Sentencia 2003-01294 de mayo 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Rad.: 47001233100020030129401

Referencia: 17444

Actor: Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Impuestos aduaneros

Fallo

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de septiembre de 2008 del Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las súplicas de la demanda.

Antecedentes

La sociedad actora presentó las siguientes declaraciones de importación, donde liquidó por concepto de IVA la suma de $ 389.222.913, por la importación de maquinaria pesada no producida en el país, la cual inicialmente ingresó a bajo la modalidad de importación temporal y posteriormente fue modificada por el importador a importación ordinaria.

Declaración inicialModificaciones
5518625002052-5 del 19 de mayo de 19980534107056501-2, del 23 de noviembre de 2000 y 0142801052142-9, del 10 de octubre de 2001
0648044073366-0, del 1º de septiembre de 19982387004054325-8, del 23 de noviembre de 2000 y 0611744067475-1, del 22 de mayo de 2002
0648044076445-8, del 7 de diciembre de 19980534107056500-5, del 23 de noviembre de 2000
0648044075507-1, del 1º de septiembre de 19980534107056499-5, del 23 de noviembre de 2000
0648044076058-0, del 20 de octubre de 19982387004054324-0, del 23 de noviembre de 2000

 

El 14 de mayo de 2003, la sociedad Constructora Norberto Odebrecht S.A. solicitó la devolución, por el pago de lo no debido, que liquidó y pagó en esas declaraciones de importación.

El 18 de junio de 2003, la administración mediante Resolución 0001, rechazó la solicitud señalando que:

“… en la descripción de los mercancías en las devoluciones de importación, ya descritas no se registró esa condición al momento de ingresar la mercancía al país, igualmente no se aportó en ese momento la certificación expedida por el Ministerio de Comercio Exterior, ya que se observa a folio 86, que la certificación fue expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 10 de abril de 2003”.

Además, precisó que:

“el Oficio 0130 de mayo 29 de 1998 emanado de la división de normatividad y doctrina señala Para efecto de solicitar la devolución debe tenerse en cuenta que la exención se concede únicamente cuando se importa temporalmente, de ahí que si la modalidad se termina con la importación ordinaria del bien, no habrá lugar a la devolución, toda vez que en este evento el impuesto sobre las ventas debe ser liquidado y cancelado. De manera que la devolución procedería solo en los casos que se decida reexportar el bien” (resaltado dentro del texto).

La parte actora presentó recurso de reconsideración contra la decisión anterior, el cual se decidió mediante Resolución 000012, del 8 de septiembre de 2003, confirmando el acto recurrido.

Demanda

La actora, solicitó la nulidad de las resoluciones 001, del 18 de junio de 2003, y 000012, del 8 de agosto de 2003, ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. A título de restablecimiento del derecho pidió se reconozca la existencia de un pago de lo no debido en cuantía de $ 389.222.913 y se ordene su devolución actualizada, más los intereses que correspondan.

Citó como normas violadas los artículos 29, 58, 83, 150 numeral 12, 209 y 338 de la Constitución Política; 3º y 84 del Código Contencioso Administrativo; 195, 428(1) y 683 del estatuto tributario; 10, 66 y 1715 del Código Civil; 14 parágrafo 4º de la Ley 223 de 1995; 27 de la Ley 80 de 1993; 1º y 2º parágrafo del Decreto 1803 de 1994; 21 del Decreto 1909 de 1992; 2º, 121 y 150 del Decreto 2685 de 1999; y los conceptos 087 y 073 de 2001 de la DIAN.

Indicó que la administración basó su decisión de no acceder a la devolución aduciendo la obligación de aportar el certificado del Incómex sobre la no producción nacional de maquinaria pesada al momento del levante de la mercancía. Sin embargo, esta obligación no se encuentra consagrada en los artículos 59 del Decreto 1909 de 1992, 1º y 2º del Decreto 1803 de 1994.

Recalcó que la norma aduanera no exige que al momento de presentar la declaración de importación, se alleguen otros documentos, salvo que las autoridades aduaneras así lo exijan. En el presente caso, la administración no requirió a la declarante para exigirle el certificado ni los documentos soporte de las declaraciones.

