Sentencia 2003-01736/35413 de Diciembre 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 73001-23-31-000-2003-01736-01 (35413)

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: María Acened Rubio de Aros y Otros

Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia

Esta Corporación es funcionalmente competente para conocer del recurso de apelación planteado por los demandantes respecto de la sentencia de 10 de abril de 2008, comoquiera que, en razón al factor cuantía, el conocimiento de este asunto corresponde, en primera instancia, al respectivo Tribunal Administrativo y en segunda instancia al Consejo de Estado, pues, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6° del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998), la mayor pretensión individualmente considerada corresponde a la suma de $275.000.000 por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, solicitado para cada uno de los demandantes(5) (fl 29, c1).

2. Objeto del recurso de apelación.

El recurso de apelación propuesto por la parte demandante se contrae a solicitar la revocatoria del fallo de primera instancia; en concreto, los argumentos expuestos en la alzada se encaminan a rebatir la configuración del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad en los hechos materia de litigio.

3. Aspectos procesales previos.

3.1. La Agencia Oficiosa Procesal

3.1.1. La agencia oficiosa procesal es una institución jurídica que se aplica en el ámbito del proceso contencioso administrativo, por la remisión que el código procesal de la materia hace al código de procedimiento civil, y opera en una órbita exclusiva de protección de derechos e intereses individuales; sin embargo, la misma resulta ajena a eventos en que la protección jurisdiccional se dirige a intereses que desbordan el ámbito del individuo.

3.1.2. En efecto, desde su regulación en el código judicial de 1931(6), luego en el código de procedimiento civil de 1970, y ahora en el código general del proceso; la figura muestra dos requisitos esenciales: i) Que la persona a nombre de la cual se demanda se encuentre encuentre ausente o imposibilitada para hacerlo y ii) que el representado oficiosamente ratifique lo actuado en un término relativamente breve, lapso que se mantuvo en dos meses en la codificación procesal civil de 1931 y la de 1970, y que el código general del proceso redujo a 30 días(7).

3.1.3. Estos dos requisitos revelan que la ratio iuris de la institución está en la protección de los derechos de un individuo concreto, pues, de un lado, exige la ausencia o imposibilidad de que el sujeto representado se apersone de la defensa de sus derechos; y de otro, que este titular de derechos e intereses individuales ratifique la actuación del agente oficioso en un término exiguo, so pena que el interés o derecho individual no pueda ser protegido.

3.1.4. Alguna doctrina del derecho procesal civil latinoamericano define la institución como “Procurador Oficioso”, y la define como “de naturaleza procesal- pero similar a la gestión de negocios del derecho sustantivo- por el que se permite actuar sin poder. Se trata de casos especiales y para la defensa de derecho de quienes corren peligro de perderlos por no poder apersonarse en el juicio por múltiples razones”(8).

3.1.5. En el sub judice, ante la ausencia de la ratificación de lo actuado por quien se postuló como agente oficioso, el Tribunal de primera instancia, aplicando el artículo 47 del código de procedimiento civil, declaró la improcedencia de la agencia oficiosa procesal. Con esta declaración del a-quo, resulta claro que quienes no ratificaron la agencia oficiosa no pueden ser considerados como parte en este proceso, lo que impide acceder a cualquier reconocimiento de indemnizaciones de contenido económico en favor de dichas personas.

3.2. El control oficioso de convencionalidad, la ausencia de convalidación de la agencia oficiosa procesal y la realidad probatoria de los hechos objeto del litigio como constitutivos de grave violación de Derechos Humanos.

Una vez clarificado el anterior punto, la Sala, previa conceptualización y alcance del control oficioso e imperativo de convencionalidad, abordará lo relativo a la particularidad de los hechos objeto del presente litigio, constitutivos de grave violaciones de Derechos Humanos y abordará las repercusiones de ello en el sub judice.

3.2.1. Control oficioso de convencionalidad

3.2.1.1. El control de convencionalidad(9) es una manifestación de lo que se ha dado en denominar la constitucionalización del derecho internacional, también llamado con mayor precisión como el “control difuso de convencionalidad,” e implica el deber de todo juez nacional de “realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”(10)

3.2.1.2. Si bien, como construcción jurídica, el control de convencionalidad parece tener su origen en la sentencia proferida en el “caso Almonacid Arellano y otros vs Chile,”(11) lo cierto es que desde antes del 2002,(12) e incluso en la jurisprudencia de los años noventa de la Corte Interamericana de Derechos, ya se vislumbraban ciertos elementos de este control de convencionalidad.

3.2.1.3. Se trata, además, de un control que está dirigido a todos los poderes públicos del Estado,(13) aunque en su formulación inicial se señalaba que eran los jueces los llamados a ejercerlo.

3.2.1.4. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar cómo en el “caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile,” la Corte Interamericana de Derechos Humanos proyecta el control de convencionalidad, pues allí se afirma que constituye una obligación en cabeza del poder judicial ya que “cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma(14) y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella.”(15)

3.2.1.5. Lo anterior indica claramente que el juez nacional no sólo está llamado a aplicar y respetar su propio ordenamiento jurídico, sino que también debe realizar una “interpretación convencional” para determinar si aquellas normas son “compatibles” con los mínimos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los demás tratados y preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.(16)

3.2.1.6. Ese control de convencionalidad por parte de los jueces nacionales lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así:

“[…] La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”(17)

3.2.1.7. En suma, dada la imperiosa observancia de la convencionalidad basada en los Derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia decantada por la Corte Interamericana, como criterio interpretativo vinculante, es que se encuentra suficiente fundamento para estructurar el deber jurídico oficioso de las autoridades estatales —y en particular de los jueces— de aplicar la excepción de inconvencionalidad para favorecer las prescripciones normativas que emanan de la Convención por sobre los actos jurídicos del derecho interno.

3.2.1.8. Esta afirmación se fundamenta no sólo en la prohibición que tiene todo Estado parte de un tratado de no oponer su derecho interno para incumplir los acuerdos internacionales,(18) sino también en la pretensión de justicia que intrínsecamente encierran las disposiciones convencionales, comoquiera que el telos de ésta y de su interprete último es el de privilegiar la vigencia de los Derechos Humanos y del principio democrático en cada uno de los países firmantes de la Convención.

3.2.1.9. Dicho con otras palabras, no es la autoridad local quien determina la medida y alcance de la Convención, sino que es la Convención la que les determina a las autoridades nacionales su medida y alcance competencial a la luz de sus disposiciones.

3.1.10. El control de convencionalidad como construcción jurídica no se agota en el ámbito del derecho interamericano de los derechos humanos, sino que ha tenido cabida cuestionada en el derecho comunitario europeo, en el que se planteó la denominada doctrina “Simmenthal”. Se trata del caso “Administration des finances italiennes c. Simmenthal”, sentencia del 9 de marzo de 1978 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el que consideró:

“[…] El juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicarlas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obligado a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional”(19)

3.1.11. En tanto que en el derecho europeo de los derechos humanos, se encuentra que la Corte Europea de Derechos Humanos ha venido aplicando el control de convencionalidad, operándolo tanto frente Constituciones, como respecto de leyes de los Estados miembros de la Convención Europea de Derechos Humanos. En ese sentido se puede citar los siguientes casos: a) Partie communiste unifié de Turquie, sentencia de 20 de noviembre de 1998; b) caso Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, sentencia de 28 de octubre de 1999(20); c) caso Open Door y Dublin Well Woman(21)

3.1.12. Como puede observarse, el control de convencionalidad no es una construcción jurídica aislada, marginal o reducida a sólo el ámbito del derecho interamericano de los derechos humanos. Por el contrario, en otros sistemas de derechos humanos, como el europeo, o en un sistema de derecho comunitario también ha operado desde hace más de tres décadas, lo que implica que su maduración está llamada a producirse en el marco del juez nacional colombiano.

3.1.13. Y justamente esta Corporación ya ha hecho eco de la aplicabilidad oficiosa e imperativa del control de convencionalidad conforme a la cual ha sostenido el deber de los funcionarios en general, y en particular de los jueces, de proyectar sobre el orden interno y dar aplicación directa a las normas de la Convención y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tales cuestiones han sido abordadas en aspectos tales como los derechos de los niños, la no caducidad en hechos relacionados con actos de lesa humanidad, los derechos a la libertad de expresión y opinión, los derechos de las víctimas, el derecho a la reparación integral, el derecho a un recurso judicial efectivo, el derecho al a protección judicial, entre otros asuntos(22).

3.2.2. La particularidad de los hechos del sub lite: caso constitutivo de una grave violación de derechos humanos y de acto de lesa humanidad.

3.2.2.1. Así las cosas, una vez precisado el alcance del control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico interno, la Sala debe destacar que los hechos objeto de presente pronunciamiento judicial implican una clara y grave violación de Derechos Humanos e inclusive, conforme al contexto en el que se desarrolló lo sucedido en la noche del 15 de septiembre de 2011, se verifica la configuración de un acto de lesa humanidad (este punto será abordado en detalle ulteriormente).

3.2.2.2. En este sentido, la Sala retoma el criterio ya expuesto con anterioridad según el cual, en tales eventos, la pretensión declarativa de responsabilidad excede el interés particular o individual y se ve revestida de una relevancia jurídica colectiva que involucra a la humanidad en su conjunto(23).

3.2.2.3. En consecuencia, tomando como punto de partida los hechos expuestos en la demanda debidamente acreditados y habiendo motivado suficientemente la razón por la cual el litigio que ocupa el conocimiento de la Sala se enmarca dentro del concepto de grave violación de Derechos Humanos y como acto de lesa humanidad, surge para el Juez de Convencionalidad la competencia para pronunciarse, oficiosamente, sobre el contexto amplio que involucra esta situación, lo que implica la declaratoria de responsabilidad del Estado respecto de aquellos daños antijurídicos que le sean atribuibles, siempre que guarden relación o vínculo con este contexto. Empero, ello no involucra el reconocimiento de indemnizaciones particulares respecto de quienes no han promovido la pretensión contenciosa de reparación directa, por tratarse de intereses privados de cada víctima.

3.2.2.4. Precisa la Sala: Al encontrarse frente a un caso de tal magnitud, constitutivo de un acto de lesa humanidad, considerando que es la sociedad como un todo, la humanidad y no solo unos sujetos individualmente considerados quienes resultan ofendidos con este tipo de acciones, surge una competencia convencional oficiosa en virtud de la cual el Juez está llamado a abordar el juicio de responsabilidad del Estado en el marco de este contexto y, por contera, le corresponderá dictar las medidas generales no pecuniarias dirigidas a la sociedad y humanidad como un todo.

3.2.2.5. Por consiguiente, mal haría la Sala en guardar silencio respecto de unos hechos constitutivos de una masacre(24) en contra de la población civil apoyándose en un argumento de raigambre procedimental. Ello, a más de prohijar una visión miope de la realidad que se juzga e impedir la estructuración de una completa dimensión contextual en la cual se desenvolvieron los hechos objeto de juicio, no se ajusta a los postulados ideales del Juez en el ámbito del Estado Social y Democrático de Derecho y conforme al control de convencionalidad, comprometido con la obtención del derecho sustancial y la búsqueda de la verdad, en tanto manifestaciones de la justicia material(25) conforme a las normas convencionales(26) y constitucionales, que han sido desarrollados tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política y sus respectivos Tribunales.

3.2.2.6. El Juez Administrativo, en estos casos, invoca las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de su Corte a efectos de evitar que se concrete una circunstancia de impunidad(27)-(28) en un caso constitutivo de lesa humanidad; de modo que está habilitado para pronunciarse sobre la configuración de la responsabilidad del Estado respecto del todo el contexto en que sucedieron los hechos, dado que está frente a un caso de tal magnitud en donde el interés en determinar la responsabilidad no es una cuestión de estirpe netamente individual sino que, como se dijo, tiene relevancia colectiva al afectar a la humanidad en su conjunto.

4. Los medios probatorios.

Al expediente fueron allegados oportunamente y con observancia de las exigencias legales para tener valor probatorio, los siguientes elementos:

— Copia de Oficio No. 190/SDPH-ERPF de 14 de junio de 2004 suscrito por el Comandante de la Estación Rural de Policía Falan en donde se manifiesta lo siguiente:

“— Para el día de los hechos, en la Estación de Policía Falán (sic), había un total de once (11) policiales, incluyendo el Comandante y uno en vacaciones.

— Revisando los diferentes libros y minutas que se llevan en esta unidad policial para la fecha de los hechos, se puede observar que con anterioridad se venían (sic) adelantando labores de inteligencia las cuales se dan a conocer al señor comandante de la Estación y este a su vez las da a conocer al señor alcalde de la época, estas informaciones fueron suministradas inicialmente por personal de la SIPOL DETOL (folios 146 y 147) correspondiente al libro minutas de guardia – 13-09-01), igualmente se dan a conocer estas informaciones mediante poligramas de la DIROP y radiogramas del Batallón Patriotas, los cuales indican de una presunta incursión por parte de bandoleros del Frente Norte Tulio Varón de las FARC y Bolcheviques del Líbano del ELN, a las poblaciones de Falán (sic), Palocabildo, Armero Guayabal; más no habla de ataques ni incursiones por parte de los paramilitares ó grupos de Autodefensas contra la población civil (Folios 186, 187 y 188- Libro minuta de Poligramas llegados 130901); no se observan anotaciones de prevención para evitar la ocurrencia de dichos hechos por parte de los insurgentes.

— Revisado los libros de minuta de guardia y de población, no se encontraron anotaciones sobre operativos realizados para la fecha de los hechos en el corregimiento de Frías, únicamente anotaciones de salidas a patrullar y pasar revista a puntos críticos de la localidad (Folios 156, 157, 158, 160, 161 del libro de minuta de guardia y una anotación sobre un concejo de seguridad sobre orden público, donde el señor alcalde manifiesta su intención de trasladarse a Frías (Folio 230 del libro de minuta de población, antes del 15-09-01), se tenía conocimiento de una presunta acción subversiva, a las poblaciones de Palocabildo, Falán (sic), Armero Guayabal, por parte de bandoleros pertenecientes a las FARC y ELN, que para la época delinquían en esta jurisdicción.

— Con respecto a estos hechos le estoy adjuntando a este informe fotocopia de los folios 229, 230, 231 y 232 del libro de Población, fotocopia del informe suscrito por el Comandante de Estación, donde narra los hechos del 150901, al señor Capitán Luis Carlos Hernández Merchán.” (fls 54-55, c1).

— Oficio No. 166 DPT.ERF. de 17 de septiembre de 2001 suscrito por el Comandante de la Estación Rural Falan. Mediante el cual se reporta la novedad ocurrida el 15 de septiembre de 2001 al Comandante del Distrito Seis de Policía, en los siguientes términos:

“Hechos:

Siendo aproximadamente las 22:00 horas del 15-09-01 en corregimient5o de Frias jurisdicción Falan, asesinaron a los señores Jhon Jairo Navarrete, indocumentado, 18 años de edad, soltero, agricultor, natural de Líbano y residente en Frías, quien presenta cuatro impactos, así: uno en el cuello uno en la cabeza región temporal, uno en el maxilar inferior lado derecho y uno región occipital lado izquierdo; Yesid Aros Rubio, cédula de ciudadanía Nro 93.384.146 de Falan, 31 años de edad, soltero, comerciante, residente en Frías, quien presenta un impacto región frontal lado derecho; Pedro Argilio Urrego Velásquez, indocumentado, 19 años, soltero, residente en Frías, quien presenta un impacto en la cabeza; Erley González Calderón Identificado con cédula de ciudadanía Nro. 86.056.168 de Villavicencio, 26 años de edad, soltero, jornalero, natural y residente en Frías, quien presenta un impacto región parietal lado derecho; Duverney Miranda Cortez (sic), identificado con cédula de ciudadanía Nro. 93.341.704, 23 años de edad, jornalero, natural de Armenia Quindío y residente en Frías, quien presenta un impacto región parietal lado izquierdo; Luis Albeiro Hernández, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 93.341.824 de Falan, 23 años de edad jornalero, soltero y natural y residente en Frías, quien presentas un impacto región frontal; Cecilia Cortez (sic), indocumentada, 15 años de edad, soltera estudiante, quien presenta un impacto región occipital; José Olivo Delgado Laverde, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 5.905.574 de Falan 30 años de edad, soltero, natural de Falan y residente en Frías, quien presenta cuatro impactos así: uno en la nuca, dos en el pecho y uno en la espalda; Farid Juan Janner Martínez, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 73.136.211 de Cartagena, 32 años de edad, soltero, mecánico, alfabeta, natural de Cartagena y residente en Frías, quien presenta un impacto en la cabeza.

Esa misma noche siendo aproximadamente las 23:30 horas, la ambulancia del municipio de Palocabildo se desplazó hasta el corregimiento de Frías y prestó servicios médicos, trasladando al siguiente personal herido al hospital de Palocabildo: Hernán Miranda Cortez (sic), indocumentado, 24 años de edad alfabeta, residente en Frías, quien presenta un impacto en la cabeza parte de la cien lado derecho; Vicente Rodríguez, indocumentado, casado, alfabeta, jornalero y residente en Fríasquien presenta un impacto en la cabeza; señores en mención fallecieron posteriormente en esa localidad, además le prestaron servicios médicos a la señora Flor María Gaviria Cardona, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 28.722.497 de Falan, 43 años de edad, casada, comerciante, natural de Villahermosa y residente en Frías grado de studio (sic) 5° de primaria, quien presenta un impacto en el tobillo del pie izquierdo; señora manifiesta que el impacto se lo ocasionó un señor que vestía prendas privativas de las fuerzas armadas policía, además portando armas de corto y largo alcance y se hacían pasar por autodefensas e inclusive le pintaron la pared del supermercado que ella es propietaria con letras de la AUC e ingresaron a la localidad por la entrada del corregimiento de san Pedro jurisdicción del municipio de Armero Guayabal yu la señora Fabiola Villalba Herrera, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 28.723.913 de Falan, unión libre, hogar, alfabeta, natural y residente en Frías, quien presenta un impacto en la región sacro; mencionada señora fué (sic) remitida a la ciudad de Ibagué hospital Federico lleras acosta mismo día.

Agresores:

Al parecer un grupo de hombres que se hicieron pasar por autodefensas, ya que escribieron en las paredes emblemas de las AUC.

Inspección judicial de cadáveres:

La inspección judicial de cadáveres la practicó la fiscalía seccional 48 e Honda, CTI Honda e inspección de policía ésta; el día 16-09-01 siendo las 10:00 horas.

Móviles:

Este grupo de hombres asesinaron a estas personas aduciendo que eran auxiliadores de la guerrilla, según lo escrito en las paredes de las residencias de esa localidad.” (fls 56-57, c1).

— Folios de minuta de libros de guardia y de población de la Inspección Rural de Policía de Falan (fls 58-66, c1).

— Oficio No. 0807/SIPOL/DETOL de 12 de julio de 2004 suscrito por el Jefe Seccional de Inteligencia del Departamento de Policía del Tolima en los siguientes términos:

“En ningún momento esta Seccional conoció información sobre presencia de grupos de Autodefensa en la región ni de la amenaza de acción violentas contra los pobladores del corregimiento de Frías que permitiera orientar al mando institucional sobre la toma de decisiones al respecto, días antes de la fecha de los hechos acaecidos el 15-09-01 en el corregimiento de Frías jurisdicción del municipio de Falan.

No obstante para la fecha esta seccional, manejo (sic) información de inteligencia sobre la amenaza de posible incursión que grupos subversivos (Frente Tulio Varón de las FARC y Bolcheviques del ELN) pretendían adelantar contra los municipios de Palocabildo, Falan y Armero Guayabal, así mismo contra el señor alcalde de la localidad de Palocabildo a quien de acuerdo a las informaciones pretendían realizar juicio político, en este sentido el comando el departamento alertó a esas unidades, mediante poligrama número 391 del 13-09-01, suscrito por el señor Coronel Ciro Hernando Chitiva Rincón, por lo cual se ordenó a los Comandantes de esas estaciones de policía implementar y reforzar las medidas de seguridad personales y de instalaciones, con el fin de contrarrestar las cualquier acto terrorista que vulnerara la seguridad de las poblaciones mencionadas, así mismo realizar las coordinaciones necesarias con autoridades civiles y militares, esta misma información igualmente fue manejada y difundida por el comando del Batallón Patriotas de Honda, mediante radiograma número 052 del 13-09-01, suscrito por el señor Coronel Javier Anaya Calderón Comandante encargado Batallón Patriotas.” (fls 221-222, c1).

— Oficio No. 1957/SIPOL-DETOL de 21 de diciembre de 2004 suscrito por el Jefe Seccional de Inteligencia DETOL en donde se informa:

“En atención al oficio de la referencia, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel que en ningún momento esta Seccional conoció información sobre presencia de grupos de autodefensas en el corregimiento de frías del Municipio de Falan, como tampoco de la amenaza de acción violenta contra los pobladores del citado corregimiento, días antes de la fecha de los hechos acaecidos el 150901 en eta jurisdicción, donde fueron vilmente asesinadas 13 personas.

No obstante para el mes de septiembre esta seccional, conoció información de inteligencia relacionada con el desarrollo de una posible incursión por parte de las FARC y el ELN en los municipios de Palocabildo, Falan y Armero Guayabal; así mismo contra el señor alcalde de la localidad de Falan a quien de acuerdo a las informaciones pretendían realizar un “juicio político”. En este sentido el comando del Departamento alertó a esas unidades, mediante poligrama número 391 del 130901, suscrito por el señor Coronel Ciro Hernando Chitiva Rincón y 1779 del 130901 por el señor Capitán Luis Carlos Hernández Merchán comandante del distrito de Policía No. 6 Honda, por lo cual se ordenó a los Comandantes de esas estaciones de policía extremar las medidas de seguridad, con el fin de contrarrestar cualquier acto terrorista contra las poblaciones mencionadas; como también coordinar con autoridades civiles y militares que permitiera diezmar la situación de riesgo.

Esta misma información fue difundida por el comando del Batallón Patriotas de Honda, mediante radiograma número 0582 del 130901, suscrito por el señor coronel Javier Amaya Calderón Comandante encargado de esa unidad militar.

Cabe anotar que para la fecha del 150901 en el corregimiento de Frías, no se contaba con presencia de la Policía Nacional; igualmente esta jurisdicción se encuentra ubicada a 15 kilómetros aproximadamente del casco urbano del Municipio de Falan y a 14 kilómetros de Palocabildo.

De otra parte no hubo solicitud de seguridad por parte de pobladores ni autoridades al respecto, que permitiera tomar acciones preventivas para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de esa región.” (fls 235-236, c1).

— Oficio No. 0981/COMAN ESTLIB de 23 de julio de 2005 suscrito por el Comandante de la Estación de Policía del Líbano en donde se informa:

“En respuesta al poligrama No. 1042 de fecha 210705, en relación con las actividades operativas realizadas en la estación de policía Líbano en el periodo comprendido del 15-08-2001 al 150901, tendiente a neutralizar y capturar los grupos de auto defensas que perpetró (sic) masacre en jurisdicción de Frías para la fecha del 150901, comedidamente me permito informar a ese comando, que revisado el archivo de esta unidad se encontró lo siguiente:

Para el periodo antes citado se encontraban como comandante de estación de policía Líbano el señor Sargento segundo Romero Arias Alirio, y como comandante de distrito Nueve el señor Capitán Wenceslao Ferrin Rengifo.

Diariamente se reportaban planes policiales en los cuales incluían puestos de control instalados en las diferentes vías de acceso a este municipio, así como requisas e identificación de personas, sin que haya logrado capturas de miembros de las AUC en ese periodo. Lo anterior según lo verificado en los libros de Población y de poligramas salidos para esas fechas.

Según registros en la Minuta de guardia de la unidad, el señor Capitán Ferrin y el SS. Romero diariamente salían pasar revista a puntos críticos y a apoyar los diferentes planes policiales ejecutados; sin embargo no aparece anotaciones concretas de salidas de personal a realizar planes policiales tendientes a capturar y neutralizar miembros de las autodefensas.

Se ha podido establecer que el corregimiento de frías (sic) queda en la jurisdicción de Palocabildo, y las vías de acceso a esa zona son por Palocabildo, por Falan y por el antiguo Armero, y que al parecer existe un camino de trocha en muy mal estado el cual sale al municipio de _Villahermosa; por lo tanto no existen vías de acceso de Frías al municipio de Líbano.” (fls 236, c1).

— Oficio Nro. 0414/COMAN-ESFRE de 23 de julio de 2005 suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Fresno en donde se informa:

“Comedidamente me permito enviar a mi Capitán la información requerida en el Poligrama número 0631 donde se requiere la información que más adelante relaciono, así:

— Nombre del comandante de la estación Fresno en el periodo comprendido entre el 15-08-01 y el 15-09-01.

— Listado completo de personal de la Estación del periodo 15-08-01 y 15-09-01.

— Actividades adelantadas en ese periodo por el personal de la Estación y al mando de quien, en contra de las AUC.

— Información cartográfica de esta localidad y vías de acceso a estas zonas.

Lo anterior en lo referente a la masacre presentada en la localidad de Frías corregimiento de Palocabildo para el día 15-09-01.

En respuesta a los dos primero puntos se le envía fotocopia del informe enviado para esa fecha al comando del sexto distrito Honda donde se relaciona todo el personal de la Estación incluyendo al comandante de esta fecha.

Revisando el libro de población en le (sic) periodo de 15-08-01 y 15-09-01 no se encontró anotaciones radicadas de procedimientos, capturas de miembros de las AUC, me permito enviar a ese Comando la relación de casos conocidos durante esa época en el informe de actividades realizadas de ese periodo y ninguna tiene referencia a la masacre que se presento (sic) en Frías – Tolima, de igual manera revisado el libro minuta de guardia no aparece ninguna anotación de registro o consignas sobre los hechos materia de investigación, igual manera se anexan las copias del libro de guardia y de población de los días 15 y 16 septiembre del año 2001, días que sucedieron los hechos.

En el periodo comprendido entere (sic) le (sic) 15-08-01 y 15-09-01 aparecen relacionada las siguientes actividades: El DIA 15-08-01 alas (sic) 09:00 horas a 10:50 horas plan puesto de control y patrullaje, 16-08-01 a las 00:05 horas plan de seguridad, vigilancia y patrullaje, el 16-08-01 a las 15:00 a 17:30 horas patrullaje perímetro urbano, el 16-08-01 de 19:00 horas requisa e identificación de personas fin contrarrestar acciones grupos al margen de la Ley, 17-08-01 a las 09:40 horas a 11:00 horas, patrullaje perímetro urbano, 17-08-01 a las 15:00 a las 17:30 horas plan requisa e identificación de personas, el 18-08-01 a las 15:05 a 17:00 horas servicio de seguridad a las festividades, 18-08-01 de 19:50 horas a 22:30 horas, plan control perímetro urbano, 18-08-01 a las 23:55 plan control festividades, 19-08-01 a las 20:00 horas a las 22:35 horas plan control festividades, 20-08-01 a las 14:00 horas instalación plan retorno fin contrarrestar accionar grupos al margen de la ley, el 21-08-01 a las 00:00 horas plan control festividades, 21-08-01 a las 16:00 horas a 17:15 horas plan requisa e identificación de personas, 22-08-01 a las 15:30 horas patrullaje perímetro urbano, el día 24-08-01 de 10:10 horas a 11:45 horas plan puesto de control de identificación de personas, el 24-08-01 a las 14:30 horas plan puesto de control y requisa, el 25-08-01 22:30 horas se imparten medidas de seguridad ante presencia de grupos subversivos en el note (sic) del Tolima, el 27-08-01 a las 20:15 horas a 21:50 plan puesto de control 28-08-01 a las 15-15 horas a 17:00 horas, plan requisa e identificación de personas, 29-08-01 a las 09:50 horas a 11:30 horas requisa e identificación de personas, 29-08-01 a las 14:00 horas plan requisa e identificación de personas, 29-08-01 a las 20:00 horas, plan requisa e identificación de personas, 31-08-01 a las 20:40 horas a 22:15 horas revista a puntos críticos e identificación de personas contrarrestar accionar de grupos al margen de la ley, 01-09-01 a las 20:15 21:45 patrullaje a perímetro urbano, el 05-09-01 a las 15:05 horas a 16:00 horas patrullaje a requisa e identificación de personas, 05-09-01 a las 19:50 horas a 22:25 horas plan puesto de control, requisa e identificación de personas, el 07-09-01 a las 21:00 a las 22:00 horas requisa e identificación de personas y establecimientos públicos, el 09-09-01 a las 6:30, instalación dispositivo plan electoral, el 11-09-01 a las 09:40 horas puesto de control, requisa a establecimientos públicos e identificación de personas fin contrarrestar grupos al margen de la ley.

Me permito enviar la información cartográfica de esta localidad donde se puede ver las vías de acceso a esta jurisdicción.” (fls 251-252, c1).

— Oficio No. 468 DETOL CEFRE de 26 de septiembre de 2001 suscrito por el Comandante de la Estación Urbana de Policía Fresno en donde se informa:

“Comedidamente me dirijo a mi Capitán, con el fin de enviar información sobre los hechos positivos que han llevado a cabo en esta Jurisdicción, con el fin sean insertados en mi respectivo folio de vida:

— Para el día 11 de Abril del año en curso, fue capturado el señor Enrique Rojas Toro, cedula nro. 93.420.124 de Fresno, 24 de años de edad, al cual se le encontro (sic) en su poder un reloj de pulso, una cámara fotográfica marca olimpus con respectivo estuche, una plancha eléctrica, un tv. A color 14 pulgadas, y la suma de $140.000 pesos en efectivo, elementos y dinero que hurto (sic) día anterior en la ciudad de Bogotá (sic), persona, elementos y dinero dejado a disposición del (sic) la Fiscalía local Fresno.

— El día 17 de abril del año en curso fue capturado el señor Pablo Emilio Londoño Henao, indocumentado, 52 años, al cual al practicársele la respectiva requiza (sic) se le halo (sic) en su poder 40 papeletas de bazuco y 3 moños de marihuana, listos para distribución y venta, sujeto y sustancia dejados a disposición de la Fiscalía Seccional Fresno.

— El día 23 de mayo se incauto (sic) 11 botellas capacidad un litro, de Wiski (sic), marca William Grants, 12 botellas de ron Jamaica, un recipiente de cinco galones con alcohol etílico, el cual lo transportaban en camioneta Chevrolet luv, color azul, modelo 93, conducido por el señor Carlos Arturo Amaya Muñoz, cédula nro. 70.548.931 de envigado, licor antes mencionado se incauto (sic) por ser de contrabando, dejado a disposición de la Fiscalía 70 Local.

— El día 22 de junio se realizo (sic) allanamiento a la residencia de la señora Gloria Amparo Gutiérrez, cédula nro. 28.688.952 de chaparral, barrio la libertad nro. 8-33, la cual se retuvo al hallársele en dicha residencia 100 gramos de bazuco, 34 papeletas de la misma sustancia listas para el expendio, una gramera de 500 gramos, y $284.000 pesos, en efectivo producto de la venta, quedaron a disposición de la fiscalía Seccional Fresno.

— El día 06 de Junio e decomiso (sic) un revolver marca Smith Wesson, calibre 38 largo, nro. C833365 nro. Int. 66743, al señor Edgar Ivan Carvajal Giraldo, cedula nro. 93.419.511 de Fresno, 25 años, en requiza (sic) efectuada al establecimiento público de razón social billares la orquídea calle 4 con calle 6 esquina.

— El día 25 de Julio se decomiso en la carrera 7 nro. 6-54, supermercado centro, 281 botellas de media de Brandy Cibas Brand (sic), y 35 botellas de brandy cibas Brand (sic), y en el supermercado carera (sic) 8 nro. 7-10, se decomisaron 35 botellas de media de brandy cibas brind (sic), elementos avaluados en $840.000 pesos, respectivo sustancia adulterada.

