Sentencia 2003-01725 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 68001-23-15-000-2003-01725-01 (35420)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Pablo Emilio Conde Moreno y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales y otro

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de enero de 2008, por el Tribunal Administrativo de Santander, no sin antes advertir que, de conformidad con los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 7 de la Ley 1105 de 2006, el presente caso tiene prelación de fallo, pues uno de los extremos de la litis es una entidad pública en liquidación.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía de un proceso cuya demanda se presentó en 2003 debe exceder de $ 36’950.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 332’000.000(2), solicitada por concepto de perjuicios morales, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Valoración probatoria y caso concreto.

En relación con la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico de salud, corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la falla en la prestación del servicio médico hospitalario y la relación de causalidad entre estos dos elementos, para lo cual puede valerse de todos los medios probatorios legalmente aceptados, entre los cuales cobra particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño ocasionado(3), ya que sin la concurrencia de estos elementos, no se logra estructurar la responsabilidad administrativa.

Pues bien, el daño alegado se encuentra acreditado con el registro civil de defunción(4), según el cual el señor Javier Conde Herrera, padre de los demandantes(5), falleció el 1º de agosto de 2001, en la ciudad de Bucaramanga.

Constatada la existencia del daño, el problema jurídico del caso sub examine se contrae a establecer si aquel es atribuible o no al Instituto de Seguros Sociales y a la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, en los términos alegados por la parte demandante, esto es, por la negligencia que hubo para autorizar y practicar la cirugía de revascularización miocárdica que, según los demandantes, requería el señor Conde Herrera.

Analizadas las pruebas allegadas al plenario, resulta claro que, debido a la enfermedad coronaria que le fue diagnosticada a Javier Conde Herrera, desde 1999 aproximadamente, el especialista en cardiología le informó sobre la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica de revascularización miocárdica y le insistió en la urgencia de la misma; no obstante, según las anotaciones registradas en su historia clínica, el paciente se negó a la práctica de aquella, ya que ello implicaba transfusión de sangre, acción con la que contravendría su fe religiosa como Testigo de Jehová.

Al respecto se encuentra que, según copia auténtica de una hoja que, al parecer, hace parte de la historia clínica del señor Javier Conde Herrera en la Unidad Cardiovascular de Bucaramanga, el paciente fue evaluado en consulta externa el 14 de julio de 1999, en la que se encontró lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“Concurre a control. Refiere episodios anginosos frecuentes, no se ha realizado cirugía de revascularización miocárdica por sus creencias religiosas (es Testigo de Jehová y se niega a las transfusiones de sangre) (...) Dx: (...) 2. Enf. Coronaria de 3 vasos (...) Plan: (...) 2. Se insiste en urgencia de CRVM y se explica el riego de la situación” (fl. 13, cdno. 1).

El 17 de septiembre de ese año, el paciente asistió a control al mismo establecimiento y, en esa ocasión, el cardiólogo tratante, doctor José A. Abramuk de la Rosa, insistió en que estaba “pendiente de CRVM” (fl. 13, cdno. 1).

La posición adoptada por el paciente se prolongó durante más de un año, toda vez que, el 1º de enero de 2001, el señor Conde Herrera fue remitido, por orden del doctor Andrés Mejía Porras, de medicina interna del Instituto de Seguros Sociales de Santander al especialista cardiovascular de esa misma seccional, y en dicha consulta se encontró:

“Pte. de 63 años. Con enfermedad Coronaria Ateromatosa Severa (cateterismo/98) evaluado x cirugía C.V. Se propuso revascularización Qx. la cual el pte. no aceptó ante posibilidad de transfusión (por ser Testigo de Jehová). Ingresó por Angios que no cede a tto convencional” (fl. 15, cdno. 1).

En el mes de mayo de 2001, el mencionado paciente ingresó por consulta externa del servicio de cardiología del Instituto de Seguros Sociales, seccional Santander, IPS Clínica Los Comuneros en la que, previa auscultación, se emitió el siguiente concepto:

“Paciente conocido por servicio de cardiología remitido en enero/2001 a la Fundación Cardiovascular para valoración para posible revascularización miocárdica. Se recomienda continuar tto (sic) instaurado. Continuar control por cirugía cardiovascular” (fl. 16, cdno. 1).

