Sentencia 2003-01301 de octubre 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 190012331000200301301 01(19392)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Termocauca S. A. ESP

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Asunto: impuesto sobre la renta 1998

Fallo

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se decide si son nulos los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas de Popayán modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, presentada por la demandante, por el año gravable 1998.

En esas condiciones, procede la Sala al estudio de los cargos.

Violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 779 del estatuto tributario.

Sostiene la actora que en el desarrollo de la inspección tributaria se presentaron irregularidades porque se incluyeron hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de la visita lo que, en su criterio, vicia el proceso de determinación del impuesto.

De la inspección tributaria como medio de prueba

El artículo 779 del estatuto tributario señala que la inspección tributaria es un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar; esta diligencia debe decretarse mediante auto que se notificará por correo o personalmente y en él se deben indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla.

A su finalización debe extenderse un acta en la que se incluyan todos los hechos y pruebas examinadas y los resultados obtenidos, la fecha de cierre de la investigación y debe estar suscrita por los funcionarios que adelantaron la diligencia.

Si como resultado de la inspección se establece la existencia de inconsistencias en la declaración, la administración debe expedir un requerimiento especial en el que plantee las modificaciones a que haya lugar y el contribuyente debe responderlo dentro de los tres meses siguientes.

La inspección oficiosa suspende por tres meses el término para notificar el requerimiento especial, suspensión que opera desde la notificación del auto que decreta la diligencia(16).

En el caso concreto, la actora alegó que no es válida la diligencia de inspección tributaria porque en el acta se incluyeron actuaciones posteriores a la fecha de finalización de la misma.

En el caso sub examine se encuentran probados los siguientes hechos:

— Mediante Auto 17632000000405 del 8 de junio de 2000, la administración tributaria ordenó iniciar investigación a la sociedad Termocauca S.A., por el programa “Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”.

— El 21 de junio del mismo año, dictó el Auto de Inspección Tributaria 093, notificado en la misma fecha, mediante planilla de correo Nº 837, en la que se comisionó a los funcionarios Rúbilo Daza Castro y Rafael Dueñas Aguilar, para verificar la exactitud de la declaración tributaria.

— Los días 29 y 30 de junio de 2000, los funcionarios comisionados se desplazaron al domicilio fiscal de la sociedad, kilometro 3 vía Timba, vereda San José del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, con el fin de adelantar la diligencia, lo que no fue posible porque el representante legal manifestó que los libros de contabilidad de la empresa se encontraban en la ciudad de Cali.

— Los funcionarios se trasladaron a la dirección: Ciudad Jardín, Avenida Piedra Grande, Casa Nº 5 de la ciudad de Cali, donde fueron atendidos por el gerente administrativo y el contador.

— De la inspección a los libros de contabilidad los funcionarios concluyeron que por el año 1998, y aun a la fecha de la visita, la sociedad se encontraba en etapa de prospectación, es decir, en periodo improductivo, por lo que consideraron procedente proferir requerimiento especial con la correspondiente sanción por inexactitud.

Finalizaron el acta, precisando: “No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada a los ocho (8) días del mes de agosto del año 2000 y se firma por los funcionarios que en ella intervinieron”. Aparece firmada por los funcionarios Rúbilo Daza Castro y José Rafael Dueñas Aguilar.

— El 19 de septiembre de 2000, mediante el Oficio 581763-1113-64, la administración tributaria le solicitó al contribuyente, entre otros documentos y/o información, lo siguiente: balance de prueba, estado de resultados, discriminación de ingresos brutos, discriminación de ventas brutas por tipo de producto, certificados de retención en la fuente, procedimientos para el cálculo de la renta presuntiva y de la renta exenta.

— Con fecha 4 de octubre del 2.000 el contribuyente respondió el citado oficio.

— El 12 de julio de 2001, la división de fiscalización dictó el Auto 170632001000115, con el fin de incluir al funcionario Edward Roosevelt Collazos Díaz a la investigación ordenada mediante el Auto de Apertura 17632000000405 del 8 de junio de 2000.

— El acta de inspección tributaria fue integrada al requerimiento especial del 12 de julio de 2001, tal como lo ordena el artículo 779 del estatuto tributario y notificada en la misma fecha, según sello visible en el folio 361 del cuaderno de antecedentes.

