Sentencia 2003-01310 de mayo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA “SUBSECCIÓN B”

Expediente: 37337

Radicación: 25002326000200301310 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: José Eliodoro Bulla Gómez y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

6.1. Conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue el único extremo del conflicto en apelar la decisión de primera instancia, este pronunciamiento se limitará en principio a abordar su contenido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(3) del Código de Procedimiento Civil, no obstante lo cual, no se puede perder de vista que dicha regla no es absoluta y admite ciertas excepciones derivadas, de una parte, de la lógica del recurrente en tanto el juzgador de segunda instancia conserva la facultad para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos en los argumentos que se esgriman en la impugnación respectiva o cuya mención resultare ilógica o innecesaria, y de otro lado, de diferentes cuerpos normativos que le impongan el deber de pronunciarse de oficio al respecto —normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo—(4), de manera que en el evento en que las especificaciones del presente asunto lo ameriten, se realizará el análisis respectivo de los puntos exceptivos que resulten pertinentes para adoptar la decisión que corresponda tal como se ha reconocido a nivel jurisprudencial por esta Corporación. En este sentido, la Sala Plena de la Sección señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(5), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(6), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)(7).

6.2. Asimismo, se debe aclarar que debido a que el señor Bulla Gómez se encontraba recluido en un establecimiento penitenciario y carcelario para el momento en que se adujo que se le causaron ciertas lesiones como daño objeto de la demanda, el presente asunto puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 25 de abril de 2013(8).

II. Los hechos probados

7. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. El 19 de julio de 1995, el señor José Eliodoro Bulla Gómez —quien para esa época se encontraba individualizado con otro nombre y número de identificación—(9) fue capturado debido a una pesquisa penal que se inició en su contra, la cual culminó en virtud de la sentencia del 22 de diciembre de 1999, proferida por el Juzgado de Descongestión Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, mediante la cual se le condenó a la pena privativa de la libertad de 60 años por la comisión de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas. Posteriormente, el 15 de agosto del 2000, mediante Resolución 215 de esa misma fecha, fue trasladado de la cárcel nacional La Modelo al establecimiento penitenciario y carcelario La Picota, en el cual se le recluyó en el patio 7 (original del oficio DRC-100-DR172 de abr. 26/2004, expedido por la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, referente a la situación jurídica del presidiario José Eliodoro Bulla Gómez, y copias auténticas de la tarjeta decadactilar del aludido recluso, del oficio 3943 de dic. 29/2003, expedido por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá, D.C., y del auto de jul. 11/2003, proferido por el Juzgado Quinto de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D.C.; fl. 55, cdno. 1; 7-10, cdno. pbas. 2; 336, cdno. pbas. 3).

7.2. El 23 de junio de 2001, en ejecución de un plan de escape masivo cuyo objetivo era permitir la fuga de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— que se encontraban privados de la libertad en la cárcel nacional La Picota, el cual era conocido por las autoridades penitenciarias correspondientes que a su vez dieron aviso del mismo a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, los internos de dicho centro penitenciario ubicaron contra un muro interno localizado entre las garitas 7 y 8 un artefacto explosivo que activaron aproximadamente a las 7:00 p.m., con lo que provocaron una apertura en dicha pared a través de la cual múltiples reclusos lograron salir al muro exterior de la prisión que al no tener mayores obstáculos, pudieron saltar para darse a la fuga, mientras que desde afuera, miembros del señalado grupo guerrillero dispararon al interior del reclusorio con el objeto de evitar que el intento de fuga fuese frustrado por los guardianes del mismo. Ante estas circunstancias, el personal de la prisión que se encontraba disponible reaccionó con el empleo de cierto armamento (copias auténticas de los oficios 356 a 363 y 365 de abr. 19/2001 sobre los planes de fuga de los que tenía conocimiento, expedidos por la Penitenciaría Central de Colombia La Picota y dirigidos a diferentes autoridades(10), del informe de novedad de jun. 24/2001, suscrito por el director de la penitenciaria aludida(11), del oficio de jun. 23/2001, suscritos por la subdirectora general y el comandante de vigilancia de la cárcel señalada; fls. 56-64, 65-68, cdno. 1).

7.2.1. Con ocasión de los sucesos descritos, 98 reclusos lograron escapar y alrededor de 22 presidiarios fueron recapturados, hechos en los que algunos resultaron heridos o muertos, así como se decomisaron varias armas. Entre los internos que volvieron a ser aprehendidos se adujo que se encontraba el señor José Eliodoro Bulla Gómez, quien fue detenido “EN LA GUAYANA EXTERNA, POR PERSONAL DE GUARDIA, CUANDO INTENTABA FUGARSE, EN EL QUE FUE VIOLENTADO EL MURO CON LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS” del centro penitenciario en comento y que en algún momento fue lesionado por un proyectil de arma de fuego en su zona pélvica y abdominal, motivo por el cual se le trasladó al hospital El Tunal ESE para que recibiera el tratamiento médico correspondiente (copias auténticas del informe de novedad de jun. 24/2001, suscrito por el director de la penitenciaria aludida, del oficio de jun. 23/2001, suscritos por la subdirectora general y el comandante de vigilancia de la cárcel señalada, de la lista de internos recapturados en la guayana externa, de la historia clínica llevada a cabo por el centro penitenciario aducido, y de la tarjeta decadactilar de señor José Eliodoro Bulla Gómez, de su historia clínica elaborada por el hospital El Tunal ESE, de la decisión de dic. 9/2005, adoptada por el despacho del viceprocurador General de la Nación; fls. 65-68, 71- 73, cdno. 1; 7-10, cdno. pbas. 2; 1-335, cdno. pbas. 3; 3-204, cdno. pbas. 5).

7.2.2. A pesar de que las autoridades del penal habían anunciado a la Policía Nacional y al Ejército Nacional que el intento de fuga podía ocurrir, y de que reaccionaron de manera ágil para responder al mismo logrando la reaprehensión de varios presos, la Procuraduría General de la Nación, al investigar la posible responsabilidad disciplinaria de los servidores correspondientes, encontró a partir de los medios probatorios respectivos que tales esfuerzos habían sido insuficientes para responder de manera adecuada a los planes de escape que eran de su conocimiento, y que no se adoptaron las medidas que resultaban pertinentes para propender por evitar que se presentara la fuga, a saber (i) reforzar los muros externos para evitar que los reclusos pudieran escapar con facilidad, habida cuenta de que la pared exterior no tenía obstáculos adicionales ni contaba con la altura necesaria para impedir que los reclusos, una vez superaran el muro interior, pudieran escapar de los linderos de la cárcel; (ii) evitar que los presidiarios pudieran movilizarse con libertad al interior del centro carcelario, de tal forma que se les hubiese dificultado llegar a la pared en donde se instaló la carga explosiva para luego escapar al extremo exterior de la cárcel, y (iii) controlar los elementos que se ingresaban al penal, de manera que no hubiese sido posible entrar el explosivo correspondiente. Con ocasión de las anteriores deficiencias en la prestación del servicio de seguridad pertinente, mediante providencia 9 de diciembre de 2005 proferida en única instancia, se sancionó disciplinariamente a varios servidores entre los que se encontraba el director del INPEC para ese tiempo. Al respecto, se consideró (copia auténtica de la decisión de dic. 9/2005, adoptada por el despacho del viceprocurador General de la Nación; fls. 3-204, cdno. pbas. 5):

El material probatorio que se allegó al diligenciamiento, permitió establecer procesalmente, como presupuesto fáctico de la imputación disciplinaria, que a las 7:15 de la noche del sábado 23 de junio de 2001, más de ciento treinta reclusos y definitivamente 98 de ellos, lograron evadirse de la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota”, valiéndose de la detonación de un artefacto explosivo que instalaron en el muro que circunda el pabellón de justicia ordinaria, entre las garitas siete y ocho de vigilancia, en la zona nororiental del penal.

