Sentencia 2003-01552/38105 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2003-01552-01 (38105)

Actor: Parqueaderos Boyacá Express.

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.

Ref.: Acción de reparación directa (Sentencia)

Tema: Descriptor: Teoría del enriquecimiento sin justa causa.

Restrictor: Procedencia excepcional a cargo de la administración – no pago por servicios de parqueo.

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D. C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: « III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito

La Sala es competente para conocer del presente asunto iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a que el proceso tiene vocación de segunda instancia en atención a su cuantía. En efecto, la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo(13).

De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, a la actio in rem verso le es aplicable la normatividad de la acción de reparación directa, así quedó sentado en la Sentencia de unificación de la Sección Tercera del 19 de noviembre de 2012, a saber:

“Corolario de lo anterior es que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante esta acción.

Así las cosas, cuando se formulen demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en ejercicio de la actio de in rem verso, el proceso tendrá doble instancia de acuerdo con lo establecido en los artículos 132 y 134B del C.C.A., el procedimiento aplicable será el ordinario de conformidad con el 206 ibídem y la competencia en razón del territorio se regirá por la regla de la letra f del artículo 134D de ese ordenamiento.

Por consiguiente, de la actio de in rem verso, cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales, conocerán en primera instancia los jueces administrativos(14) y en la segunda instancia los Tribunales Administrativos.

Ahora, de aquella cuya cuantía exceda los 500 SLMLM conocerán en primera instancia los Tribunales Administrativos(15) y en segunda instancia la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la salvedad que las decisiones serán adoptadas por las respectivas subsecciones”(16).

El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En este asunto, el término de dos años, empieza a contarse a partir del retiro de los vehículos, pues allí se concreta la negativa al reconocimiento del pago por el servicio prestado(17). Según lo anterior, dado que el primer grupo de vehículos se retiró el 18 de diciembre de 2001 y la demanda en este asunto se interpuso el 24 de julio de 2003 la acción de reparación directa estaba vigente, toda vez que entre la primera fecha y la segunda no transcurrieron más de dos años.

El señor William Emel Alarcón Prieto se encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar los emolumentos no cancelados por la Fiscalía General de la Nación, pues del certificado de matrícula de establecimiento de comercio consta que el mismo es propietario del establecimiento denominado “Parqueadero Boyacá Express”, lugar donde se custodiaron los 76 vehículos por los que ahora se reclaman los servicios.

Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva de hecho a cargo de la Fiscalía General de la Nación, debido a que es contra esta entidad que se formula la pretensión indemnizatoria en este asunto, sin embargo en cuanto a la legitimación material en la causa, entendida como la real participación de la entidad en la producción del daño causado, la Sala estudiará la misma en el fondo del asunto por ser el tema central del problema jurídico a resolver.

3.2. Sobre la prueba de los hechos

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el no pago del servicio de parqueo de 76 vehículos inmovilizados con cargo a procesos penales.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. No pago de servicio de parqueo, con los siguientes documentos:

• Según el Certificado de Cámara de Comercio el 17 de marzo de 1999, se creó el establecimiento de comercio denominado “Parqueadero Boyacá Expres” con matrícula Nº 00927568 de propiedad del señor William Emel Alarcón Prieto (fl. 1 cdno. 2).

• Por medio de varios oficios suscritos por los jefes de diferentes estaciones de Policía fueron enviados, con los respectivos inventarios por vehículo, al citado establecimiento de comercio un total de 76 vehículos (fls. 6-203 cdno. 2).

