Sentencia 2003-01583/34790 de marzo 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2003-001583-01 (34.790)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Fernando Sotomonte Amaya, Guillermo Morales Jiménez y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura

Ref.: Apelación Sentencia. Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., siete de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General, de conformidad al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado(18).

En efecto, la Ley Estatutaria de administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

2. Hechos probados.

De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

2.1. El 4 de junio de 1991 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 13, mediante el cual autorizó un gasto público denominado “Aportes, subvenciones y ayudas financieras a las empresas útiles o benéficas para el desarrollo de Bogotá”, delegando en el alcalde la facultad de trasladar partidas presupuestarias, distribuir las apropiaciones globales y efectuar las modificaciones necesarias al programa.

2.2. El 3 de julio de 1991, en entonces alcalde mayor de Santafé de Bogotá expidió el Decreto 381, mediante el cual creó el rubro de aportes, subvenciones y ayudas financieras a empresas útiles o benéficas para el desarrollo de la ciudad, autorizando el traslado de la partida “auxilios concejales” a este nuevo rubro.

2.3. El Acuerdo 13 y el Decreto 381, ambos de 1991, fueron desarrollados mediante los Decretos 436 y 469 del 20 de julio de 1991, 522 del 21 de agosto de 1991, 592 del 17 de septiembre de 1991 y 740 del 30 de octubre de 1991, expedidos por el alcalde en asocio de los secretarios de hacienda titular y encargado; estas normas autorizaron la distribución, entre concejales principales y suplentes, de 42 partidas presupuestarias, cada una por un valor de $ 42’000.000, arrojando un total de $ 1.744’550.000.

2.4. La expedición de los referidos decretos permitió la transferencia de dineros del erario público a entidades de derecho privado, las cuales eran sugeridas por los concejales y estudiadas por la Secretaría de Hacienda.

2.5. La Fiscalía inició investigación por el delito de peculado por apropiación, ante la supuesta indebida utilización de los aportes por parte de los beneficiarios, quienes al parecer tenían nexos con los concejales, vinculando al entonces alcalde de Bogotá, dos ex secretarios de hacienda del distrito, el entonces personero de la ciudad y algunos miembros del concejo, entre ello, Fernando Sotomonte Amaya y Guillermo Morales Jiménez varios ex concejales.

2.6. Fernando Sotomonte Amaya era concejal suplente del señor José Rozo Millán. Por su parte, Guillermo Morales Jiménez, era concejal suplente del señor Rafael Forero Fetecua.

2.7. El 26 de junio de 1992, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal Ambulante dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra Guillermo Morales Jiménez, concediéndole libertad provisional caucionada por un valor de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tal decisión fue objeto de recurso de reposición, el cual resolvió el Fiscal 248 de la Unidad de Investigaciones Especiales de Bogotá el 26 de enero de 1993, mediante providencia en la que se confirmó dicha medida de aseguramiento, se revocó la libertad provisional otorgada a Guillermo Morales Jiménez y también se dictó similar determinación contra Fernando Sotomonte Amaya, ordenando su captura, la cual se hizo efectiva el 5 de febrero de 1993, cuando este se presentó voluntariamente ante las autoridades, siendo recluido en la Escuela de Infantería de la XIII Brigada del Ejército en Bogotá.

2.8. El señor Sotomonte Amaya recobró su libertad el 30 de marzo de 1993, luego de que el 26 de marzo anterior consignó, a título de indemnización de perjuicios, la suma de $ 41’400.000, la cual le fue devuelta el 4 de octubre de 2001, sin el reconocimiento del poder adquisitivo que perdió durante más de ocho años y el lucro cesante, según lo expuesto en la demanda.

2.9. En resolución del 29 de septiembre de 1995, la Fiscalía Delegada 78 de la Unidad de Delitos Financieros precluyó la investigación a favor de Guillermo Morales Jiménez, decisión que fue apelada y resuelta por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, la cual revocó la preclusión emitida a favor de Morales Jiménez, profiriendo resolución de acusación en su contra el 13 de agosto de 1996.

2.10. El 3 de noviembre de 1995, la Fiscalía Delegada 78 de la Unidad de Delitos Financieros calificó el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación contra Fernando Sotomonte Amaya por el delito de peculado por apropiación, providencia que fue confirmada en segunda instancia por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca el 13 de agosto de 1996.

2.11. El 23 de julio de 2001, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá emitió sentencia absolutoria a favor de Fernando Sotomonte Amaya, Guillermo Morales Jiménez y los demás ex concejales vinculados al mismo proceso.

1. Caducidad.

El artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo es claro en establecer que esta figura jurídica se configura a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado y por vía jurisprudencial se ha señalado que tratándose de privación injusta el término debe contarse a partir del momento en que queda ejecutoriada la decisión absolutoria.

En los eventos de error jurisdiccional, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir de la configuración del hecho dañoso, esto es, desde la ejecutoria de la providencia constitutiva del error judicial y a partir de la fecha en la que la parte tenga conocimiento del daño, respectivamente.

