Sentencia 2003-01567/48465 de noviembre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2003-01567-01(48465)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: E... A... V... y otro

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad – cuando la absolución deviene porque el hecho no existió, porque no se cometió el delito o porque la conducta es atípica, debe analizarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, sin embargo, ello no implica que no estén llamados a configurarse los eximentes de responsabilidad / Culpa exclusiva de la víctima – opera cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad. En el presente caso, si bien la conducta no alcanzó a tener connotación frente la responsabilidad penal, su comportamiento irregular llevó a que se le investigara y se le impusiera medida de aseguramiento.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) valoración probatoria y análisis del caso concreto: culpa exclusiva de la víctima y 5) procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad a la que, según lo sostenido en la demanda, se sometió el señor E... A... V..., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación(20), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(21).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(22).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva al señor E... A... V..., razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de las reglas expuestas.

Pues bien, mediante decisión del 23 de julio de 2001, la Fiscalía Delegada 211 de la Unidad Segunda de Administración Pública y de Justicia de Bogota D.C. profirió resolución de preclusión de la investigación en favor del señor E... A... V... y otros, cuya ejecutoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000(23) y según la constancia de notificación obrante a folio 61 del cuaderno de pruebas 1(24), tuvo lugar el 31 de julio de 2001.

De este modo, el término para demandar empezó a correr el 1º de agosto de 2001 y como la demanda se presentó por el señor E... A... V... el 28 de julio de 2003(25), cabe concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se le absolvió de responsabilidad penal.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los otros demandantes, los señores R... V... R..., M... I... A... V..., L... P... A... V..., M... E... A... V..., A... M... A... V... y Ó... M... A... V..., en razón a que, como ya se indicó en los antecedentes, ellos ejercieron el derecho de acción de forma extemporánea el 27 de febrero de 2006, a través de un escrito que denominaron “corrección de la demanda” (26) y que, aunque fue admitido por el tribunal a quo como una adición de esta mediante auto del 23 de septiembre de 2009(27), lo cierto es que respecto de ellos ya había operado la caducidad de la acción.

En ese sentido, importa advertir que de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, los accionantes que ingresen como parte al proceso, por vía de adición de la demanda, tal como ocurrió en este caso, deben hacerlo dentro del término de caducidad(28), como ello no sucedió, en relación con los mencionados ciudadanos se declarará probada de oficio la caducidad de la acción(29).

Sobre la idea que se sigue, la Sala Plena de la Sección Tercera indicó:

“En este punto, no se puede perder de vista que de conformidad con la unificación que se efectúa en esta providencia según los razonamientos pertinentes, la presentación de ciertas pretensiones no interrumpe el término de caducidad objetivamente establecido que se computa hasta su finalización, de manera que el hecho de que un demandante manifieste ciertas solicitudes en tiempo no lo posibilita a que posteriormente, cuando caduque su derecho de acción, manifieste otras peticiones sobre las cuales guardó silencio durante el interregno en el que ese derecho le estaba habilitado, de lo que se sigue que el requisito de caducidad de la acción deba verificarse tanto al momento de presentación de la demanda como al instante en el que la misma se adicione, sin importar que se intenten agregar nuevos demandantes, demandados u objetos de discusión” (se destaca).

4. Valoración probatoria y análisis del caso concreto: culpa exclusiva de la víctima.

A partir de los medios de convicción obrantes en el expediente, la Sala encuentra probadas las siguientes circunstancias:

4.1. El 2 de marzo de 2000, la Fiscalía 287 Seccional Destacada ante la Dirección Nacional del C.T.I. de la ciudad de Bogotá D.C. resolvió la situación jurídica del hoy demandante, y otros cuatro ciudadanos, y les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como presuntos coautores del delito de prevaricato por omisión.

Importa precisar que dicha medida –de detención preventiva–, se le sustituyó al demandante y a los otros implicados por detención domiciliaria(30).

Para tomar esa determinación, la Fiscalía expuso que la investigación penal se originó con base en la “compulsa” de copias que hizo la Dirección Seccional del C.T.I., tras detectar dentro de un proceso disciplinario que adelantaba, algunas irregularidades “en un turno del servicio de seguridad de las celdas del Complejo Judicial de Paloquemao”.

