Sentencia 2003-01878 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 36274

Rad.: 08001-23-31-000-2003-01878-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actores: Alveiro Vásquez Velásquez y otros

Demandado: Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: reparación directa

Bogotá, D. C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

9. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

10. La Sala es competente para resolver el presente caso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(1).

11. Se aclara que la decisión de darle prelación al presente asunto obedece a lo acordado en la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad, pueden decidirse sin sujeción al turno.

12. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que debió soportar injustamente el señor Vásquez Velásquez.

13. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o los que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Al respecto, la corporación ha dicho que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4). No obstante, la norma citada autoriza al superior a resolver de fondo sin limitaciones —dentro de los límites de recurso de apelación—, cuando ambas partes hayan apelado la decisión de primera instancia(5), como sucede en el presente caso.

14. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está probado en el proceso que el señor Alveiro Vásquez Velásquez estuvo privado de la libertad con ocasión del proceso penal seguido en su contra, así como la relación de parentesco entre este y los demás demandantes(6).

14.1. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la privación de la libertad del señor Alveiro Vásquez Velásquez dependió de la Fiscalía General de la Nación, pues esta fue la entidad que ordenó su captura, impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva y calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, de manera que se tendrá a la entidad como legitimada en este asunto. En el caso de la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia, se observa que no participó de manera alguna en la privación de la libertad del señor Alveiro Vásquez Velásquez, y en el de la Nación - rama judicial, que fue precisamente el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla el que absolvió al procesado luego de considerar que no había cometido el delito por el que fue acusado, de modo que no están legitimadas como parte pasiva en este asunto.

15. Finalmente, en lo correspondiente a la caducidad de la acción, se comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que la decisión que le puso fin al proceso penal seguido contra Alveiro Vásquez —la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal de Decisión, de no revisar el fallo absolutorio— quedó ejecutoriada el 26 de julio de 2001 y la demanda se interpuso el 24 de julio de 2003, esto es, dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

16. La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Alveiro Vásquez Velásquez en el marco del proceso penal seguido en su contra por el punible de extorsión, y que culminó con providencia absolutoria a su favor, constituye una detención injusta que compromete la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. De comprobarse la responsabilidad de la administración, debe proceder a la liquidación de los perjuicios a indemnizar, para lo cual tendrá en cuenta las objeciones planteadas al respecto por la parte actora en el recurso de apelación.

III. Validez de los medios de prueba

17. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en atención a lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

17.1. En el presente caso, la parte actora solicitó expresamente en el escrito de demanda que se oficiara al Juzgado Penal Especializado del Circuito de Barranquilla “para que ratifique la autenticidad de cada una de las piezas que conforman el expediente del proceso penal aportado como prueba documental en esta acción” (fl. 430, c. 1). El tribunal decretó esta solicitud (fls. 592-593, c. 1) y requirió el citado juzgado para que certificara la autenticidad de las copias correspondientes al proceso penal adelantado contra el señor Vásquez Velásquez (fl. 594, c. 1). En virtud de esta orden, el despacho requerido remitió copia auténtica del proceso penal (fl. 595, c. 1).

17.2. Las pruebas decretadas y practicadas en el proceso penal serán apreciadas por la Sala dado que fueron aportadas en copia auténtica(7) por la entidad requerida y estuvieron a disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la oportunidad procesal de conocerlas y de controvertirlas. En efecto, la Fiscalía General de la Nación integra la persona jurídica de la Nación, por lo que no puede alegar el desconocimiento de las pruebas, en vista de que fueron practicadas en el proceso primitivo a petición y con intervención de la misma parte —Nación— contra quien se aducen ahora(8).

IV. Hechos probados

18. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

18.1. El 21 de marzo de 2000, el señor Rodolfo Sarmiento Gómez elevó denuncia penal contra personas desconocidas, al parecer miembros de la guerrilla del ELN, por el delito de extorsión (denuncia penal instaurada ante la unidad investigativa del Gaula urbano —fls. 2-4, c. 1—).

18.2. El 23 de marzo de ese año, la Fiscalía Delegada ante el Gaula de Barranquilla abrió la investigación previa, ordenó la interceptación de un teléfono identificado en la denuncia, y comisionó a un funcionario para ejecutar lo ordenado (auto de la Fiscalía Delegada ante el Gaula —fl. 5, c. 1—).

18.3. El 30 de marzo de 2000, Alveiro Vásquez Velásquez y Walter Laza Pascasio fueron capturados por miembros del grupo Gaula por hallarse, según los agentes, en situación de flagrancia del delito de extorsión (Oficio Nº 0131/UIPJ del jefe de la unidad investigativa del Gaula de Barranquilla —fl. 13, c. 1—; informe de captura por el funcionario investigador comisionado —fls. 14-16, c. 1—; actas de derechos de los capturados —fls. 18-19, c. 1—).

18.4. Por disposición de la jefatura del Gaula de Barranquilla, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional norte, realizó un examen médico a los capturados, que en el caso de Alveiro Vásquez reportó lesiones leves en el hemotórax y hombro derecho, que le dejaron una incapacidad médico-legal de seis días (examen médico-legal —fl. 23, c. 1—).

