Sentencia 2003-01318 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 8 de junio de dos mil diecisiete (2017).

Exp.: 44482

Rad.: 05001233100020030131801

Actor: Héctor Evelio Vásquez Correa Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

7. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(2).

7.1. En este punto, conviene precisar que como el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por la Fiscalía General de la Nación, la Sala se limitará a pronunciarse respecto del objeto de dicho medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(3) del Código de Procedimiento Civil y con observancia del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(4) de la Constitución Política, se concentrará en analizar los aspectos señalados en el recurso(5) y abstenerse de desmejorar su situación.

7.2. Al respecto, esta corporación(6) ha considerado que de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante” no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

7.3. Lo anterior, sin perjuicio de que si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, como la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, la Sala pueda pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen, aunque el apelante no los hubiera controvertido expresamente, o puede modificar, en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en la sentencia de primera instancia. Al respecto, es importante insistir en que, tal como lo afirmó explícitamente la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia que viene de citarse, “es asunto de lógica elemental que el que puede lo más, puede lo menos”.

7.4. Adicionalmente, se advierte que el asunto puede ser decidido con prelación de fallo, por tratarse de una privación injusta de la libertad que entró al despacho para ser resuelta en el año 2012, de conformidad con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de abril de 2013(7).

II. Los hechos probados.

8. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes para la litis(8):

8.1. El señor Héctor Evelio Vásquez, fue capturado en el municipio de La Ceja (Antioquia) el 7 de enero de 1999 y privado de la libertad por disposición de la Fiscalía Delegada ante los jueces regionales, regional Medellín, sindicado del delito de concierto para delinquir para la conformación de grupos de justica privada en calidad de financiador. Fue recluido en establecimiento penitenciario y carcelario el 8 de enero de 1999 (copia de la certificación expedida por el asesor jurídico de dicha entidad, fls. 313, cdno. 1; copia de la medida de aseguramiento, 7-14(9), cdno. 1).

8.2. En virtud de la investigación penal adelantada, el 18 de enero de 1999, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales (Antioquia) profirió en contra del actor medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por considerar que éste presuntamente pertenecía a un grupo paramilitar que operaba en el oriente antioqueño y que servía de intermediario para financiar actividades ilícitas (copia de la medida de aseguramiento, fls. 7-14, cdno. 1), con base en las siguientes pruebas:

De la prueba recaudada y su valoración 

Obran en el expediente las siguientes pruebas en contra del sindicado: Inicialmente el Testigo MARTÍN ARANGO, en su diligencia de diciembre 2 de 1997, que obra a folios 231 del cuaderno original número 1, da claridad sobre cuál es el sucesor de ROBERT (dirigente paramilitar que ha confesado dirigir el grupo de limpieza social que opera en el oriente antioqueño), es HÉCTOR cuando falta en el pueblo (se refiere el testigo al municipio de LA CEJA). 

8.3 Mediante providencia de 3 de enero de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales (Antioquia), calificó el mérito del sumario adelantado y decidió elevar acusación en contra del señor Héctor Evelio Vásquez (fl. 32, cdno. 1):

(...)

Para nuestro análisis, tenemos inicialmente la situación de HÉCTOR EVELIO VÁSQUEZ CORREA, de quien aparece demostrada su participación directa en esta organización delictiva a partir de la captura de LOPÉZ LORA, como consta en el anexo 12, sujeto al que se le encontraron varios documentos, entre ellos algunos recibos con el logotipo de “ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CRISTALES” del municipio de La Ceja, en los que aparecía el nombre de HÉCTOR VÁSQUEZ. Así mismo se le capturó en posesión de un bíper Motorola, serie 723BWK4T2W, cuyo código asignado era el 70003, del que se obtuvo una extensa lista de mensajes, los cuales obran en el anexo 2, de la cual es de interés para el (sic) presente investigación el nombre de HÉCTOR, pidiéndole a ROBER que lo llamara al teléfono 5535537. Lista de mensajes que fue analizada por investigadores del CTI de Medellín, logando establecer la relación entre los miembros del grupo paramilitar liderado por ROBER, con personas particulares y con miembros de la fuerza pública (policía y ejército) 

La vinculación al proceso de VÁSQUEZ CORREA, se ordenó mediante resolución del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, haciéndose efectiva su captura el siete de enero del presente año (sic) (168-12), hallándosele en su poder una pistola “prieto beretta u.s.a calibre 9 m.m. Con un proveedor para 14 cartuchos”. Es de anotar que según permiso para porte de armas P020965 (anexo 15) la capacidad de carga autorizada para la mencionada pistola fue de nueve (9) cartuchos, hecho que explica el procesado en ampliación de indagatoria (297-16) sosteniendo que se debió a la inseguridad y el haber sido blanco de atentados optó por adquirir un proveedor de más capacidad en una venta ilegal de armas en Medellín. 

(...)

El artículo 441 del Código de Procedimiento Penal dispone que habrá lugar a proferir resolución de acusación, cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado. 

