Sentencia 2003-01392 de diciembre 5 de 2016 

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 36137

Radicación: 200012331000200301392 01

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Esvany Riascos López y otros

Demandados: Nación-Ministerio del Interior-Ministerio de Defensa-Policía Nacional- Departamento Administrativo de Seguridad y otros

Naturaleza: Reparación directa

Descriptor: Responsabilidad extracontractual del Estado. El deber de toda la organización institucional del Estado de proteger y garantizar el derecho a la libre asociación sindical. Medidas de reparación de memoria, verdad y justicia.

Bogotá, cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(5), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

1.2. Caducidad

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver con la muerte del señor Miguel Ángel Vargas Zapata, en hechos ocurridos el 16 de mayo de 2001, por lo que las demandas debían presentarse hasta el 17 de mayo de 2003 y, como lo fueron los días 15 y 16 de mayo de 2003, es evidente que la acción se ejerció en el término bienal previsto por la ley (art. 136 del C.C.A.).

2. Cuestión previa

En atención a la acumulación de procesos, la Sala analizará la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Departamento Administrativo de Seguridad-Fiscalía General de la Nación. No obstante, dentro del proceso radicado con el número interno 36.137 (2003-01392) sólo se impondrá condena, en tanto sea predicable del organismo de seguridad, ahora representado por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con ocasión de la sucesión procesal decretada por esta corporación mediante proveído del 27 de noviembre de 2014(6). Ello, comoquiera que dentro de ese radicado es apelante único el DAS, en cabeza de quien se impuso la condena(7).

Lo anterior, sin perjuicio de la unidad procesal en lo que respecta al análisis del material probatorio obrante dentro de uno y otro expediente, toda vez que fueron acumulados en esta instancia con ese propósito.

3. Análisis del caso

3.1. Hechos probados

(i) El señor Miguel Ángel Vargas Zapata se desempeñó como docente de planta en la Universidad Popular del Cesar entre el 20 de abril de 1982 y el 16 de junio de 2001, claustro universitario en el que también se destacó por ser miembro y dirigente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-César (certificación suscrita, el 12 de mayo de 2003, por la Coordinadora del Grupo de Gestión Desarrollo Humano del mencionado ente de educación superior —f. 8, c. 1; oficio del 17 de septiembre de 1999, suscrito por el presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitario— f. 13, c. 2).

(ii) El 16 de junio de 2001, el señor Vargas Zapata murió cuando era atendido por profesionales de la medicina en el Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar, luego de ser impactado en varias ocasiones con proyectiles de arma de fuego, cuando disponía retirarse, en un vehículo, del plantel educativo en el que laboraba (copia de registro civil de defunción –f. 4, c. 1; copia de acta de levantamiento de cadáver 150 –f. 2, anexo 14(8); copia del protocolo de necropsia 162-2001(9) –f. 228-238, anexo 14; declaración rendida, dentro del trámite contencioso, por el señor Juan José González Naranjo(10) el 1º de febrero de 2006 –f. 160-161, c. 2).

(iii) Miguel Ángel Vargas Zapata era cónyuge de la señora Esvany Riascos López, padre de Miguel Andrés Vargas Riascos, hijo de Olga Zapata de Vargas y hermano de José Reinaldo, Consuelo Regina, Carmina Lucía, Antonia Santos, Olga Cecilia y María Lourdes Vargas Zapata (copias de registros civiles de matrimonio y nacimiento –f, 2-3, c. 1; certificaciones y copias de registros civiles de nacimiento –f. 5-11, c. 2).

3.2. El daño antijurídico

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que el daño a que se refiere la disposición constitucional, tiene que ver con “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(11).

En el asunto sub-examine, la Sala encuentra que el daño antijurídico sufrido por los actores, esto es, la muerte violenta del señor Miguel Ángel Vargas Zapata, es un hecho que está plenamente acreditado dentro del proceso. Ahora, sabido es que la muerte de un ser querido ocasiona sufrimiento, congoja y aflicción, amén de perjuicios de orden patrimonial.

3.3. La imputación

La parte actora atribuye el daño a las demandadas(12) por cuanto, se afirma, que pese a las conocidas amenazas que existían en contra del señor Miguel Ángel Vargas Zapata y otros profesores miembros de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-Cesar, no adoptaron medidas eficaces que garantizaran su vida e integridad personal.

Sobre el particular, debe recordarse que, conforme al criterio de esta Sala(13), la vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición sine qua nom para el disfrute de todos los demás derechos. En ese orden, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(14).

La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, exige del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(15):

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(16)– ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(17). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta Corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(18).

Además, la Corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, infringieron estándares normativos de orden legal, constitucional y convencional. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, éstas no la protegen(19) o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(20), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(21). Al respecto, esta Subsección ha señalado(22):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(23).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(24) (se subraya).

En vista de ello, es preciso analizar si las entidades demandadas respecto de las cuales esta corporación tiene competencia, conforme a los recursos de apelación interpuestos —Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad y Fiscalía General de la Nación—, incurrieron en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo cierto e inmediato de la integridad física del señor Miguel Ángel Vargas Zapata y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitieron prestar medidas de seguridad eficientes a su favor o las brindaron de forma inadecuada.

Este propósito exige esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso de autos, la situación de riesgo que enfrentaba la víctima, el conocimiento que las demandadas tenían del mismo y, en especial, las medidas que adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

En ese orden, procede la Sala a estudiar los elementos probatorios que reposan en el plenario a efectos de establecer si se está o no en presencia de un evento de responsabilidad extracontractual del Estado. Obran en el expediente los siguientes:

(i) Denuncia formulada por el señor Miguel Ángel Vargas Zapata, el 17 de septiembre de 1999, ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Alfredo Daza Suárez y dos presuntos hermanos de este, dirigida con copia a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional del Cesar, el Departamento de Policía del Cesar, el Departamento Administrativo de Seguridad, el Batallón La Popa, la Presidencia de la República, la Cruz Roja Colombiana, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, Central y la Federación Nacional de Profesores Universitarios, al Consejo Superior Universitario de la UPC, al Consejo Académico de la UPC y al Rector de la Universidad Popular del Cesar.(f. 10-13, c.1):

Llegué a mi carro, lo abrí, me senté en él (del lado del conductor), abrí el vidrío de mi lado, el otro lo deje cerrado. De repente sentí un tumulto en la ventanilla, alcancé a distinguir tres caras asomadas. Una de ellas era el hombre que me siguió en mi primer intento de salida. En fracción de segundos el Profesor Alfredo Daza me agarró por el cuello de mi camiseta de una manera violenta, como nunca en mi vida lo había sentido (...). Hubo un momento en el que vi al menos dos armas de fuego (...). Ellos me gritaban. Entre las cosas que recuerdo están:

Profesor Alberto Daza: "bueno Miguel Ángel, qué tienes tú contra Roberto"; "Miguel Ángel, somos varios hermanos y no vamos a permitir que le sigas jodiendo la vida a Roberto, y aquí estamos"; "Mira lo que acabas de hacerle a Roberto, ¿tú crees que esto está bien?

