Sentencia 2003-01569/41205 de mayo 7 de 2018

Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Tercera - Subsección C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 25000-23-26-000-2003-01569-01 (41205)

Actores: F.A.L.R. y Otros

Demandado: Nación - Rama Judicial -Fiscalía General de la Nación y Otro

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Objeto de la impugnación.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos por la demandante en su escrito de apelación, según lo dispuesto por el artículo 238 del Código General del Proceso. Por lo cual la Sala analizará si se incurrió en un error judicial y en defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia; el primero de ellos con las providencias que ordenaron la vinculación del señor F.A.L.R. de la Vega al proceso penal adelantado por la Fiscalía 78 y el segundo, si la autoridad demandada retardó injustificadamente la resolución de la situación jurídica; por último y en aplicación del principio Iura Novit Curia si el actor estuvo privado injustamente de su libertad.

2. Legitimación en la causa.

2.1. La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(27), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

2.2. En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes F.A.L.R. de la Vega (víctima), M.A.R.G.(28) y L.F.R.G.(29) (hijos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

2.3. Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación —Rama Judicial; La Nación — Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalía 78 de Bogotá —Unidad de Delitos Financieros — en la etapa de instrucción a la luz del Decreto 2700 de 1991, en razón a lo cual la Sala considera que la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva. En lo que respecta la Nación - Rama Judicial y Ministerio de Interior y de Justicia, en primera instancia se declaró probada la excepción de falta de legitimación respecto de estas entidades, decisión que no fue objeto de recurso, por lo que la Sala se relevara de estudiar este aspecto.

3. Caducidad de la acción de reparación directa.

3.1. La caducidad es concebida como un instituto que, con fundamento constitucional, garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en términos razonables. Es una manifestación del principio de seguridad jurídica, de prevalencia del interés general y se le puede caracterizar como figura de orden público, innegociable e irrenunciable, en tanto presupuesto que habilita el ejercicio de ciertas acciones judiciales, dada su naturaleza temporal o perentoria.

3.2. La caducidad de la acción de reparación directa se encuentra establecida en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, donde dispone que ésta “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”, sin perjuicio que, bajo ciertas circunstancias, se contabilice a partir del día siguiente al conocimiento del hecho dañoso por la víctima, si lo fue en fecha posterior(30).

3.3. La caducidad no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(31), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código(32). De encontrarse probada debe ser declarada de oficio por el juez(33).

3.4. Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(34). Asimismo, se debe tener en cuenta que cuando se alega un defectuoso funcionamiento y error judicial, como sucede en el caso bajo estudio, con relación al primero la caducidad se cuenta a partir del momento en que ocurrió el hecho dañoso o a partir del momento que la víctima tuvo conocimiento de este; y con relación al segundo, la caducidad se contabiliza a partir del momento en que la providencia que se acusa como contentiva del error judicial queda ejecutoriada.

3.5. Así las cosas y con base en lo expuesto en la demanda se tiene que la parte demandante utiliza los tres criterios de imputación, por lo que Sala examinará la caducidad respecto de cada uno de ellos. Así las cosas, tendrá en cuenta para contabilizar la caducidad que la Sentencia absolutoria (27 de julio de 2001) quedó ejecutoriada el día 3 de agosto de 2001.

3.6. En relación con el error judicial, esta fue la última providencia que se profirió dentro del proceso penal seguido en contra del aquí demandante, por lo tanto, el término para presentar la demanda con esta pretensión vencía el 4 de agosto de 2003; respecto al defectuoso funcionamiento, el cual hace consistir en la mora en que incurrieron las respectivas autoridades para decidir el proceso se tiene que conoció del supuesto daño a la fecha que la providencia cobró ejecutoria, por lo tanto para esta pretensión también el término de caducidad vencía en la misma fecha. Por último, con relación a la supuesta privación injusta de la libertad se tiene que fue mediante esa providencia que se absolvió al aquí demandante, por lo tanto la Sala encuentra que la demanda se interpuso dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para proponer cada una de las pretensiones que se incluyeron en esta.

4. Del acervo probatorio.

Dentro del plenario, obran los siguientes medios de prueba relevantes:

—Copia del acta de indagatoria del 8 de abril de 1992 ante el Juzgado de Instrucción Criminal ante el cual compareció el señor F.A.L.R. de La Vega.