En cuanto al daño reclamado por la privación de la libertad y la investigación penal de las que fueron objeto Fernando Sotomonte Amaya y Guillermo Morales Jiménez, respectivamente, se tiene que la decisión que absolvió a los procesados del delito imputado por la Fiscalía fue proferida el 23 de julio de 2001(19) y quedó en firme el 3 de agosto siguiente(20).

Por tanto, la demanda interpuesta el 31 de julio de 2003(21) se encontraba en término puesto que no había trascurrido el término de dos años contados a partir del momento en que quedó configurado el daño solicitado.

2. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(22).

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que esta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(23).

En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa del señor Fernando Sotomonte Amaya como víctima directa, su cónyuge Carmen Cecilia Vargas Sierra, sus hijos Ángela María y Carlos Enrique Sotomonte Vargas, sus hermanos Elisa, Gilma, Alberto, Fernando, Carmen Alicia y Carlos de Jesús Sotomonte Amaya tal como consta en los registros civiles de nacimiento y matrimonio aportados al proceso.

En cuanto a la calidad de interesados de Elisa, Gilma, Alberto, Fernando, Carmen Alicia y Carlos de Jesús Sotomonte Amaya en la sucesión de su padre Carlos Sotomonte Camacho, fallecido el 7 de diciembre de 1999, como se observa en la copia del registro civil de defunción allegado, si bien aquellos acreditaron su parentesco con el hoy interfecto, no demostraron su calidad de herederos dentro de la sucesión de este mediante “providencia proferida a propósito o en sentencia o documento público notarial que dé cuenta de dicha calidad, ni tampoco con prueba idónea de su estado civil o del testamento correspondiente”(24), siendo que “cuando se persigue el reconocimiento del crédito indemnizatorio originado en el daño moral experimentado por el de cujus al demandante le corresponde el acreditamiento, por los cauces probatorios idóneos, de dos hechos fundamentales: la consistencia y realidad del daño moral padecido por la víctima directa, de una parte y, el título hereditario invocado, que legitima al demandante en el ejercicio de la pretensión indemnizatorio para el reconocimiento del perjuicio moral”(25), motivo por el cual se mantendrá la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa, en calidad de herederos de Carlos Sotomonte Camacho.

Igualmente, Guillermo Morales Jiménez, está legitimado en la causa por activa, al ser también víctima directa del daño alegado; de la misma forma, lo están su cónyuge Martha Lucía Morales Botero, sus hijos Carlos y Richard Morales Morales, quienes allegaron sus registros civiles de nacimiento y matrimonio.

Respecto a Andrés Guillermo Morales Morales, quien aportó copia simple de su registro civil de nacimiento y por ese motivo en el fallo de primera instancia se consideró que no había demostrado su parentesco con Guillermo Morales Jiménez, al señalarse que estas no tienen valor probatorio alguno, pero ante prueba testimonial aportada fue considerado como damnificado.

No obstante, frente al valor probatorio de las copias simples, esta Sub Sección en reciente sentencia(26) dijo:

“En lo que se refiere a las copias simples anexadas tanto con la demanda como con la contestación, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio(27).

En efecto, sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

(…)

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(28).

Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(29) (resaltado y subrayado fuera de texto).

El registro civil de nacimiento de Andrés Guillermo Morales Morales fue aportado y solicitado como prueba con la demanda, decretado en el auto respectivo de primera instancia y allegado en el período probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, sin que fuera tachado de falso por la contraparte, por lo que es apto e idóneo para demostrar su parentesco (hijo) con el demandante Guillermo Morales Jiménez.

Caso distinto ocurrió con Germán Morales Jiménez, quien no allegó su registro civil de nacimiento para acreditar ser hermano de Guillermo Morales Jiménez, por lo que con fundamento en varios testimonios que dieron cuenta de su cercanía con el demandante, fue reconocido como damnificado, por lo que se confirmará dicha determinación.

De otra parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva por tratarse de la entidad encargada de la investigación y acusación de los señores Fernando Sotomonte Amaya y Guillermo Morales Jiménez en el proceso penal que se les siguió por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.

No ocurre lo mismo frente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por cuanto el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá fue la autoridad judicial que absolvió a ambos demandantes del delito imputado, por lo que al no participar en el hecho dañoso no está llamada a responder por los perjuicios solicitados, en caso de una eventual condena.

3. De la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

En la jurisprudencia de esta corporación, existe unificación(30) acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Las anteriores hipótesis tienen su fundamento en el título de imputación de daño especial al considerarse que la privación de la libertad cumplió con los presupuestos estipulados en la ley pero la víctima no estaba en el deber jurídico de soportarla.

En los demás eventos, también podrá declararse la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, siempre y cuando se encuentre acreditada una falla del servicio de la administración de justicia.

Ahora bien, es necesario resaltar que el juez debe realizar un análisis de las causales eximentes de responsabilidad y en caso de encontrar que se configura alguna de ellas, así deberá declararlo, ora de oficio o a petición de parte, conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996(31).