El señor que me siguió: "te voy a volar los sesos hijueputa" .

(...) hasta que el profesor Alfredo Daza Suárez me puso entre la espada y la pared al decirme: "vas a hablar hijueputa o te vuelo los sesos".

(...).

Señores de la Fiscalía estoy seguro de que la agresión y las amenazas del profesor Alfredo Daza Suárez y de los que presumo son dos de sus hermanos se derivan del hecho de que soy directivo de ASPU-Cesar y esta ha adelantado algunas denuncias de tipo legal contra lo que esta asociación considera son desafueros de la actual administración de la UPC (...).

(ii) Denuncia formulada por los señores Miguel Ángel Vargas Zapata, Juan José Gonzáles Naranjo y Luis Napoleón De Armas Perpiñán ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Roberto Daza Suárez, rector y representante legal de la Universidad Popular del Cesar, a raíz de presuntas amenazas personales por parte de este último (f. 171, c.1.):

La parte central de ella[s] [amenazas] está constituida por unas palabras pronunciadas por el doctor Roberto Daza Suárez, Rector de la Universidad Popular del Cesar, en la sesión de su Consejo Académico del 6 de abril del 2000 (...).

La transcripción, más o menos textual, de las palabras del Doctor Roberto Daza Suárez en la citada reunión del Consejo Académico son:

(...).

"Yo no sé qué estarán pensando aquí y yo sí quiero que quede bien claro, de verdad ya no es el rector el que está hablando sino ya Roberto Daza como persona, yo encuentro que los caminos se me están cerrando, y yo tengo una posición muy clara, yo tengo la calidad de funcionario público, pero no me he olvidado que yo soy hombre, yo no me he olvidado que por mis venas no corre aceite, corre sangre, y sí lo tengo claro, y a mí me están atacando, yo tengo que defenderme de esa manera, y apelar a los recursos que Dios me dio; yo no sé hasta dónde es que quieren llevar esto ... y va a haber un muerto, eso sí se lo garantizo".

(iii) Copia de providencia del 16 de abril de 2002, esto es proferida después del homicidio del señor Vargas Zapata, por la Fiscalía 17 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, mediante la cual se precluyó la investigación iniciada en contra del señor Roberto Daza Suárez, con ocasión de la denuncia presentada en su contra por presuntas amenazas (f. 293-297, c. 2) –se destaca–:

(…).

La investigación

Se originó con el escrito fechado 14 de junio del año dos mil (2000), suscrito por los ciudadanos Miguel Ángel Vargas Zapata, Juan José González Naranjo y Luis Napoleón de Armas Perpiñan, en el cual se proclaman amenazados por el rector de la Universidad Popular del Cesar, donde desempeñan sus funciones como profesores de planta y miembros activos de la Asociación de Profesores Universitarios; actitud que según el escrito denunciatorio asumió el denunciado Roberto Daza Suárez, en una reunión del Consejo Académico del Alma Mater referenciada (…).

En armonía con el texto de la norma transcrita, debemos advertir que el autor de una amenaza debe hacer uso de medios aptos para difundir el pensamiento; lo cual se circunscribe a expresar la intención o pretensión que se tiene sobre determinada persona, familia o institución; exteriorización de la intención que debe ser clara y precisa, indicativa de lo que se pretende y diciente sobre quien va a recaer la acción por ejecutar.

Además de lo precedentemente relacionado, debe establecerse la realización del significado integral de uno de los verbos rectores alternativos de la conducta; esto es que examinado el comportamiento ha de determinarse que en verdad tiene la aptitud de aterrorizar, amenazar o causar alarma, zozobra o terror en los sujetos pasivos.

Para el caso de estudio, las expresiones resaltadas en el escrito que motivó las presentes diligencias, corresponden a la expresión o reacción generada por algunos hechos; allí, se está dando cuenta de lo que viene aconteciendo al interior del claustro educativo y de las mofas que se venían haciendo contra la administración de quien figura como responsable de tales expresiones, en tal escrito no se da cuenta de una acción concreta contra persona determinada y si bien es cierto, en tal sección se mencionaron algunos nombres, fue para señalar lo que a juicio de quien lanzaba tales expresiones, los mencionados venían ejecutando en el claustro universitario, como lo era utilizar cualquier pretexto para dejar de asistir a clases; lo anterior es lo que entiende el despacho de los apartes transcritos en el escrito que motivó las presentes diligencias.

Ahora bien, cuando el imputado expresa que por sus venas no corre aceite, de tal expresión en honor a la verdad no podemos intuir siquiera una amenaza; y la expresión de que “puede haber un muerto” es un decir atendiendo a su estado anímico, decir este en el que no se determina a la víctima ni del que se puede suponer que aquella puede ser uno de los mencionados en aquella sesión; lo que de allí se puede derivar como conclusión lógica son las probables consecuencias que se pueden generar con la situaciones que rodean la universidad; admitiendo el imputado en su indagatoria, que el muerto puede ser él, y ello es atendible con lo relacionado en uno de los apartes transcritos en el susodicho escrito, donde el imputado indica que algunos lo califican de paramilitar y otros de guerrillero, calificativos que atendiendo la situación de orden público del país, estigmatizan a una persona.

No podemos perder de vista que tales expresiones se pronunciaron en el curso de una sesión del consejo académico, sesión donde entiende el despacho se ventilan los problemas del claustro universitario y las expresiones que motivaron la presente investigación no corresponden a hechos distintos a la situación que para el momento vivía la universidad, sin que de allí se haya dado cuenta de la probable acción por ejecutar contra una persona determinada, sí el estado de sofocación en quien hacia tales expresiones, dados los hechos generados por las críticas a su administración.

(...).

(iv) Oficio del 17 de septiembre de 1999, suscrito por el presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitario, dirigido al Fiscal General, al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo (f. 13, c. 2):

La presente para poner en conocimiento de ustedes las amenazas y agresiones de que ha sido objeto el profesor Miguel Ángel Vargas Zapata, secretario de ASPU-Seccional Cesar y docente de la Universidad Popular del Cesar, fechada en Valledupar el 17 de septiembre de 1999, la cual anexamos (…).