Conforme se extracta de los informes técnicos de la Seccional de Policía Judicial —SIJIN Área Criminalística— (…), la carga explosiva estaba compuesta por 40 a 50 kilogramos de material detonante, el cual fue necesario para destruir el muro penal de 60 centímetros de espesor conformado por material de concreto y piedra (…).

La consecuencia de la utilización del medio explosivo estuvo dada por la creación de un orificio de aproximadamente 2 metros de ancho por 1.50 de alto y un cráter de 1 metro con 80 centímetros (…), por donde los reclusos iniciaron la fuga, para lo cual después de superar el muro del pabellón por dicho boquete, tuvieron que desplazarse hasta el siguiente muro, esto es, el perimetral del penal, el cual escalaron para acceder a la vía pública.

Según coinciden los informes (…) el atentado que facilitó la evasión estuvo apoyada a través de diferentes acciones, tales como (…) la percusión de proyectiles de arma de fuego efectuada por milicianos del grupo ilegal autodenominado “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” FARC, que se encontraban apostados en residencias aledañas a la parte oriental del penal, desde donde hostigaron la cárcel, la base militar que se encontraba ubicada al interior de ella (…).

Precisamente, conforme se anota en el referido informe del DAS, la actividad ilícita descrita hizo parte de las acciones dispuestas por los cabecillas del grupo rebelde en mención, cuyo propósito durante el año 2001, fue el de obtener la liberación por la fuerza de aquéllos reclusos cuya condición los colocaba por fuera de la posibilidad de ser canjeados (…).

El acaecimiento de un evento de fuga violento había sido previsto por abundante información de inteligencia que manejaban los servidores de distintos entes, INPEC, Policía y Ejército (…).

(…)// Lo primero que tiene que resaltarse es que sobre la penitenciaría se cernía desde el año 2000 múltiples amenazas de evasión, que involucraban, entre otros, a reclusos de la subversión, y que eran conocidas por la Dirección General del INPEC, la Dirección de la reclusión, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y el Ejército (…), noticias que a pesar de que en muchas casos aludían al empleo de la modalidad de túnel y cambiazo, también mencionaban el ingreso de explosivos y de armas de fuego al interior del penal y el probable apoyo bélico de milicianos desde el exterior, así como la destrucción de muros.

(…).

1.1.3.3.1. En lo que atañe al ámbito estructural, no obstante que el disciplinado manifestó que se habían invertido amplias sumas de dinero en el mejoramiento físico de la cárcel (…), la realidad del centro penitenciario distaba de cualquier posibilidad de proveer la adecuada protección tanto exterior como interior.

Se advierte así que la zona perimetral del penal que cubría una de las áreas de mayor vulnerabilidad de la cárcel, esto es, la nororiental, se encontraba en condiciones lamentables para poder brindar parámetros de seguridad, pues (…) el muro perimétrico no sólo no detentaba un tamaño adecuado, sino que tampoco poseía alambrado y elementos mínimos de protección, así como barreras adicionales que impidieran acceder al mismo, lo que hacía que quien lograra burlar el muro interno del pabellón de justicia ordinaria, fácilmente pudiese superar el obstáculo siguiente para salir definitivamente de los predios del penal, como en efecto ocurrió.

(…).

1.1.3.3.2 Idéntico reproche en el aspecto estructural se extiende a la valoración de la parte interior del penal, en la que se detectaron deficiencias en el pabellón de justicia ordinaria, puesto que se determinó probatoriamente, que los internos se desplazaban sin ningún control de un patio a otro valiéndose de las inconsistencias de la cárcel en este sentido.

Esta circunstancia, que admitida por los implicados (…) y sobre la que tampoco se habrían ejercido acciones directas, se confirma al analizar los libros de minuta de pabellones, en los que se dejaban constancias en cuanto a que utilizando los orificios que existían entre dichos lugares y en los techos, los internos deambulaban libremente por los patios, así como por la playa y talleres (…).

La relevancia de estas deficiencias no es poca, si se recuerda que precisamente aprovechándolas, fue que pudieron evadirse de la penitenciaría reclusos de los patios 1 al 6, tal como se consignó en los informes rendidos por el INPEC y la Policía Nacional (…).

1.1.3.3.3. Además del anterior análisis de las fallas de seguridad de tipo estructural, no pueden obviarse las que corresponden a la ausencia de gestiones idóneas para garantizar la inviolabilidad de la penitenciaría frente a la entrada de elementos prohibidos, puesto que de otra de las situaciones que beneficiaron el plan de fuga, se circunscribió a la no adopción de medidas que permitieran realizar un eficaz control sobre el ingreso de explosivos y armas de fuego a la misma.

(…).

La falla de seguridad en mención, quedó evidenciada plenamente el día de los hechos —23 de junio de 2001—, cuando se constató que efectivamente para la ejecución de la actividad irregular de fuga, se utilizó un artefacto explosivo de 40 a 50 kilogramos, que fue activado de adentro hacia fuera, es decir, que se encontraba al interior de la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota”, y adicionalmente se incautaron a los prófugos una escopeta calibre 16mm., una pistola 9mm.,dos granadas y un radio yahesu (…) denotándose en el mejor de los casos, el fracaso de los controles manuales que se hacían al respecto.

7.3. Como consecuencia de las lesiones que le fueron generadas en su pelvis y abdomen, el señor José Eliodoro Bulla Gómez estuvo hospitalizado en el hospital El Tunal ESE, lugar en el que se le practicaron varias cirugías para lograr su recuperación. Posteriormente, luego de que se le diera de alta, comenzó a presentar diferentes dolencias en su aparato urinario, en su cadera derecha y en la cicatriz de la herida, lo que conllevó a que se le tuviera que practicar tratamientos e intervenciones quirúrgicas adicionales para mejorar la sintomatología correspondiente. De esta manera, se precisó —en un dictamen pericial debidamente practicado en segunda instancia— (copias auténticas de la certificación médica de jul. 26/2004, expedida por la Sección de Sanidad de la Penitenciaría Central de Colombia La Picota(12), del oficio 113-EPCPIC-429 de sep. 21/2004, suscrito por el director del centro carcelario aludido(13), de la historia clínica elaborada por el hospital El Tunal ESE(14) y de la historia clínica elaborada por el hospital La Victoria ESE para el año 2007, e informe pericial sobre determinación de estado de salud en persona privada de la libertad de jun. 30/2010, efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en segunda instancia —al cual se le imprimió el trámite legal respectivo—; fls. 11, 12, 16, 17, cdno. pbas. 2; 1-333, cdno. pbas. 3; 226-283, 375-378, cdno. ppal.):

Discusión y conclusión

En el contexto de la información aportada y los hallazgos al examen físico se establece: se trata de un paciente de 52 años, quien sufrió herida por proyectil de arma de fuego en el año 2001, trauma requirió manejo quirúrgico (laparotomía), posterior al procedimiento quirúrgico presentó eventración que requirió manejo quirúrgico en dos oportunidades (según historia clínica anexada), como complicación post-quirúrgica se ha observado la presencia de granuloma a cuerpo extraño que ha requerido manejo quirúrgico y curaciones con respuesta inadecuada por persistencia de secreción serohemática en zonas de cicatriz. Según historia clínica al paciente se le diagnóstico artrosis de cadera derecha que requiere de manejo quirúrgico.

7.3.1. El 9 de diciembre de 2005, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C., y Cundinamarca, a partir de (i) la historia clínica completa del señor José Eliodoro Bulla Gómez efectuada por el hospital El Tunal ESE; (ii) el diagnóstico motivo de la calificación consistente en “Secuelas H.P.A.F.//Eventración-Alteración genito-urinaria-alteración función M.I.D.”, y (iii) los exámenes médicos que fueron realizados y aportados para su análisis —especialmente, los de Rx de pelvis portátil y gammagrafía ósea realizados el 24 y el 27 de julio de 2004—, encontró que aquél sufrió una pérdida de capacidad laboral parcial permanente del 45,87% (original del dictamen de dic. 9/20905(sic), rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C., y Cundinamarca; fl. 100-102, cdno. pbas. 2).

