Sentencia 2003-01287/33677 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 33677

Rad. 25000 2326 000 2003 01287 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Edgar Eduardo Martínez Riveros y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(2).

II. Validez de los medios de prueba

9. Al presente proceso fueron allegadas por la parte actora algunas copias simples de varios documentos, las cuales podrán ser valoradas de acuerdo con el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera que informa que cuando las reproducciones informales de documentos han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que estas las tacharan de falsas, pueden ser valorados y son idóneos para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(3).

III. Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

10.1. El 27 de junio de 1993 la Fiscalía General de la Nación practicó allanamiento y registro de unas aeronaves ubicadas en el hangar número uno de la empresa Aeroservicios Técnicos de Colombia con base en el informe Nº 743 de la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia, Sección de Delitos Financieros y Enriquecimiento Ilícito, el cual se elaboró con fundamento en la información suministrada por un informante anónimo que señaló que en ese lugar se adulteraban los sistemas de identificación de las aeronaves tras haber sido hurtadas en otro país para desplegar actividades al margen de la ley (copia auténtica de la resolución de 28 de junio de 2001 proferida por la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito especializado dentro del proceso radicado con el número 18061 —f. 24 c. 1—; copia simple del acta de la diligencia —f. 93-98 c. 2—).

10.2. En el acta de la diligencia de allanamiento se dejó constancia de que no se ordenó ninguna captura por parte de la Fiscalía “por no haber encontrado mérito jurídico para ella y no haberse encontrado droga sustancias estupefacientes (sic)” (copia simple del acta de la diligencia —f. 7 c. 2—).

10.3. El 14 de febrero de 1994 la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de la investigación y dispuso oír en indagatoria al señor Édgar Eduardo Martínez, gerente de la empresa Aeroservicios Técnicos de Colombia Ltda. como presunto responsable de los delitos tipificados en los artículos 33 y 34 de la Ley 30 de 1986. Luego, mediante resolución de 30 de marzo siguiente, libró orden de captura en su contra (copia auténtica de la resolución de 28 de junio de 2001 proferida por la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito especializado dentro del proceso radicado con el número 18061 —f. 24 c. 1—; original del certificado especial expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá —f. 46-50 c. 1—).

10.4. El 5 de agosto de 1994, el señor Luis Eugenio Polanco Arenas se retractó, en los siguientes términos, de las acusaciones formuladas contra el señor Édgar Eduardo Martínez (copia simple de la declaración juramentada —f. 21-23 c. 2—):

“En la Fiscalía Regional de Orden Público declaré que este avión HK 2700 transportaba droga, lo hice porque allí fue un señor, que lo veía por primera vez allá en el aeropuerto, y él me dijo que era investigador, me invitó a tomar tinto y me dijo que si me interesaba una plata, y yo, como estaba tan mal económicamente acepté, me dijo que fuera a la Fiscalía y denunciara que Eduardo Martínez, Édgar Gaitán y Demetrio Pardo hurtaban aviones y que transportaban droga en el HK 2700. Que la avioneta 3435 era hurtada, la cual estaba en mantenimiento general, él me dijo que en la Fiscalía me daban un dinero, y yo bobamente caí en la trampa del hombre. Del cual estoy arrepentido y me retracto de la denuncia hecha ante la Fiscalía. Yo pensé hacerlo antes pero le consulté al abogado de la Fiscalía y él me dijo que si me retractaba tenía cárcel por eso no lo había hecho antes. Es por esto que no me presento ante la Fiscalía por miedo a que me metan a la cárcel, por eso lo hago con esta declaración juramentada ante esta notaría”.

10.5. Por estos hechos, el 13 de agosto de 1994, la defensa del señor Édgar Eduardo Martínez presentó, ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia penal por el delito de falsa denuncia contra el señor Luis Eugenio Polanco Arenas (copia simple de la denuncia —f. 24-26 c. 2—).

10.6. El 14 de abril de 1998, el fiscal de conocimiento declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de apertura de la investigación (copia auténtica de la resolución de 28 de junio de 2001 proferida por la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito especializado dentro del proceso radicado con el número 18061 —f. 24 c. 1—).