El 26 de junio de ese mismo año, Javier Conde Herrera presentó acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales asegurando que, pese a haber acudido reiteradamente con el fin de que se le practicara la intervención ordenada por los especialistas, esta le fue negada por falta de presupuesto(6).

En sentencia del 16 de julio de 2001, el juez de tutela encontró que, debido a la mora en el pago de aportes en salud por parte de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, dicho servicio fue suspendido; por tanto, decidió tutelar la salud, la seguridad social y la vida del solicitante y “Ordenar al empleador Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, Edasaba ESP cubrir la totalidad de los gastos y medicamentos que ocasione el procedimiento quirúrgico diagnosticado al accionante Javier Conde Herrera, y su tratamiento pre y pos operatorio, tratamiento pre operatorio y procedimiento quirúrgico que deberá cumplirse bajo el control de los especialistas tratantes”, en un plazo de 60 días (fls. 58 a 70, cdno. 1).

Según la historia clínica del hospital Los Comuneros del Instituto de Seguros Sociales, días después de este pronunciamiento judicial, esto es, el 27 de julio de 2001, el paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos donde permaneció bajo asistencia médica. El 29 de julio siguiente, se registró en dicho documento que Javier Conde Herrera “había sido programado para RVM pero por situación financiera y condición de Testigo (sic) de Jehova (sic) no se realizo (sic) cirugia (sic). Ahora lo remiten a FCV para manejo convencional el cual es de mal pronostico (sic)” (fl. 224, cdno. 1).

El 30 de julio fue trasladado nuevamente a la UCI y permaneció allí hasta el 1º de agosto siguiente(7); siendo las 4:00 p.m. de ese día “entra en edema pulmonar cardiogénico (...). Posteriormente entra en ritmo idioventricular que progresa a asistolia. Se practican maniobras de reanimación incluyendo desfibrilación en 3 oportunidades, sin respuesta. Fallece a las 09:18h” (fl. 198, cdno. 1).

Pues bien, como ya se vio, a juicio de los demandantes el deceso del señor Conde Herrera obedeció a la negligencia administrativa de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja y del Instituto de Seguros Sociales, toda vez que la primera no realizó oportunamente el pago de los aportes en salud de sus empleados y la segunda negó la práctica de la revascularización miocárdica ordenada por el cardiólogo.

Si bien es cierto que Javier Conde Herrera padecía de una enfermedad coronaria que exigía la intervención sugerida por la unidad de cardiología del Instituto de Seguros Sociales, también lo es que, pese a la insistencia de los médicos tratantes, desde 1999, el paciente rechazó dicha posibilidad durante más de un año. De hecho, en la consulta que realizó por medicina interna del Instituto de Seguros Sociales el 1º de enero de 2001, replicó que no aceptaba ser sometido a la revascularización, pues sus creencias religiosas le impedían ser transfundido.

Así las cosas, hasta este punto, no se evidencia la falla en el servicio que se predica respecto del Instituto de Seguros Sociales, toda vez que, contrario a los supuestos fácticos contenidos en la demanda, la negativa respecto de la realización de la cirugía no fue por parte de esa entidad demandada, sino por decisión del propio paciente. De hecho, así lo reconoció la parte actora en la demanda cuando afirmó que “en los años 1999 y 2000, el señor Javier Conde Herrera, por sus creencias religiosa: (sic) testigo de Jehová, se opuso a la transfusión de sangre” (fl. 109, cdno. 1).

No obstante lo anterior, según los demandantes, “a partir del mes de enero de 2001, por su delicado estado de salud”(8), el señor Conde Herrera requirió ante el Instituto de Seguros Sociales la práctica de la mencionada cirugía. Así lo confirmaron Ángela Andrea Blandón Rincón(9) e Hilda Inés Blandón de Rincón(10), testigos escuchadas en este proceso, en el sentido de afirmar que, en efecto, desde enero de 2001 aquel decidió someterse a la intervención y, por lo tanto, solicitó al establecimiento de salud adelantar el trámite necesario para su práctica. Comoquiera que dicha petición fue negada, promovió la acción de tutela que fue resuelta en los términos atrás mencionados (página 10 de esta sentencia).

En este segundo escenario, esto es, ante la decisión y el requerimiento del paciente para que se llevara a cabo la revascularización miocárdica, es posible evidenciar que el Instituto de Seguros Sociales. se negó a prestar el servicio solicitado, con respaldo en los siguientes argumentos, contenidos en oficio GEPS-2270 del 6 de julio de 2001, dirigido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“1) El señor Pablo Emilio Conde Moreno (...) aparece afiliado a la EPS-ISS, por parte del empleador Edasaba ESP desde el 6 de marzo de 1997 y afilió al plan de cobertura familiar a Javier Conde Herrera (...).