TIPOMARCAPLACA
MOTOYAMAHAABM-36
MOTOSUZUKIKEL-96
MOTOSUZUKISAE-44
MOTOYAMAHAKAM-45
CAMIONETARENAULTKEB-031
MOTOKAWASAKIKIL-70
MOTOSUZUKIOVI-20
MOTOYAMAHAAEZ-06
AUTOMOVILDODGELXE-443
AUTOMOVILSIMCASAG-373
CAMIONETACHEVROLETGDF-980
MOTOYAMAHAGOV-22
AUTOMOVILCHEVROLETSFK-071
CAMIONDESOTOXKD-232
MOTOYAMAHAYXV-24A
MOTOSUZUKIYLB-57
AUTOMOVILRENAULTEWB-158
MOTOSUZUKIYXZ-39A
CAMIONETADODGERCA-836
MOTOKAWASAKIOVE-09
AUTOMOVILRENAULTHSA-281
AUTOMOVILDACIASCD-430
CAMIONETASTUBEDEKERACF-582
MOTOSUZUKIVWR-42
MOTOHONDAJAL-38
MOTOSUZUKIOCM-25
MOTOSUZUKIYNT-21
MOTOSUZUKIGJN-70ª
MOTOYAMAHAAFW-68
MOTOSUZUKIKJG-67
MOTOSUZUKIOPD-57ª
MOTOKAWASAKIAFW-22
AUTOMOVILMAZDAQHV-003
AUTOMOVILCHEVROLET JLJ-827
AUTOMOVILRENAULTSDG-816
AUTOMOVILMAZDACRM-075
AUTOMOVILCHEVROLETIBC-265
MOTOEUTECOYNJ-85
AUTOMOVILRENAULTQDA-318
AUTOMOVILRENAULTAIB-950
MOTOKAWASAKIKKD-51
AUTOMOVILRENAULTEWG-039
AUTOMOVILWOLWAGENAFF-961
AUTOMOVILRENAULGNG-271
AUTOMOVILCHEVROLETPXJ-114
AUTOMOVILSKODACIK-868
AUTOMOVILRENAULT AHB -384
MOTOSUZUKIKKL-39
MOTOSUZUKIKHH-39
AUTOMOVILMAZDA REG-813
AUTOMOVILCHEVROLETSKD-937
MOTOYAMAHAKFP-84
MOTOHONDANYE-22
MOTOSUZUKIGNE-56
BUSETADODGESCE-670
AUTOMOVILMAZDACAM-488
MOTOKAWASAKIPBU-13
MOTOSUZUKINZJ-90
MOTOYAMAHAOTG-18
AUTOMOVILRENAULTGDI-703
AUTOMOVILCHEVROLETBJI-425
MOTOSUZUKIJBZ-01
MOTOSUZUKIOBS-54
AUTOMOVILDACIASFV-326
AUTOMOVILCHEVROLETHMF-110
AUTOMOVILHONDAFTQ-807
AUTOMOVILCHEVROLETSEC-443
AUTOMOVILCHVROLETSWC-531
CAMIONDODGEURA-581
AUTOMOVILMAZDAATH-725
MOTOHEROCNC-26
AUTOMOVILMERCEDESAJH-753
MOTOYAMAHAYPA-87
MOTOSUZUKILMC-23A
AUMOTOVILCHEVROLETSKC-152
CAMIONETACHEVROLETFEH-671

• La Fiscalía General de la Nación el 27 de febrero de 2003, en el trámite de conciliación ante la Procuraduría Once Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se negó a presentar formula conciliatoria y con ello, al pago de suma alguna por los servicios de parqueo prestados, razón por la cual, no se ha cancelado valor alguno a la parte demandante (Acta de conciliación –fls. 204 y 205 cdno.2–).

Las pruebas anteriormente relacionadas, aunadas a la afirmación indefinida de la demanda, la cual no fue controvertida, acreditan el no pago del servicio de parqueo de un total de 76 automotores.

3.2.1.2. Prueba de la imputación.

Se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente, algunas en copias simples(18), que:

• Los 76 rodantes se encontraban involucrados en procesos judiciales, a cargo de la Fiscalía General de la Nación a través de sus diferentes Unidades (Oficio DSAFB-4 017819 del 2 de noviembre de 2005 suscrito por el Director Seccional Administrativo y Financiero (E) de la Fiscalía General de la Nación (fls. 209 a 212 cdno. 2).

• Los 76 vehículos a cargo de la Fiscalía General de la Nación que se encontraban en el “Parqueadero Boyacá Expres” fueron puestos a disposición de la primera, a través de 3 actas de entrega, suscritas entre el representante del Parqueadero y el Director Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá D.C, así:

• La primera del 18 de diciembre de 2001, en la cual se entrega un total de 31 vehículos (fls. 4 y 5 cdno. 2):

• La segunda del 8 de marzo de 2002, en la que se entrega un total de 43 vehículos (fls. 96 y 97 cdno. 2):

• La última entrega del 8 de marzo de 2002, en la cual se entregan 2 vehículos (fl. 197 cdno. 2).

En las respectivas actas de entrega se dejó constancia que las pretensiones económicas relacionadas con la prestación del servicio de “patios” se ventilarían ante la Procuraduría en lo Judicial Delegada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por vía de conciliación o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por vía de Acción.

