Sentencia 2003-01570 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200301570 01 (28.663)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Ref.: acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Demandante: Rocío Umaña Guevara y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General y rama judicial

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Previamente a realizar el estudio de fondo en el caso sub examine, es de advertir que en cuanto que las partes apelaron de manera conjunta la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de primera instancia, la parte demandada respecto del tema de la responsabilidad y la parte actora en cuanto a la tasación de perjuicios, la Sala tiene competencia amplia para decidir sobre el fondo de toda la controversia.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente magistrado conductor.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16(1), permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de la señora Rocío Umaña Guevara.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(2).

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la sentencia proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados Subunidad Antisecuestro y Extorsión, mediante la cual precluyó la investigación penal, revocó la medida de aseguramiento de detención domiciliaria y ordenó la libertad inmediata de la señora Rocío Umaña Guevara, se dictó el día 31 de julio de 2001 (fls. 498 a 504, cdno. 2), en tanto que la demanda se presentó el día 28 de julio de 2003 (fls. 3 a 19, cdno. 1).

3. Cuestión previa: la calidad de parte, o no, respecto de Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña.

Para identificar y delimitar el problema jurídico respecto del tema en discusión, conviene transcribir algunos apartes de la demanda:

“Herminio Valencia Arriaga, mayor y de esta ciudad con cédula de ciudadanía (...), obrando como Apoderado Judicial de los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara y Arbey Umaña Guevara, todos mayores y de esta vecindad, identificados con las cédulas de ciudadanía (...), por medio del presente escrito acudo ante Uds. en ejercicio de la acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo presento demanda contra la Nación - rama judicial - Dirección Nacional de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, representada por el señor Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces o lo reemplace, para que previos los trámites del proceso ordinario contencioso administrativo (ibídem, arts. 206 y ss.), surtido con citación y audiencia del agente del Ministerio Público, se pronuncien las siguientes o similares:

Declaraciones y condenas

1. Que se declare que la Nación - rama judicial - Dirección Nacional de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a la señora Rocío Umaña Guevara, y de los perjuicios morales ocasionados a su esposo Héctor Herrera Baquero, a su señora madre Rosa Elvia Rey de Umaña, a sus hijos: Héctor Alejandro Herrera Umaña, Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, a sus hermanos William Umaña Guevara y Arbey Umaña Guevara, por la injusta privación de la libertad por más de 14 meses de que fue objeto la señora Rocío Umaña de Guevara por parte de la Fiscalía General de la Nación - subunidad antisecuestro y extorsión - despacho 3 y dado que mediante providencia del 31 de julio de 2001 proferida por la Fiscalía General de la Nación - subunidad antisecuestro y extorsión - despacho 3 se decretó la preclusión de la investigación a favor de la señora Rocío Umaña Guevara.

2. Condenar en consecuencia a la Nación - rama judicial - Dirección Nacional de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación a pagar a los accionantes o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación a los accionantes o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación o indemnización los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivos, actuales y futuros, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

(...)”.

Finalmente, en el acápite de “Competencia y cuantía” procedió a estimarla en relación con los perjuicios materiales e inmateriales que se habrían causado a los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, William Umaña Guevara y Arbey Umaña Guevara.

Por su parte, en el auto admisorio de la demanda se indicó lo siguiente:

“Por reunir los requisitos de oportunidad y forma se admite la demanda presentada a través de apoderado judicial por los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara y Arbey Umaña Guevara contra la Nación - rama judicial - Dirección Nacional de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, a fin de obtener la declaratoria de responsabilidad y la condena al pago de los perjuicios morales y materiales que según los actores les fueron ocasionados con “la injusta privación de la libertad por más de 14 meses de la señora Rocío Umaña de Guevara por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia se dispone:

1. Notifíquese este auto y dése traslado de la demanda junto con sus anexos al señor Fiscal General de la Nación.

2. No se ordenará la notificación al director ejecutivo de la administración judicial, toda vez que del estudio realizado al expediente se observa que no existe ningún hecho imputable a la misma.

3. Notifíquese personalmente al señor agente del Ministerio Público (L. 446/98, art. 35).

4. Fíjese el negocio en lista para los fines pertinentes y por el término que señala la ley.

5. Señálese por concepto de gastos de notificación, la suma de seis mil pesos ($ 6.000), la cual deberá ser consignada por la parte actora dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, en la cuenta que para el efecto indique la secretaría de la sección.

Reconócese al doctor Herminio Valencia Arriaga como apoderado judicial de la parte actora en los términos y para los fines del poder conferido visible a folios 1 y 2 del cuaderno principal”.

Como se observa, en la demanda se indicó que los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara y Arbey Umaña Guevara actuaban por intermedio de apoderado, mientras que los menores Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, si bien respecto de ellos también se formularon pretensiones, no estuvieron representados por apoderado alguno, tal como se desprende de la misma demanda y por la ausencia de acto de apoderamiento.

Por su parte, en el auto admisorio de la demanda solo se mencionó a los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey De Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara Y Arbey Umaña Guevara y no se hizo indicación alguna respecto de los menores Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña.

De conformidad con lo anterior, el problema jurídico consiste en determinar si la circunstancia de que en el auto admisorio de la demanda se hubiere hecho mención solo a unas de las personas que formularon pretensiones, genera como efecto o consecuencia la exclusión de aquellas que en su nombre, también en el acto introductorio del proceso, solicitaron indemnización de perjuicios —así no hubiere sido de manera clara—, pero de las cuales no se hizo referencia expresa en la aludida primera providencia del proceso.

Para resolver el anterior interrogante resulta conveniente analizar los siguientes aspectos: i) concepto, importancia y efectos de la demanda; ii) finalidad, alcance y efectos del auto admisorio de la demanda; iii) caso concreto.

i) Concepto, importancia y efectos de la demanda

Acerca del concepto de demanda si bien se han formulado tantas definiciones como autores se han referido al tema, para efectos de la presente providencia, bien vale la pena citar aquellos conceptos que de alguna forma son los predominantes en la actualidad y, según la doctrina y jurisprudencia nacional son los que han sido acogidos por nuestro ordenamiento.

Para empezar, el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no define como tal la demanda, sí enuncia su finalidad, según la cual “la demanda con que se promueva todo proceso, deberá contener (...)”, de manera que para el ordenamiento el libelo en mención tiene el propósito de iniciar o impulsar un proceso.

Para Chiovenda, la demanda es el “acto mediante el cual, la parte, afirmando existente una voluntad concreta de ley que garantiza un bien, declara querer que esa voluntad sea actuada frente a otra parte (demandado), e invoca a tal fin la autoridad del órgano jurisdiccional”(3).

Por su parte, Guasp explica el concepto de demanda en el siguiente sentido:

“La iniciación de un proceso se verifica ordinariamente a instancia de una persona distinta del órgano jurisdiccional. En efecto, la misión del órgano jurisdiccional en el proceso no es la de plantear problemas, sino la de resolverlos, e incluso podría decirse que la dualidad entre quien plantea problemas y quien los resuelve es la nota más característica definidora de la institución procesal. Por ello, para que el proceso exista se precisa la actividad de un sujeto procesal distinto del juez que declare su voluntad de que así ocurra; esta declaración de voluntad de parte, que asume la forma de una petición, puesto que se pide el comienzo del proceso, recibe en la doctrina y en la legislación procesales el nombre técnico de demanda.

La demanda, es, por tanto, el acto típico y ordinario de iniciación procesal o, dicho con más extensión, aquella declaración de voluntad de una parte por la cual esta solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación”(4).

En cuanto al contenido de la demanda, el autor distingue entre los elementos referentes a los sujetos, al objeto y a la causa de lo que se pide.

Respecto de los sujetos expone:

“Ha de contener asimismo la demanda la indicación del actor, del modo establecido, en el análisis de este extremo, en el contenido de la pretensión procesal, pues aunque el artículo 524 guarde silencio sobre este punto, no puede considerarse como regularmente formulada una demanda sin indicar su sujeto activo, esto es, la persona que emite la correspondiente declaración de voluntad, y sin proporcionar un conocimiento exacto sobre la posibilidad legal en que tal sujeto se encuentra de hacer dicha formulación. Por la misma razón, la expresión de la legitimación del actor, dentro de la demanda, aparece como conveniente en extremo, ya que no imprescindible en absoluto. En lo que respecta a la postulación, la intervención del Procurador y del letrado exige, normalmente, la inclusión de su nombre y apellidos en el escrito de demanda, lo que se obtiene mediante la firma de ambos profesionales hecha necesaria a tenor de los preceptos, ya conocidos, que regulan este requisito de la postulación.

En lo que respecta al demandado, la demanda solo necesita incluir la indicación de la persona frente a quien se propone, con sus características fundamentales, y de su capacidad para ser parte y legitimado pasiva (...)”(5).

Dentro de los autores nacionales, López Blanco define la demanda en los siguientes términos:

“(...) [D]e modo que considero la demanda como el instrumento de que se valen los sujetos de derecho para ejercer el derecho de acción. En efecto, en el anterior concepto queda comprendido el carácter de la demanda, pues esta es instrumental, sirve de medio a los sujetos de derecho (personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos) para ejercer su derecho de acción, que, como ya se vio, implica la presentación de unas pretensiones al Estado con el fin de que las resuelva, generalmente, mediante una sentencia dictada por un funcionario de la rama jurisdiccional”(6).

La doctrina nacional también se ha referido a la importancia de la demanda y, en este sentido, ha señalado que los efectos del libelo son los siguientes:

“1. Moviliza el aparato jurisdiccional del Estado, que, de otra manera, en materia civil no puede actuar de oficio, salvo precisas excepciones legales.

2. Si se notifica dentro de los términos indicados, se interrumpen las prescripciones legales desde la fecha de presentación de la demanda y determina inoperancia de la caducidad.

3. Condiciona la sentencia, por cuanto, como se afirma con particular verdad, “la demanda es la petición de una sentencia y esta la resolución de aquella”, debido al estricto sistema de congruencia que impera en el estatuto procesal civil.

4. Determina quiénes son las partes demandante y demandada.

(...)”(7).

Respecto de este último efecto de la demanda, por la importancia que reviste para el caso concreto, bien vale la pena realizar algunas consideraciones acerca del concepto de parte.