En el presente caso tal determinación habrá de tomarse respecto de VÁSQUEZ CORREA y PEREZ RUIZ, pues en el caso del primero aparte de existir testimonio —ARANGO PINO— en donde lo sindica como uno más de los miembros de la organización paramilitar, encontramos además prueba documental que conforme a su contenido nos permite sostener sin duda alguna que HÉCTOR EVELIO, y no otro era quien mantenía en contacto directo y personal con el jefe paramilitar de la zona, es decir con el alias de ROBER. El contenido de los mensajes dejados por HÉCTOR en el bipper que usualmente portaba ROBER, se traduce en prueba directa de que VÁSQUEZ CORREA era uno de los encargados de coordinar los movimientos y acciones de esta organización de justicia privada, mal llamados paramilitares. (Sic)

8.4. Contra la decisión antes mencionada la apoderada en el proceso penal del señor Vásquez —la abogada Gloria Nidian Jiménez Gallego— interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante providencia del 6 de abril de 2000, en la que decidió confirmar la resolución de acusación (fls. 33-38, cdno. 2).

8.5. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante sentencia 6 de septiembre de 2001, resolvió absolver al señor Héctor Evelio Vásquez Correa de las pesquisas adelantadas en su contra, por cuanto las pruebas obrantes en el expediente no resultaban suficientes para atribuirle responsabilidad penal. Así mismo, le otorgó la libertad inmediata, previa caución prendaria, (copia de la sentencia, fls. 39-78, cdno. 2):

Corresponde ya el turno analizar cuál es el comportamiento que se endilga a HÉCTOR EVELIO VÁSQUEZ CORREA, quien se identifica en los mensajes como Héctor, ya que uno de los teléfonos que suministra es el 5535537, el mismo que explicó en su indagatoria corresponde a una de sus propiedades ubicadas en La Ceja. 

El procesado no ha desconocido la relación que tiene con ROBERT, explicando que en el mes de octubre o noviembre, en la feria ganadera de La Ceja realizó una negociación de ganado con el mismo y que por ello posee su número telefónico (código 70003). 

La certificación y la relación de los mensajes de bíper 15686 que figura a nombre de FERNANDO MORENO ORTIZ, fue utilizado por miembros del grupo paramilitar de ROBERT, según lo manifestó la Fiscalía y según eso HÉCTOR se comunica con ellos el 25 de junio de 1998 dejando el siguiente mensaje: “... FAVOR LLAMAR A HÉCTOR AL 5536567, URGENTE...”. El 27 del mismo mes y año dice: “FAVOR LLAMAR A HÉCTOR AL 5553537”. 

Se observa en el cuaderno anexo 2, un sin número de mensajes dejados a ROBER con el alias de MAZAMORRO. mensajes que difícilmente pueden leerse, porque se trata de unas fotocopias cuyos originales estuvo procurando encontrar esta funcionaria en otras investigaciones y despachos, no siendo posible tener certeza del contenido, es decir, con base en lo dicho por otros funcionarios, no puede esta falladora, sin tener a su alcance la prueba auténtica y concreta decidir a primera vista. 

Las transcripciones de los mensajes son equívocos, y tan valedera puede ser la explicación del procesado sobre el motivo de esos mensajes, como que realmente este ciudadano fuera un temido y feroz financista de grupos paramilitares; en otras palabras, la duda subsiste respecto de esta prueba indiciaria, duda que tampoco ha sido superada por la versión jurada. 

A ROBERT o MARRANA o RICARDO LÓPEZ LORA, jefe paramilitar de la zona en los documentos que le fueron encontrados en el allanamiento a su residencia (fls. 21 de cdno. 12 anexo) se observa el logotipo de la estación de servicio Los Cristales, de ANTONIO LÓPEZ A. La Ceja, salida a la Unión. Escrito en tinta azul se lee HÉCTOR VÁSQUEZ, por servicio para un Renault Verde y Suzuki blanco, explicando el procesado que se trata de un estación donde tanqueaba sus vehículos, sin que tenga explicación el por qué ese personaje cargaba los recibos de su propiedad. 

Pero es que al comparar la firma de HÉCTOR VÁSQUEZ, quien actualmente se encuentra privado de la libertad y la que aparece en las fotocopias de dichos recibos de servicio de la gasolinera, se advierte a simple vista no coincide con la estampada dentro de los folios presentes. 

Aún, dentro de este proceso nunca se llamó a declarar a RICARDO LÓPEZ LORA para que explicara por qué él tenía en su poder dichos recibos a quién correspondían o de qué era su erogación, entonces como dice el mismo sindicado, ni siquiera él sabe explicar porque los tenía el otro señor. decir, el estado no tuvo la diligencia y precaución para indagar que sucedía con estos recibos. (Sic) 

Dice igualmente el ente acusador que la relación de HÉCTOR con ROBERT ya va más allá: en la inspección Judicial practicada al proceso Nº 18154, adelantado por el asesinato del activista de derechos humanos Jesús María Valle J., donde fue acusada entre otros GILMA PATRICIA GAVIRIA PALACIO, quien aparece en los mensajes dejados en el bíper 70003, es señalada como de las novias de Rober en el municipio de La Ceja. A ella se le halló una agenda con varios números telefónicos, entre ellos el 5535537 y que corresponde a la Hacienda La florida de HÉCTOR EVELIO VÁSQUEZ CORREA. También se encontró el bíper 25606 al cual no se refirió el mismo. 