—Copia de la providencia del 26 de octubre de 1995 de la Fiscalía 78 Delegada de Bogotá -Unidad de Delitos Financieros mediante la cual se le definió la situación jurídica de los señores F.A.L.R. de La vega y otros, en el sentido de “Proferir medida de aseguramiento consistente en Detención Preventiva en contra del doctor F.A.L.R.D.L.V., como presunto autor responsable del punible de Peculado por Apropiación de que trata el art.133 del C.P” y “Conceder el beneficio de libertad provisional al doctor F.R.D.L.V., conforme lo dispuesto en los artículos 415 numeral 8 del Código de Procedimiento Penal y 139 del C.P. Por tanto deberá prestar caución prendaria por la suma de un millón de pesos que deberá consignar a favor de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la Nación en el Banco Popular (…)”, y “No Decretar el embargo y secuestro de bienes del doctor F.R.D.L.V. por no tener conocimiento exacto el Despacho cuales son de su propiedad”(35).

—Copia de la constancia secretarial del 2 de noviembre de 1995 mediante la cual se enteró personalmente al señor F.R.D.L.V. del contenido de la resolución del 26 de octubre de 1995(36).

—Copia del oficio radicado por el apoderado del señor F.A.L.R.D.L.V. el 11 de diciembre de 1995 ante la Fiscalía General de la nación mediante el cual solicitó la desvinculación del señor R.D.L.V., documento en el cual solamente argumentó los motivos por el cual no debía ser vinculado en el proceso penal por el punible de peculado por apropiación(37).

—Auto del 15 de noviembre de 1995 proferido por la Fiscalía Delegada 78 de Bogotá - Unidad de Delitos Financieros - mediante el cual se declaró cerrada parcialmente la investigación adelantada en contra de F.A.L.R. de La Vega, por lo que decretó la ruptura de la unidad procesal, por tanto, la instrucción continuaba respecto de los demás procesados(38).

—Copia del concepto del Ministerio Público radicado el 11 de diciembre de 1995 dentro del proceso penal seguido en contra del señor F.A.L.R. de La Vega, en primer lugar señaló que no había nulidad alguna que invalidara el proceso, analizó las pruebas obrantes en el expediente, por lo que señaló que se cumplían los presupuestos del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal para proferir en contra del procesado, resolución de acusación como presunto responsable del delito de Peculado por apropiación, contenido en el artículo 133 del Estatuto Punitivo “haciéndose merecedor a seguir disfrutando de la libertad otorgada en la resolución que resolvió su situación jurídica de fecha octubre 26 del cursante año”(39).

—Copia de la providencia del 29 de agosto de 1996, emitida por la Fiscalía 78 de Bogotá - Unidad de Delitos Financieros - mediante la cual profirió resolución de acusación en contra del señor F.A.L.R. de La Vega como presunto responsable del delito de peculado por Extensión en la modalidad de apropiación, y dispuso que Felipe Antonio Lázaro de R.D.L.V. continuara disfrutando su libertad, pero se mantuvo la prohibición de salir de país(40).

—Copia de la Sentencia proferida el 23 de julio de 2001 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito mediante la cual absolvió a F.R.D.L.V. y otros de los cargos por los cuales fueron vinculados al proceso penal, levantó las medidas cautelares que se hayan ordenado y sobre bienes de los procesados y ordenó la devolución de los títulos judiciales que por concepto de cauciones y garantías de daños y perjuicios fueron presentados por los mismos procesados y por último, levantó la restricción para salir del país que le fuera impuesta, con fundamento en que las pruebas aportadas dentro de ese proceso y las acusaciones realizadas “no tienen la contundencia probatoria para determinar un fallo adverso al procesado y contrario a los pedimentos de los diversos sujetos procesales que intervinieron en la audiencia pública por lo que se accederá emitiéndose absolución a favor del señor R.D.L.V.”(41).

