Sentencia 2003-01722/34039 de mayo 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2003-01722-01 (34.039)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., trece de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(1), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Ejercicio oportuno de la acción

Como se trata de un caso de privación injusta de la libertad, el término de caducidad comienza a contarse desde la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal a favor del señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha y que, por lo tanto, tornó injusta la medida restrictiva de la libertad que se le impuso.

Aunque no obra la constancia de ejecutoria de la providencia del 5 de octubre de 2001, mediante la cual la Fiscalía Delgada ante el Tribunal Superior de Cali decretó la preclusión de la investigación, advierte el Despacho que, en todo caso, como la demanda se interpuso el 15 de mayo de 2003, ello necesariamente ocurrió en tiempo.

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la imposición de una medida de detención preventiva al abogado Gonzalo Rodrigo Paz, que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, entre el 4 de noviembre de 1997 y el 5 de octubre de 2001, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(2), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

(...).

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(3), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..”(4) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(5).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(6).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(7). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(8).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(9). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(10).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(11): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(12).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(...) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(13).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a estos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que esta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (artículo 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad (...)”(14).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5º C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (artículo 2º C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem)(15).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1.968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta (...)”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1.972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(16).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(17).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P. —sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Responsabilidad del Estado por otras afectaciones al derecho a la libertad personal, en virtud de una medida cautelar proferida dentro de un proceso penal(18). 

Ha analizado la Sala en otras oportunidades que, cuando una persona objeto de una medida de aseguramiento no ha sido detenida “físicamente o intramuros”, también puede reclamar el resarcimiento de los perjuicios sufridos con ocasión de esa medida, pues la sola imposición de esta implica una limitación al derecho fundamental de la libertad, que resulta injustificada de llegar a establecerse, por ejemplo, que esa persona no cometió la conducta por la cual se le investigó, caso en el cual la decisión judicial que concluye esto último evidencia el daño sufrido por el sindicado; al respecto, ha dicho la Sala:

“Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio, y libertad de escoger profesión u oficio (artículos 24 y 26 de la C.P.), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real.

Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; este (sic) derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(19), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(20), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la ley 16 de 1972(21), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(22) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (artículo 14 de la Carta Política), libertad de escoger trabajo u oficio (artículo 26 C.P.) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(23).

(...).

Ahora bien, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que aun cuando el Legislador estableció en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien hubiere resultado exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no puede significar que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos tres eventos, no hubiere lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuandoquiera que una decisión judicial que hubiere limitado, restringido o afectado la libertad de un individuo hubiere sido, a su turno, la causante de un daño antijurídico.

(...).

De igual forma, cabe reiterar que si bien el Legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que considera reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de ‘detención injusta’ (título de imputación privilegiado), ello no impide que otro tipo de afectaciones de los derechos de libertad, como es el caso de sus manifestaciones de locomoción y domicilio, entre otras, sean susceptibles de reproche ante esta Jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la Administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 Superior(24).

(...).

Por manera que —reitera la sala—, (sic) las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque no se hubiere hecho efectiva, conllevan necesariamente una afectación a los derechos de libertad de circulación, libertad de escoger domicilio y libertad de escoger libremente profesión u oficio, amén de que constituyen un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se investigó al sindicado no era un hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer.

(...).

Y es que la garantía a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Política como en tratados internacionales de los cuales el Estado Colombiano hace parte, no puede verse reducida a la efectiva privación física de la libertad, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal quedarían excluidas de indemnización, en abierto desconocimiento del artículo 90 superior.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, dirigida a normativizar los casos de detención injusta, sirve también para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del juicio penal, en cuanto desencadenen la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, porque no hubiere cometido el hecho, o porque el hecho no era delito, o porque el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional(25)(26).

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación jurídica de la libertad de la cual fue objeto el abogado Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha.

El caso concreto

En providencia del 4 de noviembre de 1997(27), la Fiscalía Regional Delegada dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, como presunto autor de la comisión del delito de “enriquecimiento ilícito de particulares” y le negó el beneficio del libertad provisional.