18.5. El 31 de marzo de 2000, la Fiscalía Delegada ante el Gaula de Barranquilla dictó resolución de apertura de instrucción, en la que ordenó legalizar la captura de Alveiro Vásquez Velásquez y dispuso escucharlo en indagatoria (resolución de apertura de instrucción —fls. 26-27, c. 1—), diligencia que se realizó al día siguiente (acta de diligencia de indagatoria —fls. 35-38, c. 1—).

18.6. El 2 de abril de 2000, Alveiro Vásquez Velásquez fue recluido en la Cárcel Distrital para Varones de la ciudad de Barranquilla (constancia del director del centro penitenciario —fl. 258, c. 1—).

18.7. El 6 de abril de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla le impuso al señor Alveiro Vásquez Velásquez medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, que debía ser cumplida en la Cárcel Modelo de la ciudad de Barranquilla (decisión que resuelve la situación jurídica —fls. 93-96, c. 1—; Oficio Nº 118 de la Fiscalía —fl. 101, c. 1—).

18.8. El 17 de octubre de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla dictó resolución de acusación contra Alveiro Vásquez Velásquez por el delito de extorsión, al considerar que los testimonios de los agentes que participaron en la captura y el informe de interceptación de llamadas telefónicas eran suficientes para probar la responsabilidad penal del acusado (resolución de acusación —fls. 309-318, c. 1—).

18.9. El 27 de abril de 2001, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla absolvió al procesado de los cargos imputados luego de concluir que no había participado en la extorsión de la que fue víctima el señor Rodolfo Sarmiento Gómez. En concreto, el juzgado decidió que la vinculación del señor Vásquez Velásquez al proceso penal se debió a un “indicio de presencia”, pues se encontraba con el señor Laza Pascasio en el momento en que este hacía una llamada extorsiva, sin que exista un medio de prueba que lo incrimine. En consecuencia, invocó la existencia de “dudas” que resolvió a favor del procesado (in dubio pro reo) (sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla —fls. 368-384, c. 1—).

18.10. El 3 de mayo de 2001, el Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla ordenó al director de la cárcel modelo de esa ciudad dejar en libertad provisional al señor Vásquez Velásquez (oficio del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla —fl. 389, c. 1—). Este mismo día el señor Vásquez Velásquez firmó la diligencia de compromiso y otorgó la caución prendaria que ordena la ley (acta de diligencia de compromiso —fl. 390, c. 1—).

18.11. El 25 de julio de 2001, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal de Decisión, se abstuvo de revisar la sentencia absolutoria, al tratarse de una decisión no susceptible de consulta, de acuerdo con el artículo 203 de la Ley 600 de 2000 (auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla —fls. 405-406, c. 1—).

V. Análisis de la Sala

19. La libertad personal es un derecho esencial de la persona y, como tal, está reconocido en la Carta Política(9) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad(10).

20. La libertad consiste básicamente en la capacidad de la persona de hacer lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención americana. En efecto, del preámbulo se desprende el propósito de los Estados americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo(11).

21. La libertad, como principio y derecho humano, comprende en su núcleo esencial tanto “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(12).

22. En su carácter de principio, la libertad es un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege la propia autorrealización del individuo. Como derecho fundamental, la libertad goza de preeminencia en el orden superior, sólo puede ser regulada o intervenida por la potestad legislativa, se encuentra protegida por la prohibición de afectar su contenido esencial y su aplicación es directa e inmediata y obliga a todos los órganos y agentes del Estado.

23. El derecho a la libertad, no obstante, no tiene carácter absoluto e ilimitado pues debe necesariamente ser armonizado con otros bienes y derechos de rango constitucional. En consecuencia, la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva es considerada admisible, pues el objeto de tales medidas es “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(13). Estas medidas deben ser decretadas por una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso judicial con plenas garantías, y con un carácter eminentemente provisional o temporal, con el fin de que no se conviertan en una sanción anticipada.

24. La restricción de la libertad no solamente debe sujetarse a estos requisitos formales y sustanciales, sino que su imposición debe estar motivada con claridad y suficiencia, y ajustarse a los principios, valores y derechos que consagra la Carta Política, así como a los parámetros fijados por el derecho internacional de los derechos humanos. En todo caso, debe tener en consideración la gravedad del delito cometido, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, los antecedentes penales del sindicado, la circunstancia de haber sido aprehendido en flagrancia, el desacato a decisiones judiciales previas o la asunción de una conducta reprochable con posterioridad a la ejecución del hecho punible(14).

25. Este derecho goza de tal preeminencia que el legislador previó un régimen de responsabilidad según el cual, si una persona es privada de la libertad en el marco de un proceso seguido en su contra y después resulta exonerada por sentencia absolutoria o una decisión equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía un hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizada. Así se estableció en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

26. Esta corporación ha determinado el contenido y alcance de dicha disposición, en los siguientes términos:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que, de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y, por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel(15).