Las irregularidades encontradas fueron las siguientes: i) no se observaron las medidas que debían tener los servidores cuya función era la custodia de los reclusos que se encontraban en las celdas del aludido Complejo Judicial; ii) se permitió el ingreso de alimentos a los internos (diferentes a los que le proporcionaba el INPEC); iii) hubo salidas de internos a horas no autorizadas y sin justificación; iv) se presentó intermediación de funcionarios del C.T.I., quienes llevaron a cabo negociaciones con los internos; v) se permitieron viajes de los reclusos a poblaciones distantes de la ciudad de Bogotá D.C., vi) hubo exigencias de dinero por parte de funcionarios hacia los reclusos y vii) relaciones sexuales de los internos dentro de las oficinas de funcionarios del C.T.I.

Una de las pruebas que tuvo en cuenta la Fiscalía para imponer la medida de aseguramiento fue el acta de la visita que practicó el 9 de marzo de 2000 a la 1 y 45 a.m., el Director Seccional del C.T.I., Jorge Humberto Vaca Méndez, en compañía de otros funcionarios de esa institución y bajo la presencia “de una representante del Ministerio Público” a las celdas de Paloquemao y dentro de la cual se hicieron evidentes las siguientes infracciones: i) dos internos estaban fuera de sus celdas arreglándose las uñas; ii) las celdas estaban desprovistas de seguridad; iii) dentro de una de las celdas había una caja de un alimento diferente al que usualmente consumían.

Los pormenores de lo expuesto fueron descritos por la Fiscalía de la siguiente forma (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(...) desde el mismo momento en que el Doctor J… H… V… practica la visita a las celdas de Paloquemao, se advierte el incumplimiento de labores que los servidores del grupo de seguridad de turno estaban obligados a observar, no solamente para garantizar el cumplimiento de la privación de la libertad de los internos, como consecuencia de una orden judicial, sino también para proteger sus propias vidas y cuidado personal, y lo que es menos importante, por la salvaguardia de la integridad de los propios reclusos (...).

“En esa visita pudo observarse como la cultura carcelaria cuya imagen se encuentra en decadencia, contaminó el comportamiento de unos funcionarios que gracias a la crisis penitenciaria les tocó asumir el cuidado de unos internos. Cuando llega el Director Seccional a las instalaciones de Paloquemao, encuentra a una pareja de internos fuera de las celdas, la mujer G… E… O… arreglándole las uñas a su amigo afectivo C… A… L... También se aprecia que las celdas se encontraban desprovistas de seguridad alguna diferente a la que usualmente se tenía al trancar la puerta principal de la entrada del grupo de seguridad.

“De igual forma en la misma visita se encontró una caja de arroz chino dentro de las celdas que ocupaban tres de los internos, entre ellos el señor C… A… L…, el mismo que disfrutaba con el arreglo de las uñas que le estaba haciendo la señora G… E… O…, contrariando con esto nuevamente el reglamento impartido acerca de la alimentación de los internos” (se destaca).

Adicionalmente, la Fiscalía sustentó la medida de aseguramiento con base en las siguientes pruebas: i) la autorización que se impartió para el ingreso de unos medicamentos dirigidos a un interno sin cumplir la normativa existente al respecto; ii) la salida de un interno con personal del C.T.I., quien cumplió fuera de las instalaciones de Paloquemao diligencias de carácter personal “pretextando otro tipo actividades o simplemente por el gusto de sacarlo”; iii) un detenido en las celdas de Paloquemao visitó un día entre semana a unos conocidos que estaban recluidos en la Cárcel “La Picota” de Bogotá D.C; iv) en el libro de minutas se registró que un interno fue conducido al Hospital el Tunal; sin embargo, en ese centro asistencial no apareció el reporte en su historia clínica y su salida no fue autorizada por el jefe de grupo.