Posteriormente, en providencia del 17 de octubre de 2000(28), el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados negó la petición de preclusión de la investigación a favor del señor Paz Mahecha y negó la de revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra.

Finalmente, en providencia del 5 de octubre de 2001(29), el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Cali le revocó la medida de aseguramiento y le precluyó la investigación que se le adelantaba por el delito de enriquecimiento ilícito, en los siguientes términos:

“A Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha se le vincula y profiere medida de aseguramiento como autor del injusto de enriquecimiento ilícito, cuyo verbo rector se centra en la obtención de un incremento patrimonial no justificado, con la circunstancia de que el incremento debe ser derivado de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

(...).

Analizada la prueba en conjunto, holisticamente (sic), en derecho, con atención, desprevención y cuidado, nos llevan (sic) a inferir que a pesar que el dinero representado en los cheques girados a Paz Mahecha provenía de accionar y actividades del narcotráfico de sus giradores, su recibo se avizora es por su trabajo, como pago de honorarios profesionales como producto de una actividad definida y regulada por normas de raigambre constitucional y legal como es la abogacía, del estudio de las piezas procesales no encuentra este despacho prueba que demuestre la relación causal entre el incremento patrimonial y las actividades derivadas del narcotráfico, el recibo de los cheques como lo presenta la evidencia no esta (sic) contaminado por la ilicitud del origen para edificar la probable responsabilidad que en otrora se indicara cuando no se habían aducido las pruebas.

Resultaría contra evidente plantear a criterio de esta Delegada el probable ingreso al patrimonio del dinero por causa distinta al atisbado, no hay elementos de juicio que permitan sostener que el citado profesional laboraba a sueldo, como un dependiente permanente, y formando parte de la organización criminal, se ha (sic) enseñado los múltiples negocios encomendados a Paz Mahecha pero su actuación solo como profesional del derecho alejado de la actividad criminal, por eso Palomari relata que lo conseguían en su oficina profesional, se ha destacado su independencia y no se puede sostener que lo pagado fuera por participación en la actividad criminal de las empresas descubiertas.

No hallando elementos de juicio que lleven a inferir la hipótesis planteada en la decisión recurrida, la que se dijo, la encontró esta Delegada fundamentada en apreciaciones personales, subjetivas y especulativas, alejadas de un verdadero fundamento para descartar la justificación presentada por la defensa y alegada en los diferentes escritos presentados por el doctor ..., ante lo anteriormente discurrido le da razón esta (sic) Delegada que en la alzada se pregone que se ha dado efectos contra reo a una sola prueba que no constituye indicio alguno y que solo es valorada en lo que pueda perjudicar; (sic) y que las pruebas que mostraban una realidad objetiva favorable al procesado, (sic) no se consideraron o no se hizo en forma razonada, que se predico (sic) la duda pero no se resolvió a favor del reo, se especulo (sic) con la posibilidad que (sic) los cheques correspondían a otros conceptos y no se sustento (sic) probatoriamente, que tampoco se estudio (sic) el tema de la relación de causalidad en el delito de enriquecimiento ilícito, y se pretendió exigir una correspondencia perfecta entre cada cheque y cada asesoría o intervención profesional lo que desconoce lo probado.

Al no encontrar los dos indicios graves de responsabilidad exigidos por la liturgia procesal, abatidos probatoriamente los argumentos con los que se edificó la decisión atacada y por consiguiente la que profiere medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación en contra del doctor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, esta Delegada las revocará y dispondrá en consecuencia cancelar las órdenes de captura impartidas en su contra, llamando a prosperar la última de las peticiones formuladas por el censor.

