Sentencia 2003-01434/40014 de agosto 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso número: 68001-23-31-000-2003-01434-01(40014)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Sonia Chía Rojas y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y otro

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

11. Como dentro de la controversia están dos entidades públicas, la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (artículos 82 y 149 del Código Contencioso Administrativo), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2), la que para el caso se restringe a aquellos puntos desfavorables al recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

12. De otro lado, el artículo 86(3) del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de las entidades demandadas, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa.

13. Los hijos(4) del señor Ricardo Castañeda están legitimados en la causa por activa, pues están demostrados sus lazos de parentesco con la víctima. Asimismo, la señora Sonia Chía acreditó ser la esposa de la víctima, de conformidad con el registro civil de matrimonio (fl. 12, c. ppal. 1).

13.1. Por su parte, la señora Martha Mendieta acreditó estar legitimada en la causa por activa dado que demostró ser la compañera permanente del señor Ricardo Castañeda, de conformidad con los testimonios de María Nohemí Cáceres –cuñada de Sonia Chía– (fl. 209, c. ppal. 1), quien aseguró que la víctima convivía simultáneamente con Martha Mendieta y Sonia Chía; Custodio Ortiz Vargas –vecino de Martha Mendieta– (fl. 211, c. ppal. 1) afirmó que la víctima, aunque no residía en la vivienda de Martha Mendieta, mantenía un hogar con ella y los hijos que ambos tenían; así como, María del Carmen Rojas de Toloza –madre de Sonia Chía– (fls. 256 y rev, c. ppal. 1) sostuvo que la esposa y la compañera permanente dependían económicamente de la víctima.

13.2. En ese sentido, el argumento de apelación del Inpec carece de sustento, toda vez que sí se acreditó, a través de los medios probatorios pertinentes previstos en el artículo 4(5) de la Ley 54 de 1990, que Martha Mendieta era la compañera permanente de la víctima, así al margen de que el artículo 2(6) de la Ley 979 de 2005 no estaba vigente al momento de presentación de la demanda –24 de junio de 2003– y por tanto no podía exigírsele a la demandante que acatara sus previsiones, lo cierto es que la nueva legislación igualmente permite que se acredite la unión marital de hecho a través de testimonios.

14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la Sala considera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está legitimado, pues está acreditada su participación en los hechos dañosos denunciados en la demanda. En lo tocante a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho se advierte que esta no participó en la producción del daño debido a que, como bien lo señaló el a quo, la obligación de respetar y proteger la vida de los internos no recae en esta entidad, además el a quo negó las pretensiones formuladas en contra de la Nación, por tanto la Sala debe mantener esa decisión, ya que ese punto no fue apelado y el ad quem, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

1.3. La caducidad.

15. Teniendo en cuenta que la víctima falleció el 15 de agosto de 2001, según registro civil de defunción (fl. 5, c. ppal. 1) y la demanda se presentó el 24 de junio de 2003 (fl. 30, c. ppal. 1), fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7).

2. Problema jurídico.

16. Corresponde a la Sala determinar si la muerte del señor Ricardo Castañeda Moreno al interior de la cárcel Modelo de Bucaramanga es imputable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por faltar al deber de seguridad y vigilancia de los reclusos bajo su custodia, o si, como alega la apelante, no incurrió en falla alguna del servicio y en todo caso se presentó el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad.

3. Elementos de la responsabilidad extracontractual.

17. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(8), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la imputación.

18. Igualmente, precisa referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y en copia simple(9).

3.1. El daño.

19. En el sub lite, el daño alegado por la parte demandante se concretó en la muerte del señor Ricardo Castañeda Moreno al interior de la cárcel Modelo de Bucaramanga, hecho que está suficientemente acreditado con el registro civil de defunción (fl. 5, c. ppal. 1) y el acta de levantamiento del cadáver (fl. 26, c. ppal. 1).

3.2. La imputación.

20. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(10):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

21. En ese orden, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede –en cada caso concreto– válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

22. Ahora, el título de imputación privilegiado para casos como el presente es el daño especial por régimen objetivo. No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado, como ocurre en el presente asunto, donde la Sala verifica la presencia de una falla.

