Sentencia 2003-01316/39215 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 39215

Rad.: 130012331000200301316 01

Actor: Francia Evan Pérez y otros

Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

Naturaleza: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., 12 de octubre de 2017

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 CCA). La Sala es competente para resolverlo, en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia(1), en consideración a que el monto de la pretensión mayor(2) supera la suma de $ 36.950.000, que era la cuantía mínima para que el asunto fuera conocido en primera instancia por los Tribunales Administrativos de acuerdo con el Decreto 597 de 1988, vigente en la época de presentación de la demanda(3).

Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (art. 86 CCA) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios derivados de las lesiones causadas a la señora Francia Evan Pérez por una presunta falla en el servicio.

2. De la legitimación en la causa.

2.1. La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario porque la señora Francia Evan Pérez resultó lesionada en el accidente ocurrido el 2 de enero de 2002; el señor Manuel Covilla Morales es cónyuge de la víctima directa; Luis Alberto Covilla Evan, Manuel Enrique Covilla Evan y July Covilla Evan son hijos de la víctima directa (infra párr. 11-12 del acápite de los hechos probados), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados.

2.2. Por otra parte, el Distrito de Cartagena de Indias - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte se encuentra legitimado en la causa por pasiva pues la vía en la que ocurrió el accidente era municipal y le correspondía a dicha entidad territorial su conservación, reparación, construcción y señalización.

3. De la caducidad de la acción.

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad del Distrito de Cartagena de Indias - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte por las lesiones que sufrió la señora Francia Evan Pérez el 2 de enero de 2002, y comoquiera que la demanda fue impetrada el 9 de julio de 2003, fue dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que se le imputa en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y por consiguiente no ha caducado el término para acudir a la jurisdicción.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso hay lugar a declarar la responsabilidad del Distrito de Cartagena de Indias - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte por las lesiones sufridas por la señora Francia Evan Pérez.

III. Validez de los medios de prueba

La actora allegó al proceso documentos en copia simple, que estuvieron a disposición de la contraparte durante el curso del proceso, quien ningún reparo formuló frente a ellos, por lo que entiende la Sala que ninguna objeción le mereció su autenticidad.

Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(4), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiera sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a los documentos aportados en copia informal.

IV. Hechos probados

1. El 12 de diciembre de 2001, la gerente de la época de la Clínica Henrique de la Vega solicitó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Distrital de Cartagena tomar medidas preventivas para evitar que siguieran ocurriendo accidentes de tránsito en la entrada y salida de vehículos de la institución. Al respecto, se destaca lo siguiente (fl. 9, c. 1):

Ante la eminente situación caótica que diariamente se presenta en la entrada y salida de vehículos en la Clínica Henrique de la Vega, en la Avenida del Bosque, lo cual ha ocasionado accidentes de tránsito y lesiones, no solamente a personal de la clínica, sino a particulares, me permito comedidamente de manera urgente solicitarle disponga las estrategias técnicas que eviten tales situaciones, como podría ser la instalación de semáforos, la demarcación y visión de las calzadas, en fin cualquiera que ustedes consideren pertinente.

2. El 26 de diciembre de 2001, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena dio respuesta a la anterior petición. Al respecto, se destaca lo siguiente (fl. 10, c. 1):

La inquietud que usted tiene sobre la problemática que existe en la Carretera Troncal, frente a la Clínica Henrique de la Vega; es de nuestro conocimiento y hemos tomado acciones como la señalización vertical, demarcaciones de cruce peatonal y ocasionalmente el control con agentes de tránsito.

Actualmente no contamos con el pie de fuerza, ni con los recursos necesarios para retomar los correctivos pertinentes.

Adicionalmente las obras del Corredor de Carga, van a tener efecto sobre el tránsito vehicular del sector. Estaremos trasladando copia de su oficio a la Secretaría de Valorización Distrital y la Concesión Vial, con algunas recomendaciones para que como “zona de influencia”, lo vinculen al proyecto con algún diseño para el sector.

