Sentencia 2003-01734 de abril 26 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 680012315000200301734 01

Número interno: 1309-2009

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actora: Alejandrina Pérez Estupiñán y otros

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico por resolver consiste en establecer si a la señora Alejandrina Pérez Estupiñán, en calidad de cónyuge supérstite, y a los hijos del Agente Hernando Ramírez Joya, les asiste el derecho a que este sea ascendido, de forma póstuma, al grado de cabo segundo en la Policía Nacional, con el consecuente reconocimiento de las prestaciones que corresponden por haber fallecido en un acto especial del servicio.

Para lo anterior, es preciso determinar la legalidad de las resoluciones 9 de 8 de enero de 2003 y 635 de 10 de abril de 2003, proferidas por el subdirector y el director general de la Policía Nacional, respectivamente.

Hechos probados:

• A folio 2 se encuentra el registro de matrimonio de los señores Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) y Alejandrina Pérez Estupiñán, en la que se evidencia que contrajeron matrimonio el 21 de diciembre de 1996, en el municipio de Floridablanca, Santander.

• A folio 3 se evidencia el Registro Civil de Defunción del señor Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.), en el que se constata que falleció el 4 de mayo de 2002.

• A folios 4 y 5 se encuentran los registros civiles de nacimiento
de los menores Dubán Andrés y María Alejandra Ramírez Pérez.

• De folios 17 a 26 se evidencia el Informativo Prestacional radicado con el número P-010-02, dentro de los cuales están:

— Copia de la minuta de servicio donde se establece que el agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) realizaba el segundo turno de vigilancia como patrulla faro 2 (fl. 18).

— Oficio 579 de 4 de mayo de 2002, por el cual el subintendente Juan Bautista Barajas Sandoval, dejó a disposición un aprehendido, tres armas de fuego y elementos. Dentro de este documento se describió de manera detallada como ocurrieron los hechos que ocasionaron el deceso del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) (fls. 19 a 22).

— Informativo policial por muerte número 010 de 2002, suscrito por el comandante del departamento de Policía de Santander, en el que calificó la muerte del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) como “Muerte en actos especiales del servicio” (fls. 24 y 25).

• En virtud de la Resolución 1803 de 16 de julio de 2002, el director general de la Policía Nacional modificó la calificación proferida por el comandante del departamento de Policía de Santander, en el informe administrativo 010 de 2002, en su lugar dispuso que la muerte del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) se presentó en actos del servicio. Para el efecto consideró (fl. 79).

“el comandante del departamento de Policía de Santander, en el informe administrativo número 010/2002, calificó la muerte del referido uniformado, como ocurrida en actos especiales del servicio criterio que la dirección general de la Policía Nacional no comparte, toda vez que el policial en compañía de otro, en desarrollo de funciones propias de su cargo, perseguía a tres individuos que momentos antes habían atracado a un taxista, siendo atacados por los mismos con los resultados ya conocidos, situación que constituye un acto típico del servicio, por lo tanto, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 124 del Decreto 1213 de 1990. Modifica la mencionada calificación y en su lugar dispone que la muerte del agente Hernando Ramírez Joya, se presentó dentro de los parámetros señalados en el artículo 122 de la referida norma”.

• Por medio de la Resolución 9 de 8 de enero de 2003, el subdirector general de la Policía Nacional reconoció pensión por muerte, indemnización y cuantía definitiva a beneficiarios del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.). Dicho reconocimiento se fundó, entre otras, por las siguientes consideraciones (fls. 6 a 9):

“Que de acuerdo con la hoja de servicios, expedida por la dirección de recursos humanos de la Policía Nacional, el ag. Hernando Ramírez Joya nacido(a) el 04-oct.-1967, cédula de ciudadanía 91255778 de Bucaramanga ingresó a la institución el día 08-ago.-1988, y fue retirado(a) el 04-mayo-2002 por muerte en servicio activo, acumulando un tiempo de servicio de 13 años, 11 meses, 7 días, incluido tiempo como agente alumno.

Que la muerte del uniformado se produjo dentro de los parámetros establecidos en el artículo 122 del Decreto 1213/90.