27. En el presente caso, es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal seguido contra el señor Alveiro Vásquez Velásquez, es decir, el 28 de abril de 2001, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. Esta circunstancia, claro está, no impide abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto. En la revisión del proyecto de la ley estatutaria, la Corte Constitucional condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(16).

28. La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia, pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—(17).

29. En resumen, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en todos los casos en los que se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, según el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, cuando la decisión penal se dicte en vigencia de dicha norma, es decir, cuando la sentencia penal o su equivalente se hubieran proferido durante el lapso comprendido entre el 30 de noviembre de 1991 —cuando aquel fue expedido— y el 24 de julio de 2001 —cuando entró en vigor la Ley 600 de 2000—, porque solo a partir de la decisión definitiva se debe entender consolidado el daño antijurídico.

30. En el presente caso, está probado que el señor Alveiro Vásquez fue privado de la libertad el 30 de marzo de 2000, cuando se hizo efectiva la captura en supuesta flagrancia, y fue liberado el 3 de mayo de 2001, día en que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla le ordenó al director de la cárcel modelo de esa ciudad dejarlo en libertad provisional, luego de proferir fallo absolutorio a su favor.

31. Es necesario examinar, entonces, si la decisión que le puso fin al proceso penal adelantado contra Alveiro Vásquez Velásquez se enmarca en alguno de los supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o si, como alega la entidad demandada, la sentencia absolutoria se profirió en virtud del principio in dubio pro reo porque se evidenció una duda razonable sobre su responsabilidad y esta se resolvió a su favor.

32. Con tal propósito, se refiere el contenido de la sentencia proferida el 27 de abril de 2001 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, en el que se absolvió al señor Vásquez Velásquez de los cargos formulados en su contra (fls. 368-369, 379-382, c. 1):

El señor Rodolfo Sarmiento Gómez, comerciante de profesión, formula denuncia ante la unidad investigativa del Gaula el 21 de marzo/00, indicando que recibió una llamada telefónica de un sujeto que se identificó como el “Comandante Tito del ELN”; posteriormente recibió en la tienda de su propiedad un sobre de Manila a él dirigido y según el cual era declarado objetivo militar, por lo que le exigían la suma de $150.000.000.

El Gaula Urbano de Barranquilla procedió a realizar control sobre las llamadas telefónicas y por medio de los equipos de inteligencia electrónica se detectaron las llamadas que se realizaban desde teléfonos públicos; fue así como se rastreó una llamada siendo más o menos las 17 horas del 31 de marzo/00 (sic), hecha desde un teléfono público; hasta el lugar se desplazó la patrulla del intendente Adalberto de Moya Bernal y otros agentes, lográndose la captura de Alveiro Vásquez y de Walter Laza Pascasio. (...)

Se extracta en esencia que la captura de Vásquez y su vinculación al proceso que hoy se encuentra en juicio, se debe única y exclusivamente a un indicio de presencia, como quiera que acompañaba a Laza en el momento en que realizaba una llamada extorsiva a Rodolfo Sarmiento, instante además en que apareció en el escenario el grupo Gaula y comprobado que el interlocutor era el extorsionado, aprehendieron a quien hablaba y a su acompañante.

Para el despacho el solo hecho de encontrarse Vásquez acompañando a Laza no es fatalmente demostrativo de su responsabilidad, pues aparece viable y creíble la explicación que dieron acerca de por qué se encontraban juntos Laza y Vásquez.

El señor fiscal argumenta su solicitud de sentencia condenatoria en la absoluta credibilidad que otorga al informe de captura y la declaración de los aprehensores; eso está bien, pero sucede que la apreciación de los policiales no otorga certeza, comoquiera que ellos procedieron a capturar a Vásquez por meras presunciones y apreciaciones subjetivas que no lograron solidificarse a lo largo de la fase investigativa y juicio; entonces la percepción de los aprehensores quedó reducida a una especulación, a la que mal puede el despacho otorgar certeza demostrativa de responsabilidad del procesado.

Con el elemento probatorio existente necesariamente surge la duda a favor del procesado y menester resulta dar aplicación al principio in dubio pro reo, según el cual la duda debe resolverse a favor del procesado cuando no hubiere modo de eliminarla.

Para que se produzca una sentencia de tipo condenatorio, debe existir la certeza, aspecto precario en esta encuesta y si bien las pruebas recaudadas durante la fase instructiva fueron suficientes para proferir la medida de aseguramiento y la resolución acusatoria, no son los mismos presupuestos los exigidos para la sentencia condenatoria, y para ello se encuentra procesalmente establecida la fase probatoria del juicio y culminada esta, para que proceda la condena, es necesaria la certeza de la ocurrencia del hecho y de responsabilidad del imputado, presupuesto último que no se cumple en esta actuación. (...)

Por las consideraciones expuestas y discrepando de la alegación emitida por el fiscal, el despacho habrá de absolver el procesado Alveiro Vásquez Velásquez, por el cargo que le fuera elevado por el punible de extorsión agravada en tentativa.