Acudimos al artículo 2 de la Constitución Nacional y solicitamos la protección del profesor Vargas. Igualmente solicitamos se investiguen las actividades y conductas de los hermanos Daza Suárez, porque nos extraña y asusta esta actitud.

(v) Oficio 0411 de la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar de la Fiscalía General de la Nación, en donde se reseñan las denuncias penales instauradas por el señor Miguel Ángel Vargas Zapata (f. 230, c.1.):

Radicación: 125791

Delito: Destrucción, supresión u ocultamiento de documento

Sindicado: Roberto Daza Suárez y otro

Denunciante: Miguel Ángel Vargas Zapata

Fiscalía asignada: 18 seccional

Fecha de la asignación: junio 14 de 2000

Radicación:126040

Delito: Amenazas

Sindicado: Roberto Daza Suárez

Denunciante: Miguel Ángel Vargas Suárez y otro

Fiscalía asignada: 17 seccional

Fecha de la asignación: junio 13 de 2001-08-27 (sic)

Radicación: 127970

Delito: Falso testimonio

Sindicado: Enrique Alfonso Meza Daza

Denunciante: Miguel Ángel Vargas Zapata

Fiscalía asignada: 7 seccional

Fecha de la asignación: Enero 26 de 2001-08-27 (sic)

Radicación: 128038

Delito: Amenazas

Sindicado: Roberto Daza Suárez

Denunciante: Miguel Ángel Vargas Zapata

Fiscalía asignada: 16 seccional

Fecha de asignación: septiembre 11 de 2000

Radicación: 128509

Delito: Calumnia

Sindicado: Roberto Daza Suárez

Denunciante: Miguel Ángel Vargas Zapata y otros

Fiscalía asignada: 20 local

Fecha de la asignación: septiembre 28 de 2000.

(vi) Copia de comunicación del 17 de septiembre de 2000, de la Junta Directiva Central de la ASPU dirigida a Alfonso Gómez Méndez (Fiscal General), Jaime Bernal Cuellar (Procurador General de la Nación) y José Fernando Castro (Defensor Nacional del Pueblo), fechada el 17 de septiembre de 2000 (f. 13, c.1.):

La presente para poner en conocimiento de ustedes las amenazas y agresiones de que ha sido objeto el profesor Miguel Ángel Vargas Zapata, Secretario de ASPU-Seccional Cesar y docente de la Universidad Popular del Cesar, fechada en Valledupar el 17 de septiembre de 1999, la cual anexamos, y la correspondiente denuncia hecha por el profesor.

(vii) Oficio del 17 de mayo de 2002, suscrito por el Personero Municipal de Valledupar en atención a la solicitud que le hiciera la Procuraduría General, para que informará sobre las actuaciones de su dependencia en torno al homicidio del profesor Vargas Zapata (f. 205, anexo 2):

Es de conocimiento general, que antes y después de la muerte de los citados señores, el orden público en la ciudad de Valledupar y todo el departamento del Cesar es alarmante, toda vez que día a día se están cometiendo homicidios selectivos.

(viii) Sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, que declaró a Frank Gregorio Toncel Arias autor material del delito de homicidio agravado sobre la persona de Miguel Ángel Vargas Zapata (f. 14-40, c.1.):

[L]a tipicidad del delito de homicidio por el que se elevó a juicio al procesado se acredita con el acta del levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de Miguel Ángel Vargas Zapata visible a folio 2 del CO 1, el protocolo de necropsia visible a folio 228 al 238 del mismo cuaderno practicada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta ciudad, en donde el perito forense determinó que la muerte tuvo como consecuencia directa las lesiones causadas con proyectil de arma de fuego disparadas a larga y corta distancia que interceptaron órganos vitales en el cerebro ocasionando edema cerebral severo (…).

Se establece en grado de certeza en la foliatura que la víctima era educador del claustro universitario donde fue asesinado al paso que al momento de su muerte pertenecía a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-César, fue crítico de la administración del rector Roberto Daza Suárez e instauró denuncia contra este por el delito de amenazas.

También obra comunicado, al parecer de las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde se responsabilizan por su muerte al considerarlo ideólogo de la subversión e incluso se anota que se dedicaba a reclutar menores para esta organización rebelde.

Reposa asimismo en la foliatura informe del DAS que da cuenta de un disquete hallado en poder de los presuntos subversivos Luis Eduardo Ortega Salazar, Edwin Elías Peñaranda Reyes y Marlyz Esther Rivera, capturados el 28 de octubre del 2001 en San Diego, cuyo contenido milita transliterado a folio 245 al 247 del CO3 que contiene una carta dirigida al comandante de las FARC Iván Márquez en donde se hace un recuento de la vida del rector de la Universidad Popular del Cesar, Roberto Daza Suárez, y se menciona el asesinato del profesor Miguel Ángel Vargas Zapata relacionado con la actividad sindicalista y de serios indicios de que fue asesinado por el rector de la Universidad y sus amigos, se consigna así mismo del carácter violento del referido rector, y de la amenazada que le había hecho (...).

De estos medios de convicción se pone al descubierto que la muerte del educador le provino en desarrollo de la función desempeñada como líder sindical (...).

(ix) Oficio del Departamento Administrativo de Seguridad, seccional Cesar, con fecha del 21 de abril de 2005, donde se informa al Tribunal Administrativo del Cesar las actuaciones tendientes a determinar el nivel de peligro de los sindicalistas en el departamento (f. 212-213, c. 1):

[L]a institución ha dispuesto prestar seguridad y asesoría en materia de seguridad de acuerdo al programa que dirige la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior; es así como en los años 2001 y 2002 esta seccional realizó, a solicitud de la oficina de Protección Especial de Bogotá (...) una serie de estudios de nivel de riesgo y grado de amenaza y asesoría en medidas de autoprotección a los miembros de la asociación sindical de profesores universitarios ASPU, los cuales en su momento presentaban algún tipo de amenaza o riesgo contra su vida e integridad personal.

(...).

Igualmente, unidades de esta Seccional, el 26 de noviembre de 1999 adelantaron el estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza del docente Miguel Ángel Vargas Zapata, calificando su nivel de riesgo como medio-medio, enviando los resultados a la Oficina de Protección Especial DAS Bogotá. Así mismo, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante oficios 2896 de noviembre 8 de 2001 y 0530 de enero 22 de 2002, solicitó el concurso para la adopción de medidas necesarias para proteger a los miembros de ASPU.