7.3.2. Asimismo, en complementación del dictamen pericial practicado en segunda instancia y citado con anterioridad, y en conexión con las lesiones con fundamento en las cuales se estableció la pérdida de capacidad laboral aducida, se determinó que tales secuelas sufridas por el señor José Eliodoro Bulla Gómez se derivaron del impacto del proyectil que soportó en el año 2001, en los siguientes términos:

En el contexto de la información aportada y los hallazgos al examen físico realizado en junio 2010, se establece: se trata de un paciente de 44 años para el momento de los hechos (23/06/2001) quien recibió herida por proyectil de arma de fuego en región pélvica presentando fractura conminuta de rama isquipúbica (sic) de pelvis, trauma abdominal con presencia de hemoperitoneo, lesión de arteria hipogástrica y en ileon (sic), por lo cual se realizó laparotomía exploratoria, con drenaje de hemoperitoneo, ligadura de arteria y resección y anastomosis. Como complicación postoperatoria presentó estrechez uretral que requirió cistostomía, ha requerido en dos oportunidades realizar eventrorrafía con malla (última 19/05/2008). En valoración realizada en Hospital La Victoria se diagnosticó artrosis de cadera derecha y se recomendó realizar reemplazo total de cadera derecha. Por lo anteriormente registrado se establece como mecanismo causal: proyectil de arma de fuego, incapacidad médico legal definitiva de cincuenta (50) días y como secuelas médico legales: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter transitorio, perturbación funcional del órgano de la excreción urinaria de carácter transitorio, perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente.

7.4. Para la época de ocurrencia de los sucesos en los que el recluso José Eliodoro Bulla Gómez fue herido, no desarrollaba labor o trabajo alguno al interior del centro carcelario correspondiente, por cuanto el INPEC determinó que no efectuaba “ninguna de las actividades aptas para redención de penas de esta penitenciaría” (original de la constancia del oficio 113-RP-EPC-PIC-394 de ago. 19/2004, expedido por la Dirección del establecimiento penitenciario y carcelario La Picota; fl. 14, cdno. pbas. 2).

III. Problema jurídico

8. Con observancia de la causa petendi y el petitum de la demanda, de la aducida existencia de una causa extraña con fundamento en la cual el Tribunal a quo entendió como no configurada la responsabilidad estatal de la entidad demandada, y de los argumentos expuestos por los accionantes en su recurso de apelación, consistentes en las múltiples fallas del servicio en que habría incurrido aquélla, así como en la obligación que tenía de mantener al señor José Eliodoro Bulla Gómez en las mismas condiciones de salud que ostentaba para el momento de su ingreso al reclusorio, la Sala debe determinar si la lesión física soportada por éste, en el marco de una fuga masiva de reclusos en la cual se explotó uno de sus muros internos y se inició un ataque armado por parte de miembros de las FARC que conllevó a que los servidores disponibles del centro penitenciario emplearan a su vez las armas que tenían a su disposición, le es imputable al INPEC o, si por el contrario, el hecho de que se adujera que aquél recluso fue recapturado en la zona perimetral externa de la cárcel cercana al muro en que se realizó la apertura por la que se escaparon varios reos, al intentar fugarse, se constituye en un hecho exclusivo o concurrente de la víctima que tenga la potencialidad de absolver a dicha entidad de las pretensiones indemnizatorias respectivas, o de reducir la indemnización que resulte procedente de verificarse la configuración del deber de indemnizar.

8.1. Para efectos de adelantar el anterior estudio, primeramente se realizará un pronunciamiento breve sobre la identidad del demandante Bulla Gómez y la excepción formulada por la parte demandada consistente en la falta de legitimación en la causa por activa de los integrantes del extremo activo de la litis —aspecto que pese a que no sea mencionado en el recurso de apelación, puede ser abordado de oficio por la Sala en tanto el juzgador de segunda instancia se encuentra encargado de verificar la legalidad del fallo apelado; ver párrafo 6.1 y notas 2 y 3—, para luego analizar las circunstancias del caso concreto a luz de los criterios de imputabilidad existentes en materia de lesión o muerte de reclusos y finalmente, verificar si se encuentra acreditada la vulneración a la dignidad humana invocada en la demanda por la carencia de los tratamiento médicos que requería el accionante.

IV. Análisis de la Sala

9. En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(15). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(16) (17).

9.1. Cabe destacar igualmente que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio(18). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

9.2. En el sub lite, la parte pasiva de la litis aseveró que, debido a los múltiples nombres con los que se identificaba al reo que fue lesionado en los hechos acaecidos el 23 de junio de 2001 cuyas heridas y consecuentes afectaciones a la salud se constituirían en el objeto de la demanda, no se había acreditado adecuadamente que éste y el demandante José Eliodoro Bulla Gómez fuesen la misma persona, por lo que evidentemente no se encontraba acreditado su interés sustancial en las resultas de este proceso y por consiguiente, tampoco el de sus familiares y allegados al elevar a su favor las pretensiones indemnizatorias correspondientes.

9.3. Al respecto, se advierte que le asistió razón al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca al descartar la configuración de la señalada falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, habida cuenta de que no sólo el INPEC no demostró el fundamento fáctico de su solicitud en ese sentido, sino que por el contrario, se probó que durante el tiempo en que sucedieron los hechos de fuga acreditados, quien se individualizaba como Jairo Enrique Bernal Garzón, portador de la cédula de ciudadanía 3.179.150 de Sibaté, Cundinamarca, fue herido por un proyectil de arma de fuego en la zona pélvica y trasladado al hospital El Tunal para que recibiera la atención médica respectiva, y posteriormente, mediante el cotejo de sus huellas, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad aclaró que su identidad correspondía a la del señor José Eliodoro Bulla Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía 11.380.025 de Fusagasugá, Cundinamarca, datos que corresponden a los que individualizan al accionante aludido en el presente asunto, y de lo que se sigue éste fue aquél presidiario que resultó lesionado a partir de las circunstancias de fuga descritas —ver párrafos 7.1 a 7.3.2 y nota 8—.

9.4. Con observancia de lo expuesto, para la Sala, al igual que lo señaló el juzgador de primera instancia, es evidente que José Eliodoro Bulla Gómez y sus familiares se encuentran legitimados para solicitar judicialmente que se condene al INPEC por las indemnizaciones correspondientes que se puedan derivar de las heridas que aquél soportó mientras estaba recluido en la cárcel La Picota, motivo por el cual se procederá a realizar el juicio de responsabilidad patrimonial que le pueda llegar a caber a dicha entidad estatal y por ende, a verificar la existencia de los elementos que conforman dicha obligación indemnizatoria.

10. Se encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en las lesiones que sufrió el señor José Eliodoro Bulla Gómez producidas por un proyectil de arma de fuego, las cuales le fueron causadas el 23 de junio de 2001 en el marco de una fuga masiva de reclusos de la Penitenciaría Central de Colombia La Picota y que a la postre, le han generado diferentes afectaciones a su estado de salud —ver párrafos 8.4 y 8.5, y notas 7 a 11—.

11. En cuanto a la imputabilidad de los daños señalados a la administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(19).

11.1. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

11.2. En el sub judice, para efectos de la imputabilidad del daño a la parte demandada, se tendrá en cuenta tanto la relación especial de sujeción que surge entre el Estado y el recluso(20), comoquiera que por razón del encarcelamiento, los presos no están en capacidad plena de repeler por sí mismos los detrimentos que provengan de agentes estatales, de otros reclusos o de terceros(21), como la falla del servicio en que incurrió el Inpec, entendida como el incumplimiento al contenido obligacional que le había sido asignado por la ley(22), como pasa a exponerse.