33. Como se observa, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla corroboró la ausencia de pruebas que incriminaran al señor Vásquez Velásquez como coautor de la extorsión de la que fue víctima Rodolfo Sarmiento Gómez. En las consideraciones del fallo, se precisó que contra el procesado solo obraba un “indicio de presencia”, es decir, que se encontraba con Walter Laza Pascasio en el momento en que este realizaba una extorsión, sin que esté probado que el señor Vásquez haya tenido participación alguna en este hecho punible.

34. Así las cosas, para la Sala es claro que la absolución del señor Alveiro Vásquez Velásquez se debió a la constatación por parte del juez penal de que este no había cometido el delito por el que fue acusado, pues el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido fue insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. En esa medida, se concluye que su situación quedó subsumida en una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a saber, que el imputado no cometió el delito por el que fue llevado a juicio.

35. Ahora bien, cabe recordar que la entidad demandada alegó que la absolución del procesado se debió a la aplicación por parte del juez de primera instancia del principio in dubio pro reo, de manera que no es posible dar aplicación al régimen de responsabilidad que fijó la norma en comento. Al respecto, la Sala advierte que, efectivamente, el juzgado penal refiere la falta de certeza para dictar fallo de condena, en aplicación del artículo 247 del Decreto 2700 de 1991, y la existencia de dudas que deben ser absueltas a favor del procesado, de acuerdo con el artículo 445 del mismo estatuto procesal.

36. No obstante, como lo ha aclarado la Subsección en otros asuntos similares, la simple invocación por parte del juez penal de “dudas” sobre la responsabilidad penal del inculpado, no es suficiente para concluir que se está en la presencia de una duda razonable. Sobre este punto, la Sala ha señalado que existe una diferencia sustancial entre la duda nominal, que se invoca solo como un estado psicológico del juez y no constituye un criterio de adjudicación de responsabilidad, y la duda razonable, que surge luego de contrastarse medios de prueba de igual peso probatorio que, valorados en conjunto, impiden arribar a una certeza total sobre la responsabilidad del acusado, de modo que la balanza debe inclinarse a su favor:

La principal razón de la defensa, acogida, además, por el a quo, radica en que el señor Poveda no fue absuelto por haberse demostrado su inocencia sino en aplicación del principio in dubio pro reo, supuesto que, en su criterio, no está incluido dentro de los casos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para entonces.

Al respecto, hay que decir que, si bien es dable sostener diversas posturas sobre la naturaleza de la responsabilidad estatal, en el caso de las absoluciones proferidas en virtud del principio in dubio pro reo, esta polémica no se refiere a todos los casos en los que el juez o el fiscal invocan la duda en sus decisiones, sino únicamente a aquellos en los que efectivamente cabía la duda, al punto que no procede sino absolver al acusado.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que la duda, en cuanto estado subjetivo de la conciencia, no puede ser criterio de determinación de la responsabilidad penal o estatal. Es que en su subjetividad el juez puede llegar a dudar por cualquier motivo, sólido o débil. La mera acusación o la actitud personal del sindicado pueden ser suficientes para generar duda en un juzgador, mientras que en otros casos, quien decide exigirá que una y otras sean reforzadas. Por lo tanto, si la existencia de la duda fuera criterio suficiente de la responsabilidad penal, civil o estatal, los sujetos sometidos a juicio quedarían enteramente a merced de la subjetividad o el grado de suspicacia del juez, esto es, a un factor absolutamente subjetivo y arbitrario.

Siendo así, cabe precisar que la duda per se no es criterio de responsabilidad, pero que sí lo son los datos objetivos en los que la misma se sustenta. Esto porque de su grado de respaldo en datos externos depende que alcance el calificativo de razonable. En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita, pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y las razones exculpatorias sean significativamente improbables.

Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso que, en conjunto, impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia, la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado.

En otros casos, la duda del juez se asienta sobre fundamentos menos sólidos, uno de los cuales puede radicar en el hecho de que la acusación no haya sido desvirtuada por completo por la defensa, a pesar de que no existan pruebas consistentes sobre el hecho criminal. En este caso, la duda subjetiva del juez no se puede considerar razonable y, por lo tanto, está excluida de los supuestos de aplicación real del principio in dubio pro reo por la simplísima razón de que no pasa de ser un estado psicológico, no fundamentado y, en consecuencia, sin sustento. Sostener lo contrario implicaría aceptar que el acusado tiene el deber de desvirtuar una presunción de culpabilidad en su contra, lo cual contradice el pilar de su inocencia que sostiene la legitimidad del Estado en materia criminal.

Ahora bien, la Sala aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre la irregularidad que comporta la invocación meramente nominal del principio in dubio pro reo. En efecto, aunque en la práctica la sentencia absolutoria por la demostración de la inocencia o por la ausencia o debilidad probatoria puedan tener la misma virtud absolutoria que la sentencia auténticamente proferida en virtud del principio in dubio pro reo, no ocurre lo mismo respecto del impacto que el fallo pueda tener en el buen nombre del absuelto y en el éxito de la posible acción de reparación.