—Copia del Edicto mediante el cual se notificó la Sentencia de primera instancia absolutoria del 23 de julio de 2001, el cual se fijó el 27 de julio de 2001 y se desfijó el 31 de julio de la misma anualidad(42)

—Informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rendido ante la Unidad Primera Especializada en Delitos contra la Administración Pública y Administración de Justicia en el cual se concluyó que F.A.L.R. de La Vega tenía antecedentes positivos para “drogadicción a la cocaína y al alcoholismo crónico con grave compromiso familiar, social, personal, académico y laboral como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas por un periodo largo de tiempo desde 1992 hasta 1999 para lo cual recibió tratamiento psiquiátrico irregular hasta el año 1999 en que se recuperara en un tratamiento especializado en México y desde entonces presenta remisión completa de los síntomas y signos de dependencia a sustancias como alcoholismo etílico y cocaína. En el expediente aparecen arrimadas las certificaciones médicas y declaraciones que corroboran los hechos mencionados por el sindicado”; en dicho informe se concluyó que “para la época de los hechos comprendía la licitud de su actuación per no podía auto determinarse según esa comprensión por presentar un Trastorno Mental Transitorio con secuelas para lo cual requiere continuar tratamiento psiquiátrico especializado para evitar una recaía”.(43)

—Testimonio del señor Gustavo Adolfo Morales Mejía rendido el 6 de septiembre de 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B en el cual señaló que conocía al señor R.D.L.V. desde los años 80´s que para los 90´s éste cambio y que ello se debió a la investigación penal que en su contra se inició llevándolo a embriagarse y consumir cocaína, lo que conllevo a que su esposa junto con sus dos hijos lo abandonaran(44).

5. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

5.1. Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

5.2. De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

5.3. En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

5.4. El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(45).

5.5. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

5.6. Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(46) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

6. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia.

Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.

6.1. Régimen desde la óptica convencional

6.1.1. Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.

6.1.2. La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los Tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos Tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(47).

6.2. Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento Colombiano.

6.2.1. En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.

6.2.2. Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.

6.2.3. Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(48); y un segundo periodo que comienza con la expedición de la Ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

6.2.4. De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.

6.2.5. Por cuanto en el sub judice se acusa a la Fiscalía General de la Nación de haber incurrido en un error judicial, al proferir la medida de aseguramiento y la resolución de acusación; y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, constituido con la demora que se tuvo dentro del proceso penal en el que estuvo vinculado el señor Francisco R.D.L.V.; así como por la privación a la que estuvo sometido; la Sala estima oportuno examinar individualmente los contornos dogmáticos de estos tres criterios de atribución de responsabilidad.

6.3. La responsabilidad al Estado por Error Jurisdiccional.

6.3.1. El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Y esta Corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho(49).

6.3.2. Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado(50)”.

6.3.3. El daño antijurídico en el evento de error judicial.

6.3.3.1. Se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”(51)

6.3.4. La imputación del daño en los eventos de error judicial.

6.3.4.1. Se debe precisar que dicho error requiere de ser cometido por una autoridad jurisdiccional y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; que ocurra dentro de un proceso judicial y se materialice en una providencia judicial; y que tenga la intensidad suficiente para que la providencia que lo contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico.

6.3.4.2. Ahora bien, siendo el error una categoría proveniente de la teoría general del derecho es oportuno precisar que este se distingue de la ignorancia del funcionario judicial, en la medida en que en aquél se presenta un falseamiento de la realidad; mientras que en ésta se verifica la carencia absoluta de conocimiento sobre una determinada realidad(52).

6.3.4.3. En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”(53).

6.3.4.4. Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(54): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(55).

6.3.4.5. En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que las condiciones necesarias “para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado (…) son las siguientes”(56):

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. (…)

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador(57)(58).

6.3.4.6. Al respecto, es preciso resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional deberá realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación judicial es contentiva de yerro alguno.

6.3.4.7. En reiterados pronunciamientos la Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables(59). Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales(60). En este sentido, se ha sostenido que:

“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”(61).

6.3.4.8. Por último, la Subsección estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”(62), dicha identificación semántica resulta impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial(63), y no la conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico(64).

6.4. La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.

6.4.1. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

6.4.1.1. La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(65).

6.4.1.2. Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(66). En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(67).

6.4.1.3. Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 13 de julio de 1983 (Caso Zimmermann y Steiner), interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”(68).

6.4.1.4. En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(69).

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(70).

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(71).

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(72).

6.4.1.5. Ahora bien, por su parte esta Corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(73).

6.4.1.6. De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(74), lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(75). Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(76).