Que por haber fallecido en actividad causó derecho al reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, liquidación que se elaboró con base en la hoja de servicios, informativo por muerte y las partidas señaladas en el(los) artículo 100 Decreto 1213 del 08-jun.-1990; computables para prestaciones sociales, correspondiéndole la suma de $ 27.135.904.32 por concepto de cesantía definitiva y un valor de $ 34.889.019.84 como indemnización por muerte:

(...).

Que a reclamar los derechos causados por el fallecido se presentaron:

 

Nombres y apellidosCédulaParentesco
Pérez Estupiñán Alejandrina63500650Cónyuge
Ramírez Pérez María AlejandraRS#27891035Hija
Ramírez Pérez Dubán AndrésRs#21391796Hijo
Ramírez Castaño Roger Steven representado por la señora Castaño Hijo
Marín Diana María40361328Reconocido

 

Que los peticionarios tienen la calidad de beneficiarios establecida en el artículo 132 de la norma precitada, y dentro del término de publicación del edicto no se presentaron otras personas que hayan acreditado igual o mejor derecho;

Que la pensión se extinguirá para los hijos por muerte, matrimonio, independencia económica o por haber llegado a los 21 años, salvo los hijos inválidos absolutos y estudiantes hasta los 24 años”.

• El 3 de marzo de 2003, la demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior resolución, por considerar que se “desconocieron los argumentos de calificación que esbozó el comandante del departamento de Policía de Santander que calificó el deceso de mi esposo dentro de lo preceptuado en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990 “Muerte en actos especiales del servicio” (fls. 10 a 14).

• Mediante Resolución 635 de 10 de abril de 2003, el director general de la Policía Nacional, resolvió denegar el recurso de apelación y confirmar en su totalidad la Resolución 9 de 8 de enero de 2003, proferida por el subdirector general de la Policía Nacional. Para el efecto precisó (fls. 15 y 16):

“Que la muerte del ag. Hernando Ramírez Joya fue calificada dentro del informativo prestacional por muerte 010 del 2002 por el comandante del departamento de Policía de Santander como en actos especiales del servicio, pero de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 124 del Decreto 1213/90, la dirección general de la Policía Nacional mediante resolución 01803 de fecha 160702, resolvió modificar la calificación proferida por el comandante del departamento de Santander y dispuso que la muerte del mencionado se presentó en actos del servicio, con lo que quedó agotado y en firme el proceso de la calificación por muerte.

Que el objetivo del presente trámite prestacional, no es la modificación de la calificación por muerte, tal como lo pretende la recurrente, toda vez que ese procedimiento se surtió y se agotó, dentro del informativo por muerte número 010/2002, actuación que se encuentra en firme con la decisión tomada por la dirección general de la Policía Nacional.

Que como no existe ningún argumento jurídico, para modificar la decisión tomada por la subdirección general de la Policía Nacional, mediante la resolución apelada, se confirmará en su totalidad”.

Efectuado el anterior recuento, la Sala abordará el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) De la naturaleza de los actos; y, ii) Del caso concreto.

i) De la naturaleza de los actos

Señala la parte demandante que mediante Resolución 1803 de 16 de 2002, el director de la Policía Nacional modificó el informe administrativo por el cual se había calificado la muerte del agente Hernando Ramírez Joya, como actos especiales del servicio, sin que en la oportunidad legal, se le hubiera notificado con el fin de poder controvertir esta decisión en sede de la vía gubernativa.

En efecto, advierte la Sala, que mediante informe administrativo 010 de 23 de mayo de 2002, el comandante del departamento de Policía de Santander, calificó la muerte del citado agente como ocurrida en actos especiales del servicio. Para el efecto indicó:

“Que el deceso del ag. Ramírez Joya Hernando, C.C. 91.255.778 de Bucaramanga Santander, q.e.p.d. se enmarca dentro de lo preceptuado en el artículo 123 del Decreto 1213 del 080690 “Muerte en actos especiales del servicio” como se motivo a través de esta instancia. Hechos registrados el 040502 en Floridablanca, Santander”.