10.7. El 28 de junio de 2001 la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito especializado profirió resolución de preclusión a favor del señor Édgar Eduardo Martínez y ordenó cancelar la orden de captura proferida en su contra por considerar que estaba plenamente demostrado que el hecho punible no existió (copia simple de la providencia —f. 24 c. 1—):

“(...) los punibles materia de investigación se concretan al transporte de sustancia estupefaciente y la destinación del bien mueble, avioneta HK 2700, para dicho transporte, aunado a que las aeronaves son hurtadas, luego pintadas, maquilladas y regravadas, hallando en las mismas caletas y colocando tanques auxiliares para el combustible.

En primer orden, resulta importante destacar que ciertamente las sindicaciones e imputaciones que dieron origen a la presente investigación se fundan en testimonio bajo reserva de identidad del cual se colige en forma diáfana la imprecisión de la denuncia, por cuanto como bien lo afirma la representante del Ministerio Público, no ofrece la imparcialidad ni objetividad que requiere, por cuanto señala en primera instancia su necesidad económica, utilizando para ello a la justicia y a la facilidad que ofrece el ocultar su identidad para señalar a su jefe, gerente de la empresa o taller, como un ser humillante aunado a que no paga a tiempo el salario, que allí se efectuaban los pelamientos (sic) a los aeronaves a cambio de matrículas y transporte de droga.

Se colige con absoluta claridad del testimonio bajo reserva que el testigo que acudiera a la justicia a denunciar la comisión de presuntos hechos punibles, en concreto no imputa cargos precisos a los aquí sindicados, no refiere quién transportó la droga, quién piloteó la aeronave, solo dice que Gutemberg es quien regrava los motores pero aclara que no lo ha visto.

Así las cosas, resulta claro que no existe en realidad en el asunto materia de estudio prueba testimonios que tal y como lo exige la norma en cita [se refiere al artículo 441 del CPP] ofrezca serios motivos de credibilidad aunado a que con posterioridad se retractara a través de una declaración extraproceso de las imputaciones que hiciera.

Ciertamente el decir del testigo bajo reserva no encontró soporte en el causal probatorio legalmente aportado al plenario, pues como bien lo argumenta la ilustre representante de los intereses de la sociedad, no se trata de un aerodino cuya identificación hubiere sido adulterada pues obra dictamen de la policía judicial en el que se concluye que revisada las improntas y los sistemas son (originales de fábrica), así como se estableció tras realizar inspección judicial a la misma no se hallaron las caletas que refirió y mal puede hablar de las pistas clandestinas cuando él mismo aclara no viajó en el supuesto trayecto que tenía como finalidad transportar droga y en momento alguno señala quién lo transportó.

(...).

A través de la investigación desplegada a lo largo del excesivo tiempo transcurrido y de las pruebas legalmente recaudadas dentro del expediente investigativo, no se estableció compromiso o responsabilidad de los sindicados en la conducta delictiva denunciada, lo que sí logró demostrarse es que ciertamente la empresa que gerenciaba Martínez para la época de los hechos tenía por objeto social el mantenimiento y reparación de las aeronaves, entre otros, el de pintura general como se colige de las múltiples versiones y testimonios recepcionados, en los que se alude a este hecho como algo muy normal, tal y como lo expresan los socios de ALCOM, dueños de la aeronave (...).

(...).

Verdaderamente, tal y como lo expone la señora procuradora judicial, causa perplejidad la lenta e irregular actuación procesal adelantada con fundamento en una versión que se derrumbaba con los elementos probatorios que se allegaban y la que continuaba tras la prueba positiva de aspiración sin que se lograra la precisión requerida para determinar la fecha o momento en que se transportó o depositó alcaloide en la aeronave, aunado a que desde el primer momento permite el testigo advertir tras su relato la adversión (sic) a su jefe o gerente de la empresa por considerarlo un hombre humillante e incumplido con sus obligaciones laborales”,

10.8. La resolución anterior no fue apelada (copia simple de la constancia de vencimiento de ejecutoria —f. 45 c. 1—), por lo que debía someterse a consulta conforme a lo dispuesto en el numeral tercero de su parte resolutiva y en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal(4).