Asimismo, expuso la Fiscalía que (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(...) se ha informado dentro de la presente instrucción que alguno de los funcionarios ha mostrado mucha familiaridad con uno de los detenidos, es el caso de uno que se prestó para recoger y llevar una camioneta a un recluso de la Cárcel de la Picota para que otro interno de las celdas de Paloquemao que estaba interesado en comprársela la pudiera ver. Como también es el caso de otro funcionario del C.T.I., que sin estar se servicio, llamaba al mismo detenido con la intención de conversar con él, e inclusive un día como éstos (fuera de servicio), se acercó a hablar con el detenido de manera personal; y casualmente al interno se le dio porque tenía que ser remitido en ese mismo día al Hospital el Tunal para recibir asistencia médica. La remisión para la asistencia médica se dispuso, pero no al centro hospitalario que el interno estaba exigiendo, lo cual motivó un disgusto a este recluso, e inclusive al ver que no lo remitían al Hospital el Tunal sino a otro centro médico, claudicó en su intención de que lo viera un médico.

Lo curioso de todas estas situaciones es que tienen un punto en común, por lo general tenían ocurrencia en los turnos en donde se encontraban los funcionarios M… G… C…, E… R… C…, M… G… G…, E... A... V... y M… Á… C… G… y las complacencias de estos funcionarios coinciden con el detenido C… A… L… (...)” (se destaca).

Ahora bien, al constatar el marco normativo vulnerado, la Fiscalía sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(...) es menester referirnos a la Circular 004 del 12 de mayo de 1999 de la Dirección Seccional del C.T.I., (...).

“La mentada circular en el título tercero, capitulo segundo, numeral quinto, prohíbe terminantemente el porte, suministro y circulación de dinero en efectivo, entre el personal de detenidos dado que no se requiere dentro de esas instalaciones.

“En el título quinto cuando trata de las urgencias y asistencia médica de los reclusos, dice que en todo caso se debe registrar las novedades informando de manera inmediata al jefe de grupo y a la autoridad judicial correspondiente.

“Asimismo dice que el ingreso de medicamentos para los detenidos solamente podrá ser autorizado previa valoración y autorización del médico judicial del C.T.I., con la respectiva formula médica, de lo cual se dejará constancia en el libro de novedades y la carpeta personal del interno.

“El mismo reglamento en el título séptimo dice que en las remisiones se deberá observar todas las medidas de seguridad para evitar la fuga o atentados contra la vida del funcionario o el sindicado o en lo posible la utilización de los vehículos propios de la Institución evitando así el uso de vehículos de servicio público o de propiedad de los detenidos o sus familiares. El uso de las esposas de seguridad es de carácter obligatorio, y que al personal del grupo de seguridad que no se encuentre laborando les está prohibido el ingreso a las instalaciones donde se encuentran detenidos.

“También la Circular Nº 0014 del 6 de diciembre de 1999 emanada por el mismo despacho, que trata de las Instrucciones para el control de detenidos y seguridad de las instalaciones, dice en sus apartes correspondientes:

“Para el desplazamiento de un detenido a los despachos judiciales fuera del Complejo de Paloquemao a centros carcelarios o atenciones hospitalarias debe ser custodiado como mínimo por dos unidades, lo anterior como medida de precaución tendiente a evitar cualquier manipulación por parte del detenido.

“Y teniendo en cuenta que el Inpec en la actualidad suministra la alimentación a los detenidos, queda terminantemente prohibido permitir el ingreso de pedidos de comidas o que los servidores asignados al grupo comandos ingresen cualquier tipo de alimentos con destino a los reclusos, en cualquier tiempo”.

En punto de la responsabilidad del señor E... A... V..., hoy demandante, la Fiscalía destacó que era el Comandante del grupo que debía vigilar las celdas del Complejo Judicial de Paloquemao; también estaba encargado de sacar a los internos a sus turnos de sol, labor que desarrollaba sin tomar las medidas de seguridad del caso; asimismo, lo implicó de permitir el ingreso de medicamentos y comida a domicilio a las celdas del reclusorio. Así se expuso en la decisión en análisis (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“William Jiménez dice: la señora que se encontraba afuera de la habitación de donde está recluida con otras detenidas se encontraba sentada en el escritorio que está ubicado al pie del radio base y donde habían dos teléfonos, ella se encontraba allí con el señor detenido C… A… L… (...) este señor se encontraba afuera por autorización del señor coordinador de grupo, o sea, el señor E… A...