3. El 14 de enero de 2002, el gerente de la época de la Clínica Henrique de la Vega reiteró la solicitud hecha el 12 de diciembre de 2001 al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena. Al respecto, se destaca lo siguiente (fl. 11, c. 1):

En el mes de diciembre pasado solicité a la directora del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Distrital, su intervención con carácter urgente, para que ordenara las estrategias técnicas que resuelvan la caótica situación que diariamente se presenta en la entrada y salida de vehículos, y tránsito de personas en la Carretera Troncal, frente a la Clínica Henrique de la Vega, lo cual viene ocasionando accidentes vehiculares y lesiones, no solamente a personal de clínica, sino a particulares. Precisamente en el día de ayer, 10 de enero de 2002, una de nuestras empleadas fue gravemente lesionada por un automotor, al momento de atravesar la citada carretera.

Le informo que hemos recibido comunicación del Departamento de Tránsito y Transporte, mediante la cual nos hacen saber que actualmente no cuentan con el pie de fuerza, ni con los recursos necesarios para retomar los correctivos pertinentes, que eviten la situación planteada. Recomiendan acudir ante la oficina de Valorización Distrital y la Concesión Vial, para que esta problemática que se encuentra dentro de la zona de influencia del corredor de carga, sea vinculada al proyecto de obras que se vienen ejecutando en estas áreas de la carretera troncal.

Formalizamos ante usted la petición planteada, solicitándole que sea atendida con carácter urgente, con el fin de evitar se sigan presentando los graves hechos referenciados.

4. En folios 20 a 21 del cuaderno nº 1, obra la historia clínica de la señora Francia Evan Pérez. Al respecto, se destaca lo siguiente:

RESUMEN DE ANAMNESIS Y HALLAZGOS CLÍNICOS:

Pte. para el 10-I-2002 sufrió accidente automovilístico al salir del trabajo que arrollada por volqueta recibiendo politraumatismo con trauma craneoencefálico + fractura de clavícula izquierda y fractura 2ª y 3ª costillas izquierda + fractura abierta grado III-B, tibia y peroné izquierdo con aplastamiento de masa muscular, inicialmente con tratamiento conservador con injerto en pierna izquierda evolución no satisfactoria el 22-I-2002 se decide amputación la cual se realiza en día amputación supracondilea con evolución satisfactoria de la pierna, posteriormente se le realiza novación de clavícula izquierda y fijación de fracturas costales, quedando con limitación de los movimientos de la articulación de hombro izquierdo con dolor y debilidad en esa articulación; en los últimos meses experimenta hipoacusia en oído izquierdo por lo cual valorada por otorrino que le ordena edometría que muestra sordera en oído izquierdo. No respuesta a los 100 db. Actualmente la Pte. en proceso de rehabilitación para prótesis de miembro inferior izquierdo, camina con ayuda de muletas, se queja de dolor en espalda hombro y brazo izquierdo.

(…)

DIAGNÓSTICO

1. Politraumatismo

2. Trauma craneoencefálico

3. Fractura de clavícula izquierda y 2ª y 3ª costillas izquierdas

4. Fractura por aplastamiento de pierna izquierda (tibia y peroné)

TRATAMIENTO

1. Amputación supracondilea de miembro inferior izquierdo

2. Antibióticos intravenosos y orales

3. Analgésicos

4. Ansiolíticos y antidepresivos

5. Rehabilitación

EVOLUCIÓN PRONÓSTICO

Secuelas permanentes

5. En folio 22 del cuaderno nº 1, obra informe patronal de accidente de trabajo del 2 de enero del 2002 suscrito por la coordinadora de salud ocupacional de la Clínica Henrique de la Vega. Al respecto, se destaca lo siguiente:

DATOS DEL ACCIDENTE

Fecha del accidente: enero/02. Hora: 4 pm

Sitio de ocurrencia del accidente (detallarlo): frente a la clínica Henrique de la Vega entrada principal.

¿Qué actividad u oficio estaba ejecutando el trabajador en el momento del accidente? Salía de su trabajo y cruzaba la calle de enfrente de la clínica entrada principal.

¿Cómo ocurrió el accidente? (relación clara, detallada y exacta): Al iniciar el cruce de la calle de enfrente de la clínica (sólo había dado 3.5 pasos) observa un camión que viene por el primer carril saliendo de la IPS y éste la arroyó.

En su concepto, cuál o cuáles fueron las causas del accidente: Falta de semaforización en ese lugar, o algún puente peatonal y no se obtuvieron resultados.