23. Así, en la muerte del recluso concurrieron dos causas constitutivas de falla, de un lado, el incumplimiento del Estado de los deberes de custodia y seguridad frente a los reclusos para garantizar su vida, honra e integridad física; de otro, la desatención de sus obligaciones de vigilancia y control del centro carcelario, por tanto se concluye que en la producción del daño intervino un comportamiento reprochable o ilícito de la entidad, quien incumplió sus obligaciones funcionales, esto es, se presentó una clásica falla en el servicio, base constitutiva por esencia del deber de reparación(11).

24. Una de las funciones de la responsabilidad, a parte de la resarcitoria, es la preventiva, y la Jurisdicción Contencioso Administrativa puede, en ejercicio razonable de sus competencias, fijar patrones de corrección con el fin de que en el futuro las falencias no se repitan. Así lo estableció la Sección Tercera cuando dijo que “se cumple con la función consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa de identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que ésta procure evitar la reiteración de conductas anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración”(12). Igualmente, se advirtió que: “es necesario que el Consejo de Estado ponga en evidencia los errores cometidos por la administración en ejercicio de sus funciones, con el objetivo de que la justicia contenciosa fije pautas para que esos yerros no tengan nueva ocurrencia”(13).

25. Además, en tratándose de fallas en el servicio que afecten a reclusos, esta Sala, en contraposición a la doctrina francesa sobre la materia, precisó que no es necesario acreditar que la falencia administrativa sea especialmente grave debido a la particular situación que atraviesa el sistema carcelario, así(14):

Se considera además pertinente en esta oportunidad traer a colación el caso francés, donde se parte de la concepción del universo carcelario como un ámbito en el que el propio interno es naturalmente hostil a la vigilancia, control e incluso, protección del Estado, por lo que se requiere que este último incurra en un funcionamiento particularmente negligente, hasta el extremo de que se exige la “falta grave” para que se considere configurada la responsabilidad.

En Colombia no existe la figura de la culpa grave a fin de imputar responsabilidad al Estado, a pesar de que es evidente que los propios internos, en su gran mayoría, conspiran contra la labor de vigilancia, control y protección de las autoridades carcelarias; sin embargo, adoptar una posición como la del derecho francés no sería adecuada, dada la crítica situación del grueso de las cárceles colombianas, en las cuales el hacinamiento y en general, las condiciones dantescas y abyectas en las cuales los internos viven, hacen inviable el desarrollo de una figura tal, puesto que de exigirse la demostración de una culpa grave, quizá la administración sería aún menos diligente en lo relacionado con la mejora de las condiciones del servicio carcelario que hoy urgen.

Por lo tanto, se considera adecuado hablar mejor de un mal funcionamiento del servicio carcelario a fin de imputar responsabilidad al Estado, sobre todo porque a través de la responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo puede hacer un diagnóstico de la prestación de dicho servicio, en relación con las condiciones de los internos y respecto de si la finalidad de resocialización de las penas privativas de la libertad se cumple; con ello la jurisprudencia actúa como indicador de los niveles o estándares de eficiencia del aparato administrativo, con miras a la formulación de políticas públicas, en tanto ejerce una labor de pedagogía hacia la Administración y propende porque el servicio que evalúa, se preste en las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico y por los principios y valores superiores que lo inspiran.

26. Entonces, para estudiar la imputación del daño al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Sala debe analizar el escenario donde se produjo la muerte del señor Ricardo Castañeda. Pues bien, la víctima, según lo certificó la Fiscalía General de la Nación (fl. 95, c. ppal. 1), estaba vinculada a una investigación penal, como presunto autor del delito de porte ilegal de armas, tal como lo corroboró la Policía Nacional (fl. 120, c. ppal. 1), quien además informó que la captura se efectuó el 21 de junio de 2001.

26.1. El 13 de agosto de 2001, la víctima ingresó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga, conforme lo informó el Inpec (fl. 124, c. ppal. 1), plantel que es del orden nacional y administrado por dicha entidad, según lo manifestó su Secretario General (fl. 117, c. ppal. 1) y el Ministerio del Interior y Justicia (fl. 119, c. ppal. 1).