Visto lo anterior se colige que la inspección tributaria se inició el día 29 de junio de 2000, con la notificación del auto que la decretó y que, en desarrollo de la misma, los funcionarios Rúbilo Daza Castro y José Rafael Dueñas Aguilar utilizaron diversos medios de prueba que proporcionaron a la autoridad tributaria documentos y datos de cuyo estudio concluyó que existían motivos suficientes para proponer la modificación de la declaración privada.

La ley establece que cuando, de oficio, se decrete la práctica de inspección tributaria, el término para notificar el requerimiento especial se suspende por el término de tres meses, contados a partir de la notificación del auto que la decrete, lo que en el caso en estudio ocurrió el 21 de junio de 2000.

Advierte la sociedad actora que la inspección tributaria no es válida porque en ella se incluye una actuación posterior a la fecha de cierre; se refiere a la mención que en el acta se hizo, del Auto 170632001000115 del 12 de julio de 2001, por medio del cual se incluyó al funcionario Edward Roosevelt Collazos Díaz, en la investigación.

Observa la Sala que aunque el acta de la visita tiene fecha del 8 de agosto de 2000, por lo que, en principio, parecería incongruente la cita del auto de inclusión del 12 de julio de 2001, fue notificada junto con el requerimiento especial en la fecha mencionada, por lo que no adolece de vicio alguno. Aunado a lo anterior, dicho funcionario no participó en la diligencia pues, como antes se anotó, esta fue adelantada por los funcionarios Rúbilo Daza Castro y José Rafael Dueñas Aguilar.

Estando demostrada la práctica real y completa de la diligencia de inspección tributaria, con total sujeción a la normativa que la reglamenta, y la inclusión, en el acta correspondiente, de todos los hechos, las pruebas examinadas, los resultados obtenidos y la fecha de cierre de la investigación, así como por estar suscrita por quienes en ella intervinieron, goza de plena validez.

Precisó la sociedad actora que hay violación del debido proceso porque el requerimiento especial tiene fecha de expedición del 13 de julio de 2001 pero fue notificado el día 12 del mismo mes y año.

En los folios 352 a 361 del cuaderno de antecedentes se observa el Requerimiento Especial Nº 170632001000030; en la parte superior derecha de la página 1, aparece la fecha de expedición, que corresponde al 12 de julio de 2001; así mismo, en la última página del anexo explicativo se distingue el sello de la DIAN en el que se lee: “División financiera y administrativa. El presente acto administrativo se notifica hoy 12 julio 2001. Por correo con planilla Nº 0748. Artículos 565 y 566 E.T. Firma del funcionario (…)”.

Lo anterior demuestra que el requerimiento especial se profirió y se notificó el 12 de julio de 2001 y no en fecha anterior a su expedición, como lo afirmó la actora.

Por otro lado, afirmó la demandante que la aplicación de los conceptos no puede ser retroactiva; que en el memorando explicativo de la liquidación oficial de revisión se alude a los conceptos 050613 del 29 de diciembre de 1999 y 125150 del 28 de diciembre de 2000, anteriores al año 1998, de que se trata.

Sobre este asunto es necesario precisar que, contrario a lo afirmado por la actora, los actos administrativos demandados se fundamentaron en las leyes 142 de 1994, 218 y 223 de 1995, que regulan el régimen tributario de las empresas de servicios públicos, las exenciones para las nuevas empresas agrícolas, ganaderas, microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, las compañías exportadoras y mineras que se instalen efectivamente en la zona afectada por el sismo y avalancha del río Páez y en los artículos 188, 189, 191, 194, 211 y 369 del estatuto tributario, relacionados con la renta presuntiva y la retención en la fuente.

Lo anterior evidencia que los actos administrativos no fueron proferidos con base en los conceptos 050613 del 29 de diciembre de 1999 y 125150 del 28 de diciembre de 2000, sino en lo consagrado en las normas vigentes y aplicables a los hechos que se discuten y que la referencia a los conceptos mencionados se hizo para ratificar que la actora no gozaba de exenciones en materia de renta presuntiva.

Por otro lado, la actora afirma que tiene derecho a la exclusión de la renta presuntiva, porque mediante la Resolución 069 del 3 de abril de 1997, fue reconocida como nueva empresa, para efectos de la Ley Páez, Ley 218 de 1995.

Al respecto, observa la Sala, al revisar la liquidación oficial de revisión, que la DIAN no modificó el renglón “RC renta presuntiva”, ya que se mantiene el valor declarado inicialmente, cero “0”. Por lo tanto, no se analizará el cargo planteado.

