Sentencia 2003-01587 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN “A”

Exp.: 50002316000200301587-01 (R-30717)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Julio Daniel Orozco Figueredo

Demandado: Nación - Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

Pretende la parte actora, en el recurso de apelación, que la Nación Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá sea declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de la falla en el servicio de registro de instrumentos públicos ocurrida en la forma como lo narró en la demanda.

Oportunidad para el ejercicio de la acción

La Sala evaluará, como primera medida, si la demanda fue presentada dentro del término que la ley prevé para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

De conformidad con el artículo 136, numeral 8º, del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe ser ejercida dentro del término de 2 años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que dio origen a la litis (o de la oportunidad en que se tuvo o se debió tener conocimiento del hecho, según reiterada jurisprudencia de esta corporación).

El artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señaló lo siguiente en relación con la oportunidad para el ejercicio de la acción de reparación directa:

“ART. 136.—Caducidad de las acciones.

“…

“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se observa, por una parte, que la demanda fue presentada el 30 de julio de 2003 y, por otra, que el hecho dañoso presuntamente imputable a la administración se debió conocer el 28 de febrero de 2000, circunstancia que, en principio, conduce a afirmar que el término concedido por la norma transcrita en precedencia para intentar válidamente la acción de reparación directa (2 años) fue superado y, como consecuencia de ello, la acción se encuentra caducada.

En efecto, dentro de los hechos de la demanda se informó que el señor Julio Daniel Orozco Figueredo se enteró del yerro cometido en la actividad registral cuando, con el fin de vender el bien inmueble con folio de matrícula 50S-571672, solicitó un certificado de tradición y libertad en el que apareció una anotación de 28 de febrero de 2000, según la cual el señor José William Monsalve Calle (dueño anterior), constituía una garantía hipotecaria a favor de Gladys Albarrán de Mendoza y Julio César Albarrán Medellín, circunstancia que, de haberse conocido oportunamente, hubiese determinado que el demandante no hubiese comprado el lote de terreno.

Afirma la apoderada de la demandante en el libelo inicial (se trascribe como aparece en el texto original) (fl. 6 c. 1):

“Mi cliente compra el inmueble en julio de 1999 y el registro de la hipoteca en mención tiene fecha de febrero 28 del 2000. ¿Cómo es que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Sur, se presta para efectuar este registro a sabiendas que va a perjudicar al propietario Julio Daniel Orozco Figueredo y se lava las manos diciendo: ‘Salvedades, orden cronológico alterado con fundamento en la Resolución 2473 del 20 de diciembre de 1999?’”.

En relación con el error de registro que suscitó la litis, la apoderada de la Nación - Superintendencia de Notariado y Registro consignó lo siguiente en la contestación de la demanda (fl. 44 c. 1):

“El gravamen hipotecario constituido por José William Monsalve Calle a favor de los acreedores hipotecarios Julio César Albarrán Medellín y Gladys Albarrán de Mendoza se registró en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 050S-40014537 y por un error involuntario no se anotó en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50S-571672.

“Cuando dichos acreedores hipotecarios advirtieron la ausencia del registro de la hipoteca en el último de los folios citados procedieron a elevar, como correspondía, la solicitud respectiva al registrador por lo cual la oficina dispuso sin dilación alguna que se adelantara la respectiva actuación administrativa con la finalidad de atender tal petición y, en consecuencia, establecer la real situación jurídica del folio Nº 050-571672 tramitación aquella que se adelantó conforme se advierte en el texto de los folios que comprende el Expediente 152 de 1999 de dicha oficina”.

Dentro de las pruebas que fueron aportadas al expediente se allegó la fotocopia de la actuación administrativa adelantada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, conforme a la cual se corrigió el yerro reconocido por la misma entidad demandada. Dentro de los documentos que hicieron parte de la actuación administrativa se destacan los siguientes:

1. Petición de 30 de agosto de 1999, suscrita por Gladys Albarrán de Mendoza y Julio César Albarrán Medellín, dirigida al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona sur—, donde se solicitó (fl. 51 c. 1):

“1. Rogamos se ordene la inscripción de la hipoteca contenida en la Escritura Pública Nº 4238 del 14 de Noviembre (sic) de 1997, otorgada en la Notaría Cuarenta y Ocho del Círculo de Santa Fe de Bogotá D. C., en el folio de Matrícula (sic) Inmobiliaria (sic) Nº 50S-571672 (inmueble de la Carrera (sic) 16 Nº 23-26/28) (sic).

