raúl Sánchez Mejía, en los términos y condiciones reseñados en la parte motiva de este pronunciamiento. Por tanto, una vez consignado el valor de la caución en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente en la cuenta nacional 110012038007 del Banco Agrario, a órdenes de este juzgado, y suscrita la diligencia compromisoria respectiva, líbrese la correspondiente boleta de libertad al señor director de la cárcel del circuito judicial de Girardot (Cund.), para que proceda de conformidad, en caso de no ser requerido por autoridad judicial diferente”.

Sin embargo, la Sala advierte que las copias simples no constituyen medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretenden hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil,(15) razón por la cual se denegará el reconocimiento de dicho rubro.

6.2.2. Lucro cesante: la parte actora solicitó este rubro de la siguiente forma:

“... El demandante señor Raúl Sánchez Mejía fue privado de la libertad desde el día 3 de febrero de 2000 hasta el 18 de diciembre de 2001, esto es, 22 meses y 15 días y en el año de su detención devengaba un salario mensual de $ 1’200.000 según se desprende de las diferentes certificaciones que a continuación se relacionan:

Años 1995 al 2000 $ 550.000 “Cornavin”

Años 1996 a enero de 2000 $ 700.000 La Gran Pajarera del Norte

Años 1999 a febrero de 2000 $ 500.000 Taller de relojería y joyería”.

Como se dijo anteriormente, dentro del expediente se decretaron y practicaron los testimonios de los ciudadanos José Enrique Sastoque, Luz Dary Cortés Leal y Roberto Camelo Perilla quienes, respectivamente, en cuanto a la actividad laboral que desempeñaba el señor Sánchez Mejía, expresaron lo siguiente:

“...Si tengo conocimiento, la empresa es Cristales “Cornavin”, la Pajarera que es otra empresa y Luis Ochoa, donde devengaba en cada trabajo, de que yo me diera cuenta unos quinientos o setecientos mil pesos, él trabajaba por contrato como relojero en las tres partes al mismo tiempo, porque no era tiempo completo, porque trabajaban por cantidad de relojes que reciben para reparar”.

“(...)

“...Sé que él trabajaba en Cristales “Cornavin”, en la Pajarera en Unicentro, con un señor que se llama Luis Ochoa, lo que se ganaba más o menos mensualmente en cada una de las partes donde trabajaba es entre quinientos y setecientos mil pesos mensuales”.

“(...)

“...Antes de la detención Raúl trabajaba con tres patronos, que era con el señor José Becerra que era la relojería “Cornavin”, con el señor Luis Eduardo Ochoa y en la Pajarera del Norte, son trabajos por contrato o porcentaje y me comentaba que en cada sitio de esos donde trabajaba devengaba un promedio de seiscientos mil pesos en cada uno de esos lugares”.

Los anteriores testimonios dan cuenta de que el señor Raúl Sánchez Mejía desarrollaba una actividad laboral consistente en la reparación de relojes y que como contraprestación a dicha actividad recibía una remuneración económica. Ello se acompasa con las certificaciones que obran en el proceso acerca de la actividad laboral a la cual se dedicaba el actor.

Ahora bien, de acuerdo con la certificación expedida por la señora Fanny Romero, en la cual consta que el señor Sánchez Mejía trabajó con “La Gran Pajarera del Norte” desde el 1º de septiembre de 1996 hasta el 20 de enero de 2000, se puede extraer que ese fue el último trabajo del actor antes de ser privado de su libertad; sin embargo, ese mismo documento también permite establecer que el señor Sánchez Mejía, para la fecha en la cual se produjo su captura, 3 de febrero de 2000, no se encontraba vinculado laboralmente.

Al respecto, frente a un caso similar, la Subsección consideró:

“En relación con la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en este caso, la Sala estima necesario advertir que el señor Gerardo Gómez se desempeñó como conductor de bus en la empresa Rodatur S.A., hasta el 7 de noviembre de 1995, esto es casi un mes antes de su deceso; no obstante lo anterior, aun cuando no se logró acreditar que la víctima desempeñaba al momento de su fallecimiento actividad productiva alguna, lo cierto es que el señor Gómez falleció cuando tenía 43 años de edad(16) por lo cual la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que toda persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente(17)”.