26.2. El 15 de agosto de 2001, el señor Ricardo Castañeda falleció al interior de la referida cárcel, tal como lo reconoció el Inpec (fl. 124, c. ppal. 1), con ocasión de las múltiples heridas que le fueron ocasionadas con arma cortopunzante, según quedó reseñado en la necropsia(15).

26.3. La Fiscal Octava de la Unidad de Reacción Inmediata y el Jefe de la Unidad Móvil de la Seccional de Investigación Criminal - SIJIN –quienes practicaron el levantamiento del cadáver– consignaron en el acta de dicha diligencia que el cuerpo fue encontrado en un baño del patio seis de la cárcel de Bucaramanga, sitio que tenía poca visibilidad por las prendas que ahí estaban colgadas(16). Además, precisaron que los guardias desconocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió la muerte, ya que en el patio donde ocurrió el hecho no se encontraba ningún personal de vigilancia(17), igualmente, aseguraron que los guardias encontraron el cadáver dos horas después del conteo de reclusos de las ocho de la mañana.

26.4. El Inpec remitió el listado de operativos y hallazgos (fls. 125 a 162, c. ppal. 1) efectuados en la cárcel de Bucaramanga entre el 1º de enero de 2001 y el 13 de agosto de 2001 –mes de la muerte–, donde se puede constatar el decomiso de gran cantidad de armas cortopunzantes y estupefacientes durante ese periodo.

27. Así, de los hechos acreditados se tiene que hubo un incumplimiento de los deberes funcionales asignados al Inpec, por cuanto no se cumplió con la custodia y vigilancia permanente a los internos del centro penitenciario, ya que en el lugar donde se perpetró el homicidio no se preservó la vigilancia visual constante que se exige por el literal c del artículo 44(18) de la Ley 65 de 1993, inspección que está a cargo de dicha entidad según el artículo 31(19) ibídem. Circunstancia agravada por el hecho de permitir que en la cárcel existan puntos que impidan hacer seguimiento visual a los internos y con ello percibir el ataque, obstaculización que además imposibilitó una eventual ayuda médica. Además, resulta inexplicable que el cadáver haya sido encontrado dos horas después del conteo de reclusos, pues ello deja en evidencia la poca atención prestada a los internos, por el tiempo transcurrido entre la última vez que se vio con vida a la víctima y el momento en que fue encontrado su cadáver.

28. Igualmente, se presentaron irregularidades en la custodia de los internos, ya que no se llevaron a cabo todas las medidas anticipatorias, ni de prevención que impidiera la ejecución de actos violentos, pues según el literal e del artículo 44 de la Ley 65 de 1993 se deben “emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias”, además la entidad debía “mantener la disciplina con firmeza”, obligación ignorada pues el porte de armas y la ejecución de un homicidio son abiertamente contrarias a la disciplina que debe observarse en una prisión.

29. Ahora que en su apelación la entidad indicó que su obligación era de medio y no de resultado, por lo tanto no había lugar a endilgarle ninguna responsabilidad, pues dispuso todos los mecanismos para evitar el daño. Sobre el particular, la Sala recuerda que esa tesis, si bien fue aplicada en algunos asuntos para resolver la imputación de daños ocasionados a reclusos, fue modificada por esta corporación.

30. En efecto, en un primer momento se consideró que frente al retenido el Estado adquiría las obligaciones propias de la figura del depósito necesario de personas(20), luego se hizo referencia a la obligación de resultado que adquiría el Estado con el recluso, pues si bien este tenía el deber de capturar a las personas cuando sobre ellas pesaba alguna sindicación, con la aprehensión no nacía una relación contractual para mantenerlo con vida, sino que surgía obligación legal de resultado consistente en respetar su vida, su integridad personal y psíquica(21).

31. Fue así que se sostuvo que el incumplimiento de la mencionada obligación de resultado, configuraba una falla del servicio probada o bien que la falla se presumía con la sola demostración de que la víctima no había sido reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en las que había ingresado al lugar de detención(22). Sin embargo, tales concepciones fueron abandonadas para en su lugar privilegiar el análisis de la falla en el servicio de cara a las disposiciones que desarrollan la materia, ya que la autoridad penitenciaria tiene a su cargo dos obligaciones concretas como lo es la custodia y la vigilancia y, en el evento en que ocurra una lesión o se cause la muerte de un recluso, el Estado es responsable de tal daño por cuanto quebranta por omisión de esos deberes, como ocurrió en el sub lite, por tanto el motivo de impugnación carece de la capacidad para eximir de responsabilidad a la entidad, pues la falla en el servicio quedó suficientemente probada, sin que para ello se deba acudir a obligaciones de resultado(23).