Qué medidas preventivas había tomado la empresa para evitar esta clase de accidentes: Se habían solicitado por escrito al tránsito en varias oportunidades semáforos, o algún puente peatonal y no se obtuvieron resultados.

TESTIGOS DEL ACCIDENTE:

Aidé Martínez

Damasa Barbosa

6. El 16 de agosto de 2002, se rindió dictamen médico laboral de la señora Francia Evan Pérez en la que se calificó la pérdida de capacidad laboral en 53.82%. Al respecto, se destaca lo siguiente (fl. 19, c. 1):

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Sufrió accidente de tránsito el día 10 de enero de 2002 con trauma craneoencefálico, fractura de clavícula izquierda, fractura por aplastamiento de pierna izquierda, FX de 2 costillas izquierda se trató con cirugía amputación injerto e inmovilización.

DIAGNÓSTICO

Hipoacusia traumática O:I, limitación postraumático hombro izquierdo amputación tercio distal fémur izquierdo.

CALIFICACIÓN

Deficiencia 23,82

Discapacidad 8,50

Minusvalía 21,50

Pérdida de capacidad total 53,82%

7. En folio 25 y 26 del cuaderno nº 1, obra croquis del accidente acaecido el 2 de enero de 2002, en vías del distrito de Cartagena de Indias, cuya víctima fue la señora Francia Evan Pérez. Al respecto, se destaca lo siguiente:

(…) 12. Causas probables. Cuando el cond. no está pendiente de la vía y acciones.

Versión Cond: Yo vengo pasando por la carret. (sic) el Bosq´ (sic) y había una buseta bara(sic).

13. Observaciones. La señal peatonal estaba un poco borrada.

8. El 28 de junio de 2007, se llevó a cabo ante el a quo diligencia de recepción de testimonio de la señora Damasa Barbosa Sierra. Al respecto, se destaca lo siguiente (fls. 69-70, c. 1):

Nosotros salíamos de trabajar eran aproximadamente después de las 4 de la tarde, estaba esperando la buseta para irme para mi casa y yo estaba del lado del kiosco donde vende los jugos y la compañera estaba del otro lado y cuando ella iba a cruzar vino un camión a toda velocidad y la sacó del andén y ahí en la carretera había unas busetas y fue cuando ocurrió el accidente que le quitó el miembro y nosotras cruzamos para auxiliarla y yo quería cargarle y cogerla así como estaba ella con la pierna destrozada, las medias veladas le agarraban el miembro, entonces vino un compañero de trabajo en la camilla la llevamos a cirugía y estuvimos con ella en cirugía es (sic) fue un accidente dramático, el camión venía a toda velocidad, venía a toda velocidad y ahí falta que coloquen la fibra, un puente y yo porque como soy auxiliar muchas veces me tocó cruzar ancianos, el camión iba a toda velocidad y la sacó del andén. Una vez yo salí de trabajar y me tocó vivir un chino que también se le mochó la pierna en un accidente. Las autoridades deben tomar medidas sobre ese lugar, por los pacientes, por los ancianos, por nosotras las enfermeras y yo estuve a punto de tener un accidente ahí por cruzar y la velocidad. En este instante se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora. PREGUNTANDO: Diga la declarante si en el sitio donde ocurrió el accidente materia de esta diligencia existe la señalización denominada cebra que permite el cruce de los peatones por ese sitio. CONTESTÓ: No existe, no existe puente, coexiste (sic) cebra no hay nada. PREGUNTANDO: Diga la declarante si la señora Francia Evans Pérez, pudo continuar trabajando después del accidente y si en general ha sufrido desmedro en sus capacidades y como consecuencia de ello, algunos problemas de carácter económico. CONTESTÓ: Ella no ha podido trabajar porque tiene un impedimento físico, ella tuvieron que colocarle una prótesis en Bogotá, eso le afectó la piel, tuvo afectado los oídos y ha estado afectada en el hogar, los hijos pasan llorando, eso la afectado total, es un impedimento físico, psicológico y en su salud total.