Sin embargo ello y considerando que GILMA PATRICIA GAVIRIA fue novia y tenía relaciones de más entidad con RICARDO LÓPEZ LORA, tiene conocimiento este despacho que la dama fue absuelta y se encuentra en libertad. total que el simple hecho de que su nombre o registro se encuentre entre los documentos de alguien con pasado judicial borrascoso, no enmarca su conducta dentro de los lineamientos del Código Penal. 

En el informe de captura referido (fls. 294-18, 304-14) se dice que HÉCTOR EVELIO era conocido dentro de la organización paramilitar con el alias de MAZAMORRO. Este informe no fue ratificado ni ampliado por quienes lo suscribieron, total que no puede partirse de él para considerar que sea una prueba irrefutable porque no llega a tal calidad por su misma condición. 

Analizando el dicho a MARTÍN ARANGO, simplemente dice que quien remplazaba a RICARDO O LA MARRANA en sus funciones de jefe del grupo cuando se asentaba temporalmente, era reemplazado por HÉCTOR, sin más apellido ni alias, sin concretar propiamente de quién se trataba y al preguntársele por sus datos y rasgos físicos, dijo no tenerlos. Entonces cómo llegamos a la conclusión de que fuera VÁSQUEZ CORREA? Es imposible, máxime que ni siquiera pudo cumplirse con un reconocimiento en fila de personas, para que al menos pudiera señalarlo, dijo de que se trataba de HÉCTOR y como dicen el sindicado y la defensa, en el pueblo existen muchos HÉCTOR. 

La fiscalía especializada encontró que HÉCTOR EVELIO VÁSQUEZ CORREA, comerciante, ganadero y agricultor de la región se encuentra altamente comprometido con el reato, obrando en su contra indicios o hechos circunstanciales que nos proporcionan la certeza de participación y responsabilidad. Sus exculpaciones de negación, no obstante la relación con el jefe paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA, alias ROBERT o LA MARRANA, es muestra de su sinceridad, porque una persona como él no podía estar al margen de la actividad de LÓPEZ LORA en esas tareas criminales, como tampoco desconocer la existencia del grupo. 

Sin embargo, como lo dice el señor vocero, ni siquiera las autoridades llamadas a declarar dentro del proceso pudieron dar razón del grupo por el que se interroga y se extraña que de solo VÁSQUEZ CORREA se censura su falta de conocimiento. 

Para esta oficina judicial, las argumentaciones de la defensa y de la vocería son más de recibo que los pedimentos de condena de la Fiscalía, por cuanto, aun aceptando que las probanzas recaudas tienen mérito suficiente para endilgar pliego de cargos, no son de entidad suficiente para obtener certeza sobre la responsabilidad de HÉCTOR VÁSQUEZ PEREZ (Sic), en el punible que se le imputa: las transcripciones de las llamadas telefónicas o de los mensajes en el beeper, que han adquirido relevancia gracias a la aceptación en la diligencia de indagatoria que de algunas de ellas hizo el procesado, el indicio los recibos de la gasolinera no son de la fuerza suficiente para traer convicción con grado de certeza a esa funcionaria sobre el elemento básico de una sentencia de condena.- Empezando porque desde hace ya muchos meses, la misma Fiscalía hizo entrega al citado señor de todos los documentos, de los cheques y de todas las pertenencias que le fueron encontradas en el momento de la aprehensión. 

Este juzgado no encuentra convicción en este medio probatorio, ni individual, ni en conjunto, con la prueba indiciaria; lo único realmente demostrado dentro del expediente, es que HÉCTOR VÁSQUEZ es ganadero de la región de La Ceja, que ha tenido sus negocios y actividades en forma legal y que ha trabajado en la finca de su propiedad. Cualquier otra conclusión no pasa del campo de la especulación, siendo posible que pueda se correcta alguna interpretación de otro sentido, como lo hizo la Fiscalía, pero como posibilidad carece de certeza y por ende, siguiendo los principios que orientan nuestro estatuto adjetivo penal, persistiendo duda, esta ha de resolverse a favor del procesado , quien está protegido por el principio de la presunción de inocencia, que, como se advierte, no ha podido se desvirtuada por el Estado. 

Este juzgado, en ejercicio de las amplias prerrogativas que se han otorgado en ese campo y siguiendo de cerca los principios de la sana crítica, realizó un detallado y profundo análisis de las únicas pruebas de inculpación aportadas a este voluminoso proceso, como son las transcripciones de las conversaciones obtenidas a través de beepers, interceptado por orden de la Fiscalía y de las cuales surgieron los datos que dieron lugar en cierta forma esta 

investigación, y el testimonio de MARTÍN ARANGO, para concluir que a diferencia de lo que sostuvo la fiscalía y el procurador judicial en la resolución de acusación y en su actuación ante la vista pública, y a tono con lo postulado por la vocería y la defensa, no demostraron la participación del señor HÉCTOR EVELIO en la organización, financiación o dirección de la asociación al margen de la ley, con la certidumbre requerida por el artículo 232 del Código Penal para finalizar la instancia con un pronunciamiento condenatorio, iniciándose por la absolución. 

(...)