No prospera el cargo.

Violación de los artículos 1º, 14.2, 15, 18 y 24.3 de la Ley 142 de 1994; 2º, 3º y 4º de la Ley 218 de 1995 y 94 de la Ley 223 de 1995.

Manifestó la actora que la DIAN desconoció los artículos 1º, 14.2, 15, 18 y 24.3 de la Ley 142 de 1994 y 94 de la Ley 223 de 1995, que permiten la exención del impuesto sobre la renta para las empresas de servicios públicos domiciliarios, a pesar de estar demostrada su naturaleza como tal.

Así mismo, indicó que la Ley 218 de 1995 otorgó incentivos tributarios (exención de impuesto de renta) para las empresas que se constituyeran dentro de la zona del río Páez, afectada por el fenómeno natural y que es merecedora de la exclusión de la renta presuntiva.

De la exención establecida para las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Según el artículo 24 de la Ley 142 de 1994, todas las entidades prestadoras de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, pero se observarán estas reglas especiales:

“(…) 24.2. Por un periodo de siete años exímase a las empresas de servicios públicos domiciliarios de orden municipal, sean ellas de naturaleza privada, oficial o mixta, del pago del impuesto de renta y complementarios sobre las utilidades que se capitalicen o que se constituyan en reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

24.3. Las empresas de servicios públicos domiciliarios no estarán sometidas a la renta presuntiva establecida en el estatuto tributario vigente. (…)”.

El artículo 211 del estatuto tributario, referido a la misma exención, fue modificado por el artículo 97 de la Ley 223 de 1995, en los siguientes términos:

“ART. 97.—Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. El artículo 211 del estatuto tributario quedará así:

“ART. 211.—Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. Todas las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los impuestos nacionales, en los términos definidos por el estatuto tributario, con las excepciones que se establecen a continuación.

“Las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de los anteriores servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un período de siete (7) años a partir de la vigencia de esta ley, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

“Gozarán de esta exención, durante el mismo período mencionado, las rentas provenientes de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. Para tal efecto, las rentas de la generación y de la distribución deberán estar debidamente separadas en la contabilidad.

Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de los servicios públicos domiciliarios de gas, y de telefonía local y su actividad complementaria de telefonía móvil rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un término de ocho (8) años, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Para el año gravable de 1996 100% exento

Para el año gravable de 1997 90% exento

Para el año gravable de 1998 80% exento

Para el año gravable de 1999 70% exento

Para el año gravable de 2000 60% exento

Para el año gravable de 2001 40% exento

Para el año gravable de 2002 20% exento

Para el año gravable de 2003 y siguientes 0% exentos.

PAR. 1º—Para efectos de la sobretasa en el sector del gas de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se entenderá para todos los efectos que dicha sobretasa será hasta del veinte por ciento (20%) del costo económico del suministro en puerta de ciudad.

PAR. 2º—Para los efectos de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará para los usuarios no regulados que compren energía a empresas generadoras de energía no reguladas, para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y para los usuarios no residenciales, el 20% del costo de prestación del servicio.

PAR. 3º—Las empresas generadoras que se establezcan a partir de la vigencia de esta ley y cuya finalidad sea exclusivamente la generación de energía eléctrica con base en carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, y estén provistas de equipos adecuados para producir un bajo impacto ambiental, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios por un término de veinte (20) años.

PAR. 4º—Las empresas generadoras que se reestructuren o se establezcan con la finalidad exclusiva de generar y comercializar energía eléctrica con base en el aprovechamiento de recurso hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco mil (25.000) kilovatios, estarán exentas del impuesto de rentas y complementarios por un término de veinte (20) años a partir de la vigencia de esta ley. Esta exención debe ser concordante con la retención en la fuente en lo referente a las entidades no sujetas a retención. (…)”.

Conforme con las anteriores disposiciones, las empresas de servicios públicos estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios cuando sus ingresos provengan de las actividades relacionadas con la prestación del servicio respectivo, para el caso bajo análisis, de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica.

Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, entre otras, cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, gozarán de la misma exención sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

Según el certificado de existencia y representación legal(17), Termocauca S.A. se constituyó el 17 de diciembre de 1996; el objeto social determinado en el momento de su creación fue “la construcción, montaje y puesta en marcha de una planta generadora de energía térmica en base a carbón; la generación, distribución, venta y comercialización de energía térmica en base a carbón”.