(x) Copia de Informe de inteligencia y labores investigativas a misión de trabajo 869 con fecha de 8 de noviembre de 2001, del Departamento Administrativo de Seguridad – Seccional Cesar (f. 62-65, anexo 1):

El pasado 22 de octubre del año en curso, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, siendo las 19:55 horas aproximadamente dispararon en varias oportunidades contra la humanidad del profesor Luis José Mendoza Manjarres, c.c. 12.723.673 de Valledupar, natural de Codazzi, 43 años, casado, hijo de José y Pastora, docente, quien murió al llegar al centro asistencia, hecho ocurrido cuando el profesor salía de la Universidad Popular del Cesar, sede Campus, y se movilizaba en un vehículo automóvil, marca Daewoo, color blanco (…). El occiso pertenecía al sindicato de la Universidad Popular del Cesar ASPU.

(…).

Continuando con las labores, se conoció que el profesor en vida fue impulsador y colaborador para que se investigara la muerte de su compañero Miguel Ángel Vargas Zapata; asimismo declaró en las diligencias sobre la investigación de ese homicidio; fue crítico de las actuaciones y denunciante de los presuntos desafueros administrativos del rector de la Universidad Popular del Cesar Roberto Daza Suárez. De igual forma nos entrevistamos con profesores afiliados a ASPU, amigos y familiares del profesor Luis José Mendoza, quienes coincidieron en manifestar que nunca le conocieron problema alguno, excepto los relacionados con el rector Roberto Daza, ya que siempre criticó las actuaciones de corrupción y abuso de autoridad del Rector, pero siempre respetando las normas legales y estatutarias y que, asimismo, el rector de la universidad por intermedio de su grupo llamado Los Calabazos, buscaban hacer ver a los profesores de ASPU como guerrilleros, esto probablemente para llamar la atención de los grupos de autodefensas.

(…).

En general las investigaciones y labores de inteligencia, indican al parecer que las acciones delictivas van encaminadas a acabar y amedrentar los activistas de ASPU, pero principalmente contra las personas que denuncian y no están de acuerdo con las malas actuaciones administrativas, a su forma de ver, del rector Roberto Daza Suárez.

(xii) Copia Informe 7047 del 4 de diciembre de 2001, del Departamento Administrativo de Seguridad – Seccional Cesar, Grupo Operativo del Área de Policía Judicial (f. 66, anexo 1):

Continuando con las labores investigativas en el seguimiento de las conversaciones hechas y recibidas desde el abonado telefónico 5703991, se conoció que constante (sic) el señor Wilon Marquez tiene conversaciones con los sujetos alias Chiche, José Alfredo Aroca, José Ignacio, Edgar y Migue, quienes aparentemente pretenden realizar un homicidio a una mujer cuyo acto no se ha podido realizar porque dicha mujer en la actualidad tiene dos escoltas. Este grupo según las conversaciones recibió un dinero y la persona que se los entregó está solicitando la devolución.

Hechos los análisis a las diferentes conversaciones al parecer este grupo de sicarios a sueldo donde se denota que el sujeto Wilson Marquez sería el jefe, e integrado por un suboficial del Ejército, adscrito al Batallón La Popa, quien presta la motocicleta y armas para según estos realizar sus vueltas. Así mismo lo integran José Alfredo Aroca Agamez, Teddy Ángel Vergara Quiñonez, Alias Migue, Edgardo, Fernando y Oscar.

(xiii) Copia de oficio del 5 de julio de 2002 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación dirigido al asesor de D.D.H.H. del despacho del Procurador General de la Nación (f. 126, anexo 1):

En atención al oficio 00733 de junio 11 de 2002, de manera atenta me permito informarle que en este despacho se adelantó la investigación radicada bajo la partida 1068, por el delito de homicidio agravado, cometido en la persona de Miguel Ángel Vargas Zapata, profesor de la Universidad Popular del Cesar.

Los hechos ocurrieron el día 16 de mayo del año 2001, siendo las 6:30 p.m. cuando el profesor Vargas Zapata abandonaba el claustro en su vehículo, Fiat de placas CBN 858 de Cali, fue abordado por un sujeto quien disparó en repetidas ocasiones en contra de su humanidad, causándole heridas que por su gravedad le ocasionaron la muerte.

De inmediato fue avocada la investigación por la Fiscalía Seccional de Valledupar y con base en la versión de un testigo presencial de los hechos, se logró establecer la identidad de quien hizo los disparos correspondiendo a Frank Gregorio Toncel, identificado con la C.C. 84072117 de Maicao, alias El Gato, desempleado, procediéndose a su captura y consiguiente vinculación mediante la diligencia de indagatoria.

Los medios de prueba relacionados en precedencia, demuestran cómo, entre otras entidades frente a las cuales no es procedente pronunciarse en esta instancia, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y, en especial, la Fiscalía General de la Nación tuvieron pleno conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba el señor Vargas Zapata. También de la grave situación de orden público que se vivía en el departamento del Cesar y específicamente al interior de la Universidad Popular del Cesar, plantel educativo en el que se proscribió de facto la posibilidad de ejercer libremente el derecho de asociación sindical, sin que las demandadas desplegaran actividades eficaces para garantizar el mismo y, sobre todo, para proteger la vida e integridad personal tanto del señor Miguel Ángel Vargas Zapata como la de otros profesores sindicalistas que acogieron una postura crítica frente a la administración del ente universitario.

En ese orden de ideas, no se entiende cómo, enteradas de las amenazas, las accionadas hicieron caso omiso de las mismas. De un lado, la Fiscalía General de la Nación omitió adelantar una investigación seria e imparcial que lograra neutralizar el atentado que cobró la vida profesor sindicalista, ocurrido casi dos años después de que fuera alertada por la víctima y que, incluso, culminó con decisión de preclusión, proferida con posterioridad al homicidio(25). Asimismo, la Policía Nacional, entidad a la que, por mandato constitucional (art. 218), le corresponde mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz”, esto es, le compete el mantenimiento del orden público(26), no acreditó haber adoptado medida alguna para salvaguardar la integridad personal de la víctima o para desmantelar la estructura criminal que intimidaba a los docentes sindicalistas y comoquiera que se trataba de un hecho notorio, de conocimiento público —tal como lo refirió el personero municipal de Valledupar en el Oficio del 17 de mayo de 2002— resultaba imperioso desplegar acciones positivas tendientes a garantizar su integridad personal. En todo caso, de haber adoptado medidas, es evidente que no fue suficiente para este propósito.