El indicio derivado de las conversaciones en que el procesado interviene, es realmente equívoco, y no es por ello prueba seria de compromiso. A la vez que pueden relacionarse con la vinculación el procesado a un grupo paramilitar, tal como se hizo en la resolución de acusación, pueden enmarcarse acogiendo las explicaciones de aquel, en las negociaciones de ganado, para evitar ser descubiertos en sus negocios, hipótesis ésta en cuyo favor pesa la responsabilidad del señor HÉCTOR EVELIO, sin inclinaciones antisociales, sin que el sentido aparente o supuesto de las misma, o los términos en que se desarrollan, contrarían francamente esas explicaciones, el procesado es de solvencia económica, se distingue en la región como una persona de bien, por lo que goza allí de aprecio en general. 

(...)

8.6. De conformidad con lo ordenado por la anterior providencia, el señor Héctor Evelio Vásquez Correa recuperó su libertad al día siguiente de su expedición, esto es, el 7 de septiembre de 2001 (copia de la certificación expedida por el asesor jurídico de la cárcel de Medellín, fl. 313, cdno. 1).

8.7. Con ocasión del recurso de apelación presentado por otro de los sindicados, contra quien sí se profirió condena, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia expidió sentencia del 19 de diciembre de 2001, en la cual revocó la sentencia de primera instancia en lo que respecta al otro sindicado. Dicha providencia quedó ejecutoriada el mismo día en el que fue expedida (copia de la respectiva providencia, fls. 79-99, cdno. 1).

8.8. El señor Héctor Evelio Vásquez estaba inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del oriente antioqueño como alguien que prestaba “servicios personales a empresas agropecuarias” y como propietario del establecimiento denominado “Representaciones y Valores Héctor Vásquez y Andrés Granados” en sociedad de hecho (certificado de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño” fls. 3-4, cdno. 1).

8.9 Héctor Evelio Vásquez pagó a la abogada Gloria Nidian Jiménez Gallego, cincuenta y tres millones de pesos ($ 53.000.000)(10), por la defensa judicial que desempeñó en el proceso penal que fue adelantado en su contra (certificación suscrita por la mencionada profesional del derecho, fl. 2, cdno. 1).

8.10. Mediante memorial el 25 de enero de 2017, la Agencia Colombiana para la Reintegración, en respuesta al auto de mejor proveer proferido por la Sala de esta Subsección el 17 de noviembre de 2016 (fl. 434, cdno. ppal.), medio probatorio al que se le corrió el traslado correspondiente a las partes (fls. 436-437, cdno. ppal.); informó:

1. De conformidad con la información reportada en el Sistema de información para la Reintegración, fuente de información oficial de la entidad, se tiene que el señor Héctor Evelio Vásquez Correa identificado con la cedula de ciudadanía 15.382.582 se encuentra acreditado como desmovilizado colectivo del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 

2. Así mismo, se tiene que su desmovilización se dio desde el diez (10) de agosto de 2005, de conformidad con la presentación y aprobación de las listas por parte de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz. 

3. A la fecha, el señor Héctor Evelio Vásquez Correa identificado con cedula de ciudadanía 15.382.582 se encuentra en estado culminado(11) en el proceso de reintegración que lidera la ACR desde el 30 de abril de 2013, esto es, que cumplió y agotó todas las actividades programadas dentro de su ruta de reintegración. 

4. En lo que refiere a los beneficios sociales, el señor Héctor Evelio Vásquez Correa identificado con cédula de ciudadanía 15.382.582 tuvo a su disposición los siguientes: 

1. Atención psicosocial: Busca desarrollar, fortalecer y reorientar las competencias y habilidades de la persona en proceso de reintegración. 

2. Salud: consiste en facilitarle al desmovilizado y a su núcleo familiar el acceso a los servicios de salud mediante la afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud. 

(...)

8.10.1. Así mismo, en lo que refiere a los beneficios socioeconómicos que ofrece el proceso de reintegración en el mismo memorial, la Agencia Colombiana para la Reintegración indicó que el actor recibió desde el mes de julio de 2005 hasta el mes de agosto de 2012, un total de $ 21.105.000 veintiún millones ciento cinco mil pesos m/cte. (fl. 437, cdno. ppal.).

III. Problema jurídico.

9. Le corresponde a la Sala determinar si hay responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Héctor Evelio Vásquez Correa, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra, teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo absolvió del delito que se le imputaba, en aplicación del principio in dubio pro reo. Adicionalmente, deberá establecerse se configura el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

IV. Análisis de la Sala.

10. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su principal fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política que indica que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

11. Esto implica que en todos aquellos casos en los que se pretenda que se declare la responsabilidad del Estado, ya sea por una acción, omisión, hecho u operación que le sea imputable en cualquiera de las formas que la jurisprudencia de esta corporación ha desarrollado, resulta fundamental que se encuentre probado que de hecho existió el daño cuya reparación se pretende, so pena de que deban desestimarse las pretensiones de la demanda.