Por consiguiente, la Sala reconocerá la indemnización por lucro cesante a favor del señor Raúl Sánchez Mejía, pero la cuantificará con base en el salario mínimo legal mensual vigente al momento de efectuarse su captura, esto es con base en el salario mínimo del año 2000 ($ 260.100), siempre y cuando este no resulte inferior al salario mínimo de este año, una vez sea actualizado a valor presente.

Acerca del periodo a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala también ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)(18)(19).

En ese sentido, el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el periodo consolidado comprendido entre el 3 de febrero de 2000 y el día 18 de diciembre de 2001, más los 8.75 meses que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral.

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Ra = $ 498.356

Toda vez que el valor actualizado resulta inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($ 589.500), previo incremento del 25% ($ 147.375), por concepto del correspondiente factor prestacional, lo cual determina un ingreso base de liquidación de: $ 736.875.

— Indemnización debida o consolidada:

S200301211F2.JPG

En donde,

S = es la indemnización a obtener;

Ra = $ 736.875.

Entonces:

Ra = $ 736.875.

I = interés puro o técnico: 0.004867

N = número de meses que comprende el periodo indemnizable (30.9)(20).

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S = $ 24’506.564

Indemnización a favor del señor Raúl Sánchez Mejía por concepto de lucro cesante = $ 24’506.564.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, el 22 de septiembre del 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Raúl Sánchez Mejía.

2. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar al demandante Raúl Sánchez Mejía, un monto equivalente a ochenta (100) smlmv, a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a los demandantes Lina Licet, Yuly Andrea Sánchez Herrera, Edwin Raúl Sánchez Barrera, Julia Mejía Cruz y Edilma Herrera Maldonado, un monto equivalente a ochenta (100) smlmv, para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales.

4. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la demandante Gloria Sánchez Mejía, un monto equivalente a treinta (50) smlmv, a título de perjuicios morales.

5. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar al demandante Raúl Sánchez Mejía, la suma de $ 24’506.564, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

6. Condénase, en abstracto, a la Nación - Fiscalía General a pagar al señor Raúl Sánchez Mejía, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma equivalente a quince (15) smlmv.

7. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

8. Sin condena en costas.

9. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

10. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. “Artículo CONDICIONALMENTE exequible”

“(...)

“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.

— Subsección B: sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Dr. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Dr. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) En la parte resolutiva de la sentencia de 18 de diciembre de 2001 proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., se absolvió al señor Raúl Sánchez Mejía del punible de extorsión agravada que le fue imputado y se le concedió el beneficio de la libertad provisional por ser absuelto en primera instancia de acuerdo a lo normado en el numeral 3º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal.

(5) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.

(6) En ese sentido pueden consultarse las providencias dictadas por la Sección Tercera de la corporación los días del 23 de febrero de 2012, Expediente 18.418; de 9 de mayo de 2012, Expediente 20.779, de 11 de julio de 2012, Expediente 24.008, reiteradas de manera reciente por esta Subsección a través de sentencias de 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y de 13 de febrero de 2013 Expediente 24.296, entre muchas otras providencias.

(7) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(8) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(9) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Expediente 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, Expediente 4571 M.P. Héctor Marín Naranjo.

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(13) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011. Expediente: 34145. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(14) http://conalbos.com/tarifas. Ultimo ingreso: 6 de junio de 2013.

(15) En ese sentido se pronunció, esta Subsección, a través de sentencia de marzo 10 de 2011. Expediente 19.347.

(16) Información corroborada a través del certificado individual de defunción elaborado por el Departamento Nacional de Estadística (fl. 22, cdno. 1).

(17) Sentencia del 27 de febrero de 2013. Expediente 25.460.

(18) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, reiterada en sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.860. M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras providencias.

(20) Número de meses trascurridos desde la fecha en fue privado de la libertad (feb./2000) hasta la fecha en que este actor recobró tal derecho (dic./ 2001), más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral (8.75 meses).