“Para tal efecto, solicitamos se restituya el número de turno o radicación 97-102681 que fue otorgado el 19 de Noviembre (sic) de 1.997 a las (sic) 12:59:25 p. m., al radicar la Escritura Pública Nº 4.238 de la Notaría 48 del Círculo de santa (sic) Fe de Bogotá D.C., según recibo de caja Nº 494532225 expedido en la misma fecha”.

2. Auto de 20 de septiembre de 1999, por el cual se inicia la actuación administrativa tendiente a establecer la real situación del folio de matrícula 050-571672. En esa oportunidad se ordenó citar como terceros determinados a José William Monsalve Calle y Julio Daniel Orozco Figueredo, entre otros, para que se hicieran parte de la actuación administrativa (fl. 72 c. 1).

Debe decirse que aparecen, junto al auto anterior, las constancias respectivas de haberse intentado la ubicación del señor Julio Daniel Orozco Figueredo para lograr su comparecencia como tercero determinado con interés en la actuación iniciada, así como constancia de la notificación por edicto en un diario de amplia circulación nacional (fls. 76 y 80 c. 1).

3. Resolución 2473 de 20 de diciembre de 1999, expedida por el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá D. C. —zona sur—, por la cual se decidió la actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 050-571672 Expediente 152/99. En esa oportunidad se ordenó incluir en el mencionado folio la anotación relativa a la constitución de una hipoteca a favor de Julio César Albarrán Medellín y Gladys Albarrán Mendoza.

Se ordenó, igualmente, notificar la decisión, entre otros, al señor Julio Daniel Orozco Figueredo y se hizo alusión al recurso de reposición que procedía contra ese acto administrativo. Aparecen las constancias respectivas de haberse intentado la ubicación del señor Julio Daniel Orozco Figueredo, para lograr la notificación de la actuación culminada, así como constancia de la notificación por edicto en un diario de amplia circulación nacional (fls. 90 - 97 y 100 c. 1).

4. Certificado de tradición y libertad del 23 de diciembre de 2003, correspondiente al folio de matrícula 050-571672, donde aparecen reflejadas las correcciones relativas a la inscripción de la hipoteca y al orden cronológico, tal como se ordenó en la Resolución 2473 de 20 de diciembre de 1999, correcciones que se materializaron en dicho folio el 28 de febrero de 2000.

De lo anterior se tiene que el dueño del predio debió tener conocimiento de la corrección e inclusión del gravamen desde el mismo momento en que se incluyó en el folio de matrícula inmobiliaria tal información, pues la entidad cumplió con los mandatos legales para que la persona se diera por enterada tanto de la iniciación del trámite como de su culminación y el propósito fundamental del registro, precisamente, consiste en hacer pública la situación jurídica de un bien inmueble.

Siendo claro el escenario en el que se produjo el hecho dañoso (corrección del folio), debe decirse que el término para contabilizar la caducidad de la acción empezó a correr desde el mismo instante en que se tuvo certeza sobre la concreción del daño y éste no corresponde a la fecha en que se advierte en la demanda, es decir, cuando el demandante solicitó un certificado de tradición y libertad, porque pretendía vender el bien (22 de agosto de 2001). Admitir esto último sería dejar el término de caducidad en manos de las partes y ello no resulta posible como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido esta corporación y menos cuando el interesado ha tenido o debido tener conocimiento del hecho dañoso con su vinculación al trámite administrativo que precedió al registro de la hipoteca.

Extender el término de caducidad como lo pretende la apoderada no es lo correcto, pues ello no depende de las partes, ni del juez, sino de la posibilidad que exista para el demandante de estructurar un pedimento con fundamento en situaciones ciertas y verificables, no eventuales, a partir de la ocurrencia del hecho generador.

Entonces si la corrección del folio de matrícula inmobiliaria, a la que le resultó inherente la publicación del gravamen hipotecario que pesaba sobre el bien, ocurrió el 28 de febrero de 2000(1) y la demanda de reparación directa fue instaurada el 30 de julio de 2003, resulta evidente que la acción fue promovida excediendo el término que la ley ha señalado y, en virtud de ello, operó la caducidad de la acción, porque entre el día siguiente a la ocurrencia del hecho —que para efectos de la caducidad es la fecha de publicación del gravamen en el registro público— y la presentación de la demanda transcurrieron más de dos años.

Por las razones anteriores, se revocará la sentencia apelada, para declarar la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa.

Costas:

No habrá lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones relativas al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 26 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de descongestión.

2. DECLÁRASE la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

3. Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

4. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 110 cuaderno 1.