“2) Igualmente y según la base de datos de aportes cancelados al Sistema de Seguridad Social Integral, el empleador Edasaba ESP (...) presenta mora en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y por lo tanto la afiliación a la EPS-ISS del señor Pablo Emilio Conde Moreno y de su núcleo familiar actualmente se encuentra suspendida por mandato legal.

“(...).

“5) No obstante lo anterior, la EPS-ISS a través de la Clínica Los Comuneros y Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano le prestó al señor Conde Herrera los servicio de ‛urgencias’, por su patología cardíaca que como lo ordena el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, la atención inicial de urgencias, debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas o privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. El costo de estos servicios será pagado por el fondo de solidaridad y garantía y por la entidad promotora de salud al cual esté afiliado, en cualquier otro evento.

“Sin embargo y una vez estabilizado el paciente el médico cardiólogo le ordena un procedimiento cardíaco programado que no reviste urgencia y si por el contrario está catalogado como de alto costo y que no puede autorizarse por parte de la EPS-ISS debido a la suspensión de los servicios de salud por la mora patronal presentada, debiéndose por el contrario cubrir los costos por parte del empleador Edasaba ESP o cancelar la totalidad de las cotizaciones atrasadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, para poder levantar la suspensión legal.

“La IPS-Clínica Los Comuneros y la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano a través de la EPS-ISS y en cumplimiento de la obligación legal de prestar los servicios de urgencias, han cumplido hasta la fecha con dicho mandato, logrando la estabilización del paciente al efectuarle las consultas requeridas; sin embargo y como ya se manifestó los servicios quirúrgicos de la cirugía programada no pueden autorizarse por la suspensión del POS” (se resalta. Fls. 33 y 34, cdno. 1).

Atendiendo a lo dicho en precedencia (que, además, no fue desmentido por la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja), el Instituto de Seguros Sociales., en oficio 0465-2003-1725 M.R. del 20 de junio de 2005, aportó un anexo con las novedades de los pagos realizados por Edasaba ESP correspondientes a Pablo Emilio Conde Moreno, en el que se observa que los aportes del 2001 se empezaron a pagar en octubre de ese año; es decir, para la época en que Javier Conde optó por realizarse la intervención (ene. 2001), la empresa empleadora de su hijo afiliado se encontraba en mora respecto del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, de suerte que esta no solo estaba desatendiendo el deber impuesto por el artículo 22(11) de la Ley 100 de 1993(12) sino que, además, ignoró las obligaciones dictadas en el segundo numeral del artículo 161 del mismo estatuto, según el cual todo empleador, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual vincule a sus trabajadores, debe:

“a) Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden, de acuerdo con el artículo 204;

“b) Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a los trabajadores a su servicio, y

“c) Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la entidad promotora de salud, de acuerdo a (sic) la reglamentación que expida el gobierno” (se resalta).

Ahora, el incumplimiento de dichos deberes legales acarrea, como consecuencia, la suspensión de la afiliación y de la prestación del plan obligatorio de salud, toda vez que el artículo 209(13) de la misma ley faculta a las entidades promotoras de ese servicio para tomar dichas medidas, cuando detecten la falta de pago de la cotización al sistema contributivo de que trata la misma norma, salvo en aquellos casos en los que se requiera atención de urgencias(14).

Es evidente, entonces, que si bien el Instituto de Seguros Sociales suspendió la afiliación de Pablo Emilio Conde Moreno y la de su familia y, por consiguiente, negó la prestación del servicio médico quirúrgico que requería Javier Conde Herrera, ello se fundó en la facultad otorgada al respecto por el citado artículo 209 de la Ley 100 de 1993, dado el incumplimiento del pago de los aportes del 2001 al sistema de seguridad social por parte de la Edasaba ESP, respecto de sus empleados. Ahora, pese a dicha suspensión, el Instituto de Seguros Sociales. brindó el servicio de urgencias, de cuidados intensivos y de asistencia médica desde el momento en que el señor Conde Herrera ingresó al hospital Los Comuneros, esto es, desde el 27 de julio del 2001, hasta el día de su fallecimiento, dando cumplimiento así al artículo 168 ibídem.