Para Guasp, parte es “quien pretende y frente a quien se pretende, o, más ampliamente, quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión”. En esa dirección precisa:

“a) La pretensión de parte, la queja del particular, es la idea promotora o generadora del proceso, pero como esta pretensión, para alcanzar dimensión social, ha de formularse frente a sujeto distinto del que la plantea, tiene que darse en todo proceso un sujeto que pretenda y otro frente a, no contra quien, se pretende. El necesario enfrentamiento de estos sujetos los revela la misma palabra que los designa, por lo cual se considera a uno y a otro como elementos parciales, partes, de un todo.

b) El concepto de parte es estrictamente procesal. La calidad de parte la da la titularidad activa o pasiva de una pretensión. Fuera del proceso podrá haber contraposiciones de sujetos, como las partes de un contrato, pero estas situaciones no guardan o no tienen por qué guardar identidad con las partes procesales. Por ello, para el proceso, no hay partes materiales y formales, sino solo la condición de ser o no parte procesal.

(...)”.

En igual línea, para Chiovenda el término “parte” se deriva del concepto de proceso y de la relación procesal:

Es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley y aquel frente a la cual es pedida. La idea de parte viene dada, por consiguiente, por la litis misma, por la relación procesal, por la demanda; no hay que irse a buscarla fuera de la litis y, en particular, a la relación sustantiva que es objeto de controversia (...)”(8).

Para López Blanco la calidad de parte se establece en el proceso de la siguiente manera:

“Es este aspecto frente al cual desde la cuarta edición de esta obra en 1985, he variado la opinión que anteriormente sostuve por cuanto antes señalé que: “En nuestro concepto la calidad de demandante se adquiere por el hecho de demandar, bien directamente, bien por interpuesta persona y la de demandado por el hecho de ser designado en la demanda como tal; los demás intervinientes en el proceso serán terceros que pueden quedar o no vinculados por la sentencia”.

Bien se observa de la anterior noción que la determinación de la parte la daba exclusivamente la demanda; constituye parte demandante la persona o personas que como tal figuraban en el libelo y parte demandada la persona o personas contra las que estaba dirigida la misma, es decir que con este enfoque es únicamente la demanda y su reforma que al fin y al cabo es integrante de ella, la pieza procesal que determina quienes son partes demandante y demandada.

De ahí en adelante todo el que intervenía posteriormente, vinculado o no por la sentencia era tercero y precisamente este es el concepto que por hallar inexacto, rectifiqué parcialmente desde la pasada edición de esta obra y para el efecto se debe considerar lo siguiente:

Ciertamente, creo que la parte demandante y la parte demandada no solo estará constituida por quienes así figuran en la demanda sino que también deben tener tal calidad los que intervienen posteriormente a la notificación de la demanda en calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo, porque todas las formas de litisconsorcio necesariamente convergen a integrar una de las partes.

En otros términos cuando luego de formulada la demanda se ordena la integración del litisconsorcio necesario, o interviene un litisconsorte facultativo o un cuasi necesario y es admitido, los litisconsortes no son terceros, sino personas que vienen a ubicarse en una de las dos partes dentro del proceso, de ahí que corregí la tesis acerca de que todos los que ingresan luego de presentada la demanda y surtida su notificación son terceros, porque excluí de esa noción a los litisconsortes que, así se vinculen o intervengan posteriormente, son personas que ingresan en la posición de demandantes o de demandados”(9).

En consecuencia, uno de los principales efectos del acto introductorio del proceso es que determina quiénes son los demandantes y demandados, esto es quiénes son los que piden, reclaman o solicitan en nombre propio o a través de otra persona, la satisfacción de una pretensión.

ii) Finalidad, alcance y efectos del auto admisorio de la demanda

El artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, prevé los elementos que necesariamente debe contener la demanda, en tanto hacen parte del conjunto de presupuestos necesarios para que el proceso se desarrolle normalmente, es decir, de conformidad con las etapas e instancias previstas por el ordenamiento y, por supuesto, con observancia del debido proceso, en ausencia, por ende, de cualquier evento o circunstancia que implique la invalidez o vicio del mismo.

Por lo anterior y en atención a la importancia que reviste la demanda en el proceso judicial, la ley procesal prevé varias etapas y reviste al juez de especiales facultades para advertir y, como consecuencia, proceder a sanear el proceso del cualquier vicio o irregularidad que lo afecte. En este sentido, el numeral 4º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, contempla el deber del juez de emplear todos los poderes otorgados por la ley en materia de pruebas con el fin de verificar los hechos alegados por las partes, “evitar nulidades” y providencias inhibitorias.

Ahora bien, una de las etapas de control y saneamiento del proceso prevista en el ordenamiento la configura el instante en el cual el juez realiza el análisis de admisibilidad de la demanda, a partir del cual la ley lo faculta para ejercer una de tres actuaciones: la admisión, la inadmisión o el rechazo de la demanda.

Respecto de esta etapa procesal, la doctrina se ha referido de la siguiente forma:

“Dentro de las medidas encaminadas al saneamiento del proceso y en orden a evitar posibles nulidades, el Código de Procedimiento Civil consagra como facultades oficiosas del juez las de inadmitir o rechazar la demanda.

Inadmisión y rechazo significan no aceptación de la demanda, pero media gran diferencia entre una y otra: la admisión conlleva posponer la aceptación, a fin de que se corrijan ciertas fallas; el rechazo tiene un carácter definitivo, pues implica la no tramitación de la demanda. La inadmisión puede ser paso previo al rechazo, pues al no admitirse una demanda, si dentro del término legal no se subsanan las fallas, el juez la debe rechazar”(10).

Como se observa, al juez se le otorgó la facultad oficiosa de efectuar, en una primera etapa de la actuación procesal, un control de legalidad de la demanda con el fin de determinar si esta reúne los presupuestos previstos por el ordenamiento para que se le pueda dar curso.

Así las cosas, el juez deberá inadmitir la demanda cuando carezca de los requisitos y formalidades previstos de manera expresa en la ley, evento en el cual se le concede un término al demandante para que subsane los defectos que se adviertan.

Habrá lugar al rechazo de la demanda cuando se configure alguna de las causales que de manera taxativa dispone la ley para el efecto, las cuales, tratándose de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se circunscriben a: i) la falta de corrección de la demanda dentro del término fijado por el operador judicial —en el caso en el cual se hubiere inadmitido la demanda—; ii) la presentación de la demanda cuando la acción procedente hubiere caducado; iii) la inobservancia del requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial obligatoria; iv) el agotamiento de jurisdicción.

Por el contrario, cuando la demanda reúna los requisitos legales se admitirá y se le dará el trámite legal que corresponda.

Con todo, debe mencionarse que las atribuciones otorgadas a los operadores judiciales en la etapa de admisibilidad de la demanda se encuentran sometidas a unos límites impuestos por el mismo ordenamiento y por los extremos contenidos en la propia demanda, estos últimos, en tanto manifestación de la voluntad de los sujetos de derecho.

Ciertamente, como atribución o competencia llamada a ejercerse por un órgano estatal, está sometida a los condicionamientos previstos en los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, disposiciones en relación con las cuales esta corporación se ha referido en el siguiente sentido:

“Naturalmente las atribuciones o competencias de los órganos estatales en un Estado de derecho deben obrar de manera expresa en el ordenamiento y, necesariamente, debe preexistir a su respectivo ejercicio, con lo cual se busca evitar el abuso y la arbitrariedad de los órganos estatales, los cuales, en consecuencia, solo pueden actuar dentro de la órbita de sus facultades, tal como lo previene claramente la Carta Política en su artículo 6 al determinar que los servidores públicos —a diferencia de los particulares— serán responsables tanto por infracción de la Constitución y de las leyes como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, dimensión del principio de legalidad que encuentra reiteración precisa en la prohibición categórica y perentoria que recoge el artículo 121 supremo al establecer que “[n]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

En orden a salvaguardar tan importante garantía la jurisprudencia nacional ha sido uniforme y abundante, de lo cual constituye buena muestra el pronunciamiento que al respecto efectuó esta corporación, al puntualizar que:

“... en la fórmula del Estado de derecho no son de recibo las competencias implícitas, ni tampoco las sobreentendidas...”(11).

Así mismo, la Corte Constitucional ha señalado:

[E]n un Estado de derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas. Situaciones estas en contravía del Estado de derecho como principio constitucional.

La exigencia de que en un Estado de derecho las competencias tengan que ser expresas se fundamenta en la necesidad de establecer reglas de juego claras entre las autoridades y los gobernados, con el fin de salvaguardar y proteger las libertades y demás derechos y bienes de las personas y, en últimas, evitar la arbitrariedad de los gobernantes y de los órganos estatales”(12) (negrillas del texto original).

Línea de pensamiento acerca de la cual esa alta corporación ya se había pronunciado en los siguientes términos:

“Es a todas luces contrario al principio señalado [se hace referencia al principio de legalidad], suponer que al no estar algo expresamente prohibido, bien sea para el legislativo, o para cualquiera otra rama del poder público, sus integrantes pueden hacerlo, porque esta prerrogativa es exclusiva de los particulares. Los servidores públicos tan solo pueden realizar los actos previstos por la Constitución, las leyes o los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, improvisar funciones ajenas a su competencia. Esto, como una garantía que la sociedad civil tiene contra el abuso del poder por parte de aquellos servidores. Es una conquista que esta corporación no puede soslayar, no solo por el esfuerzo que la humanidad tuvo que hacer para consagrarla efectivamente en los textos constitucionales, sino por la evidente conveniencia que lleva consigo, por cuanto es una pieza clave para la seguridad del orden social justo y para la claridad en los actos que realicen los que detentan el poder público en sus diversas ramas.

La inversión del principio es contraproducente desde todos los puntos de vista: desde el constitucional, porque extendería al servidor público una facultad connatural a los particulares, con lo cual introduce un evidente desorden, que atenta contra lo estipulado en el preámbulo de la Carta y en el artículo 2º de la misma; también desde el punto de vista de la filosofía del derecho, por cuanto no es proporcionado otorgar al servidor público lo que está adecuado para los particulares; y desde el punto de vista de la conveniencia, resulta contraproducente permitir la indeterminación de la actividad estatal, porque atenta contra el principio de la seguridad jurídica que es debido a la sociedad civil (...)”(13).

Así pues, dentro de este marco resulta claro que al juez no le corresponde inferir y menos auto atribuirse una competencia que no le hubiere sido asignada de manera previa y expresa, por lo cual sus actuaciones deben ajustarse, necesariamente, a los parámetros existentes en la legislación aplicable a la respectiva materia; proceder por fuera de ese cauce comprometería la validez de la actuación cumplida (nulidad por falta de competencia, CPC, art. 140-1), e incluso podría exponer la responsabilidad personal del respectivo servidor público (penal, disciplinaria, fiscal y patrimonialmente)”(14).

Así las cosas, para el operador judicial se encuentra proscrito el ejercicio de funciones y competencias que no estén expresamente previstas de manera expresa en el ordenamiento y, del mismo modo, le asiste el deber de ejecutar esas atribuciones en los términos precisos que establece la ley.