4. Análisis del caso en relación a Fernando Sotomonte Amaya.

En el presente caso, se tiene acreditado el daño sufrido por Fernando Sotomonte Amaya, consistente en la privación de la libertad que padeció entre el 5 de febrero y el 30 de marzo de 1993, fue antijurídico, ya que posteriormente fue absuelto del delito imputado, con fundamento en que el delito no existió.

En efecto, al demandante le fue dictada medida de aseguramiento y resolución de acusación con fundamento en el auxilio asignado a la Fundación Cívica para el Desarrollo de la Sociedad, entidad fundada el 4 de febrero de 1991, cuya sede era la misma de la compañía ASVIN Ltda., en la cual él fungía como socio, al igual que Olga Cecilia Velásquez Aristizábal, quien además fungía como representante legal de la fundación, la cual resultó favorecida con la suma de $ 39’600.000, “existiendo mérito, bajo pruebas testimoniales y documentales, para afirmar que el encausado tenía manejo e injerencia en la distribución de estos dineros, con lo cual obtenía provecho político”, haciendo referencia a que “sus allegados políticos han recibido dineros de la institución porque han estado inmersos en sus actividades, lo cual revierte en indicio grave de que el manejo de la misma ha estado, así sea indirectamente, en manos del edil, tal como se extracta con mayor razón lógica de la circunstancia de que funcione en la misma sede de una empresa de su propiedad. Igual cabe predicar el hecho de que pese a ser una institución recientemente creada, es decir, sin una trayectoria diciente y sin objetivos sociales realmente concretos —así lo demuestra que se dedique a repartir prebendas de Navidad a través de personas particulares— se le sugiera para recibir un aporte de cerca de cuarenta millones de pesos”.

Igualmente, se indicó que “los directivos de la fundación son amigos suyos, así por ejemplo aduce que Olga C. Velásquez, su representante legal a su vez trabaja en Asvin, en la cual es socio y que esta fue una de las razones para arrendarle espacio a aquella en donde funciona esta “para ahorrar”, lo que obviamente le permitía un control directo sobre la entidad beneficiaria y conocer su situación precaria, hasta el punto que ni siquiera tenía sede propia y sin embargo no tuvo óbice en favorecerla con semejante donación. Todo lo cual sin lugar a dudas, compromete sui responsabilidad en los hechos criminosos aquí investigados e impide atender los clamores de inocencia de su mandatario”.

Sin embargo, en la sentencia que absolvió al señor Sotomonte Amaya por el delito de peculado por apropiación se determinó que de las pruebas practicadas se infería fácilmente que no era posible atribuirle de manera directa al entonces procesado la administración o custodia de los bienes otorgados por el erario distrital, ya que tal condición la detentaban el representante legal de la referida fundación y sus directivas e igualmente, que no se demostró que el dinero de las subvenciones otorgado por el distrito a la Fundación Cívica por el Desarrollo de la Sociedad haya sido apropiado o dispuesto en provecho del inculpado o un tercero.

Puntualmente, se indicó lo siguiente:

“Bajo tales circunstancias el material probatorio, como lo advierte la Fiscalía, no suministra la certeza requerida sobre la comisión del hecho ilícito aquí imputado a Fernando Sotomonte Amaya, toda vez que retomando los planteamientos de la H. Corte Suprema de Justicia, no existiendo medio probatorio que permita afirmar que los dineros del distrito, concedidos como subvenciones a las Fundación Cívica por el Desarrollo de la Sociedad, haya sido objeto de apropiación o disposición en provecho del inculpado o de un tercero, para interés político o económico directo.

Siendo ello así no se puede concluir con el grado de convicción que exige al decisión que nos ocupa, imputar responsabilidad penal a este procesado, imperando el favorecimiento que por mandato constitucional le asiste en razón a la duda y ante la prevalencia de la presunción de inocencia. Nuevamente hay lugar a emitir absolución”.

Así las cosas, la absolución del demandante fue con fundamento en que no existió certeza sobre la comisión del delito de peculado por apropiación, por lo que el título de imputación aplicable al caso debe ser el objetivo de daño especial, pues según las consideraciones en las que se fundamentó la providencia que lo absolvió del delito mencionado, la absolución se produjo porque no se probó que el dinero proveniente del erario distrital y que fue otorgado a la Fundación por el Desarrollo de la Sociedad como subvención, haya sido objeto de apropiación o disposición por el demandante, en provecho suyo o de un tercero, para interés político o económico directo, es decir, se aplicó la presunción de inocencia ante la duda respecto a la existencia del delito y la responsabilidad del procesado en su comisión, lo que torna en injusta la privación de su libertad padecida por Fernando Sotomonte Amaya.

5. El error jurisdiccional como evento de responsabilidad patrimonial del Estado:

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia —Ley 270 de 1996—, se le otorgó status normativo a este tipo de responsabilidad en su artículo 65, que reza:

“ART. 65.—De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Pues bien, comoquiera que en el artículo en mención se contemplan tres eventos posibles de responsabilidad por daños causados por agentes judiciales, y el que interesa a este estudio es el error jurisdiccional, el artículo 66 al respecto dispone:

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Pues bien, en lo que concierne a los presupuestos para su procedencia, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, prevé:

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

La norma transcrita informa dos supuestos que deben ser observados por quien reclame perjuicios por esta causa, en la medida en que la decisión cuestionada debe estar ejecutoriada, y que frente a la misma se hayan interpuestos los recursos de ley, entendiéndose estos como los ordinarios(32).