11.3. En cuanto al primer criterio de imputación aludido y teniendo en cuenta que la parte actora adujo que al haber entrado el señor Bulla Gómez al centro carcelario correspondiente en óptimas condiciones, debía salir en igual forma, lo que ya no acaecerá debido a las lesiones que se le produjeron al interior del mismo, la Sala se permite precisar que bajo la égida de fundamentos de imputación de carácter objetivo, como lo es el de la especial relación de sujeción, se requiere que se encuentre acreditado que la conducta del Estado en el desarrollo de ese vínculo se configura en la causa adecuada(23) del daño demandado, de manera que el mismo le pueda ser imputado.

11.4. De esta manera, con fundamento en esa relación especial de sujeción, al Estado se le pueden atribuir los daños soportados por presidiarios que no sean directa y materialmente causados por sus funcionarios, como sucede cuando un preso ocasiona la muerte a otro, lo que encuentra sustento en que el órgano estatal tiene el deber de proteger al recluso contra actos que pudieran poner en riesgo su vida o su integridad personal, sin encontrarse aquél en la obligación de soportar una afectación a dichos bienes jurídicos tutelados por la ley por la mera circunstancia de encontrarse detenido(24),siempre y cuando la situación negativa que se pretenden atribuir provenga de ese vínculo que se genera entre el Estado y el recluso.

11.5. Lo anterior tiene completo sentido desde la perspectiva de la causalidad adecuada puesto que, el aparato estatal, al ser consciente de que deja sin protección por sus propios medios a todas las personas que priva de la libertad, y de que al recluirlas en un mismo sitio las somete al riesgo de que en el centro de reclusión correspondiente sean dañadas por sus mismos compañeros de cárcel o por un sujeto ajeno a la institución, conlleva a que en la mayoría de los casos esos comportamientos provenientes de ese tercero en específico le sean completamente previsibles y por lo tanto, resistibles, de manera que si se concretan en un daño, no puede invocar el hecho del tercero como como causa extraña(25) y debe generarse su responsabilidad patrimonial.

11.6. Ahora bien, con observancia de lo expuesto, se debe tener en cuenta que en el caso concreto se acreditó que las heridas causadas al señor Bulla Gómez le fueron generadas por un proyectil de arma de fuego al interior de las instalaciones de la Penitenciaría Central de Colombia La Picota, durante el desarrollo de una fuga masiva de reclusos en la que varios reos que pretendían escapar portaban armas de fuego, así como en la que se presentó un enfrentamiento armado entre los guardianes del centro carcelario aducido y miembros de las FARC, los cuales se habían ubicado al exterior del mismo y disparaban hacia su interior para evitar que se frustrara el escape de quienes habían hecho parte de sus filas —ver párrafos 7.2 a 7.2.2—, por lo que si bien es cierto que la parte demandante no probó quién causó directamente el daño objeto de la demanda, el cual dado el contexto indicado, pudo ser originado tanto por un funcionario estatal, por otro recluso o por un guerrillero, también es verdadero que ello no es relevante para su imputación a la entidad demandada, puesto que resulta evidente que se produjo en el marco de la relación especial de sujeción que surgió entre el Estado y el accionante señalado en el que éste no se encontraba provisto de los medios propios para procurar su defensa ante el riesgo de ser lesionado en esas circunstancias y por consiguiente, es claro que jurídicamente es viable su atribución a aquélla.

11.7. En efecto, no escapa a la Sala que lo anterior sería suficiente para que el menoscabo aludido le resultara imputable al extremo pasivo de la litis sin entrar a analizar incumplimiento alguno en su contenido obligacional, dado que es el órgano encargado de dirigir, administrar, sostener y vigilar los establecimientos de reclusión del orden nacional(26), como lo es la Penitenciaría Central de Colombia La Picota, de modo que le correspondería responder en forma objetiva de los detrimentos soportados por el demandante a raíz del impacto de la bala que provino de alguno de los sujetos aducidos.

11.8. Sin perjuicio de lo anterior, en los hechos del 23 de junio de 2001 en la cárcel “La Picota”, la entidad demandada incurrió en una falla del servicio de vigilancia, control y custodia que en forma adecuada posibilitó que se iniciara la contienda entre la guardia del reclusorio, los integrantes de las FARC, y el uso de armas por parte de algunos presidiarios que trataban de huir, marco en el cual alguno de ellos hirió físicamente al demandante con un proyectil de arma de fuego.

11.9. Ciertamente, está probado que algunos reclusos no sólo pudieron ingresar y tener en su poder armas de fuego que a la postre emplearon para intentar su escape, sino que también entraron a las instalaciones de la cárcel un aparato explosivo lo suficientemente potente para hacer un orificio en el muro interno respectivo por el cual salieron a la parte externa de la cárcel para saltar el muro exterior y poder darse a la fuga, momento en el que los miembros de las FARC comenzaron a disparar hacia el interior de las instalaciones de la prisión para distraer a los guardias y evitar que impidieran la salida de sus militantes.

11.10. Debido a lo señalado, así como lo concluyó la Procuraduría General de la Nación en sede disciplinaria —ver párrafo 7.2.2—, es evidente que el INPEC incumplió con sus aducidos deberes de vigilancia, control y seguridad en contravía de los dispuesto por los artículos 44(27) de la Ley 65 de 1993 y 41(28) del Decreto 1890 de 1999 —que rige los hechos materia de la litis—, con lo que permitió que se generara un estado de caos en el que le era completamente previsible que se iniciara un combate armado en el que varios reclusos podían salir lesionados o muertos —tal como ocurrió; ver párrafo 7.2.1—, máxime cuando era consciente de que existía un plan de escape en el que participaba dicho grupo armado al margen de la ley —ver párrafo 7.2, 7.2.2 y nota 9—, por lo que tal falla del servicio se constituyó en la causa adecuada del menoscabo sufrido por el señor Bulla Gómez y por consiguiente, debe surgir su responsabilidad al respecto.

11.11. Ahora bien, la Sala se aparta de la conclusión sobre la existencia de la causa extraña consistente en el hecho exclusivo de la víctima a la que arribó el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, habida cuenta de que contrario a lo considerado por dicha autoridad, la misma no se encuentra debidamente acreditada en el presente asunto y por consiguiente, no hay óbice alguno para que en el sub judice surja el deber indemnizatorio del Estado.

11.12. Se debe tener en cuenta que el juzgador a quo, con fundamento únicamente en las anotaciones efectuadas por el INPEC en relación con que el señor José Eliodoro Bulla Gómez fue recapturado en la guayana externa de la cárcel —no se allegaron al plenario la investigación penal correspondiente o la condena que se le pudo haber impuesto al accionante aludido al tratar de escaparse de la prisión—, consideró que la víctima intentó evadirse del centro penitenciario correspondiente y que por ende, en forma exclusiva, irresistible, imprevisible y adecuada causó el detrimento que soportó —requisitos que como se mencionó, debe contener toda causa extraña para efectos de liberar al aparato estatal de las pretensiones indemnizatorias de los demandantes; ver nota 25—, habida cuenta de que con ello se expuso indebidamente a ser impactado con el proyectil del arma de fuego pertinente.

11.13. Al respecto, a pesar de que parece difícil otorgar completa credibilidad a la versión de los hechos que se desprende del registro efectuado por la misma entidad demandada en los documentos correspondientes, únicos elementos probatorios a partir de los que se podría inferir que el demandante en comento trató de huir del penal y que por consiguiente, permitiría calificar su conducta como ilícita o reprochable e incluso, que pudo haberle llegado a generar consecuencias de índole penal(29), lo cierto es que en cualquier caso, de colegirse como cierta dicha hipótesis, no permitiría considerar su conducta como la causa adecuada y mucho menos exclusiva del daño que sufrió o en otras palabras, que tuviera algún tipo de incidencia en su producción, por cuanto a partir de los hechos que se encuentran debidamente probados y de la ausencia de certeza sobre las circunstancias específicas en que se originó tal lesión, no se puede afirmar que fue por escaparse de la cárcel que la misma le fue infligida.