10.9. El señor Édgar Eduardo Martínez convive en unión marital de hecho con la señora Luz Piedad Marín Puerta (testimonio de Carlos Arturo Amaya Vallarino, rendido ante el Tribunal a-quo —f. 39 c. 2—), con quien tiene cuatro hijos: Yuri Marcela, Cristian Camilo, Andrés Eduardo y Tatiana Rocío Martínez Marín (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —f. 35-38 c. 2—).

IV. Problema jurídico

11. Corresponde a la Sala determinar si el señor Édgar Eduardo Martínez sufrió un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación. Para el efecto, tendrá que establecer si existe prueba de la afectación moral y patrimonial aducida en la demanda y si la misma se produjo como consecuencia de un indebido funcionamiento de la administración de justicia. Se aclara que, aunque inicialmente la parte actora indicó que también había sufrido un daño como consecuencia de una injusta privación de la libertad —la cual en todo caso no se encuentra acreditada en la medida en que la captura nunca se hizo efectiva—, en el escrito de alegatos precisó que los hechos por los cuales está demandando indemnización se derivan de la decisión de la Fiscalía de mantenerlo vinculado a un proceso penal por más de siete años, por lo que el análisis de responsabilidad se circunscribirá a este aspecto de la demanda.

V. Análisis de la Sala

12. La Sala tiene acreditado el daño sufrido por el señor Édgar Eduardo Martínez y su compañera, la señora Luz Piedad Marín Puerta, conforme a lo relatado por el señor Carlos Arturo Amaya Vallarino en testimonio rendido ante el Tribunal a-quo (f. 39-40 c. 2):

“Preguntado: Sabe usted si Édgar Eduardo Martínez ha tenido problemas judiciales. Contestó: Si supe, recién que se le informó que había tenido una denuncia de enriquecimiento ilícito por ahí en el año 93 aproximadamente, me enteré por boca de él mismo (...). Preguntado: Cómo observaba usted la vida personal y conyugal de Édgar Eduardo Martínez Riveros por causa del problema judicial. Contestó: Bueno, en cuanto a la vida personal tan pronto él se enteró que tenía orden de captura sus negocios se le vinieron al suelo y en esos tiempos fue las últimas veces que vi a la señora atendiendo otra clase de negocios diferentes al que él manejaba, ya que se quejaba del mal trato y mal genio por parte de Eduardo, y además que Eduardo no iba a la casa, no volvió por temor a que lo capturaran, por lo tanto, su relación sentimental también se empezó a deteriorar, además más adelante los negocios fueron de mal en peor y fue perdiendo las propiedades que tenía lo cual dificultaba más su atención al hogar (...). Preguntado: Cómo está la relación económica y la relación conyugal actualmente. Contestó: Está muy precaria todavía, pese a que se le aclaró su situación, ya él no podrá nunca volver a recobrar el nivel económico y emocional de su hogar”.

13. Del relato hecho por el testigo, se extrae que por causa de su vinculación al proceso penal, el señor Martínez sufrió una afectación económica que alteró la armonía y la estabilidad de su relación marital con la señora Luz Piedad Puerta quien, en consecuencia, también resultó perjudicada por la misma razón.

14. En cuanto a los hijos de la pareja, los menores Yuri Marcela, Cristian Camilo, Tatiana Rocío y Andrés Eduardo Martínez Marín, no existe dentro del proceso prueba del daño que aducen. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho por el testigo en el sentido de que la vinculación del señor Martínez al proceso penal alteró la dinámica familiar y motivó la decisión de abandonar el hogar, es razonable suponer, conforme a las reglas de la experiencia, que estos demandantes experimentaron dolor y sufrimiento por cuenta de lo acontecido con su padre.