Se ha pedido a esta Delegada considerar la preclusión de investigación que negara la primera instancia en virtud de la duda o de estar demostrada la inexistencia del reato, en efecto debemos puntualizar que la investigación fue abierta mediante resolución del 30 de julio de 1997, es decir, que a la fecha han transcurrido 50 meses, 5 días, lo que no permitiría ante el vencimiento del término de instrucción practicar ninguna otra prueba.

(...).

El conjunto de pruebas ofrecen (sic) un conocimiento seguro que produce la convicción de que agotado el término de instrucción el Estado no pudo edificar la existencia de elementos integradores del tipo penal para enrostrarlos a Gonzalo Paz Mahecha, debe entenderse de una valoración en conjunto y que permite concluir que lo arrojado en la etapa investigativa tiene el principio de certeza sobre que los títulos recibidos en el patrimonio económico del vinculado se originaron como la contraprestación a servicios profesionales lo que legítima (sic) el comportamiento y nos deja un conocimiento seguro de posesión de que esta verdad no puede ser desnaturalizada con la argumentación de duda que no tiene soporte probatorio, y que al estar demostrada la falta de los elementos integradores de la conducta la atipicidad aflora en el presente caso.

Como quiera que el Estado en el presente caso no ha podido demostrar la culpabilidad y responsabilidad del procesado y al no poderse continuar con la instrucción perennemente y al existir elementos de juicio que orientan a advertir la ausencia de los elementos estructurales del injusto, por no existir la relación de causalidad entre el incremento patrimonial no justificado y las actividades delictivas, y aflorando que los cheques se reciben por el ejercicio de una actividad licita (sic) como es la profesión de abogado como se infiere del acopio probatorio, lleva a esta Delegada a que se acceda a la preclusión de instrucción...

En mérito de los anteriormente expuesto La unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Cali,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR los numerales (sic) 1º y 2º de la Resolución 37 de octubre 17 de 2000, objeto de alzada, y por ende REVOCAR la medida de aseguramiento impuesta a Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha en Resolución 271 de noviembre 4 de 1997, por la extinta Fiscalía Regional, en consecuencia se ordena la cancelación de las ordenes (sic) de captura impartidas.

SEGUNDO: PRECLUIR la investigación en favor de Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha por el delito de Enriquecimiento (sic) Ilícito, en razón y mérito de lo discurrido en la parte motiva del presente proveído”.

Se acreditó, pues, que al abogado Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, por haber sido sindicado del delito de “enriquecimiento ilícito de particulares”; sin embargo, 47 meses después, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali le precluyó la investigación, debido a que se evidenció que el delito por el cual se le investigó no existió.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme al artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal.

Entonces, la imposición de la respectiva medida de aseguramiento y las consiguientes restricciones de la libertad de locomoción y de fijación de residencia, de las cuales fue objeto el demandante, constituyen a todas luces un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el doctor Paz Mahecha siempre se mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado no le desvirtuó.

Es del caso tener en cuenta que, si bien el doctor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha no fue privado efectivamente de su libertad física, lo cierto es que esa medida tuvo como consecuencia la limitación de su derecho de libertad en el plano jurídico, toda vez que se le afectaron sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, de libertad de ejercer su profesión, del libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros, afectaciones que no estaba en la obligación de soportar, pues, como viene de explicarse, la justicia advirtió que la conducta punible que se le imputó y que originó la imposición de la detención no existió.

Resulta necesario, entonces, indemnizar a quien, durante 47 meses, tuvo que soportar injustificadamente la privación jurídica de su derecho a la libertad y la afectación física, real y efectiva de derechos tales como los mencionados en el párrafo que antecede.

Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia la que llevó a que el doctor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha estuviese privado de su libertad jurídica durante 47 meses, término al cabo del cual se le absolvió de responsabilidad penal, al considerarse que la conducta punible que se le imputaba no existió. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(30). Ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

Ahora, respecto de la decisión de evadir la orden de captura por parte del señor Paz Mahecha, debe precisarse que este, en su calidad de víctima de la afectación de su derecho a la libertad personal, no incurrió con ello en culpa que le hiciera atribuible total o parcialmente el daño sufrido, dado que esa renuencia a comparecer ante la autoridad competente no fue determinante al momento de su privación jurídica de la libertad. Lo anterior, en virtud de que aquel consideró ilegítima la existencia en sí misma del proceso penal y su renuencia a comparecer no puede ser entendida como la causante del daño, máxime cuando está acreditado que la investigación estaba fundamentada en la comisión de un punible que efectivamente nunca existió.