11.14. En efecto, habida cuenta de que el ataque realizado al centro carcelario por parte de miembros de la guerrilla se dio en toda su periferia con excepción de su entrada principal, y en consideración a que no se sabe el momento y la parte de aquél en que el señor Bulla Gómez fue alcanzado por la bala respectiva —ver nota 10—, no es posible afirmar que el hecho de que éste hubiera intentado escapar de la prisión hubiese sido determinante o siquiera una condición sine qua non del daño que padeció, por lo que tampoco podría señalarse que fue su fuente adecuada —lo que como se observó, se exige para que jurídicamente se pueda dar por conformado el hecho de la víctima—, comoquiera que dicha herida le pudo haber sido generada incluso a pesar de que no hubiese intentado huir, en tanto los disparos accionados por los integrantes de las FARC provenían desde todas las direcciones y hacia todo el perímetro de la cárcel, ataque armado que en cualquier caso inició debido a que los internos pudieron ingresar la carga explosiva pertinente y hacer la apertura correspondiente en uno de los muros del penal.

11.15. De esta manera, no se concuerda con la inferencia sin cimiento alguno que efectuó el Tribunal de primera instancia al aducir que fue porque la víctima estaba tratando de escapar que recibió el impacto de proyectil correspondiente, toda vez que por el contrario, está debidamente probado que los miembros de las FARC dispararon de manera indiscriminada al interior del centro penitenciario La Picota para distraer a los guardias y permitir el escape de los reclusos que habían sido parte de dicho grupo armado al margen de la ley, por lo que no es viable aseverar que ese intento de fuga hubiese sido causa adecuada del daño y por lo tanto, no tiene la potencialidad de constituirse en un hecho exclusivo o concurrente de la víctima en su producción que exonerara de toda responsabilidad o permitiera reducir el monto de la condena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2357(30) del Código Civil, respectivamente, máxime cuando el Estado estaba obligado a garantizar su seguridad y contrario a ello, en forma inadecuada y negligente permitió que se generaran las circunstancias necesarias para que se originara un intercambio de disparos a partir del cual resultó lesionado.

11.16. Por su parte, tal como se precisó —ver párrafo 11.5—, en el presente asunto no es posible que se configure la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero —como tampoco la respectiva concausalidad—(31) debido a que es irrelevante que la lesión del señor Bulla Gómez hubiera podido ser producida por otro presidiario o por un miembro de las FARC, habida cuenta de que con fundamento en la relación de sujeción especial que existe entre los reclusos y el Estado, éste se encuentra obligado a responder por la totalidad de la protección de aquellos.

12. En consecuencia, al encontrase acreditada la causación del daño antijurídico consistente en la lesión física soportada por el señor José Eliodoro Bulla Gómez y la posibilidad de su imputación a la parte demandada, es indudable la configuración de su responsabilidad patrimonial y extracontractual, razón por la cual se procederá a estudiar el reconocimiento y liquidación de los perjuicios derivados de dicho daño a favor de la parte demandante.

13. Finalmente, se debe traer a colación que en el libelo introductorio se manifestó que el órgano integrante del extremo pasivo de la contienda judicial había negado o dilatado indebidamente la prestación del servicio de salud al recluso Bulla Gómez, con lo que habría vulnerado su derecho a ser tratado de manera acorde a su dignidad humana, violación de ese derecho constitucional y convencionalmente protegido que se podría considerar como un daño distinto y autónomo a la lesión que se le produjo por el proyectil del arma de fuego que como se advirtió, resulta imputable al INPEC.

13.1. Se ha señalado que la vulneración a derechos constitucional y convencionalmente protegidos, como lo es la dignidad humana(32) inherente a todas las personas, incluso a aquellas que se encuentran privadas de la libertad —de tal forma que expresamente se ha advertido que no pueden ser sometidos a tratos inhumanos y crueles—(33), consiste desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado en un detrimento inmaterial relevante, el cual es autónomo de los demás perjuicios integrantes de las diferentes tipologías de daño, y cuya reparación puede concederse a pesar de que no se presente una petición de parte al respecto, resarcimiento que radica inicialmente en la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima correspondiente y sus familiares más cercanos pero, en caso de que se entienda de que con las mismas no se repara integralmente al lesionado directo de la vulneración, es posible que se reconozca una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de éste(34).

13.2. Al respecto, la Sala advierte que los integrantes de la parte demandante no acreditaron la violación del derecho aducido debido a la falta o a la indebida dilación de prestación del servicio médico, lo que les correspondía de acuerdo con lo señalado por el artículo 177(35) del Código de Procedimiento Civil y en sentido opuesto, se allegaron las historias clínicas respectivas en las cuales se evidenciaron los tratamientos a los que se le sometió tanto al interior del centro penitenciario como en el hospital La Victoria ESE, motivo por el cual no se concederá reparación alguna por dicho concepto.

V. Liquidación de perjuicios

14. En el libelo introductorio se solicitó la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y “fisiológicos” a favor del señor José Eliodoro Bulla Gómez, y morales a favor de todos los demandantes, con ocasión de las lesiones físicas que aquél soportó durante la fuga masiva de reclusos de la Penitenciaría Central de Colombia La Picota el 23 de junio del 2001, las cuales se demostró en el plenario que le produjeron una disminución de su capacidad laboral del 45,87% —ver párrafos 7.3 y 7.3.1—.

15. Respecto de los perjuicios morales, se pidió en beneficio del señor José Eliodoro Bulla Gómez, el reconocimiento de la suma equivalente a 500 smmlv, a favor de Maritza Rubiano Sierra el equivalente a 500 smmlv, y a favor de Maritzabel Bulla Rubiano, Samir Bulla Rubiano, y Leonor Bulla Gómez, las sumas equivalentes a 250 smmlv y 150 smmlv, correlativamente.

15.1. Al respecto, se debe tener en cuenta que en los eventos de lesiones o afecciones corporales, los cuales también son fuente de reconocimiento de reparaciones pecuniarias, tanto para las personas afectadas directamente con ellas como para sus parientes o familiares más cercanos, la cuantificación del perjuicio deberá hacerse en consideración a las condiciones en que se produjo la lesión, su mayor o menor gravedad(36), y procurando dar aplicación del principio de igualdad(37).

15.2. Para preservar dichos criterios y especialmente para garantizar el principio de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de una lesión corporal, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

Gráfico 2
Reparación del daño moral en caso de lesiones
      
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior al 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior al 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior al 30%402014106
Igual o superior al 10% e inferior al 20%2010753
Igual o superior al 1% e inferior al 10%1053,52,51,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%(38).

15.3. De conformidad con lo señalado, y con observancia de que en el caso concreto está probado que el señor José Eliodoro Bulla Gómez sufrió una pérdida de capacidad laboral del 45,87% con ocasión de las lesiones que recibió, y de que es padre de Maritzabel Bulla Rubiano y Samir Bulla Rubiano (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento respectivos; fl. 96, 97, cdno. 1), y hermano de Leonor Bulla Gómez (copia auténtica del registro civil de nacimiento pertinente; fl. 5, cdno. pbas. 2), se reconocerá a favor del primero de los accionantes enunciados y a sus dos hijos el equivalente a 80 smmlv, para cada uno, y la suma equivalente a 40 smmlv, para su hermana.

15.4. Ahora bien, en consideración a que en el plenario no obra prueba alguna sobre la relación de compañeros permanentes entre José Eliodoro Bulla Gómez y Maritza Rubiano Sierra(39), no es posible reconocer a favor de ésta el resarcimiento del perjuicio moral solicitado como si ostentara la calidad de compañera permanente.