— El día 14 de agosto se capturaron los señores Mauricio González Cardona, cédula nro. 10.188.956 de la Dorada, 23 años, y el señor Reinaldo Londoño Giraldo, cédula nro. 93.060.180 de Fresno, 21 años y se le hayo (sic) en su poder un revolver calibre 22, marca doberman, capacidad 10 cartuchos, sin el respectivo de tenencia o porte, y la recuperación de $240.000 pesos, ya que momentos antes habían hurtado de la estación de Servicio Pennport. Dejados a disposición de la fiscalía Seccional Fresno.

— El día 21 de Agosto se presento (sic) la culminación de las festividades municipales denominadas Expoagro, teeindo (sic) como positivo el menor registro de lesiones personales, el menor índice de hurtos, labores que en varias ocasiones fue reconocida públicamente, dejando así en alto el buen nombre de la Institución.

— El día 10 de septiembre se incauto (sic) revolver, marca Llama Scorpio, calibre 38 largo, nro. IM6149M nro. 29402, el cual en operativos realizados fue dejado abandonado en el sector la variante con calle 6.

— El día 14 de septiembre se capturo (sic) al señor Héctor Fabián Martínez, cédula indocumentado, 28 años, al cual se le hallo (sic) en su poder un revolver Smith Wesson, tipo trabuco, 5 tiros, calibre 38 largo nro. 645032, dejado a disposición de la fiscalía.” (fls 255-256, c1).

— Registro Civil de Defunción de Alduvier Triana Espinosa en donde consta que éste falleció el 16 de septiembre de 2001 (fl 1, cdno pruebas demandante).

— Registro Civil de Defunción de Marcolino Aguirre en donde consta que éste falleció el 15 de septiembre de 2001 (fl 2, cdno pruebas demandante).

— Oficio OFI05-31522/AUV 21200 de 18 de mayo de 2005 (fl 10, cdno pruebas demandante) suscrito por el Asesor de Área de Atención y Prevención del Programa Presidencial del Derechos Humanos DIH, mediante el cual se allegan al expediente los siguientes documentos:

— Oficio de 27 de noviembre de 2001 del Asesor de Área de Casos del Programa del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH dirigida al Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional donde le manifiesta que:

“continúa profundamente preocupado con respecto a la situación de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y DIH que se registran en el Departamento del Tolima en medio de la población civil al margen del conflicto, de acuerdo a información recibida por el constante accionar de grupos al margen de la ley en cabeza de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia bloque Tolima, la cual viene sembrando el terror y desconcierto en las diferentes ciudades del sur, centro y norte del Tolima, organización que ha manifestado tomarse por la fuerza todos los municipios del Tolima como efectivamente se viene presentando.

El programa de Derechos Humanos y DIH ha continuado recibiendo información proveniente de la Defensoría del pueblo, de las administraciones municipales, de organizaciones sociales y comunidades indígenas, en donde se da cuenta de la continua escalada de violencia en medio de los pobladores de los municipios del Tolima, la cual se encuentra articulada a la aparición y accionar de las AUC.

A continuación se relacionan diferentes hechos en los cuales se da cuenta de violaciones a los Derechos Humanos y DIH, manifestaciones provenientes de las entidades y mandatarios locales, organismos de control y ongs de Derechos (…)

Respetado señor General, el manejo del orden público en el departamento de acuerdo a lo descrito y por la avanzada de las autodefensas es bastante complejo, a tal punto de no ofrecer garantías en medio de la población civil, quienes continúan demandando de sus fuerzas armadas legítimamente constituidas, se brinde tratamiento para posibilitar el ejercicio de los derechos y libertades individuales, solicitando del Estado en cabeza de la fuerza Pública, poner en cintura a los actores armados violentos e ilegales en aras (sic) garantizar la vida y no permitir se continúe la sistemática violación a los Derechos Humanos y DIH en el departamento.

La situación se presenta cada día más difícil en medio de la población civil al margen del conflicto, en donde prácticamente no existe municipio del Tolima que no se encuentre en la mira y accionar de los actores al margen del conflicto, el día de hoy miércoles 5 de diciembre recibimos la acción urgente proveniente del comité de solidaridad con los presos políticos, en la cual se manifiesta y pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, las amenazas de las que vienen siendo víctimas la (sic) poblaciones de los municipios de Icononzo en el departamento del Tolima y Pandy en el departamento de Cundinamarca, por parte de comandos paramilitares de las AUC, quienes están poniendo plazo a algunos pobladores para que abandonen sus municipios o de lo contrario serán asesinados.

Por lo anterior y como quiera que son reiterados los llamados de urgencia por parte de las comunidades, autoridades y comunidad nacional e internacional así como de las organizaciones sociales, muy comedidamente, solicitamos de la institución a su digno cargo, se tromen las medidas de seguridad y protección pertinentes en beneficio de la población civil al margen del conflicto, para que no se continúen presentando nuevos hechos que enlutan y vulneran a la sociedad tolimense y para que los actores al margen de la ley autores de las violaciones tengan el tratamiento en los términos de la constitución y la Ley.

Desde el programa, esperamos la información y acciones por ustedes emprendida que permita garantizar la superación de la problemática en materia de Derechos Humanos y DIH, en los diferentes municipios del Tollina (sic), con lo cual se pueda dar una respuesta a los violentos y se garantice el ejercicio de las libertades y el cabal desarrollo de condiciones de seguridad y protección de las personas y poblaciones relacionadas.” (fls 6-9, cdno pruebas demandante).

— Oficio No. 0805 DIVI5-BR6-DH-725 de 17 de diciembre de 2001 suscrito por el Comandante de la Sexta Brigada donde da respuesta a la anterior misiva en los siguientes términos: “Esta Unidad Operativa Menor con sus Unidades Tácticas, ha desarrollado a lo largo y ancho del departamento, significativas operaciones ofensivas contra todos los grupos generadores de violencia que delinquen en estas regiones, con el fin de deolverle a la ciudadanía el ambiente de tranquilidad y paz necesario para el normal desarrollo de estos municipios. // De otra manera, es política de este Comando enfrentar en forma decisiva y sin vacilaciones a todos y cada uno de los grupos de AUI que tienen su ingerencia (sic) delictiva en el área de responsabilidad de esta Brigada como así lo demuestran nuestros resultados de operaciones que se anexan.” (fls 5, cdno de pruebas demandante).

— Oficio del Asesor de Área de Casos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante el cual reitera el oficio remitido el 27 de noviembre de 2001 al Comandante de la Sexta Brigada (fl 3, cdno de pruebas demandante).

— Oficio No. 00537 de 28 de enero de 2002 suscrito por el Comandante del a Sexta Brigada donde informa que al Programa Presidencial que con anterioridad había dado respuesta al oficio remitido (fl 4, cdno de pruebas demandante).

— Oficio de 24 mayo de 2005 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima mediante el cual remite copias de las actuaciones surtidas dentro de la “queja relacionada con la masacre ocurrida el 15 de septiembre de 2001, en el corregimiento de Frías —municipio de Falan— Tolima”. Estos documentos son:

  1. — Oficio de 16 de septiembre de 2001 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima con destino a la Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas – Coordinadora de la Regional Tolima de la
Defensoría del Pueblo, mediante el cual informa lo siguiente:

“Respetada Coordinadora,

He recibido hacia las 11 de la mañana de hoy domingo 16 de septiembre del presente año, una llamada vía celular del Secretario de Gobierno Departamental, Dr. Alfredo Bocanegra, en la cual me informa que se presentó una masacre en el corregimiento de Frías, jurisdicción del Municipio de Falan al norte del departamento, en donde habrían perdido la vida alrededor de 13 personas.

Visité el lugar en horas de la tarde y he constatado lo siguiente:

En el corregimiento mencionado fueron asesinadas 9 personas (todos moradores del lugar y que trabajaban allí mismo), presuntamente por grupos de autodefensas. Según información del personero de Falan, los hechos se presentaron alrededor de las 9 y 30 de la noche de ayer sábado, momento en el cual un grupo de cerca de 20 integrantes de las AUCMM (siglas que designa a las “Autodefensas unidad de Córdoba y el Magdalena Medio”) Frente “Ramón Isaza”, disparó contra 9 personas en dos locales diferentes en el corregimiento, causándole la muerte a todos. Según algunos testimonios, los miembros del grupo armado entraron a los negocios y antes de dispararles, les gritaban “sapos”. En hechos que parecen tener relación según las autoridades, y que se dieron anoche mismo, fueron asesinadas, presuntamente por el mismo grupo, dos personas más en el municipio de Palocabildo (muy cercano al corregimiento ya mencionado) y otras dos personas en el cruce Armero-Guayabal cerca al municipio de Lérida, para un total de 13 personas, lo que se constituye obviamente en una masacre, que tiene sumidos en la tristeza y en el desconcierto a los habitantes del lugar. Dos mujeres más fueron heridas. Una de gravedad que fue trasladada al hospital Federico Lleras de Ibagué y otra que presenta una herida en una pierna y que estaba siendo atendida en el Hospital del Municipio de Falan. Al momento de realizar la visita a dicha localidad, aún no estaba plenamente establecida la identidad de los muertos, pues el CTI de la Fiscalía aún estaba practicando el levantamiento de los cadáveres, en asocio de la Fiscalía 48 de Honda. Sobre los nombres de las personas le estaré informando tan pronto tenga datos más precisos del personero, a quien le he dado instrucciones para que me remita mañana mismo toda la información que pueda resultar útil, primordialmente el reporte general de la Fiscalía en torno a la identidad, edades y sexos de las víctimas. Los datos iniciales de las autoridades del lugar, establecen que el promedio de edad de las personas asesinadas era de 25 años y entre los muertos figura una joven de 15 años de edad.

Según el dicho del personero, no se conocía de amenazas por parte de este grupo hacia la población civil, ni se tenía conocimiento de que hicieran presencia en las zonas más cercanas a esa localidad.

La Secretaria General de la Gobernación, doctora Martha Perdomo, en su condición de Gobernadora encargada, visitó la zona en compañía de la Red de Solidaridad Social y se puso al tanto de la situación. El Ejército también hacía presencia al mando del Coronel Jerez, comandante del Batallón ubicado en Honda. Según lo que me manifestó el Alcalde de la localidad, el corregimiento de Frías, no cuenta con puesto de policía desde hace aproximadamente 5 años tiempo en el cual fueron retirados los policías, presumiblemente por la posibilidad de un ataque guerrillero. El puesto de policía más cercano corresponde al del municipio de Palocabildo, municipio más cercano a este corregimiento que la misma cabecera urbana de Falan. El ejército le dio instrucciones a un oficial para que al mando de 40 hombres aproximadamente, acantonara provisionalmente en la zona y el alcalde se comprometió a facilitar condiciones logísticas para esta labor.

Así mismo le remitiré por correo, para su conocimiento y fines pertinentes, fotografías que tomé en la visita y cuyo lugar preciso le explicaré foto por foto, para mejor ilustración del presente caso y si fuere necesario como elemento para la consideración general de esta nueva masacre en el Tolima.” (fls 11-12, cdno pruebas demandante).

— Recorte de prensa del diario “El Nuevo Día” [fecha no conocida] donde se encuentran las noticias “mueren 13 campesinos en incursión paramilitar”, “Matanza enluta a familias de Frías”, “13 personas muertas y dos heridas en el corregimiento de Frías” —éste con fecha de 17 de septiembre de 2001— y “AUC niegan autoría en matanza de Frías” (fls 13-15, cdno pruebas demandante).

— Copias de 13 fotografías a lugares. En algunas de ellas se lee “Frente Omar Isaza AUC”, “fuera sapos”, “AUCMM presente” (fls 21, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 17 de septiembre de 2001 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima y dirigido a la Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas, donde se lee:

“Ampliando la información suministrada sobre la masacre realizada por grupos paramilitares, el pasado 15 de septiembre en el municipio de Falan, corregimiento Frías, me permito relacionar los nombres de las personas asesinadas.

— Olivo Delgado

— Jhon Navarrete

— Cecilia Cortés

— Hernán Cortés

— Uberney Cortés estos dos últimos hermanos gemelos de 18 años

— Arley González

— Yesid Aros

— Pedro Urrego

— Aldubier Triana

— Marco Lino Aguirre

— Vicente Rodríguez

— Albeiro Baracaldo

— Rafael Jiménez

Dos mujeres más fueron heridas Flor María Padilla (trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta y Fabiola Villalba en el Hospital de Fálan).

De otro lado es necesario precisar que el grupo que presuntamente cometió la masacre pertenece a las AUC y se identifican, según las inscripciones dejadas en las paredes de locales vecinos a donde se cometió la masacre, como “Frente Omar Isaza” como erradamente nos habían informado ayer.” (fl 22-23, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 17 de septiembre de 2001 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima y dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas donde se informa lo siguiente:

“Fui enterado hacia las 11 de mañana del Domingo 16 de septiembre del presente años, por una llamadas (sic) vía celular del Secretario de Gobierno Departamental, Doctor Alfredo Bocanegra, en el cual me informa que de presentó una masacre en el corregimiento de Frías, jurisdicción del municipio de Fálan, al norte del Departamento, en donde habrían perdido la vida alrededor de 13 personas.

Visité el lugar en horas de la tarde del domingo de ayer y he constatado lo siguiente: En el Corregimiento mencionado fueron asesinadas 9 personas (todos moradores (sic)

El lugar y que trabajan allí mismo), presuntamente por grupos de autodefensas. Según información del Personero de Falan, los hechos que se presentaron alrededor de las 9 y 30 de la noche del sábado, momento en el cual un grupo de cerca de 20 integrantes de las AUCMM (sigla que designa a las Autodefensas unidas de Córdoba y el Magdalena Medio”) Frente Omar Isaza, disparó contra 9 personas en dos locales diferentes en el corregimiento, causándole la muerte a todos. Según algunos testimonios, los miembros del grupo armado entraron a los negocios y antes de dispararles, les gritaban “sapos”. En hechos que parecen tener relación según las autoridades, y que se dieron anoche mismo, fueron asesinadas, presuntamente por el mismo grupo, dos personas más en el municipio de Palocabildo (muy cercano al corregimiento ya mencionado) y otras dos personas en el cruce de Armero Guayabal cerca al municipio de Lérida, para un total de 13 personas, lo que se constituye obviamente en una masacre, que tiene sumidos en la tristeza y en el desconcierto a los habitantes del lugar, los nombres de las personas asesinadas son:

Olivo Delgado

Jhon Navarrete

Cecilia Cortés

Hernán Cortés

Uberney Cortés estos dos últimos gémelos (sic) de 18 años

Arley González

Yesid Aros

Pedro Urrego

Aldubier Triana

Marco Lino Aguirre

Vicente Rodríguez

Albairo Baracaldo

Rafael Jiménez

Dos mujeres más fueron heridas Flor María Padilla (trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta y Fabiola Villalba en el Hospital de Fálan). Al momento de las visita practicada en día de ayer a Fálan, el CTI de la Fiscalía aún estaba practicando el levantamiento del os cadáveres, en asocio de la Fiscalía 48 de Honda.

Los datos iniciales de las autoridades del lugar, establecen que el promedio de edad de las personas asesinadas era de 25 años y entre los muertos figura una joven de 15 años de edad.

La Secretaría General de la gobernación, doctora Martha Perdomo, en su condición de Gobernadora encargada, visitó la zona en compañía de la Red de Solidaridad Social y se puso al tanto de la situación. El ejército también hacía presencia al mando de Coronel Jerez, Comandante del Batallón ubicado en Honda. Según lo que me manifestó el Alcalde de la Localidad, el corregimiento de Frías, no cuenta con puesto de Policía desde hace aproximadamente 5 años tiempo en el cual fueron retirados los Policías, presumiblemente por la posibilidad de un ataque guerrillero. El puesto de Policía más cercano corresponde al del municipio de Palocabildo, municipio más cercano a este corregimiento que la misma cabecera urbana de Fálan. El ejército le dio instrucciones a un oficial para que al mando de 40 hombres aproximadamente, acantonara provisionalmente en la zona y el alcalde se comprometió a facilitar condiciones logísticas para esta labor.

Cualquier información adicional, se la estaremos dando a conocer.” (fls 24-25, cdno pruebas demandantes).

— Oficio de 18 de septiembre de 2001 suscrito por el Personero Municipal de Falan mediante el cual se adjunta una relación de los nombres e identificación de las personas fallecidas el 15 de septiembre de 2001 en el corregimiento de Frías, en los siguientes términos:

— “Aros Rubio Jhesid

C.C. Nro 93.384.146 de Falan

Hijo de Eduardo y María Aceneth

— Cortes Cecilia

Indocumentada

15 años de edad

Vereda el Llano

Hija de: Cecilia Cortés

— Fernández Luis Albeiro

C.C. Nro. 93.341.824 expedida en Falan

Natural de Armero

23 años de edad

Vereda Tres Esquinas

Hijo de: Martha Fernández

— González Calderón Erney

C.C. Nro. 86.056.168 expedida Villa Hermosa

Natural de Falan

26 años de edad

Hijo de: Noraldo y Cildina

— Delgado Laverde José Olivo

C.C. Nro. 5.905.574 expedida en Falan

30 años de edad

Hijo de: Rosa María y Víctor Manuel

— Jance Martínez Farid Juan

C.C. Nro. 73.136.211 expedida en Cartagena

32 años de edad

Natural de Santa Catalina – Bolívar

Vereda Alto del Oso

— Navarrete Cortés Jhon Darío

18 años de edad

Indocumentado

Soltero

Hijo de: Marcos y Cecilia

— Miranda Cortés Duverney

C.C. Nro. 93.341.704 expedida en Falan

23 años de edad

Hijo de Ricaurte y María Dolores

— Urrego Velásquez Pedro Argilio

Indocumentado

19 años de edad

Soltero

Hijo de: Luz Marina Urrego

Fallecidos en el Municipio de Palocabildo

— Miranda Cortés Hernán

C.C. Nro. 93.341.705 expedida en Falan

23 años de edad

Hijo de: Ricaurte y María Dolores

— Rodríguez Vicente

C.C. Nro. 2.299.992 expedido en Falan

Casado

65 años aproximadamente

Fallecidos en el Municipio de Lérida

— Aguirre Marcolino

— Triana Espinosa Aldubier” (fls 26-28, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 18 de septiembre de 2001 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima y dirigido a la Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas – Coordinadora Regional Tolima, en donde se lee lo siguiente:

“Me permito hacer corrección sobre los nombres de los muertos relacionados en nuestro oficio del día de ayer sobre la masacre ocurrida el pasado 15 de septiembre del 2001, en el corregimiento de Frías Municipio de Falan. Esta nueva información ya confirmada por el señor Personero Municipal del Municipio de Falan Tolima es la siguiente:

Erney González Calderón

Luis Albeiro Fernández

Farid Juan Janee Martínez

Jhon Jairo Navarrete Cortés

Duberney Miranda Cortés

Cecilia Cortés

José Olivo Delgado Laverde

Yesid Aros Rubio

Pedro Argilio Urrego Velásquez

Hernán Miranda Cortés

Vicente Rodríguez

Marco Lino Aguirre

Aldubier Triana Espinosa

Lo anterior dado que la información suministrada surgió del Periódico Nuevo Día, por lo que como todavía no existía información consolidada suministrada por las autoridades. Hoy estamos enviando copia de la página nuevo día de la rectificación hecha por ellos.” (fls 29, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 20 de septiembre de 2001 suscrito por la Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo y dirigido al Defensor del Pueblo Regional Tolima en donde se informa:

“Con relación a su oficio 3693-2001 recibido en esta Dirección el día de hoy, de manera atenta, me permito informarle que con el fin de que se adopten medidas tendientes a evitar la vulneración de los Derechos Fundamentales de los habitantes de los municipio de Falán, Palocabildo, Armero – Guayabal y Lérida, Tolima, hemos oficiado a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional, así como al Director General de la Policía Nacional. De igual forma, se ofició a la Fiscalía General de la Nación solicitando el inicio de la respectiva investigación.

Agradezco su amable atención, y le solicito, doctor Taborda, realizar el correspondiente seguimiento y trámite a nivel regional.” (fl 30, cdno pruebas parte demandante).

— Copia de recortes de prensa del diario “El Nuevo Día” [No se verifica fecha] dónde se encuentran las noticias “AUC niegan autoría en matanza de Frías” y “Paras abatidos habrían estado en masacre de Frías”, (fl 31 y 32, cdno pruebas demandante).

— Copia del acta de visita especial practicada en la defensoría regional del pueblo del Tolima, a los documentos que reposan en esa dependencia relacionados con la indagación disciplinaria preliminar No. 155-64863-2001, sobre los hechos ocurridos en el corregimiento de Frías, Municipio de Falan, el 15 de septiembre de 2001, adelantada por el Despacho del Procurador General de la Nación, grupo de asesores disciplinarios en Derechos Humanos, dónde se lee:

“En la ciudad de Ibagué a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil uno (2001), se hizo presente la suscrita funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, para practicar visita especial a los documentos antes mencionados, en cumplimiento del auto de fecha 13 de noviembre de 2001, que en su numeral octavo así lo dispone. Para estos efectos la funcionaria es atendida por el doctor (…) Defensor del Pueblo Regional Tolima, quien enterado del objeto de la diligencia, pone a disposición de la funcionaria la queja No. 73-2001-1091 y los documentos requeridos, de los cuales solicita la expedición de copias de los documentos que a continuación se señalan, para que hagan formen (sic) parte dentro de la Indagación disciplinaria preliminar No. 155-64863-2001. 1) Copia de la Resolución Defensorial Humanitaria No. 0055 de fecha 20 de septiembre de 2001, suscrita por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, Defensor del Pueblo y de un mapa del Departamento del Tolima, en el cual se resalta la zona de la incursión violenta de las autodefensas, consistente en 5 folios. 2) Fotocopias de las Fotografías tomadas por el señor Defensor Regional del Tolima en su visita realizada el día 16 de septiembre al corregimiento de Frías, donde ocurrieron los hechos, en los cuales se aprecian las consignas dejadas por el grupo de paramilitares, en la vía que tomaron de San Pedro y Frías y en la vía Armero Guayabal, así como en algunos establecimientos comerciales, donde se llevó a cabo la masacre en el corregimiento de Frías, de igual manera del día 16 de septiembre cuando llegó el Ejército y del levantamiento de los cadáveres realizado por la Fiscalía General de la Nación.

Se deja Constancia que el señor Defensor del Pueblo Regional Tolima manifiesta que en estas dependencias no se recibió ninguna queja previa a los hechos por parte de los habitantes de Frías, ni de ninguna autoridad sobre amenazas de incursión, hostigamientos o presencia paramilitar en esa población.” (fls 33-34, cdno pruebas demandante).

— Copia de Oficio de 7 de diciembre de 2001 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima y dirigido al Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional en los siguientes términos:

“Esta Defensoría Regional desea conocer las acciones emprendidas por la institución que usted comanda para dar con el paradero y proceder a su captura de los responsables del os hechos ocurridos en el corregimiento de Frías, municipio de Falan, en donde el pasado 15 de septiembre un grupo aproximado de 25 personas al parecer de las Autodefensas, dispararon indiscriminadamente contra la población civil, dejando un saldo de 13 personas muertas y dos heridas, según información suministrada por las autoridades municipales a este despacho.

Destruir la vida de un hombre sin justificaciones aceptables y legítimas, es un hecho que además de suprimir el bien jurídico de mayor entidad perturba gravemente las bases de la convivencia social. Aunque el artículo 11 de la Constitución prohíbe el establecimiento y la ejecución de la pena de muerte, cada día en nuestro departamento se incrementa el número de ejecuciones extrajudiciales, incrementándose el accionar de los grupos al margen de la ley (Guerrilla y Paramilitares) ante la mirada atónita de la población civil y la impotencia de los organismos de seguridad del estado que se han visto desbordados por el accionar de los violentos, quienes como cualquier parroquiano se pasean por los municipios y hacen retenes de control y vigilancia suplantando las funciones constitucionales otorgadas a la fuerza pública.

Agradezco su informe en el menor tiempo posible de conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la ley 24 de 1992.” (fls 35, cdno pruebas demandante).

— Oficio No. 1645/COMAN DETOL de 23 de diciembre de 2001 suscrito por el Departamento de Policía del Tolima dirigido al Defensor del Pueblo Regional del Tolima en los siguientes términos:

“En atención al oficio de la referencia, respetuosamente me permito dar a conocer a ese despacho, la información disponible y las medidas adoptadas por este Comando sobre los hechos ocurridos en la inspección de Frías el día 15 de septiembre del año en curso.

Frías

El día 150901 siendo las 22.30 horas, un grupo (sic) hombres presuntamente de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), incursionaron a la inspección de Frías del Municipio de Falan (Tolima), y dispararon contra personas que se encontraban en varios establecimientos públicos, resultando 13 personas muertas las cuales fueron identificadas así: Juan Jairo Navarrete Cortés, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Erley Gonzalez Calderón, Luis Albeiro Fernandez, Farid Juan Fane Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Pedro Argilio Urrego Velasco, Yesid Aroz (Sic) Rubio, Vicente Rodríguez, Narcolino (Sic) Aguirre, Aldubier Triana Espinoza, Hernán Miranda Cortés Y Heridas Las Señoras Flor María Padilla Gaviria, Fabiola Villalba Herrera.

Ante los hechos anteriormente enunciados y al no contar con presencia de la Fuerza Pública en la inspección de Frías y con el propósito de incrementar los esfuerzos de búsqueda, para detectar y ubicar organizaciones que se encuentran al margen de la ley, se solicitó al señor Comandante de la Sexta Brigada, se adelanten operativos de registro y control en jurisdicción del municipio de Falan, brindando así protección y seguridad a la población civil.

De otro lado, bajo la orientación de la Unidad Seccional de Fiscalías, este Comando de policía adelanta labores de inteligencia que permitan identificar, judicializar y dar con la captura de los responsables de estos actos que vulneran los derechos humanos y tratados internacionales enmarcados en la constitución y las leyes, contrarrestando así de manera directa el accionar de estas grupos generadores de violencia.” (fls 36-37, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 7 de diciembre de 2001 suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Tolima y dirigido al Comandante del Departamento de Policía del Tolima, en donde solicita información respecto de “las acciones emprendidas por la Institución que usted comanda para dar con el paradero y proceder a su captura de los responsables de los hechos ocurridos en el corregimiento de Frías, municipio de Falan, en donde el pasado 15 de septiembre un grupo aproximado de 25 personas al parecer de las Autodefensas, dispararon indiscriminadamente contra la población civil, dejando un saldo de 13 personas muertas y dos heridas, según información suministrada por las autoridades municipales a este respecto” (fl 38, cdno pruebas demandante).

— Oficio No. 08121 DIV5-BR6-DH-725 de 20 de diciembre de 2000 suscrito por el Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y dirigido al Defensor Regional del Pueblo del Tolima en los siguientes términos:

“Con toda atención me permito dar respuesta a su oficio No. DP/5021-4923, que trata sobre la grave situación de orden público en Frías, municipio de Falan.

1. Acciones cumplidas durante la masacre.

La Unidad Táctica el día 15-SEP-01 a las 23:00 horas, mediante llamada telefónica, recibe información sobre la incursión de un grupo de aproximadamente 20 antisociales de las Autodefensas ilegales en el corregimiento de Frías, municipio de Falan, donde fueron asesinados varias personas.

Recibida la información se procede a conformarla a través del Puesto de Policía de Falan y Palocabildo, donde es ratificada la información inicial, agregando que los hechos tuvieron lugar en una cafetería y un billar de este corregimiento, que al Hospital de Palocabildo habían ingresado cuatro personas heridas (dos hombres y dos mujeres) de las cuales fallecieron dos.

A las 23:00 horas, el Comando del Batallón, activa el COT en primer grado, e informa lo sucedido a la Brigada mediante Radiograma No. 0587.

Dispone el cumplimiento de la orden de operaciones No. 102 “Serpentario” con tres pelotones de la Compañía Cazador, los cuales deben efectuar movimiento táctico motorizado en cuatro vehículos para realizar operaciones de ocupación, registro y destrucción sobre el corregimiento de Frías, municipio de Falan, para capturar y someter con el empleo de las armas a los terroristas de las (OAML) Autodefensas ilegales, frente Tulio Varón y Jacobo Prias Alape de las FARC, Bolcheviques del Líbano y José Albeiro Fajardo del ERP.

El movimiento táctico debe efectuarse aplicando la rapidez, masa, sorpresa y seguridad, para realizar operaciones de ocupación por el método de líneas convergentes, registro ofensivo con permanencia de la población civil en el área de maniobras de presión y bloqueo, se debe aplicar la técnica de saltos vigilados para el cruce de los puntos críticos.

La maniobra inició a partir del día 16-SEP-01 a las 02:00 horas con el movimiento técnico motorizado del Cuarto Pelotón de la Compañía Cazador a (0-4-28-0) desde el cruce La Victoria, ruta Honda – Mariquita – San Felipe – Armero Guayabal – Cruce Armero hasta San Pedro, allí desembarcan y continúan infiltración nocturna a pie, campo traviesa ruta Alto El Oso, hasta el corregimiento de Frías.

De igual forma, el Primer Pelotón a (1-3-32-0) y Segundo Pelotón a (0-4-30-0) inician movimiento táctico motorizado desde Padua, ruta Fresno-Mariquita-Armero Guayabal-Cruce de Armero hasta San Pedro, allí desembarcan y continúan a pie ruta Alto El Oso hasta llegar al corregimiento de Frías.

Una vez sobre el área objetivo, realizan operaciones de registro, destrucción, efectúan maniobras de emboscadas, golpes de mano, presión y bloqueo, montan observatorios y puestos de escucha sobre las posibles vías de aproximación o escape del enemigo con el fin de localizar el grupo terrorista que realizó la masacre en el mencionado sector.

La orden de Operaciones fue leída y entregada al Señor Capitán Tenjo Carrillo Edgar, a las 03:00 horas en la Bomba del cruce de Armero Guayabal, por parte del Señor Mayor Gonzalez, Oficial S-3 del Batallón Patriotas.

Las Tropas llegan al caserío del (sic) Frías el 16-SEP-01, a las 07:30 horas e inician a desarrollar lo dispuesto en la Orden de Operaciones.

2. Acciones cumplidas después de la masacre

A las 07:00 horas del 16-SEP-01, se toma contacto con la Jefe de la Fiscalía Seccional de Honda Dra. Cruz Mery Salazar Rojas, a quien se le informa lo sucedido y se coordina su desplazamiento junto con personal del CTI, para la realización de los procedimientos de Ley.

A las 08:00 horas el Comandante del Batallón Patriotas, el Oficial S-3 y Suboficial S-2, junto con personal de la Fiscalía y CTI, inician desplazamiento motorizado hacia Frías, una vez llegados al sector se desarrollaron las siguientes actividades:

11:30 horas, se convoca y efectúa un Consejo de Seguridad con personas y autoridades del corregimiento de Frías, presidido por el Comandante del Batallón Patriotas y el Alcalde Municipal de Falan, además participaron las siguientes personas:

(…)

Igualmente se resalta la información que en un grupo de antisociales del frente Bolcheviques del Líbano del ELN, se encontraba en uno de los establecimientos donde sucedió la masacre, sitio del cual se había retirado 10 minutos antes.

Una vez terminado el Consejo de Seguridad, se procedió a apoyar a la Fiscalía y CTI en el levantamiento de cadáveres.

3. Consideraciones especiales.

El Comando del Batallón, durante lo que va corrido del año ha mantenido una actitud ofensiva contra las organizaciones armadas al margen de la Ley (FARC, ELN, ERP, Autodefensas ilegales, narcotráfico y delincuencia común).

Se ha solicitado apoyo de las autoridades civiles y policiales, mediante el suministro de información oportuna y veraz que permita actuar contra todas las organizaciones armadas al margen de la Ley, estableciendo los respectivos canales de comunicación.

Igualmente, se ha solicitado a la Fiscalía la práctica de allanamientos contra inmuebles considerados como bases de las Autodefensas ilegales en La Dorada, Fresno, Mariquita y Armero Guayabal, los cuales no se realizaron, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo de operaciones contras las Autodefensas.

No obstante lo anterior, contras las Autodefensas ilegales se han desarrollado siete operaciones, las cuales han dejado como resultado la captura de tres bandoleros, el decomiso de armamento, material de intendencia, Comunicaciones, Transporte, Vehículos, moneda nacional y extranjera.