En sentencia de abril 27 de 2006, proferida dentro del radicado 14837, con ponencia del Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se precisaron las condiciones para estructurar el error jurisdiccional para materializar la responsabilidad patrimonial del Estado, con las siguientes consideraciones:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996;

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares;

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos, y

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española:

“el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador”.

Según la sentencia citada, el error jurisdiccional de orden fáctico supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque no consideró un hecho debidamente probado, se consideró como fundamental un hecho que no lo era o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, esto último, a causa de que no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso.

Por otro lado, el error normativo o de derecho, conforme al precedente citado, supone equivocaciones en la aplicación del derecho, en el caso que se aplique al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

6. Del caso concreto frente a Guillermo Morales Jiménez.

En los argumentos que sustentaron la demanda se hace referencia a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo por privación injusta de la libertad, el cual no aplica frente a este demandante, por cuanto nunca fue aprehendido, puesto que “a raíz de las falsas imputaciones de las que fue víctima el señor Guillermo Morales Jiménez, se vio obligado a ocultarse de la “justicia” pues no consideró justo dentro de los parámetros de su conciencia entregarse a semejante jauría y se trasladó a un apartamento de un amigo, donde permaneció por espacio de 3 meses, víctima del pánico que produce dicha situación” y posteriormente, le fue concedida la libertad provisional.

Por lo anterior, el estudio del asunto frente a Morales Jiménez, deberá abordarse bajo el régimen subjetivo derivado de una falla del servicio por error jurisdiccional.

Pues bien, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial de esta corporación y según lo expuesto en la demanda, en la que frente a Guillermo Morales Jiménez se cuestiona la resolución en la que el ente acusador lo señaló falsamente del delito de peculado por apropiación, es decir, se cuestionó una providencia judicial en firme, como lo es la resolución de acusación contra Guillermo Morales Jiménez.

Lo anterior, en razón a que a juicio del demandante, el fundamento jurídico de la decisión cuestionada fue errado, en tanto se incurrió en un error fáctico, pues en la valoración probatoria no se tuvo como cierto un hecho debidamente acreditado, que consistió en la existencia de un contrato de encargo fiduciario de administración con el Banco Ganadero, lo que demostraba que el manejo del dinero de las subvenciones no lo tenía Guillermo Morales Jiménez, sino la entidad financiera referida, que era la que previa verificación de los requisitos, distribuía los aportes educativos a los beneficiarios.

En lo que tiene que ver con esta afirmación por parte del recurrente, la Sala debe precisar que en el expediente se observa la resolución que le impuso medida de aseguramiento, en la cual se indicó lo siguiente(33):

“Guillermo Morales Jiménez, en su condición de concejal suplente de Rafael Forero Fetecua, distribuyó los cuarenta y dos millones que para auxilios le asignó la administración central, asignando veintidós al “Fondo de Becas Guillermo Morales Jiménez” y el saldo al Fondo de Becas Rafael Forero”. Con el primer monto efectuó un contrato de encargo fiduciario de administración con el Banco Ganadero que exigió “para pagarse con un porcentaje el manejo y costo administrativo del fondo” la emisión de un CDT, por todo el valor a noventa días, vencidos lo cuales renovó el título por diecisiete millones y el saldo lo dejó disponible para los fines propuestos.

De estos hechos, inconcusos en la instructiva a través de prueba documental allegada (contrato de fideicomiso y certificación de su manejo) y de la indagatoria del implicado, se extracta con absoluta claridad que este no se limitó a sugerir las partidas, sino que ejerció un verdadero poder de disposición sobre los dineros, lo cual confirma nuestra apreciación de que las “meras sugerencias” como las tildan algunos son reales actos de disposición de los bienes oficiales que implican el desplazamiento del dominio del Estado, o sin (sic) no porque el contrato los suscribe “en su propio nombre” (fl. 28 Cdo. 0 15-0039) y lo deja clarificado cuando afirma “decidió dejar disponible para empezar a distribuir entre las personas que yo consideraba que requerían ayuda aproximadamente once millones de pesos (…) y los 17 millones que quedaban se volvieron a invertir en un CDT, repito, para evitar la devaluación de estos dineros al tiempo de la entrega” es decir, tenía el pleno dominio sobre el dinero, lo distribuía y daba uso a su antojo y ese no es, mucho menos el fin de las ayudas que se entendían debían ser transferidas a las entidades beneficiarias para que estas les dieran el uso correspondiente, pero lo más grave es que les dio un uso indebido porque en vez de invertir de inmediato en los gastos de educación de estudiantes necesitados que pululan decidió guardarlos en ahorros incuestionablemente a favor de la entidad bancaria y no se diga que en esa época era imposible reunir los requisitos exigidos, ya que es precisamente en enero cuando la mayoría de los centros docentes abren sus matrículas y las clases se inician a principios de febrero, por modo que era la oportunidad precisa para adjudicarles una beca que los favoreciera por todo el año escolar o subvencionarles los demás gastos estudiantiles (libros, uniformes, etc.) y lo de campaña electoral que se avecinaba, sí que menos tiene validez, pues se sabía que, ni en la etapa preelectoral ni después, las ayudas podían ser utilizadas con fines proselitistas que sería el único peligro que podrían correr, pero ello no dependía sino de la honestidad del propio edil, cuyos temores no tienen explicación distinta a que ese fuese el propósito. No existe justificación para que se hubiese dado destinación distinta a los dineros en favor del banco, afán de favorecimiento que se evidencia desde cuando se configuró el contrato de fiducia, toda vez que existen otras entidades oficiales que no “cobran” por la administración de los auxilios, según se sabe procesalmente y debía saberlo el encartado en su calidad de economista de profesión”.