Finalmente, frente al Departamento Administrativo de Seguridad, cuya defensa se erige en el hecho de que no recibió solicitud formal de protección por parte del occiso, no obstante estar acreditado que efectuó un estudio de riesgo conforme al cual el nivel del mismo no lo ameritaba y que con posterioridad a la muerte que ocupa nuestra atención, realizó una efectiva labor de inteligencia que permitió identificar el modus operandi de la estructura criminal que llevaba a cabo los homicidios selectivos contra dirigentes sindicales de la Universidad Popular del Cesar —labor que bien pudo desplegar cuando tuvo conocimiento oportuno de las amenazas y no lo hizo—, sólo queda concluir sobre su responsabilidad suficientemente demostrada.

La Sala aprovecha esta oportunidad para reiterar que la actividad sindical resulta de vital importancia dentro un régimen democrático, pues comporta la vía de interlocución más efectiva con que cuentan los trabajadores frente a su contraparte patronal y, en ese orden de ideas, se erige como instrumento necesario para el establecimiento de un orden social justo, mismo que constituye la razón de ser de nuestra asociación política.

En efecto, mediante los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, se crea la obligación para los Estados Partes de garantizar el derecho a la asociación sindical. En este sentido, se consagra:

ART. 8º

1. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la Ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía y de la administración del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el convenio de la Organización Nacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o aplicar la Ley en forma que menoscabe dichas garantías.

En el mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, incorporado al derecho interno por medio de la Ley 16 de 1972, plasma en su artículo 16 que:

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

En el año 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió al caso colombiano(27) y señaló que los dirigentes sindicales corresponden a una población vulnerable que merece mayor protección por parte del Estado —se destaca—:

(…).

4. La Comisión ha recibido información fidedigna y pormenorizada acerca de la violencia contra personas dedicadas a la actividad sindical. Los afiliados a sindicatos han sido estigmatizados con frecuencia debido a sus actividades gremiales y a sus convicciones sociales y políticas. A menudo se les ha caracterizado como simpatizantes o colaboradores de movimientos armados disidentes, colocándolos en una situación vulnerable frente a las partes en el conflicto armado.

5. Entre 1991 y 1997, en Colombia fueron asesinados 1.071 sindicalistas. En junio de 1997, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (International Confederation of Free Trade Unions - "ICFTU") emitió un informe sobre los ataques contra sindicalistas perpetrados en todo el mundo. Según el informe, alrededor de 46 de cada cien sindicalistas asesinados en el mundo en 1996, eran colombianos. Cada año, desde 1991, la mayor cifra de sindicalistas muertos en Colombia corresponde a Antioquia. Los números más altos de muertes han ocurrido entre los afiliados a los sindicatos de docentes y los de trabajadores agrícolas. También los mineros agremiados son víctimas de un alto número de ataques. Los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores ("CUT") han sido sometidos constantemente a actos de violencia a lo largo de los años.

6. La Comisión recibió información indicando que, en el solo año 1997, 144 sindicalistas fueron asesinados, incluyendo 37 dirigentes sindicales. Nueve trabajadores sindicalizados más fueron desaparecidos.

(…).

9. La violencia contra los sindicalistas no se ha limitado a las violaciones del derecho a la vida. En muchas partes del país los sindicalistas son objeto de amenazas constantes y éstas, así como la violencia física, han obligado al desplazamiento forzoso de numerosos sindicalistas. Entre enero y noviembre de 1997, 342 militantes sindicales, 43 de ellos dirigentes, se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia normales. Además, la Comisión ha recibido informes acerca de atentados con explosivos contra locales gremiales y sobre militantes sindicales que han sido convertidos en víctimas de secuestros.

10. En 1997, en relación con varios casos, la comisión consideró necesario solicitar al Estado colombiano que tomara medidas cautelares en nombre de sindicalistas.  

(…).

12. Se ha informado a la comisión que los grupos armados disidentes a veces amenazan o atacan a los activistas sindicales (…). Grupos armados disidentes también han atacado con cierta frecuencia a trabajadores bananeros agremiados en la región de Urabá, Departamento de Antioquia. Cuando los grupos disidentes armados atacan a sindicalistas incurren en una acción incompatible con las normas de protección de civiles establecidas en el derecho humanitario internacional.

13. No obstante, la información que obra en poder de la Comisión indica que los ataques contra sindicalistas son perpetrados mayoritariamente por los grupos paramilitares. La Comisión obtuvo copias de varias amenazas escritas dirigidas contra sindicalistas y suscritas por diferentes grupos paramilitares. Estos grupos se identifican a sí mismos como "entidades de limpieza social" y se refieren a los dirigentes sindicales como miembros de las unidades urbanas de grupos disidentes armados.

(…).

19. La Comisión también tiene entendido que los sindicatos han denunciado, generalmente, las amenazas y las agresiones contra sus afiliados ante las autoridades competentes. Sin embargo, no se ha informado a la comisión que persona alguna haya sido condenada por el asesinato de miembros de sindicatos. 

20. Sobre la base de esta información, la comisión debe concluir que el Estado es responsable, en el plano internacional, de, por lo menos, algunos de los delitos perpetrados por grupos paramilitares contra militantes sindicales, por medio de su aquiescencia o tolerancia, si no de su participación activa. El Estado es, por ende, responsable de la violación de los derechos a la vida y a la integridad física de esos militantes sindicales, así como del derecho a la libertad de asociación, protegido por el artículo 16 de la Convención. El derecho a la asociación claramente incluye el derecho a formar sindicatos y a participar en las actividades de éstos, particularmente cuando está analizado a la luz del Protocolo de San Salvador. La comisión siempre ha señalado que, cuando el ejercicio legítimo de un derecho protegido en la Convención provoca ataques, represalias o sanciones, se consuma una violación de ese derecho.

(...).

23. Sin embargo, hasta ahora las medidas tomadas por el Estado no han sido suficientes para atenuar la gravedad de la situación. La Comisión está sumamente preocupada por la violencia contra los trabajadores agremiados e insta al Estado colombiano a asegurar la vida y la integridad física de los militantes sindicales, así como a ampararles en su derecho a la libertad de asociación(28).