En cuanto a los límites que impone la demanda, el juez, motu proprio, de manera alguna puede modificar, excluir o reformar los sujetos, el objeto o la causa de la demanda, a no ser que esa modificación, exclusión o reforma, encuentre fundamento en los términos precisos establecidos en la ley.

Al respecto, la doctrina se ha referido en los siguientes términos:

“Límites de diversa naturaleza están puestos al poder del juez. El primero se refiere a la necesaria correspondencia entre lo pretendido y lo fallado; este es por consiguiente, un límite absoluto, que ha de determinarse por las reglas de la identificación de las acciones (...). Otros límites afectan a la participación del juez en la formación del material de conocimiento y otros a su participación en la dirección del proceso y son límites variables y relativos.

El primer límite a la actividad jurisdiccional es, en consecuencia, la demanda inicial. Sin demanda de parte, el juez no solo no tiene obligación, sino que tampoco tiene la facultad de fallar ni de iniciar un procedimiento; no puede dictar de oficio una sentencia favorable al actor, estando la actuación de la ley condicionada por la demanda de parte, en el campo de los intereses individuales, puesto que en ese caso no se habría verificado la condición para la actuación de la ley; ni podrá dictar sentencia favorable al demandado, porque la actuación a favor del demandado está siempre condicionada por la presentación de una demanda infundada del actor (...).

No solo el juez no puede resolver sin demanda, sino que tampoco nada distinto o que esté fuera de la demanda (...). La sentencia, en cuando exceda de lo pretendido por la demanda, será anulable (...).

Puesto que la demanda consta de los tres elementos que conocemos (...) significa:

a) No poder el juez fallar a favor o en contra de personas que no son sujetos de la demanda.

b) No poder el juez otorgar o negar cosa distinta de la demanda.

c) No poder el juez modificar la causa petendi. Respecto de esta última regla y recordando cuanto dijimos sobre los hechos jurídicos (...) hemos visto que la teoría de identificación de acciones nos ofrece este criterio general y absoluto de limitación del poder judicial: el juez no puede nunca sustituir el hecho constitutivo hecho valer por la parte por un hecho constitutivo diferente, tal que haga diferente la demanda. En cambio, deberá siempre apreciar de oficio la falta de afirmación (o falta de prueba) de un constitutivo o de uno de los hechos constitutivos del derecho”(15).

En este sentido, se reitera, en relación con la etapa de admisibilidad de la demanda, el juez se encuentra frente a tres opciones claramente diferenciadas en la ley: admitirla, inadmitirla o rechazarla.

Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá y se le dará el trámite legal que corresponda —CPC, art. 86(16)—; tratándose el auto admisorio de la demanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, prevé que la mencionada providencia debe contener y disponer lo siguiente:

“ART. 207.—Auto admisorio de la demanda. <Subrogado por el artículo 46 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquella reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo siguiente:

1. Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público.

3. Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere posible hacerles la notificación personal en el término de cinco (5) días, contados desde el siguiente a aquel en que el interesado haga el depósito que prescribe esta disposición, sin necesidad de orden especial, se las emplazará por edicto para que en el término de cinco (5) días se presenten a notificarse del auto admisorio de la demanda. El edicto determinará, con toda claridad, el asunto de que se trate, se fijará en la secretaría durante el término indicado y se publicará dos (2) veces en días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al expediente. Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la demanda y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

Si la persona emplazada no compareciera al proceso, se le designará curador ad litem para que la represente en él.

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice.

5. Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los demandados puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

6. Que se solicite al correspondiente funcionario el envío de los antecedentes administrativos, dentro del término que al efecto se le señale. El desacato a esta solicitud o la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria.

Cuando se pida la suspensión provisional, esta se resolverá en el auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, sección o subsección y contra este auto solo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación”.

Como se observa, si la decisión solo consiste en admitir la totalidad de la demanda, la ley no exige mayores formalidades en relación con dicha providencia —diferentes a los que debe contener cualquier providencia judicial(17)— evento en el cual se deben disponer las medidas pertinentes para notificar dicho auto así como el traslado del libelo introductorio ya admitido.

De manera que si el juez de forma expresa, en observancia del trámite que se prevé para estos casos, no inadmite o no rechaza la demanda, este escrito, en los mismos términos en los cuales se presentó, debe ser puesto a disposición de la parte demandada una vez efectuada la notificación del auto admisorio correspondiente.

En otras palabras, si la providencia es admisoria, esta no puede tener como objeto o efecto modificar el acto introductorio del proceso. La posición contraria tendría por lo menos dos objeciones:

i) La decisión en comento, en sí misma considerada, sería contradictoria, en la medida en que si el juez admite en su totalidad el escrito, lo es porque considera que la demanda, en los términos en los cuales fue presentada, reúne los requisitos legales, de manera que si en esa misma providencia, de forma alguna, se modifican los extremos que plantea el libelo: sujetos, objeto y causa, sería un auto, por esencia, incoherente.

ii) La modificación de la demanda a través de una providencia que solo va encaminada a admitir ese escrito introductorio, representaría el ejercicio ilegítimo e ilegal de las competencias otorgadas al operador judicial, comoquiera que, de conformidad con la ley, si el juez considera que debe inadmitir la demanda, de manera necesaria e ineludible —CPC, art. 85— debe indicar en el respectivo auto los defectos de que adolece, al tiempo que debe señalar el término previsto para que el demandante los subsane, so pena de que se rechace la demanda.

De igual forma, si la decisión a proferir está constituida por el rechazo, deberá señalar entonces de forma expresa la causal y las razones que llevaron a proferir esa determinación.

Lo anterior en cumplimiento y garantía de los principios de legalidad —antes expuesto— y publicidad en las actuaciones judiciales, lo cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, con el propósito de otorgar certeza y seguridad a las personas acerca de la existencia y el contenido de las decisiones por ellos adoptadas, instituyéndose este principio en el presupuesto básico de la vigencia y la oponibilidad contra dichos mandatos, mediante los instrumentos creados para tal fin(18).

Ahora bien, en relación con los efectos del auto admisorio de la demanda respecto de las personas que figuran en dicho acto procesal como demandantes, las anteriores consideraciones encuentran plena aplicación, en el sentido de que la aludida providencia judicial no tiene como objeto o efecto modificar, excluir, incluir, condicionar o determinar de manera alguna quiénes deben integrar los extremos activos o pasivos del proceso, a menos que para ello el juez ejerza las atribuciones previstas en el ordenamiento, caso en el cual dichas funciones deben ejecutarse en los precisos términos regulados, sea, por ejemplo, para inadmitir o rechazar el libelo o para integrar el litisconsorcio necesario, de conformidad con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil(19).

Refuerza la anterior argumentación, la circunstancia de que la ley no exige de manera obligatoria e ineludible que en el auto que admita la demanda se deban mencionar los demandantes con nombre propio, en la medida en que la ley es clara al indicar que si el libelo reúne los requisitos “el ponente debe admitirla”, sin expresar mayores formalidades en cuanto a la estructura de la providencia.

Lo anterior permite concluir sin mayor dificultad, que la mención de los nombres de los demandantes en el auto que admita la totalidad del escrito no resulta vinculante de forma alguna, de manera que el ponente bien podría no hacer referencia alguna a la identidad del demandante o, si son varios, no habría problema en que se indicara el nombre de una persona seguido de las palabras “y otro(s)”.

En este orden de ideas, si la mención de los nombres de los demandantes —caso en que sean varias personas las que formulen pretensiones— en el auto que admite la demanda no resulta obligatoria y, por tanto, no es vinculante, en el evento en que el ponente decida incluir la identificación de los actores y omita mencionar a alguna de ellas o incurra en algún tipo de error en su tipografía, de ninguna manera habría lugar a concluir que la persona cuyo nombre se omitió o aquella respecto de la cual se incurrió en el yerro mencionado habría quedado excluida ipso facto de la litis, a menos que, vale la pena volverlo a expresar, tal circunstancia hubiere obedecido al ejercicio de las competencias otorgadas a los operadores judiciales, caso en el cual deben ejecutarse en estricto cumplimiento del trámite y formalidades previstas para ello.

Contrario sensu, si en el auto admisorio de la demanda, por error, se incluye a una persona que no formuló pretensiones en el libelo introductorio, tal circunstancia de manera alguna podría significar que tal persona quedó vinculada al proceso o que se trabó la litis frente ella, en la medida en que, se repite, es la demanda —que no al auto admisorio de la misma— lo que determina quienes son los que demandaron, esto es quienes son los que formularon pretensiones y quienes están llamados, inicialmente, a tener la condición de parte en el proceso.

En la misma línea de argumentación, la ausencia de efectos vinculantes en relación con la mención de los demandantes con nombre propio en la providencia que admite la demanda, se explica en la posibilidad que otorga la ley procesal, consistente en que con posterioridad a la etapa de admisibilidad de la demanda hay lugar a discutir nuevamente la validez de la relación procesal —incluida por su puesto la relación en cuanto los sujetos— a través de la proposición de excepciones o de la declaración por el juez de la causa de nulidades procesales, sea de oficio o a solicitud de parte, circunstancia que no sería posible si la aludida mención de los nombres fuera vinculante.

Finalmente, conviene recordar que la demanda constituye el instrumento del cual se valen las personas para ejercer su derecho de acción, esto es ni más ni menos, uno de los mecanismos a través de los cuales se pretende garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, de manera que ante la existencia de posiciones encontradas en relación con la interpretación de una norma o los efectos de una providencia o actuación judicial, debe preferirse aquel entendimiento en cuya virtud se pueda proteger de manera más adecuada el derecho fundamental en mención.

iii) Caso concreto

En el presente caso se encuentra, a partir del análisis e interpretación integral del libelo introductorio del proceso, que no solo los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara Y Arbey Umaña Guevara, elevaron pretensiones, sino que, en el mismo sentido, los menores Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, hicieron lo mismo.

Lo anterior se desprende de la sola lectura del acápite de “Declaraciones y condenas”, según el cual se solicitó que se declarara la responsabilidad de los entes demandados por los “perjuicios materiales y morales causados al señor los perjuicios materiales y morales causados a la señora Rocío Umaña Guevara, y de los perjuicios morales ocasionados a su esposo Héctor Herrera Baquero, a su señora madre Rosa Elvia Rey de Umaña, a sus hijos: Héctor Alejandro Herrera Umaña, Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña a sus hermanos William Umaña Guevara y Arbey Umaña Guevara, por la injusta privación de la libertad por más de 14 meses de que fue objeto la señora Rocío Umaña de Guevara”.

De igual forma, al estudiar la causa petendi se observa que existen varios apartes en la demanda en los cuales se explica la forma en que el hecho dañoso habría afectado a las citadas personas, circunstancias que habrían sido el fundamento y el sustento para presentar las aludidas pretensiones.