Sobre lo primero, hay que notar que los derechos fundamentales al buen nombre y a la verdad exigen que el juez no declare la existencia de duda razonable (que es a la que realmente se refiere el principio in dubio pro reo), cuando lo que realmente ocurre es que se ha demostrado la inocencia o la hipótesis sobre la culpabilidad se sustenta en pruebas endebles o simplemente carece de ellas. Así el estigma social causado por la acusación de alguna manera persiste, perpetuando una situación de duda o sospecha continua que es lesiva de los derechos fundamentales.

Por otra parte, nota la Sala que en tanto subsista el debate jurisprudencial y doctrinario sobre la responsabilidad estatal en los casos en que la sentencia condenatoria se profiera en virtud del principio in dubio pro reo, ello no comporta que la sola invocación imprecisa de este principio por parte del juzgador en sede penal sea utilizada para denegar el legítimo derecho a la reparación de quienes padecieron la privación injusta de la libertad(18).

37. En el presente caso, la Sala comprueba que, a pesar de que el juez penal recalcó la existencia de dudas sobre la responsabilidad del señor Vásquez Velásquez en el delito por el que fue acusado, tal afirmación resulta simplemente una invocación nominal del principio in dubio pro reo, mas no una constatación efectiva y material de la presencia de una duda razonable sobre la participación del procesado en el punible. La razón que llevó al juez penal a absolver al procesado, se reitera, se contrae a la inexistencia de medios de pruebas suficientes para corroborar que él fue efectivamente el autor material de la extorsión.

38. Por lo anterior, al haber comprobado que la absolución del señor Alveiro Vásquez Velásquez tuvo sustento en la falta de pruebas sobre su responsabilidad en el delito, la Sala debe reconocer que este no cometió el delito por el que fue acusado y, en esa medida, su caso se subsume en uno de los supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que lo habilita para reclamar una indemnización del Estado por la privación de la libertad que debió soportar durante el tiempo en que fue procesado.

39. Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación alegó haber procedido según las normas constitucionales y legales que rigen sus funciones, por lo que, al no evidenciarse un error judicial o conducta arbitraria o ilegal, debe eximirse de responsabilidad a la administración. No obstante, como ha sido el criterio reiterado de la corporación, no es necesario demostrar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. Al damnificado le basta con probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el curso de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención. Con esa sola circunstancia, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos(19).

40. La razón de ser de esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos esenciales y, en general, de su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(20).

41. Dado que Alveiro Vásquez Velásquez tuvo que soportar la carga de ser privado de la libertad mientras que el Estado, a través de su aparato investigativo y judicial, examinaba su responsabilidad en una conducta punible, merece ser compensado por el hecho de haberse quebrado, en perjuicio suyo, el principio de igualdad ante las cargas públicas.

42. Se aclara que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues fue en desarrollo de las actuaciones de esta entidad que se privó de la libertad al señor Alveiro Vásquez Velásquez. En el caso de la rama judicial, se constata que el juez de primera instancia absolvió y concedió la libertad al demandante, por lo que no debe asumir la responsabilidad patrimonial en el presente caso.

43. La Sala considera importante señalar que no solamente fue injusta la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante, sino que el procedimiento de captura en supuesta flagrancia fue ilegal y arbitrario, como se explica a continuación.

43.1. La ley penal permite la captura en flagrancia cuando la persona sea sorprendida en el momento de cometer un hecho punible o cuando sea encontrada con objetos, instrumentos o huellas de los que aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él, o cuando es perseguida por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pide su captura(21).

43.2. No obstante, la captura, al ser una medida privativa de la libertad, debe someterse al cumplimiento estricto de los requisitos de necesidad, proporcionalidad y convicción sobre la probabilidad del hecho punible, además de estar sujeta a la satisfacción de los fines constitucionales, pues de no ser así, puede incurrirse en una captura ilegal y/o arbitraria(22). Este tipo de aprehensiones están proscritas por el derecho interno y por el derecho internacional de los derechos humanos.

43.3. Tanto la Convención americana sobre derechos humanos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos prohíben dos tipos de privación de la libertad: las detenciones ilegales y las arbitrarias(23).

43.4. En el sistema interamericano, la limitación de la libertad física, así sea por un período breve y se realice solo con fines de identificación, es ilegal si no se ajusta estrictamente “a lo que la Convención americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando esta sea compatible con la convención”(24). Por tanto, para el examen de legalidad de la medida es preciso remitirse a las normas constitucionales y legales a nivel interno, “por lo que cualquier requisito establecido en estas que no sea cumplido, haría que la privación de libertad sea ilegal y contraria a la Convención americana”(25).

43.5. A su vez, la privación de la libertad es arbitraria cuando la persona es sometida “a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”(26). Por lo tanto, agrega la Corte Interamericana, “no se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia con el fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad”(27).

43.6. En el sistema de Naciones Unidas, se precisa que la detención es ilegal si no se efectúa de acuerdo con las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ella, y es arbitraria si carece de todo fundamento jurídico. Sobre la arbitrariedad, se considera que este concepto “no se debe equiparar con el de ‘contrario a la ley’, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también el principio de las garantías procesales”(28).