Seguidamente en la calificación del mérito del sumario en la que se precluyó la investigación a su favor, se indicó(34):

“La conducta desplegada por Guillermo Morales Jiménez estuvo ceñida a la ley en cuanto a la constitución del encargo fiduciario y el correspondiente Fondo Educativo, con sus respectivos rendimientos, de ello da prueba fehaciente el proceso, imponiéndose entonces desligar de la investigación a quien fuera vinculado jurídicamente y en aras a una cumplida justicia, pues su proceder es completamente atípico, según lo ordenado por los artículos 36, 439 y 443 del Código de Procedimiento Penal, por lo que ejecutoriada esta determinación se ordenará el archivo de las diligencias”.

En la providencia que revocó esta decisión y profirió resolución de acusación contra Guillermo Morales Jiménez, se expuso lo siguiente(35):

“Y respecto a Guillermo Morales Jiménez (…) a través de prueba documental allegada (contrato de fideicomiso y certificación de su manejo) y de la indagatoria del implicado, se extracta con absoluta claridad que este no se limitó a sugerir las partidas sino que ejerció un verdadero poder de disposición sobre los dineros, lo cual confirma nuestra apreciación de que las “meras sugerencias” como las tildan algunos, son reales actos de disposición sobre los bienes oficiales que implican el desplazamiento del dominio del Estado o si no porque el contrato los suscribe “en su propio nombre” (…) se infiere irrefragable que los dineros del fondo se emplearon para conseguir votos y ayuda proselitista (…). Así las cosas es irrefutable que el Estado fue despojado” del poder de disposición de su haber que pasó a los particulares, con lo cual se consumó el delito, pero además en el segundo evento se obtuvo un real provecho con lo que se agotó y en ambos casos cabe responsabilidad a Guillermo Morales Jiménez, por cuanto esos resultados dañinos se causaron por una acción desvaliosa suya, consciente y voluntaria, en consecuencia es injurídica la preclusión de la instrucción que lo cobijó, la cual, por ende, debe revocarse, para dar paso a resolución de acusación en su contra”.

Finalmente, de la decisión que lo absolvió del cargo imputado, se extrae lo siguiente(36):

“Es de anotar que dentro de la resolución de acusación, el fiscal de segunda instancia manifestó que de las pruebas recaudadas y la indagatoria, el procesado no se limitó a sugerir las partidas sino que ejerció un verdadero poder de disposición de los dineros, lo cual no corresponde a la verdad jurídica demostrada en el plenario, pues al realizar un encargo fiduciario, es el banco el que tiene la injerencia sobre el aporte, de acuerdo al objeto por el cual fue constituido, aunado a esto el hecho que el procesado no alcanzó a utilizar los mencionados aportes, siendo estos devueltos, con los rendimiento producidos.

Ahora bien, si se hizo un fraccionamiento de la suma, al constituir el segundo CDT en enero de 1992, este quedó en el banco y nunca salió del allí, continuando este con la disposición sobre el mismo. Obsérvese que con esta acción no se genera detrimento alguno del patrimonio procedente del Estado en la medida en que por disposición del contrato tantas veces mencionado, la única destinación posible la constituía la consagrada en su objeto contractual.

Por ello, se considera como ha venido desarrollándose en el cuerpo de esta decisión, que las meras sugerencias no se pueden tomar como actos de disposición de los bienes oficiales, en la medida en que esta no implica un desplazamiento del dominio del Estado.

Sobre el supuesto uso indebido que se le dio al aporte, apreciación esta que el despacho no comparte en la medida en que no existe un respaldo probatorio que la siente y toda vez que es ostensiblemente contraria a la realidad. Pues si el fondo no invirtió de inmediato en los gastos de educación, fue porque en virtud de lo estipulado dentro del contrato de encargo fiduciario debía primero esperar, constituyendo un CDT, el cual produjo rentabilidad, la cual iba a ser utilizada dentro del mismo objeto del contrato y no contrariamente, aunado a que al momento de entregar el aporte, este se hizo con el rendimiento, pues este no alcanzó a ser invertido.