32. Por último, en relación con la causal eximente de responsabilidad alegada en la apelación, la Sala recuerda que el hecho de un tercero exime a la entidad siempre que se encuentren demostrados todos sus elementos constitutivos, sin embargo cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios internos a otros reclusos, en principio, no tiene cabida la causal de exclusión de responsabilidad. En estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida y su integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos(24), por ende en el presente asunto no se accederá a esa petición, al margen que terceros hayan segado la vida de la víctima, dado que la conducta omisiva de la entidad fue la determinante en la causación del daño, pues en el momento en que ocurrieron los hechos, no se encontraba custodiado por personal del Inpec, debiendo estarlo.

33. Del anterior recuento, la Sala concluye, al igual que el a quo, que la entidad incurrió en una falla del servicio, por lo que la declaratoria de responsabilidad efectuada en la primera instancia deberá confirmarse por lo que resta liquidar los perjuicios.

3.3. Liquidación de perjuicios.

34. En vista de que el Inpec es el único apelante en el presente asunto, en virtud del principio non reformatio in pejus, no se debe desmejorar la situación que ya le fijó el Tribunal de primera instancia.

35. Así, en lo concerniente a los perjuicios morales, la Sala recuerda que el criterio jurisprudencial vigente para su reconocimiento, en tratándose de muertes, fue fijado en salarios mínimos legales mensuales vigentes por la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(25), así:

Reparación del daño moral en caso de muerte
NivelTipo de relaciónMonto
1Relaciones afectivas conyugales y paternofiliales.100
2Parientes en el 2º de consanguinidad.50
3Parientes en el 3º de consanguinidad.35
4Parientes en el 4º de consanguinidad.25
5Terceros damnificados.15

35.1. En esa línea, la Sala comparte que en la sentencia apelada le fueran reconocidos 100 salarios a cada uno de los demandantes, pues todos se ubican en el primer nivel descrito –esposa, compañera permanente e hijos–, sea del caso aclarar que el monto de los salarios es el vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

36. Ahora, en relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en principio, podría sostenerse que tal reconocimiento resulta improcedente respecto de familiares de personas que, encontrándose recluidas en centros carcelarios, pierden su vida, habida consideración de que en ese momento la víctima directa no se encuentra desarrollando actividad productiva alguna. Sin embargo, lo cierto es que frente a casos como el presente –persona privada con motivo de una medida de aseguramiento–, se ha precisado que si el sindicado no fue condenado, su presunción de inocencia se mantiene y por ello debe considerársele económicamente productivo(26).

36.1. Ahora, sobre el ingreso de la víctima, el a quo tomó como base para la liquidación el monto certificado por la empleadora del demandante(27), que ascendía a $286.000 pesos más una bonificación de $214.000 pesos, para un total de $500.000 pesos; sin embargo, frente a ese documento, la Sala encuentra dos reparos, por un lado, la certificación indica que la víctima laboró hasta el 15 de enero de 2001 y el demandante fue capturado cinco meses y seis días después, esto es, el 21 de junio de 2001 –supra párr. 26–, por lo que no es posible considerar que esa era la actividad productiva que desempeñada la víctima al momento de su captura; de otro lado, en el plenario no reposa otra prueba que corrobore lo consignado en esa certificación, por lo que tampoco es posible considerar que ese era el ingreso de la víctima al momento de su captura(28).

36.2. Así, en consideración a que la entidad apeló la declaratoria de su responsabilidad(29), la Sala tomará como base de liquidación el salario mínimo vigente al momento de esta sentencia ($689.455), que es menor a los $1.003.482 pesos que resultaría de actualizar los $500.000 pesos empleados por el a quo(30). En esa línea, no se actualizarán los valores aquí reconocidos, comoquiera que al emplear el salario mínimo actualmente vigente no hay lugar a indexación, pues las cifras ya están a valor presente.