Finalmente, en el acápite de la cuantía del proceso se procedió a estimarla liquidando el monto de los perjuicios reclamados en relación con cada una de las personas que figuraron en la demanda.

Por consiguiente, debe concluirse que los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara Arbey Umaña Guevara, Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, pidieron, solicitaron y reclamaron el reconocimiento de unas pretensiones, razón suficiente para considerarlos como demandantes.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, admitió la demanda y dispuso notificar y dar traslado de la demanda a las entidades demandadas.

De manera que a pesar de que en el auto admisorio de la demanda se hizo mención solo a algunos de los demandantes, lo cierto es que tal situación, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas, no tuvo como objeto o efecto excluir a las demás personas que en el referido libelo también presentaron pretensiones, comoquiera que el tribunal a quo nada dijo al respecto, en la medida en que consideró que el escrito, así presentado, reunía los presupuestos para su admisión, al tiempo que, se reitera, la mención o no de los nombres de los demandantes en la aludida providencia no tienen efecto vinculante alguno.

Ahora bien, podría argumentarse que al tratarse del ejercicio de una acumulación subjetiva de pretensiones —esto es procesos que en principio bien podrían ventilarse por actuaciones distintas e independientes, pero que por economía procesal, eficacia y coherencia jurídica, se tramitan en conjunto a través de una misma litis— la sola mención de los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara Arbey Umaña Guevara en el auto admisorio, podría entenderse que el Tribunal Administrativo solo realizó el estudio de admisión frente a esas personas, de manera que únicamente ellas serían las que finalmente quedaron vinculadas al proceso. Por su parte, el demandante al guardar silencio frente a esta decisión, esto es al no haber interpuesto recurso alguno, podría también interpretarse esta actitud pasiva, en el sentido de que dicha parte estuvo conforme con la decisión antes advertida.

No obstante, el anterior entendimiento resulta equívoco por dos razones:

i) Uno de los presupuestos que debe analizar el juez al momento de admitir la demanda consiste precisamente en verificar que la acumulación de pretensiones se haya realizado de conformidad con el artículo 82, tanto así que, de manera expresa, la ley procesal —CPC, art. 85, num. 3º— prevé como causal de inadmisión “cuando la acumulación de pretensiones en ella [demanda] contenida, no reúna los requisitos exigidos por los tres numerales del primer inciso del artículo 82”.

De manera que el estudio de admisión de la demanda involucra, necesariamente y en conjunto, los presupuestos que debe o puede contener la demanda, entre ellos, porque la ley así lo exige, examinar si al existir una acumulación de pretensiones, esta se hizo de conformidad con el ordenamiento.

Así las cosas, el estudio de admisibilidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió comprender todos los aspectos contenidos en el libelo y, si encontró que la demanda, en los términos en los que fue presentada, esto es con la acumulación subjetiva de pretensiones que se propuso, reunía los requisitos para su admisión, no hay lugar a entender que la mención de solo uno de los demandantes en la providencia tantas veces citada hubiere implicado que dicho estudio se hubiere efectuado en relación con uno solo de los demandantes.

ii) No sobra reiterar que si la mención de los nombres de los demandantes en el auto que admita la totalidad del escrito introductorio no resulta vinculante, mal podría exigírsele la impugnación del auto admisorio de la demanda, en la medida en que tal como se profirió, dicha providencia no resultó contraria a derecho o por lo menos nunca podía tener como efecto la exclusión de algunos demandantes.

En consecuencia, no es posible entender que la ausencia de impugnación del auto admisorio de demanda sea la manifestación de una supuesta “conformidad” con una decisión ficta consistente en que solo habrían sido vinculados al proceso los señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara Arbey Umaña Guevara, comoquiera que la única decisión obligatoria resultante de la providencia en mención —más que la mención de los demandantes— fue la admisión del escrito introductorio del proceso, libelo en el que, como se expuso, además de los aludidos señores Rocío Umaña Guevara, Héctor Herrera Baquero, Rosa Elvia Rey de Umaña, Héctor Alejandro Herrera Umaña, William Umaña Guevara Arbey Umaña Guevara, elevaron pretensiones los menores Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña.

Tampoco podría aducirse que tener como parte del proceso a personas respecto de las cuales no se hizo mención alguna en el auto admisorio de la demanda, sería desconocer el derecho de defensa de la parte contraria, la cual confiando en lo que se expuso en la aludida providencia habría desplegado las actuaciones que le corresponden con la convicción de que la única persona que quedó finalmente vinculada al proceso fue aquella que de manera expresa se mencionó en el auto.

Al respecto cabe indicar que resulta improcedente otorgarle efectos jurídicos a un entendimiento impreciso que se tenga en relación, valga la redundancia, con los efectos que la ley le otorga a determinada decisión judicial. En este sentido, si la ley en ningún momento establece o de ella no se puede derivar que la sola mención u omisión de los demandantes en el auto admisorio del escrito inicial del proceso tiene efectos vinculantes, mal podría predicarse, justificarse o convalidarse una actuación fundamentada en una interpretación errónea.

Lo anterior sumado a la consideración de que no hubo una vulneración al derecho de defensa de la parte demandada, comoquiera que el auto admisorio de la demanda se notificó en debida forma, se cumplió con el traslado correspondiente, de manera que dicho ente desde un primer momento tuvo a su alcance el libelo introductorio, de tal forma que pudo proponer excepciones, contestar la demanda, solicitar pruebas, oponerse a las pretensiones, hechos y medios probatorios solicitados por la parte actora —entre los que se encontraban los registros civiles de nacimiento de los hijos de la señora Rocía Umaña Guevara y varios testimonios que tenían como objeto probar los perjuicios pedidos a favor de la víctima directa del daño y su familia—.

En los anteriores términos, de la demanda admitida se corrió traslado a las entidades demandadas, las cuales tuvieron la oportunidad de contestarla y promover las demás actuaciones que la ley les otorga.

Con todo y aún en el evento en que, de acuerdo con las circunstancias particulares del presente caso, existiera duda acerca de si los menores Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, estuvieron o no vinculados al proceso, para la subsección debe darse prevalencia al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

En relación con el concepto y alcance de este derecho fundamental, en especial el deber del operador judicial de interpretar las normas jurídicas en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial y de los derechos fundamentales, resultan pertinentes las siguientes consideraciones:

“6.6. Por razón de su vinculación directa con el debido proceso y con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad, el acceso a la administración de justicia se define también como un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales —acciones y recursos— para la efectiva resolución de los conflictos.

(...).

6.9. En relación con esto último, es de observarse que el derecho fundamental de acceso a la justicia no se entiende agotado con el mero diseño normativo de las condiciones de operatividad. En consonancia con el principio de efectividad que lo identifica, su ámbito de protección constitucional obliga igualmente a que tales reglas sean interpretadas a la luz del ordenamiento superior, en el sentido que resulten más favorable al logro y realización del derecho sustancial y consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley. Téngase en cuenta que, frente a la garantía de la tutela judicial efectiva, el deber primigenio del Estado —representado por los jueces y tribunales— es precisamente el de prestar el servicio de la jurisdicción, posibilitando el libre acceso de las partes al proceso y permitiendo su directa participación; objetivo al cual se accede cuando se atiende al contenido de las garantías superiores y se aplican con mayor amplitud y en sentido más razonable las formas y requisitos que regulan la actuación procesal. Sobre el particular, la Corte ha sido enfática en señalar que:

“El debido proceso y el acceso a la justicia (C.P., arts. 29, 228 y 229) son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione). Si bien los derechos mencionados no se vulneran cuando se inadmite un recurso o acción por no concurrir los presupuestos legales para su aceptación, la decisión judicial no debe ser arbitraria ni irrazonable. Se impone, por lo tanto, adoptar la interpretación que tome en cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea más favorable para la efectividad del derecho fundamental” (Sent. T-538/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

6.10. Integrar los conceptos de antiformalismo e interpretación conforme a la garantía consagrada en el artículo 229 de la Carta, en manera alguna busca desconocer o debilitar el papel protagónico que cumplen las reglas de procedimiento en la ordenación y preservación del derecho de acceso a la justicia, ni contrariar el amplio margen de interpretación que el propio orden jurídico le reconoce a las autoridades judiciales para el logro de sus funciones públicas. Por su intermedio, lo que se pretende es armonizar y racionalizar el ejercicio de tales prerrogativas, evitando que los criterios de aplicación de la ley, excesivamente formalistas, en cierta medida injustificados o contrarios al espíritu o finalidad de las normas aplicables, puedan convertirse en un obstáculo insuperable que terminen por hacer nugatorio el precitado derecho a la protección judicial y, por su intermedio, el desconocimiento de valores superiores como la igualdad de trato, la libertad y el debido proceso (se resalta)(20).

En consecuencia, por todo lo antes expuesto debe concluirse que todas las personas que elevaron pretensiones o en cuyo nombre fueron formuladas peticiones en la demanda estuvieron vinculadas durante toda la litis.

Con todo, lo que ocurrió es que los menores Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña y Lina María Herrera Umaña, actuaron sin la presencia de apoderado judicial, circunstancia que en los términos del artículo 63 del Código de Procedimiento Civil(21), resulta obligatoria.

Respecto de los efectos jurídico-procesales de la comparecencia a un proceso sin contar con la representación de profesional del derecho, la Sala se ha referido de la siguiente manera:

“2. Las consecuencias jurídico-procesales de la falta de determinación del proceso objeto del poder especial.

Ahora bien, una vez definido el sentido y el alcance de la necesidad de determinar con precisión los asuntos o procesos que constituyan el objeto de un poder especial, conviene hacer algunas consideraciones acerca de las consecuencias jurídico-procesales del desconocimiento de tales previsiones.

El poder otorgado en debida forma, esto es, conferido de acuerdo con lo que la ley dispone, hace parte del conjunto de presupuestos necesarios para que el proceso se desarrolle normalmente, es decir, de conformidad con las etapas e instancias previstas por el ordenamiento y, por supuesto, en observancia del debido proceso, en ausencia, por ende, de cualquier evento o circunstancia que implique la invalidez o vicio del mismo.

En este sentido, la ley procesal contempla varias etapas para advertir y, como consecuencia, proceder a sanear el proceso del cualquier vicio o irregularidad que lo afecte. Uno de esos momentos, lo configura el instante en el cual el juez realiza el análisis de admisibilidad de la demanda, a partir del cual la ley lo faculta para ejercer una de tres actuaciones: la admisión, la inadmisión o el rechazo de la demanda.

En cuanto a la inadmisión —la cual es la que para el presente caso resulta relevante— cabe decir que aunque de las normas del Código Contencioso Administrativo, que regulan esta figura no está consagrado expresamente que la ausencia de poder constituya causal de inadmisión(22), ello no quiere decir que el juez administrativo esté imposibilitado para inadmitir la demanda cuando el poder no hubiere sido conferido debidamente.