43.7. En el caso bajo análisis, la captura del señor Vásquez Velásquez, llevada a cabo por agentes del Gaula el 30 de marzo de 2000, fue ilegal y arbitraria dado que los funcionarios encargados del operativo apelaron a la violencia y golpearon con un objeto contundente al capturado, como se puede apreciar en el informe de Medicina Legal, que registró lesiones en el hemotórax y hombro derecho, que le causaron incapacidad (fl. 23, c. 1):

Anamnesis: “Los que me detuvieron me empujaron cuando me iba a sentar y me golpeé en el brazo derecho, el 30 de marzo del 2000 a las 16:00 horas”.

Al examen actual presenta:

1. Equimosis y edema leve de 6x5 cm en hemotórax anterior parte inferior.

2. Equimosis discreta en cara anterior de hombro izquierdo.

3. Refiere dolor en hombro derecho, sin huellas de lesión a ese nivel, con movimientos normales.

4. Cicatrices antiguas en muslo derecho, que no guardan relación con los hechos.

Lesiones ocasionadas por elemento contundente. Incapacidad médico legal definitiva de seis (6) días. Sin secuela médico legal.

43.8. Esta situación fue advertida además por el Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, al punto que, en la sentencia que absolvió de responsabilidad al procesado, ordenó remitir copias del proceso al juez de instrucción penal militar —reparto— con el fin de que valorara si los agentes incurrieron en un delito contra la vida y la integridad (fl. 382, c. 1):

El despacho no puede pasar por alto que el sentenciado Vásquez Velásquez —al igual que Laza— fue objeto de maltratos físicos, según su dicho, propiciados por miembros del Gaula, al punto que Medicina Legal les expidió incapacidades de 4 y 6 días, respectivamente, por lesiones causadas con objeto contundente; tal situación amerita la correspondiente investigación penal, al encontrarnos posiblemente ante la ocurrencia de un punible de los definidos en el capítulo II, título XIV del C. Penal Militar; por ello al juez de instrucción penal militar de esta ciudad y para el fin indicado se remitirán copias del informe que aparece a folios 14/16, de las incapacidades emitidas por Medicina Legal y de las indagatorias rendidas por Laza Pascasio y Vásquez Velásquez.

43.9. Pese a que el Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla ordenó la remisión del informe de Medicina Legal a los juzgados penales militares para que se surtiera la investigación pertinente (fl. 383, c. 1), y que consta que esa orden se ejecutó (fl. 391, c. 1), el expediente no registra los resultados de dicha investigación, por lo que no es posible determinar si los funcionarios que efectuaron la captura del señor Vásquez Velásquez incurrieron en delito alguno.

43.10. En todo el caso, el informe emitido por Medicina Legal es prueba suficiente del maltrato al que fue sometido el capturado como resultado de un uso irrazonable y desproporcionado de la fuerza. Como lo ha dicho antes la Subsección, el uso de la fuerza y, en especial, la utilización de armas (como el objeto contundente empleado) es una actividad riesgosa y, por lo mismo, debe ser el último recurso a utilizar por las autoridades, luego de que otros medios menos lesivos hayan fallado(29).

43.11. Al respecto, el código de conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 169/34 de 17 de diciembre de 1979(30), indica en su artículo 3º que las autoridades sólo podrán utilizar la fuerza en los casos estrictamente necesarios.

43.12. Por su parte, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 2º de la Carta Política, ha determinado que “las medidas de policía deben ser proporcionales y razonables en atención a las circunstancias y al fin perseguido: debe entonces evitarse todo exceso innecesario”(31).

43.13. Sobre la proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza, el artículo 30 del Decreto 1355 de 1970, modificado por el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, Código Nacional de Policía, ha establecido: “Para preservar el orden público la Policía empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre entre los más eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento”.

43.14. No cabe duda de que la captura es una manifestación del poder de policía y, por lo tanto, debe sujetarse a los lineamientos ya esbozados de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad en el uso de la fuerza. Los agentes comisionados del Gaula, al haber causado lesiones al capturado en el procedimiento de aprehensión, al punto que dejaron hematomas en su cuerpo y le generaron una incapacidad médico-legal, desconocieron estos parámetros y tornaron así la captura en ilegal y arbitraria.

43.15. En vista de lo anterior, se ordenará el envío de una copia de esta sentencia a la Policía Nacional con el objeto de que la entidad adopte las medidas necesarias para garantizar que hechos como el aquí registrado no se repitan en el futuro.

VI. Liquidación de perjuicios

44. En el recurso de apelación, la parte actora se mostró inconforme con la liquidación de los perjuicios morales hecha por el tribunal a quo, que reconoció a favor del señor Alveiro Vásquez Velásquez, 70 smlmv; a favor de su madre, 40 smlmv; y a favor de cada uno de sus hermanos, 20 smlmv, y solicitó una compensación de 1.000 smlmv a favor del detenido y 500 smlmv a favor de su madre y cada uno de sus hermanos, debido al perjuicio moral que les produjo la privación injusta de la libertad, al daño en el buen nombre de la familia y al rechazo social que este hecho les generó, al punto de obligarlos a abandonar su lugar de domicilio. Por lo tanto, la Sala pasa a ocuparse de esta cuestión.