Frente a esta preocupante situación, la recomendación se encaminó a la creación de políticas públicas y medidas que logren efectivamente la protección de los derechos de los sindicalistas, tanto del ejercicio de sus actividades, como a la vida misma.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la normativa interna relacionada con la protección de los derechos de los sindicalistas, se tiene que la misma es de rango constitucional. Así, en la Carta se consagra:

ART. 39.—Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

La Corte Constitucional, refiriéndose a la importancia de la protección de este derecho de carácter fundamental, así como la obligación del Estado de proteger su libre ejercicio, sostuvo(29):

(...).

Así las cosas, estima esta Corte, que el derecho de asociación es un derecho subjetivo que comporta una función estructural, que desempeña en el seno de la sociedad, en cuanto constituye una forma de realización y de reafirmación de un estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho permite la integración de individuos a la pluralidad de grupos; no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática, y es más, debe ser reconocido y protegido por todas las ramas y órganos del poder público.

De otra parte, debe reiterar una vez más esta corporación, que el constituyente de 1991 elevó a canon constitucional la mayoría de los principios y valores consagrados en las recomendaciones y convenciones de la OIT, en especial los acuerdos o convenciones números 87 sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización de 1948, 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva; y, el 151 sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, y que han sido incorporados a la legislación colombiana en virtud de las leyes 26 y 27 de 1.976 y 411 de 1997.

Bajo esta perspectiva, la asociación sindical comporta un carácter voluntario, ya que su ejercicio discrecional es una autodeterminación del trabajador de vincularse con otros individuos, y que perdura durante esa asociación. Por lo tanto, la Corte estima necesario precisar, una vez más que, según los artículos 53 inciso 4º, 93 y 94 de la Constitución Política, el contenido y alcance del derecho de asociación sindical ha de fijarse con arreglo a los convenios y tratados sobre derechos humanos, específicamente ha de tenerse en cuenta el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, conjunto de reglas obligatorias, que a su vez se encuentra complementado por el Convenio 98 de la misma organización, que regula lo relativo a la aplicación de los principios del derecho de asociación y libertad sindical.

La seguridad personal respecto de aquellos que ejercen este derecho, como se ha dicho, se encuentra en especial riesgo, situación que ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico, al punto que se considera que los sindicalistas merecen mayor protección, debido a las especiales condiciones en las que ejercen sus actividades asociativas.

Es así que el Estado emprendió diferentes desarrollos normativos encaminados a resguardar la integridad de los sindicalistas, tales como las leyes 199 de 1995, por la cual se precisan las políticas para la protección de población vulnerable, y 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Normas que desarrollan los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos.

De manera que no entiende esta Sala cómo a sabiendas de las especiales condiciones de amenaza que existían en contra del señor Vargas Zapata, esto es, como reconocido dirigente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-Cesar, dentro de un contexto de orden público complicado por la presencia e injerencia de grupos paramilitares, las entidades accionadas hayan adoptado una postura omisiva e indolente, desconocedora de los deberes radicados en la institucionalidad estatal.

Corolario de lo anterior, se declarará responsable extracontractual y patrimonialmente a la Policía Nacional, tanto por su propia conducta omisiva como por la del Departamento Administrativo de Seguridad, en atención a la sucesión procesal decretada, también a la Fiscalía General de la Nación. Entidades frente a las cuales esta corporación tiene competencia para analizar su responsabilidad, la cual fue plenamente demostrada en tanto su conocimiento de la situación también lo fue, amén de las circunstancias que rodearon la muerte del profesor Miguel ángel Vargas Zapata.

3.4. Liquidación de perjuicios

Expediente 2003-01381

Perjuicios morales

Con base en las pruebas que reposan dentro del trámite contencioso, se tiene acreditado que los señores Olga Zapata de Vargas, José Reinaldo Consuelo Regina, Carmina Lucía, Antonia Santos, Olga Cecilia y María Lourdes Vargas Zapata, eran respectivamente, la madre y hermanos del occiso José Miguel Vargas Zapata, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su hijo y hermano.

Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala Plena de esta Sección —sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 26.251—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado —caso de muerte del padre, hijo, cónyuge o compañero sentimental—, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a las relaciones afectivas del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) se reconoce una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

En ese orden, la Sala determina una indemnización, equivalente en pesos, a cien (100) smlmv a favor de la señora Olga Zapata de Vargas, y a cincuenta (50) smlmv a favor de los señores José Reinaldo, Consuelo Regina, Carmina Lucía, Antonia Santos, Olga Cecilia y María Lourdes Vargas Zapata, para cada uno.

Perjuicios materiales

En lo que tiene que ver con la pretensión relativa a perjuicios materiales a favor de la madre del occiso, estimada en la demanda por el valor de $222.740.897, será negada. Ello en atención a que se demostró en el expediente que el finado había formado su propio hogar situación que, conforme a las reglas de la experiencia, impide una colaboración permanente de los hijos a sus padres. Lo anterior, sin perjuicio de las ayudas ocasionales que pudo haber recibido de su hijo, como lo evidencian las declaraciones por los señores Juan José González Naranjo (160-161, c. 2) y Enelvia Mercedes Coba Peñalosa (f. 162-163, c. 2). Deponentes que también afirman que el señor Vargas Zapata se había separado de su cónyuge; no obstante, lo cierto es que también reposan en la foliatura los testimonios de Betsy Cecilia Zuleta Curvelo(30) e Iris López de Amaya(31), que dan cuenta de la buena relación que mantenía la víctima con su cónyuge e hijo. En conclusión, al margen de los auxilios económicos ocasionales que la señora Olga Zapata de Vargas recibiera de su hijo, lo cierto es que no se demostró que los mismos fueran permanentes; ello, aunado a que está suficientemente acreditado que el señor Vargas Zapata había conformado su propio hogar, resulta suficiente para no acceder a esta pretensión.

Expediente 2003-01392

Perjuicios morales

En la sentencia del 12 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo del Cesar reconoció por este concepto la suma de 100 smlmv para cada uno de los demandantes, esto es para Esvany Riascos López y Miguel Andrés Vargas Riascos, cónyuge e hijo de la víctima mortal.

En atención al criterio jurisprudencial que antecede, la Sala confirmará esta condena, con la precisión que debe ser pagada por la Policía Nacional, entidad que sucedió procesalmente al Departamento Administrativo de Seguridad, condenado en primera instancia y apelante único de la decisión.