Según el parágrafo 3º del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, las empresas generadoras que se establezcan a partir de la vigencia de esa ley y cuya finalidad sea exclusivamente la generación de energía eléctrica, con base en carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, y estén provistas de equipos adecuados para producir un bajo impacto ambiental, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios por un término de veinte (20) años.

La DIAN, en el acto administrativo de determinación, rechazó la suma de $ 1.912.380.000 por concepto de renta exenta, por cuanto no habían sido obtenidos en desarrollo de la actividad de generación eléctrica sino por rendimientos financieros.

Advierte la Sala que, de conformidad con el artículo 211 del estatuto tributario, modificado por el artículo 97 de la Ley 223 de 1995, son exentas las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de los anteriores servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un periodo de siete (7) años a partir de la vigencia de esa ley.

Gozarán también de esta exención las empresas generadoras que se establezcan a partir de la vigencia de esta ley y cuya finalidad sea exclusivamente la generación de energía eléctrica con base en carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, y estén provistas de equipos adecuados para producir un bajo impacto ambiental, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios por un término de veinte (20) años.

La Sala advierte, que la exención prevista en el parágrafo 3º del artículo 211 del estatuto tributario, antes mencionado, está dada en consideración a la persona jurídica o natural (factor subjetivo) y no en función de la actividad de generación eléctrica (factor objetivo); procede exclusivamente por el tipo de empresa de servicios públicos que se haya establecido a partir de la vigencia de la Ley 223 de 1995, esto es, a partir del 22 de noviembre de 1995(18) y que su objeto social corresponda a la generación o comercialización de energía con base en carbones de tipo térmico.

En relación con las rentas exentas correspondientes a rendimientos financieros, la Sala reitera lo dicho en la Sentencia 18870 del 7 de junio de 2012, en la que precisó:

“El artículo 211 del estatuto tributario, en la versión vigente para el año gravable 2000(19), señalaba:

(…)

Esta norma establece en el inciso 1º, como regla general, que todas las empresas de servicios públicos están sometidas a los impuestos nacionales, con ciertas excepciones, así:

1. Los incisos 2º y 4º establecen exenciones a las rentas obtenidas bajo las siguientes condiciones:

a) Que sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta en desarrollo de las siguientes actividades:

(i) Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo y las actividades complementarias.

(ii) Generación de energía eléctrica y de los servicios públicos domiciliarios de gas y de telefonía local, y su actividad complementaria de telefonía móvil rural.

b) La exención aplica únicamente sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

2. El inciso 3º prevé que las rentas sean obtenidas por las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica domiciliaria, sin ninguna otra condición.

De las anteriores exenciones se advierte que se imponen condiciones respecto del hecho que genera las rentas y, en algunos casos, de las personas que las obtienen.

3. Por su parte, los parágrafos 3º y 4º establecieron exenciones a las empresas generadoras de energía eléctrica bajo las siguientes condiciones:

a) Que se establezcana partir de la vigencia de la Ley 223 de 2005 con la finalidad exclusiva de generar energía eléctrica con base en carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, y estén provistas de equipos adecuados para producir un bajo impacto ambiental.

b) Que se reestructuren o se establezcan con la finalidad exclusiva de generar y comercializar energía eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco mil (25.000) kilovatios.

Como se advierte, en estas últimas exenciones, a diferencia de las que se prevén en los incisos anteriores, no se tienen en cuenta las rentas obtenidas durante el ejercicio, sino que el objeto social de la empresa se ajuste a lo previsto en la ley.

En esas condiciones, las exenciones consagradas en los parágrafos 3º y 4º son de tipo subjetivo por depender únicamente del tipo de persona o entidad que se constituya sin que la clase de ingresos obtenidos tenga incidencia en la procedibilidad o no del beneficio tributario, porque sobre este último aspecto la norma nada dispuso(20).

Además, revisados los antecedentes legislativos de los parágrafos 3º y 4º del artículo 211 estatuto tributario, se advierte que la finalidad para crear dichas exenciones fue la de incentivar la creación de empresas generadoras de energía con base en el carbón y en el aprovechamiento del recurso hídrico(21).

(…)”.

Durante el proceso de determinación y discusión, la actora ha sostenido que todas las empresas atraviesan por un periodo de improductividad, durante el cual tiene que hacer rentar sus activos para poder atender el normal funcionamiento.