6.4.1.7. Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:

“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,… o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(77) que la víctima de las mismas no está llamada a soportar”(78).

6.4.2. Imputación del daño en los eventos de defectuoso funcionamiento.

6.4.2.1. El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio(79), por “mal servicio administrativo”(80). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial de los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(81).

6.4.2.2. Cabe señalar que antes de la Constitución Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(82). De acuerdo con esta definición, se definieron como supuestos de fallas del servicio judicial(83): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios(84), iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del Juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(85) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor(86), v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo(87), vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución(88), vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(89).

6.4.2.3. En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce por una falla probada del servicio; sin que ello implique que no sea posible que la imputación pueda realizarse desde el punto de vista objetivo.

6.4.3. Privación Injusta de la Libertad.

6.4.3.1. El derecho a la libertad individual.

6.4.3.1.1. Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

6.4.3.1.2. Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

6.4.3.2. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

6.4.3.2.1. La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

6.4.3.2.2. En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(90).

6.4.3.2.3. También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(91).

6.4.3.2.4. Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

6.4.3.2.5. Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(92)

6.4.3.2.6. En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(93)-(94) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(95).

6.4.3.2.7. En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

6.4.3.2.8. Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

6.4.3.2.9. En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

6.4.3.2.10. En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(96).

7. Análisis del caso concreto

Para realizar el análisis del caso concreto la Sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado en el recurso de apelación; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Fiscalía General de la Nación: i) por error jurisdiccional al proferir la resolución interlocutoria del 29 de agosto de 1996 mediante la cual acusó al señor R.D.L.V. como presunto autor del delito de Peculado por apropiación; ii) por el defectuoso funcionamiento de la administración judicial, esto es, si los funcionarios que conocieron de la investigación penal se excedieron en los términos previstos en la ley procesal penal vigente (D. 2700/1991), dado que transcurrieron 9 años y 3 meses desde el inicio de la investigación hasta el juzgamiento de la conducta y iii) por la presunta privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el señor F.R.D.L.V.

7.1. El daño antijurídico en el caso concreto.

Son dos los daños en que se insiste en el recurso de apelación: la privación injusta de la libertad, donde se aduce que no es de recibo sostener que el régimen de responsabilidad deja de ser el objetivo si la absolución es consecuencia de la aplicación de la garantía del in dubio pro reo y, de otro tanto, el defectuoso funcionamiento apoyado en los tres años que transcurrieron entre la indagatoria y la resolución de acusación y por los 8 años que transcurrieron entre la indagatoria y la desvinculación de F.A.L.R. de la Vega.

7.1.1. El daño derivado de la privación injusta de la libertad en el caso concreto.

7.1.1.1. La Sala constata que desde el mismo momento en que se profirió la medida de aseguramiento se le otorgó al señor R.D.L.V. la libertad condicional, lo que evidencia la ausencia del daño alegado, es decir, el derivado de la privación, como quiera que la medida cautelar no llegó a materializarse. Por ello, no hay lugar a debatir si el régimen de responsabilidad es objetivo o subjetivo, como lo plantea el recurrente, pues ello resulta procedente cuando se pasa a examinar el segundo presupuesto de la responsabilidad, esto es, la imputación, pero la misma requiere que previamente el daño se haya acreditado, lo cual que no ocurrió en el sub judice.

7.1.1.2. Así las cosas, se tiene que no se configuró este daño alegado por Lázaro R.D.L.V., esto es, el derivado de la privación injusta de la libertad, toda vez que no se encuentra demostrado que al actor hubiese estado detenido y no existe prueba de que la limitación o restricción que se le impuso que le impedía salir del país, le haya ocasionado efectivamente daño alguno y estos no pueden presumirse. Por todo lo anterior se negara las pretensiones incoadas por este ítem en la demanda.

7.1.2. El daño derivado del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

7.1.2.1. Este daño se hace consistir en la vinculación al proceso penal por un término que excedió a los previstos por la legislación procesal penal vigente en la época de los hechos. Sobre el particular está acreditado que el periodo transcurrido entre la indagatoria y la resolución de acusación fue superior a tres años corridos entre el 8 de abril de 1992 fecha de la indagatoria y el 26 de octubre de 1995, día en que se definió la situación jurídica. También está acreditado que entre la indagatoria y el día en que se desvinculó del proceso a R.D.L.V. transcurrieron 8 años, pues la decisión absolutoria data de 27 de julio de 2001. Así las cosas, el daño se encuentra acreditado. Resta verificar si el mismo le resulta imputable a la entidad demandada por defectuoso funcionamiento.