Como se expuso líneas atrás, en ejercicio del derecho de postulación las personas que pretendan ser parte dentro de un proceso judicial deberán acudir ante la administración judicial mediante abogado, requisito que se extiende a las actuaciones surtidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para lo cual resulta necesario que cuando dicho procurador pretenda intervenir en determinado asunto, en especial, cuando presente una demanda, deberá tener poder para ello, el cual deberá anexar con el libelo demandatorio.

En este sentido el juez, como director del proceso, tiene el deber de disponer de todas las medidas pertinentes para el saneamiento del mismo, entre las cuales se encuentra, por supuesto, la de advertir acerca de las falencias que encuentre en el otorgamiento del poder, con el fin de que se corrijan.

Se agrega, además, que en atención a que en el Código Contencioso Administrativo, no existe regulación expresa en relación con los requisitos necesarios para la elaboración y presentación de los poderes, amén de que ese estatuto guarda silencio respecto de las consecuencias jurídico-procesales que se desprenden de la omisión en la elaboración del poder según las previsiones legales, resulta necesario, ante tal ausencia de regulación, acudir a las normas que sobre este tema se encuentran contenidas en el estatuto procesal civil, según los dictados del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo

En este orden de ideas, el numeral 5º del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, establece como causal de inadmisión de la demanda “cuando el poder no sea suficiente”, evento que encuentra directa relación con la falta de determinación e individualización del proceso(s) en el objeto de un poder especial.

(...).

Por otra parte, una consecuencia de que el poder no sea conferido en debida forma se encuentra prevista en el inciso final del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, se le concede a la parte demandada la facultad de impugnar el auto admisorio de la demanda con fundamento en las causales del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el cual trata el tema de las excepciones previas, entre las cuales se encuentra como causal, precisamente, la indebida representación del demandante.

Finalmente, si se surte el trámite del proceso sin que se hubieren advertido tales deficiencias, tal irregularidad puede ser constitutiva de una causal de nulidad, la cual se configurará solo en el evento en el cual se presente una carencia total de poder (CPC, art. 140, num. 7º)(23).

La Sala(24) ha considerado que la ausencia de este requisito —poder para actuar— constituye la causal de nulidad prevista en el artículo 140, numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, consistente en la indebida representación por carencia total de poder, sin embargo, también ha dicho que dicha causal es saneable, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 4º del artículo 144 ibídem.

En efecto, el primero de los numerales referidos indica que el saneamiento opera cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y debe considerarse, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 143 del mismo estatuto, que la disposición no se refiere exclusivamente a la persona o parte indebidamente representada, sino también a la parte contraria, que puede ver afectado su derecho de defensa cuando aquella actúa por intermedio de una persona que carece de poder.

En el presente caso se advierte que la parte demandada no dijo nada respecto de la ausencia de poder respecto de los actores, por manera que esta nulidad fue saneada por la pasividad al respecto de la citada entidad.

Asimismo se observa que la nulidad por carencia total de poder también fue saneada por la parte demandante indebidamente representada, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º de la norma en comento, dado que, a pesar del vicio, el acto procesal de representación judicial cumplió su finalidad en tanto no se violó el derecho de defensa de los actores(25).

Así lo ha considerado la Sala frente a casos similares:

“... La Sala(26) ha considerado que la indebida representación, sea legal o judicial constituye la causal de nulidad prevista en el artículo 140, numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, la cual en este caso se encuentra saneada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 4º del artículo 144 ibídem.

El primero de los numerales referidos indica que el saneamiento opera cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y debe considerarse, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 143 del mismo estatuto, que la disposición no se refiere exclusivamente a la persona o parte indebidamente representada, sino también a la parte contraria, que puede ver afectado su derecho de defensa cuando aquella actúa por intermedio de una persona que no es quien debe ejercer la representación legal o por quien carece de poder para ejercer la representación judicial.

En asunto sub lite, se advierte que la parte demandada no dijo nada respecto de ninguno de los dos eventos; guardó absoluto silencio respecto de la representación legal del menor y la capacidad procesal del mismo, lo cual pudo advertirlo dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda porque en tal oportunidad el juez está en la obligación de verificar los presupuestos procesales de la acción y ante la omisión del juez, las partes se hallaban en la obligación de aducirlo. Igual conducta asumió respecto de la carencia total de poder de los señores Lázaro Huertas Rodríguez y Carlos Orlando Varón Cárdenas, situación que debió advertir en la misma oportunidad procesal el demandado, por tratarse de aquellas irregularidades que son susceptibles de ser alegadas como excepciones previas en el procedimiento ordinario civil a términos del numeral 5º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil(27) y al no hacerlo, la irregularidad se saneó conforme a lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 144 ibídem...”(28)(29).

En consecuencia, la nulidad antes advertida se encuentra saneada y, por tanto, debe procederse a estudiar si hay lugar a acceder a la reparación de los perjuicios por ellos deprecados.

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —CPC— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(30)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la providencia proferida el 9 de mayo de 2000, por parte de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalías, Subunidad de Extorsión y Secuestro, delegada ante el Grupo Gaula Urbano, mediante la cual se abrió la investigación penal correspondiente, se vinculó mediante indagatoria y se ordenó la privación de la libertad de la señora Roció Umaña Guevara, decisión que se fundamentó en lo siguiente (fls 74 a 78, cdno. 2):

“... El comportamiento en que se ubica a la gerente general de la Empresa Nacional de Beeper, se traduce así en eventual quebrantamiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 365 de 1997 referido al punible de favorecimiento en la modalidad de entorpecimiento, en la medida en que le imponía la colaboración necesaria para la clonación del beeper código 1417 ha trascendido en forma adversa frente a los fines de la investigación, pues con su comportamiento se impidió el seguimiento eficaz de los autores y partícipes del secuestro de la menor Clara Oliva Pantoja Mahecha, colocando por demás en grave riesgo su vida y la de sus familiares tras el aviso de la actividad investigativa a quien se pretendía perseguir y ubicar mediante la clonación referida.

De lo anterior emerge como obligatoria la apertura formal de investigación penal por vías del artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, como necesaria por mérito probatorio la vinculación formal mediante indagatoria de Rocío Umaña, en su condición de gerente general de la empresa Nacional de Beeper, bajo la atribución punible referenciada, respecto de la cual se le descubre en estado de flagrancia (CPP, art. 370) dado que aún no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de marzo 28 del año en curso...”.

— Copia auténtica de un documento del 10 de mayo de 2000, expedido por la Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalías, Subunidad de Extorsión y Secuestro, delegada ante el Grupo Gaula Urbano, del cual se extrae lo siguiente (fls. 79 y 80, cdno. 2):

“... Comoquiera que en la fecha y en desarrollo de la diligencia de inspección judicial en las oficinas de la Empresa Nacional de Beeper, encuentra el despacho presente a la ciudadana Rocío Umaña cuya vinculación mediante indagatoria se dispuso en resolución del día anterior, se dispone que quede en el acto privada de la libertad a órdenes de este despacho y en custodia del comando del Gaula Urbano —componente Policía—...” (negrillas y subrayas de la Sala).

— Copia auténtica de la providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación, Subunidad Antisecuestro y Extorsión de fecha junio 2 del 2000, mediante la cual se definió la situación jurídica y se ordenó la detención preventiva de la señora Rocío Umaña Guevara, como presunta autora responsable del delito de favorecimiento con base en lo siguiente (fls. 159 a 172, cdno. 2):

“... Ahora la aquiescencia de la empresa en las investigaciones judiciales, como lo demuestra la carpeta anexa en donde se da respuesta a cuanto requerimiento ha existido, no hace irreconciliable tal actitud con la conducta que se imputa a la indagada, en razón de que precisamente lo que extraña es que si la confidencialidad, que sería el ingrediente ético alegado por la gerente ante el investigador, es un tema que soslaya en tratándose de asuntos judiciales, al momento de la clonación la sindicada haya decidido parapetarse en ese argumento para oponerse a la decisión judicial, pues la verdad es que, en rigor, entre acceder a la información o a los mensajes mediante un reporte posterior o hacerlo de manera simultánea e inmediata como lo permite la clonación no existe ninguna diferencia, que no sea la que dispensa mayor agilidad a una investigación tan delicada como la del secuestro en la que el tiempo cobra un valor inusitado, y que es por lo que la oposición de la sindicada Rocío Umaña adquiere contornos claramente...”.

— Copia auténtica del proveído proferido por la Fiscalía General de la Nación, Subunidad Antisecuestro y Extorsión, el 31 de julio de 2001, a través del cual se precluyó la investigación, se revocó la medida de aseguramiento y se ordenó la libertad inmediata de la señora Rocío Umaña Guevara, decisión que se fundamentó en lo siguiente (fls. 498 a 504, cdno. 2):

“... La anterior actividad se puede desplegar rápidamente, pero el de permitir una interceptación de un beeper o de un celular requiere, se repite, detenimiento y tiempo para verificar si tal solicitud en efecto reunía los requisitos legales. Eso fue lo que hizo la señora Umaña Guevara, verificar si tal solicitud, que conforme a las declaraciones de sus empleados por primera vez era solicitada por una autoridad judicial (lo que resulta extraño sabiendo que el Gaula cuenta con todos los medios técnicos para realizar tal interceptación desde otros lugares y sin necesidad de recurrir a la central de beepers lo que resulta más sano a fin de preservar la información), efectivamente era solicitada por autoridad competente, recurrió al abogado de la empresa y luego procedió a comunicarse con el ayudante del Gaula, quien también la ilustró en el tema y quien le dio veracidad al pedimento del suboficial Ortiz Mejía, ante lo cual el camino a seguir y que efectivamente siguió la sindicada fue la de permitir la interceptación o clonación, la que no se pudo realizar de manera inmediata y a la postre nunca se realizó, no por culpa de la sindicada sino por las mismas autoridades, quienes no comunicaron la decisión tomada al peticionario, decisión, se repite adoptada no a la ligera, sino consultada como debía ser. La falta de comunicación entre las autoridades, una vez la particular Umaña Guevara asintió dar curso a la petición, no puede ser imputable a ella. Está evidenciado en el proceso con la declaración que rindiera algunos de los empleados de la compañía, que efectivamente su gerente llamó al Gaula el mismo día del requerimiento y que tal llamada, conforme a la declaración del policía de la ayudantía del Gaula (Henry Botón Jiménez), sí fue recibida pero no comunicada. Falta de comunicación, que se repite, no puede ser atribuida a la sindicada.