44.1. Para fijar el valor correspondiente a la compensación del perjuicio moral, la Sala aclara que la condena se proferirá, como lo hizo el a quo, en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes(32).

44.2. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no como restitución o reparación; (ii) el principio de equidad establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la obligación de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras decisiones para efectos de garantizar el principio de igualdad(33).

44.3. En los casos de privación injusta de la libertad, se presume que el individuo sometido a detención padece una afectación moral “por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia”(34).

44.4. En relación con la cuantificación del perjuicio moral, en reciente decisión de la Sala Plena de esta Sección se unificaron los criterios para la tasación del mismo en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros interpretativos: (i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; (ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se trató de reclusión en centro carcelario o de detención domiciliaria; (iii) la gravedad de la conducta por la cual fue investigado y/o acusado el sindicado; (iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad(35).

44.5. En la misma providencia, la Sala consideró que, sin perjuicio de las circunstancias especiales del caso concreto, los siguientes lineamientos permiten orientar la discrecionalidad del juez para la tasación de tales perjuicios: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(36).

44.6. En atención a la reciente sentencia de la Sala Plena, teniendo en cuenta que Alveiro Vásquez Velásquez permaneció privado de la libertad durante un año, un mes y tres días —entre el 30 de marzo de 2000 y el 3 de mayo de 2001—, el monto de la condena deberá ser, en principio, de 90 smlmv. No obstante, se estima procedente aumentar el valor de dicha condena como una forma de reparar el dolor moral sufrido con ocasión de la captura ilegal y arbitraria del demandante, de modo que se concederá la suma final de 100 smlmv por ese concepto.

44.7. Para la compensación del perjuicio moral causado a los familiares del señor Alveiro Vásquez Velásquez se comprueba que este es hijo de Dalia Isabel Velásquez Centeno y hermano de Elia Vásquez Velásquez y Edgardo Vásquez Velásquez. Esta Sala ha indicado que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de la misma familia, de una relación de afecto profunda y, por tanto, del sufrimiento intenso que experimentan unos con el padecimiento de otros(37). En esa medida y acudiendo al criterio anterior, se reconocerá 100 smlmv a favor de su madre, y 50 smlmv a favor de cada uno de sus hermanos.

44.8. Sobre los derechos a la honra y el honor que la parte actora alega vulnerados, se aclara que, si bien los procesos judiciales tienen la nota de ser públicos y de libre acceso para la ciudadanía, en este caso no está acreditado que la entidad demandada haya afectado la reputación, la imagen social o el respeto debido al señor Alveiro Vásquez Velásquez porque, por ejemplo, haya difundido sobre él información falsa o injuriosa, o lo haya presentado como culpable ante los medios de comunicación(38). Además, no está demostrado que los demandantes hayan tenido que abandonar su lugar de domicilio o residencia debido a los señalamientos y al escarnio público, e incluso de estar acreditado, se ignora la relación entre esta circunstancia y el proceso judicial al que fue sometido el señor Vásquez Velásquez, por lo que no se aumentará el valor de la condena antes anunciada.

45. Para la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala observa que el señor Vásquez se desempeñó como conductor de la empresa Eléctricas del Norte de Santander, S. A. durante los años 1998 y 1999, según las constancias que reposan en el plenario (fls. 259, 366, c. 1). No obstante, dado que se desconoce el monto de sus ingresos, se debe acudir al criterio jurisprudencial vigente según el cual, ante la ausencia de un medio de prueba que acredite lo percibido por una persona en edad productiva, se presume que esta devengaba al menos un salario mínimo, que actualmente corresponde a $616.000.

45.1. Para el cálculo del lucro cesante, se toma como base el salario de la persona en su valor actual ($616.000) y se adiciona el 25% equivalente a las prestaciones sociales, como bien lo apunta el demandante, para un valor total de $770.000. A este valor se le aplica un interés mensual de 0,004867 por los 13.1 meses que duró privado de la libertad el señor Vásquez (desde el 30 de marzo de 2000 hasta el 3 de mayo de 2001).

45.2. Ahora bien, se considera procedente extender dicho período de tiempo por el término en que Vásquez Velásquez debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en un periodo adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, tarda una persona en edad productiva para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado esta Sala en anteriores oportunidades con base en la información brindada por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(39). Se aplica esta estimación dado que no obra prueba en el expediente de que el demandante haya encontrado trabajo en un tiempo menor al señalado, luego de ser puesto en libertad. En total, el período total a indemnizar será de 21,85 meses.

La fórmula se aplicará así:

 

2003-01-
 

 

S = $17.706.281

45.3. Sin embargo, dado que la pretensión formulada en la demanda y reiterada en el recurso de alzada se circunscribe a solicitar por concepto de reparación de lucro cesante la suma de $5.752.666 y que la Sala está inhabilitada para modificar o adicionar lo pedido, procederá únicamente a actualizar dicho valor de acuerdo con la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($5.752.666), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (116,80)(40), e IPC inicial el índice de la serie de empalme de la fecha de la demanda (74,86)(41).