3.3. Problema jurídico.

De acuerdo a los hechos probados y al objeto del recurso de apelación, corresponde a la Sala dilucidar como problema jurídico, si debe responder patrimonialmente la Fiscalía General de la Nación por el pago del servicio de parqueo de automotores vinculados a procesos judiciales a su cargo, pese a la inexistencia de contrato con el propietario del establecimiento de comercio que prestó el servicio.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

El asunto que compete a la Sala, esto es, el cobro de emolumentos no cancelados por ejecución de actividades a favor de una entidad estatal, sin que medie un contrato, debe estudiarse bajo la lupa de la teoría del enriquecimiento sin justa causa.

Por enriquecimiento sin justa causa se entiende la fuente de obligaciones, en este caso a cargo del Estado, que surge a condición de la concurrencia de los siguientes requisitos:

“a) Un enriquecimiento que conlleva un aumento económico patrimonial en la parte enriquecida, bien porque recibe nuevos bienes o porque no tiene que gastar los que poseía.

b) Por empobrecimiento, que se traduce en la disminución patrimonial del actor en cualquier forma que negativamente afecte su patrimonio económico.

Precisamente por ese empobrecimiento es que puede ejercer la acción que se comenta.

c) Una relación de causalidad, es decir, que el enriquecimiento de una de las partes sea consecuencia del empobrecimiento de la otra;

d) Ausencia de causa, es decir, que ese enriquecimiento no tenga justificación de ninguna naturaleza, porque si la tiene, no se podría estructurar la figura;

e) Que el demandante no pueda ejercer otra acción diferente”(19).

En la sentencia de 19 de noviembre de 2012, la Sección Tercera dejó claro que por la vía del enriquecimiento sin justa causa, no pueden reconocerse prestaciones ejecutadas a favor de la administración por fuera de un contrato estatal, pues las normas del estatuto general de contratación pública son de imperativo cumplimiento, no solo para la administración, sino de igual forma para los particulares.

Sin embargo, se establecieron tres hipótesis en los que excepcionalmente procede la declaratoria de enriquecimiento sin causa, al respecto se señaló:

“12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó.

Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993”(20).

Del estudio conjunto del material probatorio allegado al expediente, deviene incuestionable, que en el establecimiento “Parqueadero Boyacá Express” de propiedad del demandante, durante los años 1999 a 2002, la Policía Nacional remitió un total de 76 vehículos involucrados en procesos judiciales y que no fue cancelado valor alguno por tal servicio, por lo que la Sala pasará a estudiar en primer lugar la responsabilidad de la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación— para posteriormente estudiar, si el sub lite se ajusta a los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la procedencia del enriquecimiento sin justa causa.

A través del Decreto Ley 261 del 2000, se modificó la estructura general de la Fiscalía General de la Nación la cual había sido regulada a través del Decreto ley 2699 de 1991. En el capítulo octavo del citado Decreto 261 se establecieron las dependencias de la Fiscalía General de la Nación, entre ellas la Dirección Nacional Administrativa y Financiera y las Direcciones Seccionales, a las cuales se les asignó como obligación:

“ART. 44. Dirección Nacional Administrativa y Financiera. La Dirección Nacional Administrativa y Financiera tiene las siguientes funciones: (…)

12. Responder por la organización operativa y el control de las actividades relacionadas con la administración de los bienes patrimoniales y de aquellos bienes puestos a disposición de la entidad, y garantizar su conservación. (…)

“ART. 45. Direcciones Seccionales. Las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras tienen las siguientes funciones: (…)

5. Responder por la organización operativa y control de las actividades relacionadas con la administración de los bienes de propiedad de la Fiscalía General o puestos a su disposición. (…)”.

De lo anterior se desprende que es deber de la Fiscalía General, en sus dependencias Administrativa y Financiera ya sea del orden nacional o seccional el garantizar la conservación de los bienes dejados en custodia y responder por los mismos, dentro de lo que se incluye el de responder por los gastos que ocasionen dichos bienes.

Además, valga aclarar, pues así lo manifiesta la parte demandada en sus intervenciones, que respecto de la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional no se configura responsabilidad, pues si bien se encuentra demostrado que a través de sus diferentes unidades remitió varios vehículos al parqueadero Boyacá Express, igualmente se demostró que lo hicieron ejecutando ordenes de las diferentes unidades de Fiscalía.