15.5. Sin perjuicio de lo anterior, al encontrarse demostrado que es la madre de los dos hijos de José Eliodoro Bulla Gómez, se le tendrá como tercera damnificada, puesto que si bien tal circunstancia no permite inferir la existencia de la conexión de hecho u amorosa señalada con anterioridad, sí le posibilita a la Sala deducir que sufrió una afectación moral por la cercanía y el afecto que debía tener por el aludido demandante, quien fue herido injustamente, como consecuencia de la crianza que seguramente llevaron a cabo en común, lesión a sus sentimientos en virtud de la cual se le reconocerá la reparación patrimonial equivalente a 12 smmlv. Al respecto, esta Subsección ha señalado:

No obstante lo anterior, considera la Sala que mediante las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Diana Carolina Blanco Pardo y David Alexander Blanco Pardo (fl. 20-21, cdno. pbas.), en las cuales aparece junto con Germán Alberto Blanco Arroyabe como padres de aquellos, se puede inferir que la señora Pardo Mendoza mantenía lazos de afecto y cercanía con el privado de la libertad y en consecuencia, será tenida como damnificada por el daño por el cual demanda(40).(41).

16. En relación con la petición de la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor José Eliodoro Bulla Gómez, se pidió la suma de $ 850.000.000 por los ingresos que dejó de percibir por no poder seguir trabajando al interior de la cárcel.

16.1. Al respecto, conviene destacar que así como lo adujo la parte demandada, el extremo activo del litigio no sólo no acreditó que recibiera algún salario al interior del centro de reclusión respectivo, lo que parece poco probable en tanto el desarrollo de labores al interior de las cárceles no conlleva automáticamente a recibir un emolumento sino la redención de la pena privativa de la libertad(42), y por el contrario se probó que para el momento de ocurrencia del daño el señor Bulla Gómez no desempeñaba ese tipo de actividades —ver párrafo 7.4—. Sin perjuicio de lo anterior, podría creerse que el demandante en comento sería merecedor del reconocimiento pecuniario pertinente que se desprendería por el hecho de ingresar a trabajar con su capacidad laboral disminuida, luego de cumplir con la pena privativa de la libertad que se le impuso.

16.2. Sobre el aspecto señalado, cabe precisar que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que en los casos de que se trate de un detenido en virtud de una medida preventiva, es posible reconocer la indemnización del lucro cesante sin limitación alguna, por cuanto el hecho de estar privado de la libertad preventivamente no es suficiente para considerar a la persona privada de su libertad como si tuviera una restricción en su productividad económica(43).

16.3. Lo anterior no se equipara a la situación de las personas que se encuentran recluidas en cumplimiento de una condena impuesta por autoridad judicial competente —no simplemente sindicadas—, como sucede en el caso concreto, en el que el señor Bulla Gómez fue condenado a la pena de prisión de 60 años en virtud de la sentencia del 22 de diciembre de 1999, la cual habría empezado a cumplir desde el momento que fue capturado el 19 de julio de 1995 —ver párrafo 7.1—, por cuanto es dable concluir que durante el tiempo en que se ejecuta la pena privativa de la libertad, al penado no le es factible realizar una actividad de la cual se derive a su favor un ingreso económico, a menos de que pruebe lo contrario —lo que como ya se precisó no ocurrió en el sub judice; ver párrafo 16.1—.

16.4. Es así como la Sala considera imperativo hacer manifiesta la diferenciación de las consecuencias lógicas que implica el hecho de que una persona se encuentre privada de la libertad al habérsele imputado la trasgresión de un bien jurídico tutelado por la ley penal en el juicio correspondiente, por la autoridad competente y de conformidad con las formas legales pertinentes, en relación con el reconocimiento que pueda efectuarse del lucro cesante en el juicio de reparación directa respectivo que se derive de la existencia de un daño consistente en la muerte o la aminoración de la capacidad laboral del reo, toda vez que es inviable aseverar que a priori, sus familiares o la víctima directa del daño se encuentren imposibilitados para ser resarcidos a título del perjuicio en mención.

16.5. De esta manera, se advierte que resulta razonable inferir, por un lado, que el recluso usualmente no tiene los medios para realizar una actividad que le repute un beneficio monetario o económico mientras se encuentre cumpliendo la pena señalada y, por el otro, que no estará privado de la libertad durante toda su vida, para lo cual se debe tener en cuenta que la pena de prisión perpetua se encuentra proscrita del ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con lo consagrado por el artículo 34(44) de la Constitución Política.

16.6. Con fundamento en lo expuesto, es claro que la reclusión legalmente impuesta por condena judicial tiene un carácter temporal y no permanente, lo que le permite a la Sala concluir que de presentarse las condiciones adicionales necesarias para que se entienda configurada la existencia del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, ora por la muerte del presidiario, ora por su pérdida de capacidad laboral, resulta factible reconocer la indemnización respectiva, la cual deberá liquidarse desde el momento en que regularmente se tarda una persona promedio para conseguir empleo, claramente después de que se prevea que recobrara su libertad, con observancia de las pruebas que obren en el proceso y bajo los parámetros que en estos casos han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación. Con la anterior postura se reitera un criterio adoptado por esta Sección con anterioridad, momento en el que se adujo:

El día 14 de septiembre de 1993, el señor JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ OROZCO fue agredido por otro recluso con arma cortopunzante, que le produjo heridas que al final le dejaron secuelas definitivas del 15% en su capacidad laboral (limitación leve de la deambulación), según la experticia rendida por el médico laboral de la Dirección Regional del Cesar, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. (…).

Perjuicios materiales

Si bien es cierto que la víctima para el día de los hechos estaba privado de la libertad, no lo es menos que el fin de la pena impuesta consiste en proporcionar una terapia al condenado para resocializarlo y entregárselo a la sociedad con todos sus derechos. Posteriormente al cumplimiento a su condena, tiene derecho a ejercer un trabajo digno (C.N., art. 24).

En el sub judice, una vez puesto en libertad el demandante no puede ejercer su capacidad laboral a plenitud, puesto que, a consecuencia de una falla del servicio, se disminuyó esa capacidad en un 15%, y en esa proporción será indemnizado (…)(45).

16.7. Ahora bien, la Sala observa que en el sub lite no se podrá hacer reconocimiento alguno por la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que afirmó el señor Bulla Gómez que habría sufrido, habida cuenta de que por una parte, no probó que encontrándose al interior de la cárcel La Picota hubiese percibido un ingreso derivado del despliegue de su capacidad productiva, lo que como se aseveró, debe ser acreditado, y de otro lado, en consideración a que estaba condenado a cumplir una pena privativa de su libertad, sólo se podría colegir que comenzaría a recibir un salario por el uso de dicha capacidad que se vio afectada después del cumplimiento de esa pena de prisión, la cual no se puede perder de vista que excede el tiempo de su expectativa de vida, por lo que resulta inviable ubicarse en una situación futura en la cual el reo en comento requiera emplear su fuerza de trabajo para percibir un ingreso y así, aducir que el mismo se habría visto afectado de mayor dificultad de consecución, por el sufrimiento de la lesiones que le causaron la pérdida de capacidad laboral señalada.

16.8. En cuanto al último aspecto señalado, se debe tener en cuenta que para el momento de sufrir el impacto de bala respectivo, el señor José Eliodoro Bulla Gómez tenía 43 años de edad (nació en sep. 17/57 según la copia auténtica de su registro civil de nacimiento; fl. 2, cdno. pbas. 2) y había cumplido 5 años y 11 meses de los 60 años de prisión a los que estaba condenado —ver párrafo 7.1—, de manera que su expectativa de vida para ese momento era de 33,99 años adicionales de conformidad con la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, y le restaba por cumplir 55 años y un mes de cárcel, por lo que es evidente que no es posible reconocer indemnización alguna a su favor por el lucro cesante que habría dejado de percibir por la disminución de capacidad productiva.

17. Por último, en cuanto a la petición de la demanda consistente en la indemnización de los perjuicios fisiológicos a favor del señor Bulla Gómez, por el monto de $ 20 000 000, resulta diáfano que la indemnización que se pide versa sobre el daño a la salud que se le causó, en relación con el cual la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación adoptó el criterio según el cual, cuando los daños relacionados con el goce de la vida provienen de una alteración de la salud del sujeto, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico, o al daño a la vida de relación, o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a la señalada nueva tipología de perjuicio, cuya indemnización debe tasarse con base en la aplicación de criterios objetivos(46).