“(...) M… G… C… también dice: A cargo de la unidad o del turno, se encontraba el coordinador E… A…, quien para ese momento era el que disponía lo que se hacía.

“2. La existencia de una caja de comida en la celda que ocupa el señor C… A… L… de un restaurante que cumple pedidos a domicilio, la cual fue encontrada debajo del segundo nivel de un camarote.

“Sobre el particular manifiestan los procesados que el hallazgo de esa caja de comida, obedeció a otro gesto de humanidad, pues luego de haber pedido unas cajas de arroz chino observaron que sobraba una porción y que antes de votarla prefirieron regalarla a los reclusos.

“Lo extraño en este gesto de humanidad es que, nuevamente el preferido resultó ser C... A... L..., quien declaró bajo la gravedad del juramento que el comando E… le había regalado un poquito de arroz.

De E… A… también se sabe que es la persona que sacaba a los internos a sus turnos de sol, sin tomar las medidas de seguridad del caso, pese a que habían compañeros del C.T.I., que lo prevenían para que lo hiciera. Pero en esta oportunidad, al igual que en las anteriores se escudaba con el argumento de que él era el coordinador del grupo, esto lo hacía sin hacer uso de las esposas, facilitando así una situación de amotinamiento o desorden (...).

Media una declaración juramentada rendida por el señor O… C…, en el sentido que en una oportunidad, estando de turno en compañía de M… G…, este junto con E… G…, le manifestaron al señor C… L… que se abrigara que iban a dar una vuelta, lo que efectivamente sucedió siendo aproximadamente las diez de la noche, habiendo regresado a las instalaciones de Paloquemao a las doce y media de la mañana del día siguiente.

“(...) El señor C… también señala que el señor E… A… era una de las personas que permitía el ingreso de comida a domicilio a las celdas de Paloquemao (...).

“Por otra parte el señor C… le comentó un día al señor J… E… M… Q…, que se había encontrado en la esquina de Paloquemao con E… A… y M… G…, que este le había manifestado a C… que le dijera a L… que le había enviado ochenta mil pesos con otro funcionario del C.T.I.

“Lo anterior, eventualmente no sería tan relevante, sino se hubiera tenido información de que esto venía sucediendo con frecuencia, y que justo el preferido en ese tipo de acciones humanitarias era L... A... (...)” (se destaca).

4.2. Mediante Resolución 20553 expedida el 11 de abril de 2000, la Fiscalía General de la Nación suspendió sin derecho a remuneración al señor E... A... V... Esa determinación obedeció a la medida de aseguramiento de detención preventiva que se le dictó(31).

4.3. El 6 de junio de 2000, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá D. C. y Cundinamarca, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante y otro, en contra de la medida de aseguramiento, resolvió revocarla y ordenó expedir las boletas de libertad(32).

Consideró la mencionada autoridad que los actos desplegados por el señor E... A... V... (tales como desplazar al detenido C... A... L... fuera de su sitio de reclusión para negociar un vehículo, dejarlo salir a deshoras de su celda, permitirle la entrada de medicamentos, dinero y comida), constituían faltas de acción que debían ser reprochadas y sancionadas a través de un proceso disciplinario y no penal, pues estas no tenían significancia jurídica en materia penal.

Para mayor claridad a continuación se citan los apartes pertinentes de esa providencia (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(...) si el delito de prevaricato por omisión está relacionado más allá que con la obligación de dejar de cumplir bien un deber, por cuanto que su estructuración está relacionada directamente es con el no ejecutar un acto o rehusarse a hacerlo, pues mal puede afirmarse como aquí lo ha hecho el a-quo, que cumplir el acto sin toda la drasticidad que exige la ley se asimila a no cumplirlo, más cuando en caso como el que nos ocupa tal drasticidad no se aplicó por consecuencia de omisión del Estado de ofrecerles trato humanitario a sus detenidos, al permitir que vivan en hacinamiento y en celdas y sitios que no corresponden a centros carcelarios como lo impone la ley.