Así mismo, las operaciones han arrojado resultados intangibles como quira que en su momento han permitido la neutralización de planes terroristas e las Autodefensas ilegales, especialmente en Líbano, Lérida, Armero Guayabal, Palocabildo y Fresno.

El esfuerzo principal del Batallón en este sentido ha estado dirigido hacia donde existen informaciones sobre presencia y planes de Autodefensas, caso concreto del sector de Tierradentro y Delicias jurisdicción de Líbano, Lérida, Fresno en el Norte del Tolima y Oriente de Caldas.

Hacia el sector de Falan e desarrolló una operación recientemente, contra el ELN, de acuerdo a la inteligencia disponible, la cual no arrojó resultados positivos.

En relación con a (sic) masacre de Frías, es importante señalar que el Batallón no fue informado por ninguna agencia de Inteligencia, Unidad de Policía, autoridad civil o la misma población, sobre amenazas, presencia y planes terroristas de las Autodefensas ilegales contra la localidad.

El informante del S-2 del Batallón Patriotas en el sector de Frías había suministrado informaciones sobre presencia del Frente Bolcheviques del Líbano, las cuales concordaban con la información del RIME5; basado en lo anterior se dispuso una operación en el sector, sin resultados positivos.

4. Conclusiones

Sobre la autoría de la masacre se puede precisar que según las informaciones, el grupo que incursionó en Frías estaba compuesto por 20 antisociales movilizados en dos carros tipo camioneta de color oscuro, aunque se habla de un automóvil rojo.

La ruta de ingreso y retirada de los antisociales fue San Pedro, Frías, así lo dejan ver los grafittis pintados en algunas viviendas ubicadas a lo largo de esta ruta y el abandono de dos cadáveres en el sitio cruce San Pedro en las ruinas de Armero.

Los grafittis pintados son alusivos a las Autodefensas “Frente Omar Isaza”

El modus operandi no es el que tradicionalmente utilizan las Autodefensas, que consiste en seleccionar a sus víctimas mediante llamado a lista, en esta oportunidad se disparó indiscriminadamente.

La mayoría de las víctimas presentaban impactos de armas de fuego corta (pistola 9 mm 7.65).” (fls 39-42, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 23 de agosto de 2002 suscrito por el Defensor Regional del Pueblo del Tolima con destino al Director SAT de la Defensoría del Pueblo donde se informa lo siguiente:

“Referencia: Alerta Temprana en el corregimiento de lFrías, municipio de Fálan (Tolima) y en los corregimientos de Valencia (Cunday) y Lozania (Purificación).

Falan:

La Defensoría del Pueblo Regional Tolima, recibió en el día de hoy una llamada telefónica de un habitante del municipio de Fálan (Corregimiento de Frías) que pidió reserva de su nombre, en la que nos manifestó que varias personas han recibido amenazas de muerte por vía telefónica del Bloque Tolima de las AUC, abusándolos de ser amigos de la guerrilla. En la misma llamada se nos informó que el grupo paramilitar estaría haciendo retenes periódicos frente a la Hacienda Los Ciruelos cerca de San Felipe entre los Municipios de Falan y Mariquita. Según la misma información, el día de ayer, fue víctima de desaparición el esposo de la jefe de enfermeras del Hospital de Falan en dicho retén. Durante el día de hoy se registraron retenes de dicho grupo paramilitar en el punto antes señalado, a las 5 de la mañana y a la 1 de la tarde. Extraña la comunidad que a pesar de la presencia del Ejército Nacional en San Felipe, esté haciendo retén el grupo paramilitar antes mencionado.

En la llamada telefónica también se nos informó que los paramilitares estarían dispuestos a bloquear la entrada de alimentos a dicho corregimiento de Falan y perpetrarían otra masacre de mayores dimensiones que la ocurrida el 15 de septiembre del año pasado en la que perdieron la vida cerca de 15 personas a manos del Frente Omar Isaza de las AUCMM. La persona que comunicó telefónicamente dicha alerta, manifestó que hasta el momento ha habido cerca de 6 desapariciones forzadas en hechos similares, situación de la cual esta Regional aún no había tenido conocimiento.

(…)” (fls 43-44, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 25 de mayo de 2005 suscrito por la Coordinadora del Programa de atención a víctimas de la violencia de Acción Social en donde se informa:

“En respuesta a su oficio JARC-01471, con el cual solicita la información relacionada con las solicitudes de apoyo solidario hechas por las víctimas de la masacre del corregimiento de Frías, Municipio de Falán – Tolima, perpetrada el 15 de septiembre de 2001, de manera atenta le informamos:

A través del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, la Red de Solidaridad Social otorga una asistencia humanitaria a las víctimas contempladas en el artículo 15 de la ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, que reza: (…)

Anexo enviamos reporte “Victimas de la violencia por Estado – Departamento Desde: 15/09/2001 Hasta: 15/09/2001”, en donde aparece la relación de reclamaciones recibidas por concepto de muerte e incapacidad permanente.

Encontramos 1 solicitud en estado “C.D.P.”, 7 en estado “Pagado” y 1 en estado “Reserva Técnica Inactiva”.

Aclaramos los siguientes términos así:

CDP: Estado de los casos que cuentan con documentación completa y con asignación presupuestal, en espera de asignación de PAC para los pagos.

Pagado: Casos en los cuales ya se pagó la ayuda humanitaria.

Reserva Técnica Inactiva: Estado de los casos que no han allegado la totalidad de documentos requeridos para el trámite, los que se han solicitado durante más de dos años

Municipio: Lugar de ocurrencia de los hechos.

Víctima: Nombre de la persona que fallece en los hechos.

No. Ficha: Número consecutivo que se asigna al caso para identificación.

Fecha siniestro: Fecha de ocurrencia del hecho.

Hecho: Tipo de siniestro, según artículo 15 de la ley 418 de 1997.

Vigencia: Año de ocurrencia del hecho.

Es de anotar que por muerte, la suma que se reconoce por concepto de ayuda humanitaria y gastos funerarios asciende, para hechos perpetrados en el año 2001, a 42.29 smmlv, o sea, $12.094.940.

La señora María Acened Rubio de Aros no figura en nuestros archivos como beneficiaria en ninguna reclamación de ayuda humanitaria.

Sin embargo, existe solicitud de ayuda humanitaria por muerte del señor AROS RUBIO YESID, correspondiente al caso (ficha) 2021 de 2001, el cual se encuentra en estado CDP. Completó la documentación desde el 13 de enero de 2003.

En esta reclamación aparecen como reclamantes beneficiarios la señora Martínez Silva Esmeralda, en calidad de compañera permanente y la menor Aros Martínez Jessica, en calidad de hija de la víctima.

Los pagos se realizan en orden cronológico, contado a partir de la fecha en la cual la solicitud de reclamación reunió la totalidad de requisitos exigidos para el trámite, a partir de la cual se incluyen en el listado de turnos para pago, el que se puede consultar en la página web de la Red de Solidaridad social (www.red.gov.co), en la aplicación servicios consultas y listado de pago y de ayuda humanitaria.

El pago de la ayuda humanitaria no se ha realizado en razón a no contar con los recursos suficientes; el Programa se encuentra actualmente con una deuda para entregar ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia por 180 mil millones de pesos, de los cuales 70.000 millones serán pagados en el año 2005.” (fls 46-49, cdno pruebas demandante)

— Copia de registro civil de nacimiento de Jessica Aros Martínez, donde consta que sus padres son Yesid Aros Rubio y Esmeralda Martínez Silva (fl 53, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 8 de junio de 2005 suscrito por el Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante el cual se allega al expediente los informes sobre Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos correspondientes a 1999, 2000 y 2001 (fls 56-59, cdno pruebas demandante).

— Informe de 3 de junio de 2005 rendido por un investigador criminalístico de la Fiscalía General de la Nación y dirigido al Jefe Sección Información y Análisis de la Fiscalía, relativo a “información de grupos de paramilitares en los Departamentos del Tolima y Magdalena Medio, producidos entre 1998 y el año 2002”. En dicho documento se identifican los integrantes de las autodefensas del Magdalena Medio y, respecto de su división orgánica en la zona de influencia del Departamento de Caldas se mencionan a las autodefensas de Puerto Boyacá, Puerto Salgar, los Paramilitares de Puerto Nare, Puerto Berrío, Autodefensas de Norcasia y se reseñan acciones delincuenciales en Aguadas, Samaná, Villa Juana, Santa Rosa de Rlda, Puerto Boyacá y Salamina entre enero de 1998 y noviembre de 1999 (fls 61-113, cdno parte demandante).

— Oficio de 28 de junio de 2005 de la Secretaría General – Oficina Jurídica de la Policía Nacional mediante el cual se allega al expediente informe sobre la presencia de militares y policías en los Municipios de Herveo, Falan, en especial la población de Frías, Palocabildo, Casabianca, Villahermosa, Armero, Líbano, Lérida, Mariquita, Honda y Fresno entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2001. Igualmente se informa sobre los retenes militares y policiales, las órdenes de operaciones y los operativos desplegados para capturar al grupo paramilitar que llevó a cabo la masacre en Frías el 15 de septiembre de 2001 (fls 118-239, cdno pruebas parte demandante).

— Oficio de 1º de agosto de 2005 el Departamento de Policía del Tolima en donde se establece una relación, en número, del personal que se encontraba en las estaciones de Policía de Falán, Herveo, Palocabildo, Casabianca, Villahermosa, Armero, Lérida, Honda, Líbano, Mariquita y Fresno para el periodo corrido entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2001 (fls 240-245, cdno pruebas demandante).

— Declaración testimonial de William Hernando Castellanos en los siguientes términos:

“Pregunto: Doctor William por favor manifiéstele al Despacho en que cargo se desempeñaba usted para el día quince de septiembre de 2001. Contesto: Como personero Municipal de la localidad. Preguntado: Manifiéstele al despacho si usted en su calidad de personero tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el quince de septiembre de 2001, en el corregimiento de frías, jurisdicción del municipio de Falan, en donde masacraron a 14 personas y en caso positivo cuéntenos lo que sabe al respecto. Contesto: Efectivamente, siendo aproximadamente las diez de la noche del día sábado 15 de septiembre del año 2001, me encontraba descansando en el apartamento, donde incluso actualmente resido, sobre esa hora, recibí una llamada telefónica, por parte del señor Alcalde de la localidad, en la cual solicitaba con carácter urgente la presencia del personero municipal, en las instalaciones de la Alcaldía, mas exactamente en su propio despacho. El señor Nestor Josué Méndez Chistancho, Alcalde, me manifestó vía telefónica, que aunque no me podía informar lo que había ocurrido, se trataba de una situación muy delicada, ocurrida hacía pocos minutos, en el centro poblado del corregimiento de Frías. De conformidad a la solicitud del señor Alcalde, procedí allí, fui notificado de la ocurrencia de los hechos. En la secretaría general de la Alcaldía se encontraba el señor Secretario de Gobierno, el doctor Alonso Rodriguez, el señor Inspector de Policía, entre otros funcionarios de la Administración. En ese mismo momento el Alcalde de la época, tenía contacto telefónico directo con Frías, en la línea se encontraba, suministrando información el señor Carlos Enciso, quien en tono de voz muy bajo nos informaba en la medida de sus posibilidades, lo que estaba ocurriendo en la plaza principal del centro poblado. Inmediatamente se procedió a poner en conocimiento de las principales autoridades departamentales, sobre la ocurrencia de tan lamentables hechos, es así como el señor Alcalde informó a la sexta brigada, al Comando departamental de Policía y seguramente lo habrá hecho también con algunos organismos de seguridad, como el departamento Administrativo de seguridad DAS La comunicación con el señor defensor del pueblo de la época Doctor Francisco Taborda Ocampo, fue totalmente imposible, por cuanto en las instalaciones de la defensoría como es obvio a esas horas no se encontraba atendiendo funcionario alguno y en el momento no teníamos a disposición el número del celular del defensor del pueblo, de igual manera, se estableció contacto vía telefónica con altos funcionarios del Gobierno Departamental, entre ellos el señor Gobernador Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Adelantados los contactos telefónicos de rigor, de común acuerdo fijamos la hora de las seis de la mañana del día siguiente, para iniciar actividades y dirigirnos hacia el corregimiento de Frías con el objeto de colaborarle a la comunidad, a hacer presencia institucional y coadyuvar en las diligencias judiciales respectivas, el día siguiente como lo hablamos acordado, en las primeras horas de la mañana, las principales autoridades de la localidad, hicimos presencia, en el centro poblado del corregimiento, incursionaron de manera violenta, en dos establecimientos públicos, en los cuales se encontraban departiendo algunos ciudadanos falanenses, los cuales tristemente fueron ultimados con arma de fuego, por parte de los integrantes del precitado grupo armado al margen de la ley. Los paramilitares de igual manera hicieron disparos en contra de personas que se encontraban cerca al lugar de los hechos, resultando heridos varios conciudadanos y resultando afectadas algunas viviendas entre ellas especialmente la casa cural, una vez cometidos los hechos los miembros de las autodefensas abandonaron rápidamente el centro poblado, por el sector de san pedro. Preguntado: Algún grupo especial de las autodefensas se adjudicó el crimen. Contesto: evidentemente, en la pared de una de las viviendas, la cual queda ubicada sobre la plaza principal apareció un letrero dibujado con aerosol, en el cual se mencionaba que quienes habían adelantado la incursión pertenecían al grupo o bloque de Omar Isaza. Preguntado: Dado su conocimiento de la zona, sírvase decirle al despacho, que presencia tenta (sic) para la época de los hechos, la fuerza pública, Policía y Ejército. Contesto: En una época, el centro poblado del corregimiento de frías contó con la presencia de miembros de la Policía Nacional, por razones que ignoro esta estación de policía fue retirada del sector, no tengo mayor información al respecto por cuanto en el momento de ser retirada o levantada la estación de Policía o Comando Rural yo era (sic) domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá. Por otra parte, estoy en condiciones de manifestar que muy seguramente, para la hora y fecha de los hechos, no había presencia militar en la jurisdicción del municipio. En algunas oportunidades, el ejército nacional, adelanta operativos de los cuales, las autoridades locales, no son informadas, creo que no es el caso con respecto a los hechos que se investigan, en la cabecera municipal de Falan hay presencia permanente de miembros adscritos a la Policía nacional departamento Tolima. Preguntado: Cuales son las bases militares mas próximas, ubicadas en la zona para la Época de los hechos. Contesto: Concretamente el batallón patriotas con sede en la ciudad de Honda. Preguntado: Existía alguna presencia del Ejército nacional en el municipio del Líbano, para la época delos (sic) hechos. Contesto: Desconozco la información. Ignoro si para la época y más exactamente, para la fecha de los hechos se adelantaba por parte del ejército nacional operativo alguno, según mi conocimiento en el municipio del Líbano, no existe un batallón o base militar propiamente dicha, es posible que me equivoque, pero no recuerdo haber escuchado información en ese sentido. Preguntado: Dígale al despacho si para la época de los hechos, estaba estigmatizada la población de frías, como un área controlada por la guerrilla, con fuerte presencia subversiva. Contesto: Esa información es totalmente cierta, pero no únicamente el corregimiento de frías, era área de influencia de la subversión, de igual manera lo era, la cabecera municipal, los municipios vecinos como Palocabildo y Casabianca entre otros, de una manera muy general se podría decir que los municipios de este sector de la cordillera, en ese momento se encontraban bajo el dominio del ELN, Frente Bolcheviques del Líbano. Preguntado: Sírvase precisarle al despacho, si dentro de esos municipios, Usted ubica también al Fresno Tolima, como de marcada influencia y dominio guerrillero. Contesto: tengo pleno conocimiento que para la época el municipio de Fresno, como lo es aún ahora se encuentra bajo el dominio y la influencia paramilitar. Preguntado: Sírvase decirle al despacho, si usted tuvo conocimiento en que otros municipios de la cordillera y de esta parte del Norte del Tolima, había presencia paramilitar. Contesto: En el año 2001, municipios como Fresno, y los que se encuentran ubicados en el plan, es decir Honda, San Sebastián de Mariquita, Armero Guayabal, Lérida, entre otros, tenían una fuerte influencia paramilitar, por el contrario, los municipios de cordillera, estábamos afectados por la presencia subversiva. Preguntado: Dada esta circunstancia geopolítica de dominios de la insurgencia de gran parte de los municipios de la cordillera, en el Norte del Tolima, y la estigmatización de su población, como fuertemente influenciada por el ELN y la fuerte presencia y dominio de los paramilitares en los municipios y las zonas bajas muy próximas, temía la población de frías, una incursión violenta de las fuerzas paramilitares en el corregimiento, antes del quince de septiembre de 2001. Contesto: Al encontrarse el municipio de Falan, bajo la influencia subversiva y muy especialmente el corregimiento de Frías, parecería casi imposible que miembros de las autodefensas se atrevieran a incursionar dentro de la jurisdicción y mucho menos con el objeto de perpetrar tan execrable crimen, sin embargo, en medio de la comunidad habían rumores y comentarios en los cuales se decía que quizás en algún momento esto pudiera ocurrir. La información nunca fue oficial, aparentemente no había una razón de fondo para que esto ocurriera, por la ubicación geográfica de Frías, se hacía casi imposible, un acto violento en contra de la comunidad Falanense por parte de los paramilitares. Preguntado: En términos generales Usted que ha tenido una aproximación estrecha y sensible con la comunidad de frías, nos puede hablar sobre la calidad de las personas que perecieron, ese lamentable 15 de septiembre de 2001. Contesto: Con toda seguridad y certeza, puedo manifestar ante este despacho que se trataba de personas, honradas, honestas, trabajadoras, la gran mayoría de ellos, humildes, naturales de esta localidad, pero personas dignas, cumplidoras de su deber y muy ajenas a cualquier movimiento armado al margen de la ley, eran conciudadanos, respetuosos de la ley, respetuosos de sus autoridades, que jamás hubieran considerado, cometer un acto delictivo y mucho menos vincularse a grupos armados al margen de la ley.” (fls 251-254, cdno pruebas demandante).

— Declaración de Pedro Orlando Chitiva Urrego, quien se manifestó respecto del conocimiento personal que tenía respecto de Marco Lino Aguirre, Vicente Rodríguez y Arley González Calderón (fls 256-257, cdno pruebas demandante).

— Declaración testimonial de Gabriel Pacheco Medina quien manifestó lo siguiente:

“Preguntado: Manifieste al despacho si usted se encontraba en la población de Frías, el 15 de septiembre de 2001. Contesto: Si me encontraba allí. Preguntado: Nos puede contar brevemente que sucedió esa fecha en las horas de la noche. Contesto: Siendo aproximadamente las nueve y media de la noche, se escucho (sic) una balacera, yo ya estaba acostado, la gente al rato gritaba que habían unos muertos ahí, la balacera fue en el casco urbano del corregimiento, un negocio de la casa de propiedad de un señor Luis Prieto vendían licor. Preguntado: Antes del 15 de septiembre de 2001, había en frías, presencia permanente de la fuerza pública. Contesto: No, desde el año 94 levantaron de ahí el puesto o comando de policía. Preguntado: Había en la población de frías y sus alrededores una fuerte presencia de la guerrilla, antes del 15 de septiembre de 2001. Contesto: Si se veía por esos días presencia de la guerrilla en el sector. Preguntado: Cual era más o menos el área de influencia de la guerrilla. Contesto: Se veía en frías, en las veredas cercanas y sus alrededores. Preguntado: Existía algún rumor generalizado en la población antes del 15 de septiembre de 2001, sobre una probable incursión violenta contra la población civil por parte de grupos paramilitares que operaban en municipios cercanos de la parte baja de la región. Contesto: Si habían rumores de que posiblemente llegaran los paras al corregimiento. Preguntado: Sabe usted si alguien solicitó ayuda a las autoridades, civiles, municipales de policía, para que se tomaran las medidas de protección, a la población civil de frías, frente a los grupos armados ilegales. Contesto: Posiblemente si hubo alguien que hizo la solicitud, pero muy discretamente, por temor a represalias. Preguntado: Sabe usted si hubo alguna medida de protección Contesto: No se escucho (sic) sobre ninguna medida, ni se vió (sic) ninguna autoridad presente ahí. Preguntado: A continuación le mencionaré una serie de personas que fueron asesinadas el 15 de septiembre de 2001 y usted me dirá por favor, si las conocía, por que razón a que se dedicaban para obtener su sustento y el de sus familias y si tenían esposa o compañera permanente y su nombre: Marcolino Aguirre. Contesto: Si lo conocía, desde hace varios años atrás de su muerte, el era comerciante, el vivía en ese tiempo con una señora Blanca, no recuerdo el apellido. Conocía a Alduvier Triana Espinoza: Contesto: también lo conocía, él trabajaba por ahí en el pueblo con una moto, haciendo viajes de personas, en ese tiempo vivía con una muchacha de nombre Fabiola, también se que tenía una fin quita (sic) del papá y él la administraba cultivándola. A los hermanos Hernan y Duverney Miranda Cortes. Contesto: Si los distinguí a ellos, se que trabajaban en la finca jornaleando para su sustento y el de sus padres. Vicente Rodriguez. Contesto: También lo distinguía, por ahí jornaleaba, tenía una finquita y también se ayudaba en otras fincas en la región. No le puedo decir con quién vivía. Yesid Aros Rubio. Contesto: Si a él si lo distinguía, era mi cuñado, pues el llevaba productos agrícolas a comercializarlos a la ciudad de Ibagué, el vivía con Esmeralda Martínez. Pedro Argilio Urrego Velásquez. Contesto: Si lo conocía, el trabajaba en la finca con nosotros, era jornalero, no le se decir si vivía con alguien. Conocía a Erley Gonzalez Calderon? Contesto: Si lo distinguía, era trabajador en el campo el papá tiene una finquita, No se (sic) sobre su compañera. Luis Albeiro Fernandez? Contesto: No lo recuerdo. Conocía a Jose Olivo Delgado Laverde. Contesto: Si lo conocía, hace unos años ahí en el pueblo, se dedicaba a trabajar en unos billares que administraba él era el propietario de los billares, vivía con una muchacha de nombre MERY.” (fls 261-262, cdno pruebas demandante).

— Certificado de registro civil de defunción de Alduvier Espinosa Triana, donde consta que éste falleció el 16 de septiembre de 2001 (fl 267, cdno pruebas parte demandante).

— Registro Civil de Defunción de Marcolino Aguirre, donde consta que éste falleció el 15 de septiembre de 2001 (fl 268, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 21 de abril de 2006 suscrito por la Directora de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en donde certifica que “la productividad económica de una hectárea de café tecnificado en la zona cafetera del norte del Tolima es de un millón trescientos diecisiete mil cuatrocientos pesos ($1.317.400) (…)” (fls 338-341, cdno pruebas demandante).

— Oficio de 19 de mayo de 2006 suscrito por el Asesor de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia mediante el cual se allega documentación relativa a la masacre de frías ocurrida el 15 de septiembre de 2001. Allí se encuentran los siguientes documentos:

— Copia de un oficio, sin fecha, suscrito por la Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios – Sembrar, remitido al Ministerio del Interior – Director Oficina de Derechos Humanos, con fecha de recibido de 19 de septiembre de 2001; mediante la cual se informa lo siguiente:

“La Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios —Sembrar— denuncia a la Comunidad Nacional e Internacional los siguientes hechos que han sido puestos en conocimiento por testimonios de pobladores de la comunidad del Norte del Tolima:

Hechos.

1. Durante la semana comprendida entre el 14 y el 23 de julio de 2001, un grupo armado, realizó retenes que de la vía de Mariquita conduce al municipio del Líbano y pintó letreros en los transportes públicos en alusión a un grupo paramilitar denominado – AUC bloque Tolima. Durante varias ocasiones, dicho grupo paramilitar golpeó a la población, llegando a herirle a un joven el estomago con la punta de un fusil, el grupo paramilitar en su recorrido por las veredas, se asentó de manera permanente y pública, además citó a la población en varias ocasiones a reuniones para informarles “Que ellos no son las personas que han visto por televisión, que ellos vienen a ayudarle al campesino”. Además han amenazado con eliminar sistemáticamente a pobladores que hacen parte de una lista laborada por los paramilitares, acusándolos como colaboradores de la guerrilla y de reclutar a los jóvenes de la región para ingresarlos a las filas de este grupo paramilitar.

2. Es de notar que durante la incursión a la vereda denominada el alto del sol, los campesinos manifestaron que uno de los hombres que estaba al mando de las AUC- Bloque Tolima- les habló a los campesinos como sigue: “Que llamen al Ejército que ellos no tienen problema, por que yo soy un capitán de la VI Brigada”. Según denuncias de la misma comunidad, miembros del ejército que patrullan la zona son los mismos que hacen parte del grupo paramilitar.

3. Durante el accionar del grupo paramilitar el día 16 de julio de 2001, en la escuela de la vereda de Villa Nueva, miembros de las AUC preguntaron por el señor Elí Martínez y por su esposa, la señora Tenaura Hernández, miembros de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores —Aspema— afirmando: “Que se olvide la vieja hijueputa de que vamos a dejarla escapar, sabemos que ella está en el municipio del Líbano”. El día 19 de agosto, dos miembros de dicho grupo, que se movilizaban en moto y portaban armas cortas llegaron a la casa de estos miembros de Asopema y luego de preguntar su regresaban, se marcharon. Como resultado de las amenazas y la intimidación de que fue víctima la familia de los líderes campesinos, se vieron obligados a desplazarse forzosamente de la región.

4. El día 22 de julio de 2001, miembros del Batallón Patriotas hicieron presencia en el casco urbano del caserío de Delicias, municipio de Lérida; estos se hacían acompañar de un hombre vestido de militar que portaba capucha y botas pantaneras. Allí hicieron allanamientos sin orden judicial y pretendieron detener arbitrariamente a un campesino. Más tarde, en la vereda de nombre San José, del mismo municipio, los militares en mención obligaron a algunos campesinos a ir delante de ellos, usándolos como escudo humano en una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Es esa vereda golpearon la gente, la intimidaron y les allanaron sus casos al tiempo que les iban diciendo: “Tranquilos que nosotros no podemos matar, pero los que vienen acá (sic) si pueden matarlos” en una clara alusión al grupo paramilitar que hace presencia en la región.

5. Durante la incursión paramilitar, los campesinos fueron intimidados y temen por sus vidas, puesto que dicho grupo les dijo que daría dos meses de plazo, a partir de la fecha del 16 de Julio de 2001, para empezar a asesinar a los campesinos. Ya en el municipio de Casabianca viene haciendo presencia desde los días 10 y 11 de Septiembre, cerca de 150 hombres armados que se identifican como miembros de las AUC— Bloque Tolima. Cabe anotar que el grupo paramilitar hace presencia constante en el casco urbano de los municipios de Mariquita, Guayabal, Venadillo y Lérida. En general en todos los municipios del Norte del Tolima han producido temor y sozobra entre la población, que ha sido víctima de amenazas contra su vida como es el caso de un comerciante y un profesor de la escuela de la vereda de Tierradentro, de robo a los almacenes de las veredas, la desaparición y posterior asesinato de un miembro de pastoral social, el asesinato de un campesino del municipio de Delicias, el asesinato de un campesino de la vereda de nombre patiobonito y el asesinato de un señor y un menor de edad en el casco urbano del Líbano.

Antecedentes:

1. En los municipios que comprenden el Norte del Departamento del Tolima, desde hace ya varios meses, por parte de miembros del Gaula y Pijaos, y del Batallón Infantería No 16 Patriotas, adscritos a la Brigada VI del Ejército Nacional, bajo el mando del General Hernando Cadavid, fuerza pública que hace presencia en la región; se han venido presentando amenazas, hostigamientos, allanamientos sin orden judicial, persecución a líderes campesinos, torturas físicas y psicológicas y presiones a los niños de las veredas para que suministren información respecto de los líderes de organizaciones campesinas o de miembros de la guerrilla. Durante estos hechos y reiterativamente, los militares les manifestaron a los campesinos como sigue: "Escondamen (sic) a los otros, que atrás viene la escoba que barre bien", haciendo alusión a la entrada de los grupos paramilitares a la región.

2. En el Municipio de Líbano, en pleno casco urbano, durante el mes de Abril, el Batallón Patriotas se movilizaba acompañado de una persona totalmente cubierta en la cabeza con una capucha negra. Luego, en el sitio conocido como la Polca, en el mismo lugar donde tiene asentamiento la base militar, una persona encapuchada y vestida de militar, en absoluta connivencia con los militares de la Base, fue vista tomando fotografías a los moradores que se transportan en los vehículos públicos.

3. En el municipio de Lérida, en Mayo 5 de 2001, entre las 5 y 6 a.m., luego de un enfrentamiento con la guerrilla, los militares del Batallón de infantería No 16 Patriotas, allanaron una casa. De allí se llevaron a un conductor y a una mujer argumentando que los implicados llevaban víveres para la Guerrilla. Los militares, al igual que en otros hechos, usaban distintivos aparentando ser una fuerza insurgente y poniendo en riesgo a la población en una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

4. Entre los meses de Mayo y Junio, unidades del Batallón en mención han entrado en el hogar múltiple del casco urbano de Frías, municipio de Falán, en ese lugar hay 42 niños a cargo de tres madres comunitarias, una de ellas es la Sra. Isabel Guzmán, madre de Yeimi Chitiva Pareja, la primera asesinada y la segunda desaparecida, el 16 y 10 de julio de 2001 respectivamente. Mientras las madres comunitarias se subieron al segundo piso del recinto a trabajar en su labor con algunos niños, que oscilan entre los 7 y 14 años, los soldados intimidaron a los niños restantes y les prohibieron que hablaran con las maestras sobre la conversación sostenida por los militares y estos.

5. En la vereda de nombre Patiburry, municipio de Villa Hermosa, el día 13 de mayo de 2001 realizaron allanamientos sin orden judicial en las fincas de los labriegos. Dañaron colchones, se llevaron dinero y utensilios de aseo. En la vereda de nombre Pavas miembros del Gaula llegaron preguntando por un tal Juan Carlos, haciéndose pasar como miembros de la guerrilla; intimidaron a todos los campesinos que llevaban bolsos verdes. Luego de esto, trataron de tomarle fotos al campesino Jair Parra, padrastro de Luciano, Hernando y Ángel Parra Parra, asesinados en los hechos del 16 de julio y de Reinaldo Parra Parra, desaparecido junto con su esposa en los hechos del 10 del mismo mes. A Jair le colocaron todas las escopetas que habían decomisado en las casos de los labriegos, además le pusieron un radio de comunicación y lentes militares, a lo que el campesino se resistió. A su esposa la intimidaron para que firmara un papel del que se desconoce su contenido. Las armas de caza (sic) fueron decomisadas por los militares, ante lo cual los labriegos se opusieron por lo que los militares les dijeron que “las reclamaran abajo en el comando del Batallón Patriotas”, con sede en el Municipio de Honda; días después se tuvo conocimiento de que las escopetas fueron vendidas a otros campesinos de la región.

6. También es de anotar que durante este mismo día, a Ángel María Parra Parra, asesinado en la masacre del 16 de julio, los militares lo hostigaron haciéndole quitar sus botas de trabajo y colocándole un morral de propiedad del Ejército mientras que lo señalaban como guerrillero.

7. Al día siguiente, 14 de mayo, en la casa de un campesino del Municipio de Villa Hermosa, se realizó un allanamiento sin orden judicial, los militares encontraron alimentos almacenados y por esto fue acusado y detenido en Honda, Departamento del Tolima. En la vereda de nombre Patiburry, del mismo municipio, en la casa de Ana Deli Murillo y de Luciano Parra, posteriormente asesinado durante los hechos del 16 de julio de 2001, hubo un enfrentamiento y la casa fue tomada a tiros. A la mujer la encerraron en un baño y a él lo sacaron de la casa a empellones, acostándolo boca abajo en la tierra y apuntándole con las armas de los militares, ambos fueron agredidos verbalmente y les dijeron “alcahuetas hijueputas, no digan nada que atrás viene la escoba que barre bien”. Luego de esto a Luciano, en absoluto estado de indefensión, se lo llevaron y le colocaron un arma en la cabeza amenazándolo con matarlo si no les informaban en donde se encontraban los guerrilleros. A Luciano lo soltaron luego de que anotaron su número de cédula y las placas del carro en el que se movilizaba el día de la masacre en que murió.