17.1. En esa oportunidad, se sostuvo que el mencionado daño tiene dos componentes: “i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”(47).

17.2. Ahora bien, sobre la forma en la que debe ser tasado el daño a la salud, mediante providencia del 28 de agosto de 2014(48), la Sala Plena de la Sección Tercera estableció lo siguiente:

Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado(49).

Lo anterior, en ejercicio del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para tal efecto se utilizarán —a modo de parangón— los siguientes parámetros o baremos:

Gravedad de la lesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 MMLV

17.3. Para el caso concreto, teniendo en cuenta que como consecuencia del disparo el demandante perdió el 45,87% de su capacidad laboral en forma permanente, habría lugar a condenar a la entidad demandada a pagar a su favor el equivalente a 80 smmlv por el concepto en estudio —$ 55.156.400, actualmente—.

17.4. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a que dicha suma supera el monto expreso en que se solicitó la reparación de ese detrimento, es decir, los $ 20 000 000 que actualizados desde la fecha de presentación de la demanda hasta el momento en que se adopta esta decisión, corresponden a $ 34.848.606,11(50), sólo se puede conceder esta cifra, en tanto condenar a la entidad demandada por aquélla suma equivalente a 80 smmlv implicaría la vulneración del principio de congruencia(51) que rige la actividad judicial, en tanto se proferiría una indemnización por un valor que excede lo solicitado manifiestamente o en otros términos, una sentencia extra petita.

VI. Costas

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 26 de marzo de 2009, y, en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante, con ocasión de la lesión sufrida por el señor José Eliodoro Bulla Gómez en hechos ocurridos el 23 de junio de 2001.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, al pago de las siguientes indemnizaciones:

A favor de José Eliodoro Bulla Gómez, Maritzabel Bulla Rubiano y Samir Bulla Rubiano, la suma equivalente a 80 smlmv a cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Leonor Bulla Gómez, la suma equivalente a 40 smmlv, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Maritza Rubiano Sierra, la suma equivalente a 12 smmlv, por concepto de perjuicios morales.

A favor de José Eliodoro Bulla Gómez, la suma de treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos seis pesos y once centavos ($ 34.848.606,11 m/cte.).

3. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

8. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 En la demanda se estimó el valor de la mayor pretensión que fija la cuantía del proceso de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1º y 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, antes de su reforma por la Ley 1395 de 2010, en la suma de $ 850.000.000, por concepto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que se le produjo al señor José Eliodoro Bulla Gómez. Con observancia de lo anterior, y de que el recurso de apelación se interpuso el 14 de abril de 2009, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2003 fuese de doble instancia ante esta Corporación, su cuantía debía superar los 500 smmlv considerados para esa época equivalentes al monto de $166 000 000, umbral que como se observa, es sobrepasado en el caso concreto.

3 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sobre el alcance de la competencia del juez en segunda instancia frente a la motivación del recurso de apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Acta 010 de la sesión celebrada el 25 de abril de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera.

9 Individuo que por un tiempo se identificó ante las autoridades penales y carcelarias, y ante el hospital El Tunal ESE —centro médico en donde recibió tratamiento con ocasión de los hechos objeto del sub judice—, como Jairo Enrique Garzón Bernal, pero simultáneamente otros alias, a saber, Pablo Emilio o Fabio Emilio Cárdenas Garzón. Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante decisión del 11 de julio de 2003, luego de la práctica de un cotejo de huellas efectuado por el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D.C., aclaró que el verdadero nombre del aludido señor Jairo Enrique Garzón Bernal, individualizado para ese momento con la cédula de ciudadanía 3.179.150 de Sibaté, Cundinamarca, era José Eliodoro Bulla Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía 11.380.025 de Fusagasugá, Cundinamarca, nombre y número de cédula que corresponden a uno de los accionantes en el presente proceso contencioso administrativo. Por su parte, por medio del oficio del 25 de octubre de 2004, el hospital el Tunal ESE adujo que la historia clínica que abrió bajo el nombre de Jairo Garzón corresponde en realidad a José Eliodoro Bulla Gómez, de conformidad con la determinación judicial referenciada (fls. 1, 336, cdno. pbas. 3).

10 “Respetuosamente me dirijo (…), con el fin de solicitarle su valiosa colaboración con apoyo logístico y humano para realizar patrullajes perimetrales alrededor de la Penitenciaría permanentes en sitios estratégicos, a fin de evitar la materialización de fugas o rescates del personal aquí recluido, las cuales a la fecha han sido anunciadas y ordenadas por Jefes de Grupos Organizados al margen de la Ley”.

11 “HECHOS//Se escuchó una fuerte explosión por la parte oriental del penal acompañada de un ataque externo con armas de fuego de largo y corto alcance y con granadas, por toda el área periférica de este Centro Penitenciario a excepción de la entrada principal.//Inmediatamente la guardia reaccionó dirigiéndose hacia el sector de la garita ocho, donde se apoyó al personal de servicio que se encontraba en ella, el ataque duró aproximadamente 45 minutos, como resultado de esa acción se logró recapturar a veintidós (22) internos y en la legítima defensa del personal, resultaron tres (03) internos muertos en el sector externo de la garita ocho y dos en la parte interna. Se pudo constatar que la explosión derribó parte del muro comprendido entre las garitas 7 y 8 con un diámetro de 1.50 de ancho por 1.20 de alto (…)//Me permito informar que las garitas tienen de dotación fusil galil 7.62 y revólver calibre 38 largo, el personal disponible que reaccionó utilizó fusiles famage convertidos a calibre 7.62, escopetas calibre 12 y revólver 38 largo”.

12 “Paciente de 46 años de edad que ha presentado sintomatología de dolor en la cadera derecha de tres años de evolución motivo por el cual se le realizó interconsulta con el ortopedista quien realizó diagnóstico de artrosis de cadera derecha con limitación funcional por dolor (feb. 25/2004). Se le solicitó bastón convencional para su tratamiento con aines. Se le tomó radiografía de cadera observándose degeneración articular coxofemoral. En el presente año se le han realizado sesiones de fisioterapia en no de 20 (sic) (masaje, estiramiento, fortalecimiento y ejercicios) con referencia de mejoría parcial de sus sintomatología dolorosa. (…). En mayo del 2004 se le practicó una laparotomía exploratoria post eventración y obstrucción intestinal x bridas como consecuencia de cirugía anterior”.

13 “Al examen en cadera cadera derecha presenta dolor a la movilización en arco de flexión de 70% y en rotícula (sic) externa realiza arco de movimiento sin dolor aflexión hasta de 100 grados abducción 30 y adición 30º. Marcha con cojera pero atalguido (sic). No acortamiento no se observa traquido anterior. Rx de manejo: Fractura de pelvis consolidada y artrosis de cadera. Dx: Artrosis de cadera Fx de pelvis consolidada (….)”.

14 “Fecha de ingreso al hospital: 23/06/01//Fecha ingreso a UCI: 24/06/01(…)//EVOLUCIÓN DE ENFERMEDAD ACTUAL//Paciente en la Penitenciaría La Picota que ayer recibió por arma de fuego en región pélvica presentando shock hemorrágico por lo cual fue traído a esta institución siendo llevado a cirugía practicándosele drenaje de hematoma retro peritoneal, ligadura arteria hipogástrica resección de ílion terminal con anastomosis terminoterminal presentó intraoperatoriamente paro cardíaco recuperándose rápidamente, en POP inmediato inestabilidad hermodinámica, sangrado por lapartostomia (sic) y academia metabólica por lo anterior ingresa a la unidad para continuar reanimación.(…)//IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA//1. POP(23/04/01) Lapatomia (sic) exploratoria con drenaje hemoperitoneo, ligadura arteria hipogástrica, resección y anastomosis ileon (sic)// 2. Empaquetamiento pélvico pos sangrado no controlado//3. Shock hemorrágico controlado// 4. Herida por arma de fuego pélvica//5. Paro intraoperatorio revertido//6. Fractura conminuta pelvis, rama isquiopúbica//7. Empaquetamiento pélvico.
(…)//Fecha: 10/17/2001(…)//ENFERMEDAD ACTUAL: DURANTE HOSPITALIZACIÓN POR HAF PÉLVICA QUE REQUIRIÓ LAPARATOMIA CON RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS DE ILEÓN, CON SOSPECHA DE TRAUMA URETRAL COINCIDENTE QUE SE ENCUENTRA DERIVADO CON CISTOTOMÍA SUPRAPÚBICA DESDE ENTONCES S IN CAMBIOS DESDE SU EGRESO HOSPITALARIO HACE 6 SEM”. (f. 26, 40-43

15 “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, expediente 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

16 [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; radicación: 10973.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, expediente 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1º de marzo de 2006, expediente 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515), C.P. Hernán Andrade Rincón.