15. La demanda sostiene que el daño es imputable a la entidad a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dado que no existía mérito probatorio para que la Fiscalía abriera un proceso penal contra el señor Édgar Eduardo Martínez y para que lo mantuviera vinculado al mismo por más de siete (7) años habida cuenta de que el único testigo de cargo se retractó de sus afirmaciones y de que en la diligencia de allanamiento practicada a las instalaciones de la empresa Aeroservicios Técnicos de Colombia Ltda. no se encontró evidencia de la posible participación del demandante en alguna actividad ilícita.

16. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, junto con el error judicial y la privación injusta de la libertad, uno de los supuestos capaces de comprometer la responsabilidad del Estado por las actuaciones de la Rama Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996:

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

17. Este título jurídico de imputación se encuentra reservado a todas aquellas actuaciones necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto permite diferenciarlo del error judicial que se predica de las decisiones o providencias que se profieren en ejercicio de la función de interpretar y aplicar el derecho. Al respecto, la doctrina española ha puntualizado que:

“(...) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(5).(6)

18. La Procuraduría General de la Nación señaló que debían desestimarse las pretensiones de la demanda por falta de pruebas para determinar si la Fiscalía incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia habida cuenta de que no existe constancia de ejecutoria de la resolución de preclusión y de que al expediente solo se aportó copia de la esta decisión, pero no de las demás actuaciones surtidas en el marco del proceso penal.

19. La Sala no comparte los anteriores planteamientos pues, de una parte, considera que la mora judicial —que es la falla que se le imputa a la Fiscalía General de la Nación— puede encontrarse acreditada incluso en el evento de que durante el trámite jurisdiccional de consulta el superior hubiera revocado la resolución de preclusión dictada a favor del demandante y de que con posterioridad un juez de la República hubiera proferido una condena en su contra. También en este evento podría concluirse que al actor se le violó el derecho a ser investigado y juzgado dentro de un plazo razonable, tal como lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador(7), si llegara a demostrarse que se lo mantuvo de forma injustificada más del tiempo legalmente permitido bajo acusación.

20. De otra parte, estima que el hecho de que no se hubiera aportado la totalidad del expediente penal no es óbice para adelantar el juicio de responsabilidad debido a que la resolución de preclusión contiene un resumen de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía dentro del proceso penal. Además, esta misma Corporación ha señalado antes que la sentencia penal o su equivalente (resolución de preclusión o cesación de procedimiento) debe tenerse como “una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar la juez contencioso certeza sobre los elementos de la responsabilidad”(8).

21. En este caso la resolución de preclusión permite tener por probado que el señor Édgar Eduardo Martínez fue vinculado a un proceso penal como presunto responsable de infracciones a la Ley 30 de 1986 y que el proceso terminó, luego de más de siete años contados desde la fecha de apertura de la instrucción, con resolución de preclusión por decisión de la Fiscalía General de la Nación, que consideró no solo que el hecho punible no existió sino que la entidad había cometido un error al vincular penalmente al actor con base en una única prueba, el testimonio del señor Luis Eugenio Polanco, que resultaba poco confiable (ver supra párr. 10.7).

22. Con base en esta circunstancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la entidad incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a que no adelantó una investigación seria y eficiente en tanto omitió constatar la veracidad de lo dicho por el denunciante y contrastar sus afirmaciones con los demás medios de prueba obrantes dentro del proceso.

23. La Sala comparte lo dicho por el a-quo pero agrega que el excesivo tiempo transcurrido entre la fecha en la cual se profirió la resolución de apertura de la investigación —14 de febrero de 1994— y el momento en que se calificó el mérito del sumario con resolución de preclusión —28 de junio de 2001—, deja ver que la entidad no respetó el plazo previsto en los artículos 329 y 438 del Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de los hechos, para el agotamiento de la etapa de instrucción y para la calificación de la investigación:

“ART. 329. Término para la instrucción. El funcionario que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento.

El término de instrucción que corresponda a cualquier autoridad judicial no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación.

No obstante si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de treinta (30) meses.