No obstante lo anterior, por Resolución 1803 de 16 de julio de 2002, el director general de la Policía Nacional, modificó el informe de 23 de mayo de 2002 señalando, que la muerte del agente Hernando Ramírez Joya se presentó en un acto “típico” del servicio; el anterior cambio lo realizó, en uso de las facultades que le confirió el artículo 124 del Decreto 1213 de 1990.

Así las cosas, observa la Sala que la Resolución 1803 de 16 de julio de 2002, por sí sola no crea modifica o extingue situación jurídica alguna a favor de la parte demandante. En efecto, la citada resolución al modificar el informe administrativo de la muerte del agente Ramírez Joya, simplemente definió la calificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió su muerte, esto es, suministró una información que posteriormente fue tenida en cuenta por la subdirección general de la Policía Nacional al momento de expedir la Resolución 9 de 8 de enero de 2003, mediante la cual se le reconoció a sus beneficiaros una serie de prestaciones económicas.

Bajo estos supuestos, la Resolución 1803 de 16 de julio de 2002 no tiene el carácter de acto administrativo definitivo sino el de acto preparatorio, en la medida en que no puso fin a la situación administrativa que siguió a la muerte del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.), por el contrario, facilitó con posterioridad la expedición de varios actos administrativos que si tienen la categoría de definitivos(1).

Por lo anterior, resulta pertinente citar el Concepto 1558 de 22 de abril de 2004, de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, con ponencia del doctor Gustavo Aponte Santos(2):

“El informe administrativo por muerte es un acto administrativo preparatorio, en la medida en que no pone fin a la actuación, pero dado que define una calificación de la modalidad de la muerte, aporta información que debe ser tenida en cuenta al momento de expedir el acto definitivo, la resolución de reconocimiento a los deudos de las prestaciones correspondientes”.

En este mismo sentido, la doctrina(3) sobre los actos preparatorios ha sostenido:

“Los actos preparatorios o accesorios son aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o que cumplen un requisito posterior a ella. Aquí se incluyen también los llamados actos de trámite. Por ejemplo, el acto por el cual se solicita un concepto a otra autoridad antes de tomar la decisión o aquél por el cual se le imparte aprobación posterior a esta última”.

Teniendo en cuenta, que como quedó dicho, la Resolución 1803 de 16 de julio de 2002 no es un acto administrativo definitivo sino un acto preparatorio, no le asiste la razón a la demandante cuando sostiene que la falta de notificación de dicho acto vulneró su derecho de defensa, al no poder controvertirlo mediante la vía gubernativa, toda vez que, según lo dispuesto por los artículos 49 y 50(4) del Código Contencioso Administrativo los recursos de la vía gubernativa proceden únicamente contra los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas, y no contra los actos preparatorios como lo pretende la demandante en este caso.

ii) Del caso en concreto

La señora Alejandrina Pérez Estupiñán, en su condición de cónyuge supérstite del agente Hernando Ramírez Joya, solicitó que fuera tenida en cuenta la evaluación inicial, por la cual el comandante del departamento de Policía de Santander calificó la muerte del citado agente en actos especiales del servicio, y como consecuencia pidió, que sea ascendido a cabo segundo de manera póstuma “modificando de esta manera el monto de la correspondiente pensión, indemnización y cesantía definitiva”(5).

En relación con las circunstancias de muerte de un agente de la Policía Nacional, el Decreto 1213 de 1990 además de indicar las diferentes circunstancias, determinó a favor de los beneficiarios del causante, el reconocimiento de las siguientes prestaciones:

“ART. 122.—Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el tesoro público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.

ART. 123.—Muerte en actos especiales del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un agente de la Policía Nacional en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo cualquiera que sea el tiempo de servicio, además sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el tesoro público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el tesoro público le pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado conferido póstumamente.

d. Si el agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el tesoro público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas señaladas en el artículo 100 de este decreto.

PAR.—Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en que el agente, se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas”.

Por su parte, el artículo 124 del citado decreto, dispuso lo siguiente:

“Informe administrativo. En los casos de muerte previstos en los artículos 121, 122 y 123 de este decreto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales se sucedieron los hechos serán calificadas por: los directores de dependencias de la dirección general de la policía o de las escuelas de formación, comandantes de departamento y jefes de organismos especiales, de acuerdo con el procedimiento que establezca la dirección general, la cual queda facultada para modificar la calificación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, cuando estas sean contrarias a las pruebas allegadas”.

Sobre el particular, el artículo 31 del Decreto 1022 de 1992, que reglamentó “algunas disposiciones del decreto 1213 de 1990, estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional” determinó lo siguiente:

“Informe administrativo. El informe administrativo a que se refiere el artículo 124 del Decreto 1213 de 1990, será breve y sumario para determinar si el hecho ocurrió en una de las siguientes circunstancias:

a) Muerte simplemente en actividad;

b) Muerte en actos del servicio;

c) Muerte en actos especiales del servicio.

PAR.—Cuando la muerte sobrevenga en actos contra la ley o con violación de los reglamentos u órdenes superiores o como consecuencia de suicidio, para efectos de indemnización se calificará como ocurrida simplemente en actividad”.

Del anterior marco normativo, se puede concluir que la “Muerte en actos del servicio” se presenta siempre y cuando se encuentre en servicio activo y además concurran uno de los dos supuestos, a saber, que i) ocurra en actos del servicio, o ii) por causas inherentes al mismo. Por su parte, solo se podrá alegar “Muerte en actos especiales del servicio”, cuando I) se halle en servicio activo en cumplimiento de actos meritorios del servicio, II) en combate o, III) como consecuencia de la acción del enemigo. Entendiendo por actos meritorios del servicio aquellos en los que el agente se enfrenta a un grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas, tal como lo dispone el parágrafo del artículo en cita.

Descendiendo al caso concreto, observa la Sala, que el señor Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) se venía desempeñando como agente de la Policía Nacional desde el 8 de agosto de 1988 hasta el día 4 de mayo de 2002, fecha en que fue muerto por dos hombres que se encontraban armados. Así lo narró el comandante del departamento del Policía de Santander dentro del informe administrativo 010 de 23 de mayo de 2002, según el cual la muerte del citado agente aconteció por las siguientes razones:

“El SI. Juan Bautista Barajas Sandoval, comandante patrulla CAI La Cumbre, da a conocer que el 040502 siendo las 09:15 horas encontrándose con el ag. Ramírez Joya Hernando la central les reportó que se estaba perpetrando el atraco a un taxista en la carrera 1E con calle 27 del barrio la Cumbre de Floridablanca, al llegar al lugar no hallaron al taxista, pero fueron informados de las características de los sujetos quienes emprendieron la huida hacía el barrio Panorama, procedió a la búsqueda de los sujetos al llegar a la calle 28 del barrio panorama, observaron a tres individuos y dos de ellos coincidían con las características descritas, quienes al verlos emprendieron la huida, dos por la calle 26 el otro por la calle 27, el ag. Ramírez Joya se dispuso a perseguir y capturar a los sujetos que iban por la carrera 26 y el sujeto que iba por la carrera 27, encontrándose en la persecución de este sujeto cuando bajaba unas gradas escuchó unos disparos y la central le reporta que en la calle 26 hay un policía herido, cuando llegó al lugar observó al ag. Ramírez Joya Hernando tirado en el piso bocabajo al lado de la motocicleta, le informaron que uno de los sujetos iba herido el cual se halló a unos 100 metros de donde estaba su compañero, quien también había muerto, encontrando cerca de este el revólver del policial, embarcando al compañero en un taxi pero antes de llegar a la clínica había fallecido. De igual forma la señora María Uwaldina de Ardila le informa que un sujeto herido había ingresado a su residencia sin pedir permiso y herido, se dirigió a la residencia hallando al sujeto Edwin Albeiro Gómez Flórez quien había participado en el atentado al ag. Ramírez quien presentaba heridas con una arma de fuego en ambas piernas, debajo del colchón se le encontró un arma “trabuco” y el frontal del pasacinta hurtado momentos antes”.

La Sala advierte en este punto que, si bien es cierto la muerte del señor agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) ocurrió en desarrollo de una labor propia de la Policía Nacional, esto es, asegurando que los habitantes convivan en paz, no lo es menos que, la labor que se encontraba realizando estaba dirigida a proteger la integridad y el patrimonio del señor al que se le pretendía “hurtar el vehículo Hyundai Accent, modelo 96 de color amarillo, servicio público, afiliado a la empresa Tax Sur de placas XLK-484”(6).

En otras palabras, por más de que se hubiese producido el deceso del agente en una actividad propia del servicio, ya que estaba patrullando, lo cierto es que se originó como consecuencia de un enfrentamiento armado que mantuvo con unos delincuentes, en aras de proteger precisamente la vida, honra, y los bienes de las personas a los cuales hace referencia el parágrafo del artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.

Además, en principio podría advertirse, que el fallecimiento del agente Ramírez Joya (q.e.p.d.) se ocasionó como producto de un combate(7), pues en atención a su definición, no solamente se presenta en una lucha o batalla, sino que también, de la simple confrontación entre dos ó más personas.

En ese sentido, no se trató entonces, de una muerte meramente accidental en acto del servicio, sino de una baja inherente a la acción bélica que emprendió con la delincuencia común, es más, para la Sala resulta indiscutible el grave e inminente peligro al que se vio expuesto el agente Ramírez Joya (q.e.p.d.) al prevenir el hurto que se estaba causando en condiciones de excepcional riesgo(8) así como el hecho de que enfrentó solo a un grupo de ladrones que estaban perturbando la tranquilidad de la comunidad.

A la altura de lo enunciado, estima la Sala que, es deber del Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir sus cometidos constitucionales en este caso, la salvaguarda de la honra y bienes de todas las personas. No obstante lo anterior, ese deber de protección que tiene el Estado frente a todos los ciudadanos, también se predica respecto de quienes, desarrollan esa transcendental tarea, estos son, los miembros y agentes de la fuerza pública, en razón a los constantes riegos y peligros a los que se enfrentan en cumplimento de su misión constitucional y legal.

En consecuencia, no resulta ser cierto como lo afirma la dirección general de la Policía Nacional, en la Resolución 1803 de 16 de julio de 2002, que la muerte del agente Hernando Ramírez Joya se haya constituido como un “típico acto del servicio” toda vez que, como quedó visto, su muerte ocurrió en cumplimiento de un acto meritorio del servicio, en razón al grave e inminente peligro al que estuvo expuesto, al tratar de impedir el hurto de un vehículo sin contar con la ayuda suficiente como para reducir al grupo delincuencial.

Así mismo, para la sala tiene un mayor valor probatorio el informe administrativo 010 de 23 de mayo de 2002, suscrito por el comandante de Policía del departamento de Santander donde fue calificada la muerte del agente Hernando Ramírez Joya como “Muerte en actos especiales del servicio”, pues lo cierto es que no se encontraron pruebas suficientes y/o nuevas, como para que el director de la entidad cambiara tal determinación.

Diferente es, que la muerte del agente se hubiese producido en el ejercicio inherente y constante de su trabajo, como por ejemplo, el accidentarse patrullando o el hecho de que lo asesinen por portar el uniforme, por robarlo o incluso que se le dispare el arma de dotación sin culpa; estas si son causas suficientes como para calificar la muerte como un “acto típico del servicio”, tal y como mal lo denominó la dirección general de la Policía Nacional, ya que al realizar su labor, el uniformado está expuesto a cualquier situación de las ya descritas.

En síntesis, la diferencia entre la “muerte en actos del servicio” y “muerte en actos especiales del servicio”, radica especialmente, en que mientras que la primera se puede presentar dentro del habitual desarrollo de sus funciones, la segunda, es necesario que interfieran causas externas que pongan en peligro la vida, honra y bienes de las personas, tal y como sucedió en el presente caso.

Bajo estos supuestos, la Sala ordenará revocar la sentencia de 20 de noviembre de 2008, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad de los actos acusados accediendo a las súplicas de la demanda, en la forma que a continuación se expone.