12. En este orden de ideas, de acuerdo a la demanda, la conducta imputable a la administración es la privación de la libertad del señor Héctor Evelio Vásquez Correa, impuesta por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso penal llevado a cabo en su contra. Este es el hecho dañoso que sería del caso reparar, daño respecto del cual, ha dicho la jurisprudencia de la Sala(12):

El artículo 28 de la Constitución Política, siguiendo las directrices de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia(13), consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental de las personas, razón por la cual sólo puede ser limitado “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, ya que tal afectación de un bien tan preciado para las personas, sólo se justifica en la medida en que sea necesario para garantizar un bien mayor, de interés general, como es la debida aplicación de la ley penal, la cual establecerá los requisitos para que sean procedentes las medidas privativas de la libertad, bien sea en forma preventiva o como mecanismo sancionatorio. 

13. Tal y como se indicó en los hechos probados, quedó plenamente acreditado que el señor Héctor Evelio Vásquez Correa estuvo privado de la libertad entre el 7 de enero de 1999 —fecha en que fue capturado— y el 7 de septiembre de 2001 —fecha en la que quedó en libertad— por cuenta de la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia-, es decir, durante un lapso de 32 meses.

14. En cuanto a la imputación de este daño, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad se encuentra constituido generalmente por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, vigente para el momento de los hechos. Este precepto —actualmente derogado— disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 

15. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad es el siguiente: al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para originar el deber de reparar; por el contrario, es suficiente con acreditar la existencia de un daño derivado de una medida privativa de la libertad proferida en su contra, en el trámite de un proceso judicial que finalmente hubiese culminado con una decisión favorable a su inocencia adoptada bien porque el hecho no existió, no constituía delito, o el privado de la libertad no fue el autor del mismo, eventos de responsabilidad objetiva a los que la jurisprudencia agregó los casos en que se exonere de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo. De esta manera, se advirtió(14):

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(15), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(16).

16. A partir de lo expuesto, se evidencia que la privación de la libertad sufrida por el demandante le es atribuible al Estado de manera objetiva. En efecto, como ya se advirtió, para la época en que se produjo la privación de su libertad, aún se encontraba vigente el artículo del 414 del Decreto 2700 de 1991, que consagró los tres supuestos en los que se aplica el régimen objetivo.

17. El mencionado precepto (párr. 14) establecía en su primera parte un régimen de responsabilidad subjetivo, en la medida en que resultaba necesario acreditar que la privación de la libertad había sido injusta por haber mediado una ilegalidad o error judicial que hacía injustificada la detención. Empero, a continuación consagró tres eventos en los cuales dicha responsabilidad se torna objetiva, en la medida en que bastaba comprobar que la persona estuvo privada de la libertad pero fue exonerada por cualquiera de las siguientes razones: i) porque el hecho no existió, ii) porque habiendo existido el hecho, el sindicado no lo cometió o iii) porque habiendo existido el hecho y haber sido cometido por el sindicado, el mismo no constituía un delito legalmente tipificado, sin que en estos casos resulten relevantes las razones o justificaciones de la autoridad judicial.

18. Es decir, que no hay necesidad de entrar a verificar la legalidad o ilegalidad de sus actuaciones para establecer la existencia de una posible responsabilidad estatal por el hecho. Dice la norma, además, que dicha exoneración podía darse bien en sentencia absolutoria o en providencia homóloga. Como lo ha dicho la jurisprudencia(17):

Se observa entonces que la norma contempla tres eventos en los cuales se consagró legalmente la responsabilidad objetiva a cargo del Estado, en la medida en que no resulta necesario analizar la juridicidad o la legalidad de la conducta del juez que profirió la providencia judicial absolutoria por alguna de tales circunstancias —que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o que la conducta no constituye hecho punible—, para establecer la responsabilidad estatal; por tratarse de una responsabilidad objetiva, basta la constatación del hecho de la privación de la libertad de una persona en virtud de una medida cautelar de detención preventiva y su posterior absolución para que inmediatamente surja la responsabilidad estatal, independientemente de que en su momento, las decisiones judiciales se hubieren podido considerar ajustadas a derecho. 

Lo anterior obedece al hecho de que —y así lo acogió expresamente en esos casos el legislador— cuando el juez penal profiere una sentencia o providencia equivalente que absuelve al encausado, la detención de quien estuvo privado de la libertad se torna siempre injusta y, por lo tanto, quien la padeció es víctima de un daño antijurídico, que amerita la indemnización de los perjuicios que haya podido sufrir. 

19. En el caso bajo análisis, la Sala considera que el presente asunto se debe examinar desde la óptica de la responsabilidad objetiva. La Fiscalía adoptó una medida de aseguramiento en contra del señor Héctor Evelio Vásquez Correa señalándolo de ser responsable por el delito de concierto para delinquir para conformar grupos de justicia privada. Como se expuso anteriormente, la entidad demandada enfocó su defensa en indicar la ausencia de irregularidad en su actuar, a la luz de los estatutos procedimentales penales vigentes por aquel entonces.

20. Sin embargo, la Sala recalca que no se entrará a estudiar si la decisión de la Fiscalía se hallaba justificada a partir de las pruebas recaudadas, o si obedeció a los criterios procesales exigidos en su momento para privar a una persona de la libertad. En otras palabras, esta decisión no analizará si la medida de aseguramiento estuvo ajustada a derecho. Lo anterior debido a que en casos como el presente, como ya se dijo, surge la responsabilidad objetiva de la entidad demandada toda vez que se configuró una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a saber, que el señor Héctor Evelio Vásquez Correa no cometió los delitos por los que fue acusado.