Sobre el argumento de la administración de que la devolución no era procedente, por haberse producido la modificación de las declaraciones de importación de temporal a ordinaria, señaló que no es válido, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 428 del estatuto tributario, antes de la Ley 223 de 1995, estipulaba la exclusión del IVA para la maquinaria pesada de las industrias básicas, sin producción nacional, sin hacer distinción en el tipo de importación.

El artículo 14 de la Ley 223 de 1995 indica en forma expresa la voluntad del legislador de respetar el tratamiento que en materia de IVA le correspondía a los contratos con entidades públicas, cuya licitación hubiese sido adjudicada con anterioridad a la vigencia de esta ley, es decir, que ninguna reforma tributaria podía aplicársele.

Precisó que en el caso bajo análisis, la licitación pública MI-100 proyecto hidroeléctrico MIEL I, fue adjudicado al consorcio MIEL, del cual hace parte la actora, mediante Resolución C-002-94, del 9 de diciembre de 1994. Por lo que, en atención a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 223 de 1995, debió aplicársele el artículo 428 del estatuto tributario antes de su modificación por la Ley 223 de 1995.

Oposición

La entidad demandada se opuso a las pretensiones y señaló que corresponde al importador, al momento de obtener el levante, acreditar la certificación del Incómex para poder obtener el beneficio tributario, y que la introducción al país de la mercancía debe ser bajo la modalidad de importación temporal, situaciones que no se verificaron en el presente caso, pues el certificado fue aportado con la solicitud de devolución y la importación que inicialmente fue temporal posteriormente fue cambiada a la modalidad de ordinaria.

Indicó que el artículo 14 de la Ley 223 de 1995 hace alusión a la tarifa del IVA que debe ser la vigente a la fecha de adjudicación de la licitación, pero en ningún caso se puede extender este beneficio al resto del régimen del impuesto que se refiere a exclusiones y exenciones.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2008, negó las súplicas de la demanda al considerar que la actora debió presentar la certificación del Incómex al momento del levante de las mercancías y no con posterioridad, como lo hizo.

Así mismo señaló que, el artículo 14 de la Ley 223 de 1995 no es aplicable al caso concreto en la medida en que no se está discutiendo la tarifa del impuesto.

Finalmente precisó que en caso de modificar la importación inicial de temporal a ordinaria, de conformidad con la normatividad aduanera vigente, corresponde al importador pagar los derechos aduaneros correspondientes.

El recurso de apelación

La parte demandante, inconforme con la decisión proferida por el tribunal, interpuso recurso de apelación.

Los motivos de inconformidad se resumen así:

1. Inconformidad con la sentencia por considerar que no era viable la devolución porque el certificado expedido sobre la calidad y condiciones de la maquinaria importada no fue presentado al momento del levante de la mercancía.

Indicó que ni el Decreto Reglamentario 1803 de 1994, ni el artículo 121 del estatuto aduanero, establecen la obligación de presentar el certificado al momento del levante; cuando la norma señala que se “exigirá al interesado al momento del levante de las mercancías, la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incómex”, no indica cosa diferente a la de que existe una potestad para la administración aduanera, si lo considera necesario, de exigir la presentación de este documento, en ese momento.

Las declaraciones que dieron origen a este proceso obtuvieron la aceptación y el levante de la DIAN, quien en dicho instante no ejerció la potestad de exigir documentos. Por lo tanto, la mercancía importada se encontraba debidamente amparada con la totalidad de los documentos presentados al momento de su aceptación y levante.

Al no existir norma que castigue el no haber presentado al momento del levante la certificación, no resulta válido derivar efectos no estipulados en la ley por un error de apreciación de la importadora, sobre el verdadero alcance de sus deberes impositivos.

Por lo tanto, el fundamento alegado en los actos demandados es irreal e inexistente, lo que configura que fueron expedidos con falta de aplicación de las normas que hacían viable la devolución del pago en exceso efectuado en su momento en forma errónea por la actora. Este hecho, plenamente demostrado, conlleva a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, a declarar su nulidad y a ordenar el restablecimiento de su derecho.