45.4. En suma, se reconocerá a favor de Alveiro Vásquez Velásquez un monto total de $8.975.572 por concepto de reparación del lucro dejado de percibir con ocasión de la privación injusta de la libertad.

VII. Costas

46. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, a pesar de que los demandantes solicitaron que se condenara en costas a la entidad (fl. 418, c. 1), no se observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de dicha parte dentro del proceso, por lo que la Sala se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 25 de junio de 2008, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor de la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia y la Nación - rama judicial, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que debió soportar el señor Alveiro Vásquez Velásquez como consecuencia del proceso penal seguido en su contra.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de perjuicios morales: a favor de Alveiro Vásquez Velásquez y Dalia Isabel Velásquez Centeno, el valor de 100 smlmv para cada uno; a favor de Elia Vásquez Velásquez y Edgardo Vásquez Velásquez, lo correspondiente a 50 smlmv para cada uno.

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar como reparación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Alveiro Vásquez Velásquez, la suma de $8.975.572.

5. INFORMAR a la Policía Nacional el contenido de esta decisión para que, en atención a lo dicho en los párrafos 43 a 43.15 de la misma, adopte las medidas correctivas que estime pertinentes y conducentes a evitar un uso inadecuado, arbitrario o desproporcionado de la fuerza en los procedimientos de captura de ciudadanos.

6. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expedir por Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 20104, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Expediente 21507, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) La norma mencionada agrega: “Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(6) Se probó que Alveiro Vásquez Velásquez es hijo de Dalia Isabel Velásquez Centeno (registro civil de nacimiento —fl. 415, c. 1—) y hermano de Elia Vásquez Velásquez y Edgardo Vásquez Velásquez (registros civiles de nacimiento —fls. 413-414, c. 1—).

(7) Sin perjuicio de la reciente decisión de unificación de la Sala Plena de esta Sección, según la cual los medios de prueba documentales traídos en copia simple al proceso serán valorados sin mayores formalidades, siempre que no se haya cuestionado su autenticidad a través de la tacha de falsedad. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C. P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2011, Expediente 16934, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) Constitución Política. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...)

(10) Convención americana sobre derechos humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7º. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (...); Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. (...)

(11) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C Nº 170, párr. 52.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, Expediente 20942, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Expediente 21653, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Expediente 27536, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de 30 de octubre de 2013, Expediente 30403, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Expediente 29779, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 24688, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(21) Decreto 2700 de 1991. Artículo 370.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2013, Expediente 30890, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

(23) Ver, Convención americana sobre derechos humanos. Artículos 7.2 y 7.3; Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Artículo 9.1.

(24) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Torres Millacura y otro vs. Argentina, sentencia de 26 de agosto de 2011, serie C Nº 229, párr. 76; Familia Barrios vs. Venezuela, sentencia de 24 de noviembre de 2011, serie C Nº 237, párr. 75.

(25) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cit., párr. 57; Fleury y otros vs. Haití, sentencia de 23 de noviembre de 2011, serie C Nº 236, párr. 54.

(26) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gangaram Panday vs. Suriname, sentencia de 21 de enero de 1994, serie C Nº 16, párr. 47; Fleury y otros vs. Haití, cit., párr. 58.

(27) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, sentencia de 24 de octubre de 2012, serie C Nº 251, párr. 132; Comité de Derechos Humanos, Albert Womah Mukong vs. Camerún, dictamen Nº 458/1991, 21 de julio de 1994, UN Doc. CCPR/C/51/D/458/1991, párr. 9.8.

(28) Comité de Derechos Humanos, Gorji-Dinka vs. Camerún, dictamen Nº 1134/2002, 1º de abril de 2005, UN. Doc. CCPR/C/83/D/1134/2002, párr. 5.1; Proyecto de Observación General Nº 35. Artículo 9º. Libertad y seguridad personales, 107 periodo de sesiones, CCPR/C/107/R.3, 29 de enero de 2013, párr. 13.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2013, Expediente 27156, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(30) El carácter no vinculante de la resolución no obsta para que opere como parámetro de interpretación de la Constitución y la ley colombianas. Ver, Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-492 de 2002, M. P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232-15646, C. P. Alier Hernández Enríquez.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Expediente 18370, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15980, C. P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C. P. Enrique Gil Botero.

(36) Ibídem.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, Expediente 14 808, C. P. Germán Rodríguez.

(38) Esta corporación ha señalado, con base en la jurisprudencia constitucional, que el buen nombre se refiere a la reputación o imagen social del ciudadano, mientras que la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, Expediente 35235, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 29 de agosto de 2012, Expediente 24097, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Corte Constitucional, sentencias C-489 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-921 de 2002, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(39) Cfr. Uribe, José Ignacio y Gómez, Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, y reiterada por esta Subsección en sentencia de 3 de diciembre de 2012, Expediente 26258, C. P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(40) IPC de mayo de 2014.

(41) IPC de julio de 2003.