Termocauca S.A. durante el año gravable 1998 obtuvo ingresos por el ejercicio de actividades de inversión, intereses, rendimientos de inversión, préstamos, etc., tal como se desprende de los estados financieros, informe del gerente a la asamblea general, los libros auxiliares, del acta de inspección tributaria, visibles en los folios 405 a 540 del cuaderno de antecedentes.

La Sala advierte que los ingresos rechazados por la DIAN corresponden a operaciones que la sociedad actora realizó para cumplir con su objeto social, en cuanto hacen parte de las actividades que se requieren para llevarlo a cabo, y como antes se anotó, la exención se asocia al objeto social de la empresa, independientemente del tipo de renta que perciba.

En ese contexto, considera la Sala que los rendimientos financieros por valor de $ 1.912.380.000, que fueron declarados como renta exenta, no podían ser rechazados por la administración tributaria por el hecho de no derivar de las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, pues tal requisito no lo contempló la disposición legal.

Por esta razón, es procedente la exención por los rendimientos financieros obtenidos por Termocauca S.A., en los términos del artículo 211 del estatuto tributario.

En cuanto al recurso de apelación presentado por la entidad demandada, en el que se refirió a la procedencia de la sanción por inexactitud, la Sala advierte que no hay lugar a analizarlo, por cuanto quedó demostrada la ilegalidad de los actos administrativos demandados.

Por lo antes expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 30 de junio de 2011 del Tribunal Administrativo del Cauca, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Termocauca S.A., contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

En su lugar se dispone:

ANÚLANSE la Liquidación Oficial Nº 170642002000015 del 5 de abril del 2002 y la Resolución 170012003000006 de abril 8 de 2003, por medio de las cuales la administración de Popayán modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios a Termocauca S.A. correspondiente al año gravable 1998.

Como restablecimiento del derecho DECLÁRASE en firme la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 1998, presentada por la actora.

2. RECONÓCESE personería al abogado Juan Carlos Díaz García, como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que aparece en el folio 143 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(16) Sentencia de 28 de febrero de 2008, Expediente 15201, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(17) Folio 2 cuaderno principal.

(18) Fecha de entrada en vigencia de la Ley 223 de 1995, Diario Oficial Nº 42.160, de 22 diciembre 1995.

(19) Esta norma fue modificada por el artículo 13 de la Ley 633 de 2000. Los parágrafos 2º y 3º fueron modificados y adicionados por la Ley 1430 de 2010.

(20) Dentro de las diferentes clases de exenciones la doctrina ha distinguido, la siguiente: Exenciones subjetivas, son aquellas en que la circunstancia neutralizante es un hecho o situación que se refiere directamente a la persona (física o ideal) del destinatario legal tributario. Exenciones objetivas, son aquellas en que la circunstancia enervante está directamente relacionada con los bienes que constituyen la materia imponible, sin influencia alguna de la “persona” del destinatario legal tributario Villegas, Héctor Belisario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Editorial Astrea, 8ª edición, 2002.

(21) En efecto, en las discusiones del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, se expuso lo siguiente: “Interpela el senador Hugo Serrano: “(…), el grave problema que tiene el sector eléctrico es que el sector privado no quiere participar en los desarrollos hídricos de la Nación, por muchos factores, en primer lugar, porque hay muchas agencias del Estado que tienen que ver con el sector eléctrico y, en segundo lugar, porque la legislación no permite o no facilita que el sector privado participe en los desarrollos, (…)”. Palabras del senador Carlos Martínez Simahán: (…) toda la empresa privada está dirigida, todo el capital privado está dirigido a las térmicas y de gas, porque tienen una capacidad de recuperación rápida y de construcción rápida, las hidroeléctricas se demoran cinco o siete años en construir, (…)”. “Palabras del senador Luis Guillermo Vélez: (…) Vamos, entonces, yo creo que no hay problema señor presidente que se modifique en cuanto a las existentes y sea simplemente motivo de estímulo para que se creen nuevas (…)”. Además se observa que incluso el propio legislador previó que su construcción requería aproximadamente de 4 o 5 años para poder entrar en funcionamiento y, aún así, estableció la exención por el solo hecho de la creación o establecimiento de la empresa con la única condición de que su objeto fuera exclusivo en la generación o comercialización de energía con base en el recurso hídrico y con una capacidad inferior a 25.000 kilovatios. Gaceta del Congreso Nº 472. 19 de diciembre de 1995, págs. 14 y 32.