Del restablecimiento del derecho

De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, se observa que mediante Resolución 9 de 8 de enero de 2003, el Ministerio de Defensa Nacional - subdirección general de la Policía Nacional, le reconocieron a la señora Alejandrina Pérez Estupiñán, en su condición de cónyuge supérstite del agente Hernando Ramírez Joya, y a los hijos de este, las siguientes prestaciones, de acuerdo con el artículo 122 del Decreto 1213 de 1990: i) pensión mensual por muerte a partir del 5 de mayo de 2002; ii) cesantías definitivas, en cuantía de 27.135.904.32; e iii) indemnización por muerte, por valor de 34.889.019.84.

No obstante lo anterior, la demandante solicitó en el escrito de la demanda, a título de restablecimiento del derecho, lo siguiente: que el agente Hernando Ramírez Joya sea ascendido, de forma póstuma, al grado de cabo segundo en la Policía Nacional, con el consecuente reconocimiento de las prestaciones que corresponden por haber fallecido en un acto especial del servicio.

Bajo estos supuestos, el restablecimiento del derecho, la Sala hará las siguientes consideraciones:

I) En primer lugar, se ordenará el ascenso póstumo del fallecido agente Hernando Ramírez Joya, al grado de cabo segundo, bajo los supuestos fácticos y jurídicos ya señalados.

II) Así mismo, se dispondrá que a la actora, en su condición de cónyuge supérstite, y a los hijos del agente, les asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual, la cual debe ser liquidada y cubierta en la misma forma que una asignación de retiro, en los términos previstos en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990. Sin embargo, como el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional mediante Resolución 9 de 8 de enero de 2003 ya le había reconocido a la señora Pérez Estupiñán y a los hijos del causante, una pensión mensual en los términos del artículo 122 del Decreto 1213 de 1990, la Sala ordenará el reconocimiento y pago del mayor valor dejado de percibir por la demandante y otros, respecto de la prestación pensional reconocida en la citada resolución, desde la fecha en que ocurrió la muerte del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.), hasta la ejecutoría de la presente sentencia.

A partir de esta última fecha, el reconocimiento y pago de la pensión mensual se hará en la forma prevista en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.

III) En relación con la pretensión de reconocimiento a la actora de la compensación prevista en el literal a) del artículo 123 del Decreto 1213 de 1990 dirá la Sala que, si bien es cierto, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución 9 de 8 de enero de 2003 le reconoció a la señora Alejandrina Pérez Estupiñán y otros una indemnización por la muerte del agente, no lo es menos que, dicha indemnización comparte el mismo objeto y causa que la compensación prevista en artículo 122 del Decreto 1213 de 1990, esto es el resarcimiento a la actora del perjuicio ocasionado por la muerte intempestiva del señor Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.).

Bajo estas consideraciones, siendo evidente que para el caso concreto el reconocimiento de la indemnización por muerte y la compensación, son incompatibles, en tanto que implicarían un doble pago por el mismo concepto, la Sala ordenará que del valor que le corresponde a la actora por concepto de la compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido agente Ramírez Joya (q.e.p.d.), de acuerdo con lo dispuesto en el literal a, del artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, descontando lo pagado por concepto de indemnización por muerte, por las razones que anteceden.

IV) Finalmente, al haberse probado que la situación prestacional de los beneficiarios del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) se rige por el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, toda vez que su muerte ocurrió en cumplimiento de actos especiales del servicio, la Sala dispondrá el pago por concepto de cesantías en la forma prevista en el literal b del citado articulado, ordenando el descuento de lo que efectivamente se había pagado por este emolumento, según la Resolución 9 de 8 de enero de 2003.

Las sumas que resulten a favor de la demandante y otros, se ajustarán en su valor como lo ordena el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

2003-01734.JPG
 

 

En donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la demandante, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 20 de noviembre de 2008, por la cual el Tribunal Administrativo de Santander, denegó las pretensiones de la demanda formulada por Alejandrina Pérez Estupiñán y otros en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. En su lugar se dispone,

DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 9 de 8 de enero de 2003 y 635 de 10 de abril de 2003, proferidas por el subdirector y el director general de la Policía Nacional, en cuanto negaron el reconocimiento y pago, a la demandante y otros, de los diferentes emolumentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.

CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a:

i) Ascender en forma póstuma al fallecido Agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.) al grado de cabo segundo;

ii) Reconocer y pagar a los beneficiarios el pago de una
pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado conferido póstumamente, en los términos del artículo 123 del Decreto 1213 de 1990;

iii) Reconocer y pagar el mayor valor dejado de percibir por los beneficiarios, respecto de la prestación que le fue reconocida por medio de la Resolución 9 de 8 de enero de 2003, desde la fecha en que ocurrió la muerte del citado agente, hasta la ejecutoria de la sentencia;

iv) Reconocer y pagar por una sola vez, por concepto de compensación, el equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.), tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990, ordenando el descuento de lo pagado por concepto de indemnización por muerte, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia;

v) Pagar por concepto de cesantías, a los beneficiarios del
agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.), en la forma prevista en el literal b del artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, ordenando el descuento de lo que efectivamente se había pagado por este concepto, según la Resolución 9 de 8 de enero de 2003.

vi) Indexar las anteriores sumas de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia y dar cumplimiento en los términos previstos por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

La presente sentencia deberá cumplirse de acuerdo con los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Resolución 9 de 8 de enero de 2003, por medio del cual el subdirector general de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago en las proporciones de ley, una pensión mensual por la muerte del agente Hernando Ramírez Joya (q.e.p.d.), a partir del 5 de mayo de 2002 y la Resolución 635 de 10 de abril de 2003, por la cual el director general de la Policía Nacional resolvió negar el recurso de apelación y confirmó en su totalidad el anterior acto administrativo.

(2) Al respecto, puede verse también el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 448 de 4 de junio de 1992, M.P. Jaime Betancur Cuartas

“El referido informe administrativo no debe ser notificado a los beneficiarios de la prestación, porque como se indicó, es un concepto interno que sirve de fundamento para la expedición de la resolución que efectúe el reconocimiento respectivo. Tampoco está sometido a la orden de cumplimiento porque su objetivo es informar al superior sobre la ocurrencia de unos hechos y las circunstancias que lo rodearon, de manera que solo debe comunicarse al funcionario superior competente”

(3) Derecho administrativo general y colombiano, Libardo Rodríguez Editorial Temis, 1990. p. 204.

(4) “ART. 49.—Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general ni contra los de trámite preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.

ART. 50.—Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos.

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.

Son actos definitivos que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”.

(5) Véase el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la Resolución 9 de 8 de enero de 2003, folios 10 a 14.

(6) Información tomada del oficio por el cual el subintendente Juan Bautista Barajas Sandoval, dejó a disposición del jefe de la Sijin Desan, un aprehendido, tres armas de fuego y diferentes elementos.

(7) http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=combate

“combate.

(De combatir).

1. m. Pelea entre personas o animales.

2. m. Acción bélica o pelea en que intervienen fuerzas militares de alguna importancia.

3. m. Lucha o batalla interior del ánimo. Combate de pensamientos, de pasiones.

4. m. Contradicción, pugna”.

(8) Consejo de Estado, sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación 19001-23-31-000- 1995-06014-01(15439) C.P. Mauricio Fajardo Gómez. “El riesgo excepcional —cuando se atribuye al uso de armas— no se crea con el mero porte de estas por parte de la fuerza pública o con la sola presencia armada de los efectivos de la fuerza pública en el lugar de los hechos, sino por ejemplo por la participación de estos en cumplimiento de su misión institucional, en un encuentro armado cuyo desarrollo eleva de manera notable la posibilidad de que pueda recibir daño alguna de las personas o alguno de los bienes que estén al alcance de los medios utilizados en la confrontación.

El incremento en la posibilidad de que personas o bienes reciban daños al ser alcanzados por los medios utilizados en una confrontación ha de ser latente y ostensible, puesto que precisamente en eso es en lo que consiste la “excepcionalidad” del riesgo del cual trata este régimen”.