Así las cosas, la Sala considera que la conducta omisiva que resulta reprochable es aquella en que incurrió la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja - Edasaba ESP, pues la inobservancia de sus obligaciones legales impidió que la entidad prestadora de salud (ISS) realizara la cirugía de revascularización(15) a que el señor Javier Conde Herrera habría tenido derecho, de haber estado al día con el pago de los aportes al sistema contributivo de salud.

Ahora bien, lo anterior no es suficiente para imputarle responsabilidad patrimonial a la Edasaba ESP por la muerte del señor Conde Herrera, que es la razón por la cual se demandó, toda vez que no obra en el plenario elemento alguno a través del cual se logre evidenciar, de manera fehaciente y concluyente, el nexo de causalidad entre la conducta irregular y negligente de aquella y el hecho dañoso, pues no es posible afirmar categóricamente que, de haberse pagado oportunamente los aportes en salud y de haberse autorizado y practicado la cirugía solicitada, el paciente habría preservado su vida, máxime que su patología ya había avanzado durante más de un año; pero, lo que sí resulta evidente para la Sala es que Javier Conde Herrera perdió la oportunidad de haber sido intervenido y, por lo tanto, de tener probabilidades de recuperación.

La pérdida de oportunidad, como daño resarcible de carácter autónomo, ha sido analizada en repetidas ocasiones por la jurisprudencia de esta corporación, particularmente en casos relativos a la responsabilidad patrimonial del Estado por actividades médico-asistenciales. Recientemente(16), la Sala reiteró los criterios expuestos en sentencias del 11 de agosto de 2010(17) y del 7 de julio de 2011(18), así (se transcribe textualmente):

“2. La ‘pérdida de oportunidad’ o ‘pérdida de chance’ como modalidad del daño a reparar.

“Se ha señalado que las expresiones ‘chance’ u ‘oportunidad’ resultan próximas a otras como ‘ocasión’, ’probabilidad’ o ‘expectativa’ y que todas comparten el común elemento consistente en remitir al cálculo de probabilidades, en la medida en que se refieren a un territorio ubicable entre lo actual y lo futuro, entre lo hipotético y lo seguro o entre lo cierto y lo incierto (...) Es decir que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades.

“En ese orden ideas, la pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta esta que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio —material o inmaterial— para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento.

“La pérdida de oportunidad constituye, entonces, una particular modalidad de daño caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado; expuesto de otro modo, a pesar de la situación de incertidumbre, hay en este tipo de daño algo actual, cierto e indiscutible consistente en la efectiva pérdida de la probabilidad de lograr un beneficio o de evitar un detrimento (...).

“Por otra parte, con el fin de precisar los alcances de la noción de ‘pérdida de oportunidad’ conviene identificar con la mayor claridad posible sus límites: así, de un lado, en caso de que el ‘chance’ constituya en realidad una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable y, de otro lado, no puede perderse de vista que lo perdido o frustrado es la oportunidad en sí misma y no el beneficio que se esperaba lograr o la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen rubros distintos del daño. En consecuencia, la oportunidad difuminada como resultado del hecho dañoso no equivale a la pérdida de lo que estaba en juego, sino a la frustración de las probabilidades que se tenían de alcanzar el resultado anhelado, probabilidades que resultan sustantivas en sí mismas y, por contera, representativas de un valor económico incuestionable que será mayor, cuanto mayores hayan sido las probabilidades de conseguir el beneficio que se pretendía, habida consideración de las circunstancias fácticas de cada caso.

“La pérdida de oportunidad como rubro autónomo del daño demuestra que este no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida constituye un bien jurídicamente protegido cuya afectación confiere derecho a una reparación que debe limitarse a la extensión del ‘chance’ en sí mismo, con prescindencia del resultado final incierto, frente a lo cual resulta lógico que dicha oportunidad perdida ‘tiene un precio por sí misma, que no puede identificarse con el importe total de lo que estaba en juego, sino que ha de ser, necesariamente, inferior a él’, para su determinación (...)”.