Ahora bien, no discute esta instancia que sin duda, una vez establecido que se dieron tratos preferenciales por parte de los aquí investigados en favor del detenido C... A... L... tales como llevarlo en dos oportunidades a encontrarse con el señor C… (conducta atribuida a G… C…) a efecto de negociar un automotor, todo ello bajo la anotación de conducción al centro hospitalario por motivos de salud gracias a las heridas que se auto infringía el mismo reo; Dejarlo salir a deshoras de su celda e incluso permitirle entrada de medicamentos, dinero y comida, constituyen faltas de ‘acción’ que ameritan ser reprochadas y sancionadas, más ello debe cumplirse por vía de un proceso disciplinario y no penal, pues tales ‘actuaciones’ ni tuvieron significancia jurídica en la medida que en nada atentaron, como hoy se conoce, dado el transcurso del tiempo, contra la oportunidad, prontitud y eficacia de los actos de la administración.

“(...) se deduce que tal precisa conducta constituyó más un acto humanitario de A… que simple desconocimiento y no aplicación de la ley, apreciación que se ratifica con lo declarado por C… A… J… funcionario del C.T.I (sindicado, indagado y no cobijado con la medida de aseguramiento) de que tal acto fue autorizado por E… A… para que los detenidos caminaran un rato por ahí y se oxigenaran y en últimas como se ratifica con lo expuesto por este último procesado en cita quien sostuvo que todo ello lo cumplió bajo las seguridades y vigilancia del caso, esto es, sin poner en riesgo la integridad física de los comandos ni de los detenidos etc., salvaguardando así la función a su cargo, por lo que, concluimos, no se puede deducir con la claridad necesaria que se demanda para imponer medida de aseguramiento que dicha conducta se enmarca realísticamente en la descrita como prevaricato por omisión (...) precisamente porque tales faltas son de acción y no de omisión y se cumplieron, todo lo indica así, primando conceptos humanitarios y no en función del dolo especifico de querer contrariar la ley” (se destaca).

4.4. Mediante Resolución 2-1440 del 17 de julio de 2000, la entidad demandada, al corroborar que se había revocado la medida de aseguramiento en contra del señor E... A... V... ordenó su reintegro(33).

4.5. El 23 de julio de 2001, la Fiscalía Delegada 211 de la Unidad Segunda de Administración Pública y de Justicia de Bogotá D. C. resolvió proferir resolución de preclusión de la investigación en contra del señor E... A... V... y otros; en esa misma providencia le profirió resolución de acusación al señor M… G… C… L…, por los delitos de prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo con falsedad ideológica en documento público(34).

Expuso la Fiscalía como argumentos para precluir la investigación, que la versión rendida por el señor C... A... L... Á… dejaba dudas y no existían otras pruebas para corroborarlas. Del mismo modo, indicó que si bien es cierto la visita efectuada en la madrugada del 9 de febrero por el director del C.T.I. dejó al descubierto algunas situaciones anormales, no lo es menos que sus conductas no estructuraban delitos. Así lo plasmó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(…) a primera mano podría inferirse que los implicados aquí reseñados eventualmente podrían estar incursos en el delito de prevaricato por omisión, por haber rehusado a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las circulares número 004 del 12 de mayo de 1.999 y 0014 del 6 de diciembre del mismo año, cuando expresamente regulan en qué forma los internos les es prohibido abandonar sus celdas de internamiento como lo son salidas al patio para tomar el sol o más aún, evitar que permanezcan en sitios diferentes a los que se les ha adjudicado para su reclusión, lo mismo que, manifiesta y expresa prohibición del ingreso de alimentos por terceras personas, toda vez que ese suministro está a cargo del (...) Inpec.

“Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el rehusamiento por parte del servidor público no es simplemente el dejar de hacer o rehusarse al cumplimiento de algo que le es propio en el ejercicio de su función, toda vez que si bien es cierto la conducta omisiva implica un no hacer como una negación consciente de guardar silencio o de no actuar así, debe hacerlo con una intención dañina y sin justa causa (...).