Vencido el término, la única actuación procedente será la calificación.

“ART. 438.—Cierre de la investigación. En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado.

Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual solo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación.

Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a las partes, para presentar las solicitudes que consideren necesarias con relación a las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”.

24. Es claro que por tratarse de varios sindicados, la Fiscalía General de la Nación tenía un plazo de treinta (30) meses (2,5 años) para agotar la etapa de instrucción y definir si llamaba a juicio al actor o si profería a su favor resolución de preclusión. Sin embargo, este plazo fue ampliamente superado por el ente investigador, que tardó más de siete años en adoptar una determinación.

25. En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha indicado que la mora judicial, es decir, la falta de decisión judicial en un plazo razonable, comporta una violación al derecho al debido proceso y constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(9), siempre que la demora no esté justificada, lo cual ocurre cuando existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley:

“En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no solo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo”(10).

26. Entre los factores que, según la jurisprudencia, justifican el retardo en las decisiones judiciales se encuentran la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(11)(12).

27. En el caso concreto, la Sala no encuentra razones que justifiquen haber dilatado por más de siete años la expedición de la resolución de preclusión. Al contrario, considera que desde el mes de agosto de 1994, momento en la cual la defensa del señor Édgar Eduardo Martínez puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la declaración del señor Luis Eugenio Polanco, en la cual se retractó de las acusaciones formuladas en contra del actor, estaban dadas las condiciones legalmente exigidas para adoptar esta determinación habida cuenta de que no existía ninguna otra prueba que justificara mantenerlo vinculado al proceso.

28. En efecto, de lo dicho por la entidad demandada en la Resolución de 28 de junio de 2001, se extrae que el señor Martínez Riveros terminó investigado penalmente solo porque fue acusado por el señor Luis Eugenio Polanco de utilizar los bienes de la empresa Aeroservicios Técnicos de Colombia Ltda. para el almacenamiento y transporte de sustancias estupefacientes. Por fuera de esta denuncia no existía ninguna otra prueba que comprometiera la responsabilidad penal del demandante como quiera que en la diligencia de allanamiento practicada a las instalaciones de la mencionada empresa no se encontró evidencia de su posible participación en alguna actividad ilícita, tal como consta en el acta de la misma diligencia (ver supra párr. 10.2) y lo reconoció la propia Fiscalía en la Resolución de 28 de junio de 2001(13).

29. De manera que una vez que el falso testigo se retractó de sus afirmaciones, desapareció el fundamento probatorio inicialmente utilizado por la entidad para vincular penalmente al actor en un proceso por infracciones a la Ley 30 de 1986. En estas condiciones, la demandada no tenía un camino distinto que el de dictar a su favor resolución de preclusión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2700 de 1991:

“ART. 36.—Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento. En cualquier momento de la investigación en que aparezca plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el fiscal declarará extinguida la acción penal mediante providencia interlocutoria. El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio”.

30. Ahora bien, la Sala no desconoce que el 14 de abril de 1998 el fiscal de conocimiento declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la mencionada resolución (ver supra párr. 10.6), lo que necesariamente tuvo que ocasionar que el proceso de retrotrajera a su etapa inicial y, por tanto, que comenzara a correr un nuevo plazo para el agotamiento de la etapa de instrucción, que debía contarse a partir de esa fecha.

31. Sin embargo, considera que esta situación no desvirtúa el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se le imputa a la Fiscalía. Téngase en cuenta que cuando la nulidad se decretó en 1998 la entidad ni siquiera había calificado el mérito del sumario a pesar de que (i) el plazo legalmente establecido para el agotamiento de la etapa de instrucción ya había expirado habida cuenta de que la resolución de que le dio apertura se profirió el 6 de agosto de 1993; (ii) que desde 1994 la entidad conocía que el único testigo de cargo se había retractado de las afirmaciones hechas contra el demandante; (iii) y que dentro del proceso no existían pruebas adicionales que comprometieran su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.