7.1.3. Imputación del daño a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso concreto.

7.1.3.1. Encuentra la Sala que el actor hace consistir el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte del ente instructor, en el desconocimiento de los términos procesales para impulsar la actuación dentro del proceso penal adelantado en contra del señor R.D.L.V., los cuales hizo consistir en tres momentos:i) desde la indagatoria hasta que se calificó el mérito del sumario; ii) desde que se profirió la medida de aseguramiento hasta la resolución de acusación y iii) desde la fecha en que se profirió la resolución de acusación hasta la fecha en que se profirió la resolución de absolución.

7.1.3.2. Al respecto la Sala anticipa que la parte actora incumplió con la carga probatoria, pues si bien, para el demandante no fue de recibo los argumentos del juez de primera instancia, quien manifestó que la acción penal fue compleja; se encuentra que contrario a lo argüido por el demandante, es claro, que el proceso penal no sólo se adelantó en contra del aquí demandante, sino contra 12 concejales más de quienes no se sabe cuándo rindieron su respectiva indagatoria, pues lo único que se encuentra probado es que el señor R.D.L.V. la rindió el 08 de abril de 1992, pero de los demás sindicados no obra constancia, por lo que no se puede pretender endilgar una demora injustificada al ente instructor, cuando no está demostrado que el asunto no fuere complicado, además, que no está probado en qué fecha los demás Concejales vinculados al proceso penal rindieron su respectiva indagatoria, por lo que si bien dictó la medida de aseguramiento hasta el 26 de octubre de 1995 en contra del señor R.D.L.V., es claro para la Sala que el artículo 324 del Decreto 2700 de 1991,(97) normativa vigente para la época de los hechos establecía que la investigación previa se desarrollaría mientras no existiera prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado, de lo anterior se puede inferir que el ente instructor sólo hasta el 26 de octubre de 1995 contó con el material probatorio idóneo para vincular al señor R.D.L.V. al proceso penal de manera formal.

7.1.3.3. Ahora bien, en lo que respecta al segundo periodo, esto es, desde el 26 de octubre de 1995 al 29 de agosto de 1996, fecha esta última mediante la cual profirió resolución de acusación, se insiste que en el expediente no se encuentra probado si en efecto se demoró el ente instructor al proferir dicha resolución, pues es claro para la Sala que el señor R.D.L.V. no era el único investigado, sino que eran 12 sujetos más. Si bien en el expediente obra una solicitud del apoderado del aquí demandante, radicada en diciembre de 1995, en la que pide la desvinculación de F.A.L.R. de la Vega, no se alegó una dilación de los términos procesales, o que este asunto no fuera complejo, por lo que se extraña que el actor pretenda una indemnización por defectuoso funcionamiento, cuando es claro para la Sala que ésta situación nunca la alegó dentro del proceso penal en el cual este fungió como investigado y sindicado, por lo que no se encuentra demostrado el daño alegado respecto de este periodo.

7.1.3.4. A propósito del tiempo transcurrido entre la resolución de acusación, el 29 de agosto de 1996 hasta al 23 de julio de 2001, fecha esta última en que fue absuelto del proceso penal seguido en su contra y de 12 Concejales más no encuentra la Sala prueba alguna que permita inferir que la mora o dilación por parte de la autoridad instructora y juzgadora haya sido injustificada, pues no se puede pretender que se tenga en cuenta el solo transcurso de dicho periodo, con las dos providencias aportadas; pues tiene averiguado que el respeto al plazo razonable es asunto que demanda una valoración de múltiples factores que exceden al simple transcurso del tiempo(98).

7.1.3.5. El expediente se debe analizar de manera conjunta, toda vez que no puede el Juez contencioso tener certeza que dentro de ese proceso penal no hubo más actuaciones; extraña la Sala que el aquí demandante se limitara a traer sólo las decisiones que marcaban este periodo que la actora considera injustificado, pero no allegó pruebas suficientes para demostrar la falla en el servicio, por lo que, se reitera, la parte activa no cumplió con la carga de la prueba, que en el sub judice consistía en trasladar el expediente del proceso penal para poder evaluar todos los elementos que permitieran calificar el tiempo en que se tomó la decisión de razonable o irrazonable.