Al respecto, se encuentran los diferentes oficios en que la Policía Nacional solicitó el parqueo y custodia de los diferentes vehículos indicando la Unidad de Fiscalía que se encuentra a disposición del mismo, y pese a que no en todos se indica la Fiscalía bajo la cual se encuentra a disposición, lo cierto es que mediante oficio DSAFB-4 017819 del 2 de noviembre de 2005, suscrito por el Director Seccional Administrativo y Financiero (E) de la Fiscalía General de la Nación, aceptó que los automotores por los cuales se realizan las reclamaciones económicas se encontraban a disposición de la misma.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si el sub lite se enmarca dentro de los supuestos excepcionales, señalados en la sentencia de unificación, para la procedencia del enriquecimiento sin justa causa.

En asuntos similares al que ocupa ahora la atención de la Sala, esta Subsección ha reconocido la procedencia del enriquecimiento sin justa causa a cargo de la administración dentro de la primer hipótesis de procedencia excepcional.

En efecto, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación bajo los lineamientos de la sentencia de unificación, señaló lo siguiente:

“Pues bien, a juicio de la Sala, de la valoración conjunta de las pruebas antes relacionadas se puede concluir que el propietario del parqueadero no pudo libremente oponerse al ingreso de los vehículos en el parqueadero, puesto que no era cualquier funcionario el que solicitaba el servicio, sino la misma Policía, quien además invocaba la autoridad de los administradores de justicia, para lograr su consentimiento al depositar los carros en sus instalaciones, es así como, estas circunstancias fueron persuadiendo al dueño del establecimiento de que si se negaba a recibirlos o a cumplir la orden de entrega, podía verse sometido a una investigación penal, de ahí que pueda concluirse entonces que obró con el convencimiento errado e invencible que debía ajustar su conducta a lo señalado por las autoridades respecto de la prestación del servicio a dichos automotores, so pena de verse involucrado en un proceso.

De esta manera, es evidente que la prestación del servicio no se hizo libremente, ni motivado por la retribución del servicio prestado, o por la obtención de un lucro económico, sino que le fue impuesto, razón por la cual, al presentarse un detrimento del patrimonio del demandante, la Fiscalía quien tenía bajo su custodia dichos vehículos y fue en últimas la que vio incrementado su patrimonio por haberse favorecido efectivamente al recibir la prestación del servicio y estar a su cargo el deber de cubrir los gastos generados por dichos vehículos, es la entidad llamada a responder”(21).

Posteriormente la Subsección C fue más allá y aclaró los supuestos de constreñimiento a cargo de la administración:

“(…) para que se predique la existencia del enriquecimiento sin causa en virtud de un constreñimiento será necesario que el particular acredite de manera fehaciente y evidente que la administración lo conminó, compelió, apremió o compulsó a la prestación de un servicio o la ejecución de una obra.

Ahora bien, hay casos o eventos que ocurren frente a ciertas autoridades como la Policía Nacional, los jueces y la Fiscalía General de la Nación que en virtud del ejercicio de ciertas competencias precipitan situaciones frente a un particular que se ve compulsado a prestar un servicio o ejecutar una obra, sin que medie una relación contractual previa, casos en los que la Sala estima que para la prueba del constreñimiento bastará con acreditar ese acto de autoridad”(22).

Pese a que las pretensiones del presente caso son análogas a las formuladas con ocasión de las sentencias referenciadas, reclamación por no pago de servicios de parqueo sin soporte contractual, lo cierto es que cada proceso judicial debe resolverse conforme a lo que se haya demostrado, acorde a los medios de prueba arrimados al mismo.

Luego de revisado el material probatorio obrante en el plenario, considera la Sala que no se demostró que la Fiscalía General de la Nación hubiese constreñido al particular para la prestación del servicio, por el cual ahora se reclama.

En efecto, en este caso únicamente se cuenta con el oficio DSAFB-4 017819 del 2 de noviembre de 2005 suscrito por el Director Seccional Administrativo y Financiero (E) de la Fiscalía General de la Nación, según el cual los 76 vehículos por los cuales se reclama el pago del servicio de parqueo se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la Nación, además con los oficios de la Policía Nacional solicitando la custodia al Parqueadero Boyacá Express, en los cuales se indica la Unidad de Fiscalía bajo la cual se encuentra a disposición el respectivo automotor.