En ese orden de ideas, el comportamiento de la víctima no resulta relevante para configurar una concausa que atenúe la responsabilidad de la administración pública, pero sí para reducir la indemnización, pues es indudable que la falta de comparecencia al proceso penal redujo las condiciones de severidad de la medida de aseguramiento, ya que no es lo mismo tener que afrontarla en un establecimiento carcelario que permanecer por fuera de este, mientras se termina el proceso penal.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por la privación injusta de la libertad del señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, además de él, concurrieron al proceso Martha Lucía Nates Solarte (en calidad de esposa), María Isabel Paz Nates y Alejandro Paz Nates (en calidad de hijos), Gerardo Paz e Isabel Mahecha (en calidad de padres), Gerardo Herney Paz Mahecha, Dora Luz Paz Mahecha y Olga Lucía Paz Mahecha (en calidad de hermanos) y Gerardo Andrés Paz Silva, Gonzalo Rodrigo Paz Silva, Diego Fernando Montoya Paz, Mario Alfonso Montoya Paz, Gonzalo Marulanda Paz y Luis Fernando Marulanda Paz (en calidad de sobrinos).

Todos los demandantes acreditaron las calidades con que acudieron al proceso(31).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de imposición de medidas privativas de la libertad, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño y de sus familiares, por la privación injusta de su libertad(32).

En ese orden de ideas y acatando lo dispuesto en la sentencia de unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera de esta Corporación(33), se debería condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar, en principio, por concepto de perjuicios morales, al señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, a su esposa, a sus padres y a sus hijos 100 smlmv para cada uno y 50 smlmv para cada uno de los hermanos; sin embargo, como el mencionado abogado nunca estuvo recluido “intramuros”, debido a que no compareció al proceso penal que se le adelantaba, se les reconocerá el 50% de lo anteriormente mencionado, así:

Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha50 smlmv
Martha Lucía Nates Solarte (esposa)50 smlmv
María Isabel Paz Nates (hija)50 smlmv
Alejandro Paz Nates (hijo)50 smlmv
Gerardo Paz (padre)50 smlmv
Isabel Mahecha (madre)50 smlmv
Gerardo Herney Paz Mahecha (hermano)25 smlmv
Dora Luz Paz Mahecha (hermana)25 smlmv
Olga Lucía Paz Mahecha (hermana)25 smlmv

Respecto de los sobrinos de Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, esto es, Gerardo Andrés Paz Silva, Gonzalo Rodrigo Paz Silva, Diego Fernando Montoya Paz, Mario Alfonso Montoya Paz, Gonzalo Marulanda Paz y Luis Fernando Marulanda Paz, si bien se acreditó su parentesco(34), además del parentesco, no se acreditó la aflicción moral o el sufrimiento por la privación injusta de la libertad de aquel, razón por la cual se negará el reconocimiento de perjuicios morales para ellos(35).

Perjuicios materiales

Daño emergente

Por este concepto, se reclamó lo pagado al abogado que representó al doctor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha en el proceso penal, por concepto de reembolso de gastos, así:

1997 (de agosto a diciembre)$ 3’000.000
1998$ 5’500.000
1999$ 6’300.000
2000$ 5’800.000
2001 (de enero a octubre)$ 6’500.000

Para acreditar dicha solicitud, se allegaron con la demanda 5 recibos(36) que dan cuenta de que el mencionado apoderado sí recibió esos valores por concepto de reembolso para gastos de desplazamiento a Cali, con el fin de atender como abogado la defensa de aquel en el proceso penal que se le adelantaba por el delito de enriquecimiento ilícito. Por encontrarse acreditados dichos pagos, esas sumas pasan a actualizarse a la fecha de esta sentencia, con base en la fórmula:

F1S200301722
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar (se tendrá el pagado cada año).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de marzo de 2015).