20 “Con fundamento en lo anterior, pude concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se consideró anteriormente—, su seguridad depende por completo de la Administración.// Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 66001-23-31-000-1998-00454-01(18800), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…)// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(…)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…)// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(…)// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(…)// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(…)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, pág. 22-27.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 19001-23-31-000-1997-08006-01(19849), C.P. Enrique Gil Botero.

25 Se debe recordar que todas las causas extrañas como eximentes de responsabilidad, además de requerir de tres presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño, debe igualmente ser el origen exclusivo y adecuado de aquél, aspectos que requieren encontrarse debidamente demostrados en el proceso. Al respecto, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 25000-23-26-000-2000-02123-01 (25577), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

26 Artículo 16 de la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario—: “Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El mismo Instituto determinará los lugares donde funcionarán estos establecimientos”.

Artículo 44 del Decreto 1890 de 1999 —vigente para la época de los hechos—: “Son funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, las siguientes:

(…).

2. Ejercer la Dirección, Administración y Control de los Centros Carcelarios y Penitenciarios del Orden Nacional, y atender la vigilancia interna de los mismos a través del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, o por conducto de otros cuerpos administrativos de vigilancia interna”.

27 “Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno: (…) c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual; d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento; (…) g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario”.

28 “Corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC: dirigir y coordinar el control y seguridad de los establecimientos de orden nacional; velar por la debida ejecución de las penas privativas de la libertad y la detención precautelativa; (….).

PAR.—El mantenimiento de las sedes de los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, comprende la realización de todas aquellas obras de construcción menor que requieran los centros de reclusión para garantizar su funcionamiento.

29 Artículo 121 de la Ley 65 de 1993 —sobre el régimen disciplinario de los internos de las cárceles—: “Las faltas se clasifican en leves y graves. (…)//13. Intentar, facilitar o consumar la fuga”.

Artículo 178 del Decreto-Ley 100 de 1980 —Código Penal vigente para el 23 de junio de 2001, en tanto la Ley 599 del 2000 entró a regir a partir del 24 de julio del 2001 según su artículo 476—: “El que se fugue estando privado de libertad en virtud de auto o sentencia que le haya sido notificado, incurrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años.

Si la fuga se comete mediante empleo de violencia, artificio o engaño, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de prisión.

Si se tratare de contravención la pena respectiva será de arresto y se disminuirá de una sexta parte a la mitad”.

30 “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

31 “Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de abril de 2011, expediente 19001-23-31-000-1997-5005-01(20587), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

32 “La «dignidad humana» es un sismógrafo que registra lo que es constitutivo de un orden jurídico democrático, a saber: precisamente los derechos que los ciudadanos de una comunidad política deben darse a sí mismos para poder respetarse unos a otros como miembros de una asociación de personas libres e iguales. Sólo la garantía de estos derechos humanos da origen al estatus de ciudadanos que, en calidad de sujetos de iguales derechos, tienen la calidad de exigir que se los respete en su dignidad humana. // Después de doscientos años de historia constitucional moderna, conocemos mejor lo que distinguió ese desarrollo desde sus inicios: la dignidad humana forma, por así decir, el portal a través del cual el contenido igualitario y universalista de la moral es importado al derecho. La idea de dignidad humana es el gozne conceptual que ensambla la moral del respeto igual de toda persona con el derecho positivo y el proceso de legislación democrático de tal forma que de la interacción entre estos pudo surgir, en circunstancias históricas favorables, un orden político fundado en los derechos humanos”. Habermas, Jürgen, La constitución de Europa, editorial Trotta, 2012, pág. 21.

33 Artículo 1º de la Constitución Política: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.

Artículo 2º ibídem: “2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradan privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Artículo 5º de la Ley 65 de 1993 —norma vigente para el momento de ocurrencia de los hechos—: “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”.

Artículo 6º ejusdem: “No habrá pena de muerte. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.

34 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

35 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, véase la sentencia de 19 de septiembre de 2011, expediente 20.078, C.P. Danilo Rojas Betancourth, de 14 de junio de 2012, expediente 24.157, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 15.459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 27 de agosto de 2014, expediente 1999-00326 (31172), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

39 Lo único que daría fe de la existencia de esa relación es una declaración extraprocesal rendida por la misma demandante, Maritza Rubiano Sierra, de manera previa a la presentación de la demanda, esto es, el 16 de junio del 2003. Al respecto, se recuerda que dicho medio probatorio no puede ofrecer certeza alguna al respecto, puesto que ello equivaldría a valorar la versión de los hechos de una demandante como si se tratara de un tercero imparcial, cuando en realidad sus declaraciones únicamente pueden ser valoradas en su contra o a favor de su contraparte en este litigio de acuerdo con lo señalado por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil. Sobre la imposibilidad de valorar, con otros fines distintos a la obtención de una confesión, las manifestaciones de las partes en los procesos contenciosos administrativos, consultar las siguientes sentencias de la subsección: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, expediente 27001-23-31-000-2001-01384-01 (29408), sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente 50001-23-31-000-1999-00008-01(29546), sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente 63001-23-31-000-2001-00257-01 (30469), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

40 [1] “Así se reconoció en sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente 18988, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 2002-01782 (28815), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consultar igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2014, expediente 25000-23-26-000-2003-01260-01 (33570), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

42 Artículo 82 de la Ley 65 de 1993: “El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo”.

43 “En relación con el reconocimiento de perjuicios materiales, la Sala estima necesario precisar que si bien es cierto la víctima estaba privada de la libertad porque pesaba sobre él una medida cautelar consistente en detención preventiva, no lo es menos que dicha pérdida de su libertad no desconocía su derecho fundamental a la presunción de inocencia (C.P., art. 29), razón por la cual puede considerársele como económicamente productivo, sin restricción alguna. En otras palabras, la sola circunstancia relativa a que la víctima estuviese privado de la libertad al momento de su muerte, no impide concluir per se acerca de la existencia del perjuicio material de los demandantes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 66001-23-31-000-1998-00454-01(18800), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

44 “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10805, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Consultar asimismo pronunciamientos recientes de esta Subsección: sentencia del 28 de septiembre de 2012, expediente 19001-23-31-000-1998-09837-01 (19837), y sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 25000-23-26-000-2000-2123-01 (25577), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

46 Consejo de Estado, Sección Tercera —Sala Plena—, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222), C.P. Enrique Gil Botero.

47 Ibídem nota 35.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 1997-01172 (31170), C.P. Enrique Gil Botero.

49 [458] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, expediente 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz”.

50

xxx2

En donde:
Ra = renta actualizada.
R = renta histórica=solicitud de condena indemnizatoria por daño a la salud para el momento de presentación de la demanda.
I Final = índice de precios al consumidor del último mes conocido antes de la elaboración de la presente sentencia.
I Inicial = índice de precios al consumidor del mes en que se presentó el libelo introductorio.

xxx1


Ra= $ 34 848 606,11

51 Artículo 305 del Código de Procedimiento Civil: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.