2. Inconformidad con la sentencia por no haber aceptado el cargo de violación del literal e) del artículo 428 del estatuto tributario, del artículo 10 del Código Civil subrogado por el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 y del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, por falta de aplicación, a que se refería el primera cargo.

Señaló que no es una sustentación válida considerar que la devolución no procede por haber sido modificadas las declaraciones de importación de temporal a ordinaria, pues este evento, no afecta el derecho de exclusión del IVA para la mercancía importada.

El cambio en el texto normativo originado en la Ley 223 de 1995, para mencionar la sola “importación temporal”, no permite concluir que cuando esta finaliza, con cambio en la modalidad de importación, se pierda el beneficio de la exclusión del IVA.

Indicó que el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, norma aplicable, por ser especial, exige para el evento de modificación de modalidad de importación, cancelar las cuotas insolutas referidas a la obligación impositiva inicial, pero no contempla el pago de nuevas obligaciones.

3. Inconformidad con la sentencia por haberse ocupado del segundo cargo en forma tangencial, pues sólo expresa que los actos demandados se encuentran debidamente fundados y que la actora no cumplió con la exigencia de probar al momento del levante las condiciones exigidas en el artículo 428 literal e), en consecuencia, nada se dijo sobre la violación por falta de aplicación del artículo 58, 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política.

Considera que se vulneran los anteriores artículos, porque los actos demandados, al no aceptar la devolución solicitada, desconocen que no existe norma que prevea esta consecuencia, por no haberse aportado al momento de presentación de las declaraciones de importación el certificado del Incómex, donde constara que los bienes importados estaban amparados por la exclusión del literal e) del artículo 428 del estatuto tributario.

4. Inconformidad con la sentencia por haberse ocupado del tercer cargo en forma muy tangencial, pues sólo expresa que los actos demandados se encuentran debidamente fundados y que la actora no cumplió con la exigencia de probar al momento del levante las condiciones exigidas en el artículo 428 literal e), en consecuencia, nada se dijo sobre la violación por falta de aplicación del artículo 209 de la Constitución Política, del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y del artículo 2º del Decreto 2685 de 1999.

Considera que se contrarían los artículos 209 de la Constitución Política, 3º Código Contencioso Administrativo y 2º del Decreto 2685 de 1999, que contemplan el principio de eficacia, pues la administración le dio prioridad a la forma sobre el fondo, al negar la devolución de las sumas indebidamente pagadas con el argumento de no haberse aportado el certificado del Incómex al momento de presentar las declaraciones de importación.

5. Inconformidad con la sentencia por haberse ocupado del cuarto cargo en forma tangencial, pues sólo expresa que la negativa de la devolución se encuentra debidamente fundada y no constituye un enriquecimiento ilícito a favor del Estado, y que la actora no cumplió con la exigencia de probar al momento del levante las condiciones exigidas en el artículo 428 literal e), en consecuencia, nada se dijo sobre la violación por falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, del artículo 66 del C., del artículo 2º del Decreto 2685 de 1999 y del artículo 683 del estatuto tributario.

Indicó que la decisión de la administración castiga al actor por un aspecto meramente formal, creado además, por vía interpretativa por los mismos funcionarios.

Insiste que en ninguna norma se establece la consecuencia sancionatoria que se pretende aplicar y que los actos acusados, mantienen el enriquecimiento ilegítimo en cabeza del Estado, en perjuicio del actor, y en contravía de la ley.

6. Inconformidad con la sentencia por no haber aceptado el cargo de violación vigente del artículo 428 literal e) del estatuto tributario en su texto vigente con anterioridad a la expedición de la Ley 223 de 1995 y del parágrafo 4º del artículo 14 de la Ley 223 de 1995, por no aplicación, a que se refería el quinto cargo.

Señaló que para la época en que se adjudicó el contrato para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del río La Miel (24 de abril de 1995), el artículo 428 del estatuto tributario no hacía distinción en la modalidad de importación.

El artículo 14 de la Ley 223 de 1995 indica en forma expresa la voluntad del legislador de respetar el tratamiento que, en materia de IVA, le correspondía a los contratos con entidades públicas cuya licitación hubiese sido adjudicada con anterioridad a la vigencia de esta ley; es decir, que ninguna reforma tributaria podía aplicársele.