32. Entonces, la declaratoria de nulidad si bien, en principio, puede justificar que la Fiscalía omitiera calificar el mérito de la investigación entre el periodo comprendido entre el 14 de abril de 1998 y el 28 de junio de 2001, ya que se entiende que durante este tiempo se surtió una nueva etapa de instrucción, no justifica que actuara de la misma manera entre el 6 de marzo de 1993 y el 14 de abril de 1998 porque, se insiste, desde que el señor Luis Eugenio Polanco se retractó de sus afirmaciones, estaban dadas las condiciones legalmente previstas para proferir resolución de preclusión pues ya aparecía plenamente probado que el hecho punible no había existido.

33. De cualquier forma, debe señalarse que la segunda etapa de instrucción —la que se surtió luego de la declaratoria de nulidad— se extendió por más de treinta y seis meses (36), lo que llevó a que la resolución de preclusión se expidiera por fuera del plazo previsto en los artículos 329 y 438 del Decreto 2700 de 1991. En este caso, la demora tampoco se encuentra justificada ya que, según se desprende de la Resolución de 28 de junio de 2001, luego de la declaratoria de nulidad, la entidad no decretó pruebas adicionales tendientes a comprobar la responsabilidad penal del demandante en los delitos que se le imputaban, de manera que desde mucho antes estaba en capacidad de decidir que no existía mérito para mantenerlo vinculado a la investigación.

34. Por las razones anotadas se confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró a la Nación - Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que incurrió al mantener injustamente vinculado al señor Édgar Eduardo Martínez, por espacio de más de siete años, a una investigación penal como presunto responsable de infracciones a la Ley 30 de 1986.

VI. Perjuicios

35. La Sala confirmará la decisión de denegar lo pretendido en la demanda por concepto de perjuicios materiales dado que este aparte de la decisión no fue apelado por la parte interesada. De otra parte, reducirá el valor de la condena proferida por el Tribunal a-quo a favor del señor Édgar Eduardo Martínez Riveros no sin antes advertir que en providencia de 9 de febrero de 2012 la Sección Tercera del Consejo de Estado, en pleno, señaló que el juez de segunda instancia está facultado para modificar o corregir lo relativo a las condenas por perjuicios morales, materiales o cualquiera otro, aunque el objeto del recurso de apelación interpuesto por quien apela sea que se revoque integralmente la sentencia de primera instancia:

“3.2.2.3.5. Pero no hay ninguna duda de que el interés del recurrente al pretender que se modifique a su favor un aspecto de la sentencia que le es desfavorable, queda en parte satisfecho cuando esa modificación es proporcionalmente menor a lo pretendido, pero en todo caso, favorable a su interés.

Es lo que lo que sucede en los casos en los cuales el recurrente solicita que se revoque el fallo, porque aduce que no es responsable del daño que se le imputa y en segunda instancia se considera que sí es responsable, pero que hay lugar a una reducción de la indemnización, por considerar que la víctima también contribuyó a la causación del daño, o se aprecia que no está demostrado uno o algunos de los daños cuya indemnización se reclama, o que en la liquidación del mismo se incurrió en errores que afectan al apelante único, como ocurrió en el caso concreto.

Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones.

3.2.2.3.6. En la lógica más elemental, ‘el que puede lo más puede lo menos’, lo que en términos jurídicos y en relación con el asunto que aquí se trata significa que si el juez adquiere competencia para resolver un aspecto global de la controversia, por haber sido objeto del recurso, tiene igualmente la atribución para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.

Lo dicho constituye una reafirmación de la regla general deducida por la Sala, conforme a la cual la competencia del juez de segunda instancia está limitada a los aspectos que señale el recurrente, pero es además, una precisión sobre los límites de esa competencia, que no pueden quedar reducidos únicamente a la revisión de las razones señaladas por el recurrente, con omisión del deber constitucional del juez de aplicar la ley y, en todo caso, de atender el propio interés del apelante, que si bien en principio está dirigido a obtener la satisfacción plena de su pretensión, abarca en todo caso cualquier reforma que le resulte favorable a sus intereses.

(...).