Índice inicial: índice de precios al consumidor a diciembre de cada año, puesto que los recibos dan cuenta de los pagos anuales.

Aplicando la fórmula:

F2S200301722
 

Vp = $ 8’117.647,05

F3S200301722
 

Vp = $ 12’751.820,62

F4S200301722
 

Vp = $ 13’371.473.68

F5S200301722
 

Vp = $ 11’321.135,85

F6S200301722
 

Vp = $ 11’786.121,10

Del mismo modo, el actor principal solicitó los valores pagados al mismo abogado, por concepto de honorarios como apoderado en el proceso penal, a saber:

1997 (de agosto a diciembre)$ 30’000.000
1999$ 10’500.000

Dichos valores fueron soportados en dos certificaciones(37) firmadas por el abogado, que dan cuenta de que este sí recibió esos valores por concepto de honorarios profesionales, como defensor en el proceso penal que se le adelantaba al abogado Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha por el delito de enriquecimiento ilícito.

Aunque obra una certificación(38) del mismo abogado en la que aseguró haber recibido $ 6’500.000, también por concepto de honorarios, lo cierto es que este monto no se incluyó en las pretensiones de la demanda, razón por la cual no se tendrá en cuenta para liquidar este perjuicio(39).

Los mencionados valores a reconocer pasan a actualizarse a la fecha de esta sentencia, también con base en la fórmula:

F1S200301722
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar (se tendrá el pagado en cada año).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de marzo de 2015).

Índice inicial: índice de precios al consumidor a diciembre de cada año, puesto que los certificados dan cuenta de los pagos anuales.

Aplicando la fórmula:

F8S200301722
 

Vp = $ 81’176.470,58

F9S200301722
 

Vp = $ 22’285.789,47

Se reclamó, igualmente, lo pagado a otro abogado (quien también lo representó en el proceso penal, conforme consta en el reverso del folio 599 del cuaderno principal), por concepto de honorarios, así:

1997 (de agosto a diciembre)$ 35’000.000
1998$ 40’000.000
1999$ 45’000.000
2000$ 50’000.000
2001 (de enero a octubre)$ 55’000.000

Los pagos respectivos se encuentran soportados en 5 certificaciones(40) firmadas por ese otro abogado, que dan cuenta de que este sí recibió esos valores por concepto de honorarios profesionales, como defensor en el proceso penal que se le adelantaba al señor Paz Mahecha por el delito de enriquecimiento ilícito, valores que pasan a actualizarse a la fecha de esta sentencia, igualmente con la fórmula:

F1S200301722
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar (se tendrá el pagado en cada año).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de marzo de 2015).

Índice inicial: índice de precios al consumidor a diciembre de cada año, puesto que las certificaciones dan cuenta de los pagos anuales.

Aplicando la fórmula:

F11S200301722
 

Vp = $ 94’705.882,35

F12S200301722
 

Vp = $ 92’740.513,60

F13S200301722
 

Vp = $ 95’510.526,31

F14S200301722
 

Vp = $ 97’595.998,70

F15S200301722
 

Vp = $ 99.728.717,02

Así mismo, se solicitó lo pagado a un psicólogo, quien realizó tratamiento sicológico a los padres, los hijos y la esposa del señor Paz Mahecha, así:

1997 (de septiembre a diciembre)$ 1’200.000
1998$ 4’200.000
1999$ 4’800.000
2000$ 5’400.000
2001$ 6’000.000
2002$ 6’000.000

Estas solicitudes encuentran soporte en 6 certificaciones(41) firmadas por el sicólogo, que dan cuenta de que, efectivamente, este recibió esos valores por concepto de honorarios profesionales como sicólogo de los parientes cercanos del señor Paz Mahecha, a quienes atendió dos veces por mes, así como en el testimonio rendido por mismo profesional ante el Tribunal(42). Los mencionados montos pasan a actualizarse a la fecha de esta sentencia, también con la fórmula:

F1S200301722
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar (se tendrá el pagado en cada año).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de marzo de 2015).