Precisó que en el caso bajo análisis, la licitación pública MI-100 proyecto hidroeléctrico MIEL I, fue adjudicado al consorcio MIEL, del cual hace parte la actora, mediante Resolución C-002-94, del 9 de diciembre de 1994. Por lo que en atención a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 223 de 1995, debió aplicársele el artículo 428 del estatuto tributario antes de su modificación por la Ley 223 de 1995.

Alegatos de conclusión

La parte demandante reiteró los argumentos de su demanda y del recurso de apelación.

La administración de impuestos insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

El Ministerio Público no rindió concepto.

Consideraciones

Se controvierte la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la Administración Especial de Aduanas rechazó la solicitud de devolución de las sumas pagadas por concepto de IVA, elevada por la actora.

Conforme a los argumentos presentados por la apelante, la discusión se centra en determinar si hay lugar a la devolución del IVA que pagó la demandante en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas.

Considera la apelante que tiene derecho a la devolución del IVA pagado en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 428 del estatuto tributario, anterior a la modificación hecha por la Ley 223 de 1995, según lo prevé el artículo 14 ibídem, pues el 9 de diciembre de 1994 se le adjudicó al consorcio Odebrecht, del cual hace parte la actora, la licitación pública MI-100 proyecto hidroeléctrico MIEL I.

Para la entidad demandada, el artículo 14 de la Ley 223 de 1995 no puede ser aplicado al caso, en la medida en que, se refiere a la tarifa del impuesto y no a las exclusiones. Por lo que, la actora debió cumplir las condiciones previstas en el artículo 428 del estatuto tributario, modificado por el artículo 6º de la Ley 223 de 1995, para obtener el derecho a la devolución, situación que no se verificó en el presente caso.

El tribunal negó las súplicas de la demanda al considerar que la norma aplicable era la anterior a la Ley 223 de 1995 y que, en ese orden de ideas, correspondía a la sociedad actora aportar el certificado del Incómex al momento del levante de la mercancía, para acreditar que se trataba de maquinaria pesada para industrias básicas.

Planteada la discusión, procede la Sala a analizar cuál es la norma aplicable al caso concreto, el artículo 428 del estatuto tributario, con o sin la modificación que introdujo la Ley 223 de 1995.

El artículo 428 del estatuto tributario, en su texto anterior a la Ley 223 de 1995, establecía:

“Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:

(…)

e) La importación de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno”.

A su vez, el artículo 428 del estatuto tributario, en su texto posterior a la Ley 223 de 1995, establece:

“Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:

(…)

e) Modificado. L. 223/95, art. 6º. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. (…)”.

Conforme se puede apreciar, la modificación consistió en que a partir de la Ley 223 de 1995, solo las importaciones temporales quedaban excluidas del impuesto a las ventas, en consecuencia, corresponde precisar si las importaciones de maquinaria pesada para industrias básicas efectuadas por la actora, respecto del IVA, estaban excluidas o gravadas.

Para la fecha de las importaciones, el texto vigente del artículo 7º del Decreto 1909(2) de 1992 era el siguiente:

“ART. 7º—Liquidación de los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación, serán los vigentes en la fecha de presentación de la respectiva declaración en los bancos y demás entidades financieras autorizadas […]”.

Al interpretar armónicamente las legislaciones tributaria y aduanera, se concluye que el IVA aplicable a los respectivos bienes o servicios, es el vigente al momento de la presentación de la declaración de importación, y si en ese momento, la ley tributaria consagra una exención o una exclusión del IVA no puede decirse que el bien está gravado.

La ley aduanera respeta el régimen del IVA del estatuto tributario, cosa distinta es que si, al momento de presentar la declaración inicial de importación el bien estaba excluido, en consideración a la modalidad, importación temporal, cuando se modifica la declaración a una modalidad de importación ordinaria y el estatuto tributario dispone que tales bienes cuando se importan por esa modalidad, están gravados, surge la obligación de pagar el impuesto.