El tema de las interceptaciones es tan complejo que inclusive fiscales y otros miembros dedicados al tema judicial pueden equivocarse, tal como lo señaló acertadamente la procuradora judicial, generalmente la interceptación telefónica que ordena un fiscal debe ser aprobada por la Dirección Nacional de Fiscalías, pero en tratándose de investigaciones por delitos de secuestro el fiscal delegado puede ordenar la interceptación de comunicaciones sin necesidad de la aprobación de la Dirección Nacional de Fiscalías, solamente debe enviarle, dentro de las 24 horas siguientes a su expedición, copia de la resolución para su conocimiento (L. 282, art. 18, jun. 6/96). Lo anterior para denotar que el tema de clonación o llamado jurídicamente como lo resaltó la Procuraduría, interceptación de comunicaciones, no es un tema que deba ser tomado a la ligera por las autoridades que así lo saben y menos exigir de una solicitud de esas, cuyas consecuencias vulnera derechos fundamentales como los expresados por el garante de la sociedad, la Procuraduría General de la Nación en su escrito.

Así pues evidenciado como está, con la prueba testimonial obrante en el expediente, que la señora Rocío Umaña Guevara no entorpeció la investigación del secuestro de la menor Clara Oliva Pantoja Mahecha, que por el contrario actuó diligentemente tal y como la solicitud que se la hacía lo exigía, que la falta de comunicación entre las autoridades no es imputable a ella y que no existe prueba de que ella fuera la que informó a los plagiarios de que el medio de comunicación Beeper estuviese interceptado, es que se debe precluir la investigación y por ende declarar extinguida la acción penal que se le sigue por el delito de favorecimiento descrito, para la época de los hechos en el artículo 7º de la Ley 40 de 1993, hoy 447 del nuevo Código Penal, inciso segundo, conforme las previsiones de los artículos 39 y 399 del Código de Procedimiento Penal ...” (negrillas y subrayas de la Sala).

5. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Subsección encuentra que la actora Rocío Umaña Guevara fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 10 de mayo de 2000, hasta el 31 de julio de 2001, por la supuesta comisión del delito de favorecimiento, no obstante Fiscalía General de la Nación, Subunidad Antisecuestro y Extorsión precluyó la investigación penal a favor de la referida demandante, debido a que no se comprobó su autoría o responsabilidad en el hecho punible, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita ser confirmada, toda vez que de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia en punto de la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en este proceso la entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, sí está llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, se probó que la señora Rocío Umaña Guevara fue privada de su libertad y vinculada a un proceso penal por su supuesta autoría en el punible de favorecimiento, pero posteriormente, la Fiscalía General de la Nación, Subunidad Antisecuestro y Extorsión a través de decisión calendada el 31 de julio de 2001, precluyó la instrucción, tal como ya se dijo, porque:

“... la señora Rocío Umaña Guevara no entorpeció la investigación del secuestro de la menor Clara Oliva Pantoja Mahecha, que por el contrario actuó diligentemente tal y como la solicitud que se la hacía lo exigía, que la falta de comunicación entre las autoridades no es imputable a ella y que no existe prueba de que ella fuera la que informó a los plagiarios de que el medio de comunicación Beeper estuviese interceptado...” (negrillas y subrayas de la Sala).

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que a la actora se le causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(31).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala— que la señora Rocío Umaña Guevara no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Héctor Alejandro Herrera Umaña, Rosa Elvia Rey de Umaña, William Umaña Guevara y Harvey Umaña Guevara, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue objeto su madre, hija y hermana respectivamente.

En efecto, al proceso se aportaron, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento de: i) Lina María Herrera Umaña (hija), Juan David Herrera Umaña (hijo), Daniel Eduardo Herrera Umaña (hijo), Héctor Alejandro Herrera Umaña (hijo), ii) de la víctima directa del daño Rocío Umaña Guevara, el cual demuestra que es hija de la también demandante Rosa Elvia Rey de Umaña y iii) de los actores William Umaña Guevara (hermano) y Harvey Umaña Guevara (hermano) (fls. 359, 360, 361, 362, 364, 367, 368, cdno. 2, respectivamente).

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(32); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(33), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o respecto de los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(34).

En relación con los señores William Umaña Guevara y Harvey Umaña Guevara, quienes según las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento son los hermanos de la víctima directa del daño, es de advertir que estos también sufrieron aflicción y un dolor por la privación injusta de la cual fue objeto su hermana y, por lo tanto, ellos también son beneficiaros de la indemnización por daño moral, tal como frente a casos similares lo ha considerado igualmente la Sala:

“... Respecto del perjuicio moral, de la experiencia humana se presume judicialmente —presunción de hombre— que la víctima, así como los demás demandantes (madre, hijas y hermanos) sufrieron dolor moral.

• la víctima directa porque padeció antijurídicamente la pérdida de su libertad que le limitó el derecho constitucional de locomoción y le lesionó el buen nombre, al publicarse la noticia de haber sido aprehendida por estar vinculada al narcotráfico; y

• las víctimas indirectas (familiares de Dyomar; hija, madre, hermana) porque al ser sus parientes en la primera célula de la familia, de contera padecieron antijurídicamente aflicción los hechos falentes de la Nación.

La Sala se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre el punto relativo a que los familiares de los detenidos, ilegalmente, padecen perjuicio moral. Así en sentencia de 30 de marzo de 1990 expresó:

“En efecto, como lo demuestran los testimonios, y como lo corrobora la lógica misma, cada uno de los miembros del grupo familiar sufrió una afrenta en su patrimonio moral. El padre, por verse injustificadamente detenido, y por haber debido soportar unos hechos para él bochornosos, no solo por la imagen que fue proyectada a su familia, sino por aquella que fue proyectada a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La madre y los hijos, por haber tenido que soportar la merma de su patrimonio moral, dentro del cual obviamente también se encuentra la reputación familiar. Se ha demostrado por demás, que a ellos la falla del servicio les causó congoja, pesadumbre, al encontrarse ante una situación a todas luces angustiante.

Pero, si bien se da por establecido el perjuicio moral para todos los componentes del grupo familiar, estima la Sala que su tasación no puede hacerse en forma similar para todos ellos, puesto que, como lo ha afirmado la jurisprudencia nacional, ‘si se admite, como es necesario admitir las diferencias de grados, es natural que la reparación de los daños busque una equivalencia más o menos aproximada para que la justicia no pierda su naturaleza de dar a cada uno lo que es suyo’ (CSJ, Sala de negocios generales, dic. 13/43, G.J., tomo LVI, Nº 20001-2005, p. 668)”(35)...”(36).

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia y se reconocerá a la señora Rocío Umaña Guevara (víctima directa del daño), Héctor Alejandro Herrera Umaña (hijo), Daniel Eduardo Herrera Umaña (hijo), Juan David Herrera Umaña (hijo), Lina María Herrera Umaña (hija) y Rosa Elvia Rey de Umaña (madre) para cada uno, un monto equivalente a 90 SMLMV, y para cada uno de los hermanos de la víctima directa del daño, el equivalente a 45 SMLMV, a título de perjuicios morales.

Ahora bien, respecto del demandante Héctor Herrera Baquero, quien según la demanda sería el esposo de la víctima directa del daño, la Sala advierte que en el expediente reposa en copia simple un documento que habrían de corresponder a la partida de matrimonio celebrado entre estos, sin embargo, su estado, desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que las copias simples, como en forma reiterada lo ha expuesto la corporación, no constituyen medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretende hacer valer ante la jurisdicción(37), así como tampoco obra en el expediente una sola prueba que permita tener por acreditado el vínculo —de hecho o de derecho— entre dichas personas.

En ese sentido, la Sala se ha pronunciado:

“No ocurre lo mismo respecto de la señora Flor del Carmen Pantoja Mainguez, toda vez que no acreditó la condición de cónyuge de la víctima pues no se aportó la prueba idónea, esto es, el registro civil de matrimonio, ni se demostró la condición de compañera permanente del occiso toda vez que no obran testimonios que den cuenta de esta situación, y por el contrario, obra en el plenario la declaración del señor Luís Antonio Mainguez Mena, quien manifestó conocer a la víctima y a los demandantes por ser vecinos de la misma población, y según el cual “Francisco Javier como se casó se retiró de las relaciones que tenía con doña Flor del Carmen Pantoja, pero a la hija si la visitaba y como le dije la ayudaba” (fl. 139-140, cdno. 1).

Cabe precisar, que conforme al criterio de la Sala que ahora se reitera, en los procesos de responsabilidad por los daños sufridos en la integridad física a una persona, se indemniza a quienes como consecuencia de ese hecho han resultado afectados en sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral(38) y en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima ese perjuicio se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho(39), en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

En el sub lite, no se demostró la calidad de cónyuge o compañero permanente de la víctima de la señora Flor del Carmen Pantoja Mainguez —evento en el cual se inferiría el dolor moral—, como tampoco se acreditó que la muerte de Francisco Javier Tobar le hubiese ocasionado perjuicios morales”(40).

Así las cosas, si bien en el recurso de apelación presentado por la parte actora, se solicitó que la reparación por los perjuicios morales reconocidos por el Tribunal Administrativo de primera instancia a favor del señor Héctor Herrara Baquero se incrementara, lo cierto es que al analizar su relación o vinculo parentesco con la víctima del daño se encuentra que no se acreditó su alegada condición de esposo y, por lo tanto, la Sala modificará la decisión del Tribunal Administrativo a quo en cuanto reconoció en su favor una indemnización por concepto de perjuicios morales y en su lugar negará las súplicas formuladas a favor del referido demandante.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Daño emergente: este rubro se solicitó en los siguientes términos:

“(...) Con motivo de los gastos que la señora Rocío Umaña Guevara tuvo que cancelar por concepto de pago de honorarios de abogado, pago de trabajadores extras para suplir su ausencia en sus empresas Nacional de Beepers, Nacional de Comunicaciones, Trituradora Guayuriba, que se encontraba funcionando en el momento de su detención, cancelación de intereses por el atraso en el pago de sus obligaciones financieras con corporaciones financieras y bancos, proveedores y particulares, traslado semanal de su familia, padres y hermanos desde la ciudad de Villavicencio hacia la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, D.C., y su residencia en Bogotá donde finalmente se le sustituyó la Medida de Aseguramiento, dineros estos que para sufragarlos, la señora Rocío Umaña Guevara se vio obligada a vender parte de sus propiedades tales como la venta de un tractocamión de su propiedad, conforme se acredita con documento legal e idóneo (obrante a fl. 139, cdno. Ppal. anexo de pruebas) y además, a gestionar nuevos préstamos con particulares y bancarios lo que hace procedente una indemnización atendiendo a los principios de reparación integral y de equidad, teniendo en cuenta los balances comerciales pertenecientes a la señora Rocío Umaña Guevara correspondientes a los años de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 200 (que obra a fls. 125 a 138, cdno. ppal. anexo de pruebas), en los cuales se puede evidenciar el gran nivel de pérdidas económicas sufridas en el patrimonio de la señora Rocío Umaña Guevara, a partir del mes de mayo de 2000 y hasta la fecha de presentación de esta demanda, dado que hasta la fecha, sus empresas e ingresos no han podido reactivarse, pretensión que razonablemente estimo en la cuantía superior a los ochocientos millones de pesos m/cte. ($ 800.000.000.oo)” (fl. 4, cdno. 1).