Índice inicial: índice de precios al consumidor a diciembre de cada año, puesto que los certificados dan cuenta de los pagos anuales.

Aplicando la fórmula:

F17S200301722
 

Vp = $ 3’247.058,82

F18S200301722
 

Vp = $ 9’737.753,92

F19S200301722
 

Vp = 10’187.789,47

F20S200301722
 

Vp = $ 10’540.367,86

F21S200301722
 

Vp = $ 10’879.496,40

F22S200301722
 

Vp = $ 10’167.810,61

También se pidió lo pagado a una contadora pública, quien llevó a cabo la revisión contable, financiera y tributaria y el análisis del patrimonio del señor Paz Mahecha, con el fin de presentarlo ante la Fiscalía Regional de Cali en el proceso penal que se le adelantaba por el delito de enriquecimiento ilícito, así:

1997 (de agosto a diciembre)$ 6’000.000
1998$ 8’000.000
1999$ 9’000.000
2000$ 10’000.000

Dichos valores están soportados en 4 certificaciones(43) firmadas por la contadora pública, que dan cuenta de que esta sí recibió esos valores por concepto de honorarios profesionales, con ocasión de la revisión contable, financiera y tributaria y el análisis de patrimonio del señor Paz Mahecha, los cuales pasan a actualizarse a la fecha de esta sentencia, con la fórmula:

F1S2003-
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar (se tendrá el pagado en cada año).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de marzo de 2015).

Índice inicial: índice de precios al consumidor a diciembre de cada año, puesto que los certificados dan cuenta de los pagos anuales.

Aplicando la fórmula:

F24S200301722
 

Vp = $ 16’235.294,11

F25S200301722
 

Vp = $ 18’548.102,7

F26S200301722
 

Vp =19’102.105,26

F27S200301722
 

Vp = $ 19’519.199,74

Todo lo anterior arroja un total de $ 769’257.075,24, valor al que hay lugar a descontar el 50% debido a que, conforme se explicó en precedencia, el mencionado señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha no estuvo privado “intramuros” de la libertad, por lo que el valor total a reconocer por concepto de daño emergente es de $ 384’628.537,62.

Lucro cesante

Aunque obra un documento del 10 de junio de 1997(44) en el que el Rector de la Universidad Santiago de Cali manifestó al abogado Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha el interés de la institución en que aquel fuera el Director del Instituto de Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias a partir del 1º de septiembre de ese año, con una asignación salarial de $ 666.359, lo cierto es que no obra prueba de que aquel hubiera aceptado dicho ofrecimiento y que, por tanto, al momento en que se le dictó medida de aseguramiento (4 de noviembre de 1997), ocupaba ese cargo.

Y si bien varios testimonios(45) dan cuenta de que el señor Paz Mahecha era un abogado y catedrático prestigioso, no obra ninguna prueba en el expediente que dé cuenta de los ingresos de aquel, por lo que habrá lugar a una condena en abstracto con el fin determinar el valor del lucro cesante sufrido, teniendo como base los ingresos del abogado Paz Mahecha en noviembre de 1997, esto es, cuando se dictó orden de captura en su contra, el cual se concretará mediante un incidente de liquidación por el juez de primera instancia, conforme a lo previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

Este perjuicio habrá de calcularse del 4 de noviembre de 1997 (fecha en que la Fiscalía Regional Delegada le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio del libertad provisional al señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha) al 5 de octubre de 2001 (fecha en la que el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Cali le revocó la medida de aseguramiento y le precluyó la investigación), tiempo durante el cual el demandante estuvo privado jurídicamente de la libertad, es decir, 47 meses, más el lapso en que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses, lapso este último que en el presente caso será disminuido, en la medida que se acreditó que el demandante inició sus labores como Director del Instituto de Criminología de la universidad Santiago de Cali el 25 de abril de 2002, es decir, inició a laborar 6,6 meses después de la preclusión de la investigación, por lo que será este el tiempo que se sumará al de la medida de detención, para un total de 53,60 meses, teniendo en cuenta que, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tomar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8,75 meses)”(46).