Ahora bien, la sociedad actora considera que en virtud del artículo 14 de la Ley 223 de 1995, se debió aplicar el artículo 428 antes de su modificación, ya que en el parágrafo cuarto, se estableció que “en el caso de contratos con entidades públicas, cuyas licitaciones hayan sido adjudicadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, se continuará aplicando la tarifa vigente en la fecha de adjudicación de la licitación” (resaltado fuera del texto).

Cuando el artículo 428 del estatuto tributario señala “las siguientes importaciones no causan el impuesto a las ventas”, se está refiriendo a que dichos bienes se encuentran excluidos de este tributo, por lo que se debe considerar que la importación de los productos allí descritos, entre los que se encuentra la maquinaria pesada para industrias básicas, no están sometidos al IVA y no les rige tarifa alguna, ni siquiera la del 0%, contemplada para bienes y servicios exentos.

Hecha la anterior precisión, la Sala estudiará la aplicación del artículo 14 de la Ley 223 de 1995, al caso concreto.

Sobre esta norma la Sección tuvo oportunidad(3) de pronunciarse, al señalar que:

“Lo anterior indica que el legislador estableció un mecanismo de seguridad y estabilidad para los contratistas y para las entidades públicas al consagrar la permanencia de la tarifa del impuesto sobre las ventas para los contratos celebrados con anterioridad, garantizando así el equilibrio financiero que debe existir en todos los contratos que celebren las entidades públicas, y el cual se establece teniendo en cuenta los factores vigentes al momento de su celebración que por lo demás, son los que llevan a las partes a celebrarlo.

Según el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que establece el régimen de la contratación estatal, ese equilibrio entre los derechos y obligaciones recíprocos que debe existir al momento de proponer y de contratar, debe mantenerse y si resultare afectado se deben tomar las medidas pertinentes para restablecerlo.

La Ley 223 de 1995 tuvo en cuenta ese criterio fundamental de la contratación estatal y reguló lo relacionado con la tarifa del impuesto sobre las ventas para los contratos ya celebrados, sin hacer ninguna distinción respecto de sus prórrogas y modificaciones, es decir respetando los factores vigentes al momento de proponer y de contratar”.

La anterior posición jurisprudencial permite recalcar que la intención del legislador fue evitar el desequilibrio económico en los contratos con entidades estatales, en lo que se refiere a la tarifa general del impuesto a las ventas exclusivamente, por lo que no se puede hacer extensivo a otros aspectos que rigen este tributo, como lo pretende la actora.

Por lo expuesto, se insiste en que la norma aplicable en el presente caso debió ser el artículo 428 del estatuto tributario, modificado por el artículo 6º de la Ley 223 de 1995, el cual señala como condición para que la importación de maquinaria pesada para industrias básicas no cause el impuesto sobre las ventas, que sea una importación temporal, por lo que las importaciones objeto de estudio en este caso, no cumplen con esta circunstancia en la medida en que, fueron modificadas a importación ordinaria.

De otro lado, en cuanto al argumento de la sociedad respecto a la oportunidad en que se debe aportar el certificado del Incómex, la Sala reitera los argumentos esgrimidos en la sentencia del 13 de octubre de 2005(4), que negó la nulidad de la expresión “al momento del levante de las mercancías” contenida en el artículo 1º del Decreto 1803 de 1994.

En dicha oportunidad, la Sección señaló:

“Ahora bien, al (sic) exigencia de presentar la certificación del Incómex al momento del levante de la mercancía, prevista en el reglamento acusado, surge de la necesidad de dar efectivo cumplimiento a la ley, pues sólo cuando sea presentada y aceptada la declaración de importación y se acredite el pago de los tributos aduaneros en ella determinados, procede la autorización de levante de la mercancía, por la autoridad aduanera, tal como se infiere de las disposiciones previstas en los artículos 124, 125 y 128 del estatuto aduanero, y de la definición de “levante” que expresa el artículo 1º del mismo estatuto, así: “El acto, por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar”.

(…)

De otra parte, el reglamento acusado no desconoce el derecho que asiste al importador de corregir su declaración de importación, con posterioridad al levante de la mercancía, ni tampoco está indicando que la certificación del Incómex, no pueda ser “de recibo en una etapa posterior”, como sí lo expresaba el concepto unificado del impuesto sobre las ventas Nº 003 de julio 12 de 2002, al interpretar la disposición prevista en el artículo 89 del Decreto 2685 de 1999. Expresión acusada de ilegalidad que dio origen al pronunciamiento contenido en el sentencia de 25 de noviembre de 2004(5), que cita el accionante en sus alegatos de conclusión”.