36.3. Al salario mínimo mensual vigente se le sumará un 25% por concepto de prestaciones sociales ($861.819) y se le reducirá el 25% de gastos personales del fallecido ($215.455) –porcentajes aplicados por el a quo–, resulta entonces una renta mensual destinada a la ayuda económica del grupo familiar dejada de percibir de $646.364.

36.4. El monto fue distribuido por el a quo en tres partes, una para la esposa de la víctima (33,3%), otra para su compañera permanente (33,3%) y otra para sus hijos (33,3%, 5.56% para cada uno). Decisión que debe ser modificada pues resulta favorable para la apelante aplicar los porcentajes que emplea la Sala(31) en tratándose de la distribución entre esposa (25%), compañera permanente (25%) e hijos (50%, 8.33% para cada uno), toda vez que así aplicados los porcentajes, la condena resulta menor como más adelante se explicará.

36.5. En contraste, se mantendrá, en virtud de la non reformatio in pejus, lo concerniente a la edad en que los hijos recibirían la ayuda del padre, pues si bien esta Corporación ha sostenido que es hasta los veinticinco años, el a quo dispuso para el sub lite que era hasta los dieciocho años. Igualmente, en cumplimiento de la mencionada garantía, no se aplicará para el asunto las fórmulas para calcular la indemnización del lucro cesante con acrecimiento(32), pues el Tribunal no la aplicó y ello incrementaría el valor de la condena.

36.6. La Sala advierte que la indemnización comprende dos periodos uno consolidado y uno futuro. El primero va desde la fecha de la muerte –15 de agosto de 2001– hasta la fecha de esta sentencia o bien hasta el momento en que los hijos cumplieron la mayoría de edad.

36.7. Para las señoras Sonia Chía y Martha Mendieta y para Juan y Daniel Castañeda –quienes no han cumplido la mayoría de edad a la fecha de esta sentencia(33)– se tiene que los meses a calcular ascienden a 179. Para Nini, Martha, Jair y Andrea Castañeda los meses a calcular ascienden a 12, 48, 94 y 115, respectivamente, ello en consideración a la fecha de los hechos y el momento en que cumplieron dieciocho años(34). Para el cálculo de este perjuicio se aplicará la fórmula utilizada por la jurisprudencia:

GUAUU2
 

Dónde:

s: es la indemnización consolidada a obtener.

ra: es la renta o ingreso mensual actualizado.

i: es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0,004867.

n: es el periodo indemnizable.

36.8. Una vez efectuada la operación descrita, se obtienen los siguientes resultados para cada demandante(35):

Lucro cesante consolidado
DemandanteRenta mensual (ra)Número de
Meses (n)
Total
Sonia Chía$161.591179$45.974.430
Martha Mendieta$161.591179$45.974.430
Juan Castañeda$53.864179$15.324.810
Daniel Castañeda$53.864179$15.324.810
Nini Castañeda$53.86412$663.950
Martha Castañeda$53.86448$2.904.496
Jair Castañeda$53.86494$6.400.813
Andrea Castañeda$53.864115$8.275.788
Total$140.843.529

36.9. En ese orden, se modificará el fallo de primera instancia para condenar al Inpec a pagar a cada demandante las mencionadas sumas por concepto de lucro cesante consolidado.

36.10. Ahora, el a quo consideró que no se podía liquidar en concreto el lucro cesante futuro de las señoras Sonia Chía y Martha Mendieta, por cuanto en el plenario no reposan sus registros civiles de nacimiento; sin embargo sí fueron allegadas copias de sus cédulas de ciudadanía, documentos de identificación donde puede corroborarse sus edades(36), por lo que la Sala procederá a efectuar el cálculo del rubro en cita.

36.11. El lucro cesante futuro se calculará hasta la expectativa de vida de la víctima, que era inferior a la de su esposa y compañera permanente de conformidad con las tablas de supervivencia vigentes en la época de los hechos –Resolución No. 497 del 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria– y correspondía a 40,53 años(37), que expresados en meses equivalen a 486,36, a los que se restan los 179 meses del período consolidado ya reconocido, para un total de 307,36 meses. En relación con Juan y Daniel Castañeda(38), les corresponden 4 y 21 meses respectivamente. Para el cálculo se aplicará la fórmula empleada por esta corporación:

GUAUU3
 

Dónde:

s: es la indemnización futura a obtener.

ra: es la renta o ingreso mensual actualizado.

i: es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0,004867.

n: es el periodo indemnizable.