Las condiciones de la fiducia no contradicen al finalidad perseguida por el Estado al distribuir los fondos públicos, por el contrario, los mecanismos de garantía que establece la entidad bancaria se constituyen en una forma de que los dineros adquieran rentabilidad, no para que se resquebrajen y aunque se afirma que la rentabilidad tenía como finalidad la de cubrir los costos que el contrato pudiese generar, no es esto cierto según lo establecido en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de fiducia.

Por lo tanto, el no invertir de manera inmediata los dineros del aporte, no implica que el procesado esté inmerso dentro del punible atribuido, pues en primer lugar, no se ejecutó la conducta, o sea apropiarse para sí o para otros los dineros del fisco y en segundo lugar, porque a través del contrato de fiducia se libera de la responsabilidad del manejo del aporte, puesto que quien tenía la obligación de invertirlo en gastos de educación era el Banco Ganadero, según el encargo fiduciario.

Y aunque manifestara el procesado que él iba a sugerir a las personas las cuales debían ser acreedoras del beneficio, esto con el lleno de las exigencias establecidas por el Banco, no se puede deprecar que haya cometido algún delito, pues esta conducta no se consumó, ni obra prueba alguna que indicara que le asistía el propósito de utilizar dicha selección con fines tendientes a obtener un provecho.

Por lo tanto, es posible concluir, sin temor a equívocos que no se comprobó que el procesado haya dado a los dineros del erario público una destinación diferente a lo estipulado dentro del plan de inversión presentado, máxime cuando no se alcanzó a ejecutar y los mecanismos adoptados para efectos de administrar el dinero, lejos de reflejar una intención contraria a derecho, ponen de presente la imposibilidad de que Morales Jiménez obtuviese un beneficio personal.

En este orden de ideas, encuentra este despacho que no milita la prueba exigida en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, para afectare con una condena a este procesado”.

Verificada las resoluciones que vincularon al demandante al proceso penal referido y las circunstancias obrantes en esos momentos, no advierte la Sala que ella sea constitutiva de error jurisdiccional por defecto fáctico según lo pretende la parte recurrente, pues los hechos denunciados daban cuenta de la comisión del punible de peculado por apropiación, del que se señalaba como posibles autores al entonces alcalde de Bogotá, dos ex secretarios de hacienda del distrito, el personero de la ciudad y a varios concejales de la misma, ante la transferencia de dineros del erario público a entidades de derecho privado y la supuesta indebida utilización de los aportes por parte de los beneficiarios, quienes al parecer tenían nexos con los prenombrados.

Puntualmente, frente a Guillermo Morales Jiménez, se indicó en un principio que no se limitó a sugerir las partidas, sino que ejerció un verdadero dominio sobre los dineros, es decir, dispuso de los bienes oficiales del Estado, suscribiendo los contratos en su propio nombre, distribuyendo sumas entre las personas que él consideraba que requerían ayuda, yendo en contravía de la finalidad de los auxilios que se entendían debían ser transferidos a las entidades beneficiarias para que estas les dieran el uso correspondiente, así como tampoco invirtió el dinero inmediatamente en los gastos de educación de estudiantes necesitados, pues decidió guardarlos a favor de la entidad bancaria con la que suscribió, a su nombre, un contrato de encargo fiduciario, de tal suerte que no constituyó un yerro vincular al demandante a la investigación penal referida, en tanto, en ejercicio de su autonomía judicial el Fiscal del caso consideró que tales medios de prueba le permitían, según la prescripción del artículo 352 del C. de P. P., de la época Decreto-Ley 2700 de 1991, abrir investigación penal y posteriormente calificar el mérito del sumario con resolución de acusación, por lo que la Sala no encuentra cuestionable esa determinación.

En el sub-lite, es claro que los antecedentes y circunstancias como exigencias de la norma en comento para abrir investigación penal y proferir resolución de acusación se cumplieron según viene expuesto, pues existía una sindicación directa contra Guillermo Morales Jiménez y era necesario adelantar la investigación con miras a determinar quiénes al interior del Consejo de Bogotá estaban participando de la comisión del ilícito investigado.

Si bien al momento de proferirse el fallo de primera instancia se determinó que con fundamento en el acervo probatorio que obraba en el expediente, era posible constatar la existencia de un contrato de encargo fiduciario de administración con el Banco Ganadero, y que por tal motivo el manejo del dinero del erario público no estaba a cargo de Guillermo Morales Jiménez, sino de la entidad financiera y por ende la conducta desplegada por el procesado, que según su propio dicho consistió en sugerir entidades para que recibieran el aporte, suscribir contratos en su propio nombre, distribuir parte del dinero entre las personas que él consideraba que requerían ayuda y no invertir inmediatamente los fondos en los gastos de educación de estudiantes necesitados, decidió guardarlos en el Banco Ganadero, no se subsumía en el tipo penal de peculado por apropiación, ello no implica que no existieran elementos probatorios que lo vincularan con el delito referido y por el cual fue investigado por el ente acusador.