“(...) así la visita efectuada en la madrugada del 9 de febrero, haya dejado al descubierto algunas situaciones anormales por parte de los custodios que a esa hora se encontraban en el sitio de reclusión, pero que cuyas conductas no alcanzan a estructurar el delito de prevaricato por omisión, pues más bien y salvo mejor criterio, como se ha reiterado en varios de nuestros pronunciamientos, bien podrían ser objeto de unas investigaciones de carácter disciplinario y cuyo resorte por el aspecto funcional corresponde a los directores Seccional y Nacional del C.T.I.

“(...) Así las cosas, por atipicidad de la conducta, el despacho precluirá la investigación (...)” (Se destaca).

Conviene indicar, como ya se refirió en antelación, que la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del señor M… G… C… L…, compañero de trabajo del hoy demandante, por los delitos de prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo con falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía argumentó esa decisión en que el mencionado ciudadano trasladó al interno C... A... L... Á… a la Penitenciaria “La Picota” de la ciudad de Bogotá D.C., a visitar a un recluso que allí se encontraba, utilizando como excusa –falsa– que lo llevaba hacia un centro hospitalario; de igual forma, por permitirle al mismo recluso una salida clandestina el 25 de enero de 2000(35).

En este punto, debe mencionarse que de conformidad con la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando la absolución del sindicado deviene porque no cometió el delito, el hecho no existió o su conducta fue atípica, aquellos son eventos determinantes de privación injusta de la libertad bajo el régimen de responsabilidad objetivo de daño especial(36), siempre que no se acredite la ocurrencia de una falla del servicio.

No obstante lo anterior, como lo ha establecido de manera pacífica y sostenida esta corporación, cuando la responsabilidad del Estado se analiza bajo un régimen objetivo, ello, de entrada, no supone la prosperidad de las pretensiones ni la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo de la litis, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la capacidad de romper el nexo de causalidad existente entre el daño irrogado y las actuaciones de las entidades públicas demandadas.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada(37), siempre que su actuar, ya sea activo u omisivo, hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. Así lo ha entendido esta corporación(38):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil(39)” (Negrillas y subrayas de la Sala).

En concordancia con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(40) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(41), de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privara de su libertad.

En ese entendido, a pesar de que en favor del señor E... A... V... se precluyó por la Fiscalía General de la Nación la investigación que le inició por el punible de prevaricato por omisión, y que esa misma autoridad revocó la medida de aseguramiento que inicialmente le había impuesto, a la Sala no le cabe duda de que su conducta dio lugar a que, además de ser investigado, fuera objeto de una medida restrictiva de su libertad, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria, en orden a determinar si fueron acertadas o no.

Cabe señalar que si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción(42). Al respecto, esta misma Sala con ponencia del señor Consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera precisó que:

“(…) si bien la decisión de carácter penal no puede ser modificada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado y, en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(43), pues a pesar de que se declare la responsabilidad personal del funcionario, la entidad a la cual éste se encuentre vinculado puede no ser responsable del daño, por no haber actuado aquél en desarrollo de un acto propio de sus funciones o no haber tenido su actuación ningún nexo con el servicio público(44), o por el contrario, el funcionario puede ser absuelto por no haberse demostrado la antijuridicidad de su conducta, de tal manera que no resulte comprometida su responsabilidad penal y, en cambio, el juez administrativo puede encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el artículo 90 de la Carta Política”(45).

Bajo ese orden de ideas, de los hechos probados en el expediente –en particular de la decisión que revocó la medida de aseguramiento y la que precluyó la investigación–, se extrae que el demandante y los otros implicados sí cometieron faltas en el desempeño de su labor como custodios de los ciudadanos recluidos en las celdas del Complejo Judicial de Paloquemao, cuestión diferente es que tales conductas, a juicio de la entidad accionada, no fueran de tal relevancia como para ser consideradas delitos y más bien debían ser objeto de una investigación disciplinaria.