En relación con el daño indemnizable en los eventos en los que se encuentra acreditada la pérdida de oportunidad, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado:

“Tratándose de eventos en los cuales se accede a la reparación de la pérdida de un chance, lo indicado no puede ser el reconocimiento, en favor de la víctima, del valor total de la ventaja de la cual fue privado o del deterioro patrimonial que no pudo evitar a raíz del hecho del demandado, sino tener en cuenta que la oportunidad desaparecida tenía un valor y que es este el que debe ser restablecido; ese valor, según antes se indicó, ha de resultar indiscutiblemente inferior a aquel que hubiere correspondido en caso de haberse demostrado el vínculo causal entre la pérdida del beneficio esperado por la víctima y el hecho de aquel a quien se imputa la correspondiente responsabilidad resarcitoria; es más, como también precedentemente se indicó, el monto de la indemnización por la pérdida de la oportunidad habrá de establecerse proporcionalmente respecto del provecho que finalmente anhelaba el afectado, en función de las mayores o menores probabilidades que tuviere de haber alcanzado ese resultado en el evento de no haber mediado el hecho dañino”(19).

Toda vez que no obran en el plenario elementos de juicio que permitan establecer, con base en criterios técnicos, estadísticos y con información objetiva y contrastada, la cuantía del daño sufrido por los demandantes como consecuencia de la referida pérdida de oportunidad de recuperar la salud del señor Javier Conde Herrera, en virtud de la equidad, principio reconocido por el ordenamiento jurídico para efectos de reparar de forma integral(20) el daño causado por la omisión de la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, estima la Sala que una suma justa por ese concepto es 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de aquellos, esto es, para Pablo Emilio, Martha Cecilia, Raquel Mercedes y Elizabeth Conde Moreno.

Vistas así las cosas, en virtud del artículo 2344 del Código Civil(21), aplicable a este caso por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la obligación de responder patrimonialmente es imputable a la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja —Edasaba ESP—, por cuanto su omisión contribuyó a la pérdida de oportunidad que padeció el señor Conde Herrera.

4. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 17 de enero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar:

1. DECLÁRASE responsable a la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja Edasaba ESP, por la oportunidad que perdió el señor Javier Conde Herrera de ser intervenido quirúrgicamente y de haber recuperado su salud

2. CONDÉNASE a la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja Edasaba ESP, a pagar la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Pablo Emilio Conde Moreno, Martha Cecilia Conde Moreno, Raquel Mercedes Conde Moreno y Elizabeth Conde Moreno.

3. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

5. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Santander cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Suma que resulta de multiplicar el salario mínimo mensual legal vigente al momento de la presentación de la demanda por 1.000.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, Expediente 16.775.

(4) Copia auténtica que obra a folio 86, cuaderno 1.

(5) Parentesco que está probado con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 3 a 6, cuaderno 1.

(6) Folio 25 a 26, cuaderno 1.

(7) Folio 227 a 229, cuaderno 1.

(8) Folio 109, cuaderno 1.

(9) Al respecto, aseguró: “lo atendieron más o menos en el mes de enero de 2001 y le tocó solicitar la cirugía por tutela debido a que no le solucionaron nada prontamente” (fl. 393, cdno. 1).

(10) Sobre el particular, afirmó: “como a principios de 2001, me manifestó en la Clínica Comuneros que estaba bregando a que lo operaran y que el Seguro no respondía” (fl. 395, cdno. 1).

(11) “Obligaciones del empleador. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno.

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”.

(12) “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” (D.O. 41.148, dic. 23/93).

(13) “Suspensión de la afiliación. El no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la atención del plan de salud obligatorio. Por el período de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés de ninguna clase”.

(14) Según el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, “la atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo de estos servicios será pagado por el fondo de solidaridad y garantía en los casos previstos en el artículo anterior, o por la entidad promotora de salud al cual esté afiliado, en cualquier otro evento.

PAR.—Los procedimientos de cobro y pago, así como las tarifas de estos servicios serán definidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo con las recomendaciones del consejo nacional de seguridad social en salud”.

(15) Téngase en cuenta que se trataba de un procedimiento programado que, aunque era de ineludible práctica, no estaba precedido de una amenaza de muerte inminente e inmediata del paciente; de hecho, él se negó, durante un tiempo importante, a someterse a la intervención ordenada; por lo tanto, no puede entenderse que hubo una violación de los derechos a la salud y a la vida del señor Conde Herrera por parte del Instituto de Seguros Sociales.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2013, Expediente 26.437.

(17) Expediente 18.593.

(18) Expediente 20.139.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente 18.593.

(20) “Artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(21) “ART. 2344.—Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”.