La subsección estima procedente la indemnización correspondiente a ese último rubro, dado que al proceso se allegaron, en original, las constancias de los pagos realizados por la víctima directa del daño por concepto de honorarios a los profesionales del derecho Segundo Otoniel Castillo Alvarado y Javier Gómez, quienes ejercieron su defensa técnica en el proceso penal, monto que asciende a la suma de $ 16’000.000 (fls 380 y 382, cdno. 2),

Conviene advertir que si bien obra una constancia expedida por el señor Antonio José Cancino Moreno, a través de la cual certifica que recibió la suma de $ 10’000.000, por concepto de honorarios y gastos profesionales (fl. 381, cdno. 2), lo cierto es que una vez revisadas las pruebas obrantes en el expediente no se observa que este hubiere intervenido en la defensa técnica de la señora Rocío Umaña Guevara, por lo tanto no será reconocido dicho valor.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada pero se modificará y se accederá al reconocimiento de la suma de $ 16’000.000 cifra que se actualizará de la siguiente manera:

 

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Por lo tanto, se reconocerá, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 24’185.947, a favor de la señora Rocío Umaña Guevara.

Ahora bien, en la demanda se solicitó el reconocimiento, a título de daño emergente de los gastos que tuvo que cancelar por concepto de trabajadores extras para suplir su ausencia en las empresas de su propiedad, cancelación de intereses por el supuesto atraso en el pago de obligaciones con corporaciones financieras, bancos, proveedores y particulares, traslados semanales de su familia, padres y hermanos, así como gestionar nuevos préstamos con particulares y entidades bancarias, sin embargo, la Sala observa que no obra prueba alguna dentro del expediente con la cual se acredite que efectivamente la parte actora incurrió en tales erogaciones.

En igual sentido se encuentra que se afirmó que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometida la señora Rocío Umaña Guevara, ella debió vender un tractocamión, con el fin de sufragar los gastos ocasionados, por el hecho dañoso para lo cual se aportó en copia simple un documento que dice contener el contrato de compraventa (fls. 405 y 406, cdno. 2), sin embargo aquí debe reiterarse que su estado, desprovisto de autenticación, impide la valoración probatoria de ese documento de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que las copias simples, como en forma consistente lo ha expuesto la corporación, no constituyen medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretende hacer valer ante la jurisdicción(41).

En cuanto al “balance comercial” (fls 391 a 394, cdno. 2), aportado con el fin de acreditar las pérdidas ocasionadas como consecuencia de la privación injusta a la cual fue sometida la señora Rocío Umaña Guevara, es de resaltar que el mismo se soportó con unos documentos que igualmente obran en copia simple, los cuales dicen contener las declaraciones de renta de la víctima directa del daño, las planillas de aportes al sistema de seguridad social y las nóminas para pago de sueldos (fls. 395 a 442, cdno. 2), no obstante, como ya se señaló, dichos documentos carecen de valor probatorio por cuanto obran en copia simple, en esa medida el supuesto balance no tiene ningún soporte que lo justifique.

Ahora bien, la Sala advierte que en el “balance comercial” referenciado se hace alusión a las pérdidas del establecimiento de comercio Trituradora Guayuriba propiedad de la señora Rocío Umaña Guevara y de la sociedad Nacional de Beepers Ltda., por lo cual se debe aclarar que en relación con la sociedad que si efectivamente se hubiera presentado alguna pérdida o disminución del patrimonio, tal menoscabo correspondería al patrimonio de esta y no al de la víctima directa del daño, por cuanto la sociedad en comento es una persona jurídica diferente a la persona natural aquí demandante.

En el mismo sentido se observa que dentro del expediente no se acreditó la calidad de socia de la señora Rocío Umaña Guevara respecto de la sociedad Nacional de Beepers Ltda., por lo tanto no es posible establecer que las pérdidas que se registraron en el patrimonio de la sociedad durante el tiempo en que aquella estuvo privada de su libertad, le afectaran directamente a dicha persona jurídica.

A lo anterior se añade que de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Comercio(42), las actividades que desarrollaba la víctima directa del daño antes de ser privada injustamente de su libertad, esto es tanto la administración de la sociedad como la de su propio establecimiento de comercio, se enmarcan dentro de los actos mercantiles por lo cual se concluye que la señora Umaña Guevara tenía la calidad de comerciante y, por consiguiente, a su actividad le resultaba aplicable la legislación mercantil; en esa medida es necesario hacer referencia a los deberes que la ley impone, de manera general, a la totalidad de los comerciantes, entre los cuales se encuentran aquellos que enlista el artículo 19 del estatuto mercantil, por cuya virtud:

“ART. 19.—Es obligación de todo comerciante:

1. Matricularse en el registro mercantil;

2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;

3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades;

5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles;

6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”.

El anteriormente referido mandato coincide con aquel contenido en la parte inicial del artículo 48 del mismo estatuto mercantil, a cuyo tenor:

“ART. 48.—Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistema que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Así mismo será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios” (énfasis añadido).

A ello se agrega la disposición legal contenida en el artículo 49 de la misma obra, según el cual la referencia normativa a los libros de comercio tendrá un sentido preciso y claro, de conformidad con el siguiente texto:

“ART. 49.—Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos”.

Dichos libros de contabilidad, bueno es recordarlo, deben inscribirse en el correspondiente registro mercantil de conformidad con los dictados del numeral 7º del artículo 28 del mismo Código de Comercio, cuyo texto reza:

“ART. 28.—Deberán inscribirse en el registro mercantil:

(...).

7. Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades mercantiles”.

No menos imperativa y clara resulta la directriz que contiene el artículo 50 del referido conjunto normativo, mediante el cual se definen los requisitos mínimos que deben estar presentes en la contabilidad de cualquier comerciante en Colombia, a saber:

“ART. 50.—La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el Gobierno”.

Igualmente resulta pertinente traer a colación el artículo 52 del estatuto de los comerciantes, en virtud del cual se impone a estos el deber de efectuar balances generales con periodicidad mínima de un (1) año:

“ART. 52.—Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio”.

Por su parte, el artículo 53 de la codificación en cita determina la forma en la cual deben asentarse, en los libros correspondientes, las respectivas operaciones mercantiles, cuestión que incluye el deber de mantener actualizada la contabilidad que se debe llevar en los mismos, así:

“ART. 53.—En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que las respalden.

El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen”.

En consonancia con lo hasta ahora expuesto, debe resaltarse que los libros de contabilidad de los comerciantes, en la medida en que se encuentren inscritos en el respectivo registro mercantil y se lleven con sujeción a las prescripciones legales vigentes, desde el punto de vista probatorio reciben el tratamiento propio de documentos privados que la ley presume auténticos, tal como lo prescribe el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil —CPC—, según cuyo inciso tercero “[S]e presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma...” y, en la misma dirección, el artículo 68 del Código de Comercio reconoce plena eficacia probatoria a los libros y a los papeles del comerciante, cuanto se trata de cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, según el siguiente texto:

“ART. 68.—Los libros y papeles de comerciantes constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente.

En materia civil, aun entre comerciantes, dichos libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y siempre que su contraparte no los rechace en los que le sea desfavorable”(43).

Así las cosas, una vez revisado el expediente, se observa que no se aportó la contabilidad en debida forma, por lo tanto, el supuesto balance comercial allegado no se puede valorar.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada en este punto.

6.2.2. Lucro cesante: la parte actora lo solicitó de la siguiente manera:

“... Que constituye lo dejado de percibir por la señora Rocío Umaña Guevara desde el momento de su injusta detención y hasta la fecha, habida consideración de que una de sus empresas Nacional de Beepers Ltda., a la fecha no se ha podido reactivar, dado que fue intervenida arbitrariamente por funcionarios de la dirección general de control y vigilancia, del Ministerio de Comunicaciones, se le suspendieron sus actividades y mediante Resolución 1794 del 28 de noviembre de 2002 (obrante a fls. 111 a 124, cdno. ppal. anexo de pruebas) la en ese entonces directora general de control y vigilancia del Ministerio de Comunicaciones, ingeniera Nohora Vargas de Vial declaró el decomiso definitivo de los equipos que hacían parte integral de la red de servicios que legalmente prestaba, y le impuso a la empresa Nacional de Beepers Ltda. una multa de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500). Esto y la red de telecomunicaciones que los soportaba tienen un valor superior a los novecientos millones de pesos m/cte. ($ 900.000.000.oo), acto administrativo que a pesar de haber sido recurrido en su oportunidad legal (fls. 405 a 419, cdno. ppal. anexo de pruebas), hasta la fecha no ha sido resuelto y hasta la fecha de presentación de esta demanda la empresa se encuentra cerrada, no obstante que hasta el momento y a pesar de la absolución por parte de la Fiscalía General de la Nación de la señora Rocío Umaña Guevara, en el presunto punible investigado, y que generó el decomiso de la red y equipos de telecomunicaciones de la empresa Nacional de Beepers Ltda., generándose en consecuencia, la automática desvinculación de todos los empleados de la empresa Nacional de Beepers Ltda., con la consecuente, gravosa y cuantiosa liquidación e indemnización que hubo necesidad de cancelarle a dicho empleados” (fls. 4, cdno. 1).

La Sala considera importante advertir que si bien la parte actora solicitó lo dejado de percibir habida cuenta de que una de sus empresas no habría podido reactivarse, por cuanto fue intervenida por el Ministerio de Comunicaciones y se suspendieron sus actividades mediante Resolución 1794 del 28 de Noviembre de 2002, lo cierto es que una vez revisado el expediente no se encontró ese supuesto acto, ni tampoco se aportó prueba alguna con la cual se acredite la cuantía cuyo reconocimiento se solicitó en la demanda.

En igual sentido se encuentra que se allegaron en copia simple unos documentos que dicen contener las liquidaciones de quienes serían los empleados de la empresa Nacional de Beepers Ltda. (fls. 443 a 523 y 527 a 609, cdno. 2 y 349 a 413)(44), un recurso de reposición (fls. 125 a 129, cdno. 2 (foliatura irregular)) que habría interpuesto contra la Resolución 1794 del 28 de noviembre de 2002, pero dichos documentos no pueden ser valorados por los argumentos anteriormente expuestos.

Por lo tanto, no se acreditó el perjuicio ocasionado y, por ende, se confirmará en este punto la sentencia apelada.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por inadvertido, el hecho de que fue por cuenta de la actividad productiva que desempeñaba la señora Rocío Umaña Guevara que fue privada injustamente de su libertad, por lo tanto se reconocerá la indemnización por lucro cesante a favor de la víctima directa del daño, pero se cuantificará con base en el salario mínimo legal mensual vigente, toda vez que dentro del proceso no obra medio de convicción alguno que demuestre cuánto devengaba la ahora demandante para el momento de la privación de su libertad.

Por consiguiente, de acuerdo con las providencias proferidas en el transcurso del proceso penal se demostró que la señora Umaña Guevara ejercía una actividad productiva como gerente general de la sociedad Nacional de Beeper Ltda.(45), pero no se probó su ingreso mensual, en consecuencia se liquidará la indemnización con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2000 ($ 260.100), siempre y cuando este no resulte inferior al salario mínimo de este año, una vez sea actualizado a valor presente.

Se puntualiza, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado comprendido entre el 10 de mayo de 2000 y el día 31 de julio de 2001, más los 8.75 meses que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral.

Acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(46)(47).

Por lo tanto, si bien la actora Umaña Guevara estuvo privada de su libertad hasta 31 de julio de 2001, lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este período es necesario sumarle el tiempo durante el cual, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a la recuperación de su libertad.

 

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Ra = $ 481.585.oo

Toda vez que el valor actualizado es inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($ 589.500), previo incremento del 25% ($ 147.375), por concepto del correspondiente factor prestacional, lo que determina un ingreso base de liquidación de: $ 736.875.oo.

 

S =$ 736.875 (1 + 0.004867)22.99(48) - 1
 0.004867

 

S = $ 17’878.937.oo

Así las cosas se modificará la sentencia de primera instancia y se reconocerá por lucro cesante, a favor de la señora Rocío Umaña Guevara, la suma de $ 17’878.937.oo

Finalmente, la parte actora dentro del lucro cesante solicitó: “el deterioro al good will, lo cual le ha impedido desplegar su reconocida capacidad de trabajo, y le ha generado un entorno de desconfianza, al punto de ser rechazada comercialmente por potenciales proveedores, compradores y usuarios, al punto de negarle las amplias recomendaciones de que antes gozaba, con el consecuente desprestigio comercial que hoy tiene”.

Al respecto conviene señalar que las circunstancias antes descritas no se encuentran acreditadas por cuanto no se allegó medio de prueba alguno que permita establecer el perjuicio alegado.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase el numeral segundo de la sentencia recurrida, esto es la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sala de Descongestión, Sección Tercera, el día 23 de julio de 2004, el cual quedará así:

“Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar:

Por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades:

— El equivalente a la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de la señora Rocío Umaña Guevara a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

— El equivalente a la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los actores señora Rosa Elvia Rey de Umaña (madre) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

— El equivalente a la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para sus hijos Héctor Alejandro Herrera Umaña Daniel Eduardo Herrera Umaña, Juan David Herrera Umaña, Lina María Herrera Umaña, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de proveído.

— El equivalente a la cantidad de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes para sus hermanos William Umaña Guevara y Harvey Umaña Guevara, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de proveído

Por concepto de daño emergente:

— El equivalente a la cantidad de veinticuatro millones ciento ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte. ($ 24’185.947), a favor de la señora Rocío Umaña Guevara a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Por concepto de lucro cesante:

— El equivalente a la cantidad de diecisiete millones ochocientos setenta y ocho mil novecientos treinta y siete pesos m/cte. ($ 17’878.937.oo), a favor de la señora Rocío Umaña Guevara a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Confírmase en los demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. <Artículo condicionalmente exequible>

“(...).

“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(2) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.

— Subsección B: sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(3) Chiovenda, Giuseppe. Ob. cit. Tomo II. Pág. 9

(4) Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Civitas. Cuarta edición. España 1998. Pág. 281.

(5) Guasp, Jaime. Ob. cit., pág. 283.

(6) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento civil. Tomo I. Novena edición. Ediciones Dupré. Bogotá 2005. Pág. 461.

(7) López Blanco, Hernán Fabio. Ob. cit., pág. 467.

(8) Chiovenda. Ob. cit., pág. 284.

(9) López Blanco. Ob. cit., pág. 294

(10) López Blanco. Ob. cit., pág. 489.

(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de febrero 23 de 2000, Expediente 16.394. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(12) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-319 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-337 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(14) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 9 de septiembre de 2008. Expediente 110010326000200800009 00.

(15) Chiovenda. Ob. cit., pág. 234.

(16) ART. 86.—Admisión de la demanda y adecuación del trámite. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

(17) “ART. 303.—Formalidades. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 133 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda providencia se encabezará con la denominación del correspondiente juzgado o corporación, seguida del lugar y la fecha en que se pronuncie, expresada en letras, y terminará con las firmas del juez o los magistrados.

Las que se profieran en una audiencia o diligencia se insertarán en las actas respectivas, salvo en proceso verbal. Solo se mencionarán los nombres de los apoderados judiciales, cuando se reconozca su personería o se les imponga alguna condena.

A excepción de los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa; no se podrá hacer transcripciones de actas, decisiones o conceptos, que obren en el expediente. Este deberá pasarse a la secretaría en la misma fecha en que aquellas se pronuncien.

Ninguna providencia requiere la firma del secretario”.

(18) Corte Constitucional. Sentencia C-957 de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(19) “ART. 83.—Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 35 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados.

Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso”.

(20) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(21) “ART. 63.—Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa”.

(22) En efecto el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, establece como causal de inadmisión que la demanda carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos que le preceden, disposiciones que en ningún momento hacen referencia a la necesidad de aportar como anexo a la demanda el poder correspondiente.

(23) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 27 de mayo de 2009. Expediente 36432.

(24) Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente 16.061. M.P Myriam Guerrero de Escobar.

(25) Sentencia del 21 de febrero de 2002. Expediente 11.335. M.P Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2002. Expediente 12.422. En pronunciamiento más reciente la Sala precisó lo siguiente: no obstante ello, la citada persona no confirió poder a su abogado para que lo representara en este proceso. La Sala ha considerado que la ausencia de este requisito constituye la causal de nulidad prevista en el artículo 140, numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, consistente en la indebida representación por carencia total de poder, la cual en este caso se encuentra saneada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 4º del artículo 144 ibídem.

“El primero de los numerales referidos indica que el saneamiento opera cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y debe considerarse, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 143 del mismo estatuto, que la disposición no se refiere exclusivamente a la persona o parte indebidamente representada, sino también a la parte contraria, que puede ver afectado su derecho de defensa cuando aquella actúa por intermedio de una persona que carece de poder.

“En el presente caso, se advierte que la parte demandada no dijo nada sobre la ausencia total de poder del citado señor, a pesar de haber intervenido a lo largo del proceso en cada una de las etapas, por manera que esta nulidad fue saneada por la entidad a cuyo cargo se proferirán las condenas en esta sentencia.

“Asimismo se observa que la nulidad por carencia total de poder también fue saneada por la parte demandante indebidamente representada, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º de la norma en comento, dado que, a pesar del vicio, el acto procesal de representación judicial cumplió su finalidad, en tanto no se violó el derecho de defensa de los actores.

“En efecto, el vicio procesal de representación judicial no vulneró el derecho de defensa de la persona indebidamente representada, puesto que la sentencia resulta favorable a sus intereses. En ese orden de ideas, se tiene que la nulidad fue debidamente saneada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2008, Expediente 15821.

(27) ART. 97.—El demandado en el proceso ordinario y en los demás que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones:

(...).

5. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado...”.

(28) ART. 144.—La nulidad de considerará saneada, en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.

(29) Sentencia 9 de marzo de 2011. Expediente 28.270 M.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(30) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.

(31) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455. M.P. Hernán Andrade Rincón.

(32) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(33) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(34) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.

(35) Expediente 3.510, demandante Luis Alberto Cifuentes Lindarte.

(36) Sentencia del 27 julio del 2000. Expediente 12641. M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(37) En este sentido puede consultarse la sentencia de marzo 10 de 2011, Expediente 19.347, reiterada recientemente en la sentencia del 17 de abril de 2013, Expediente 23.031.

(38) Ver, entre otras, sentencias del 1º de noviembre de 1991, Expediente 6469 y del 18 de febrero de 1999, Expediente 10.517.

(39) A título de ejemplo se relacionan las sentencias del 17 de julio de 1992, Expediente 6750; del 16 de julio de 1998, Expediente 10.916 y del 27 de julio de 2000, Expediente 12.788.

(40) Sentencia de 9 junio de 2010, Expediente 17.313, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(41) En este sentido puede consultarse la sentencia de marzo 10 de 2011, Expediente 19.347, reiterada recientemente en la sentencia del 17 de abril de 2013, Expediente 23.031.

(42) ART. 20.—Actos, operaciones y empresas mercantiles - concepto. Son mercantiles para todos los efectos legales:

5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones (se destaca).

(43) Sentencia del 10 de marzo 2011, Expediente 18.381, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 19.502.

(44) La sala advierte que el cuaderno 2 del expediente presenta una foliatura irregular y salteada.

(45) Copia auténtica de la providencia proferida el 2 de junio de 2000, por parte de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalías, Subunidad de Extorsión y Secuestro, delegada ante el Grupo Gaula Urbano a través de la cual se señaló que: “... En relación con el mandato de clonación del bipper y el conocimiento que haya podido tener las razones por las cuales no se accedió a dicha orden, la testigo sostuvo que en efecto ella habría recibido el oficio y lo había leído, pero que a su vez le manifestó al uniformado que ella no estaba autorizada para realizar la clonación y que por consiguiente debía regresar al día siguiente a hablar con la Gerente General, señora Rocío Umaña...” (se destaca) (fls. 159 a 172, cdno. 2).

Copia auténtica de la providencia proferida el 9 de mayo de 2000, por parte de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalías, Subunidad de Extorsión y Secuestro, delegada ante el Grupo Gaula Urbano de la cual se extrae que: “... De lo anterior emerge como obligatoria la apertura formal de investigación penal por vías del artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, como necesaria por mérito probatorio la vinculación formal mediante indagatoria de Rocío Umaña, en su condición de gerente general de la empresa Nacional de Beeper, bajo la atribución punible referenciada, respecto de la cual se le descubre en estado de flagrancia (CPP, art. 370) dado que aún no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de marzo 28 del año en curso...” (se destaca) (fls. 74 a 78, cdno. 2).

(46) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, reiterada en sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.860. M.P. Enrique Gil Botero.

(48) Número de meses trascurridos desde la fecha de la privación de la libertad (mayo 10/2000) hasta la fecha en que el actor recobró tal derecho (jul. 31/2001), más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral (8.75 meses).