No puede pasarse por alto que una de las actuaciones por las cuales se inició la investigación penal, fue permitirle a una pareja de internos permanecer fuera de sus celdas en horas de la madrugada, situación que para la Sala reviste gravedad, pues las personas que se encuentran bajo detención y aún más los encargados de su vigilancia, cuidado y protección, deben someterse a los reglamentos dispuestos sobre el particular, porque solo así se proscriben todo tipo de situaciones anormales que pueden alterar de forma grave el control del centro de reclusión.

Respecto de lo anterior, es del caso manifestar que la Corte Constitucional bajo la teoría de las especiales relaciones de sujeción, de forma pacífica y reiterada ha referido que los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad se clasifican en tres categorías, la primera, referente a aquellos que pueden ser suspendidos, la segunda, a las prerrogativas que pueden restringirse, y finalmente, la tercera, según la cual, existen derechos que permanecen en todo momento incólumes e intactos.

Dentro de los derechos que se pueden suspender dadas las particularidades de la detención, se encuentra el de la libre locomoción. Así lo explicó el tribunal constitucional(46):

“La Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los reclusos en tres grupos: (i) Los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción o los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) Los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado, con lo cual se pretende contribuir al proceso de resocialización y garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad en las cárceles. Entre estos derechos se encuentran el de la intimidad personal y familiar, unidad familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, trabajo y educación. (iii) Los derechos intocables, esto es, que derivan directamente de la dignidad del ser humano y por lo tanto son intocables, como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad, a la libertad religiosa, a la personalidad jurídica, de petición, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia”(se destaca).

En ese contexto, no puede perderse de vista que el artículo 4º de la Constitución Nacional le impone deberes adicionales a los servidores públicos del Estado, razón por la cual, de forma certera enseña que son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Es importante resaltar que la Fiscalía descartó al momento de decretar la preclusión de la investigación en contra del señor E... A... V..., la declaración presentada por el interno C... A... L... Á… –quien fue una de las personas que se encontró por fuera de su celda en la visita sorpresa realizada por el director del C.T.I. y que originó la investigación disciplinaria y posteriormente la compulsa de copias para el proceso penal–, al avizorar que lo dicho por él no ofrecía credibilidad, esto es, que mantenía una estrecha relación con los custodios del Complejo Judicial de Paloquemao, que estos le garantizaban ciertas prebendas, tales como salir a realizar actividades personales así como el ingreso de comida, dinero y medicamentos.

Sin embargo, esa entidad sí formuló acusación en contra del señor Manuel Giovanny Calderón Leal, al encontrar demostrado que este había facilitado –en varias ocasiones–, la salida del mencionado interno a efectuar visitas en la cárcel “La Picota” e inclusive diligencias particulares.

Significa lo anterior, que las irregularidades objeto de investigación se presentaban con frecuencia y que el hoy demandante, al ostentar la posición de Coordinador del Grupo de Custodios, estaba en la obligación de denunciarlas(47). Al respecto, la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario vigente para la fecha de los hechos, establecía en el artículo 40, numeral 19, como uno de los deberes de todo servidor público, el de: “denunciar los delitos, contravenciones y faltas de que tuviere conocimiento”.

Pues bien, en el plenario no se demostró que el demandante hubiese procedido a poner en conocimiento de alguna autoridad las anomalías que se presentaban con los reclusos en el Complejo Judicial de Paloquemao.

Así pues, teniendo en cuenta las irregularidades señaladas en precedencia, a juicio de la Sala, a la Fiscalía no se le podía exigir una actuación diferente a la que, en efecto, desplegó, es decir, la apertura de la investigación penal correspondiente y la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Alarcón Vélez. Se insiste: si bien la investigación que se le inició fue precluida, no puede pasarse por alto que la irregularidad de su conducta sí resultó determinante para que se le impusiera la susodicha medida de aseguramiento, sustituida por detención domiciliaria, circunstancia que rompió el nexo de causalidad entre el daño irrogado y su imputación a la Nación, Fiscalía General de la Nación.

En otras palabras, según las pruebas obrantes en el expediente, en el presente caso se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y, por ende, el daño alegado no es atribuible a la entidad pública demandada.