8. En el Municipio de Palo Cabildo, el día 19 de Junio de 2001 a las 5 a.m., 17 militares del Batallón Patriotas, adscritos a la Brigada VI del Ejercito Nacional, bajo el mando del Sargento Javier Amézquita, sin aparente justificación hicieron un allanamiento sin orden judicial en la casa de Hermencia Bejarano, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores, solicitándole la identificación y requisando la casa. Hablaron con los niños y con la empleada inquiriéndolos por el padre. Durante el allanamiento, a los militares les llamo especial atención el que en la casa existiera una maquina de escribir y un abundante archivo en papel. Además compararon el nombre de la dueña de la vivienda con una lista de personas que buscan en la región. Mas tarde, a Jesús Antonio Bejarano, hermano de la anterior, y a Gustavo González, el ejército los detuvo en la vía que de Palo Cabildo conduce a la vereda de nombre Campo Alegre acusándolos de que pertenecían a la guerrilla y los comparan con una lista, el segundo fue detenido.

9. Es de anotar que el día 29 de octubre de 2000 fueron víctimas de desaparición forzosa los campesinos Rubén Dario Jiménez y Cesar Trujillo Jiménez, el primero cuñado de Hermencia Bejarano. Según una llamada anónima recibida por uno de los familiares, los campesinos fueron desaparecidos por la vía que del municipio de Armero conduce a Méndez.

10. En el casco urbano del municipio de Casabianca, el día 23 de junio de 2001, el dirigente Agrario Germán Bedoya, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores fue víctima de hostigamiento por parte de miembros de una patrulla del Batallón Patriotas, fue requisado sin aparente justificación y se llego a afirmar que era colaborador de la guerrilla. El mismo día, ya cuando se disponía a salir del pueblo fue bajado del transporte en el que se movilizaba y le fueron solicitados sus documentos. El documento del campesino fue anotado con cautela por uno de los soldados que no se identifico, le pidió al campesino que le dijera el lugar de domicilio con nombre de vereda y finca. Ante la pregunta de por que lo hacía, el militar interpela en actitud intimidatoria "Nos vemos despuesito (sic)".

11. Reiteradamente, los alcaldes actuales de los Municipios de Líbano, Villa Hermosa y Casabianca, han hecho pronunciamientos públicos en los que afirman que los miembros de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores son miembros de la guerrilla. Su actuación y argumentos ponen en riesgo los derechos fundamentales de los miembros de dicha Asociación; máxime cuando en el pasado los dirigentes de está, han sido víctimas de amenazas por parte del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, —AUC—.

12. El martes 10 de Julio de 2001, en el Balneario "el Acuario", de propiedad del Señor Hernando Tabares (Ex alcalde del municipio de Fresno, departamento del Tolima), a 10 minutos del Municipio de Mariquita fueron víctimas de desaparición forzada los campesinos Reinaldo Parra Parra y su esposa Yeimi Chitiva Pareja de 25 y 18 años respectivamente; quienes se encontraban administrando el balneario. En el momento de la desaparición de la pareja, la vivienda fue requisada violentamente, destruida y hurtados sus bienes, entre los que se encontraban dinero, joyas y ropa. Es de anotar que también fueron hurtadas las fotografías de sus familiares, que posteriormente fueron masacrados en los hechos del 16 de Julio.

13. Luego de la desaparición de Yeimi y de Reinaldo, familiares y amigos de estos de dedicaron a una infructuosa búsqueda acudiendo a organismos judiciales y policiales, distribuyendo sus fotografías en varios municipios. El día 16 de Julio de 2001 informaron ante la Fiscalía y DAS que se movilizarían en dirección al municipio de Fresno al mismo tiempo que solicitaban garantías para el recorrido; ante lo que funcionarios de estas instancias les dijeron que podían partir que no habría ningún problema. A las 3:00 p.m. el grupo de 7 personas conformada por familiares y miembros de la Comunidad se movilizaron en un vehículo Nizzan color café al que ya miembros del Batallón de Infantería No 16 Patriotas, adscritos a la Brigada VI del Ejército Nacional, con sede en el municipio de Honda, el pasado 14 de mayo le habían anotado las placas. El grupo acudía con la esperanza de encontrar a sus familiares y amigos; pero en el trayecto entre la población de Mariquita y Fresno, a la altura de un sitio conocido como "La Parroquia" fueron masacradas. Las víctimas responden a los nombres de: Isabel Guzmán, Luciano Parra Parra, (Hermano de Reinaldo Parra, desaparecido) Luz Milia Rincón Castaño, Orlando Ortiz Rodriguez, Hernando Parra Parra, Otoniel Murillo Gonzalez, Angel Maria Parra Parra.

Solicitudes:

1. Que el Estado colombiano emprenda todas las acciones orientadas a perseguir, investigar y sancionar ejemplarmente a los miembros de los grupos paramilitares, así como a los que auspician, promueven, patrocinan y promocionan este tipo de actividad; de igual manera que desmonte el accionar de dichos grupos.

2. Que se garantice la vida, así como los derechos fundamentales de la población del Norte del Tolima.

3. Que se investigue y sancionen a los responsables de los hechos ocurridos el 10 y 16 de Julio de 2001 en los municipios de Líbano y Mariquita del departamento del Norte del Tolima en donde fueron masacrados siete campesinos y desaparecidos otros dos.

4. Que se investigue a los miembros del Gaula y Pijaos, y del Batallón Infantería No 16 Patriotas, adscritos a la Brigada VI del Ejército Nacional, bajo el mando del General Hernando Cadavid, por acción u omisión en los hechos anteriormente narrados, así como por su relación con el grupo paramilitar de las AUC Bloque Tolima.

5. Que los organismos del Estado Colombiano desarrollen todas las actividades necesarias a fin de impedir un nuevo atentado por parte de los grupos paramilitares que vulneran el derecho a la vida y a los derechos fundamentales de la población del Norte del Tolima”. Fls 385-387, cdno pruebas parte demandante).

— Copia del proceso penal radicado No. 1219 adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en contra de los sindicados Ramón María Isaza Arango, José David Velandia Ramírez, Walter Ochoa Guisao, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos y Álvaro Murillo Flórez por los hechos sucedidos el 15 de septiembre de 2001 en el corregimiento de Frías, Tolima (8 cuadernos anexos).

— Oficio de 11 de mayo de 2009 suscrito por la Coordinadora Secretaría de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante el cual se allega copia del proceso disciplinario No. 155-64863/2001, el cual se adjunta en dos cuadernos. Dentro de dicha actuación disciplinaria se encuentra la Resolución de archivo de investigación de 6 de junio de 2003, en los siguientes términos:

“Bogotá, D.C., 6 jun. de 2003

I. Asunto

Procede el Despacho a tomar la determinación que en derecho corresponda en las presentes diligencias radicadas bajo el N°. 155-64863-2001, adelantadas de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 y el Decreto 262 de 2000.

II. Hechos

El 15 de Septiembre de 2001, a las 10:30 de la noche, un grupo conformado por aproximadamente unos veinte (20) hombres que se encontraban armados, llegó al corregimiento de Frias, jurisdicción del Municipio de Falan (Tolima), y procedió a ingresar a una cafetería y un billar de esa localidad, lugares donde sus integrantes dispararon indiscriminadamente contra quienes allí se encontraban causándole la muerte a un total de trece (13) personas.

Luego del múltiple homicidio, los integrantes del grupo pintaron en las paredes de algunas casas vecinas letreros alusivos a las “AUC Omar Isaza” y otros que decían “fuera sapos”, así como en las paredes de algunas casas ubicadas en la vía que de San Pedro conduce al Municipio de Frias.

III. Consideraciones Jurídico Probatorias

De las pruebas aportadas a la indagación Preliminar adelantada por parte del Grupo de asesores en Derechos Humanos del Despacho del señor Procurador General de la Nación, se destacan las visitas especiales practicadas en el Comando del Batallón de Infantería Municipal de Falan (Tol.), la Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué, Defensoría del Pueblo Regional Tolíma(sic),el D.A.S., C.T.I. y Comando del Departamento de Policía Tolíma(sic), así como la diligencia de reconocimiento practicada en la zona donde ocurrieron los hechos, donde los comisionadas pudieron constatar claramente que en algunas de las viviendas ubicadas entre la vereda San Pedro y el corregimiento de Frias, fueron pintados letreros alusivos a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. (vr.fls.117.c.o.1 y 1, 34,45, 84, 110, 122,133 y 148.c.o.2.).

Respecto a la autoría de los hechos, las pruebas recaudadas permiten demostrar que en la noche del sábado 15 de Septiembre de 2001, aproximadamente veinte hombres que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas Militares y utilizaban el brazalete distinto de las AUC, fuertemente armados y que se transportaban en dos vehículos tipo camioneta cuatro puertas y dos motocicletas, llegaron sorpresivamente al corregimiento de Frias por la vía que conduce de Armero – Guayabal – San Pedro, y se dirigieron a dos establecimientos públicos, un bar o cantina y un billar, y procedieron a dar muerte a nueve personas, quedando otras dos heridas que posteriormente fallecieron, y otras dos más que fueron encontradas en el cruce para San Pedro en la vía que de Armero conduce a Lérida.

Como hecho a destacar, cabe reseñar que horas antes de perpetrarse el múltiple homicidio, un grupo subversivo sin identificar hizo presencia en el Corregimiento de Frias, algunos de cuyos integrantes permanecieron por varias horas en establecimientos comerciales ingiriendo y jugando billar, para finalmente abandonar el lugar a bordo de un vehículo de color blanco, veinte minutos antes de que incursionara el grupo de las autodefensas autor del execrable crimen.

Ahora bien, en cuanto a la presunta participación de servidores públicos en los hechos aquí investigados, de las pruebas recopiladas, pero especialmente con los documentos Nos. 875 y 901, respectivamente del 3 y 6 de diciembre de 2001, suscritos por el señor Francisco Javier Romero Vélez, investigador de la Fiscalía General de la Nación, se concluye categóricamente que la masacre de Frias “fue cometida por los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia del Magdalena Medio, dirigidos en esa oportunidad por alias “Rambo”, Jefe operativo del Frente Caldas – Norte del Tolíma(sic), en asocio de los alias “Fabio”, “El zorro” “Maicol” y otros integrantes de dicho grupo al margen de la Ley, quienes se movilizaban en el vehículo Mazda B2600, doble cabina, color verde, que fue incautado días después de la masacre por unidades del Ejército Nacional que sostuvieron un enfrentamiento armado con miembros de las autodefensas.

Cabe destacar igualmente, que según información publicada por internet emanada del Estado Mayor del bloque Tolíma(sic) de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), niegan la autoría o participación en los hechos violentos acaecidos en el corregimiento de Frias, pero atribuyen la responsabilidad de lo ocurrido a un hombre apodado “El Gurre”, miembro de las autodefensas unidas del Magdalena Medio (AUMM) lideradas por Ramon Isaza.

Como del material probatorio recaudado en la Indagación Preliminar se observa claramente que el múltiple homicidio ocurrido el 15 de Septiembre de 2001 en el corregimiento de Frías (Tol), es atribuido a los miembros de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio (AUMM), y no existe prueba idónea alguna que nos indique siquiera de manera sumaria la posible participación de servidores del Estado en dicho múltiple homicidio, este Despacho, habida consideración de la fecha de ocurrencia de los hechos y acorde con el material probatorio obrante en el plenario, se abstendrá de continuar con el trámite del presente diligenciamiento y dispondrá el Archivo de lo actuado, por considerar fundadamente que no se dan los presupuestos jurídicos necesarios para ordenar investigación disciplinaría en estas diligencias.

En consecuencia, el suscrito Procurador Delegado Disciplinario para la Defensa de los Derechos Humanos, en uso de sus facultades legales,

Resuelve

1. Ordenase el Archivo definitivo de las presentes diligencias radicadas bajo el N° 008-64863-2001, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído y de conformidad con lo establecido en los Artículos 73 y 210 de la Ley 734 de 2002.

2. Contra la presente determinación procede el recurso de apelación, en la forma y términos establecidos en los Artículos 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002.

3. Por la Unidad coordinadora de esta Delegada, háganse las anotaciones de rigor y líbrense las comunicaciones de la ley.” (cdno 2 exp. 155-64863-2001, últimos 5 folios).

5.- Problema jurídico

De lo anterior se puede plantear como problema jurídico si cabe imputar a la Nación – Ministerio de Defensa por las muertes de Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana ocurridas el 15 de septiembre de 2001 en el corregimiento de Frías, municipio de Falan.

Para abordar dicho problema jurídico, la Sala examinará en primer lugar si el daño ocasionado al demandante reviste las características de ser antijurídico para, luego de ello, proceder a valorar si el mismo es imputable a la demandada.

6. Daño antijurídico

6.1. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(29) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(30); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(31); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(32), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(33); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(34), o de la cooperación social(35).

6.2. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(36). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(37).(38)

6.3. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(39).

6.4. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(40). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(41), anormal(42) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(43).

6.5. En casos, como el que ocupa la atención de la Sala, se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(44).Se trata de un daño que las víctimas Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana y sus familiares no estaban llamadas a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al respeto de su dignidad humana y de sus derechos constitucionales y convencionales a la vida y a la integridad personal, que es incuestionable en un Estado Social de Derecho(45), desde una perspectiva no sólo formal, sino también material de la antijuridicidad(46).

6.6. La Sala, mediante el análisis de los medios de prueba obrantes en el expediente, considera demostrado que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de las muertes de Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana, ocurridas en la noche del 15 de septiembre de 2001 y acreditada con el certificado de registro civil de defunción expedido (fl 152-160 c1 anexo proceso penal y fls 1-2 cdno pruebas demandante).

6.7. Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

7. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

7.1. Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(47) de la responsabilidad del Estado(48) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(49) y de su patrimonio(50), sin distinguir su condición, situación e interés(51). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(52). Como bien se sostiene en la doctrina, la “responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(53); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(54).

7.2. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(55) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(56) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(57), argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera acogió al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012(58) y de 23 de agosto de 2012(59).

7.3.- En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(60), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(61).

7.4. Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(62), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(63). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(64).

7.5. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(65). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(66).

7.6. Sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(67). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(68). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(69).

7.7. Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(70) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(71) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(72).

7.8. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad o de protección(73) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(74). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(75).

7.9. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(76).

7.10. Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(77), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(78), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho(79).

7.11. Debe plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado(80), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(81), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación”(82).

7.12. Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(83) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

7.13. Además, cabe considerar la influencia que para la imputación de la responsabilidad pueda tener el principio de precaución, al exigir el estudiarla desde tres escenarios: peligro, amenaza y daño. Sin duda, el principio de precaución introduce elementos que pueden afectar en el ámbito fáctico el análisis de la causalidad (finalidad prospectiva de la causalidad(84)), ateniendo a los criterios de la sociedad moderna donde los riesgos a los que se enfrenta el ser humano, la sociedad y que debe valorar el juez no pueden reducirse a una concepción tradicional superada.

7.14. La precaución es una acepción que viene del latín precautio y se compone del prae (antes) y la cautio (guarda, prudencia). En su definición, se invoca que el “verbo precavere implica aplicar el prae al futuro —lo que esta por venir—, tratándose de un ámbito desconocido pese a las leyes de la ciencia, incapaces de agotar los recursos de la experiencia humana y el verbo cavere que marca la atención y la desconfianza”(85). Su concreción jurídica lleva a comprender a la precaución, tradicionalmente, como aquella que es “utilizada para caracterizar ciertos actos materiales para evitar que se produzca un daño”(86). Entendida la precaución como principio(87), esto es, como herramienta de orientación del sistema jurídico(88) “exige tener en cuenta los riesgos que existen en ámbitos de la salud y del medio ambiente pese a la incertidumbre científica, para prevenir los daños que puedan resultar, para salvaguardar ciertos intereses esenciales ligados más a intereses colectivos que a los individuales, de manera que con este fin se ofrezca una respuesta proporcionada propia a la evitabilidad preocupada de una evaluación de riesgos (…) Si subjetivamente, el principio implica una actitud a tener frente a un riesgo, objetivamente, se dirige directamente a la prevención de ciertos daños en ciertas condiciones determinadas”(89). Luego, la precaución es un principio que implica que ante la ausencia, o insuficiencia de datos científicos y técnicos(90), es conveniente, razonable y proporcional adoptar todas aquellas medidas que impida o limiten la realización de una situación de riesgo (expresada como amenaza inminente, irreversible e irremediable) que pueda afectar tanto intereses individuales, como colectivos (con preferencia estos).

8. La imputación de responsabilidad tratándose de daños causados por las acciones de grupos armados.

8.1 Determinado el daño antijurídico que fue padecido por los demandantes, consistente en la afectación del derecho a la vida de Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre y Alduvier Triana, la Sala pasa a determinar si este le es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa.

8.2. Al respecto, cabe señalar que en la dilatada jurisprudencia de la Corporación se ha abordado la responsabilidad del Estado con ocasión de actos de grupos armados atendiendo a los diversos criterios de motivación para la imputación desarrollados, es decir, falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, los cuales deben ser observados, según las particularidades fácticas y probatorias que cada caso enseñe, siguiendo así lo ya establecido por el pleno de la Sección en la providencia de 19 de abril de 2012, cuando sentenció que “el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”(91).

8.3 En efecto, la falla del servicio, que es el criterio de imputación que debe verificarse, ab initio, para establecer la responsabilidad del Estado tratándose de daños causados por grupos armados insurgentes tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención —deberes negativos— como de acción —deberes positivos— a cargo del Estado, empero, para que se genere responsabilidad con fundamento en ello es menester acreditar, a título enunciativo, i) el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos, ii) la omisión en el despliegue de las acciones, medidas o medios razonable y ponderadamente disponibles [no debe olvidarse que por virtud del artículo 2 de la Carta Política y del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado debe realizar o adoptar todas medidas tendientes a la protección de los derechos humanos, en caso de verse afectados bien sea por su acción, o derivados de actos de sujetos privados en lo saque se hace imprescindible y necesaria la acción protectora o positiva del Estado(92)]; iii) la inactividad de la administración pública, concretada en el ejercicio de las acciones, medidas o medios disponibles de manera limitada, insuficiente, o sin lograr su pleno despliegue para la protección eficaz de lo derechos, bienes e intereses de los ciudadanos; y, o iv) el desconocimiento de la posición de garante institucional que pueda asumir la administración. Como en los daños causados por la acción de grupos insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal, deberá demostrarse la cognosibilidad real del peligro (la situación de amenaza o riesgo) que corre el bien jurídico que debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en defensa del mismo, o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las acciones de defensa ejecutadas por la fuerza pública(93). Al respecto el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado:

“Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero debe analizarse si para la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan casi margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida (…)”(94)

8.4. Frente a lo anterior, se afirma que la modulación de los derechos constitucional y convencionalmente reconocidos y consagrados (tanto en la Constitución Política como en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales vinculantes de protección de los Derechos Humanos) lleva a la construcción teórica según la cual al Estado no solamente le son exigibles deberes de abstención, sino que también, como presupuesto de eficacia de los derechos(95), es necesario ejecutar acciones positivas; o, en otros términos, que en el modelo de Estado Social de Derecho desarrollado a partir de las disposiciones constitucionales y convencionales se hace imprescindible no sólo el reconocimiento de la existencia de los derechos de los ciudadanos, sino también el despliegue de acciones positivas(96).

8.5. En ese sentido, como la eficacia y protección de los derechos constitucional y convencionalmente reconocidos exige del Estado contemporáneo el cumplimiento de deberes, acciones u obligaciones positivas, cabe encuadrarlos desde la perspectiva de la posición de garante, en todos los ámbitos de la actividad administrativa, pero estableciendo el alcance razonable y ponderado según se presente cada supuesto de actividad. Lo anterior implica, que el elemento de imputación, al momento de determinar la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, debe orientarse hacia la demostración del resultado dañoso atribuible para el caso del conflicto armado a la falta de correspondencia de aquel – la amenaza cierta o el riesgo, en cada caso, materializados en un daño – respecto al deber positivo, esto es, a la obligación de dispensar el servicio de vigilancia, seguridad y protección.

8.6. En lo que concierne a la operancia del riesgo excepcional como criterio de imputación en los casos de daños antijurídicos causados por la actividad de grupos armados insurgentes, habrá lugar a encuadrar en el mismo cuando el daño ocurre como consecuencia de la actividad legítima de la administración pública, que comporta un riesgo de naturaleza anormal, o que resulta excesivo bien sea porque incrementó aquel que es inherente o intrínseco a la actividad, o porque en el despliegue de la actividad se crean riesgos que en atención a su exposición e intensidad desbordan o excedan lo razonablemente asumible por el perjudicado.

8.7. En efecto, es claro que en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo moderno la sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles, y dentro de tal contexto la administración pública, como lo indica Forsthoff “puede crear estas situaciones excepcionales de peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna protección existe para el particular(97)”, lo cual impone al Estado, por razón de justicia distributiva, la reparación de los daños causados(98). Sobre este tema esta Corporación ha aplicado este criterio de imputación, en ciertas ocasiones, guiado por un argumento causal, como es que el ataque del grupo armado se haya dirigido en contra de un establecimiento del Estado(99).

8.8. Y por último, el otro criterio de imputación aplicable en casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por acciones de grupos armados insurgentes es el de daño especial, que corresponde a un criterio de imputación en donde el desequilibrio de las cargas públicas, la equidad y la solidaridad son sus fundamentos(100), “como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, fruto del perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado”(101).

8.9. Así, en cada caso, lo que debe examinarse es si por las condiciones que revista el daño antijurídico este se puede considerar como un acentuado y singular desequilibrio anormal de las cargas públicas que deben ser asumidas por los administrados(102) entendiéndose como normal aquella carga que es ordinaria a la vida en sociedad.

8.10. Para el caso concreto de los ataques de grupos armados insurgentes no hay duda que excede a lo normal la afectación a los bienes muebles o inmuebles que se produce como consecuencia del armamento empleado y que conlleva la destrucción, depreciación o disminución del valor, cantidad y/o destinación de los mismos. Sobre la aplicación del daño especial cuando se presentan actos terroristas la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido su aplicación partiendo de la propia concepción de lo que supone un ataque terrorista, pues, este se dirige contra la sociedad en general pero se realiza, materialmente, en una determinada persona o grupo de personas que, en razón a esa excesiva carga asumida, son merecedoras de una indemnización asumida por toda la sociedad(103).

8.11. Por su singular configuración; en este régimen no se lleva a cabo un juicio de reproche, de carácter normativo, a la actividad desplegada por el Estado, pues, presupuesto ineludible de este régimen de responsabilidad es que la Administración ha obrado con sujeción al ordenamiento jurídico; por tanto, el daño antijurídico se atribuye al Estado, en virtud el principio de solidaridad, aquello que representa la ruptura del equilibrio de las cargas públicas en cumplimiento de una actividad legal y legítimamente amparada. Sobre la aplicación del daño especial en materia de atentados terroristas el precedente de la Sala indica:

“Las explicaciones que se dieron en el capítulo anterior sobre el daño especial como título de imputación por ataques terroristas, permiten deducir la responsabilidad del Estado a partir del resultado dañoso, superior al que ordinariamente deben soportar y diferente del que asumen los demás pobladores, y proveniente del enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y el grupo subversivo de quien provino el ataque terrorista. Si bien como consecuencia de dicho enfrentamiento se causaron daños a los inmuebles contiguos al sitio de ubicación de la estación de policía, objeto central del atentado, la actuación de la fuerza pública fue legítima, en cuanto se desarrolló en cumplimiento de su obligación constitucional de defender la vida y los bienes de los administrados (…)”(104)

8.12. Es la ruptura del equilibrio las cargas públicas, y la solidaridad como trasfondo filosófico que la orienta, el eje de la atribución de responsabilidad en estos casos, pues comprendida dentro del marco del Estado Social de Derecho, —y consagrada normativamente en el artículo 1° constitucional(105)— resulta razonable imponer al Estado, en representación de la sociedad, la obligación de indemnizar a quienes materialmente se han visto afectados con el despliegue de una acción desplegada por grupos armados insurgentes, pues en virtud de dicho fin constitucional al Estado le corresponde garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, y para ello debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad, (…) a través de la inversión en el gasto social, [o] adoptando medidas en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.(106)

9. El juicio de atribución de responsabilidad en el caso concreto.

9.1. Revisado el acervo probatorio que obra en el expediente, se encuentra que el daño antijurídico es imputable a la demandada de la Nación – Ministerio de Defensa, por las razones que pasan a exponerse.

9.2. Por acreditado se tiene que en la noche del 15 de septiembre de 2001 personas armadas llegaron al corregimiento de Frías, ubicado en el Municipio de Falan, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en dos establecimientos de comercio ubicados en la plaza principal de dicha población, registrándose la muerte Jhon Jairo Navarrete Cortes, Cecilia Cortes, Duberney Miranda Cortes, José Olivo Delgado Laverde, Farid Juan Janner Martínez, Erley González Calderón, Luis Albeiro Hernández, Yesid Aros Rubio y Pedro Argidio Urrego Velásquez (fls 152-160, c1 anexo proceso penal). Igualmente, se tiene que que en el cruce a San Pedro – Antiguo Armero, fueron encontrados los cadáveres de Marcolino Aguirre y Alduvier Triana Espinosa (fls 2-12, c2 anexo proceso penal y fls 1-2 cdno pruebas demandante).

9.3. Al respecto el testigo Aycardo Miranda Cortés declaró lo siguiente:

“Preguntado: Sírvase manifestar a qué actividad se dedicó usted el pasado 15 de septiembre. Contesto: (…) yo no podía dormir, le dije a mi mujer que tenía como un susto, si me arropaba me daba calor y si me desarrpaba (sic) me daba frío. Cuando por ahí en eso de las 9 de la noche escuché dos tiros, yo pensé que era la guerrilla que se había prendido a plomo; porque estaban tomando en el billar y en la rocola los de las FARC y los del ELN, entonces cuando yo escuché los tiros le dije a la mujer mía “uy, se agarraron ellos mismos a plomo”, cuando como a los dos minutos empecé a escuchar mucha bala y yo boté a mis dos hijos y a mi mujer al piso y les puse el colchón por encima y yo también me tiré al suelo a esperar a que pasara la balacera. Lo último que sonó fue una granada; y yo escuchaba que gritaban “corran hijueputas sapos. Corran”; yo no salí por prudencia y por miedo; cuando pasó todo como a los dos minutos yo salí al anduve de la casa y como de ahí se ve la Plaza y la rocola, cuando yo oí que lloraban y lloraban yo dije “hubieron (sic) muertos”, entonces yo fuí (sic) a salir corriendo pero la mujer me echó mano, yo le dije que yo iba a ver que de pronto mis hermanos estaban heridos, cuando salí corriendo de la casa yo me asomé al billar y ví (sic) todos esos muertos, había 6 muertos y un herido, quien finalmente murió en Palocabildo” (Resaltado propio) (fls 238-243, c2 anexo proceso penal).

9.4. Información plenamente concordante con lo suscrito en el informe del CTI del 19 de julio de 2004 donde se consignó:

“15/09/2001. Siendo las 21.00 horas, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia del Magdalena Medio, vistiendo uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y portando armas de corto y largo alcance, en número aproximado de (20) veinte hombres, incursionaron en el Corregimiento de Frías, municipio de Falán (sic) Tolima, ingresando a dos establecimientos públicos en el sector del parque principal de la localidad, dando de baja en la cantina, conocida como bar la esquina a (4) cuatro personas, siguiendo al sitio llamado El Billar donde asesinaron a (6) seis personas, dejando heridas dos (2) mujeres y pintando posteriormente en distintas paredes, graffiti (sic) alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia, Frente Omar Isaza; en su huida se llevaron dos personas, las cuales fueron asesinadas en el corregimiento de San Pedro, municipio de Armero – Guayabal.” (Resaltado propio) (fls 190-192, c4 anexo proceso penal).

9.5. En cuanto a la identidad de quienes perpetraron tal acto, la Sala verifica que existe suficiente acopio probatorio que permite aseverar que tales actos fueron ejecutados por integrantes del llamado Frente Omar Isaza (FOI), de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, como se advierte no solo del informe del CTI citado precedentemente sino también de medios probatorios tales como lo consignado en el acta de inspección de los cadáveres, llevada a cabo por el CTI donde se dice que “quienes cometieron este múltiple homicidio fueron varios hombres vestidos de civil alrededor de veinte personas aproximadamente quienes llegaron entre las nueve y media y diez de la noche del día sábado anterior 15 de septiembre (…) y quienes a la vez dejaron pintadas las paredes de varias casa en el marco del parque con letreros que decían “Fuera sapos” y haciendo alusión a las AUC. Omar Isaza.” (fls 55-59, c1 anexo proceso penal); al tiempo que Marco Fidel Navarrete, al ser preguntado sobre si conocía los motivos del insuceso contestó que “los motivos no se sabe, pero sí que fueron los paramilitares, en las paredes escribieron “AUC otra palabra que no recuerdo y guerra” (fl 234-237, c2 anexo proceso penal).

9.6. Por otra parte, en su declaración el señor Cesar Augusto Peña, entonces miembro del Frente Omar Isaza, declaró lo siguiente:

“Preguntado: De manera concreta díganos si usted se enteró y en caso afirmativo como de una masacre de alrededor (sic) diez personas ocurrida en el corregimiento de Frías, del municipio de Falan, en el mes de septiembre del 2001. Contesto: Me enteré por una llamada telefónica que yo mismo hice para saber como estaban las cosas por fuera, o sea para saber que estaban planeando en contra mía y para enterarme de cómo habían hechos los nuevos movimientos para un armamento que tenía que llegar para las contraguerrillas. Preguntado: Para cuando sucedió la masacre de la cual estamos hablando de Frías, usted estaba detenido. Contesto: No, hasta apenas me iba a entregar a la justicia. Preguntado: Esa llamada, usted dice efectuó, a quien se la hizo. Contesto: Es una persona que es comandante de grupo, pero como me ha colaborado bastante, no me comprometo a hablar de ella, porque a mi me ha servido mucho y no puedo traicionarlo de esta forma. Preguntado: Exactamente que (sic) fue lo que usted se enteró acerca de la masacre de Frías. Contesto: Simplemente me dijeron que el comandante Stiven, le había dicho a Maicol y a su hermanos, que tenían que dirigirse con otros hombres al corregimiento de Frías; los cuales llevaron una lista en mano para efectuar la orden de la masacre, cuyos nombres no tuve acceso a ellos por razones de seguridad para ellos.” (fls 206-207, c4 anexo, proceso penal).

9.7. Igualmente, obra en el expediente diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada del procesado Walter Ochoa Guisao, en donde se puso de presente la sindicación como “determinador en línea de mando” del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo, por los hechos sucedidos en 15 de septiembre de 2001 en Frías, la cual fue aceptada por el mencionado individuo. Como fundamento de esta decisión la Fiscalía expuso, inter alia, lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver directamente con las Responsabilidad que por estos hechos se le atribuye al sindicado Ochoa Guisao, encontramos inicialmente prueba oportunamente allegada al proceso en donde se determina que la autoría del crimen estuvo a cargo de miembros de las autodefensas que operaban en el departamento de Tolima, concretamente el Frente Omar Isaza. De un lado existe multiplicidad de declaraciones de todos quienes tuvieron algún conocimiento de la masacre, en el sentido de señalar a los integrantes del FOI como los responsables de la misma (…) Bajo esa óptica la Fiscalía considera que sobre cualquier otro análisis que se pretenda hacer en el presente caso, en la medida en que tal como se ha transcrito, el sindicado Ochoa Guisao es consciente que su actividad al interior de la agrupación de autodefensas y concretamente del denominado Frente Omar Isaza, fue determinante para que en aplicación de la filosofía que animó su creación, se ejecutara no solo este sino múltiples crímenes y hechos delictivos durante su permanencia en la mencionada asociación. Lo anterior se traduce, conforme a la doctrina más conocida en este caso, que en el presente caso se está en presencia de una organización (autodefensas) que se caracteriza por tener una estructura jerarquizada consolidada (aparato organizado de poder), la disposición de los miembros de la agrupación a seguir los objetivos de la misma, el poder de decisión de los mandos o comandantes, la intercambiabilidad de los ejecutores materiales y el automatismo en el cumplimiento de órdenes derivadas de la propia dinámica del aparato de poder.” (Resaltado propio) (fls 4-12, c8 anexo proceso penal).