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para el señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha se hará con base en la fórmula:

F28S200301722
 

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses calculado anteriormente (53,60 meses).

Resultado que, conforme se explicó anteriormente, habrá de reducirse en un 50%, debido a que el señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha no estuvo privado “intramuros” de la libertad.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 14 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación jurídica de la libertad del señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha.

2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, a las siguientes personas, las cantidades que se indican a continuación:

Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha50 smlmv
Martha Lucía Nates Solarte (esposa)50 smlmv
María Isabel Paz Nates (hija)50 smlmv
Alejandro Paz Nates (hijo)50 smlmv
Gerardo Paz (padre)50 smlmv
Isabel Mahecha (madre)50 smlmv
Gerardo Herney Paz Mahecha (hermano)25 smlmv
Dora Luz Paz Mahecha (hermana)25 smlmv
Olga Lucía Paz Mahecha (hermana)25 smlmv

3. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, la suma de trescientos ochenta y cuatro millones seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y siete pesos con sesenta y dos centavos ($ 384’628.537,62)

4. Condénase en abstracto a la Fiscalía General de la Nación a pagar los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, que resulten probados con el incidente que se tramitará ante el juez de primera instancia, a favor del señor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha.

5. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente Nº 2008 00009 M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

3 “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

5 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Exp.: 19.151, precisó: “(...) no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma (...)”.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente Nº 15.463.

7 Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1.992, exp. 7058.

8 Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, exp. 8666.

9 Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.

10 Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, exp. 10056

11 Rodríguez Villamizar, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

12 Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

13 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980.

14 García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

15 El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

16 Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

17 Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional.

18 Sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 29 de agosto de 2012 (expediente 27.109), del 16 de agosto de 2012 (expediente 21.968) y del 12 de junio de 2013 (expediente 22.576), entre otras.

19 “Toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

20 “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él (...)”.

21 “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
“2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

22 De acuerdo con el Código Civil, el domicilio es un atributo de la personalidad (art. 76 C.C.) que consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, MP José Gregorio Hernández Galindo.

24 En este mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 19.858, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en el cual se declaró la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento, con beneficio de libertad provisional.

25 En términos similares pude consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

26 Sentencia del 29 de agosto de 2012, expediente 27.109, C.P. Hernán Andrade Rincón

27 Folios 25 a 31 del cuaderno 1

28 Folios 32 a 51 del cuaderno 1

29 Folios 500 a 534 y 565 a 599 del cuaderno principal

30 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, exp. 18.284 y en sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. 20.299.

31 Folios 5 al 13 del cuaderno 1

32 Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076

33 Expediente 36.149

34 Folios 15, 16, 19, 20, 22 y 23 del cuaderno 1

35 Sobre el particular, ver Sentencia 26251 del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado

36 Folios 94 a 98 del cuaderno 1

37 Folios 99 y 100 del cuaderno 1

38 Folio 101 del cuaderno 1

39 Ver folio 277 del cuaderno 1 (página 21 de la demanda)

40 Folios 102 a 106 del cuaderno 1

41 Folios 107 a 112 del cuaderno 1

42 Folios 399 a 403 del cuaderno principal

43 Folios 113 a 116 del cuaderno 1

44 Folio 117 del cuaderno 1

45 Folios 391 a 423 del cuaderno principal

46 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de junio de 2011, expediente 19.502.