9. De la misma manera, el 28 de junio de 2007 se llevó a cabo diligencia de recepción de testimonio de la señora Aydee Carlota Martínez Contreras. Al respecto, se destaca lo siguiente (fls. 71-73, c. 1):

El caso de ella del accidente fue empezando el año, en el año 2002, fue ya hace 5 años, íbamos saliendo del trabajo de la Clínica Enrique de la Vega, cuando íbamos pasando de la clínica a la otra acera para tomar el bus, yo iba para los Caracoles y ella iba para su casa y primero yo pasé la calle, ella se quedó porque los carros venían muy acelerados, entonces, ella me dijo que la esperara mirando hacia el frente de la clínica, porque fue en la acera contraria de los buses que vienen del centro para acá, viene una buseta y le da el paso a ella, cuando le da el paso a ella viene un camión cargado de plátano, cuando venía rápido y fue cuando la arroyó y yo al ver que la buseta paró, venía un carro el camión la tiró y el hombre se iba a escapar, fue cuando todo el mundo en la clínica salió, como yo ya había pasado la carretera me regresé a recogerla, pero no pude porque la llanta le pasó por toda la pierna, entonces los compañeros la recogieron y la metieron por urgencia, hay (sic) fue la odisea todos los compañeros y ella, la cirugía, todo terminó como en la madrugada yo me vine como a la una y media, ella hizo un paro, los médicos colaboran, ella se fracturó una costilla, tuvo hemorragia y se tuvo que llamar urgente al Dr. Ramírez Barakat, tuvo problemas en el cráneo también, tiene un oído afectado hubo que llamar al otorrino, había que buscar sangre, se le consiguió mucha sangre mi hijo y un joven Abraham Curi donó sangre. Estuvo tan mal que tuvieron que pasarla urgente a cuidados intensivos porque tenía muchos órganos afectados, en conclusión eso fue todo y además hago énfasis en la señalización que no había, ya ahora fue que pusieron una cebra, no hay semáforos, no agentes de policía para que puedan ver los problemas que se están suscitando en eso, nosotros los compañeros siempre nos quejamos, estaba la Dra. Gerente, todos pedíamos que no se nos pusiera un policía de tránsito y hasta que no hubiera una mala hora era que nos iban a parar bolas y así fue pasó lo de la compañera para que pudieran pintar esa cebra, yo hago énfasis en esto que si esa es una vía peligrosa, se encuentra la clínica, el colegio INEM, hay (sic) los carros no hacen pare, no hay nada que diga peligro, que hay un colegio, que hay una clínica, para pasar hay que agarrarse como 10, para pasar a pesar de que está la cebra, a mí me ha tocado esperar los señores para ayudarlos a pasar como auxiliar de enfermería y como buena ciudadana. El dilema es cuando los pacientes al pasar las carreteras, los que no pueden porque son inválidos, porque están en sillas de ruedas, nos toca a las enfermeras ayudarlos a pasar, puesto que a veces vienen acompañantes de mayor edad que también corren peligro, yo digo que tanto agentes de policía aquí en el centro, los del tránsito cuidando los carros mal parqueados y la clínica se encuentra sin agente de policía que de verdad lo amerita porque son vida, son seres humanos que corren peligro, es vida lo que se está jugando allí. En este instante se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora. PREGUNTANDO: Diga la declarante si en el lugar donde ocurrió el accidente donde resultó como víctima la señora Francia Evans Pérez, han ocurrido otros accidentes de tránsito y en caso afirmativo si lo recuerda el nombre de las víctimas posibles. CONTESTÓ: Si han ocurrido, al pasar la calle el Dr. Rodríguez Ginecólogo también se lo llevó una moto o un carro, la cosa fue enseguida para urgencia, pero no le ocurrió lo mismo que a la señora Francia, también una niña que venía para clase al colegio INEM, al pasar se la llevó un camión cargado de arena, ese colegio está a dos cuadras en la vía contraria, el otro señor si le pasó lo mismo que a ella, le amputaron la pierna, es el chino y estuvo en la clínica hospitalizado, estos casos tuvieron mucho que decir basándose en lo de la señora Francia también (…).

10. En folio 18 del cuaderno nº 1, obra certificado expedido por el departamento de recursos humanos de la Clínica Henrique de la Vega el 18 de febrero de 2002, en la que se pone de presente que la señora Francia Evan Pérez se encontraba vinculada a dicha institución desde el 5 de marzo de 1981, que desempeñaba el cargo de auxiliar de servicios asistenciales, y devengaba un salario básico mensual de novecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($ 951.855).