21. En este punto, es importante precisar que la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia que decidió la absolución y otorgó la libertad al señor Vásquez Correa en aplicación del principio del “in dubio pro reo”, en realidad se basó en la insuficiencia de las pruebas recaudadas en contra del procesado dado que no arrojaron un grado de certeza sobre su participación en el ilícito. La hipótesis sobre la responsabilidad penal del sindicado no quedó, entonces, desvirtuada por la existencia de una duda surgida a partir de la confrontación de las pruebas de cargo y de descargo, sino por la ausencia de elementos probatorios que permitieran afirmarla y quebrantar la presunción de inocencia que amparaba al demandante(18). En esta dirección, la Sala ha indicado:

Siendo así, cabe precisar que la duda per se no es criterio de responsabilidad, pero que sí lo son los datos objetivos en los que la misma se sustenta. Esto porque de su grado de respaldo en datos externos depende que alcance el calificativo de razonable. En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita, pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y que las razones exculpatorias sean significativamente improbables. 

Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso que, en conjunto, impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia, la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado. 

En otros casos, la duda del juez se asienta sobre fundamentos menos sólidos, uno de los cuales puede radicar en el hecho de que la acusación no haya sido desvirtuada por completo por la defensa, a pesar de que no existan pruebas consistentes sobre el hecho criminal. En este caso, la duda subjetiva del juez no se puede considerar razonable y, por lo tanto, está excluida de los supuestos de aplicación real del principio in dubio pro reo por la simplísima razón de que no pasa de ser un estado psicológico, no fundamentado y, en consecuencia, sin sustento. Sostener lo contrario implicaría aceptar que el acusado tiene el deber de desvirtuar una presunción de culpabilidad en su contra, lo cual contradice el pilar de su inocencia que sostiene la legitimidad del Estado en materia criminal. 

Ahora bien, la Sala aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre la irregularidad que comporta la invocación meramente nominal del principio in dubio pro reo. En efecto, aunque en la práctica la sentencia absolutoria por la demostración de la inocencia o por la ausencia o debilidad probatoria puedan tener la misma virtud absolutoria que la sentencia auténticamente proferida en virtud del principio in dubio pro reo, no ocurre lo mismo respecto del impacto que el fallo pueda tener en el buen nombre del absuelto y en el éxito de la posible acción de reparación.  

Sobre lo primero, hay que notar que los derechos fundamentales al buen nombre y a la verdad exigen que el juez no declare la existencia de duda razonable (que es a la que realmente se refiere el principio in dubio pro reo), cuando lo que realmente ocurre es que se ha demostrado la inocencia o que la hipótesis sobre la culpabilidad se sustenta en pruebas endebles o simplemente carece de ellas. Así el estigma social causado por la acusación de alguna manera persiste, perpetuando una situación de sospecha continua, lesiva de los derechos fundamentales.(19)

22. Así pues, en aplicación de este régimen de responsabilidad, se concluye, en primer término, que la privación de la libertad padecida por el señor Héctor Evelio Vásquez Correa devino en injusta por cuenta de la decisión absolutoria definitiva. Esta circunstancia inicialmente daría lugar a confirmar la sentencia del a quo en tanto accedió parcialmente a la pretensiones de la demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación. No obstante, previo a confirmar o no el fallo de primera instancia, y dado el material probatorio allegado al proceso, la Sala considera necesario analizar si se configura la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

23. Sobre causal de exoneración en comento, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(20) establece esta posibilidad, al preceptuar que:

(...) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (...).

24.1.(sic) Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(...) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (...)”. La Corte Constitucional respecto de la precitada disposición manifestó:

(...) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7, C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (...)(21).

24.2. Al tener en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima. Al respecto ha dicho:

(...) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (...).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. 

(...)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)(22).

24.3. Ahora, es preciso aclarar que dicho análisis de la conducta no guarda identidad con el adelantado por las autoridades penales al momento de estudiar la culpabilidad del sindicado, teniendo en cuenta que para desentrañar los conceptos de dolo o culpa en sede de responsabilidad del Estado debe acudirse a las normas propias del derecho civil. Al respecto, ha dicho esta corporación(23):

Para responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala(24) ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (...).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [art. 63 del C.C.] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(25). 

24.4. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

24.5. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento —análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio—, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad(26).

24.6. Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar cual fue la que ahora, y desde la perspectiva civil, se califica como conducta dolosa o gravemente culposa de la persona privada de la libertad, la que llevó a la autoridad correspondiente a imponer dicha privación, absteniéndose de valorar si, desde el punto de vista penal, esa conducta daba lugar o no a la detención.

25. Visto lo anterior, en el caso concreto se evidencia que, aunque las pruebas obrantes en el proceso penal no arrojaron, al tiempo en que se adelantó, certeza sobre la responsabilidad penal del acusado Vásquez Correa por el delito que se le imputó (concierto para delinquir para la conformación de grupos de justicia privada en calidad de financiador), en realidad el actor sí pertenecía a un grupo armado ilegal pues la Agencia Colombiana para la Reintegración certificó que en el año 2005 participó de la desmovilización colectiva del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (supra párr. 8.10).