Sin embargo, no obra otro medio de convicción diferente del cual se extraiga que la entidad fue quien en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium lo constriñó o impuso la prestación del servicio.

La Sala en sentencia citada indicó que:

“Los autos de autoridad para que sean constitutivos de constreñimiento, en los términos de la norma citada, son aquellos que se derivan de una clara manifestación del poder público, que implican o conllevan el ejercicio de una potestad estatal (v.gr. actos de policía o jurisdiccionales) y que le imponen a un particular una carga o deber específico. De manera que, no todo auto de autoridad pública puede ser entendido como constreñimiento, sino solo aquellos que tengan la virtualidad de someter o doblegar la voluntad del particular, como serían ciertos actos de policiva o jurisdiccionales”(23).

Precisamente, la parte demandante no demostró que la prestación del servicio hubiese doblegado su voluntad, o en otros términos que el mismo no pudo oponerse a la prestación del servicio por el cual ahora reclama.

Sobre el particular, es importante recordar que la primera hipótesis para la procedencia excepcional del enriquecimiento señala:

“Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo”. (Negrita fuera de texto)

Es decir, la procedencia excepcional del enriquecimiento se encuentra supeditada a la ausencia de culpa del particular en la prestación del servicio, circunstancia que no aparece desvirtuada en el plenario, inclusive de los hechos de la demanda se extrae que el propietario del establecimiento de comercio cohonestaba y aceptaba voluntariamente la prestación del servicio que denominó de “patios”, todo motivado por la retribución económica.

Valga decir que en casos como el que nos ocupa, esta sala se ha pronunciado(24) concediendo pretensiones en razón a que encontró plenamente demostrado que el actuar del ente demandado llevó a que se tuviese por parte del accionante, la convicción errada e invencible de que debía ajustar su conducta a lo señalado por las autoridades respecto de la prestación del servicio a dichos automotores, so pena de verse involucrado en un proceso por no acatamiento de lo dispuesto por ésta. Circunstancia totalmente diferente al sub lite, pues, como se dijo, se evidenció que el propietario del establecimiento de comercio cohonestaba y aceptaba voluntariamente la prestación del servicio que denominó de “patios”, todo motivado por la retribución económica. Lo que implica que los asuntos difieren en los fundamentos fácticos y lo probado dentro del proceso en este aspecto.

Para el momento en que los vehículos ingresaron al establecimiento del demandante, se encontraba vigente la Ley 80 de 1993, norma de orden público tanto para la administración y los particulares, la cual obliga a que todo vínculo se desarrolle en virtud del principio de selección objetiva previo un proceso de selección y con el soporte de un contrato estatal.

La anterior normatividad fue desconocida por la parte demandante, por lo que la Sala encuentra que actuó de forma negligente y descuidada, circunstancia que impide la declaratoria de enriquecimiento sin justa causa.

Por lo anterior, la Sala confirmará la proferida el 15 de octubre de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida el 15 de octubre de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 La pretensión mayor asciende a $162.609.360 monto que supera la cuantía requerida por el artículo 132 del C.C.A., - $36.950.000 - al momento de la presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación.

14 Numeral 6 del artículo 134B del CCA.

15 Numeral 6 del artículo 132 del CCA.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 24.897.

17 Según criterio adoptado por la subsección en sentencia del 29 de abril de 215. Exp. 27194, reiterado en sentencia del 7 de septiembre de 2015 exp 36318.

18 La Sala reitera que en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 la Sección Tercera de esta Corporación (exp. 05001233100019960065901) señaló que es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas al derecho de contradicción y defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial. Así las cosas, la Sala valorará las copias simples allegadas al plenario toda vez que la parte demandada, nunca contradijo la autenticidad ni se opuso a la valoración de tales documentos, por lo que mal puede venir el juzgador administrativo a desconocer lo que no ha sido desconocido por las partes en el proceso.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del septiembre 6 de 1991, expediente 6306. C.P. Daniel Suárez Hernández

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 24.897.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 3 de marzo de 2014. Radicación: 25000232600020000235301 (28570)

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia 7 de septiembre de 2015. Radicación: 25000232600020030133401 (36.318)

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia 7 de septiembre de 2015. Radicación: 25000232600020030133401 (36.318)

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia 20 de febrero de 2017. Radicación: 680012331000200601159 (39253).