9.8. En similares términos se encuentra en el expediente el escrito de formulación de cargos para sentencia anticipada en contra de Álvaro Murillo Flórez (fls 108-118, c8 anexo proceso penal). En dicho escrito se puede leer, entre otras cosas, lo siguiente: “se advierte que en diligencia de indagatoria Murillo Flórez sostuvo que dentro del Frente Omar Isaza era conocido como alias el Zorro, aceptando su participación en la masacre de Frías.” (fl 116, c8 anexo proceso penal).

9.9. Y, finalmente, obra escrito de Álvaro Murillo Flórez, alias Zorro, aportado en la diligencia de indagatoria el 25 de noviembre de 2009 donde narra lo acontecido en Frías la noche del 15 de septiembre de 2001 en los siguientes términos:

“Masacre en Frías.

El Comandante Rambo cito (sic) al comandante Tolima a encontrarnos con el (sic) en el sitio que nosotros llamaba (sic) las cruces osea (sic) Armero allí nos encontramos Tolima, Orejas, El zorro, con el Comandante Rambo, Raul, Jaramillo, Jairo Relles (sic), Alias Jairo, Con ellos se encontraban 2 personas las cuales los muchachos de Rambo decían que eran del Ejército en ese momento el comandante Tolima, Rambo, y los dos supuestos señores del Ejército organizan el operati (sic) de como vamos a ingrezar (sic) al pueblo de frías siendo el objetivo del operativo ubicar las ultimas casas saliendo del Frias (sic) asia (sic) Palocabildo, donde se tenia (sic) información que la guerrilla llegava (sic) alli (sic) a comer y a dormir allí teníamos que capturar y dar debaja (sic) las personas que encontraramos en estas casas, partimos de alli (sic) en dos carros, una camioneta, un automóvil, una moto, un poco antes de llegar al pueblo de Frias (sic) nos encontra (sic) un señor en una moto el cual el Comandante Tolima lo paro (sic) y lo subio (sic) al platon (sic) de la camioneta los muchachos que se subieron con el (sic) lo interrogaron sobre la presencia de guerrilla en el área a lo que el (sic) contesto (sic) que el dia (sic) anterior la guerrilla había echo (sic) un reten en la vía por la cual nosotros entramos y que ese mismo dia (sic) havia (sic) visto guerrilla en el pueblo de Frias (sic).

Esta informacion (sic) llena de nervios al Comandante Rambo y a Tolima y por un momento paramos en la carretera y cambian el plan del operativo decidiendo que al momento de llegar al pueblo había que disparar a todo lo que se moviera.

Al llegar al pueblo el Comandante Rambo se dirijio (sic) hasia (sic) un carro que se encontraba en el pueblo y empez (sic) a disparar a las personas que allí se encontraban el Comandante Tolima se dirijio (sic) asia (sic) un negosio (sic) el cual era como unos billares otros muchachos se dirijieron (sic) a una discoteca donde lanzaron una granada, yo cubri (sic) la salida al cementerio. Después de un rato y cuando ya termina el tiroteo el Comandante Rambo da la orden de salir del pueblo en el cruce de Armero el Comandante Rambo paro (sic) y bajo (sic) el señor que llevábamos en la camioneta lo llebo (sic) a la orilla de la carretera y lo mato (sic).” (fls 276-277, c6 anexo, proceso penal).

9.10. Conforme a los anteriores elementos de prueba, no hay duda sobre los hechos concernientes a la muerte de algunos de los pobladores del corregimiento de Frías el 15 de septiembre de 2001 así como que su autoría, que corresponde a integrantes del llamado Frente Omar Isaza, de las autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

9.11. Igualmente, está acreditado en el proceso que el móvil o motivo que animó la realización de tan execrable conducta lo fue los señalamientos de que en Frías se encontraban, para ese momento, guerrilleros o personas que eran auxiliadoras de la guerrilla. Así, además del escrito citado de autoría de Murillo Flórez, se cuenta con la declaración de César Augusto Peña, para la época miembros del Frente Omar Isaza, quien al ser interrogado sobre porqué se cometió ese acto manifestó: “Hasta donde tengo conocimiento, ellos eran colaboradores de la guerrilla y le estaban dando información en donde nos ubicábamos nosotros y qué días pasábamos las contraguerrillas por ahí cerca” (fl 206-207, c4 anexo proceso penal); mientras que en su ampliación de testimonio Pedro Pablo Hernández, también miembro de la organización al margen de la ley, afirmó que “al día siguiente de lo sucedido de esta masacre se comentó dentro de la organización de que el comandado (sic) Estiven se había equivocado, de que esta gente no era (sic) guerrilleros sino campesinos (…) las personas venían patrullando o sea supuestamente ellos eran guerrilleros o sea las víctimas, y según por eso cometieron la masacre (…)” (fls 161-166, c7 anexo proceso penal).

9.12. Ahora bien, en cuanto a la presencia del llamado Frente Omar Isaza en Frías, las declaraciones de los pobladores de dicho corregimiento permiten afirmar que en esa zona los integrantes de este grupo armado no hacían presencia. Así, al ser preguntado al respecto Marco Fidel Navarrete afirmó que “No se les volvió a ver desde ese entonces. Antes de ese hecho tampoco se les había visto” (fls 234-237, c2 anexo proceso penal); igualmente Aycardo Miranda Cortés declaró que “No sabía nada” (fls 238-243, c2 anexo proceso penal) y Luz Mery Agudelo manifestó que “No, porque gente extraña no se había visto; se corrige, visto en el pueblo” (fls 247, c2 anexo proceso penal).

9.13. Por el contrario, está plenamente comprobada en el proceso la fuerte y habitual presencia de miembros de grupos armados insurgentes, bien sea de las Farc o el Eln, en el corregimiento de Frías, como lo declaró Marco Fidel Navarrete: “Guerrilleros si se ven con alguna frecuencia, a veces pasan por ahí una vez a la semana, entre 5 o 10, y a veces pasan 20 días o un mes que no se les vió (sic)” (fl 234-237, c2 anexo proceso penal). Inclusive, el día de los hechos, esto es, el 15 de septiembre de 2001, los testigos manifiestan que en los locales comerciales donde hicieron presencia los miembros de las autodefensas habían estado guerrilleros ingiriendo, al parecer, bebidas embriagantes; sobre este punto Aycardo Miranda declaró:

“Preguntado: Menciona usted al principio de la diligencia que en Frías se encontraban esa tarde tomando cerveza o licor miembros de la guerrilla del ELN y las FARC. Desde qué horas, cómo estableció usted que eran dos grupos armados diferentes y si acostumbraban a permanecer allí y desempeñando qué actividades. Contesto: Porque los de las FARC llevan un letrero en el uniforme en la parte superior del brazo derecho no recuerdo el color, que dice FARC, y los otros también llevan en la misma parte las tres letras “ELN” esas si son mitad roja y la mitad negra; estaban los dos grupos mezclados tomando en la rocola y en el billar; la mujer mía me dijo que habían llegado como a las 10 de la mañana a tomar al pueblo. Antes de pasar lo que pasó, ellos mantenían cada 8 días en el pueblo y entre semana también, pero ahora no se vén (sic), ni el día domingo ni entre semana, lo que hace que pasó eso, yo no los he vuelto a ver.” (Resaltado propio) (fls 238-243, c2 anexo proceso penal).

9.14. La presencia de miembros de la guerrilla llegaba a tal punto que existía una estigmatización en Frías y zonas aledañas como de zona de dominio de grupos armados insurgentes. Al respecto, el testigo William Hernando Castellanos, al ser preguntado sobre este punto señaló que “Esa información es totalmente cierta, pero no únicamente el corregimiento de Frías, era área de influencia de la subversión, de igual manera lo era, la cabecera municipal, los municipios vecinos como Palocabildo y Casabianca entre otros, de una manera muy general se podría decir que los municipios de este sector de la cordillera, en ese momento se encontraban bajo el dominio del ELN, Frente Bolcheviques” (fls 251-254, cdno pruebas demandante); afirmación coincidente con la declaración de Gabriel Pacheco Medina (fls 261-262, cdno pruebas demandante)(107).

9.15. Por otra parte, también está demostrado que la fuerza pública, Policía o Ejército Nacional, no hacía presencia permanente en Frías. De hecho, algunos testimonios señalan que desde hace unos años se había desmontado un puesto de Policía(108)-(109) en dicho corregimiento y que solo de vez en cuando era que se les veía en la zona(110).

9.16. En cuanto a la presencia, en general, de grupos delincuenciales en los municipios aledaños al corregimiento de Frías, se destaca que en el acta de inspección judicial del CTI al comando del Batallón Patriotas No. 16 se consignó la siguiente información:

“Frente Omar Isaza de las Autodefensas Ilegales del Magdalena Medio.

Dispositivo y cabecillas.

Actualmente el frente “Omar Isaza” viene delinquiendo con tres comisiones sectores que son:

Primera Comisión: Encabezada por alias El Gurre: cuya área de injerencia es el sector rural de Dorada, Honda, Marquetalia, Victoria, Lérida, Mariquita, Guayabal, Fresno, Ambalema, La Sierra y Venadillo.

Segunda Comisión: Encabezada por Roque Izasa (sic), Delinque en Norcasia, San diego, Florencia y se denomina Jose Luis Zuluaga.

Tercera Comisión: Encabezada por Oswaldo alias Melchor, actualmente delinque el (sic) tierradentro y Delicias.

(…)

Grupo Subversivo Frente Bolcheviques del Líbano del ELN

Dispositivo

Dirección del frente: Sus integrantes se encuentran separados, así:

Comisión de San Fernando (Versalles, Tapias, El Tesoro, La Marina y Santa Teresa)

Comisión de Frías (Muleros, La Playa, Asturias)

Comisión de Pavas: Pavas, Patiburrí, la Uribe.

Comisión de Villahermosa, Platanillal, la Armenia, La Playa, La Floresta. El Resguardo, Guadualito, El Castillo.

Grupo de apoyo de 10 terroristas, encargado de seguridad de la dirección, se ubica donde esté el cabecilla.

Comisión del frente Isaac Zabala, 30 terroristas, fueron distribuidos en todo el frente.

Milicias populares

En Villahermosa, Frías, Palocabildo, San Fernando, Líbano, Herveo.” (fls 183-191, c2 anexo proceso penal).

9.17. Finalmente, en el proceso se encuentran acreditadas las relaciones de cooperación y coordinación existentes entre los miembros del Frente Omar Isaza y diversas entidades públicas encargadas de la seguridad y protección, investigación de delitos e, inclusive, del gobierno municipal. Así, en el Acta de inspección judicial del CTI al Batallón Patriotas se consignó, en el acápite de “red de apoyo” del Frente Omar Isaza que los alcaldes de los Municipios de Lérida y La Dorada “colaboran” (fls 183-191, c2 anexo proceso penal), mientras que Jhon Fredy Varón Acevedo declaró la existencia de vínculos con miembros de la Policía Nacional en Fresno y Palocabildo, con el comandante del Das en Mariquita y algunos miembros del Ejército Nacional:

“Preguntado: Diga a la Fiscalía que personas pertenecientes a el DAS, CTI, Ejército, Fiscalía o de Alcaldías que a usted le conste trabajan o colaboran con las autodefensas. Contesto: De Fiscales conozco a Jorge Iván, él es Fiscal de Fresno, también estaba en Falan y en Palocabildo, creo que ahora está en Lérida creo, él la última vez que habló con migo (sic) en Diciembre me dijo que lo iban a trasladar para Mariquita de pronto, nosotros somos amigos él me daba datos de los operativos que iban a hacer y jurídicos, él hablaba con Elkin, Napo, Lucas, él iba a las fiestas con nosotros y se emborrachaba, él recibía dinero de la organización, no era un sueldo fijo creo que eran ligas, los que hay ahorita en el Fresno que están colaborando pero no les sé los nombres, son los fiscales, de igual se de unos Fiscales de Ibagué que llamaban y reportaban las órdenes de capturas que habían, del DAS el comandante del DAS de Mariquita, ya tuvo problemas en Cundinamarca por que le colaboraba al Águila, está el cabo de la policía de carreteras de Fresno no me acuerdo del nombre yo lo llevaba a todas partes, íbamos a capturar con el una ruta de coca de las FARC pero yo me entregué, él es gordo morenito, cachetón, ojos como negros, hasta cuando yo me vine o sea hace dos meses él todavía trabajaba allá, un sargento de la policía que estaba en el 2004 en el Fresno Tolima, a él se le regaló una pistola y se le dio plata él era de la policía del pueblo, del ejército está el capitán comandante de contra inteligencia, hermano del cabo de policía de carretera quien fue el que me lo presentó, yo hablaba con él por avantel y me daba todos los datos de cuando se movilizaba la ley por los lados de Mariquita él está de comandante de inteligencia del ejército del Tolima está el capitán el man encontró un muerto desprezado (sic) por la organización en San Jerónimo y no lo reportó a la Brigada de Honda y en el tiempo que era teniente se le regaló una pistola 7,65 Browin, se le dio efectivo, Wisky (sic) y se le trajo una paisa para que lo entretuviera, en Diciembre estaba en Mariquita de civil él se llama Berjan no se si el nombre es Jaime, está el sargento del ejército le decían Mayimbu (sic) pero el apellido es Ospino está activo no se si estará en Honda estaba de sargento de los soldados campesinos de Palocabildo, está el soldado Vélez que andaba con el que era Teniente Berjan él era el intermediario entre el ejército y las autodefensas, está el Subintendente Aya de la policía en Palocabildo y lo trasladaron hace mas de un año. No mas.” (Resaltado propio) (fls 14-21, c 7 anexo proceso penal).

9.18. Estas afirmaciones son plenamente concordantes con lo dicho también por Carlos Mario Cifuentes Delgadillo, quien también declaró la existencia de vínculos con un fiscal en Fresno, con personal del DAS en Mariquita, del Ejército y, más aún, describe de qué manera operaba la colaboración con el Ejército y el DAS, al punto de llevar a cabo operaciones conjuntamente. El testigo se refirió así al respecto:

“Preguntado. Informe a la Fiscalía que actividades delictivas o criminales conoció Usted, que el grupo haya cometido en la zona donde opera el FOI, cuando sucedieron los hechos y quienes son los autores mismos. Contesto: Tengo conocimiento que hubo un operativo del Ejército contra la Guerrilla, por los lados de Ambalema, el encargado del mando del Ejército, le timbro (sic) al celular de a Alias Maicol, y le informo (sic) que pilas que por el Río Magdalena iban unos guerrilleros, que les echaran mano que esos tipos eran guerrilleros, por eso Maico (sic), se fue lo atajo (sic) en el Río, y los mataron, y los enterraron en la orilla del Río, cuando yo era comandante en la zona de Guayabal vi las fosas abiertas. (…) Preguntado: Informe a la Fiscalía que personas le colaboraban al grupo armado ilegal Frente Omar Isaza que opera en el Norte del Tolima. Contesto: En el Fresno, no se si todavía un Fiscal que se reunía con Elkin o Tajada, lo mismo que los del a fiscalía que andaban con tigre, ellos se reunían en esa época cerca de un lavadero de carros que está ubicado en la entrada a Fresno; en Mariquita los del DAS, no todos, mas que todo los que andaban en una camioneta verde Toyota, eso fue el año psado, para el 9 de noviembre el principal colaborador conocido como Cascarita estaba todavía ahí; cascarita, es bajito, mechudo, cabello ondulado, se motila estilo hongo, trigueño, llego (sic) de acfá de Bogotá trasladado, anda acompañado de una mujer y tres hombres mas. En Honda, casi todos los del Batallón Patriotas porque nosotros hacíamos operativos en Conjunto por los lados de Samaná, Encimadas Dorada, en los Combates contra la Guerrilla nos distribuíamos la zona, por ejemplo en el Alto del Bledo tuvimos un combate con la Guerrilla, le dimos de baja a un comandante de Ellos y cuatro quedamos heridos, el comandante de nosotros que era Melchor o Danilo, le dio un Avantel al Capitán que era del Patriotas, y le indico (sic) donde estaban los heridos de la Guerrilla, entonces el Ejército cayo (sic) a esa casa y recupero (sic) equipos, dinero, armamentos y una camioneta, esa circunstancia se presentó para el año 2001; en Dorada, casi todos los del DAS reciben Plata, por ejemplo como el 20 ó 21 de febrero de este año como a las 11 a.m Yo estaba con Alias Nene, y le entro (sic) una llamada a su celular y le dijo al escolta que no contestara porque era el tipo del DAS que iba a pedir plata y el no tenía dinero en ese momento para darle; los de la Fiscalía están de acuerdo con las Autodefensas, también en Dorada el Alcalde se reúne frecuentemente con alias Gurre y Alias Memo; el transito de Dorada esta (sic) penetrado por las Autodefensas porque un primo y la Hermana de Alias Memos (sic) trabajan en Puestos de Dirección de la Secretaría de Tránsito; en el Hospital de San Felix atienden los miembros de las Autodefensas heridos, por ejemplo en el Hospital tienen personas claves como por ejemplo Chalo, que maneja el restaurante, Goyo, que trabaja en mantenimiento, tiene una moto DT negra de rienes (sic) azules que le dio Alias Gurre, para que estuviera pendiente de todo lo que concierne a los intereses (sic) de la organización dentro del Hospital como es estar pendiente de los muchachos que llegan heridos o cuando hay operativos lo (sic) las autoridades también hay otro Goyo, padrastro de Memo, es portero y colabora con la organización.” (Resaltado propio) (fls 67-71, c7 anexo proceso penal).

9.19. Finalmente, Pedro Pablo Hernández detalló las actuaciones delictivas que llevaban a cabo los miembros del Frente Omar Isaza con los miembros del DAS, así como que ellos recibían pago de parte de dicho Frente. Del mismo modo puso de presente que existía colaboración con miembros de la Policía y funcionarios de Ecopetrol que les facilitaban la sustracción de hidrocarburos. Aunque se trató de una indagatoria, las declaraciones que a continuación se citan fueron expuestas bajo la gravedad de juramento:

“Preguntado. Diga a la Fiscalía si dentro de sus funciones estaba la de dialogar con las autoridades de los municipios de ser así con quienes sostuvo usted diálogos. Contesto: Si yo hablaba con las autoridades, con unos como con el comandante de la policía del Fresno de los años 2003, 2004 y 2005 me trasladaron el Municipio de Mariquita, en donde tuve trato con la gente del DAS de Mariquita, entre ellos Chaparro, a quien le decíamos Chaparrito, él nos colaboraba dándonos toda la información, él fue el que me entregó copias del proceso, tenía el (sic) figura de la Fiscalía en la hoja y decían que me requerían a mí, eso fue como para el mes de mayo de este año antes de que se fuera, por que lo trasladaron para Ibagué, el señor Chaparro era el jefe del puesto del DAS él estuvo hasta el año 2004 hasta que me vine, él nos daba toda la información a nosotros, de los operativos del ejército, la fiscalía, toda la información nos la daba, él tenía un sueldo fijo mensual de Un millón de pesos y demás cositas que se le deban, nosotros le dimos un avantel a Chaparro y por ese avantel era que nos comunicábamos, inclusive el que se encoentra en el puesto operativo del DAS en este momento estaba colaborando con nosotros, no le se el nombre pero físicamente es de 1,70 de estatura, delgado, cara delgadita, como de unos 38 años de edad, color de piel blanca, ojos color cafés, no usa ni barba ni bigote, a él también se le tiene el sueldo y el avantel, Chaparro antes de irse nos lo presentó y dijo que con él se podía seguir trabajando, (…) incluso en este momento los robos que se están haciendo es con el DAS, nosotros teníamos dos mulas una era de abonos Viquingos (sic) esa estaba en la vereda Mesitas, el DAS campanió (sic) eso con una gente que hacía la piratería y nosotros solo dabamos (sic) la bodega para bajarse la carga y la tractomula se dejaba abandonada para que la recogieran, eso fue este año a principios del mes de septiembre, esto fue con el nuevo del DAS que estaba hasta el día en que yo me vine, ese es un abono de aquí de Cundinamarca que no se vende por allá, es una bodega queda en una finca que está abandonada por que los dueños no estaban allá, eso queda cerquita del pueblo; la otra tractomula estaba en el bañadero antes de llegar a Pueblo Nuevo, es la entrada por las Lomas ahí se mete uno cogiendo entrar a Pueblo Nuevo, el contenido de la tractomula eran como unos tubitos como para jeringas, son como unos tubos en vidrios, venían era como de Italia como para una farmacéutica, eran como para laboratorios, la tractomula se abandonó entre Mariquita y Guayabal, esa fue cogida también en este mes, también con los amigos de los del DAS que se la entregaba a ellos y ellos subían todo y nosotros dábamos la bodega y la seguridad mientras sacaban eso, quiero aclarar no eran todos los del puesto eso si quiero aclarar. Con el man de la gasolina de Ecopetrol, de nombre Perdomo así sale por el avantel, pero el que nos da todos los datos es el ingeniero, él nos dice las horas en que sale la gasolina, por cada tanqueo nosotros daños doscientos mil pesos, por decirnos a qué horas están tanquiando (sic), ese dinero se lo daños a Perdomo y él se lo da al ingeniero, en una ocasión tuvimos problemas con Perdomo y el Ingeniero por que dieron el nombre de las autodefensas para vender la gasolina en Mariquita y nosotros no estábamos haciendo eso, es que ellos también sacan gasolina por cuenta de ellos, o sea aprovechaban la chuzada de nosotros para ellos también chuzar y sacar la gasolina, Perdomo es un hombre de unos 32 o 33 años, alto, blanco, pelo ondulado, él es de Mariquita (…) al ingeniero no lo conozco, porque toda la comunicación era con Perdomo, en este estado de la diligencia y teniendo en cuenta que el indagado está haciendo cargos directos en contra de funcionarios del DAS de Mariquita y en contra de dos funcionarios de Ecopetrol, procede el Despacho a tomarle juramento de rigor, APRA (sic) que manifiesta bajo la gravedad del juramento si se ratifica en cuanto a las sindicaciones que ha hecho. Contesto: Si me ratifico bajo juramento en cuanto a las sindicaciones que hago y estoy diciendo la verdad” (Resaltado propio) (fls 140-144, c7 proceso penal).

9.20. Y el mismo Pedro Pablo Hernández amplió, en otra oportunidad, los vínculos existentes con los miembros del DAS.

“lo que si se es la participación del DAS con las autodefensas, con información de los expendedores de vicio o sea las ollas, de los ladrones, toda esa información nos la dio en Das, les permitían entrar y salir a los muchachos que trabajan con la organización, En una ocasión uno de ellos sacó a Caserolo que era uno de los dos sicarios de Mariquita porque el otro era Salacho, y el que coordinaba todo eso Sandro. En Mariquita la organización mató a siete por orden de Lucas y la limpieza la hacía Salacho y Caserolo, incluso los mismos del DAS me dijeron que habían legalizado a uno y que lo habían tirado entre el peaje de Mariquita y Honda, no se quien era. A mi me autorizaban el comando Lucas que había que mandar un millón de pesos o entregarle a los señores del DAS, esto era mensual, puesto que yo era la persona que manejaba los libros contables. Yo entregué esa plata alrededor de un año, cuando no era por medio mío era por intermedio de Sandro Financiero de Mariquita. Eso fue todo el año pasado.” (fls 161-166, c7 anexo proceso penal).

9.21. En conclusión, en el proceso se acreditó con suficiencia la connivencia de miembros de diversas instituciones del Estado con el Frente Omar Isaza; particularmente llama la atención la Sala en cuanto a que dichos vínculos fueran justamente con las entidades encargadas de la conservación del orden público, la seguridad y la represión y la investigación de los delitos. En otras palabras, destaca la Sala, y sobre esto volverá después, que las entidades instituidas para combatir la presencia delincuencias de, entre otros, el Frente Omar Isaza hubieran prestado su colaboración, apoyo o ayuda para el desarrollo y consolidación de dicho grupo armado delincuencial.

9.22. Ahora bien, vistos los hechos probados que sustentan el presente caso, la Sala considera que existen elementos jurídicos suficientes para justificar la atribución de responsabilidad del Estado por las muertes de Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre y Alduvier Triana, ocurrida en el marco de la masacre en el corregimiento de Frías la noche del 15 de septiembre de 2001.

9.23.- Aunque es cierto que no cualquier violación de Derechos Humanos deviene en imputable al Estado, ipso iure; también lo es que el Estado ve comprometida su responsabilidad en aquellos casos donde por la omisión de adoptar medidas eficaces de protección a la población civil se presentan escenarios de delincuencia generalizada por parte de actores armados al margen de la ley. En este estado de cosas, la responsabilidad del Estado se configura a partir del desconocimiento de sus deberes de garantía para con la población civil, los cuales se estructuran en verdaderos deberes jurídicos concretos de acción cuando, dada las circunstancias fácticas que rodean el contexto en que ocurren los hechos, se exigía del Estado la ejecución de acciones positivas y, sobre todo, eficaces, en orden a la evitación del resultado dañoso.

9.24. En otras palabras, y si se quiere de modo más sencillo, es claro que la responsabilidad que tienen los Estados de proteger y salvaguardar el derecho a la vida, que comprende “la obligación de evitar las guerras, los actos de genocidio y demás actos de violencia de masa que causan la pérdida de vidas humanas”(111) no solo se contrae a abstenerse de que sus propias fuerzas de seguridad lleven a cabo tales actos [posición jurídica negativa o de abstención] sino que también implica [en aras de hacer completamente efectivo este mandato imperativo] el deber jurídico de evitar que actores particulares acometan actos violatorios de este derecho(112) [posición jurídica positiva o de acción](113).

9.25. Pero, aún así, este no es el criterio de imputación que debe seguirse en el sub judice. En efecto, la Sala considera que la resolución de la controversia planteada no se determina a partir de una simple y llama omisión de las autoridades públicas de dar cumplimiento y garantizar los mandatos jurídicos que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución o la Ley, sino que ésta se encuentra configurada por la situación de connivencia delictual que existía entre las autoridades encargadas de prestar los servicios de seguridad, protección, mantenimiento del orden público e investigación criminal con los miembros del grupo que perpetró los homicidios masivos en la noche del 15 de septiembre de 2001 en el corregimiento de Frías y fue, justamente, en este contexto que tuvo lugar el caso de los homicidios colectivos en Frías.

9.26. En efecto, un análisis contextual que tenga en consideración i) el desarrollo, en el tiempo, de la incursión de los llamados grupos “paramilitares” o “autodefensas” en la región del norte del Tolima (donde se encuentra el corregimiento de Frías), ii) los objetivos que perseguía esta organización así como las prácticas que llevaba a cabo, iii) los altísimos índices de crímenes atribuidos al Frente Omar Isaza en la región, iv) el hecho de que la población de Frías estuviera estigmatizada como de fuerte influencia guerrillera y v) las circunstancias de connivencia entre el citado Frente y diversas autoridades públicas de la zona; llevarán a la Sala a concluir que para la época en que tuvo lugar el múltiple homicidio en Frías existía un nefasto escenario de macrocriminalidad ante el cual las autoridades públicas ejecutaron actos positivos de acompañamiento y protección, es decir, en pro de la criminalidad imperante en la región, desconociendo flagrantemente los postulados convencionales y constitucionales que informan, justifican y dan sentido a una organización estatal que se precia de ser Social y Democrático de Derecho.

9.27. Así, conforme a los medios de prueba, está acreditado que en la región donde se encuentra el Corregimiento de Frías, se registró una progresiva presencia de los denominados grupos paramilitares(114), desde el año de 1999, a partir de la creación del Frente Omar Isaza(115)-(116), cuestión que fue advertida y denunciada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(117).

9.28. Igualmente, que las actividades que desarrollaban los integrantes de dicha organización delincuencial correspondían a “homicidios colectivos y selectivos contra presuntos colaboradores de las FARC y el ELN, como también contra delincuentes comunes y drogadictos”(118), lo que se puede corroborar con la declaración de José Fabián García Zapata quien al ser preguntado sobre la finalidad del Frente Omar Isaza manifestó: “La finalidad es derrotar al enemigo, que es la guerrilla, el colaborador de la causa guerrillera, el extorsionista, el secuestrador y el mariguanero, el indigente” (fl 191, c7 anexo proceso penal).

9.29. Del mismo modo, conforme a la información suministrada por el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, de 24 de febrero de 2010, se tiene que en los municipios del Norte del Tolima, en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2000 y el 25 de diciembre de 2006, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio cometieron 1087 actos delictivos, la mayoría de ellos en los municipios de Honda, Mariquita, Lérida, Fresno, Casabianca, Herveo, Palocabildo, Falan, Líbano y Armero Guayabal.

9.30. En lo que es de interés de esta Sala, se advierte que en el lapso que va desde el 1° de enero de 2000 hasta el 15 de septiembre de 2001 (fecha en la que sucedieron las muertes colectivas objeto de este proceso) tuvieron lugar 376 actos delictivos, siendo éstos 289 homicidios, 57 desapariciones forzadas, 17 desplazamientos forzados, entre otros (fls 474-500, c1).

9.31. Lo anterior, quiere decir que en el contexto regional del que se ha hecho referencia, se presentó una situación de macrocriminalidad, registrándose la comisión sistemática de un abultado número de conductas delictivas, con énfasis en comportamientos típicos de grave y profunda repercusión como lo son homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; es decir, actos delictivos propios de un escenario de violencia generalizada en la región.

9.32. A todo lo expuesto debe agregar la Sala el hecho, acreditado, que existía una situación de connivencia entre diversos funcionarios de entidades públicas que por vía de sus acciones u omisiones prestaban colaboración, apoyo e inclusive ejecutaban de común acuerdo actos delictivos en concierto o acuerdo con los miembros del Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

9.33. No puede pasar por alto la Sala, aspectos tales como los narrados por Pedro Pablo Sepúlveda, quien refiere que un sujeto denominado como “Chaparro” quien se desempeñaba como jefe del Das en el Municipio de Mariquita se encontraba en la “nómina de pagos” del Frente Omar Isaza ya que prestaba colaboración con dicho grupo informando “de los operativos del ejército, la fiscalía, toda la información nos la daba” (fl 140-144, c7 anexo proceso penal); o que “en este momento los robos que se están haciendo es con el DAS” (fls 140-144, c7 anexo proceso penal) además de participar en el desarrollo de ejecuciones extrajudiciales(119)-(120).

9.34. Por otra parte, Carlos Mario Cifuentes se refirió a la colaboración y participación entre el Frente Omar Isaza y el Ejército Nacional, para lo cual expuso situaciones concretas como que miembros del Ejército contactaron al Frente Omar Isaza (FOI) para que le “echaran mano” a unos presuntos guerrilleros en Ambalema, a los cuales se les dio muerte, que desarrollaban “operativos en conjunto”, se distribuían la “zona” para combatir con la guerrilla, además de manifestar que a un Capitán del Batallón Patriotas se le había dado un avantel para tener comunicación con el FOI (fls 67-71, c7 anexo proceso penal); a su turno Jhon Freddy Varón Acevedo declaró que un capitán del Ejército de inteligencia o contra-inteligencia, con quien se comunicaba por medio de un avantel, “daba todos los datos de cuando se movilizaba la ley por los lados de Mariquita” (fls 14-21, c7 anexo proceso penal) o que existía colaboración de un sargento del Ejército que tenía a su mando unos soldados campesinos en el municipio de Palocabildo (14-21, c7 anexo proceso penal).

9.35. Respecto de la Fiscalía, los testimonios muestran que existía una profunda relación con un fiscal del Fresno quien les daba “datos de los operativos que iban a hacer jurídicos”, igualmente, que unos fiscales de Ibagué “llamaban y reportaban las órdenes de captura que habían” (fls 14-21, c7 anexo proceso penal)(121).

9.36. En cuanto a la Policía, se puso de presente que existían vínculos con un cabo de la Policía de carreteras de Fresno y con un Subintendente de la Policía en el Municipio de Palocabildo (fls 14-21, c7 anexo proceso penal).

9.37. Lo anterior sin perder de vista lo consignado en el Acta de inspección judicial adelantada por el CTI al Batallón Patriotas, en donde se anotó que “los alcaldes de Lérida y La Dorada colaboran” (fls 183-191, c3 anexo proceso penal).

9.38. En este orden de ideas no cabe duda para la Sala que el hecho que es objeto de pronunciamiento judicial —las muertes colectivas en Frías— tuvieron lugar en un contexto de macro criminalidad adelantada por miembros de las llamadas “autodefensas” o “paramilitares” que, en lo que respecto a la zona del Norte del Tolima, contaron con el apoyo y promoción de diversos miembros de entidades públicas encargadas de ejercer las competencias de seguridad, protección, mantenimiento del orden público e investigación de los delitos.

9.39. Finalmente, es preciso señalar cómo los diversos testimonios e inclusive los informes del Ejército y la Fiscalía dan cuenta que el Corregimiento de Frías era una zona de influencia guerrillera así como que existía, según los pobladores, una “estigmatización” por esa circunstancia, lo cual se corrobora con mayor fuerza cuando se advierte que el móvil que motivó lo sucedido en la noche del 15 de septiembre de 2001 se asoció con la presunta presencia de miembros de la guerrilla en Frías o de población civil que era colaboradora; es decir, fue por la estigmatización existente en la zona que se llevó a cabo este acto.

9.40. Así las cosas, y como ya lo adelantó, la Sala considera que la responsabilidad que se atribuye a la entidad demandada, a título de falla del servicio, se debe al ostensible, grosero y nefasto incumplimiento de deberes normativos positivos a su cargo, debiéndose ello no a una simple omisión o negligencia desinteresada sino obedeciendo a la situación de connivencia, cooperación y ayuda presente entre los miembros del Ejército y la Policía Nacional con los integrantes del ya pluricitado Frente.

9.41. En este sentido, duda seriamente la Sala del cumplimiento por parte de estas autoridades del compromiso institucional que el Estado les ha encomendado, como es el mantenimiento del orden público y la seguridad, más aún cuando se observa la existencia de una suerte de disposición para combatir un presunto enemigo común y el haber tendido alianzas para cooperar en el desarrollo de operaciones en contra de presuntos guerrilleros, olvidando que en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho la acción estatal se encausa jurídicamente a partir del principio de legalidad, conforme al cual el desarrollo de las acciones de las autoridades públicas deben sujetarse, estrictamente, a la competencia que la Convención, la Constitución, Ley y reglamentos les ha encomendado, teniendo, para tal efecto, como norte y guía obligatoria la vigencia del principio democrático y los derechos humanos; es decir, en el escenario de la prevención y persecución del delito no toda acción está jurídicamente permitida para lograr tal cometido, pues es a partir de la vigencia de un orden jurídico justo que se encuentra la diferencia sustancial y diametral entre los Estados constitucionales contemporáneos y el ejercicio de actos de coacción institucional desnudos de cualquier legitimidad sustantiva, cuál si se tratare de un orden predatorio.

9.42. Lo anterior demuestra, una vez más, que no basta con la institucionalización de un régimen jurídico de derecho positivo respetuoso y entregado a la vigencia de los postulados convencionales y constitucionales para inferior su respeto y eficacia en el plano fáctico; se hace necesario que en el marco de las actividades cotidianas las autoridades públicas, y especialmente aquellas que tienen el deber de prestar los servicios de seguridad, protección de la población y represión de la criminalidad, ajusten imperativamente, en tanto razones excluyentes, sus comportamientos como funcionarios al marco normativo; esto es, traduzcan las disposiciones de derecho (ámbito normativo) en realidades perceptibles (ámbito fáctico o real); no otra cosa puede demandarse.

9.43. Ahora bien, a partir del ejercicio del control de convencionalidad obligatorio(122) por parte de todos los funcionarios internos, particularmente los jueces, puede verificarse que los hechos que motivan el sub lite no obedecen a situaciones insulares o aisladas en la realidad institucional de Colombia. Como bien lo ha podido referenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su competencia contenciosa, varios han sido los casos documentados en los cuales se ha acreditado los vínculos entre este tipo de grupos delincuenciales y los miembros de la fuerza pública.

9.44. Así, por ejemplo, en el primer pronunciamiento sobre el tema, en el Caso 19 Comerciantes c. Colombia, fallo de 5 de julio de 2004, la Corte conoció de la desaparición y posterior muerte de 19 comerciantes en la región donde está ubicado el Municipio de Puerto Boyacá. Dicha actuación fue ejecutada por miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

9.45. En sus consideraciones la Corte puso de presente la existencia de un espacio de colaboración entre los miembros de la fuerza pública y los miembros de grupos paramilitares lo que explicaba la ausencia de acciones encaminadas a combatir por los medios legales a estos grupos irregulares. Así lo expresó la Corte en esta oportunidad:

“86.b) En la época de los hechos de este caso, el referido grupo “paramilitar” que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona. Los “paramilitares” contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas(123).

86.c) A pesar de que en la época de los hechos las autoridades de la Fuerza Pública de Puerto Boyacá tenían conocimiento de que el grupo “paramilitar” que operaba en esa zona tenía gran control sobre ésta y actuaba en contravención de la ley, “les dejaron [tomar] ventaja y descuidaron su control y vigilancia”(124).”(125)

9.46. Posteriormente, advino el caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, de 15 de septiembre de 2005, relativo a las muertes colectivas sucedidas entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el Municipio del mismo nombre, ubicado en el Departamento del Meta. El acto fue ejecutado por grupos paramilitares que se desplazaron por vía aérea hasta el lugar de los hechos.

9.47. Ya para esta oportunidad la Corte daba cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos causadas por los “paramilitares”, al tiempo que reiteraba, apoyado en informes de las Naciones Unidas, la existencia de vínculos entre estos con la Fuerza Pública, lo cual quedó, justamente, acreditado en el caso referido pues allí no solo se trató de una omisión, habiéndose tenido conocimiento de la masacre, sino también por haber facilitado el ingreso de los “paramilitares” a la zona de los hechos. La Corte se pronunció así sobre estas cuestiones:

“96.18. Se ha estimado que los grupos paramilitares son responsables de numerosos asesinatos cometidos con motivos políticos en Colombia y de una gran parte de las violaciones de derechos humanos en general.

96.19. Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos.

En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Dicha colaboración entre las fuerzas públicas y los paramilitares ha representado un gran obstáculo para la observancia de los derechos humanos en Colombia, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado. En el informe de 1997 la Alta Comisionada mostró su preocupación por la posible participación de las fuerzas armadas con los paramilitares en actos de violencia incluyendo, entre otros, la masacre en Mapiripán. Según ese informe, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes.

(…)

96.43. La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de la masacre, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó solamente a facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad.” (Resaltado propio)(126).

9.48. Para el 31 de enero de 2006 la Corte dictó su fallo en el caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, por unos hechos relacionados con muertes colectivas y desapariciones forzadas llevadas a cabo en el corregimiento del mismo nombre, ubicado en la zona del Urabá en enero de 1990.

9.49. En esta oportunidad la Corte destacó que conforme a la normatividad de la época y de acuerdo a la interpretación que se le dio “el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley. (…) al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso” (Resaltado propio). Aunque no encontró configurado nexos entre miembros de los grupos paramilitares y la fuerza pública, la Corte motivó su decisión a partir de la situación de riesgo generada por el propio Estado y, en el caso en concreto, por la omisión de las autoridades, pues no se “adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger la población civil”(127).

9.50. En el caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, hechos ocurridos en el municipio antioqueño del mismo nombre entre junio de 1996 y 1997, la Corte conoció de las masacres del Aro y la Granja, ocurridas en el citado Municipio. Tales actos fueron ejecutados por miembros de las autodefensas. En dicha oportunidad la Corte encontró demostrada “la participación y aquiescencia de miembros del Ejército colombiano en la incursión paramilitar en El Aro y en la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la apropiación del ganado.”(128). Se trató, entonces, de una colaboración determinante para la consumación exitosa de los actos perpetrados por los paramilitares en Ituango.

9.51. Finalmente, la última providencia dictada por la Corte Interamericana en este tipo de asuntos fue la sentencia de 20 de noviembre de 2013 en el Caso de las Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) c. Colombia, donde se conoció de los actos que llevaron al homicidio de Marino López y al desplazamiento de la población asentada en la cuenca del Río.

9.52. Dicha situación tuvo lugar para los días 24 a 27 de febrero de 1997, cuando con ocasión de la llamada “Operación Génesis” del Ejército Nacional, miembros de grupos paramilitares adelantaron la “operación Cacarica” que derivó en los hechos ya comentados.

9.53. En el marco de las consideraciones del caso la Corte expuso una síntesis documentada de los nexos probados entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares en Colombia, a tal punto que ensayó dos maneras o formas en que ha tenido lugar ese tipo de vínculos, bien sea a) a partir de acciones de colaboración o apoyo, o b) por omisiones que permitieron la comisión de graves delitos. Esta conclusión es sustentada por la Corte no solo a partir del conocimiento de casos contenciosos pasados sino conforme a las decisiones e informes de órganos judiciales o no en Colombia. La Corte abordó este punto en los siguientes términos:

A través de varias sentencias de esta Corte se ha podido comprobar, en distintos períodos y contextos geográficos, la existencia de vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y grupos paramilitares. De acuerdo a lo determinado en esos casos, ese vínculo habría consistido en: a) acciones concretas de colaboración, apoyo o colaboración(129), o en b) omisiones que permitieron o facilitaron la comisión de graves delitos por parte de actores no estatales(130).

Por otro lado, es un hecho público y notorio que varias decisiones de altas Cortes colombianas se han referido a los vínculos existentes entre grupos paramilitares e integrantes de la fuerza pública(131), al igual que varios informes de la Defensoría del Pueblo(132). También consta en la jurisprudencia de este Tribunal que en otras oportunidades se han tomado en cuenta informes y decisiones de la Procuraduría General de la Nación en las que se dio por probada la colaboración entre miembros del Ejército y grupos paramilitares en el departamento de Antioquia(133). Asimismo, los informes publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, referenciado por el declarante a título informativo ofrecido por el Estado, señor Miguel Samper(134), así como por el perito Javier Ciurlizza(135), también relatan distintos escenarios en los cuales hubo vínculos entre la fuerza pública colombiana y los grupos paramilitares(136).”(137) (Resaltado propio).

9.54. De acuerdo a lo anterior, la Sala verifica que los vínculos o nexos entre miembros de la Fuerza Pública y los llamados “paramilitares” o “autodefensas” no han sido cuestiones anecdóticas, aisladas o singulares, sino que, lamentablemente, obedecen a una situación de connivencia que se difundió en diversos sectores.

9.55. Justamente, el caso de las muertes ocurridas en Frías la noche del 15 de septiembre de 2001 obedece a este tipo de circunstancias, esto es, a un escenario en el cual miembros de grupos paramilitares “Frente Omar Isaza” se asentaron en una región determinada —municipios del Norte del Tolima— y conforme al apoyo, colaboración y coordinación que les prestaron diversas autoridades públicas en la zona, fueron adquiriendo tal robustez que se convirtieron en actores armados responsables por la comisión de un conjunto amplio de delitos que constituyen una grave violación a los Derechos Humanos y es por esta razón, es decir, por haber ocurrido una deliberada omisión de parte de la demandada que se le atribuye la responsabilidad por los decesos de Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre y Alduvier Triana.

9.56. Ya esta Sala, con anterioridad, se había pronunciado sobre el reconocimiento del fenómeno del paramilitarismo así como la intensificación de los deberes positivos del Estado frente a esta situación dada la comisión de conductas sistemáticas de violación de Derechos Humanos:

“Cabe, por lo tanto, considerar que las sistemáticas vulneraciones que produce el fenómeno del paramilitarismo a las víctimas, sin el despliegue de las obligaciones positivas a cargo del Estado(138), producen violaciones tanto de los derechos humanos, como infracciones del derecho internacional humanitario, lo que lleva a configurar comportamientos que intensamente desconocen la dignidad y provocan más dolor a las víctimas(139), y representan un quiebre del orden público democrático(140). No debe olvidarse que el deber del Estado, frente a este tipo de situaciones, cabe encuadrarlo en el mantenimiento de “la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad”(141)(142).

9.57. Súmese a lo anterior el que la población de Frías careciera de presencia permanente de miembros de la Policía o el Ejército Nacional, lo que permitió, también digno de reproche, que conforme a los testimonios arriba expuestos los miembros de grupos guerrilleros hicieran habitual presencia en la zona, a tal punto que era una cuestión de dominio público por los moradores. En este sentido, también reprocha la Sala el que de facto se hubiera registrado una renuncia a la soberanía estatal en dicha región, pues, para todos los efectos prácticos, la población de Frías se encontraba a merced de lo que dispusieran los presuntos guerrilleros que allí mantenían y no puede alegarse la falta de denuncia de la población o que no se presentó nunca una solicitud formal en tal sentido, pues ello sería tanto como considerar que el ejercicio de las funciones básicas o fundamentales del Estado deben obedecer a pedimentos o ruegos particulares de la población, como si no se tratara de un derecho en cabeza de los moradores de una zona como la del Corregimiento de Frías; con mayor razón tratándose de un sitio equidistante a centros poblados de importancia a nivel nacional.

9.58. Sobre las cuestiones relativas a los deberes positivos que tiene el Estado conforme a los postulados convencionales y constitucionales esta Sala, en fallo de 26 de marzo de 2014, señaló:

“No obstante lo anterior, en clave constitucional y convencional, de acuerdo con lo consagrado en la Carta Política y en los artículos 1.1, 2, 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y a la integridad física, así como la seguridad personal, no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones con carácter de resultado sino de medio, de manera que las distintas autoridades públicas están llamadas a establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los citados derechos fundamentales, especialmente cuando dicha protección debe surtirse en el marco del conflicto armado interno.

Ahora bien, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, y considerados singularmente dichos derechos, se tiene que cuando “un conflicto asume las dimensiones de una confrontación armada, la vida de la nación se considera inmediatamente en peligro, lo que lleva a invocar las cláusulas derogatorias. En tales casos, todas las normas de derechos humanos cuya derogación está prohibida siguen en pleno vigor. Estas normas están confirmadas o complementadas por la normativa específica de los conflictos armados no internacionales, que forman parte de la normativa humanitaria”(143). Dicha protección tiene su base en los derechos constitucionalmente reconocidos a la vida e integridad de las personas, y los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos -artículos 1(144), 2, 4 y 5 [que fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 16 de 1972].

Lo anterior implica que la existencia de un conflicto armado interno en ningún caso representa la negación, limitación o extinción de los derechos constitucional, convencional y universalmente reconocidos a toda persona. Por el contrario, se exige que el Estado procure su respeto y protección en toda su extensión, de tal manera que no se trata de un garantía que sólo sea formal, sino que se materialice en acciones concretas, especialmente cuando puede verse socavada la vida, la integridad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, la información, el derecho al trabajo, etc., y todos aquellos derechos humanos que tienen como eje común y sustento esencial a la dignidad humana.” (Resaltado propio)(145)

9.59. He aquí una situación en la cual dos bandos de particulares alzados en armas aprovechando la ausencia de fuerza pública en Frías y el apoyo, promoción y connivencia de diversas autoridades estatales, causan, de manera sistemática, graves actos violatorios de los Derechos Humanos a la población, tal como se reflejó en las estadísticas registradas por la Fiscalía General de la Nación. He aquí, entonces, una situación que niega de manera categórica y rotunda la soberanía(146) del mismo Estado.

9.60. En este orden de ideas, no tiene duda la Sala de la atribución de responsabilidad a cargo de la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa, con fundamento en el contexto de macro-criminalidad imperante para la época de los hechos en la región donde se encuentra ubicado el Corregimiento de Frías, que los organismos de seguridad y protección a la población civil, entre otros, participaron de una suerte de complicidad y/o confabulación con uno de los actores armados que hacía presencia en la zona, el Frente Omar Isaza FOI, al cual se le atribuye la comisión de un abultado número de graves delitos y, además, por la ausencia completa de miembros de la Policía o el Ejército Nacional en Frías, pese a conocerse que era una zona de “influencia” de la guerrilla.

9.61. De la revisión de este contexto se verifica que las muertes ocurridas el 15 de septiembre de 2001 en Frías obedecen a un protuberante e inexcusable incumplimiento de deberes normativos a cargo del Estado, constitutivos de una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población civil.

10. El concepto de lesa humanidad en el caso.

10.1. Determinada la responsabilidad del Estado en el sub judice pasa la Sala a hacer una referencia al concepto de acto de lesa humanidad(147), a efectos de determinar si los hechos objeto de este pronunciamiento encuadran en esta categoría.

10.2. Así, se tiene que los de lesa humanidad se comprenden como “aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad”(148); siendo parte integrante de las normas de jus cogens de derecho internacional(149), razón por la cual su reconocimiento, tipificación y aplicación no puede ser contrariado por norma de derecho internacional público o interno(150).

10.3. Dicho lo anterior, en lo que es de interés para la responsabilidad del Estado, se entiende que los elementos estructuradores del concepto de lesa humanidad son: i) que el acto se ejecute o lleve a cabo en contra de la población civil y que ello ocurra ii) en el marco de un ataque que revista las condiciones de generalizado o sistemático(151).

10.4. Así, en cuanto al primero de estos elementos, se debe acudir a la normativa del Derecho Internacional Humanitario, específicamente al artículo 50 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, norma que establece, por exclusión, a quienes se les considera población civil, en los siguientes términos: "1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil.”, constituye, entonces, población civil todas las personas que no se encuadran dentro de las categorías de miembros de las fuerzas armadas y prisioneros de guerra.

10.5. Este punto debe ser complementado con lo establecido por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en el caso Fiscal vs Dusko Tadic, en donde se dejó claro que el criterio de la población civil no se aplica desde una perspectiva individual sino colectiva o grupal: “el acento no es puesto en la víctima individual, sino, ante todo, en la colectiva. La victimización del individuo no deriva de sus características personales, sino de su pertenencia a un determinado grupo de población civil que es tomada como blanco”(152).

10.6. Por otra parte, en segundo elemento estructurador del acto de lesa humanidad hace referencia al tipo de ataque, debiendo ser éste generalizado o sistemático, en tanto supuestos alternativos. Así, por generalizado se entiende un ataque que causa una gran cantidad de víctimas o dirigido contra una multiplicidad de personas, es decir, se trata de un criterio cuantitativo. A su turno, el carácter sistemático pone acento en la existencia de una planificación previa de las conductas ejecutadas(153), de manera que, siguiendo a la Comisión de Derecho Internacional, “lo importante de este requisito es que excluye el acto cometido al azar y no como parte de un plan o una política más amplios.”(154).

10.7. En claro los anteriores conceptos, la Sala conforme al acervo probatorio revisado en el expediente, encuentra que los hechos objeto de este pronunciamiento judicial se corresponden con la categoría de acto de lesa humanidad, pues, por una parte i) el ataque fue dirigido por los miembros del Frente Omar Isaza (FOI) en contra de población civil. Los elementos de prueba en el expediente son concordantes en otorgar dicha calidad a las víctimas fatales y, por otro tanto, ii) el ataque fue sistemático dado que se inserta dentro de una política común seguida por los miembros del Frente Omar Isaza, esto es, la de exterminar los movimientos guerrilleros y los civiles que les colaboraban y, justamente, éste fue el móvil que fundamentó la realización de la conducta objeto de reproche en esta providencia [ataque a civiles]. Se destaca que no se trató de un suceso aislado, pues también se verificó el amplio número de homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos que, según la Fiscalía, fueron cometidos por dicho Frente en cumplimiento de su “cometido criminal”. En todo caso, dicha ofensiva también se presenta como masiva, por cuanto se causó la muerte de once (11) personas en el mismo suceso causal.

10.8. En suma, la Sala encuentra que los hechos sucedidos en la noche del 15 de septiembre de 2001 se configuran como un acto de lesa humanidad, por cuanto obedeció a un ataque dirigido en contra de la población civil en el marco de una ofensiva sistemática en contra de civiles supuestamente colaboradores de los movimientos guerrilleros.

10.9. Es decir, la Sala está, de nuevo, ante un acto que ofende y niega profundamente la dignidad inherente a cada ser humano y que ataca lo más profundo de la sociedad civil contemporánea considerada como un todo, en atención a la perversión moral y desprecio que envuelven este tipo de actuaciones siniestras, pues, como lo ha precisado el TPIY “los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”(155).

11. Los perjuicios solicitados en la demanda.

11.1. En el escrito de demanda se solicitó el reconocimiento y pago patrimoniales y no patrimoniales en monto de quinientos cincuenta y cinco ($550.000.000) y doscientos (200) salarios mínimos, para cada uno de los actores, así como, a título de violación a los derechos a la protección judicial y a la justicia, el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y los derechos del niño la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

11.2. Advierte la Sala que únicamente emitirá una condena de contenido patrimonial respecto de aquellos que en debida forma otorgaron poder de representación. En todo caso, y como se advirtió supra, las medidas generales concernientes a la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, se dictará en favor de toda la colectividad o sociedad civil dada la dado que se trata de un acto de lesa humanidad. Lo anterior, en aplicación y garantía del derecho a un recurso judicial efectivo en aquellos casos constitutivos de violación grave de derechos humanos, como es este caso. Precisado lo anterior, pasa la Sala a hacer las consideraciones pertinentes.

11.3. Reconocimiento y tasación de perjuicios morales.

11.3.1. A efectos de considerar el reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en caso de muerte, se hace preciso traer a colación los criterios jurisprudenciales fijados de manera unificada por el Pleno de la Sala de Sección Tercera, en la sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 26251, en los siguientes términos:

“[P]ara la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

GRAFICO Nº 1
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
 
 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Regla general en el caso de muerteRelaciones afectivas conyugales y paternofilialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.”

11.3.2. Dicho lo anterior y considerando que se encuentra acreditada en debida forma la inferencia lógica de aflicción, guiada de las máximas de la experiencia, al estar probadas las relaciones de parentesco que frente a la víctima directa, Yesid Aros Rubio, acreditaron los demandantes Eduardo Aros Velosa, Asceneth Rubio de Aros [padres], César Augusto Aros Rubio, Martha Lucía Aros Rubio y Mario Aros Rubio [Hermanos] (fls 572-576, c1). La Sala reconoce y tasa los perjuicios morales causados a los citados demandantes en los siguientes términos:

NombreCalidadMonto reconocido
 
Eduardo Aros VelosaPadre100 SMMLV
Asceneth Rubio de ArosMadre100 SMMLV
César Augusto Aros RubioHermano50 SMMLV
Martha Lucía Aros RubioHermana50 SMMLV
Mario Arios RubioHermano50 SMMLV

11.4. Perjuicios materiales

11.4.1. Solicitan los demandantes el reconocimiento y pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por las sumas de dinero dejadas de devengar por Yesid Aros Rubio. Al respecto la Sala no accederá a dicho reconocimiento patrimonial, pues ningún medio probatorio en el expediente se encamina a acreditar la dependencia económica de los padres frente al fallecido y tampoco habría lugar a inferior, pues para la fecha de la muerte (15 septiembre de 2001) Yesid Aros tenía 31 años de edad (fl 574, c1).

12. La víctima y su reconocimiento en el presente caso

12.1. La premisa inicial para abordar el tratamiento del régimen de responsabilidad del Estado parte de la lectura razonada del artículo 90 de la Carta Política, según la cual a la administración pública le es imputable el daño antijurídico que ocasiona. En la visión humanista del constitucionalismo contemporáneo, no hay duda que en la construcción del régimen de responsabilidad, la posición de la víctima adquirió una renovada relevancia.

12.2. En el moderno derecho administrativo, y en la construcción de la responsabilidad extracontractual del Estado lo relevante es la “víctima” y no la actividad del Estado, ya que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en la interpretación sistemática del preámbulo, de los artículos 1, 2, 4, 13 a 29, 90, 93 y 94 de la Carta Política, y en el ejercicio de un control de convencionalidad de las normas, que por virtud del bloque ampliado de constitucionalidad, exige del juez contencioso observar y sustentar el juicio de responsabilidad en los instrumentos jurídicos internacionales [Tratados, Convenios, Acuerdos, etc.] de protección de los derechos humanos(156) y del derecho internacional humanitario, bien sea que se encuentren incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional, o que su aplicación proceda con efecto directo atendiendo a su carácter de “ius cogens”.

12.3. Esta visión, en la que el ordenamiento jurídico colombiano [y su jurisprudencia contencioso administrativa] está en el camino de consolidarse, responde al respeto de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y al principio “pro homine(157), que tanto se promueve en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos(158).

12.4. Pero el concepto de víctima en el marco de los conflictos armados o guerras no es reciente, su construcción se puede establecer en el primer tratado relacionado con “la protección de las víctimas militares de la guerra”, que se elaboró y firmó en Ginebra en 1864. Dicha definición inicial fue ampliada en la Haya en 1899, extendiéndose la protección como víctima a los miembros de las fuerzas armadas en el mar, los enfermos y las náufragos. Ya en 1929, el derecho de Ginebra hizo incorporar como víctimas a los prisioneros de guerra, que luego se consolidará con los Convenios de Ginebra de 1949. Sin duda, se trata de la configuración de todo un ámbito de protección jurídica para las víctimas de las guerras, sin distinción de su envergadura, y que se proyecta en la actualidad como una sistemática normativa que extiende su influencia no sólo en los ordenamientos internos, sino en el modelo de reconocimiento democrático del papel de ciudadanos que como los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad militar y policial de los Estados nunca han renunciado a sus derechos y libertades, por lo que también son objeto de protección como víctimas de las agresiones, ofensas o violaciones de las que sean objeto en desarrollo de un conflicto armado, para nuestro caso interno.

12.5. A la anterior configuración se debe agregar la delimitación de los titulares de los derechos en el derecho internacional de los derechos humanos, donde lejos de ser afirmada una tesis reduccionista, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, se promueve que todo ser humano es titular de derechos, como sujeto e individuo reconocido democráticamente con una posición en la sociedad y el Estado.

12.6. Es preciso advertir que el de víctima no es un concepto que se agota sólo en el ordenamiento interno, por el contrario, sino que su pleno e integrador dimensionamiento se encuentra en el derecho convencional [en los sistemas universal y regional de protección de derechos humanos(159)] construyéndose, consolidándose y defendiéndose como afirmación del principio democrático y la consolidación de la justicia distributiva, como la jurisprudencia constitucional lo reconoce en la sentencia C-253A de 2012 según la cual “[…] también son víctimas aquellas personas que hubieran sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, sucedidas con ocasión del conflicto armado interno”.

12.7. No hay duda que el derecho internacional de los Derechos Humanos con su influjo integrador permite que la víctima logre una posición central, en tanto protagonista de un conjunto de disposiciones jurídicas que le protegen de diversas maneras(160) (161).

12.8. En este orden de ideas, en criterio de la Sala la determinación de lo que constituye víctima, así como los derechos que de tal conceptualización se derivan, se comprende a partir de la convencionalidad subjetiva y objetiva [esto es por la entidad material de los mandatos de protección, y por control que sobre los ordenamientos se puede realizar frente a estándares de protección de los derechos humanos], esto es, de valoración de esta figura jurídica a la luz de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los criterios jurisprudenciales que al respecto ha decantado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la normativa jurídica constitutiva del sistema universal de protección de Derechos Humanos, como lo es, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(162).

12.9. Así mismo, es preciso destacar que existe es un concepto amplio y universal de víctima el cual, conforme a los trabajos de las Naciones Unidas [cristalizado en la Resolución de 16 de diciembre de 2005 A/Res/60/147], comprende a “toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.

12.10. Una disgregación de este concepto de víctima permite extraer las siguientes conclusiones elementales: (1) indiferencia de las calidades personales y/o subjetivas de la víctima. A los ojos de esta definición universal, el concepto de víctima no requiere, para su estructuración, que se cuenten con ciertas calidades particulares por parte del sujeto afectado o dañado con la actuación, así mismo, también es claro que si concurren ciertas condiciones particulares de cualquier índole (miembro de población civil, miembro de la fuerza pública, etc) ello no tiene ninguna virtud de afectar la calidad de víctima; (2) indiferencia de las calidades personales y/o subjetivas del victimario. Igualmente, la estructuración del concepto de víctima no pende, en modo alguno, de las calidades del perpetrador y/o responsables de los actos dañosos, en este sentido; (3) cualificación de los actos constitutivos del daño. A diferencia de los dos criterios expuestos, el concepto de víctima descansa, en esencia, sobre el tipo de acciones u omisiones llevadas a cabo. Sobre este punto, es preciso señalar que las acciones ejecutadas en contra de la víctima demandan una cualificación jurídica (normativa) particular, deben corresponderse con violaciones manifiestas o graves del cuerpo normativo que reconoce el derecho internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y el derecho de gentes(163).

12.11. De acuerdo con estos elementos, la Sala comprende como víctima a todo sujeto, individuo o persona que sufre un menoscabo, violación o vulneración en el goce o disfrute de los derechos humanos consagrados en las normas convencionales y constitucionales, o que se afecta en sus garantías del derecho internacional humanitario(164). No se trata de una definición cerrada, sino que es progresiva, evolutiva y que debe armonizarse en atención al desdoblamiento de los derechos y garantías. Y guarda relación con la postura fijada por la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-781 de 2012, que procura precisar el concepto desde el contexto del conflicto armado, considerando que se “se trata de víctimas del conflicto armado cuando los hechos acaecidos guardan una relación de conexidad suficiente con este. Desde esa perspectiva ha reconocido como hechos acaecidos en el marco del conflicto armado (i) los desplazamientos intraurbanos, (ii) el confinamiento de la población; (iii) la violencia sexual contra las mujeres; (iv) la violencia generalizada; (v) las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados; (vi) las acciones legítimas del Estado; (vi) las actuaciones atípicas del Estado; (viii) los hechos atribuibles a bandas criminales; (ix) los hechos atribuibles a grupos armados no identificados, y (x) por grupos de seguridad privados, entre otros ejemplos. Si bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir sin relación alguna con el conflicto armado, para determinar quiénes son víctimas por hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, la jurisprudencia ha señalado que es necesario examinar en cada caso concreto si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno”(165).

12.12. En este orden de ideas, es el tipo de acto, acción, actividad, omisión o inactividad vulnerante lo que determina que una víctima esté cobijada bajo el cuerpo normativo de protección a sus derechos, conforme a los criterios elaborados por la jurisprudencia y los organismos de protección de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, y del derecho de gentes.

12.13. En todo caso, la víctima materialmente comprendida, no queda reducida a aquella que es objeto de la simple violación o vulneración de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho de gentes, sino que esta sigue teniendo toda su entidad jurídica y reconocimiento así no se produzca tal violación a estos derechos, ya que de la producción de un daño antijurídico que sea imputado al Estado siempre deviene la determinación de un sujeto [o sujetos] víctima [s] de una afectación en sus derechos, intereses o bienes jurídicos protegidos constitucional y legalmente en el sistema jurídico interno. De igual manera, la concepción convencional no propende por estratificar o discriminar la naturaleza jurídica de la víctima, sino de establecer estándares que deben operar tanto para la protección de los derechos, como para procurar su reparación integral, o plena indemnidad, de manera tal que a toda víctima le es aplicable como máxima sin distinción alguna(166).

12.14. Por tanto, la Sala considera que el concepto de víctima descansa sobre la base de la universalidad lo que, por consiguiente, impone la proscripción de distinciones o discriminaciones odiosas por causa de sexo, raza, condición social, religiosa, política o por la posición social o funcional de una persona; de modo que vislumbra que cualquier sujeto de derecho puede ser considerado como una potencial víctima —a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y derecho gentes— siempre que se concreten en él o sus familiares una conducta activa u omisiva constitutiva de una grave violación de Derechos Humanos o de Derecho Internacional Humanitario.

12.15. Conforme a estas consideraciones, la Sala verifica que en el marco del conflicto armado interno tiene plena aplicabilidad y vigencia el concepto universal de víctima, pues como producto de esta situación se pueden derivar graves violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al derecho de gentes, bien sea de quienes hacen parte del conflicto armado de manera activa [los combatientes], o de la población civil que, por principio, está excluida de este tipo de confrontaciones.

12.16. En suma, en este caso se trata de la categorización como víctimas de la humanidad y la sociedad en su conjunto, por corresponderse lo sucedido el 15 de septiembre de 2001 como un acto de lesa humanidad, igualmente reconoce la Sala que se constituyen como víctimas Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana y sus respectivos familiares.

12.17. Medidas de reparación por afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados.

12.17.1. Una vez establecida la cuantía de la reparación que por concepto de perjuicios morales y materiales debe condenarse a la entidad demandada en favor de quienes demandaron en el presente caso, la Sala cierra su análisis examinando la procedencia de la imposición de medidas de reparación no pecuniarias con fundamento en la categoría de afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidos, ya que de acuerdo con la interpretación sistemática y armónica del artículo 90 constitucional, 16 de la ley 446 de 1998 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los eventos en los que se produce la vulneración de derechos humanos le asiste al juez contencioso el deber de estudiar si procede imponer como condena el cumplimiento de medidas de reparación no pecuniaria, con el objeto del alcanzar la verdad de los hechos con los que se desencadenó la vulneración, la justicia material del caso, y la reparación encaminada al pleno resarcimiento de todos los derechos, y no sólo de los intereses pecuniarios; siguiendo, para el efecto, el amplio precedente jurisprudencial que al respecto existe(167) y el criterio unificado por la Sala de Sección Tercera en fallo de 28 de agosto de 2014 (exp. 26251), providencia en la que se establecieron los siguientes criterios de procedencia para esta tipología de reparación:

“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

REPARACIÓN NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
CriterioTipo de MedidaModulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparadosMedidas de reparación integral no pecuniarias. De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

INDEMNIZACIÓN EXCEPCIONAL EXCLUSIVA PARA LA VÍCTIMA DIRECTA
CriterioCuantíaModulación de la cuantía
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación no pecuniarias satisfactorias. Hasta 100 SMLMVEn casos excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.

12.17.2. Precisado lo anterior, la Sala estudia si procede en el presente caso ordenar medidas de reparación no pecuniarias, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso, en donde se verifica que el hecho dañoso es constitutivo de un acto de lesa humanidad en donde la humanidad y la sociedad civil como un todo se constituyen en víctimas y también aquellos que directamente (y sus familiares) sufrieron dicho acto, como son Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana.

12.17.3. Para el efecto, la Sala considera que la protuberante violación de los deberes normativos positivos o de acción de la demandada repercutió en una grave vulneración de los Derechos Humanos, específicamente aquellos reconocidos en los artículos 1.1 [obligación de garantizar y/o respetar los Derechos Humanos], 4 [derecho a la vida] y 5 [integridad personal], así como del preámbulo y los artículos 1º, 2º y 11 de la Constitución Política Colombiana y las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las Convenciones.

12.17.4. Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de medidas la base constitucional se desprende los artículos 90, 93 y 214, la base legal del artículo 16 de la ley 446 de 1998 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, y para garantizar el derecho a la reparación integral de la víctima, se tiene en cuenta que debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando existe una vulneración grave de derechos humanos como es lo sucedido en la noche del 15 de septiembre de 2001 cuando se presentó la masacre de Frías, acto éste encuadrado por la Sala como de lesa humanidad.

12.17.5. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera, toda “reparación, parte de la necesidad de verificar la materialización de una lesión a un bien jurídico tutelado [daño antijurídico], o una violación a un derecho que, consecuencialmente, implica la concreción de un daño que, igualmente, debe ser valorado como antijurídico dado el origen del mismo [una violación a un postulado normativo preponderante]. Así las cosas, según lo expuesto, es posible arribar a las siguientes conclusiones lógicas: Toda violación a un derecho humano genera la obligación ineludible de reparar integralmente los daños derivados de dicho quebrantamiento. No todo daño antijurídico reparable (resarcible), tiene fundamento en una violación o desconocimiento a un derecho humano y, por lo tanto, si bien el perjuicio padecido deber ser reparado íntegramente, dicha situación no supone la adopción de medidas de justicia restaurativa. Como se aprecia, en la primera hipótesis, nos enfrentamos a una situación en la cual el operador judicial interno, dentro del marco de sus competencias, debe establecer en qué proporción puede contribuir a la reparación integral del daño sufrido, en tanto, en estos eventos, según los estándares normativos vigentes [ley 446 de 1998 y 975 de 2005], se debe procurar inicialmente por la restitutio in integrum [restablecimiento integral] del perjuicio y de la estructura del derecho trasgredido, para constatada la imposibilidad de efectuar la misma, abordar los medios adicionales de reparación como la indemnización, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y, adicionalmente el restablecimiento simbólico, entre otros aspectos.

12.17.6. Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido éste como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional, o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos.

12.17.7. En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la reparación de un daño [strictu sensu], sino por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos. Por el contrario, la reparación integral que opera en relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado, diferente a un derecho humano, se relaciona, específicamente, con la posibilidad de indemnizar plenamente todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado, sean éstos del orden material o inmaterial.

12.17.8. Entonces, si bien en esta sede el juez no adopta medidas simbólicas, conmemorativas, de rehabilitación, o de no repetición, dicha circunstancia, per se, no supone que no se repare íntegramente el perjuicio. Como corolario de lo anterior, para la Sala, la reparación integral propende por el restablecimiento efectivo de un daño a un determinado derecho, bien o interés jurídico y, por lo tanto, en cada caso concreto, el operador judicial de la órbita nacional deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para obtener el resarcimiento del perjuicio, bien a través de medidas netamente indemnizatorias o, si los supuestos fácticos lo permiten [trasgresión de derechos humanos en sus diversas categorías], a través de la adopción de diferentes medidas o disposiciones”(168).

12.17.9. Así mismo, en su momento la jurisprudencia de la Sección Tercera consideró que la “reparación integral en el ámbito de los derechos humanos implica no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan de una violación a las garantías de la persona reconocidas internacionalmente, sino que también supone la búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual era posible la implementación de una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la reparación de un daño (strictu sensu), sino por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos vulnerados. Por el contrario, la reparación integral que opera en relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado, diferente a un derecho humano, se relaciona específicamente con la posibilidad de indemnizar plenamente todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado, sean éstos del orden material o inmaterial. Entonces, si bien en esta sede el juez no adopta medidas simbólicas, conmemorativas de rehabilitación, o de no repetición, ello no implica en manera alguna que no se repare íntegramente el perjuicio”(169).

12.17.10. Para el caso concreto, se demuestra una violación a los derechos a la vida e integridad física con la muerte de los civiles Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana, destacándose que la categorización como de acto de lesa humanidad se hace por estar en presencia de una conducta ejecutada en contra de población civil indefensa y por corresponderse a un ataque sistemático por parte de los miembros del llamado Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, razón por la cual se considera como procedente, a efectos de ajustarse a los postulados del derecho a la verdad y justicia de las víctimas, el juzgamiento de los responsables de dicho grupo armado así como la reparación plena de todos los derechos que resultaron afectados.

12.17.11. Acogiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera, y en ejercicio del control de convencionalidad subjetivo, la Sala encuentra que procede ordenar y exhortar a las entidades demandadas al cumplimiento de “medidas de reparación no pecuniarias”, con el objeto de responder al “principio de indemnidad” y a la “restitutio in integrum”, que hacen parte de la reparación que se establece en la presente decisión; precisando que se trata de un conjunto de medidas generales en atención a que, como ya se ha reiterado, el caso bajo estudio es constitutivo de un acto de lesa humanidad y por lo mismo la sociedad civil y la humanidad en su conjunto son víctimas de estos hechos.

12.17.12. En este orden de ideas las medidas decretadas son:

(1) La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, copia auténtica de esta sentencia deberá ser remitida por la Secretaría de la Sección Tercera al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo consagrado en la ley 1424 de 2010, y se convierta en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia.

(2) Como la presente sentencia hace parte de la reparación integral, es obligación de las entidades demandadas la difusión y publicación de la misma por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutiva, por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

(3) La realización, en cabeza del señor Ministro de la Defensa y el señor Comandante de las Fuerzas Militares, de la Policía y el Comandante del Batallón No. 16 “Patriotas”, en persona, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por lo sucedido el 15 de septiembre de 2001 en Frías, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los civiles que fallecieron en dichos sucesos. En dicho acto se develará una placa de reconocimiento de los hechos con mención expresa de la proscripción de este tipo de conductas, como garantía de no repetición. El acto se celebrará con la presencia de los familiares de todos los fallecidos, si a bien lo tienen, en la plaza principal del Corregimiento.

(4) Así mismo, y como garantía de no repetición ordenará al Ministerio de Defensa adoptar en el marco de sus competencias los programas y planes de trabajo idóneos y necesarios a efectos de eliminar las situaciones de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y Policía Nacional con grupos delincuenciales, exigiéndose la difusión de los manuales respectivos entre los miembros de las tropas y su revisión periódica por los mandos militares.

(5) Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1., 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación para que revise en la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario si los hechos del presente caso se encuadran como merecedor de priorización en su trámite, en los términos de la Directiva No. 01, de 4 de octubre de 2012 [de la Fiscalía General de la Nación], para que se investiguen y juzguen a todos los que hayan participado en la comisión de violaciones de Derechos Humanos en el sub judice. Igualmente se ordenará que la misma Unidad informe los resultados de las investigaciones penales adelantadas por los hechos relacionados con la masacre de Frías. Dicha información deberá remitirse con destino a este expediente y, en lo posible, ser divulgada y dada a conocer in situ a los familiares de los fallecidos y a la población de Frías.

(6) Los familiares víctimas por los hechos sucedidos en la masacre de Frías serán reconocidos como víctimas del conflicto armado, razón por la que se solicita a las instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en la ley 1448 de 2011.

(7) En caso de no ser eficaces los recursos internos, anteriormente señalados como parte de la reparación integral, la Sub-sección respetuosamente exhorta al Estado colombiano, en cabeza de las entidades demandadas para que acuda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que se pronuncie sobre la violación de Derechos Humanos en el sub judice, recordando que los hechos sucedidos se enmarcan dentro del concepto de acto de lesa humanidad.

(8) Se exhorta para que en el término, improrrogable, de treinta (30) días la Defensoría del Pueblo informe de las investigaciones por la violación de los derechos humanos que se hayan adelantado por los hechos, y se ponga disposición por los medios de comunicación y circulación nacional.

De todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al Tribunal de origen y a la Secretaría de la Sección Tercera informes del cumplimiento dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad de treinta (30) días calendario y por escrito, de los que deberán las mencionadas entidades dar difusión por los canales de comunicación web, redes sociales, escrito y cualquier otro a nivel local y nacional. En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicitara a la Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden disciplinario.

13. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera – Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

Resuelve

PRIMERO. Modificar la sentencia de 10 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las muertes de Pedro Argidio Urrego Velásquez, Yesid Aros Rubio, Luis Albeiro Fernández, Erley González Calderón, Farid Juan Janner Martínez, José Olivo Delgado Laverde, Duberney Miranda Cortés, Cecilia Cortés, Jhon Jairo Navarrete Cortés, Marcolino Aguirre, Alduvier Triana, esto es, por los hechos de la Masacre de Frías, constitutivos de acto de lesa humanidad, ocurridos el 15 de septiembre de 2001.

2. Condenar, como consecuencia de la anterior declaración, al pago de perjuicios morales en favor de los demandantes, en los siguientes términos:

NombreCalidadMonto reconocido
 
Eduardo Aros VelosaPadre 100 SMMLV
Asceneth Rubio de ArosMadre100 SMMLV
César Augusto Aros RubioHermano50 SMMLV
Martha Lucía Aros RubioHermana50 SMMLV
Mario Arios RubioHermano50 SMMLV

3. Ordenar el cumplimiento de las siguientes medidas generales de reparación no pecuniaria a título de reparación por violación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados, dado que el sub judice es un acto constitutivo de lesa humanidad:

(1) La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, copia auténtica de esta sentencia deberá ser remitida por la Secretaría de la Sección Tercera al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo consagrado en la ley 1424 de 2010, y se convierta en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia.

(2) Como la presente sentencia hace parte de la reparación integral, es obligación de las entidades demandadas la difusión y publicación de la misma por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutiva, por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

(3) La realización, en cabeza del señor Ministro de la Defensa y el señor Comandante de las Fuerzas Militares, de la Policía y el Comandante del Batallón No. 16 “Patriotas”, en persona, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por lo sucedido el 15 de septiembre de 2001 en Frías, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los civiles que fallecieron en dichos sucesos. En dicho acto se develará una placa de reconocimiento de los hechos con mención expresa de la proscripción de este tipo de conductas, como garantía de no repetición. El acto se celebrará con la presencia de los familiares de todos los fallecidos, si a bien lo tienen, en la plaza principal del Corregimiento.

(4) Así mismo, y como garantía de no repetición ordenará al Ministerio de Defensa adoptar en el marco de sus competencias los programas y planes de trabajo idóneos y necesarios a efectos de eliminar las situaciones de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y Policía Nacional con grupos delincuenciales, exigiéndose la difusión de los manuales respectivos entre los miembros de las tropas y su revisión periódica por los mandos militares y de la Policía Nacional.

(5) Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1., 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación para que revise en la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario si los hechos del presente caso se encuadran como merecedor de priorización en su trámite, en los términos de la Directiva No. 01, de 4 de octubre de 2012 [de la Fiscalía General de la Nación], para que se investiguen y juzguen a todos los que hayan participado en la comisión de violaciones de Derechos Humanos en el sub judice. Igualmente se ordenará que la misma Unidad informe los resultados de las investigaciones penales adelantadas por los hechos relacionados con la masacre de Frías. Dicha información deberá remitirse con destino a este expediente y, en lo posible, ser divulgada y dada a conocer in situ a los familiares de los fallecidos y a la población de Frías.

(6) Los familiares víctimas por los hechos sucedidos en la masacre de Frías serán reconocidos como víctimas del conflicto armado, razón por la que se solicita a las instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en la ley 1448 de 2011.

(7) En caso de no ser eficaces los recursos internos, anteriormente señalados como parte de la reparación integral, la Sub-sección respetuosamente exhorta al Estado colombiano, en cabeza de las entidades demandadas para que acuda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que se pronuncie sobre la violación de Derechos Humanos en el sub judice, recordando que los hechos sucedidos se enmarcan dentro del concepto de acto de lesa humanidad.

(8) Se exhorta para que en el término, improrrogable, de treinta (30) días la Defensoría del Pueblo informe de las investigaciones por la violación de los derechos humanos que se hayan adelantado por los hechos, y se ponga disposición por los medios de comunicación y circulación nacional.

De todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al Tribunal de origen y a la Secretaría de la Sección Tercera informes del cumplimiento dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad de treinta (30) días calendario y por escrito, de los que deberán las mencionadas entidades dar difusión por los canales de comunicación web, redes sociales, escrito y cualquier otro a nivel local y nacional. En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicitara a la Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden disciplinario.

4. Declarar ineficaces las actuaciones desarrolladas por el Dr. Rubén Darío Gómez Gallo, como agente oficioso de Blanca Alicia Mendieta, Sandra Aguirre Jiménez, Neftalí Aguirre Jiménez, Alexander Aguirre Jiménez, Alejandro Triana, Ludivia Triana Espinosa, Dianeth Espinosa, Fabiola Villalba Herrera, María Alejandra Triana Villalba, representada por su madre Fabiola Villalba Herrera, María Aidé Tirana (sic) Enciso María Dolores Cortés de Miranda, Montegranario Ricaute Miranda, Virgelina Miranda Cortés, Aicardo Miranda Cortés, Adrián Miranda Cortés, Teresa Londoño de Rodríguez, Moisés Rodríguez, Félix Rodríguez, Nelson Rodríguez, Ived Rodríguez, María Edith Rodríguez, Julio Perdomo, Martha Cecilia Perdomo, Cecilia Cortés, Marco Antonio Navarrete, Mauricio Navarrete Cortés, Fidel Navarrete Cortés, Fabiola Navarrete Cortés, Martha Navarrete Cortés, Martín Navarrete Cortés, Miguel Navarrete Cortés, Cecilia Cortés González, Eduardo Aros Veloza, Edilma Aros Rubio, Carlos Arturo Aros Rubio, Cesar Augusto Aros Rubio, María Elena Aros Rubio, Horacio Aros Rubio, Doris Aros Rubio, Luis Eduardo Aros Rubio, Esmeralda Martínez Silva, Yesica Aros Martínez representada por su madre Esmeralda Martínez Silva, Javier Urrego, Sandra Rodríguez Castillo, Esmeralda Rodríguez representada por su madre Sandra Rodríguez castillo, Esnoraldo Gonzáles, Martha Cecilia Fernández, Luz Mery Agudelo Ríos, Any Paola delgado Agudelo y Alduvier Delgado Agudelo, conforme a la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Abstenerse de condenar en costas.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, Notifíquese y cúmplase»

5. Se aplica la norma de competencia en razón al factor objetivo - cuantía de la Ley 446 de 1998 comoquiera que este proceso fue fallado en el año 2008, esto es, tiempo después de entrar en funcionamiento efectivo los Juzgados Administrativos (1º de agosto de 2006), condición inicialmente establecida en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998. En todo caso, también es claro que la Ley 954 de 2005 dispuso la aplicación anticipada de las disposiciones en materia de cuantías de la Ley 446 de 1998, aunque su vigencia temporal transcurrió entre el 28 de enero de 2005 y el 31 de julio de 2006.

6. Ley 105 de 1931, art. 270: “Se puede promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder ni facultad para representarla, siempre que se halle ausente o impedida por algún motivo para hacerlo por sí o por medio de representantes, sobre lo cual basta la afirmación jurada del agente oficioso; pero para que se admita la representación es preciso que este otorgue caución para responder de que la parte por quien promueve el juicio ratificará lo hecho en el término de dos meses y que pagará los perjuicios que se causen al demandado si no se hace la ratificación. La actuación por agencia oficiosa debe suspenderse una vez hecha la notificación de la demanda”.
”.[subrayado fuera de texto]

7. Artículos 47 y 57 del código de procedimiento civil y del código general del proceso, respectivamente.

8. Enrique Véscovi, Teoría General del Proceso, Bogotá, 1999, pág. 199.

9. Cfr. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: Estructura, régimen y el principio de convencionalidad como pilar de su construcción dogmática”. En: Brewer Carías, Allan R., Santofimio Gamboa, Jaime Orlando (Autores). Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, 1 ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013. Págs. 175-181

10. “Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional, que se extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por el órgano internacional que los interpreta. Este nuevo tipo de control no tiene sustento en la CADH, sino que deriva de la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Ferrer Macgregor, Eduardo. “El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional”, en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2873/9.pdf; consultado 9 de febrero de 2014].

11. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006.

12. “[…] El control de convencionalidad que deben realizar en el sistema del Pacto de San José de Costa Rica los jueces nacionales, parte de una serie de votos singulares del juez de la Corte Interamericana Sergio García Ramírez, v.gr., en los casos Myrna Mack Chang (25 de noviembre de 2003, considerando 27) y Tibi (7 de septiembre de 2004, considerandos 3 y 4)”. Sagüés, Néstor Pedro, “El control de convencionalidad en el sistema interamericano, y sus anticipos en el ámbito de los derechos económico-sociales, concordancias y diferencias con el sistema europeo”, en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3063/16.pdf; consultado el 9 de febrero de 2014].

13. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 123: “El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionales consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana”.

14. “[…] El control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen cabalmente”. Carbonell, Miguel, “Introducción general al control de convencionalidad”, en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3271/11.pdf; consultado el 9 de febrero de 2014].

15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 123.

16. “[…] Se trata de un estándar “mínimo” creado por dicho tribunal internacional, para que en todo caso sea aplicado el corpus iuris interamericano y su jurisprudencia en los Estados nacionales que han suscrito o se han adherido a la CADH y con mayor intensidad a los que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH; estándar que, como veremos más adelante, las propias Constituciones o la jurisprudencia nacional pueden válidamente ampliar, para que también forme parte del “bloque de constitucionalidad/convencionalidad” otros tratados, declaraciones e instrumentos internacionales, así como informes, recomendaciones, observaciones generales y demás resoluciones de los organismos y tribunales internacionales”. Ferrer MacGregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf; consultado el 9 de febrero de 2014].

17. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 124. En opinión de Ferrer MacGregor: “Si observamos los alcances del “control difuso de convencionalidad”, podemos advertir que en realidad no es algo nuevo. Se trata de una especie de “bloque de constitucionalidad” derivado de una constitucionalización del derecho internacional, sea por las reformar que las propias Constituciones nacionales han venido realizando o a través de los avances de la jurisprudencia constitucional que la han aceptado. La novedad es que la obligación de aplicar la CADH y la jurisprudencia convencional proviene directamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un “deber” de todos los jueces nacionales; de tal manera que ese imperativo representa un “bloque de convencionalidad” para establecer “estándares” en el continente o, cuando menos, en los países que han aceptado la jurisdicción de dicho tribunal internacional”. ”. Ferrer MacGregor, Eduardo. “El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional”, en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2873/9.pdf; consultado 9 de febrero de 2014].

18. Se trata del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, que establece: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

19. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, caso “administration des finannces italinennes c. Simmenthal, sentencia de 9 de marzo de 1978, en Fernandez Segado, Francisco, La justicia constitucional. Una visión de derecho comparado, Madrid, Dykinson, 2009, p.1207.

20. Puede verse en: Sudre, Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 8eme ed, Paris, PUF, 2006, p.191-2.

21. Puede verse: Ruiz Miguel, Carlos, La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Madrid, Tecnos, 1997, p.42.

22. Véase, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 25 de mayo de 2011 (exp. 15838), sentencia de 25 de mayo de 2011 (exp. 18747), sentencia de 8 de junio de 2011 (exp. 19772), sentencia de 31 de agosto de 2011 (exp. 19195), sentencia de 1º de febrero de 2012 (exp. 21274), sentencia de 18 de julio de 2012 (19345), sentencia de 22 de octubre de 2012 (exp. 24070), sentencia de 19 de noviembre de 2012 (exp. 25506), sentencia de 27 de febrero de 2013 (exp. 24734), sentencia de 20 de junio de 2013 (exp. 23603), sentencia de 24 de octubre de 2013 (exp. 25981), sentencia de 12 de febrero de 2014 (exp. 40802), sentencia de 12 de febrero de 2014 (exp. 26013), sentencia de 12 de febrero de 2014 (exp. 25813), sentencia de 3 de marzo de 2014 (exp. 47868), sentencia de 26 de marzo de 2014 (exp. 29129), sentencia de 8 de abril de 2014 (exp. 28330), sentencia de 8 de abril de 2014 (exp. 28318), sentencia de 14 de mayo de 2014 (28618), sentencia de 9 de julio de 2014 (exp. 30823), sentencia de 9 de julio de 2014 (exp. 28318), sentencia de 12 de julio de 2014 (exp. 28433), sentencia de 28 de agosto de 2014 (exp. 26251), sentencia de 20 de octubre de 2014 (exp. 31250), sentencia de 12 de noviembre de 2014 (exp. 28505). Auto de 24 de septiembre de 2012 (exp. 44050), Auto de Sala Plena de Sección Tercera de 6 de diciembre de 2012 (exp. 45679), Auto de 17 de septiembre de 2013 (exp. 45092), Auto de Sala Plena de Sección de 17 de octubre de 2013 (exp. 45679), Auto de 26 de septiembre de 2013 (exp. 42402), entre otras providencias.

23. “En otros términos, la filosofía en que se inspira la caducidad de las acciones contencioso administrativas diseñada por el Código, es de una clara esencia individualista, esto quiere decir que el soporte para imponer esta sanción es limitar el acceso a la administración de justicia al obrar negligente o la incuria de la parte afectada o interesada en demandar la protección de sus derechos subjetivos, es decir, se sustenta la caducidad en el ejercicio de acciones en las que se controvierten y pretenden proteger intereses particulares.
Por el contrario, no es de recibo este criterio tratándose de asuntos en los que la acción persigue la satisfacción de intereses públicos intersubjetivamente relevantes para la humanidad, considerada como un todo, siendo sustraída de esta sanción perentoria por el transcurso del tiempo, pues, en estos eventos, el ejercicio de una acción dentro de un término específico debe ceder frente a principios o valores superiores esenciales para la humanidad, al decir de Radbruch: “la seguridad jurídica no es el valor único ni decisivo, que el derecho ha de realizar. Junto a la seguridad encontramos otros dos valores: conveniencia (Zweckmässigkeit) y justicia”.
Es en este último esquema conceptual en donde se inscribe el supuesto de la acción que persigue la indemnización de perjuicios derivados de la comisión de crímenes de lesa humanidad dado el ámbito de afectación que con estas conductas se causa, que trascienden a los expectativas, principios, valores y derechos particulares” (Resaltado propio). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 17 de septiembre de 2013, exp. 45092.

24. Tal como se analizará más abajo.

25. Corte Constitucional sentencia SU-768/2014. In extenso, este punto fue desarrollado por la Corte en los siguientes términos: “El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material.”.

26. “es común sostener que el Juez Administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas legales, sino que en consideración al rol funcional que desempeña dentro del Estado Social de Derecho, es su obligación, antes que nada, ser garante de la corrección constitucional en la interpretación y aplicación de las normas legales, al igual que ejercer,ex oficio, el control de convencionalidad que se le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de Derechos Humanos y su doctrina.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. auto de 17 de septiembre de 2013, exp. 45092.

27. Conforme al concepto amplio de impunidad desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que incluye allí la inexistencia de responsabilidad administrativa , en los siguientes términos: “Impunidad Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.”. Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2005/102/Add.1 8 de febrero de 2005.

28. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha comprendido un concepto amplio de impunidad, entendiendo por tal “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” (Resaltado propio). Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) c. Guatemala, sentencia de 8 de marzo de 1998. Criterio reiterado, entre otros, en el Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2000; Caso del Tribunal Constitucional c. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001; Caso Ivcher Bronstein c. Perú, sentencia de 6 de febrero de 2001; Caso Las Palmeras c. Colombia, sentencia de reparaciones de 6 de diciembre de 2001; Caso Juan Humberto Sánchez c. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003; Caso 19 Comerciantes c. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004; Caso de los Hermanos Paquiyauri c. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004; Caso de las Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador, sentencia de 1º de marzo de 2005; Caso de la Comunidad Moiwana c. Suriname, sentencia de 1º de marzo de 2005; Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005.

29. “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleon, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.185. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. Martin Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al Prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279.

30. Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

31. Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

32. “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleon, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”., ob., cit., p.186.

33. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? (…) el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”. MILL, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153.

34. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción”, en Brewer-Carias, Allan R.; Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

35. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado (…) El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”. RAWLS, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p.279.

36. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM. No.4, 2000, p.168.

37. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p.297.

38. Según lo ratificado por la sala en la sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334: “El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

39. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298.

40. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

41. Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

42. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

43. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

44. "(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cier del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203.

45. “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración [sentencia C-333 de 1996]. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución [sentencia C-832 de 2001]”. Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2006.

46. Cabe fundarse en la aproximación al derecho penal, de manera que “se admite que al lado de una antijuridicidad formal, definida abstractamente por contraposición con el ordenamiento jurídico, existe una antijuridicidad material que está referida a juicios de valor… sólo desde un punto de vista valorativo se puede explicar que en la antijuridicidad tengan que encontrar su fundamento y su asiento las causas de justificación. En sentido material, la antijuridicidad es un juicio valorativo o juicio de desvalor que expresa… el carácter objetivamente indeseable para el ordenamiento jurídico, de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y puede ser un juicio de desvalor acerca del resultado o un juicio de desvalor acerca de la conducta cuando ésta pueda ser considerada peligrosa ex ante”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.303.

47. En la jurisprudencia constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.

48. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001.

49. Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49. La “responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero, coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del Poder”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM. No.4, 2000, p.308.

50. “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.

51. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

52. Rivero, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: Berlia. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BÉNOIT, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.

53. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120.

54. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121.

55. “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003.

56. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

57. “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pp.212 y 213.

58. Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente 21515. Pon. Hernán Andrade Rincón.

59. Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente 23492. Pon. Hernán Andrade Rincón.

60. “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. Sanchez Moron, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p.927.

61. Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004.

62. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

63. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

64. “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp.6 y 7.

65. “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

66. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

67. Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

68. Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Exp.14170.

69. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.171.

70. “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62.

71. “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64.

72. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p.430.

73. Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.31.

74. Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss.

75. A lo que se agrega por el mismo precedente: “En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro. Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás. 2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993. Pags. 796 y ss)”. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de ésta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p.16.

76. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

77. “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23.

78. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.204.

79. “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”. ob., cit., p.308.

80. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492.

81. Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p.211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”. ob., cit., p.311.

82. “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515. Pon. Hernán Andrade Rincón; de 23 de agosto de 2012, expediente 24392. Pon. Hernán Andrade Rincón.

83. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. De acuerdo con Martín Rebollo “(…) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado sólo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que éste sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función «remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido —concluye— la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa»”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM: no.4, 2000, p.307.

84. “La finalidad prospectiva del nexo de causalidad resulta de naturaleza preventiva de la acción de responsabilidad fundada sobre el principio de precaución. El daño no existe todavía, el nexo de causalidad no se ha podido realizar, el mismo (…) se trata a la vez de prevenir el daño y al mismo tiempo evitar que tal actividad no cause tal daño. La finalidad del nexo causal es por tanto prospectiva ya que se busca que el nexo de causalidad sin permitir reparar el perjuicio si se anticipa a él (…) Opuesto a una responsabilidad reparadora que exigiría un nexo causal a posteriori, la responsabilidad preventiva exige en la actualidad un nexo causal a priori, es decir un riesgo de causalidad”. Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p.560.

85. Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p.3

86. Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob., cit., p.4.

87. Dworkin, Ronald, Taking rights seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p.24: “el principio es una proposición jurídica que no es necesariamente escrita y que da orientaciones generales, a las cuales el derecho positivo debe conformarse. Esto implica que no se aplicará según la modalidad de “all or nothing”, sino que se limitará a dar al juez una razón que milite a favor de un tipo de solución u otro, sin pretender tener la apariencia de una norma vinculante”.

88. Sadeleer, Nicolás, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”, en García Ureta, Agustín (Coord), Estudios de Derecho Ambiental Europeo, Lete, Bilbao, 2005, p.270: “entre otras funciones encontramos la función de inspiración del legislador, de orientación del derecho positivo, de relleno de lagunas, de resolución antinomias, así como la función normativa”.

89. Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob., cit., p.5.

90. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-57/96 National Farmers Union y otros; asunto C-180/96 Reino Unido c. Comisión; asunto C-236/01 Monsanto Agricoltura Italia: “cuando subsistente dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, pueden adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos”.

91. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515. Postura reiterada en el fallo de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

92. “[…] La justicia kantiana requiere la intervención del “derecho público” para la realización completa de los derechos y permitir que todos los títulos provisionales en el estado de naturaleza, sean completos bajo el Estado”. Fabra Zamora, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad extracontractual”, En: Bernal Pulido, Carlos, Fabra Zamora, Jorge (eds.). La Filosofía de la Responsabilidad Civil, Universidad Externado de Colombia, 2013, p.86.

93. “Ni hay responsabilidad de un sujeto siempre que el comportamiento de éste se inserta en la cadena causal que lleva a la producción del daño, ni se inserta dicha conducta en tal cadena causal siempre que al sujeto se le imputa responsabilidad por el daño. Lo primero se aprecia siempre que entran en juego aquellos patrones de exclusión de la responsabilidad que los penalistas denominan “reglas de imputación objetiva” y que también en este campo concurren. Dichos patrones no niegan la condición de causa o concausa que reviste la conducta del sujeto, sino que excluyen la relevancia de dicha causalidad a efectos de imputación de la responsabilidad. No se discute tal causación empírica sino que, en el conjunto de las causas, el sistema jurídico realiza una selección y tal selección se lleva a cabo, como no puede ser de otra manera, con patrones propios y específicos del sistema jurídico mismo, con pautas jurídico-normativas.”. García Amado, Juan Antonio. Razones para una teoría normativista de la responsabilidad civil extracontractual. En: Bernal Pulido, Carlos, Fabra Zamora, Jorge (eds.). La Filosofía de la Responsabilidad Civil, Ibíd. pág. 258-259.

94. Sección Tercera. Sentencia de 27 de noviembre de 2002. Radicado: 13774.

95. “[…] Sin embargo, más allá de esto, la idea de que los derechos aparecen delimitados desde la Constitución, o de que [sic] entre los derechos y sus límites existen fronteras nítidas, creo que es una idea errada: desde la Constitución, es imposible formular un catálogo exhaustivo de los supuestos de aplicación de los derechos, así como de todas sus excepciones […] desde la Constitución sabemos cuáles son los derechos y, con mayor dificultad desde luego, cuáles son sus límites, pero ello no nos permite responder de forma exhaustiva y concluyente a la cuestión de qué conductas —que pueden ser objeto de regulación legal— caen del lado de los derechos o del lado de los límites; es más, en el plano de los enunciados constitucionales, o antes de su interpretación, es perfectamente verosímil afirmar que una acción forma parte de ambas esferas, esto es, presenta propiedades adscribibles [sic] tanto al ámbito del derecho como al ámbito de su límite”. Prieto Sanchis, Luis, Justicia constitucional y derechos constitucionales, 2ª ed, Trotta, Madrid, 2009, ps.220, 223 y 224.

96. Respecto de las acciones positivas fácticas Alexy ha abordado el tema, de manera explicativa, en los siguientes términos: “Se trata de un derecho a una acción positiva fáctica cuando se considera el derecho del propietario de una escuela privada a recibir subvenciones estatales, cuando se fundamenta la existencia de un derecho a un mínimo vital o se considere una <<pretensión individual del ciudadano a la creación de plazas de estudio>>. Que la satisfacción de este tipo de derechos se lleve a cabo de una forma, que en ciertos aspectoes (sic) es jurídica, no altera en nada el carácter del derecho como un derecho a una acción fáctica”. Y en cuanto a la forma como el obligado (el Estado) debe satisfacer dicha obligación se precisa: “Para la satisfacción del derecho es indiferente la forma como ella se lleve a cabo. Lo decisivo es únicamente que después de la ejecución de la acción, el propietario de la escuela privada disponga de medios suficientes; que el necesitado disponga de las condiciones mínimas de existencia y que le que desea estudiar disponga de una plaza de estudios. La irrelevancia que la forma jurídica de la ejecución de la acción tiene para la satisfacción del derecho es el criterio para delimitar de los derechos a acciones positivas fácticas y a acciones positivas normativas”. Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, 2ª ed, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008. [Traducción de Carlos Bernal Pulido], p.171.

97. Forsthoff, Ernst. Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. 1958. Pág. 467.

98. Ob cit. Pág. 467.

99. “También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento”. Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006. Radicado: 28459.

100. “la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado, como se observará al momento de considerar el caso concreto”. Sección Tercera. Sentencia de 3 de mayo de 2007. Radicado: (16696)

101. Sección Tercera, sentencia del 13 de diciembre de 2005. Expediente: 24671.

102. Al respecto Michell Paillet, sostiene: “Esta condición es la traducción obligada de la idea según la cual solo hay carga pública cuando el que reclama una compensación ha padecido una suerte más desfavorable que implican los inconvenientes normales de la vida en sociedad. Esta, en efecto, procura ciertas ventajas y sus posibles inconvenientes deben ponerse en la balanza: para que esta especie de balance sea desequilibrado es necesario que el perjuicio causado por la Administración Pública sea verdaderamente anormal y que no constituya “una carga que incumbe normalmente al interesado” (sentencia Couiteas, pret.).” Paillet, Michell. La Responsabilidad Administrativa. Universidad Externado, Bogotá, 2001. Pág. 220.

103. Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Radicado: 15591. En dicha providencia se sostiene adicionalmente: “Por lo que queda dicho, utilizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso implica la realización de un análisis que, acorde con el art. 90 Const., tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron los demandantes; que se asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea del Estado, con fundamento en el principio de solidaridad interpretado dentro del contexto del Estado Social de Derecho, equilibrar nuevamente las cargas que, como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad.”.

104. Sección Tercera. Sentencia de 2 de octubre de 2008. Radicado: 52001-23-31-000-2004-00605-02 (AG).

105. Constitución Política. Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

106. Corte Constitucional, Sentencia C-237/1997. M.P.: Carlos Gaviria Díaz. Y continúa la sentencia indicando: “Es claro que el Estado no tiene el carácter de benefactor, del cual dependan las personas, pues su función no se concreta en la caridad, sino en la promoción de las capacidades de los individuos, con el objeto de que cada quien pueda lograr, por sí mismo, la satisfacción de sus propias aspiraciones.”

107. Declaró el señor Gabriel Pacheco Medina. “Preguntado: Había en la población de frías y sus alrededores una fuerte presencia de la guerrilla, antes del 15 de septiembre de 2001. Contesto: Si se veía por esos días presencia de la guerrilla en el sector. Preguntado: Cual era más o menos el área de influencia de la guerrilla. Contesto: Se veía en frías, en las veredas cercanas y sus alrededores.” (fls 261-262, cdno pruebas demandante).

108. Así lo refirió el testigo personero William Hernando Castellanos, quien manifestó: “Preguntado: Dado su conocimiento de la zona, sírvase decirle al despacho, que presencia tenta (sic) para la época de los hechos, la fuerza pública, Policía y Ejército. Contesto: En una época, el centro poblado del corregimiento de frías contó con la presencia de miembros de la Policía Nacional, por razones que ignoro esta estación de policía fue retirada del sector, no tengo mayor información al respecto por cuanto en el momento de ser retirada o levantada la estación de Policía o Comando Rural yo era (sic) domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá. Por otra parte, estoy en condiciones de manifestar que muy seguramente, para la hora y fecha de los hechos, no había presencia militar en la jurisdicción del municipio. En algunas oportunidades, el ejército nacional, adelanta operativos de los cuales, las autoridades locales, no son informadas, creo que no es el caso con respecto a los hechos que se investigan, en la cabecera municipal de Falan hay presencia permanente de miembros adscritos a la Policía nacional departamento Tolima.” (Resaltado propio). (Fls 251-254, cdno pruebas demandante).

109. Sobre el particular el testigo Pacheco Medina manifestó: “Preguntado: Antes del 15 de septiembre de 2001, había en frías, presencia permanente de la fuerza pública. Contesto: No, desde el año 94 levantaron de ahí el puesto o comando de policía.” (fls 261-263, cdno pruebas demandante).

110. El testigo Aycardo Miranda Cortés señaló: “Hacía como 2 meses habían estado [el Ejército], después se les vió (sic) el día de los levantamientos” (fls 238-243, c2 anexo proceso penal).

111. Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 6. Derecho a la vida. 1982, p. 1.

112. “El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los Estados deben tomar las medidas necesarias, no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad.”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes c. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004.

113. Esto implica también el deber del Estado de no tomar conductas de tolerancia respecto de homicidios perpetrados por particulares. Como lo ha recordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “la Corte ha señalado que cuando existe un patrón de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales impulsadas o toleradas por el Estado, contrarias al jus cogens, se genera un clima incompatible con una efectiva protección del derecho a la vida”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004.

114. También la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá ha dado cuenta de la estructura del Frente Omar Isaza, tal como lo hizo en la sentencia de 19 de mayo de 2014, donde apuntó lo siguiente:
“676. Frente Omar Isaza (FOI): Grupo que se organiza en enero del año 2000 con la comandancia militar de Luís Fernando Herrera Gil alias "Memo Chiquito" o "Juan Carlos" y Walter Ochoa Guisa alias "El Gurre" en la comandancia política. Este frente fue el de mayor expansión y tuvo presencia en:
a. Departamento de Tolima: Honda, Mariquita, Armero (Guayabal), Palo Cabildo, Frías, Falan, Casabianca, Herveo, Fresno, Venadillo y Villahermosa. Comandantes: "Napo" (postulado), "Steven" (postulado), "Tajada" (postulado), "Rambo", "Pepo", "Lucas", "Pedro", "Maikol", "Mateo", "Cabo" y "El abuelo"
b. Departamento de Caldas: Samaná, Norcasia, Marquetalia, Manzanares, Pensilvania, Victoria y La Dorada. Al llegar a Caldas absorben una estructura ilegal preexistente bajo el mando de César Ruiz Arévalo alias "El Patrón". En esta zona los principales comandantes fueron los conocidos con los alias de: "Vaso", "Tolima", "Melchor" y "Costeño".
c. Departamento de Antioquia: San Miguel (Sonsón)
d. Departamento de Cundinamarca: Puerto Bogotá (Guaduas) y Cambao (San Juan de Rio Seco). Comandantes alias "Pedrucho" y "Tajada".”
Así, la misma sentencia se encarga de graficar la estructura y frentes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de la siguiente manera:

estructura 2000
 



Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 11001-60-00253-2007-82855 (1520). Información obtenida en el enlace web: http://www.profis.com.co/anexos/documentos/JusticiayPaz/jurisprudencia/SaladeJusticiaPaz/2014.05.29%20Sentencia%20Ram%C3%B3n%20Isaza%20y%20otros.pdf

115. “En 1998 con la captura varios (sic) e los integrantes del grupo Los Macetos con esta la de su líder y su posterior muerte, el grupo quedó desmantelado, tomando el control de la zona para el año 1999, las Autodefensas del Magdalena Medio (AMM), dirigidas por Ramón Isaza expandiendo su dominio a los municipio de Honda, Mariquita y Fresno.
2. Área de Influencia
Las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio en el Norte del Tolima, tienen presencia en los municipios de Honda, Mariquita, Fresno, Armero Guayabal, Líbano, Lérida, Venadillo y Ambalema.” (fls 107-108, c2 anexo proceso penal). Informe de la Fiscalía de 19 de febrero de 2002.

116. “Esta estructura armada desplegó su accionar hacia otro (sic) municipios del norte del Tolima, Honda, Mariquita, Fresno, Armero Guayabal, Palocabildo, Lérida y localidades circunvecinas (…)” (fl 63-64, c7 proceso penal).

117. “207. Otro caso que ilustra la expansión de este fenómeno es la aparición del Bloque Tolima de las AUC al que, hasta ahora, le son atribuidas algunas muertes en municipios del sur del departamento, como en el caso de Natagaima. Por otra parte, el Frente Omar Isaza, perteneciente a las Autodefensas del Magdalena Medio, concentra sus actuaciones en la parte norte del departamento, en donde dio muerte a 13 personas el 15 de septiembre. Finalmente, en el mes de agosto se produjo el ingreso de unos 1.000 integrantes de las AUC al departamento de Arauca, tras la concentración de tropas en el norte del departamento del Casanare. Las alertas lanzadas no lograron impedir la comisión de varios homicidios, entre ellos el de un congresista.” (Resaltado propio). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia. De 1º de enero a 31 de diciembre de 2001. Documento que obra a folio 58 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

118. Informe del CTI de mayo de 2005 dirigido al Fiscal 26 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (fls 63-64, c7 anexo proceso penal).

119. “lo que si se es la participación del DAS con las autodefensas, con información de los expendedores de vicio o sea las ollas, de los ladrones, toda esa información nos la dio en Das, les permitían entrar y salir a los muchachos que trabajan con la organización, En una ocasión uno de ellos sacó a Caserolo que era uno de los dos sicarios de Mariquita porque el otro era Salacho, y el que coordinaba todo eso Sandro. En Mariquita la organización mató a siete por orden de Lucas y la limpieza la hacía Salacho y Caserolo, incluso los mismos del DAS me dijeron que habían legalizado a uno y que lo habían tirado entre el peaje de Mariquita y Honda, no se quien era.” Ampliación de testimonio de Pedro Pablo Hernández Sepúlveda (fls 161-166, c7 anexo proceso penal).

120. En el mismo sentido las declaraciones de Jhon Freddy Varon y Carlos Mario Cifuentes (fls 14-21 y 67-71, c7 anexo proceso penal).

121. En sentido similar la declaración de Carlos Mario Cifuentes (fls 67-71, c7 anexo proceso penal).

122. “2.1. El control de convencionalidad es una manifestación de lo que se ha dado en denominar la constitucionalización del derecho internacional, también llamado con mayor precisión como el “control difuso de convencionalidad,” e implica el deber de todo juez nacional de “realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”
Si bien, como construcción jurídica, el control de convencionalidad parece tener su origen en la sentencia proferida en el “caso Almonacid Arellano y otros vs Chile,” lo cierto es que desde antes del 2002, e incluso en la jurisprudencia de los años noventa de la Corte Interamericana de Derechos, ya se vislumbraban ciertos elementos de este control de convencionalidad.
2.2. Se trata, además, de un control que está dirigido a todos los poderes públicos del Estado, aunque en su formulación inicial se señalaba que eran los jueces los llamados a ejercerlo.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar cómo en el “caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile,” la Corte Interamericana de Derechos Humanos proyecta el control de convencionalidad, pues allí se afirma que constituye una obligación en cabeza del poder judicial ya que “cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella.”
2.3. Lo anterior indica claramente que el juez nacional no sólo está llamado a aplicar y respetar su propio ordenamiento jurídico, sino que también debe realizar una “interpretación convencional” para determinar si aquellas normas son “compatibles” con los mínimos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los demás tratados y preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2014, exp. 28505.

123. Cfr. sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 19 de octubre de 2001; sentencia emitida por el Juez Único Especializado de San Gil el 23 de marzo de 2001; sentencia emitida por el Juez Regional de Cúcuta el 28 de mayo de 1997 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—, tomo I, anexos 2, 3 y 4, folios folio 1045, 1142 y 1203); sentencia emitida por el Tribunal Nacional el 14 de abril de 1998; sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte –párrafo 68 de la demanda-, tomo II, anexos 5 y 9, folios 1264, 1276, 1279 y 1465 a 1468); resolución emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 29 de mayo de 1996; resolución emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 8 de agosto de 1996; resolución emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el 13 de septiembre de 1996 (expediente de prueba aportada por la Comisión Interamericana durante la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas el 22 de abril de 2004, tomo II, anexos 45, 47 y 51, folios 2681, 2683, 2710, 2773 y 2775); testimonio del señor Salomón Flórez Contreras rendido ante la Corte el 21 de abril de 2004; testimonio del señor Jorge Corzo Vargas rendido ante la Corte el 21 de abril de 2004; informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de enero de 1990 (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo B9, folios 968 y 992); informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 15 de marzo de 1989; e informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 13 de febrero de 1990 titulado “Información adicional sobre la masacre de 19 comerciantes en jurisdicción de Puerto Boyacá” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexos B3 y B4, folios 667 y 688).

124. Cfr. sentencia emitida por el Juzgado Militar de Primera Instancia el 18 de junio de 1997 (prueba para mejor resolver presentada por el Estado el 26 de mayo de 2004, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—); y sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte —párrafo 68 de la demanda—, tomo II, anexo 9, folios 1425, 1428 y 1429).

125. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 comerciantes c. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004 (fondo).

126. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005 (fondo).

127. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006 (fondo).

128. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacre de Ituango c. Colombia, sentencia de 1° de julio de 2006 (fondo).

129. Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones. párr. 123; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas párrs. 82, 93, 101.a); Caso de las Masacacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas párrs. 125.57, 125.86 y 132, y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 114 y 124.

130. Cfr. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109 parr. 86.c); Caso Masacre de Pueblo Bello Colombia. Fond. párrs. 126 y 140; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas párr. 92.

131. Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Revisión N° 30516, 11 de marzo de 2009 (expediente de prueba, folios 9851 y 9856) Sentencia de Casación No. 24448, 12 de septiembre de 2007 citada en Director Seccional de Fiscalías, Memorando No. 0035 de 28 de abril de 2009 pp 106 a 18 (expediente de prueba, folio 10024). Véase también Corte Constitucional Colombiana Auto 005 de 26 de enero de 2009, y Consejo de Estado Sección Tercera Acción de Reparación Directa Sentencia No. 68001-23-15-000-1996-01698-01, Consejera Ponente Olga Melida Valle de de la Oz de 27 de Febrero de 2013 p 13.

132. Cfr. Defensoría del Pueblo, Cuarto Informe al Congreso de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997, págs. 59 y 60, citado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión, E/CNº4/2000/83/Add.1, de 11 de enero de 2000. párr. 25 (expediente de prueba, folio 1571). Se destaca que el Presidente de esta Corte solicitó, por medio de su Secretaría, a la Defensoría del Pueblo de Colombia que remitiera el Cuarto Informe de la Defensoría del Pueblo al Congreso de Colombia como prueba para mejor resolver sin que el mismo fuera remitido. Por otro lado, el Estado no objetó la referencia realizada respecto del citado informe por el reporte de las Naciones Unidas, por lo que la Corte considera que la remisión al texto del mismo es conforme con su tenor literal. Véase asimismo, Defensoría del Pueblo, Duodécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República de Colombia Enero- Diciembre 2004, páginas 66, 67, 172, 173; Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial sobre el Desplazamiento Forzado por la Violencia en Colombia, de abril de 2002, puntos 4 y 9; y Defensoría del Pueblo. Informe de Seguimiento al cumplimiento de lo ordenado por la sentencia T-1025 de 2007, pp 16, 17, 21, 35 y 35.

133. Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, Fallo emitido por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos el 30 de septiembre de 2002. Fallo citado en Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. párr. 125.100: “El 30 de septiembre de 2002 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió sancionar al Teniente Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Antonio Alzate Cardona, alias “Rambo”, destituyéndolos de sus cargos como funcionarios públicos por hallarlos responsables de haber colaborado y facilitado con dolo la incursión paramilitar en El Aro y la sustracción de ganado. El 1 de noviembre de 2002, ante un recurso de apelación presentado por las personas mencionadas anteriormente, dicho fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación”.

134. Cfr. Declaración de Miguel Samper, declarante a título informativo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013: “[…] mediante una reforma institucional muy fuerte que dio origen a la creación de un centro de memoria histórica encargado de contribuir y también de fomentar la construcción desde la sociedad civil de esta memora histórica sobre el legado de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario […]”; “[…] el Centro de Memoria Histórica se encarga de promocionar y promover las medidas de satisfacción […]”.

135. Cfr. Declaración de Javier Ernesto Ciurlizza Contreras, perito propuesto por la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013: “ […] o me refiero a aquellos estudios realizados por el Centro de Memoria Histórica o lo que se llamaba antes el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación indicando que efectivamente el fenómeno paramilitar estuvo asociado con actores privados por lo menos a nivel local […]”.

136. Cfr. Centro Nacional de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica”, Imprenta Nacional, Colombia, año 2013, págs. 20, 42, 48, 343 y 347; y “Justicia y Paz ¿verdad judicial o verdad histórica?”, Colombia, año 2012, págs. 251, 377, 469, 498, 513, 514 y 515, “La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia”, Ed. Semana, Colombia, año 2010, págs. 20, 95, 96, 104, 105 y 116; “Silenciar en Democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982–1997”, Ed. Semana, Colombia, año 2010, págs. 21, 22, 28, 29, 61, 73, 74, 75 y 76; “La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira”, Ed. Semana, Colombia, año 2010, págs. 23 y 33; “San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra”, Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., Colombia, año 2011, págs. 87 y 15; “Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano”, Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., Colombia, año 2011, págs. 31, 32 y 240.

137. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Operación Génesis” c. Colombia. Sentencia de 20 de noviembre de 2013 (fondo).

138. Los derechos de la persona se constituyen en límites que debe respetar el Estado “cuando busca alcanzar objetivos de interés general como la paz, la seguridad y la defensa nacional”. Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002. Puede verse las siguientes sentencias de la Sección Tercera: sentencias de 19 de octubre de 2007. Exp.29273 (masacre El Aro); de 19 de noviembre de 2008. Exp.28259 (masacre de Santo Domingo); de 27 de mayo de 2009. Exp.15186 (masacre de los Uvos); de 26 de febrero de 2009. Exp.26808 (masacre de Valdivia); de 15 de agosto de 2007. Exp.2002-0004 AG (caso Filo Gringo).

139. Corte Constitucional Sentencia C-004 de 2003.

140. El que consiste en la armonización de la libertad y del orden “de tal forma que para lograr la seguridad no vulnere los derechos fundamentales y las libertades puedan ser ejercidas dentro de un orden justo, respetuoso del pluralismo y de la libertad de crítica”. Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002.

141. Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002.

142. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 20334.

143. “Aunque la Declaración universal tuvo influencia en los redactores de las convenciones de Ginebra, la normativa internacional sobre derechos humanos y las normas humanitarias afrontan el problema de los conflictos armados internos de diferentes modos. La primera se encuadra en el marco del ius ad bellum según lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo con la cual queda prohibido el recurso a la fuerza y, en consecuencia, está dirigido a la conservación de la paz. La segunda, por su parte, forma parte (sic) del ius in bello: establece las normas que rigen el uso de la fuerza sin examinar las causas del conflicto de acuerdo a los principios de la Cruz Roja y, en especial, los principios humanitarios”. Newman, Frank C; Vasak, Karel. “Derechos civiles y políticos”, en Vasak, Karel (ed) Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. V.I. Barcelona, Serbal; Unesco, 1984, pp.285 y 286.

144. “Como se puede observar, de la lectura de este artículo (artículo 1° de la Convención Americana) se desprenden dos obligaciones para los Estados parte, en relación con los derechos consagrados en el texto de la Convención, a saber: i) la obligación de respeto, que exige del Estado una conducta de abstención, denominada también obligación negativa y, por otro lado, ii) se impone una obligación de garantía, que exige a los Estados parte emprender las acciones necesarias tendientes a asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y garantizarlos. Sobre el alcance de esta disposición, (artículo 2º de la Convención Americana) la Corte Interamericana, ha precisado que este deber tiene dos implicaciones: “Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”. Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2007, expediente 29273.

145. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de marzo de 2014, exp. 29129.

146. Se precisa, en todo caso, que se defiende un concepto de soberanía entendido en clave contemporánea, esto es, que parte del necesario respeto vigencia y garantía de los Derechos Humanos y la cláusula democrática como elementos centrales del modelo de Estado en la actualidad. Una definición en tal sentido implica que no tiene recibo la invocación de actuaciones arbitrarias, abusivas o negatorias de la dignidad del ser humano o la justificación de regímenes autoritativos en nombre de la soberanía. Al respecto Ferrajoli ha sostenido: “La idea de ciudadanía como presupuesto de los derechos se desmoronó al mismo tiempo, al menos a nivel jurídico. Esta idea resultaba contradictoria con el universalismo de los derechos tanto en el derecho interno como en el internacional. Si la subjetividad legal consiste en ser portador de derechos y la ciudadanía implica que sólo se pueden ejercer derechos a través de la pertenencia a una determinada comunidad política, en el nuevo paradigma todo ser humano es de por sí sujeto del derecho internacional y por lo tanto es ciudadano no sólo de un estado determinado sino también de las comunidades internacionales, sean estas regionales, como la Unión Europea, o de carácter global, como Naciones Unidas.” Ferrajoli, Luigi. Más allá de la soberanía y la ciudadanía: Un constitucionalismo global. En: Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, No. 9, 1998, p. 178.

147. Para una revisión detallada del dicho concepto y su desarrollo histórico puede véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, decisión de ponente. Auto de 17 de septiembre de 2013, exp. 45092.

148. Auto de 17 de septiembre de 2013, exp. 45092.

149. Tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente, en el caso Almonacid Arellano c. Chile, fallo de 26 de septiembre de 2006, en los siguientes términos:
“152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
153. Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa”. (Subrayado fuera de texto).

150. “(…) el jus cogens internacional va más allá que el derecho de los tratados, extendiéndose al derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y a todo el corpus juris del Derecho Internacional contemporáneo, y abarcando, en última instancia, a todo acto jurídico. Al abarcar todo el Derecho Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier medida o acto incompatible con él. El jus cogens tiene incidencia directa en los propios fundamentos de un Derecho Internacional universal, y es un pilar básico del nuevo jus Gentium”. Cançado Trindade, Antônio Augusto, “La ampliación del contenido del ius cogens”, en [http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf]

151. Cfr. Auto de 17 de septiembre de 2013, exp. 45092.

152. Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Sentencia de 7 de mayo de 1997. Caso Fiscal vs. Dusko Tadic. El aparte citado es del siguiente tenor en francés: “Ainsi, l’accent n’est pas mis sur la victime individuelle mais plutôt sur la collectivité, la victimisation de l’individu ne tenant pas à ses caractéristiques personnelles mais plutôt à son appartenance à une population civile ciblée.” [http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf; consultado el 18 de marzo de 2013].

153. En el caso Tadic el TIPY sostuvo esta diferencia en los siguientes términos: "648. Por lo tanto, el deseo de excluir los actos aislados o aleatorios de la noción de crímenes contra la humanidad que dio lugar a la inclusión de la exigencia de que los actos deben ser dirigidas contra una población civil" población ", y, o bien una constatación de ser generalizado, que se refiere a el número de víctimas, o sistematicidad, lo que indica que un patrón o plan metódico es evidente, cumple con este requisito.”, en inglés la redacción es la siguiente: "648. It is therefore the desire to exclude isolated or random acts from the notion of crimes against humanity that led to the inclusion of the requirement that the acts must be directed against a civilian “population”, and either a finding of widespreadness, which refers to the number of victims, or systematicity, indicating that a pattern or methodical plan is evident, fulfils this requirement.". Sentencia de 7 de mayo de 1997. Caso Fiscal vs. Dusko Tadic. [http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf; consultado 1 de abril de 2013].

154. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 1996. V.II Segunda Parte. Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, p.51.

155. Tribunal Penal Internacional Para la Antigua Yugoslavia. TPIY. Sentencia de 29 de noviembre de 1996, caso Fiscal vs Erdemovic.

156. Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra par- te, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7 para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral”. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No.131, 2011, p.920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordena- miento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.

157. En la jurisprudencia constitucional colombiana dicho principio se entiende como aquel que “impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”. Corte Constitucional, sentencia T-191 de 2009. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencias C-177 de 2001; C-148 de 2005; C-376 de 2010.

158. Principio que “impone que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 “La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29, Convención Americana de Derechos Humanos”, del 13 de noviembre de 1985. Serie A. No.5, párrafo 46.

159. Como lo anota Yasemin Soysal. “En el periodo de posguerra el Estado-nación, como estructura de organización formal, se desvincula cada vez más del locus de legitimidad, el cual se ha trasladado al nivel global trascendiendo las identidades y las estructuras territorializadas. En este nuevo orden de la soberanía, el sistema principal asume la labor de definir las reglas y los principios, otorgando a los Estados-nación la responsabilidad de garantizar su respeto y aplicación (Meyer, 1980, 1994). Los Estados-nación siguen siendo los principales agentes de las funciones públicas, aunque la naturaleza y los parámetros de estas funciones son determinadas cada vez más en el nivel global.”. SOYSAL, Yasemin. Hacia un modelo de pertenencia posnacional, en Ciudadanía Sin Nación. (Yasemin Soysal, Rainer Bauböck y Linda Bosniak) Siglo del hombre editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. Bogotá, 2010, pp.138-139.

160. Cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. III, Porto Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 2003, pp. 447-497. Sobre este punto anota Cançado Trindade que “la notable evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente, que proporcionó la realización de aquella meta, por configurarse entera y debidamente orientado hacia las víctimas. El advenimiento y la consolidación del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos restituyó a las víctimas su posición central en el orden normativo”. Además, la víctima ha recuperado espacio, más recientemente, también en el dominio del derecho penal contemporáneo, —tanto interno como internacional,— como indicado, v.g., por la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 sobre Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Crimen y Abuso de Poder (atinentes a crímenes en el derecho interno), y los Principios Básicos y Directrices de las Naciones Unidas de 2006 sobre el Derecho a un Recurso y Reparación para Víctimas de Violaciones Graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Violaciones Serias del Derecho Internacional Humanitario (atinentes a crímenes internacionales). Cf., v.g., M.C. Bassiouni, "International Recognition of Victims' Rights", 6 Human Rights Law Review (2006) pp. 221-279; and cf.: I. Melup, "The United Nations Declaration on [Basic] Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", in The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond (eds. Y. Danieli, E. Stamatopoulou y C.J. Dias), N.Y., U.N./Baywood Publ. Co., 1999, pp. 53-65; Th. van Boven, "The Perspective of the Victim", in ibid., pp. 13-26; B.G. Ramcharan, "A Victims' Perspective on the International Human Rights Treaty Regime", in ibid., pp. 27-35; G. Alfredsson, "Human Rights and Victims' Rights in Europe", in ibid., 309-317.

161. Voto Razonado del Juez Antonio Augusto Cancado Trindade a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2007 (Interpretación de la sentencia, reparaciones y costas) dictada dentro del caso La Cantuta c. Perú.

162. Por consiguiente, en la labor de construcción de los derechos de las víctimas es preciso destacar, en el derecho internacional, la existencia de normas jurídicas que disponen i) el reconocimiento a toda persona a la personalidad jurídica [artículo 3 de la CADH y 17 del PIDCP], ii) el reconocimiento de los derechos que tiene todo afectado por una violación de estos derechos a un recurso judicial efectivo [artículos 8 y 25 de la CADH y 14 del PIDCP] y iii) el deber que tiene todo Estado de respetar los derechos reconocidos así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en orden a ello [artículos 1º y 2º de la CADH y 2º del PIDCP].

163. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto de 17 de septiembre de 2014, exp. 45092.

164. Salvioli, Fabián Omar, “Derecho, acceso, y rol de las víctimas, en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos”, en VVAA, El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1997, pp.293 a 342. “[…] En el Derecho Internacional Contemporáneo, puede definirse, en principio, como víctima de una violación a los derechos humanos, a aquella que ha sufrido un menoscabo en el goce o disfrute de alguno de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, debido a una acción u omisión imputable al Estado”.

165. Corte Constitucional, sentencia C-781 de 10 de octubre de 2012.

166. al entender que los derechos de las víctimas hacen parte del núcleo de los derechos humanos comprende que éstos deben ser reconocidos y garantizados a plenitud por el Estado tanto a nivel normativo (adopción de disposiciones de derecho interno, las que incluso ceden convencionalmente ante contradicciones entre mandatos de principios, normal y reglas internacionales de protección —control objetivo de convencionalidad—) como fáctico.

167. Entre otras, véase las sentencias de 25 de mayo de 2011 (exp. 15838, 18747), 8 de junio de 2011 (exp. 19772, 19773), 19 de agosto de 2011 (exp. 20227), 31 de agosto de 2011 (exp. 19195), 1º de febrero de 2012 (exp. 21274), 9 de mayo de 2012 (exp. 20334), 7 de junio de 2012 (exp. 23715), 18 de junio de 2012 (exp. 19345), 20 de junio de 2013 (exp. 23603), 12 de agosto de 2013 (exp. 27346), 24 de octubre de 2013 (exp. 25981), 12 de febrero de 2014 (exp. 25813, 26013), 26 de febrero de 2014 (exp. 47437), 8 de abril de 2014 (exp. 28330, 28318), 14 de mayo (exp. 28618), 9 de julio de 2014 (exp. 30823, 29919), entre otras providencias de la Subsección.

168. Sentencia de 19 de octubre de 2007, expediente 29273ª. Ver de la Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928, Series A, No. 17, Pág. 47. Citada por CRAWFORD, James “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del Estado”, Ed. Dykinson, Pág. 245; Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso de la Masacre de Puerto Bello (vs) Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006; de la Corte Constitucional Sentencia T-563 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En igual sentido T- 227 de 1997 M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-175 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, sentencia T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis

169. Sentencias de 8 de junio de 2011, expediente 19972; de 8 de junio de 2011, expediente 19973.