11. El señor Manuel Covilla Morales es cónyuge de la señora Francia Evan Pérez (copia registro civil de matrimonio, fl. 13, c. 1).

12. July Covilla Evan, Luis Alberto Covilla Evan y Manuel Enrique Covilla Evan son hijos de la señora Francia Evan Pérez (copias de los registros civiles de nacimiento, fls. 15-17, c. 1).

V. Análisis de la Sala

El daño antijurídico.

El daño antijurídico que padecieron los demandantes y cuya reparación pretenden está acreditado y consistió en las lesiones físicas sufridas por la víctima con ocasión del accidente que le determinó un trauma craneoencefálico, fractura de clavícula izquierda, fractura de las costillas 2ª y 3ª izquierdas y amputación supracondilea del miembro inferior izquierdo. Así consta en la historia clínica de la señora Francia Evan Pérez y en el dictamen médico legal realizado con el fin de evaluar la pérdida de capacidad laboral.

Imputación del daño.

En cuanto a la posibilidad de imputar el daño a la administración, tiene en cuenta la Sala el pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el que señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro de cada proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(5):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas con otro está llamado a resolverse de la misma forma; es labor del juez, en cada caso particular, considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

En primer lugar, la Sala advierte que los alegatos de defensa presentados por la entidad demandada, esto es, que se configuró la culpa exclusiva de la víctima debido a que la señora Francia Evan Pérez por descuido o imprudencia no hizo uso del puente peatonal ubicado a menos de 300 metros de distancia del suceso, no son de recibo, puesto que tal circunstancia no está acreditada al interior del proceso. Al respecto, no se probó la existencia o presencia de dicha estructura que permitiera el paso de los peatones en la vía El Bosque a la altura de la Clínica Henrique de la Vega.

Así las cosas, para que dicha causal eximente de responsabilidad pueda tener pleno efecto, es necesario que la conducta de la víctima deba estar probada. Por consiguiente, los argumentos planteados por la defensa y que fueron amparados por el a quo, no están llamados a prosperar.

En este orden de ideas, con el propósito de establecer si el daño alegado es imputable a la parte demandada, debido a la presunta omisión por falta de señalización en la vía donde ocurrió el incidente, esto es, en el casco urbano del Distrito de Cartagena de Indias, es preciso analizar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Al respecto, se encuentra acreditado que el 2 de enero de 2002 en horas de la tarde, la señora Francia Evan Pérez se dispuso salir de su trabajo, esto es, la Clínica Henrique de la Vega ubicada en la Avenida El Bosque y, al cruzar la calle fue atropellada por un vehículo automotor.

La parte actora alega que la falla del servicio imputable a la accionada consiste en la falta de señalización de la vía, y que fue precisamente esta omisión la que produjo el accidente en la que resultó lesionada la demandante.

En efecto, se pone de presente que a los municipios les corresponde mantener y conservar las vías municipales del casco urbano y rural. Así, la Ley 136 de 1994, vigente para la época de los hechos, establecía lo siguiente: “En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales(6)”.

Por su parte, el Decreto 1344 de 1970 —Código Nacional de Tránsito Terrestre en vigor—, ordenaba que las autoridades municipales de tránsito tenían a su cargo poner en las vías urbanas las marcas y señales de los cruces de peatones(7). Por lo tanto, si por falla de la administración no se advertía a tiempo de los peligros sobre las vías, la autoridad municipal debía reparar la totalidad de los perjuicios que causara esta omisión en la prestación del servicio.

En relación al deber de mantenimiento, conservación y señalización de las vías públicas para evitar accidentes, esta corporación ha advertido lo siguiente:

La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas. Significa lo anterior que además de construir carreteras adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. (...)

En síntesis, para establecer la imputación del daño en eventos como el referido en la demanda, ha de tenerse en cuenta que tratándose de la construcción, mantenimiento, o recuperación de vías, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que puedan sufrir los particulares que transiten por las mismas, se deduce cuando se acredita que tales daños fueron causados como consecuencia del incumplimiento del deber de adoptar las medidas necesarias y eficaces tendientes a prevenir a las personas sobre la existencia de esos riesgos a fin de que éstas puedan adoptar las medidas necesarias para evitarlos(8).