26. Lo anterior quiere decir que la conducta del demandante fue dolosa al punto de que tomó parte, de forma consciente y voluntaria, en actividades que estaban prohibidas por el ordenamiento jurídico y que lesionaban los intereses de toda la colectividad. Por tanto es menester traer a colación lo consignado en el libro publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica(27) denominado “Memorias del éxodo en la guerra”(28), referente a los actores armados con las estrategias de guerra que han hecho presencia en el oriente antioqueño, referente a los bloques(29) integrados por paramilitares como lo son el Bloque Cacique Nutibara que se desmovilizó en el año 2003 y el Bloque Héroes de Granada que en el año 2005 también se desmovilizó con 2.033 combatientes en un acto realizado en el corregimiento Cristales, municipio de San Roque (Gobernación de Antioquia 2006; Alonso y Valencia 2008):

El Bloque Cacique Nutibara estableció la zona de concentración en La Ceja (un municipio cercano a Medellín); allí permanecieron los 868 desmovilizados tres semanas (Cf. Vélez, 2005, julio 8, pág. 12A). En este lugar se les ofreció a los ex combatientes evaluaciones sicológicas, talleres de resocialización, se les diligenció la documentación necesaria para reiniciar su vida civil y, luego de tres semanas, se devolvieron a sus barrios de origen, que era donde la mayoría de ellos operaban. Posteriormente se realizaron tres talleres más y se les entregó una cuenta de ahorros con 335 dólares. 

Igual sucedió con el Bloque Héroes de Granada, al cual el Gobierno Nacional, mediante la Resolución Nº 164, estableció la finca La Mariana, del corregimiento Cristales en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, como zona de concentración (Cf. Vélez, 2005, julio 8, pág. 12A). Allí, se les realizaron los trámites ante la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional de Estado Civil y el Departamento Administrativo de Seguridad, así como los talleres psicosociales, los talleres de capacitación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y los proyectos productivos. En términos generales, se puede afirmar que el campamento con el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada cumplió con las funciones asignadas, esto es, la concentración de las tropas, la identificación plena de los desmovilizados y la entrega de documentos. 

27. Y aunque es cierto que el Bloque Héroes de Granada se constituyó en 2003, existen razones para afirmar —como mínimo— que desde mucho antes el actor tenía contactos y negocios con los líderes de algunas de las estructuras armadas ilegales que precedieron a su conformación y que sembraron el terror y el miedo en varios municipios del oriente antioqueño(30).

28. En efecto, se conoce que el señor Héctor Evelio Vásquez mantenía una comunicación permanente con alias “Robert” quien, como quedó consignado en la resolución de 3 de enero de 2000, proferida por un fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos, era el jefe paramilitar de la zona y fue condenado por ese hecho (fl. 21 cdno. 1). Luego, es razonable concluir que desde antes que se conformara el Bloque Héroes de Granada, el actor ya tenía vínculos con alguno o algunos de los grupos armados ilegales que delinquieron en el departamento de Antioquia. De hecho, su vinculación al proceso penal se dio con base en las declaraciones de personas que afirmaron justamente que el actor financiaba el funcionamiento y operación de dichos grupos.

29. Por ello, al margen de que la responsabilidad penal del demandante no haya quedado demostrada al tiempo en que se tramitó el proceso penal, la Sala considera que se configura el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad porque la certificación aportada por el Agencia Colombiana para la Reintegración, vista en conjunto con las pruebas que llevaron a la Fiscalía a concluir que el actor mantenía contactos y negocios con reconocidos paramilitares de la región, permite afirmar que su conducta fue dolosa desde el punto de vista civil pues contrarió expresos mandatos constitucionales, entre ellos, aquellos que exigen a todos los asociados respetar los derechos ajenos, y propender por el logro y el mantenimiento de la paz.

30. Por las razones anotadas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se proferirá fallo denegatorio de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓQUESE la sentencia del 15 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala de Subsección—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

2 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sobre el alcance de la competencia del juez en segunda instancia frente a la motivación del recurso de apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.//El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

5 De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “... el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella...”.

6 Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección “B”, sentencia de 26 de abril de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Allí se decidió que este tipo de casos, entre otros, se fallarían sin sujeción al turno, pero respetando la fecha de ingreso.

8 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(...) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

9 En dicha providencia queda claro que el señor Vásquez Correa se encontraba privado de la libertad para ese momento, pues en el aparte resolutivo se niega la solicitud de libertad provisional deprecada.