3.2.2.3.8. La precisión que se hace a la regla, en los términos señalados y a partir del análisis del caso concreto, en el cual, se reitera, se solicitó la revocatoria de la sentencia, por ausencia de falla del servicio, pero se advierte que hay un error en la liquidación de la condena por perjuicios materiales, cuya corrección favorece al apelante único, no desconoce el principio de congruencia de la sentencia con el recurso (...). En este caso, la decisión que habrá de adoptarse entra en el marco de protección de los intereses del recurrente, porque si bien su pretensión es la de que se le absuelva plenamente del pago de las indemnizaciones deducidas por el a quo, quedará también satisfecha esa pretensión, aunque claro está en menor proporción, al reducírsele el valor de la indemnización que deben pagar.

(...).

Ahora, el hecho de que el recurrente no hubiera hecho mención de las razones que debieran llevar a la corrección de la liquidación del daño material no impiden al juez de segunda instancia tomar las decisiones a que haya lugar, no solo porque están dentro del marco del recurso, sino porque la Constitución le impone al juez, de manera perentoria, el sometimiento a la ley(14) y, por lo tanto, de la norma constitucional, legal, o del criterio jurisprudencial adoptado en relación con el tema de que se trata, esto es, sobre los factores que deben ser deducidos para la liquidación del lucro cesante.

3.2.2.3.9. Una revisión de los asuntos consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido, a los cuales no haga mención expresa el recurrente, no desconoce la prohibición de la reformatio in pejus, límite de la competencia del juez ad quem tratándose de apelante único, según lo establecido en los artículo 29 de la Constitución y 357 del Código de Procedimiento Civil, con las excepciones que se derivan de otros mandatos constitucionales o legales; por el contrario, favorece sus intereses, porque la providencia será enmendada a su favor, en relación con aspectos que sí fueron objeto del recurso.

En consecuencia, en el caso concreto, al modificar la sentencia en relación con la liquidación del perjuicio material, la Sala no está haciendo cosa distinta a la de resolver uno de los asuntos comprendidos dentro del marco señalado por la entidad demandada en el recurso, el cual tenía como finalidad la revocatoria total de fallo, pretensión que en parte quedará satisfecha con la reducción de esa condena, en los términos ya enunciados”(15).

36. En el caso concreto no existe razones que justifiquen mantener la indemnización reconocida por el Tribunal a-quo a favor del señor Edgar Eduardo Martínez, la cual resulta exagerada teniendo en cuenta lo siguiente:

(i) La vinculación del actor al proceso penal no estuvo acompañada de una medida de privación efectiva de la libertad.

(ii) La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014(16), estableció que solo cuando el perjuicio alcanza su mayor gravedad, lo cual ocurre cuando se verifica una privación injusta de la libertad igual o superior a 18 meses, es procedente el reconocimiento de indemnizaciones equivalentes a 100 smlmv. En los demás casos, esto es, cuando no se afecta el derecho a la libertad personal o la medida restricta de la misma se extiende por un periodo de tiempo inferior, se entiende que el perjuicio es de menor intensidad, por lo que la indemnización debe tener en cuenta este aspecto.

(iii) El hecho de que la medida privativa de la libertad no se haya hecho efectiva, indica —en ausencia de prueba en contrario— que el señor Édgar Eduardo Martínez disfrutó de la compañía y el apoyo de su familia durante el tiempo en que se extendió la investigación(17), y por tanto, que sufrió un perjuicio moral de menor intensidad del que normalmente se reconoce a las personas recluidas en establecimientos carcelarios.

37. Por estas razones, la Sala fija en treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes la indemnización debida por concepto de perjuicios morales a favor de este demandante. A los demás actores les correspondería, en principio, la misma indemnización. Sin embargo, teniendo en cuenta que la entidad demandada es apelante única, no puede hacerse más gravosa su situación, por lo que se procederá a confirmar lo decidido por el a-quo en punto al valor de las condenas que favorecen a su esposa y sus hijos.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 26 de octubre de 2006 por la Sección Tercera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que incurrió al mantener injustamente vinculado al señor Édgar Eduardo Martínez a una investigación penal como presunto responsable de infracciones a la Ley 30 de 1986.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

— Lo equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia a favor del señor Edgar Eduardo Martínez.