Lucro cesante

El a-quo concedió como reparación por este perjuicio la suma de $385.285.825 a favor de la señora Esvany Riascos López y $167.854.604 a favor del señor Miguel Andrés Vargas Riascos. Para tal efecto tuvo en cuenta la última asignación salarial recibida por el señor Miguel Ángel Vargas Zapata ($3.955.185), descontó el 50% ($1.977.592,50) que la víctima destinaría para su propia subsistencia. Este valor lo dividió 50% para cada uno de los demandantes, lo actualizó a la fecha de la decisión, tuvo en cuenta la expectativa de vida del fallecido y la fecha en que el señor Vargas Riascos cumpliría los 25 años de edad.

Visto lo anterior, se confirmará la condena efectuada por este concepto, con la precisión de que pudo ser más favorable para los actores, en tanto lo habitual en casos de muerte del padre de familia es descontar, como gastos que destinaría para su propia subsistencia, únicamente el 25% de la renta a liquidar, no obstante, la parte demandante no cuestionó la decisión.

Las sumas mencionadas serán actualizadas conforme a la siguiente formula:

Actualización de la renta:

imagen 1
 

 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 132,70 que es el correspondiente a octubre de 2016, último índice conocido
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 98,47 que es el que correspondió al mes de junio de 2008, fecha de la sentencia de primera instancia

Actualización de la indemnización a favor de Esvany Riascos López

ra1
 

A la antes mencionada se pagará, por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, la suma de quinientos diecinueve millones doscientos dieciocho mil trescientos treinta pesos con veintitrés centavos ($519.218.330,23).

Actualización de la indemnización a favor de Miguel Andrés Vargas Riascos

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Al antes mencionado se pagará por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, la suma de doscientos veintiséis millones doscientos tres mil novecientos ochenta pesos con cuarenta centavos ($226.203.980,41).

Daño a la vida en relación

El a-quo también reconoció la suma de cincuenta (100) smlmv a favor de los demandantes dentro del radicado de la referencia, por el perjuicio que consideró demostrado y denominó “daño a la vida en relación”. Al respecto se debe poner de presente la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta sección el 28 de agosto de 2014(32):

(...). Se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2001, exp. 19.031 y 38.222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida en relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...).

Ahora bien, del análisis del material probatorio que obra en el plenario, la Sala no encuentra demostrada una lesión en la integridad física de los mencionados actores, tampoco una afectación psíquica diferente de la dolor moral que el deceso de su cónyuge y padre les ocasionó, motivo por el cual la indemnización reconocida en ese sentido por el fallador de primera grado será revocada en esta instancia.

3.5. Medidas de reparación integral

La Sala considera necesario adoptar medidas de reparación no pecuniarias que satisfagan la demanda de justicia de los actores. En ese orden de ideas dispondrá: (i) Que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación integren una comisión para el esclarecimiento de las circunstancias en que el señor Miguel Ángel Vargas Zapata y otros sindicalistas de la Universidad Popular del Cesar, fueron objeto de homicidios selectivos y sistemáticos. Ello con el propósito de garantizar el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas(33). Para tal fin, se exhortará a la Universidad Popular del Cesar a efectos de su colaboración, la cual resulta indispensable. (ii) Toda vez que está acreditada la ocurrencia de delitos de lesa humanidad, la Fiscalía General de la Nación deberá iniciar la investigación correspondiente que permita establecer la responsabilidad penal de los autores intelectuales y los determinadores de estos crímenes. (iii) Finalmente, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con la colaboración de la Universidad Popular del Cesar, instalarán una placa en homenaje al profesor Miguel Ángel Vargas Zapata y demás víctimas que fueron objeto de homicidios selectivos por el sólo hecho de pertenecer a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-Cesar, conforme lo establezca la comisión a que se hizo referencia en líneas anteriores. Esta placa deberá ser ubicada en un lugar público de la Universidad Popular del Cesar, en ceremonia pública o privada, que cuente con la participación de los demandantes. El contenido de la misma deberá ser consultado con los demandantes y las víctimas.

La parte actora, a través de su apoderado, manifestará si acepta o no las medidas de reparación integral adoptadas. De tal manifestación se dejará constancia y se comunicará a las entidades demandadas.

Por último, se remitirán copias de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24, numeral 1° del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.

4. Costas

La Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las demandadas dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

En virtud de la acumulación decretada en esta instancia, MODIFICAR las sentencias del 8 de marzo de 2007 y 12 de junio de 2008, proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, mediante las cuales se negó y accedió parcialmente a las pretensiones, respectivamente, las cuales quedarán contenidas en una sola decisión, así:

Primero. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte de Miguel Ángel Vargas Zapata.

Segundo. CONDENAR, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar por concepto de reparación de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Esvany Riascos López y Miguel Andrés Vargas Riascos, para cada uno.

Tercero. CONDENAR, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar por concepto de reparación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de quinientos diecinueve millones doscientos dieciocho mil trescientos treinta pesos con veintitrés centavos ($519.218.330,23), a favor de Esvany Riascos López y la suma de doscientos veintiséis millones doscientos tres mil novecientos ochenta pesos con cuarenta centavos ($226.203.980,41), a favor de Miguel Andrés Vargas Zapata.

Cuarto. CONDENAR, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de reparación de perjuicios morales, las sumas equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Olga Zapata de Vargas y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor José Reinaldo Vargas Zapata, Consuelo Regina Vargas Zapata, Carmina Lucía Vargas Zapata, Antonia Santos Vargas Zapata, Olga Cecilia Vargas Zapata y María Lourdes Vargas Zapata, para cada uno.

Quinto. En caso de que la parte actora así lo aceptare, conforme a lo expuesto en la parte motiva: (i) SE ORDENA que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación integren una comisión para el esclarecimiento de las circunstancias en que el señor Miguel Ángel Vargas Zapata y otros sindicalistas de la Universidad Popular del Cesar, fueron objeto de homicidios selectivos y sistemáticos. Para tal fin, SE EXHORTA a la Universidad Popular del Cesar con el propósito de que brinde su efectiva colaboración. (ii) SE ORDENA a la Fiscalía General de la Nación iniciar la investigación correspondiente que permita establecer la responsabilidad penal de los autores intelectuales y los determinadores de la persecución sistemática de que fueron objeto los miembros de ASPU-Cesar que culminó con homicidios selectivos, entre estos el del señor Miguel Ángel Vargas Zapata. (iii) Finalmente, SE ORDENA a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con la colaboración de la Universidad Popular del Cesar, instalar una placa en homenaje al profesor Miguel Ángel Vargas Zapata y otras víctimas que fueron objeto de homicidios por el sólo hecho de pertenecer a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-Cesar. Esta placa deberá ser ubicada en un lugar público de la Universidad Popular del Cesar, en ceremonia pública o privada, que cuente con la participación de los demandantes. El contenido de la misma deberá ser consultado con los demandantes y las víctimas. Para este propósito SE EXHORTA a la Universidad Popular del Cesar.

Sexto. REMITIR copias de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24, numeral 1° del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.

Séptimo. Sin condena en costas.

Octavo. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quienes han actuado como apoderados judiciales en uno y otro proceso.

Noveno. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

1 Decretada por esta corporación de manera oficiosa, mediante providencia del 18 de febrero de 2016 (f. 463-466, c. ppl. 1).

2 Radicada con el número 2003-01392.

3 Radicada con el número 2003-01381.

4 Visible a folios 324-237 del cuaderno principal 1.

5 El 15 y 16 de mayo de 2003, fechas en que se presentaron las demandas, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $36.950.000 -artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988- y la mayor de las pretensiones de la demanda de radicado 2003-01381, fue estimada en la suma de $222.740.897, a favor de cada uno de la señora Olga Zapata de Vargas, por concepto de perjuicios materiales; mientras que en la demanda radicada con el número 2003-01392, la mayor de las pretensiones fue establecida en la suma de 250 s.m.l.m.v. para daca uno de los demandantes por concepto de perjuicios extrapatrimoniales diferentes a los morales. Así, teniendo en cuenta el s.m.l.m.v. para el año 2003 ($332.000), se tiene que el valor de esta pretensión corresponde en pesos a la suma de $83.000.000.

6 Folios 882-885, c, ppl. 2.

7 Art. 357 Código de Procedimiento Civil “[l]a apelación se entiende interpuesta en los desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella (…)”.

8 Se describió el lugar de los hechos así: “PARTE POSTERIOR ENTRADA UPC – SABANAS DEL VALLE”.

9 “Se trata de cadáver correspondiente a hombre adulto, con heridas por proyectiles de arma de fuego en hechos ocurridos en la entrada de la Universidad del Cesar en este municipio, cuya muerte fue ocasionada en hechos sucedidos hacia las 6 de la tarde anterior. Recibió atención médica en el Hospital Rosario Pumarejo de López, en donde realizan medidas de sostenimiento, con evolución hacia la muerte”.

10 “(…) Ese día yo me fui con Miguel Ángel a la Universidad Popular del Cesar sede Sabanas, que queda en el barrio Sabanas, faltando un cuarto para las 7:00 pm entró una ex alumna mía al salón donde yo estaba dictando clases y me dijo que acababan de asesinar al profesor MIGUEL ÁNGEL VARGAS ZAPATA, yo salí inmediatamente de ese salón y en una de las salidas de la Universidad encontré el carro de MIGUEL ÁNGEL con las luces encendidas, los vidrios de atrás estaban quebrados pero no estaba MIGUEL ÁNGEL, ya se lo habían llevado para el hospital, inmediatamente me fui para el hospital para averiguar la verdad del asunto, cuando llegué al hospital estaban los médicos tratando de revivir a MIGUEL ÁNGEL, como a la hora y media de estar en el hospital los médicos informaron que MIGUEL ÁNGEL acababa de fallecer (…)”.

11 Sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

12 Que conforme a lo explicado en el acápite de cuestión previa, serán tenidas como tales en esta instancia la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Departamento Administrativo de Seguridad.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de julio de 2013, interno 24.496, C.P.: Danilo Rojas Betancourth (E) y del 13 de noviembre de 2014, interno 33.269, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C n.° 259, párr. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C n.° 252, párr. 145.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

16 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C n.° 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C 192, párr. 78.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

23 [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

24 [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

25 También vale poner de presente algunas consideraciones efectuadas en la sentencia del 23 de abril de 2009, exp. 16923, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, así “El artículo 250 de la Constitución Política, vigente antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo 2 de 2003, disponía que en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 4º. “Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”. // En esta materia, el Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, dispuso: ARTÍCULO 23. La Oficina de Protección y Asistencia será responsable de asesorar al Fiscal General en definir políticas de protección y asistencia social para funcionarios de la Fiscalía, víctimas testigos e intervinientes en el proceso. Una vez aprobadas, implementar normas y coordinar con los organismos de seguridad social y otras instituciones pertinentes. // Para cumplir con estas funciones será responsable de: 1. Recolectar y estudiar la veracidad, el posible origen y la gravedad de las amenazas contra víctimas, testigos, funcionarios de la Fiscalía e intervinientes en el proceso. 2. Tomar las medidas necesarias para que los organismos de seguridad del Estado brinden la protección y seguridad en aquellos casos en que se requiera. (…)” // A su turno, el Código de Procedimiento Penal vigente para la época - Decreto 2700 de 1991 -, disponía lo siguiente: ARTÍCULO 11. PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS. La Fiscalía General de la Nación dentro de la actuación penal proveerá la protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran, para garantizar el restablecimiento del derecho y la cooperación judicial plena y libre. ARTÍCULO 120. ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. ARTÍCULO 130. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS. El fiscal general de la nación, directamente, o a través de sus delegados puede tomar las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia”.

26 “El inciso primero del artículo 218 le asigna a la ley la tarea de organizar el cuerpo de policía. En su inciso segundo, se indica la naturaleza y la finalidad de la policía. En cuanto a lo primero, se define como "cuerpo armado permanente de naturaleza civil". En relación con el fin primordial, el texto constitucional lo señala, como "el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas", aparte del aseguramiento de la paz para los habitantes de Colombia. Naturaleza y fin, esencia y objetivo se encuentran estrechamente vinculados, de tal manera que la consecución de lo segundo no puede lograrse en ausencia de lo primero y el logro de éste no basta para la realización de aquél” Sentencia C-453 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

27 El mismo ente ya se había pronunciado en oportunidad anterior sobre el particular, mediante informe rendido en el año 1981 http://www.cidh.org/countryrep/Colombia81sp/Conclusiones.htm#A

28 http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-9.htm#2

29 Sentencia C-1491 del 2000.

30 “Ellos vivía bien, una pareja feliz, con su hijo, hasta el momento en que murió Miguel Ángel, ellos vivían juntos (…)” (f. 177-178, c. 1).

31 “Era un matrimonio normal, estuvieron en Suecia cuando MIGUEL ÁNGEL fue a hacer el doctorado, como todo matrimonio que tiene sus altibajos” (f. 179-180).

32 Exp. 28.832, C. P.: Danilo Rojas Betancourth.

33 Artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 “Ley de víctimas y restitución de tierras”: “DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO. El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.