36.12. Una vez efectuada la operación descrita, se obtienen los siguientes resultados para los demandantes que tienen derecho(39) a lucro cesante futuro(40):

Lucro cesante futuro
DemandanteRenta mensual (ra)Número de meses (n)Total
Sonia Chía$161.591307,36$25.735.813
Martha Mendieta$161.591307,36$25.735.813
Juan Castañeda$53.8644$212.860
Daniel Castañeda$53.86421$1.072.781
Total$52.757.267

36.13. En ese orden, se condenará al Inpec a pagar a cada demandante las mencionadas sumas por concepto de lucro cesante futuro.

37. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 10 de septiembre de 2009 del Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, la cual quedará así:

Primero. DECLÁRASE que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, es administrativa y patrimonialmente responsable de la muerte del señor Ricardo Castañeda Moreno, ocurrida el 15 de agosto de 2001, en la cárcel “Modelo” de Bucaramanga.

Segundo. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, a pagar por concepto de compensación por daño moral la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de esta sentencia a favor de cada una de las siguientes personas: Martha Yaneth Mendieta, Nini Johana Castañeda, Martha Isabel Castañeda Mendieta, Jair Ricardo Castañeda Mendieta, Andrea Paola Castañeda Mendieta, Sonia Chía Rojas, Juan Sebastián Castañeda Chía, Daniel Felipe Castañeda Chía.

Tercero. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, a pagar por concepto de perjuicios materiales relacionados con el lucro cesante consolidado, las siguientes sumas:

Para Martha Yaneth Mendieta: $ 45.974.430

Para Nini Johana Castañeda Mendieta, $ 663.950

Para Martha Isabel Castañeda Mendieta, $ 2.904.496

Para Jair Ricardo Castañeda Mendieta, $ 6.400.813

Para Andrea Paola Castañeda Mendieta, $ 8.275.788

Para Sonia Chía Rojas, $ 45.974.430

Para Juan Sebastián Castañeda Chía, $ 15.324.810

Para Daniel Felipe Castañeda Chía. $ 15.324.810

Cuarto. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, a pagar por concepto de perjuicios materiales relacionados con el lucro cesante futuro, a favor de los demandantes las siguientes sumas:

Para Martha Yaneth Mendieta: $ 25.735.813

Para Sonia Chía Rojas, $ 25.735.813

Para Juan Sebastián Castañeda Chía, $ 212.860

Para Daniel Felipe Castañeda Chía. $ 1.072.781

Quinto. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo asignó el conocimiento en primera instancia a los tribunales administrativos de los asuntos de reparación directa que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes. En consecuencia, como la mayor reclamación por perjuicios materiales se estimó en $200.000.000, es claro que para el 24 de junio de 2003 (fl. 30, c. ppal. 1) –fecha de presentación de la demanda–, la controversia superaba el valor exigido para que tuviera vocación de doble instancia, esto es superior a $166.000.000.

3 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

4 Está demostrado que Juan Sebastián y Daniel Felipe Castañeda Chía, así como Nini Johana, Martha Isabel, Jair Ricardo y Andrea Paola Castañeda Mendieta son hijos del señor Ricardo Castañeda Moreno (registros civiles de nacimiento –fls. 6 a 11, c. ppal. 1–).

5 “La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia”.

6 “El artículo 4º de la Ley 54 de 1990, quedará así: // Artículo 4º. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: // 1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. // 2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido. // 3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia”.

7 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

8 Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(…) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito –bien sea formal o sustancial– para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso. Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, Exp. 29584, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 16974, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007, Exp. 21511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

15 “Probable manera de muerte: violenta, homicida. // Causa de muerte: laceración visceral toráxica (sic) por lesiones por arma cortopunzante y laceración vascular cervical. // Mecanismo de muerte: shock hipovolémico, agravado con shock cardiogénico y medular” (necropsia –fl. 109, c. ppal. 1–).