— Lo equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia a favor la señora Luz Piedad Marín Puerta.

— Lo equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Yury Marcela Martínez Marín, Cristian Camilo Martínez Marín, Tatiana Rocío Martínez Marín y Andrés Eduardo Martínez Marín.

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. EXPÍDANSE, por la Secretaría de esta Sección, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009- 00.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

4 “ART. 206.—Providencias consultables. En los delitos de conocimiento de los Fiscales y Jueces Penales de Circuito Especializados, son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la providencia mediante la cual se ordena la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la providencia que ordena la devolución a particulares de bienes del imputado o sindicado presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sea objeto material del mismo y las sentencias que no sean anticipadas”.

5 [5] Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25. Citado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada luego en la sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en la sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Sentencia de 12 de noviembre de 1997: “El principio de ‘plazo razonable’ al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente. En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo constituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo. // Así mismo, la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado culpable al señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de dos años como pena para ese delito”. Párr. 70 y 74.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de enero de 2009, exp. 30.340, C.P. Enrique Gil Botero y de 26 de abril de 2012, exp. 20.290, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 29 de julio de 2013, exp. 25376, y de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, ambas con ponencia de Stella Conto Díaz del Castillo.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, exp. 37.046, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13.539 y de 3 de febrero de 2010, exp. 17.293, ambas con ponencia de Ruth Stella Correa.

11 [10] “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente 9940.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

13 En la mencionada resolución se señaló que “según acta de allanamiento practicado a Aeroservicios de Colombia se tiene constancia que no se halló sustancia estupefaciente y se encontraron las carpetas contentivas de documentación de las aeronaves 2457, 3435 y HK 2700” (f. 35 c. 1).

14 [6] En Sentencia C-539 de 2011, la Corte Constitucional señaló que “el imperio de la ley”, a que se refiere el artículo 230 constitucional, “no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico. Sobre este tema, ha resaltado la Corte que (i) la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa prevalencia a las normas constitucionales —art. 4º Superior— y con ella a la aplicación judicial directa de sus contenidos; (ii) que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la ley misma en sentido formal, es decir dictada por el Legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución; (iii) que por tanto es la Carta Política la que cumple por excelencia la función integradora del ordenamiento; (iv) que esta responsabilidad recae en todos las autoridades públicas, especialmente en los jueces de la república, y de manera especial en los más altos tribunales; (v) que son por tanto la Constitución y la ley los puntos de partida de la interpretación judicial; (vi) que precisamente por esta sujeción que las autoridades públicas administrativas y judiciales deben respetar el precedente judicial o los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores; (vii) que esta sujeción impone la obligación de respetar el principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales; (viii) que mientras no exista un cambio de legislación, persiste la obligación de las autoridades públicas de respetar el precedente judicial de los máximos tribunales, en todos los casos en que siga teniendo aplicación el principio o regla jurisprudencial; (ix) que no puede existir un cambio de jurisprudencia arbitrario, y que el cambio de jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente relevante de los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar suficientemente argumentado a partir de razonamientos que ponderen los bienes jurídicos protegidos en cada caso; (x) que en caso de falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia; y (xi) que en estos casos corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas y a los jueces, evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, ‘y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley’ para el caso en concreto”.

15 Exp. 20.104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en la sentencias de 3 de mayo de 2013, exp. 26.352, y de 29 de agosto de 2013, exp. 28.651, ambas con ponencia del suscrito magistrado.

16 Expediente 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

17 Se aclara que, pese a que los demandantes adujeron que la víctima estuvo secuestrada durante el tiempo en que permaneció vinculado a la investigación penal, en realidad no aportaron ninguna prueba de este hecho. Si el Tribunal lo tuvo por probado (ver supra párr. 4.1), fue con base en las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda.