Sentencia 2003-01464/33356 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000-23-26-000-2003-01464-01

Expediente: 33 356

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Leonor Salgar de Silva

Demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D. C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 23 de agosto de 2006, proferida por la Sección Tercera –Subsección B– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La sentencia será modificada.

Síntesis del caso

La señora María Inés Suárez promovió proceso ordinario de pertenencia contra los señores Leonor Salgar de Silva y Carlos José Téllez León, para que mediante sentencia se declarara que había operado a su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77 de la ciudad de Bogotá. El 4 de noviembre de 1999, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá desestimó las pretensiones de la demanda, pero esta decisión fue revocada el 3 de octubre de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, con fundamento en un único testimonio, consideró probado que la señora María Inés Suárez había ejercido sobre el bien una posesión pública, quieta, pacífica e ininterrumpida por más de veinte (20) años. El 19 de octubre de 2000 la señora Leonor Salgar de Silva interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, pero el Tribunal resolvió no concederlo con el argumento de que el proceso no alcanzaba la cuantía mínima requerida para recurrir en casación. Contra esta decisión, fechada el 19 de julio de 2001, la señora Leonor Salgar de Silva no presentó recurso de queja, el cual resultaba procedente conforme a lo previsto en el artículo 377 del C.P.C.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la señora Leonor Salgar de Silva, actuando mediante apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (f. 1-19 c. 1):

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación colombiana, representada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, representado por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, de los perjuicios materiales y morales ocasionados a la demandante con motivo de la actuación procesal surtida en la segunda instancia del proceso ordinario (pertenencia) de MARÍA INÉS SUÁREZ GALVIS contra LEONOR SALGAR SILVA y CARLOS JOSÉ TÉLLEZ LEÓN, surtida ante la Sala Civil de Decisión del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., radicado con el número 4419B, sala de decisión conformada por los H. magistrados JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS, JOSÉ ELIO FONSECA MELO y MYRIAM FORERO DE PARDO.

SEGUNDA: Condenar a la Nación colombiana representada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, representado por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, a pagar a la demandante a título de perjuicios materiales y morales el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin a proceso.

Perjuicios materiales: 

Daño emergente: Es la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor comercial del lote de terreno ubicado en la carrera 6ª Nº 5-77 de esta ciudad, cuya propiedad en igual proporción era de la acá demandante, sin perjuicio del valor que se demuestre en el proceso.

Lucro cesante: Es la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,00) moneda corriente, que corresponde a la rentabilidad mínima del valor perdido por la actuación ilegal de la administración de justicia, calculada al 6% anual, desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha y sin perjuicio de la que se pruebe en el proceso y la que se siga causando mientras es reparado el derecho de mi poderdante.

Perjuicios morales: 

Es la suma equivalente a trescientos salarios mínimos mensuales legales vigentes o la suma que prudencialmente señale el juzgador.

TERCERA: Que la Nación colombiana representada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, representado por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictarán dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la misma (artículos 176 y 177 del C.C.A.) la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagarán intereses comerciales moratorios desde la ejecución de la sentencia hasta cuando efectivamente se pague la condena.

CUARTA: Las sumas que se deban pagar a la demandante serán debidamente indexadas desde la fecha en que se causó el daño hasta cuando efectivamente se paguen.

QUINTA: Que se condene en costas a la demandada.

1.1. En respaldo de sus pretensiones, la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes hechos: (i) la señora María Inés Suárez promovió demanda civil ordinaria contra los señores Leonor Salgar de Silva y Carlos José Téllez León –sucesores del señor Jorge Eduardo Salgar Silva– para que se declarara que el lote de terreno y la casa de habitación ubicados en la carrera 6 Nº 5-77 de la ciudad de Bogotá le pertenecían por haber operado la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; (ii) el proceso se resolvió en primera instancia el 4 de noviembre de 1999 por el Juzgado 10 Civil del Circuito que denegó las pretensiones de la parte actora y ordenó el levantamiento de la medida cautelar que había practicado sobre el inmueble objeto del pleito; (iii) la sentencia fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció del recurso de apelación interpuesto por la señora María Inés Suárez y declaró que había operado a favor de la demandante la prescripción adquisitiva del dominio sobre el inmueble; (iv) para adoptar esta determinación, el Tribunal tuvo por probada la posesión pacífica e interrumpida de la actora sobre el bien con base en un testimonio que no tenía “esa calidad demostrativa”; (v) contra la sentencia de segunda instancia la señora Leonor Salgar de Silva interpuso recurso de casación pero el Tribunal se negó a concederlo mediante auto interlocutorio del 19 de julio de 2001 con base en las conclusiones de un dictamen que fue objetado por error grave debido a que fue elaborado por una persona que “no tenía la capacidad técnica para valorar el inmueble objeto de la reclamación”.

1.2. A juicio de la parte actora los anteriores hechos son demostrativos de que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en dos errores judiciales distintos y diferenciables. El primero contenido en la sentencia de 3 de octubre de 2000 que (i) tuvo por probada la posesión pacífica e interrumpida por parte de la señora María Inés Suárez con base en un único testimonio que no era idóneo para tener por demostrado ese hecho e (ii) ignoró que la demandante dentro del proceso de pertenencia reconoció dominio ajeno sobre el bien “cuando solicitó en el libelo introductorio de la demanda el reconocimiento de mejoras en caso de que no prosperara la declaración de pertenencia”. El segundo error, contenido en el auto que denegó la concesión del recurso de apelación con fundamento en las conclusiones de un dictamen pericial que incurría en un error grave.

II. Trámite procesal

2. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda (f. 25 c. 1), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Consejo Superior de la Judicatura presentó escrito de contestación mediante el cual se opuso a las pretensiones de la parte actora aduciendo que las actuaciones de la Sala Civil Tribunal Superior de Bogotá no son constitutivas de error judicial. En concreto, señaló que las decisiones judiciales que son objeto de cuestionamiento se ciñeron a las normas sustantivas y procesales vigentes y que se adoptaron dentro de los plazos o términos establecidos en la ley. A título de excepciones propuso las siguientes: (i) cosa juzgada porque “la parte demandante tuvo muchas oportunidades para demostrar la legitimidad del título sobre el inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77”; (ii) inepta demanda como quiera que “no se invocó ninguna de las causales de falla del servicio ni se precisó la norma o normas que se consideraban violadas”; e (iii) inexistencia de perjuicios ya que no existe ni existió daño antijurídico (f. 26-31 c. 1).

3. Dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia intervino la Nación-Rama Judicial para solicitar que se la absolviera de los cargos formulados en la demanda con base en los mismos argumentos empleados en el escrito de contestación. Sólo agregó que el dictamen pericial practicado dentro del proceso no incurrió en error grave porque la perito designada por el Tribunal era idónea y gozaba de la capacidad técnica para avaluar el bien en disputa; amén de que sus conclusiones no fueron objetadas dentro de las oportunidades legales previstas (f. 78-80 c. 1).

4. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, la Sección Tercera –Subsección B– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 23 de agosto de 2006, mediante la cual resolvió lo siguiente (f. 82-86 c. ppl.):

PRIMERO: DECLÁRASE la excepción de caducidad de la acción respecto del error judicial aducido en la sentencia del 3 de octubre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (…).

SEGUNDO: DECLÁRASE probada la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima respecto del error judicial aducido en el auto de 19 de julio de 2001, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (…).

TERCERO: En consecuencia, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

4.1. La excepción de caducidad de la acción se encontró probada con fundamento en que la sentencia de la cual se predica el error judicial cobró ejecutoria el 11 de octubre de 2000 y la demanda de reparación directa se presentó el 17 de julio de 2003.

4.2. El hecho exclusivo de la víctima como causal eximente de responsabilidad se declaró en consideración a que la actora omitió interponer –o al menos no probó haberlo hecho– recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia contra el auto de 19 de julio de 2001 que negó el trámite del recurso de casación, el cual resultaba procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil.

5. Contra la sentencia de primera instancia, la demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación con el fin de que se revoque y, en su lugar, se acceda a sus pretensiones. Para el efecto adujo que la acción no fue extemporánea porque la sentencia de la cual se predica el error judicial, por ser de carácter declarativo, sólo adquirió ejecutoria el 19 de julio de 2001, con la expedición del auto que negó el recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 371 de C.P.C. Adicionalmente manifestó que no operó el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad porque el recurso de queja no sólo no era obligatorio sino que en este caso no habría prosperado (f. 88, 96-100 c. ppl.):

(…) la parte final del primer inciso del artículo 370 del C. de P.C. permite al recurrente que se le ha denegado el recurso de casación o se le ha declarado desierto interponer el recurso de queja ante la H. Corte Suprema de Justicia; empero la interposición de este recurso no es obligatoria, pues la norma habla de que el recurrente “podrá” recurrir en queja.

La razón de permitir que el recurrente decida si interpone o no el recurso de queja, nace precisamente de las circunstancias que prevé la citada norma para la negación del recurso o su declaratoria de desierto. No siempre es procedente la interposición del recurso y por ello no opera “automáticamente” la negación de las pretensiones de la demanda de acción de reparación directa (…).

En el expediente del proceso civil de declaración de pertenencia que aparece como prueba en este proceso, puede verse con toda claridad que la negación del recurso de casación oportunamente interpuesto contra la sentencia totalmente errada pronunciada por la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, se basó en una prueba que objetivamente no permitía otra decisión.

6. El 29 de abril de 2015, el despacho del magistrado ponente aceptó el impedimento para conocer del asunto manifestado por el magistrado Ramiro Pazos Guerrero (f. 163 c. ppl.).

Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera –Subsección B– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(1).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. La señora María Inés Suárez promovió proceso ordinario de pertenencia por prescripción extraordinaria contra los señores Leonor Salgar de Silva y Carlos José Téllez León, para que mediante sentencia se acogieran las siguientes pretensiones (copia auténtica de la sentencia de fecha 4 de noviembre de 1999 –f. 10-18 c. 2–):

1.1. Que la accionante ha adquirido por prescripción extraordinaria de dominio el bien inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77 de Bogotá, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-050-00920670.

1.2. Consecuencialmente se ordene la inscripción del fallo en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien inmueble.

1.3. Que en subsidio de lo anterior, se reconozcan las mejoras correspondientes a los años comprendidos desde marzo de 1964 a la fecha de la sentencia, por concepto de guarda y conservación del inmueble junto con todas las mejoras que periódicamente ésta realizara.

8.2. El 4 de noviembre de 1999 el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá desestimó las pretensiones de la demanda por considerar que la actora había reconocido dominio ajeno por el hecho de solicitar en la demanda el pago de mejoras sobre el bien inmueble en caso de no prosperar las pretensiones principales “pues no es permitido dubitar ante la demanda principal de pertenencia, que en caso de que no se acceda a las pretensiones principales se acceda al reconocimiento de mejoras, máxime cuando la parte pasiva no presentó demanda de reconvención por reivindicación del bien” (copia auténtica de la sentencia de fecha 4 de noviembre de 1999 –f. 10-18 c. 2–).

8.3. El 3 de octubre de 2000 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó la anterior decisión al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. En su lugar, dispuso que el bien en litigio pertenecía en dominio pleno y absoluto a la señora María Inés Suárez Galvis y, en consecuencia, ordenó la inscripción del fallo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad, en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-00920670 (copia auténtica de la sentencia –f. 30-42 c. 2–).

8.4. Para adoptar esta determinación el Tribunal tuvo por probado que la señora María Inés Suárez había ejercido actos de posesión en el inmueble objeto de la litis de manera pública, quieta, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de señora y dueña, por más veinte años, con base en un conjunto de testimonios que fueron desestimados por el juzgado de primera instancia, y que se trasladaron del proceso de sucesión de Jorge Eduardo Salgar Silva, en el que había sido parte la señora Leonor Salgar de Silva, en calidad de heredera del causante (copia auténtica de la sentencia –f. 30-42 c. 2–).

8.5. El 19 de octubre de 2000 la señora Leonor Salgar de Silva interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia (copia simple del recurso –f. 47 c. 2–). Para resolver acerca de su procedencia la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá designó a la perito Alba Ariza para que determinara el valor del bien “como quiera que el valor del interés para recurrir de las demandadas recurrentes, no aparece determinado en el proceso” (copia auténtica del auto de 24 de octubre de 2000 –f. 49 c. 2–).

8.6. La perito designada por el Tribunal, quien ostenta el título profesional de abogada (copia simple de la tarjeta profesional –f. 129 c. 2–), avaluó el bien en $107 005 140, a razón de $102 000 el metro cuadrado. Para dictaminar este valor, la auxiliar de la justicia tomó en consideración los siguientes aspectos: el sector donde se encontraba ubicado el predio, su extensión y características y los precios dados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, vigentes a la fecha de interposición del recurso extraordinario de casación (copia auténtica del dictamen –f. 69-71 c. 2–).

8.7. Del dictamen pericial se corrió traslado a la parte interesada, quien presentó solicitud de aclaración y complementación a fin de que la perito allegara al expediente los documentos que dijo que le sirvieron de base para determinar el valor del bien y aquellos que acreditaban su idoneidad profesional para realizar esta actividad como auxiliar de la justicia (copia auténtica de la solicitud de aclaración –f. 73-76 c. 2–).

8.8. La señora Flor Alba Ariza procedió a aclarar el dictamen en los siguientes términos (copia auténtica del escrito de aclaración –f. 83 c. 2–):

A. Sabido es que la propiedad raíz en nuestro país y, principalmente, en la ciudad de Bogotá, ha tenido una desaceleración vertiginosa debido a la grave crisis económica que venimos padeciendo todos los colombianos desde el año 1995, de ahí que el valor de los bienes raíces se congeló y en algunos casos bajó de precio debido a la recesión económica que repercutió principalmente en el sector de la construcción y propiedad raíz.

B. En inmueble objeto del avalúo no se encuentra ubicado en una zona donde la propiedad raíz tienda a valorizarse y, por el hecho de esta ubicado cerca de algunos edificios donde funcionan algunas entidades del Estado no se valorizan ya que alrededor de todos sus puntos cardinales y muy cerca también se encuentran barrios de estrato 1 y 2.

C. El valor que el di al metro cuadrado en ese lugar lo tomé apoyada en las investigaciones que realicé en la Lonja de Propiedad Raíz, Camacol, Departamento de Propiedad Raíz de varias corporaciones como Davivienda, Colmena etc. y vecinos aledaños al sector que tienen en venta inmuebles.

8.9. El 19 de julio de 2001 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá denegó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por la señora Leonor Salgar de Silva por considerar que el proceso no alcanzaba la cuantía mínima para recurrir en casación, que era de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes para el época a $110 075 000 (copia auténtica del auto –f. 87-88 c. 2–).

III. Problema jurídico

10. Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si la demanda de reparación directa fue promovida en tiempo. Para el efecto, tendrá que establecer si la sentencia de 3 de octubre de 2000 –que es la primera providencia de la cual se predica el error judicial– cobró ejecutoria el mismo día de su expedición, como lo entendió el Tribunal a-quo, o si tal fenómeno ocurrió el 19 de junio de 2001, cuando el Tribunal denegó conceder el recurso de casación interpuesto en su contra, como lo afirma la demandante. Sólo en el evento que se establezca que la acción sí fue ejercida de forma oportuna, se procederá a analizar si se cumplen los requisitos legalmente exigidos para que pueda declararse la existencia de un error judicial respecto de cada una de las providencias acusadas, a saber: la sentencia de 3 de octubre de 2000 que puso fin al proceso de pertenencia promovido en contra de la señora Leonor Salgar de Silva y el auto de 19 de julio de 2001 que denegó la concesión del recurso de casación interpuesto contra la anterior decisión.

IV. La caducidad de la acción 

11. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

12. El fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente dentro del plazo legalmente estipulado(2).

13. El artículo 136 Código Contencioso Administrativo –previo a su modificación por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(3)–, establece que el término para presentar demanda en ejercicio de la acción de reparación directa es dos (2) años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(4).

14. Como el derecho a reclamar la reparación del perjuicio sólo surge a partir del momento en que este se produce, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, debe contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(5).

15. De los hechos que fundamentan las pretensiones se extrae que la señora Leonor Salgar de Silva sufrió un daño como consecuencia del error judicial contenido en la sentencia proferida el 3 de octubre por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso de pertenencia promovido en su contra por la señora María Inés Suárez. Siendo este el origen del daño, resulta claro que el término de caducidad debe empezar a contabilizarse a partir de la fecha de ejecutoria de dicha providencia, en tanto de ella se predica el error.

16. La parte actora adujo que la demanda se ejerció oportunamente porque el fallo que puso fin al proceso de pertenencia no adquirió ejecutoria el 3 de octubre de 2000 sino el 19 de junio de 2001 conforme a lo dispuesto en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil que establece lo siguiente, en punto a los efectos del recurso de casación:

La concesión del recurso no impedirá que la sentencia cumpla, salvo en los siguientes casos: Cuando verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes.

17. A juicio de la Sala la interpretación hecha por el demandante de la norma transcrita resulta equivocada pues ella parte de la base de que la ejecutabilidad y la ejecutoria son conceptos sinónimos o equivalentes, cuando la realidad es que no lo son. En efecto, una cosa es que determinada providencia judicial sea ejecutable y otra, muy distinta, es que esté ejecutoriada.

18. El artículo 371 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la ejecutabilidad de los fallos judiciales –no a su ejecutoria– al disponer que, por regla general, el recurso de casación se tramita en el efecto devolutivo o, dicho, en otras palabras, que su interposición no suspende la ejecución o el cumplimiento de las sentencias, sino en ciertos eventos determinados. Así lo ha entendido la doctrina:

(…) el actual Código le quitó a la casación el efecto suspensivo que tenía en la anterior legislación y estableció en el art. 371 la regla contraria, o sea que, por regla general, la admisión del recurso de casación, así impida la ejecutoria, no suspende el cumplimiento del fallo de segunda instancia; en buena hora se realizó tal modificación debido a la poca cantidad de sentencias que casaban los fallos recurridos, por lo que se estimó como más prudente invertir la regla general existente y permitir la ejecución de las sentencias recurridas, salvo los casos excepcionales que pasamos a estudiar (…)(6).

19. En similar sentido, se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:

Es regla general, imperativa y concluyente, tratándose del recurso extraordinario de casación, cual lo estableció el Legislador en el canon 371 de enjuiciamiento civil, que la concesión de la impugnación “no impedirá que la sentencia se cumpla”, otorgándole con ello explícitamente efecto devolutivo al recurso. Única y exclusivamente se exceptuaron de esa regulación genérica tres eventos: (i) cuando la decisión verse sobre el estado civil de las personas; (ii) cuando se trate de sentencia simplemente declarativa; y (iii) cuando el recurso lo formulan ambos extremos de la litis(7).

20. Por el contrario, la ejecutoria de las sentencias se encuentra regulada en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil en los siguientes términos:

Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta.

21. De lo anterior se sigue que la interposición del recurso de casación siempre suspende la ejecutoria de las sentencias, pero sólo en algunos eventos –aquellos taxativamente señalados en el artículo 371 del C.P.C.– afecta su ejecutabilidad. Y no podría ser de otra forma, puesto que si la finalidad del recurso de casación es impedir que se torne en definitivo un fallo cuya validez ha sido puesta en cuestión(8), es lógico que la ejecutoria no se produzca –como lo dijo la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso similar al que ahora se analiza– “sino hasta cuando se encuentre en firme la inadmisión del recurso o se entienda ejecutoriada la sentencia de casación”(9).

22. Por lo tanto, si la norma pertinente para efectos de establecer el límite inicial del término de caducidad es el artículo 331 del C.P.C., la Sala concluye que la acción de reparación directa ejercida el 17 de julio de 2003 lo fue de forma oportuna puesto que la ejecutoria de la sentencia de 3 octubre de 2000 –que es una de las providencias de las cuales se predica el error judicial– no pudo ocurrir antes del 19 de julio de 2001, que es la fecha en la cual se profirió el auto que denegó la concesión del recurso de casación.

IV. Los presupuestos del error judicial 

23. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error judicial, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

24. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(10). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(11).

25. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

26. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(12).

27. Se advierte que no es indispensable que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional identifique en su demanda el tipo de error cometido en los términos anteriormente enunciados, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(13), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(14).

28. Adicionalmente, es necesario analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”(15).

29. Ahora bien, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre ésta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

30. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes –que llevan a juicios concretos distintos–, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

31. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(16), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(17). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Sólo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(18).

32. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que ésta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(19).

33. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de éste fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

V. El juicio de responsabilidad

34. La primera providencia de la cual se predica el error es la sentencia de 3 de octubre de 2000. En ella la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá tuvo por probado que la señora María Inés Suárez ejerció actos de posesión en el inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5 -77 de la ciudad de Bogotá “de manera pública, quieta, pacífica e ininterrumpida, sin reconocer dominio ajeno y con ánima de señora y dueña por más de veinte años” con base en un conjunto de testimonios que fueron trasladados del proceso de sucesión del señor Jorge Eduardo Salgar Silva.

35. Estos testimonios corresponden a las versiones de los señores Jorge Martínez Rodríguez, María Cecilia Suárez Galvis y Nubia Cristina Ayala Suárez, quienes en su orden manifestaron lo siguiente en relación con el bien objeto de la demanda de pertenencia:

PREGUNTÓ: Sírvase señor Martínez informarle al despacho por qué razón conoció a la señora MARÍA INÉS SUÁREZ. CONTESTÓ: Yo la conocía a ella porque ella necesitaba un trabajo de ornamentación, unas puertas y ventanas que le fabricamos. Nosotros fuimos a la casa y le tomamos las medidas. Por ese motivo la conocía a ella. PREGUNTADO: Usted puede precisar en qué épocas y en qué oportunidades realizó usted esos trabajos. CONTESTÓ: Eso hace unos 28 o 24 años que le hicimos ese trabajo allá. PREGUNTADO: Sírvase decir ella en qué calidad lo contrató para hacer esos trabajos. CONTESTÓ: Nosotros fuimos y le tomamos las medidas de la puerta y las ventanas e hicimos negocio. PREGUNTADO: Sírvase aclarar qué calidad tenía ella, si era dueña, arrendataria o en qué condiciones la vio usted. CONTESTÓ: Como dueña, porque ella me estaba mandando a hacer ese trabajo, ella era la que mandaba ahí y ella nos pagó la obra que hicimos (f. 52-56 c. 5).

PREGUNTÓ: Sírvase doña MARÍA CECILIA decirle al despacho durante qué tiempo y en qué condiciones la llevó a vivir [la señora María Inés Suárez] a aquella casa [se refiere al inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77]. CONTESTÓ: En el año 80 mi hermana me ofreció que me fuera para allá que ella me arrendaba los enseres de un negocito y a ver si me servía de algo, desde el 80 estábamos allá, me había arrendado donde vivía y los enseres de la tienda, después le compramos una parte de esos enseres de la tienda y ya eran propios de nosotros, y duramos pagándole arriendo ahí como dos años, después no porque convinimos con ella de que no (…). PREGUNTADO: Sírvase decir quién pagaba los servicios en ese inmueble. CONTESTÓ: Ahí los pagábamos entre todos los que vivíamos ahí mientras se pagó arriendo, mi hermana era la que iba y pagaba los recibos y después se llevaba bastantes años sin pagar. En este estado de la diligencia el magistrado ponente formula preguntas a la testigo así: PREGUNTADA: Afirmó usted en respuesta anterior que su hermana era la que pagaba los servicios públicos del inmueble. Sírvase informar si para el 13 de diciembre de 1990, fecha de la diligencia de entrega pagaba estos servicios la señora MARÍA INÉS SUÁREZ. CONTESTÓ: No doctor, ahí llevaba unos ocho años que no se pagaba, estaba de contrabando. PREGUNTADA: Si su hermana no vivía en el inmueble, por qué razón usted en el momento de la diligencia salió a buscarla o la llamó para que acudiera al lugar. CONTESTÓ: Porque yo salí a llamarla porque como ella decía que ella era la dueña de esa posesión, entonces yo no tenía a nadie a quien más acudir (…). PREGUNTADA: La posesión que usted indica la sabían los demás habitantes del inmueble. CONTESTÓ: De la casa sí porque todos la conocían, por ejemplo mis hijas porque era la tía y ella nos llevó allá. PREGUNTADO: Usted o alguno de ellos le discutió esa posesión. CONTESTÓ: Nosotros no le decíamos nada. Nunca hubo peleas por eso (f. 57-62 c. 5).

PREGUNTADA: Sírvase decir si usted recuerda cuánto tiempo duró viviendo en ese inmueble [se refiere al inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77]. CONTESTÓ: Más de quince años (…). PREGUNTADO: Sírvase decir si durante esos quince años usted pagó un canon de arrendamiento por ocupar la pieza y en caso de haberlo pagado a quién lo pagó. CONTESTÓ: Yo nunca pagué nada porque yo llegué a vivir con mi mamá y después cogí la piecita. PREGUNTADA: Sírvase decir si la señora MARÍA INÉS SUÁREZ GALVIS en algún momento, durante esos quince años, realizó mejoras, nuevas ampliaciones, nuevas construcciones, etc. sobre el inmueble de la carrera 6 Nº 5-77 de Bogotá. CONTESTÓ: Si ella levantó una pieza, colocó portones, ventanas, hizo baños y no sé más. PREGUNTADA: Por qué sabe usted de ello. CONTESTÓ: Yo vi lo de la pieza y cuando yo llegué ya estaban los portones y ventanas, como era la dueña, por los recibos que ella tiene de todo lo que ha gastado ahí (fl. 63-65 c. 5).

36. De acuerdo con la demandante, estos testimonios, si bien podían ser trasladados al proceso de pertenencia(20), no permitían tener por probado, como lo hizo el Tribunal, que la posesión ejercida por la señora María Inés Suárez sobre el inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77 de la ciudad de Bogotá se había extendido por un tiempo igual o superior a veinte (20) años y, en consecuencia, que había operado a su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.

37. Así expuestos, los argumentos planteados por la señora Leonor Salgar de Silva están encaminados a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo actúe como una tercera instancia de decisión y haga una nueva valoración de las pruebas aportadas al proceso civil con el fin de determinar si podía o no tenerse por cierta la hipótesis fáctica según la cual la señora María Inés Suárez había poseído por más de veinte (20) años el bien objeto de la litis.

38. Esta circunstancia es incompatible con el objeto de la acción de reparación directa pues, según ya se señaló, el juez administrativo no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de valoración probatoria del juez que ordinariamente conoce del asunto pues tal actuación desconocería las reglas generales de competencia.

39. Con todo, la Sala no observa que los testimonios hubieran sido erróneamente valorados por el Tribunal. Al contrario, considera que los testigos fueron contestes en afirmar, como lo dijo el juez civil, que la señora María Inés Suárez ejerció actos de señora y dueña sobre el inmueble, los cuales consistieron en darlo en arriendo y en contratar con terceros la construcción de obras para su mejoramiento. Es más, cada uno de los relatos es demostrativo de que la señora Suárez no reconocía dominio ajeno en tanto aparecía ante los demás como la dueña o propietaria del inmueble.

40. Ahora, es cierto que sólo el testigo Jorge Martínez Rodríguez dio cuenta del tiempo que la demandante poseyó el inmueble. Sin embargo esta circunstancia no permite afirmar que la sentencia incurrió en un error al tener por probado que éste había superado los veinte (20) años porque la demostración de los elementos configurativos de la prescripción extraordinaria de dominio no están sujetos a una tarifa legal, por lo que el Tribunal podía tenerlos por demostrados con ese único testimonio si en su criterio el mismo resultaba suficiente, convincente y pertinente o, en palabras de Ferrer, ofrecía un alto grado de confirmación a la hipótesis fáctica que daba sustento a las pretensiones de la demanda de pertenencia(21).

41. Y es que en el sistema establecido en Colombia para la valoración de las pruebas, el cual se encuentra fundado en el principio de la sana crítica o apreciación racional (C.P.C., artículo 187), no existe un impedimento legal para la apreciación del testimonio único. Es por ello que el propio Consejo de Estado(22), con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que a través suyo el juez puede llegar a una conclusión acerca de la veracidad o falsedad de un determinado enunciado fáctico ya que la credibilidad del testimonio no necesariamente depende de que su contenido sea corroborado a través de otros medios de prueba, sino de factores tales como la personalidad del declarante, el interés que le asista en los resultados del litigio y el conocimiento que demuestre tener de los hechos que interesan al proceso, entre otros:

Aunque el demandante no invoca expresamente los artículos 254 y 294 del Código de Procedimiento Penal, lo cierto es que toda la argumentación se orienta a algunos reparos sobre supuestas falencias en el ejercicio de la sana crítica, entendida tradicionalmente como el reconocimiento de las reglas de lógica, la experiencia y la ciencia.

1. A dicho cometido apunta el señalamiento de que el testimonio único, sobre todo si proviene de la propia víctima, constituye un fundamento defectuoso en grado sumo para una sentencia condenatoria, tanto por su falta de imparcialidad y objetividad como por la imposibilidad de contrastarlo con otras pruebas de igual o mejor abolengo que se echan de menos en este proceso.

En realidad, entiende la Corte, la máxima testis unus, testis nullus surgió como regla de la experiencia precisamente por la alegada imposibilidad de confrontar las manifestaciones del testigo único con otros medios de convicción, directriz que curiosamente aún hoy se invoca por algunos tratadistas y jueces, a pesar de la vigencia de la sana crítica y no de la tarifa legal en materia de valoración probatoria (...).

Sin embargo, a pesar del histórico origen vivencial o práctico de la regla testis unus, testis nullus, hoy no se tiene como máxima de la experiencia, por lo menos en sistemas de valoración racional de la prueba como el que rige en Colombia (CPP, arts. 254 y 294), precisamente porque su rigidez vincula el método de evaluación probatoria a la anticipación de una frustración de resultados en la investigación del delito, sin permitir ningún esfuerzo racional del juzgador, que además es contraria a la realidad (más en sentido material que convencional) de que uno o varios testimonios pueden ser suficientes para conducir a la certeza. Todo ello desestimularía la acción penal y se opone a la realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o virtualmente testigo único e inclusive serlo la propia víctima.

No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No, en el caso testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba (CPP, art. 254, inc. 2º), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única(23).

42. Tratándose del testimonio del señor Jorge Martínez Rodríguez, el Tribunal Superior de Bogotá decidió otorgarle plena credibilidad teniendo en cuenta que el declarante manifestó conocer a la señora María Inés Suárez desde hacía más de veinte (20) años, que su declaración resultaba consistente con lo dicho por el mismo señor en otro proceso distinto, y que su relato era congruente con las afirmaciones de las otras testigos, las señoras María Cecilia Suárez y Nubia Cristina Ayala:

Analizada con el rigorismo natural que debe mirarse la prueba testimonial, a la Sala no le queda duda que los testigos, a pesar de su escaso nivel de instrucción y poca fluidez verbal, en sus relatos con exactos, precisos, concordantes, responsivos y dan razón de la existencia de su dicho (…).

Aunque solo uno de ellos JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ da cuenta del tiempo que la demandante ha poseído el inmueble, que es superior a veinte años, es suficiente para darle convicción a la Sala de que ese hecho es cierto, por razón que ese mismo testigo declaró en el proceso que se declaró nulo y allí sostuvo la misma versión sin alterarla en sus aspectos fundamentales, amén de que los restantes deponentes afirman, MARÍA CECILIA SUÁREZ GALVIS estar como arrendataria de la actora desde 1980, y NUBIA CRISTINA AYALA SUÁREZ que duró viviendo allí por 15 años.

43. En estas condiciones, se concluye que los testimonios trasladados al proceso de pertenencia sí permitían tener por probado que la señora María Inés Suárez había ejercido una posesión pública, pacífica e ininterrumpida por más de veinte (20) años sobre el inmueble ubicado en la carrera 6 Nº 5-77 de la ciudad de Bogotá y, por lo tanto, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no incurrió en un error al declarar que había operado a su favor la prescripción adquisitiva de dominio.

44. La parte actora también cuestionó que el Tribunal tuviera por probado el hecho de la posesión pese a que en la demanda de pertenencia la señora María Inés Suárez solicitó, como pretensión subsidiaria, que “se recono[cieran] las mejoras correspondientes a los años comprendidos desde marzo de 1964 a la fecha de la sentencia, por concepto de guarda y conservación del inmueble junto con todas las mejoras que periódicamente ésta realizara” (ver supra párr. 8.1).

45. La Sala no considera que tal circunstancia sea constitutiva de un error judicial porque el juez civil expuso, de forma razonada y razonable, los argumentos por los cuales consideraba que la inclusión de dicha pretensión no daba al traste con el propósito principal de la demanda de pertenencia:

Finalmente, en el punto de la impugnación referido a que por el hecho de que la apoderada de la parte actora solicitara en la demanda el reconocimiento de mejoras, pretensión ésta que resulta en abierta oposición con la declaración de pertenencia, ha de precisarse que tal pedimento obedeció a un error de técnica de la abogada, en manera alguna atribuible a la poderdante, la verdad verdadera sobre los actos posesorios está puesta en el informativo, la opinión opuesta a ella cae en el plano de la mera afirmación.

46. En efecto, es razonable que ante el cúmulo de evidencias que indicaban que la señora María Inés Suárez había ejercido actos de señora y dueña sobre el bien por más de veinte años, el Tribunal optara por hacer caso omiso de las inconsistencias contenidas en la demanda y las considerara como el producto de un error de técnica jurídica atribuible únicamente a la abogada, pero sin el peso requerido para negar la veracidad de los hechos relativos a la operancia de la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio.

47. La segunda providencia de la cual se predica el error es el auto de 19 de julio de 2001 mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá denegó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por la señora Leonor Salgar de Silva por considerar que el proceso no alcanzaba la cuantía mínima requerida para recurrir en casación.

48. El Tribunal a quo consideró que respecto de esta providencia no se cumplían los requisitos para predicar la existencia de un error judicial debido a que la actora había omitido interponer en su contra recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra consagrado en el artículo 377 del C.P.C. en los siguientes términos:

Procedencia. Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante el superior, para que éste lo conceda si fuere procedente.

Podrá también interponer recurso de queja el apelante a quien se concedió una apelación en el efecto devolutivo o diferido, si considera que ha debido serlo en uno distinto, para que el superior corrija tal equivocación.

El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación.

49. La parte demandante cuestionó este aparte de la decisión con el argumento de que la misma era el resultado de una interpretación equivocada del artículo 377 del C.P.C. debido a que el recurso de queja no era obligatorio y que seguramente no habría prosperado debido a que el auto de 19 de julio de 2001 se basó en una prueba que “objetivamente no permitía otra decisión” (fl. 98 c. 1).

50. La Sala no comparte los anteriores planteamientos. En primer lugar, el de queja es un recurso ordinario, de manera que debe entenderse incluido dentro del concepto “los recursos de ley” a que hace referencia el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, que contempla los presupuestos del error judicial. De manera que siendo el único recurso procedente contra el auto de 19 de junio de 2001, la actora debía interponerlo si quería que se enmendara el error en que incurrió la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al denegar la concesión del recurso de casación. Como no lo hizo debe entenderse que el perjuicio que sufrió sólo es atribuible a su propia negligencia y no a la actuación del juez civil.

51. Ahora, el hecho de que el artículo 377 del C.P.C. establezca que “el recurrente podrá interponer el recurso de queja”, no implica, como lo sostiene la demandante, que legalmente no estaba obligada a interponer el recurso y, por tanto, que ninguna consecuencia negativa puede generarse para ella a partir de esa omisión. Si así fuera, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, que establece como uno de los presupuestos del error judicial que el interesado haya ejercido los recursos de ley, carecería por completo de sentido, pues siempre será facultativo de las partes dentro de un proceso judicial ejercer los recursos que la ley establece para la defensa de sus intereses. Por ello, se insiste, la interposición del recurso de queja no era obligatorio para la señora Leonor Salgar de Silva, pero al dejar de hacer uso de él, la actora renunció voluntariamente a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia corrigiera los errores en que hubiera podido incurrir el Tribunal al proferir el auto de 19 de junio de 2001.

52. En segundo lugar, la configuración del error judicial depende, entre otros factores, de que se ejerzan los recursos de ley, no de la vocación de prosperidad que éstos lleguen a tener. Por ello es irrelevante que la demandante afirme que de haber interpuesto el recurso de queja contra el auto que denegó la concesión del recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia hubiera confirmado la decisión. Lo importante es que legalmente existía la posibilidad de que la Corte revisara la actuación del Tribunal y analizara si se había cometido un error al valorar un dictamen pericial que, en sentir de la demandante, resultaba nada creíble y confiable –teniendo en cuenta el perfil profesional de la perito– a efectos de determinar el valor del bien y, por ende, la cuantía del negocio.

53. Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, pero se modificará su parte resolutiva para declarar no probada la caducidad de la acción de reparación directa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

V. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de fecha 23 de agosto de 2006, proferida por la Sección Tercera –Subsección B– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR no probada la caducidad de la acción respecto del error judicial aducido en la sentencia del 3 de octubre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

2. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Ramiro Pazos Guerrero—Anilo Rojas Betancourth.

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

2 Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.// Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la Administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

3 Se observa que la modificación en comento no se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de los hechos y, por consiguiente, no resulta aplicable al cómputo de la caducidad de la acción en estudio. Efectivamente, comoquiera que el respectivo término de caducidad ya había comenzado a correr, éste se rige de acuerdo a lo señalado por la ley vigente al tiempo de su iniciación -Decreto 2304 de 1989-, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

4 Esta norma fue subrogada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que dispuso que el plazo debe comenzar a contarse a partir del día siguiente de la ocurrencia “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

5 En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, exp. 13126. C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase la sentencia de septiembre 13 de 2001, exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

6 Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, tomo I, parte general, Dupré editores, décima edición, Bogotá, 2009, p. 820.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 21 de agosto de 2013, rad. 1996-09726, M.P. Margarita Cabello Blanco, reiterada en el auto de 13 de septiembre de 2013, rad. 2000-08519, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

8 Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2013, exp. 28368, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

11 Ibíd.

12 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

13 No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

16 En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, pp. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

17 En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

18 Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., p. 151 y ss.

19 Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “(…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas- pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento –una justificación o argumentación jurídicamente atendible- pueden considerarse incursas en error judicial (…). Por tanto, sólo las decisiones judiciales que –sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales- resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

20 En el escrito de demanda, la parte actora no cuestionó el traslado de los testimonios. Al contrario, señaló que “la aseveración del ad quem, en el sentido de que la señora LUZ ESPERANZA MATUS DÍAZ [quien actuó en el proceso de pertenencia como sucesora procesal del señor Carlos José Téllez León] debe soportar las consecuencias de la prueba trasladada es correcta” (f. 11 c. 1).

21 Jordi Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba, editorial Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 47.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 26 de noviembre de 2014, exp. 30850, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón, de 30 de enero de 2013, exp. 24631, C.P. Enrique Gil Botero, de 4 de febrero de 2010, exp. 18371, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de diciembre de 2000, radicación 13.119.