Lo anterior se fundamenta en que la Fiscalía General de la Nación, según lo normado en el artículo 250 de la Constitución Nacional, está “obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”, de lo que se colige que a todos los ciudadanos por igual el ordenamiento jurídico les impone la carga de soportar una investigación penal, siempre y cuando, como se señaló, medien motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del delito y la responsabilidad del sindicado, siendo que, en este asunto, al demandante no se le vulneraron sus derechos y garantías con el proceso penal, por cuanto existían serios motivos que ameritaban su vinculación a este, le fue concedida la libertad provisional y finalmente, fue absuelto en fallo de primera instancia al concluirse que el delito que le fue endilgado no existió.

Entonces, es claro que el daño padecido por el demandante, consistente en soportar una investigación penal en su contra por el delito de peculado por apropiación no reviste el carácter de antijurídico, por cuanto sí estaba en la obligación legal de soportarlo, según los argumentos expuestos en precedencia.

De otra parte, observa la Sala que según el artículo 95.7 de la Constitución Política es un deber de la persona y del ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, y en este caso se observa que la conducta desplegada por el señor Morales Jiménez fue diametralmente opuesta a ese deber constitucional, puesto que lo que se espera de cualquier persona, es que cumpla con este deber, máxime si se trata de un abogado de profesión y miembro del concejo municipal, lo que implicaba para él o por lo menos era lo esperado, que compareciera ante la autoridad que la requería a fin de esclarecer los hechos materia de investigación y no obrar precisamente como lo hizo el demandante.

Para la Sala no es excusa la consideración subjetiva que la investigación penal constituía una injusticia, puesto que ha quedado demostrado que en la misma se brindaron las garantías procesales propias de un sistema democrático de derecho y en todo caso, no cabe duda para la Sala que los perjuicios que dice haber padecido el demandante, tales como el abandono de su cargo de concejal y sus actividades profesionales cotidianas y la depresión y psicosis que padeció por ocultarse varios meses en casa de un amigo para no presentarse ante las autoridades, se generó como consecuencia de su contumacia a cumplir con un deber ciudadano de raigambre constitucional, razón por la cual no es dable que quiera aprovecharse de tal conducta, puesto que tales circunstancias no le son imputables a la demandada sino a la parte demandante.

Ha de concluirse entonces sin lugar a hesitación la inexistencia del error jurisdiccional de orden fáctico alegado por la parte recurrente, por lo que se modificara la sentencia venida en apelación., en el sentido de revocar la declaratoria de responsabilidad de la demandada por la investigación penal adelantada contra Guillermo Morales Jiménez y la indemnización de perjuicios concedida este y su grupo familiar.

Además, la sentencia que unificó los criterios de indemnización en los eventos de privación injusta de la libertad, determinando que esta procedía en los eventos de una privación efectiva de la libertad(37).

7. Indemnización de perjuicios.

La demanda solicitó el reconocimiento de 1.000 SMLMV para el señor Sotomonte Amaya y 200 SMLMV para su cónyuge, cada uno de sus dos hijos y cada uno de sus cinco hermanos, por concepto de perjuicios morales.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(38). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa; estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

S2003-1
S2003-1
 

Como quiera que Fernando Sotomonte Amaya fue privado de la libertad durante un periodo desde el 5 de febrero hasta el 30 de marzo de 1993, es decir, 1,86 meses, y está acreditado que es cónyuge de Carmen Cecilia Vargas Sierra, padre de Ángela María y Carlos Enrique Sotomonte Vargas y hermano de Elisa, Gilma, Alberto, Fernando, Carmen Alicia y Carlos de Jesús Sotomonte Amaya, por lo que demostrada la relación de parentesco y la aflicción que experimentaron los demandantes, se reconocerán los perjuicios morales a favor de todos ellos, los que se tasarán conforme a las pautas de la sentencia de unificación trascrita en apartes precedentes y teniendo en cuenta que el tiempo de privación, procediendo a decretar la suma de 35 SMLMV a favor de la víctima directa, su cónyuge y cada uno de sus dos hijos y 17,5 SMLMV para cada uno de sus cinco hermanos.

En cuanto al daño emergente, en la sentencia de primera instancia se reconoció a Fernando Sotomonte Amaya la suma de $ 23’563.661.oo por el pago de honorarios profesionales a su abogado Pedro Hernando Puentes Ramírez, quien asumió su defensa en el proceso penal, valor que no fue objeto de apelación por ninguna de las partes, por lo que se procederá a actualizar dicha condena, según la siguiente fórmula:

S2003-2
 

En el escrito de apelación se solicitó la condena por lucro cesante, sin indicar algún otro dato que permita establecer dicho perjuicio; teniendo en cuenta que en la demanda se requirió el pago de la totalidad de las rentas de trabajo que dejó de percibir del ejercicio de su profesión (abogado), durante el tiempo que estuvo privado de la libertad y está demostrado que el demandante se desempeñó como suplente en el Concejo de Bogotá al acaecer los hechos materia de investigación por parte de la Fiscalía, pero no se probó que se encontrara ejerciendo dicho cargo al ser privado de la libertad, tampoco que fuera separado de este o el salario que devengaba y dejó de percibir, la liquidación de este rubro se hará con base en el salario mínimo.