16 “Descripción del lugar del hecho: interior patio seis de la cárcel Modelo, en el baño, sitio aislado del centro del patio, cuya vista o visibilidad se encontraba obstruida por prendas de ropa colgadas” (acta de levantamiento del cadáver –fl. 26 rev, c. ppal. 1–).

17 “Resumen hechos: personal de guardia de la cárcel Modelo informa que aprox. Dos horas después de realizado el conteo de presos, de las ocho de la de la mañana, se encontró el cadáver sin que se tenga versión alguna sobre la ocurrencia de la muerte, toda vez que en el patio no se encontraba ningún agente de guardia de esa institución y los presos se encontraban solos, los victimarios además se encubrieron en los tendidos de ropa que se encontraban colgados en la parte anterior del baño donde fue encontrado el cadáver” (acta de levantamiento del cadáver –fl. 26 rev, c. ppal. 1–).

18 “Deberes de los guardianes. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno: (…) c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual”.

19 “Vigilancia interna y externa. La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional”.

20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de agosto de 1981, Exp. 2750, C.P. Jorge Valencia Arango. En esa oportunidad se refirió lo siguiente: “el depósito necesario de personas no es, pues, ajeno al derecho colombiano y quizás el más común y más frecuente y menos estudiado y regulado, es el que se configura en el momento en que las autoridades de la República, como personeras de la Nación, capturan al ciudadano y lo ponen, contra su voluntad y la de sus parientes y amigos, bajo su guarda y vigilancia, para los efectos legales pertinentes, convirtiéndose los captores y guardadores en el depositario que debe responder, con obligación de resultado del supremo bien de la vida, para cuya garantía están instituidas esas autoridades de la República a tenor del artículo 16 de la Constitución Política y que, como derecho ‘inherente a la persona’ en los términos del ‘Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’ (artículo 6º) ratificado por Colombia por la Ley 74 de 1968, es la primera causa y razón de la existencia y organización del Estado. // O la autoridad comprueba que devolvió al ciudadano al seno de la sociedad, sano y salvo, o compromete su responsabilidad en forma que solo se exonera demostrando fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima”.

21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de julio de 1995, Exp. 10147, C.P. Daniel Suárez Hernández. Oportunidad en la que se advirtió que: “los establecimientos carcelarios o penitenciarios asumen frente a los internos una obligación de brindarles seguridad, obligación que se considera de resultado y no simplemente de medio, la cual se traduce en el compromiso de la entidad pública respectiva de regresar a la sociedad al recluso en el mismo estado de salud en que fue recibido para su internamiento, excepto, desde luego, las enfermedades y problemas de salud inherentes ordinariamente a la misma naturaleza del ser humano”.

22 Sobre la evolución de la jurisprudencia en las obligaciones de resultado frente a los reclusos, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007, Exp. 21511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 26 de marzo de 2014, Exp. 27905, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2011, Exp. 20587, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo del 2001, Exp. 12819, C.P. María Elena Giraldo. En esa oportunidad se aclaró que: “si bien es cierto la víctima estaba privada de la libertad porque pesaba sobre él una medida cautelar consistente en detención preventiva, no lo es menos que dicha pérdida de su libertad no desconocía su derecho fundamental a la presunción de inocencia (artículo 29 de la C. P.), razón por la cual puede considerársele como económicamente productivo, sin restricción alguna. En otras palabras, la sola circunstancia relativa a que la víctima estuviese privado de la libertad al momento de su muerte, no impide concluir per se acerca de la inexistencia del perjuicio material de los demandantes”. En el mismo sentido, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2014, Exp. 21779, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo; Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, Exp. 19865, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

27 “Por medio de la presente hago constar que el señor Ricardo Castañeda Moreno […] trabajó conmigo como cadenero desde el 22 de octubre de 1998 hasta enero 15 del 2001. Devengando un sueldo de $286.000 más una bonificación de $214.000” (certificación laboral –fl. 16, c. ppal. 1–).