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que efectivamente existía una obligación a cargo del distrito de Cartagena de Indias consistente en el mantenimiento, conservación y señalización de las vías municipales.

En el sub examine, reposan los testimonios presenciales del hecho, esto es, las declaraciones de las señoras Damasa Barbosa Sierra y Aydee Carlota Martínez Contreras quienes fueron coincidentes en afirmar que, sobre la vía en la que ocurrió el accidente, no había señalización que permitiera el cruce peatonal, ni de ningún otro tipo. Asimismo, en sus deposiciones dieron fe de la ocurrencia de diversos incidentes que se habían presentado al interior de la vía con antelación al ocurrido con la señora Evan Pérez, pues según sus manifestaciones, era una senda peligrosa dado que no contaba con ningún tipo de señalización.

Las anteriores afirmaciones, encuentran soporte en las solicitudes formuladas por los entonces gerentes de la Clínica Henrique de la Vega al Distrito de Cartagena de Indias - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, en las que se puso de presente la situación caótica que se presentaba en la Avenida El Bosque, más concretamente, en la entrada de vehículos de la institución, dado el gran número de accidentes de tránsito, ante lo cual, se propuso como una eventual solución la demarcación de la calzada y la instalación de semáforos.

Por su parte, el distrito de Cartagena de Indias - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en respuesta a la aludida petición no controvirtió tales sucesos, sino que por el contrario, manifestó que la problemática era de su conocimiento, pero para ese momento no contaba con el peculio necesario para retomar los correctivos pertinentes.

De otro lado, en el croquis del accidente en el que fue víctima la señora Francia Evan Pérez se puso de presente que la señal peatonal se encontraba un poco borrada.

En este orden de ideas, está acreditado que para el 2 de enero de 2002 en la calle ubicada frente a la entrada principal de la Clínica Henrique de la Vega, existía un cruce peatonal, el cual, se encontraba casi imperceptible, lo que lleva a afirmar que la parte demandada incumplió con su deber en el ejercicio de las competencias de mantenimiento de la malla vial urbana.

Asimismo, la Sala advierte la inactividad de la administración distrital tendiente a desplegar medidas encaminadas al mantenimiento de la vía, para así evitar la concreción de los riesgos generados por su mal estado, más concretamente la demarcación del cruce peatonal ubicado en la calzada donde ocurrió el insuceso, con el fin de que los vehículos se detengan en la zona delimitada para que los peatones crucen la vía de manera segura, situación que cobraba más relevancia por tratarse de una de las vías de acceso a un establecimiento destinado a la atención y asistencia médica.

En consecuencia, el accidente en el que la señora Francia Evan Pérez resultó lesionada no fue un suceso imprevisible e irresistible para el distrito, comoquiera que pese a tener conocimiento sobre el mal estado del cruce de peatones, no adelantó acciones para evitar este tipo de incidentes, omisión determinante en la causación del daño.

Así las cosas, como quedó demostrado que el accidente sucedió en una vía urbana del distrito de Cartagena de Indias, y comoquiera que aquella entidad territorial tenía conocimiento de las condiciones de amenaza que presentaba, la Sala procederá a declarar su responsabilidad patrimonial. No obstante, se observa que la señora Francia Evan Pérez también intervino en la causación del daño, como pasa a explicarse a continuación.

De conformidad al testimonio presencial de la señora Aydee Carlota Martínez Contreras, en el instante en que la víctima cruzó la vía, un vehículo de transporte colectivo le dio el paso y, al continuar con su andar fue atropellada por un automotor. Asimismo, la declaración de la señora Damasa Barbosa Sierra dio cuenta que en la ruta habían unas busetas y que el conductor que la arrolló arribó con una elevada velocidad.

Las mencionadas versiones coinciden con el relato del conductor del vehículo que quedó registrado en el croquis, pues señaló que en el momento del incidente había una buseta varada.

Por consiguiente, la Sala imprime veracidad a la exposición hecha por la señora Aydee Carlota Martínez Contreras situación que le imponía a la aquí demandante extremar las condiciones de cuidado al transitar por la vía. Además, se advierte que las condiciones del cruce peatonal, es decir, su mal estado y el caos vehicular que se presentaba a diario eran conocidas por la víctima, pues según se probó, laboraba en la zona por lo que era común su tránsito por aquel lugar.