10 Textualmente dice: “... el señor Héctor Evelio Vásquez Correa canceló la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (53’000.000) por honorarios profesionales de abogado, en ejercicio de la defensa que se efectuó por mi parte en el proceso penal que se adelantó en la fiscalía delegada ante los jueces regionales por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformación de grupos de justicia privada y el cual culminó mediante sentencia absolutoria de primera instancia proferida por el juzgado primero penal del circuito especializado de Antioquia)” (fl. 2, cdno. 2, certificación expedida por la abogada Gloria Nidian Jiménez Gallego). (sic)

11 De conformidad con los términos y siglas del proceso de reintegración, suministrados en la página de la Agencia Colombiana para la Reintegración, culminado es “cuando el excombatiente ha cumplido con todos los requisitos del proceso de reintegración”. http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/glosario.aspx

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 2008, Exp. 16388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

13 [8] “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Con fundamento en ese criterio, esta Subsección ha señalado: “15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.// 15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 29890, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

15 [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Así, la doctrina sostiene que “Hay que partir de que (la presunción de inocencia y el “in dubio pro reo”) tienen una estrecha relación. Sin embargo, la presunción de inocencia rige en todo el curso del proceso y en el aspecto probatorio, así: “Si no hay prueba de la existencia del hecho punible o de la responsabilidad del sindicado, hay que absolver, la persona es inocente (obra la presunción de inocencia)”. // Pero si hay actividad probatoria encaminada a probar los hechos constitutivos de la infracción y de la responsabilidad del sindicado y hay pruebas tendientes a desvirtuar esos hechos constitutivos, y objetivamente le crean esas circunstancias al juez, duda, debe absolver; por ello es que la duda (probatoriamente) aparece ligada a ‘favor del reo’”. (PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. 18ª ed. Librería del Profesional. Bogotá, D.C. 2011, pág. 248).

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Sentencia del 29 de agosto de 2013, Rad. 25000-23-26-000-1999-01959-01(27536), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

20 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política colombiana.

21 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, Exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, Exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, Exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 27414, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

24 [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

25 [24] “[ibídem]”.

26 Y es que no puede perderse de vista que, dado que los procesos penales y de responsabilidad administrativa atienden finalidades disímiles y se rigen por normas, principios y objetivos diferentes, puede ocurrir que la misma conducta que, en materia penal, dio lugar a proferir medida de aseguramiento en contra del sindicado pero, a la larga, no cumplió con los requerimientos necesarios para fundar una condena —lo que en esa materia conlleva necesariamente a una sentencia absolutoria—, desde la perspectiva civil constituya dolo o culpa grave y rompa el nexo de causalidad que puede establecerse entre el daño cuya indemnización se reclama —la privación de la libertad— y la actuación del ente investigador, esto es, que configure la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

27 Establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, creado por el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 “Ley de víctimas y restitución de tierras”.

28 Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) Informe San Carlos, Memorias del éxodo en la guerra, Bogotá, Taurus, Semana, CNRR, 2011, pág. 78.

29 Alonso, Manuel y Valencia, Germán. (2008, julio-diciembre). Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. Estudios Políticos, 33, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 11-34.

30 Sobre la creación del Bloque Héroes de Granada, el portal web Verdad Abierta, publica la siguiente información: “Un hecho clave en la historia del paramilitarismo en Antioquia se dio en el año 2003 cuando el Bloque Metro fue aniquilado por otras facciones paramilitares, lo cual supuso cambios en estas organizaciones. “La pérdida del control que tenía este bloque en 45 municipios, presupone la reestructuración de las estructuras paramilitares en la región. Desde ese año el control lo asumirá el recién constituido Bloque Héroes de Granada”.// Cuando se dio la desmovilización del BCN, los mandos medios y la mayoría de las armas no fueron entregados. En esos mismos días varios de esos combatientes fueron enviados al municipio de San Carlos donde comenzó el rearme. La Oficina de Envigado articulaba a los Héroes de Granada, que en lo fundamental estaba al servicio del narcotráfico.// En ello coincide un estudio sobre el proceso de Desarme y Desmovilización en la capital antioqueña se sostiene que “en sentido estricto el BHG será un apéndice del BCN, y en él tienen presencia muchos de los combatientes que operaban en la ciudad de Medellín”.// Este grupo asume su nombre debido a los hechos ocurridos en el año 2000, en este municipio del Oriente antioqueño. (Lo que no se sabe es qué se conmemora, si los 19 muertos a manos de los paramilitares en noviembre o los caídos que propició las FARC, como retaliación, quince días después, en la toma a este mismo municipio).// Contrario a los otros grupos, para el Héroes de Granada tampoco fue tan importante lo de los cultivos ilícitos, debido a las barreras mismas de la zona, pues para evadir las autoridades tendrían que adentrarse mucho para la siembra. “Les interesaba más la contención de la guerrilla, porque en el oriente existen muchos corredores estratégicos. Para el frente 9 y el 47 de las FARC son claves las zonas montañosas del Oriente, para llegar al Magdalena Medio, al Caldas, al Nordeste”, complementa.// Contrario al Bloque Metro y a otras estructuras rurales de autodefensas, el Bloque Héroes de Granada no desarrolló grandes operaciones militares en la zona del oriente antioqueño (...).// El BHG se desmovilizó el 1 de agosto de 2005 en la finca La Mariana, paraje Palo Negro en el corregimiento de Cristales, con 2.033 integrantes y 1.120 armas. Esta estructura estuvo al mando de Daniel Mejía Ángel, quien fuera asesinado en la ciudad de Medellín en el año 2006”. http://www.verdadabierta.com/victimarios/417-bloque-heroes-de-granada- Página consultada el 22 de mayo de 2017.