De la sentencia transcrita, en concordancia con los hechos narrados en el presente caso, se concluye que no es un argumento válido señalar que la sociedad actora debía aportar al momento del levante la certificación del Incómex, pues en dicho oportunidad la importadora no había solicitado el beneficio que ahora alega, razón por la cual carecía de sentido exigir un documento que se requiere para el reconocimiento de la exclusión del IVA contemplado en el artículo 428 del estatuto tributario.

Recapitulando, sobre el caso concreto, las importaciones se llevaron a cabo en los meses de mayo, septiembre, octubre y diciembre de 1998, todas bajo la modalidad de importación temporal. En el mes de noviembre del año 2000 se llevan a cabo las respectivas modificaciones, y se cambia para todas, la modalidad a importación ordinaria.

Así las cosas, se reitera que al haberse efectuado las importaciones, inicialmente bajo la modalidad de importación temporal y modificadas luego a importación ordinaria, ambos hechos acaecidos, bajo la vigencia de la Ley 223 de 1995 y del Decreto 2685 de 1999, son estas la disposiciones llamadas a aplicarse(6), advirtiendo además, como ya se dijo, que el parágrafo 4º del artículo 14 de la Ley 223 hace referencia expresa a la tarifa del IVA aplicable a los contratos con entidades públicas, indicando que debe ser la vigente al momento de la adjudicación de la licitación, pero el tema tarifario no ha sido objeto de esta controversia.

En este punto del debate, la Sala encuentra también válido hacer referencia al artículo 258-2 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 50 de la Ley 223 de 1995, cuyo texto dice:

"ART. 258-2.—(Adicionado por la L. 223/95 art. 50, así:) Impuesto sobre las ventas en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas. El impuesto sobre las ventas que se cause en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, deberá liquidarse y pagarse con la declaración de importación.

Cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares (US$ 500.000), el pago del impuesto sobre las ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años siguientes. Para el pago de dicho saldo, el importador deberá suscribir acuerdo de pago ante la administración de impuestos y aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que establezca el Gobierno Nacional.

El valor del impuesto sobre las ventas pagado por el importador, podrá descontarse del impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al periodo gravable en el que se haya efectuado el pago y en los periodos siguientes.

Son industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno.

Este descuento sólo será aplicable a las importaciones realizadas a partir del 1º de julio de 1996.

Durante el plazo otorgado en el presente artículo, el impuesto diferido se actualizará por el PAAG mensual.

“PAR.—A la maquinaria que haya ingresado al país con anterioridad a la vigencia de esta ley, con base en las modalidades “Plan Vallejo” o importaciones temporales de largo plazo, se aplicarán las normas en materia del impuesto sobre las ventas vigentes al momento de su introducción al territorio nacional”.

Se concluye también que tal disposición reafirma una vez más la obligación de liquidar y pagar el impuesto a las ventas en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas y que en el caso particular los hechos sucedieron con posterioridad a la vigencia de la ley en comento.

Por lo tanto, La Sala encuentra que las importaciones efectuadas por la sociedad actora no se encontraban exentas del pago del impuesto a las ventas, por lo que el IVA cancelado no constituye un pago de lo no debido, razón por la cual, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 3 de septiembre de 2008 del Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONÓCESE personería para actuar al abogado Antonio Granados Cardona, como apoderado de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder conferido que obra a folio 464 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo.

(1) El texto vigente con anterioridad a la expedición de la Ley 223 de 1995.

(2) Decreto 1909 de 1992, por el cual se modifica la legislación aduanera.

(3) Sentencia del 13 de diciembre de 1996, M.P. Consuelo Sarria Olcos.

(4) Expediente 14822, M.P. Ligia López Díaz.

(5) Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 15333, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(6) Se refiere a los artículos 159 y 89 del Decreto 2685 de 1999 y 428 del estatuto tributario, en la forma en que fue modificado por el artículo 6º de la Ley 223 de 1995.