Entonces, el salario mínimo mensual para el año 1993 era de ciento setenta ochenta y un mil quinientos diez pesos ($ 81.510), valor que al ser actualizado a valor presente equivale a quinientos sesenta y un mil setecientos treinta y tres pesos ($ 561.733). Como dicho valor es inferior al valor actual del salario mínimo ($ 689.454), entonces se tendrá en cuenta el salario mínimo actual para calcular el lucro cesante correspondiente al tiempo de privación de la libertad en el año 1993, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad en dicha norma contenidos:

S2003-3
 

Se reconocerá el tiempo adicional establecido por vía jurisprudencial, que tarda una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo, por cuanto, como presunción que es, admite prueba en contrario y en este asunto no se enervó tal presunción, por lo que se aplicará en este caso, esto es:

S2003-4
 

De otra parte, se estableció que el demandante prestó caución ante la Unidad de Fiscalías de Investigaciones Especiales el 26 de marzo de 1993 mediante el título judicial J82337309, por un valor de $ 41’400.000.oo, el cual fue devuelto al actor con ocasión de la absolución, luego que el 4 de octubre de 2001 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá le ordenó tal diligencia al Jefe de la Oficina de Depósitos Judiciales del Banco Agrario, accediendo al reconocimiento de dicha suma más los intereses legales causados desde el 26 de marzo de 1993, que arrojó un total de $ 125’537.151.oo, rubro que tampoco fue objeto de apelación por ninguna de las partes y entonces, se actualizará dicha condena, según la siguiente fórmula:

S2003-5
 

Reemplazando:

S2003-6
 

Con fundamento en lo anterior, se reconocerá como perjuicios materiales a Fernando Sotomonte Amaya la suma de $ 214’958.801.

En lo tocante al daño a la vida de relación solicitado, si bien el demandante requirió el pago de 100 SMLMV, alegando la ruptura de sus relaciones familiares por estar apartados de sus seres queridos así como ver truncadas sus aspiraciones laborales, en la sentencia de primera instancia este le fue negado al “no haberse demostrado con suficiencia la afectación alegada”; decisión que será confirmada en esta instancia por cuanto no se aportó elemento alguno por parte del actor que permita concretar la afectación invocada, pues si bien se aportaron varios testimonios(39) que refirieron que el demandante sufrió cambios en su entorno familiar, laboral y social, el daño a la vida de relación de una persona es una lesión de naturaleza diferente a la del daño emergente, a la del lucro cesante y a la de los perjuicios morales, ya que afecta esfera de la víctima distinta de las que lesionan los otros y en este asunto, se solicitan dichos perjuicios con fundamento en aspectos que constituyen perjuicios morales y materiales, los cuales ya fueron reconocidos.

8. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub Sección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; en su lugar,

2. CONDÉNASE a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación, a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Fernando Sotomonte AmayaVíctima directa35 SMLMV
Carmen Cecilia Vargas SierraEsposa35 SMLMV
Ángela María Sotomonte VargasHija35 SMLMV
Carlos Enrique Sotomonte VargasHijo17, 5 SMLMV
Elisa Sotomonte AmayaHermana17, 5 SMLMV
Gilma Sotomonte AmayaHermana17, 5 SMLMV
Alberto Sotomonte AmayaHermano17, 5 SMLMV
Fernando Sotomonte AmayaHermano17, 5 SMLMV
Carmen Alicia Sotomonte AmayaHermana17, 5 SMLMV
Carlos de Jesús Sotomonte AmayaHermano17, 5 SMLMV

Por perjuicios materiales para Fernando Sotomonte Amaya, la suma de doscientos catorce millones novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos un mil pesos ($ 214’958.801).

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 2008-0009(IJ), MP. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Folios 22-253, cuaderno 2.

20 Folio 257, cuaderno 2.

21 Folio 13, cuaderno 1.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

23 Consejo de Estado, sección tercera; sentencia de octubre 31 de 2007; rad. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

24 Consejo de Estado, sección tercera; sentencia de septiembre 10 de 1998; rad. 12009, C.P. Daniel Suárez Hernández.

25 Ibídem.

26 Sentencia de enero 30 de 2013, Radicación 26604, Actor Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, Demandados Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P Olga Mélida Valle de De La Hoz.

27 Reposan en folios: 8, 12, 13, 14, 16 a 30, 39 a 126, 128, 129, 131 a 144 del cuaderno de pruebas.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Exp. 20171.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Exp. 36912.

30 Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23354, MP. Mauricio Fajardo Gómez.

31 “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

32 Auto de 14 de agosto de 1997 (exp. 13.258).

33 Folios 525-584, cuaderno 3.

34 Folios 90-116, cuaderno 3.

35 Folios 585-673, cuaderno 3.

36 Folios 289-524, cuaderno 3.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

38 Ibídem.

39 Declaración de Carlos Arturo Toro Pérez (folios 295-298, cuaderno 2); Luis Guillermo Vélez Trujillo (folios 301-303, cuaderno 2); Alberto León Cárdenas Páez (folios 304-306, cuaderno 2) y Jorge Hernández Vásquez (folios 306 -308, cuaderno 2).