7.1.3.6. Es claro, entonces, que los hechos alegados en la demanda se debieron probar, pues no se puede pretender que se tenga en cuenta la sola manifestación del demandante y el vencimiento de los términos legales, para que de suyo se tenga por acreditado el defectuoso funcionamiento por la supuesta dilación injustificada. Resultaba imperioso probar la dilación fue injustificada, lo que no sucedió en el caso bajo estudio; pues el solo vencimiento de los términos per se no la acredita.

7.1.3.8. Por lo expuesto en líneas anteriores es claro para la Sala que el actor incumplió con una carga que se encontraba en cabeza del aquí demandante, como lo es probar la existencia de los hechos que aduce en su demanda, por cualquiera de los medios previstos en la normativa procesal civil, pues el sólo dicho o afirmación de la parte no demuestra su existencia.

7.1.3.9. Así las cosas, es claro para la Sala que ese incumplimiento probatorio de la parte demandante, impide analizar el supuesto incumplimiento irrazonable de los términos procesales que incurrió el ente instructor dentro del proceso penal que estuvo vinculado el señor F.A.L.R.D.L.V., por lo que la Sala confirmara la providencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 16 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

27. Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

28. Fl. 5 del Cdno. 1 Obra copia del registro civil 1664782 en el que consta que Miguel Antonio Reyes González es hijo del señor Felipe Antonio Lázaro Reyes de la Vega y Teresa González Santini.

29. Fl. 4 del Cdno. 1 Obra copia del registro civil 1664782 en el que consta que Luis Felipe Reyes González es hijo del señor Felipe Antonio Lázaro Reyes de la Vega y Teresa González Santini.

30. Cfr., Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 17 de septiembre de 2013, Exp. 45092.

31. ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)

32. Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

33. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

34. Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

35. Fls.1-14 Cdno. 3

36. Fls.138 Cdno. 3

37. Fls.157-163 Cdno. 3

38. Fls.142 Cdno. 3

39. Fls. 153-156 Cdno. 3

40. Fls.217-245 Cdno. 3

41. Fls.246-474 Cdno. 3

42. Fls.238 Cdno. 2

43. Fls.749 Cdno. 3

44. Fls. 476-478 Cdno. 3

45. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

46. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, p.174.

47. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer - Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.

48. Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22.

49. Ibídem.

50. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente: 16271.

51. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer - Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105

52. Ibídem. Pág. 110 y ss.

53. Ibídem, pág. 115.

54. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente: 22322.

55. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de Septiembre de 1997, expediente: 10285; 27 de abril de 2006, expediente: 14837; y 13 de agosto de 2008, expediente: 17412.

56. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271.

57. Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por Error y Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995. Página 24”.

58. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837.

59. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008 expediente: 17650.

60. Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997.

61. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente: 15776 y 14 de agosto de 2008, expediente: 16594.

62. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho””

63. En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente: 12719.

64. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente: 17650. “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos”.

65. Sabourault, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en Deguergue, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, p.94.

66. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p.57.

67. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58.

68. Tolivar Alas, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en Quintana López, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p.518.

69. Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

70. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la Sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

71. Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

72. Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

73. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp. 867.

74. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

75. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

76. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.57.

77. Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente: 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente: 7869 y Sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente: 12686.

78. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer - Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155.

79. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

80. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp. 5451, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

81. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

82. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

83. En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58.

84. Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Puede verse el precedente Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp. 5451, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

85. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Exp. 11092.

86. La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

87. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

88. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

89. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

90. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

91. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

92. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

93. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

94. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

95. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

96. Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.

97. “Duración de la investigación previa. La investigación previa se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En este último caso se dictará resolución de apertura de instrucción”.

98. Cfr., sobre este punto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2016, Exp. 38994. Sobre el particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido: “221. La Corte reitera que la debida diligencia en la investigación de los hechos del presente caso exige que ésta sea conducida tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrió y los patrones que explican su comisión (supra párr. 146).” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco Vs México. “105. Para examinar la razonabilidad de este proceso según los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte toma en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales76.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005.