En consecuencia, ha de concluirse que efectivamente la víctima participó eficientemente en la consolidación del daño, por lo que la indemnización será disminuida en un 60%.

VI. Liquidación de perjuicios

Por un lado, en relación con la cuantificación del perjuicio moral, en decisión de la Sala Plena de esta Sección(9) se procedió a unificar los criterios para su reconocimiento a favor de la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales.

Para el efecto se fijó como referente en la liquidación, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

1
 

De conformidad con lo anterior, dada la gravedad de la lesión sufrida por la señora Francia Evan Pérez, que le generó un 53.82% de incapacidad, se procederá a reconocer a favor de la víctima directa, cónyuge e hijos, hecha la disminución porcentual correspondiente del 60%, el valor equivalente a cuarenta (40) s.m.l.m.v. para cada uno.

Por otro lado, para la Sala es claro que la pérdida de capacidad laboral de la víctima, habrá de generarle una limitación en su capacidad productiva, que debe ser indemnizada a título de lucro cesante y que corresponde a las sumas que dejará de percibir con ocasión del daño derivado de la negativa afectación a su fuerza de trabajo.

Para la liquidación de la indemnización por tal concepto se tomará como parámetro el salario mensual que la señora Francia Evan Pérez devengaba para la época de los hechos, esto es, novecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($ 951.855) más el 25% por concepto de prestaciones sociales, para un total de un millón ciento ochenta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos ($ 1.189.818).

Dicho valor deberá ser actualizado a la fecha de la presente sentencia, de conformidad con la fórmula consagrada para ello(10). Así:

2
 

Así las cosas, el salario base a tener en cuenta será de dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos (2.442.434).

A dicha cifra se le aplicará el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de la señora Francia Evan Pérez, que de conformidad al dictamen médico laboral que obra en el proceso de la referencia corresponde al 53.82%. De esta manera, se obtiene que el monto para hacer el cálculo del lucro cesante será de un millón trecientos catorce mil quinientos diecisiete pesos ($ 1.314.517).

De conformidad al registro civil de nacimiento allegado, la señora Francia Evan Pérez nació el 28 de marzo de 1956 (fl. 14, c. 1), así las cosas, la vida probable de la lesionada, conforme a las proyecciones anuales de población por sexo y edad, previstas en la Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997, era de 37.36 años, esto es, 448.31 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, se concederá el lucro cesante desde la fecha del accidente hasta que cumpla la vida probable.

Lucro cesante consolidado.

Periodo consolidado desde la fecha de las lesiones (2 de enero de 2002) hasta la fecha de esta sentencia 12 de octubre de 2017 (192,06 meses), que se calcula según la siguiente fórmula:

3
 

Lucro cesante futuro.

Se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida de la señora Francia Evan Pérez.

Periodo futuro (n): 256,25 que se deriva de la resta entre los meses de la expectativa total de vida de la señora Francia Evan Pérez (448,31 meses) y el periodo consolidado (192,06 meses)

4
 

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de seiscientos ocho millones cuatrocientos nueve mil quinientos noventa y ocho pesos ($ 608.409.598), suma que será reducida en un 60% debido a la participación culposa de la víctima en el daño causado. En consecuencia, se procederá a reconocer por este perjuicio a favor de la señora Francia Evan Pérez el valor de doscientos cuarenta y tres millones trecientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y nueve pesos ($ 243.363.839)

Respecto de los perjuicios materiales por daño emergente, encuentra la Sala que no fue aportado al plenario ninguna prueba que acredite que los demandantes incurrieron en algún gasto con ocasión de las lesiones sufridas por la señora Francia Evan Pérez, y por ende, la solicitud de indemnización por este perjuicio será negada.