28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 38819, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la necesidad de soportar los ingresos, en esa oportunidad se precisó: “Teniendo en cuenta que la asignación salarial certificada no cuenta con otros medios probatorios en el expediente, tales como declaraciones de renta, comprobantes de pago, etc., que sustenten el monto allí consignado, la Sala encuentra que la prueba relacionada resulta insuficiente, para acreditar los ingresos del accionante. // Por tanto, como no obra en el expediente prueba suficiente sobre los ingresos que el afectado percibiera para la época en que ocurrió la privación de la libertad, como tampoco se demostró, mediante facturas, contratos, declaraciones tributarias, la asignación mensual del demandante, la Sala procederá a liquidar la indemnización por lucro cesante con base en el salario mínimo para la época de la detención”.

29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esa oportunidad sobre la posibilidad de analizar aspectos no discutidos expresamente por la parte apelante se dijo: “Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones”.

30 Para actualizar los $500.000 pesos empleados por el a quo se aplicó la siguiente fórmula:

GUAU


Dónde:
vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.
vi: es el valor inicial ($500.000).
índice final: el de esta sentencia (junio de 2016).
índice inicial: el de la muerte (agosto de 2001).
GAUU1

vf = $1.003.482

31 Sobre los porcentajes para la distribución en casos como el presente, donde corresponde asignar la indemnización a la esposa, compañera permanente e hijos, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, Exp. 34491, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo y Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27061, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 22 de abril de 2015, Exp. 19146, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

33 En efecto, Juan Sebastián y Daniel Felipe Castañeda Chía nacieron el 13 de noviembre de 1998 y el 28 de abril de 2000, respectivamente, por tanto tienen 17 y 16 años a la fecha de esta sentencia (registros civiles de nacimiento –fls. 10 y 11, c. ppal. 1–).

34 Las fechas de nacimiento de Nini Johana, Martha Isabel, Jair Ricardo y Andrea Paola Castañeda Mendieta son el 14 de agosto de 1984, 28 de agosto de 1987, 27 de junio de 1991 y 15 de marzo de 1993, respectivamente (registros civiles de nacimiento –fls. 6 a 9, c. ppal. 1–).

35 Si se aplicara la fórmula para calcular el lucro cesante consolidado con los porcentajes empleados por el a quo, el resultado sería el siguiente, la renta mensual para su esposa y compañera permanente sería de $215.455 pesos para cada una y $35.909 pesos para cada hijo, lo que daría un total de $155.194.926 pesos, monto que es mayor a los $140.843.529 pesos que aquí se reconocen aplicando los porcentajes de asignación que emplea esta corporación.

36 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-511 del 14 de julio de 1999, Exp. D-2363, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En esa oportunidad se precisaron las funciones que tiene la cédula de ciudadanía en el ordenamiento, así: “la Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia. // Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito”.

37 Ricardo Castañeda nació el 15 de junio de 1965 (fl. 18, c. ppal. 1), Sonia Chía –su esposa– el 8 de junio de 1970 (fl.14, c. ppal. 1) y Martha Mendieta –su compañera permanente– el 30 de diciembre de 1969 (fl. 15, c. ppal. 1), por tanto a la fecha de su muerte la víctima tenía 36 años de edad y ambas señoras 31 años, entonces la expectativa de vida de la víctima era de 40,53 años y de las señoras 46,8 años.

38 Entre el 15 de agosto de 2001 –fecha de la muerte– y el 13 de noviembre de 2016 –momento en que Juan Castañeda cumple la mayoría de edad– hay 183 meses, en el caso de Daniel Castañeda entre la muerte y el 28 de abril de 2018 –cuando cumple la mayoría de edad– hay 200 meses, restados los 179 meses ya reconocidos resultan 4 y 21 meses, respectivamente.

39 Si bien la sentencia de primera instancia se condenó al Inpec al pago de lucro cesante futuro a favor de Andrea Castañeda, lo cierto es que a la fecha de la presente sentencia ella ya cumplió la mayoría de edad y por tanto la indemnización que a ella corresponde quedó comprendida en su totalidad en lucro cesante consolidado.

40 Si se aplicara la fórmula para calcular el lucro cesante futuro con los porcentajes empleados por el a quo, el resultado sería el siguiente, la renta mensual para su esposa y compañera permanente sería de $215.455 pesos para cada una y $35.909 pesos para cada hijo, lo que daría un total de $69.486.027 pesos, monto que es mayor a los $52.757.267 pesos que aquí se reconocen aplicando los porcentajes de asignación que emplea esta corporación.