Siendo así, la Sala confirmará la sentencia apelada.

5. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia del 9 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, cuya parte resolutiva quedará así:

“PRIMERO. DECLARAR PROBADA, de oficio, la caducidad de la acción respecto de los señores R... V... R..., M... I... A... V..., L... P... A... V..., M... E... A... V..., A... M... A... V... y Ó... M... A... V....

“SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda respecto del señor E... A... V..., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“TERCERO: Sin condena en costas”.

2. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

20 Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

21 Consejo de Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Expediente 13.622, M. P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, Expediente: 37.410, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 “Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
“La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente” (se destaca).
Respecto de lo anterior, vale resaltar que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C- 641 del 13 de agosto de 2002, declaró exequible de manera condicionada la expresión contenida en el último inciso citado, por cuanto consideró que “la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación” es decir, que las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de ser notificadas cuando no se hubiere hecho uso de los recursos procedentes.

24 Se advierte que la notificación personal al demandante se llevó a cabo el 25 de julio de 2001, el 26 de julio fue un jueves y el 27 un viernes, así, el tercer día de ejecutoría debe contabilizarse a partir del día siguiente hábil que fue el lunes 30 de julio de 2001.

25 Folio 13 vuelto del cuaderno 1.

26 Folios 110 a 114 del cuaderno 1.

27 Folios 189 a 191 del cuaderno 1.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de mayo de 2016, Exp: 40.077, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

29 Se precisa que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, entre ellos, lo relacionado con la caducidad de la acción, aspecto que no puede, ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, así lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo:
“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
“(…).
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus” (se destaca).
En igual sentido, esta corporación, mediante sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, señaló que el juez de la causa también puede declarar, de manera oficiosa, la caducidad de la acción (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez).

30 Folios 203 a 221 del cuaderno de pruebas 1.

31 Folios 91 a 92 del cuaderno de pruebas 1.

32 Folios 29 a 38 del cuaderno de pruebas 1.

33 Folios 86 a 90 del cuaderno de pruebas 1.

34 Folios 39 a 61 del cuaderno de pruebas 1.

35 Folios 54 a 56 del cuaderno de pruebas 1.

36 Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en muchas otras decisiones de la Sala.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, Exp. 41977, Radicado 05001-23-31-000-2003-00113-01. Actor: Wilson Antonio Chaverra González y otros. Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación; sentencia del 26 de abril de 2017, Exp. 45313, Radicación 25000-23-31-000-2009-00414-01. Actor: Luis Porfidio Farías Sánchez y otros. Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación; sentencia del 7 de junio de 2017, Exp. 42021, Radicación 25000-23-26-000-2009-00496-01. Actor: Jairo Hernán Benjumea y otros. Demandado. Nación - Fiscalía General de la Nación, entre muchas otras.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, Expediente 38.438, M. P. Hernán Andrade Rincón.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; Expediente 15784; M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

40 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17.933, M. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27.414, M. P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 32.126, M. P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2016, Exp. 41.601, M. P. Hernán Andrade Rincón.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; Expediente 15784; M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, Expediente 39.816, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

43 En sentencia del 1º de noviembre de 1985 (Exp. 4571) dijo la Sala: “Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa”. En el mismo sentido, sentencias de 24 de junio de 1992 (Exp. 7.114), de 17 de marzo de 1994 (Exp. 8585), de 5 de mayo de 1994 (Exp. 8958), de 18 de febrero de 1999 (Exp. 10.517), de 26 de octubre de 2000 (Exp. 13.166) y de 25 de julio de 2002 (Exp. 13.744 y 14.183), entre otras.

44 Ver, por ejemplo, sentencias de 20 de febrero de 1992, Expediente 6514 y de 21 de septiembre de 2000, Exp. 11.766.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida por esta Sala el 9 de marzo de 2016, Exp. 39.816, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

46 Corte Constitucional, Sentencia T-049 del 10 de febrero de 2016, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

47 Según la Constitución Nacional, artículo 95, numeral 7º, es un deber de todo ciudadano colombiano: “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.