En lo que tiene que con la indemnización por concepto de “perjuicios por daño a la vida en relación” a favor de los demandantes, de entrada debe aclararse que la Sección Tercera de esta corporación en su evolución jurisprudencial adoptó sucesivamente los conceptos de daños fisiológicos, “daño a la vida de relación”, y “alteración a las condiciones de existencia”, para referirse a una modalidad de perjuicio inmaterial, distinto del moral, referido a la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones de las personas con su entorno; pero en sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 2014, adoptó el criterio que ya venía aplicando desde el año 2011, para referir, exclusivamente, el concepto de daño a la salud, cuando se causan daños psicofísicos a la persona, el cual cubre no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual y el psicológico entre otros(11).

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios –siempre que estén acreditados en el proceso –:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(12).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud...

…Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material “(13).

En relación con la manera de establecer la cuantía de la condena, la Sección precisó que “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”(14).

La Sala de la Sección Tercera reiteró, en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, los argumentos antes transcritos en relación el daño a la salud(15) y, bajo ese entendido, precisó que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de dichos perjuicios, tendrá que tener en consideración las siguientes variables: i) la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); ii) la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; iii) la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano; iv) la reversibilidad o irreversibilidad de la patología; v) la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria; vi) excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; vii) las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado; viii) los factores sociales, culturales u ocupacionales; ix) la edad; x) el sexo y xi) las demás que se acrediten dentro del proceso(16).

Además, se advirtió que, en ejercicio del arbitrio iudice, para el reconocimiento del referido perjuicio debería tenerse en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida y, para efectos de su indemnización, a manera de referencia, se debían utilizar los siguientes parámetros(17):

Gravedad de la lesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 SMMLV

Ahora bien, para el caso sub examine, se encuentra acreditado que a la señora Francia Evan Pérez se le determinó un porcentaje de invalidez superior al 50%. En ese entendido, para la Sala resulta proporcional y razonable reconocer una indemnización correspondiente a 100 s.m.l.m.v. a favor de la víctima directa, suma que será reducida en un 60% debido a la su participación culposa en el daño causado. Por consiguiente, se procederá a reconocer a su favor el valor equivalente a 40 s.m.l.m.v.

Por otra parte, comoquiera que no está acreditado que el resto de los demandantes hubieren sufrido daños a la salud con la actuación de la administración, como consecuencia de las lesiones sufridas por la señora Evan Pérez, la Sala se abstendrá de reconocer indemnización por este concepto en su nombre.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 10 de junio de 2010, la cual, quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al Distrito de Cartagena de Indias por el daño sufrido por la señora Francia Evan Pérez el 2 de enero de 2002.

2. CONDENAR al Distrito de Cartagena de Indias por el valor equivalente a 40 s.m.l.m.v. a favor de Francia Evan Pérez, Manuel Covilla Morales, Luis Alberto Covilla Evan, Manuel Enrique Covilla Evan y July Covilla Evan por concepto de perjuicios morales, para cada uno.

3. CONDENAR al Distrito de Cartagena de Indias por el valor de doscientos cuarenta y tres millones trecientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y nueve pesos ($ 243.363.839) a favor de la señora Francia Evan Pérez, por concepto de lucro cesante.

4. CONDENAR al Distrito de Cartagena de Indias por el valor equivalente a 40 s.m.l.m.v. a favor de la señora Francia Evan Pérez, por concepto de daño a la salud.

5. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

6. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

7. Sin condena en costas.

8. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

9. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Artículo 624 del Código General del Proceso.

2. Reclaman indemnización por daño emergente sufrido por la víctima directa en cuantía equivalente a $100´000.000, que corresponde a la mayor de las pretensiones formuladas.

3 La demanda fue presentada el 9 de julio de 2003.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero.

5 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, M.P. Hernán Andrade Rincón.

6 Artículo 3.23.

7 Artículo 113.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 16058, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 20133, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, entre otras.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 31.172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

10

VP=


Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de octubre de 2017: 138,07 a falta del índice del mes de diciembre de 2017. Índice inicial: el de la fecha de la época de los hechos —enero de 2002—: 67,26.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero.

12 “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño corporal —Daño biológico— Daño a la vida de relación”, pág. 10.

13 Sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031 y 38.222, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa. M.P. Enrique Gil Botero.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

15 Consultar sentencias del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero; Exp. 28.804, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Exp. 31.172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

16 Ibídem.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172 y 31.170, con ponencia de los doctores Olga Mélida Valle de De la Hoz y Enrique Gil Botero, respectivamente.