SENTENCIA 2003-01950/33952 DE DICIEMBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 2003-01950 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

Rad. Nº: 20001233100020030195001 (33952)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Iván Castro Maya

Demandado: Nación – Dirección Nacional de Administración Judicial

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 1º de marzo de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar que declaró la excepción de falta de relación de causalidad, propuesta por la entidad demandada al tiempo que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El día 25 de julio de 2003, el señor Iván Castro a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Dirección Nacional de Administración Judicial por considerarla responsable de los perjuicios sufridos como consecuencia del error judicial y/o defectuosa prestación del servicio de administración de justicia, en que presuntamente incurrieron los juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar porque no se decretó la suspensión del proceso adelantado en su contra por Granahorrar, al tiempo que propició la indebida defensa de sus intereses.

I. PRIMERA INSTANCIA

1.1. Exposición fáctica de la demanda.

Sostiene el escrito de demanda que el actor y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” celebraron dos contratos de mutuo pactados en unidades de poder adquisitivo constante (UPAC). Mediante pagaré Nº 4509-0000799-0 de fecha 12 de enero de 1994, el actor se obligó a reconocer y pagar “la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. ($ 45.225.000), equivalente, a la fecha del desembolso, en OCHO MIL CUATROSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE unidades de poder adquisitivo constante UPAC (8.449,5280). Monto reducido a moneda legal colombiana según equivalencia de la UPAC el día de cada pago en ciento ochenta (180) cuotas mensuales consecutivas, pagadera la primera cuota el doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y la segunda cuota el doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y así sucesivamente cada mes sin interrupción hasta la cancelación total de la deuda”. Dicho crédito, según el actor, se destinó a la compra de una vivienda y en él se fijó un interés sobre saldo insoluto a la tasa fija anual efectiva del 16%.

Así mismo, se indica que mediante pagaré Nº 4509-5000029-2, del 26 de mayo de 1994, el actor se obligó por la cantidad de “TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($ 35´176.000), equivalente a la fecha de desembolso en SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNA unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) CON TRES MIL OCHOCIENTAS SIETE fracciones de UPAC (6.161,3807). Monto reducido a moneda legal colombiana según equivalencia de la UPAC el día de cada pago en ciento sesenta (160) cuotas mensuales consecutivas, pagadera la priera (sic) cuota el veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y la segunda cuota el veintiséis (26) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y así sucesivamente cada mes sin interrupción hasta la cancelación total de la deuda”. El crédito se destinó a la compra de dos vehículos de “trabajo Van Wfr”, y se estipuló un interés del 18% anual.

A los dos créditos anteriores, según se informa en la demanda, se les sumaba la tasa variable correspondiente a la corrección monetaria y en caso de mora se les aplicaba la tasa anual efectiva máxima permitida por las leyes colombianas.

Se expone que, conforme el Decreto 677 de 1972 mediante el UPAC se buscaba conservar el valor constante de los ahorros y de los préstamos y que los intereses pactados serían liquidados sobre el valor principal reajustado, de donde se destaca que “en la UPAC se reconoce una rentabilidad de ahorro dirigido a este sistema, pero una vez reajustada la cantidad principal depositada confluye una porción de capital e interés.

Conforme lo anterior, se precisa el escrito de demanda que un pagaré no puede contener una promesa incondicional de pagar unidades de poder adquisitivo constante sin expresión de su equivalencia al momento del otorgamiento y que tampoco lo puede exigir el juez, pues las UPACs o UVRs son unidades de medida representativas del dinero y no el dinero en sí mismo y que el dinero representado por ellas está por determinarse, pues su valor depende del incremento de los precios de bienes y servicios, año por año.

Igualmente, se señala que “el legislador mediante el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 trató de morigerar el giro que hacían las corporaciones de ahorro y vivienda de pagarés en UPACs, al decir que “para los efectos del art. 884 del Código de Comercio, en las obligaciones pactadas en unidades de poder adquisitivo constante, UPACs o respecto de las cuales se estipule cualquier otra cláusula de reajuste, la corrección monetaria o el correspondiente reajuste se computará como interés”. Lo que significa que cuando se pacta en UPACs la prestación cambiaria, el valor equivalente a estas unidades al momento del giro u otorgamiento del título valor corresponde al capital y la diferencia entre esta cantidad y el valor de las UPACs al momento de su exigibilidad, constituye o representa intereses, lo cual tiene como consecuencia, aunque la norma no lo especifica, que tales intereses deben considerarse en el plazo y que los intereses moratorios han de liquidarse únicamente sobre el capital, esto es la equivalencia de las UPACs al momento del otorgamiento del título valor y no al momento de su exigibilidad por parte del acreedor.

Así mismo, se señaló que “se estipuló (contrario a derecho) que debería “...entenderse para todos los efectos, que la corrección monetaria tiene carácter de intereses en el plazo, constituyéndose como base para el cálculo de los intereses moratorios. Tanto los intereses en el plazo como en la mora serán liquidados en unidades de poder adquisitivo constante UPAC y pagaderos en moneda legal colombiana de acuerdo con la equivalencia de la UPAC el día que se efectúe el pago”.

También, se precisó que el banco se irrogó la facultad de variar la tasa pactada y que, aunque se dijo que los abonos al título valor serían registrados en los archivos sistematizados de cartera, los mismos no fueron aportados para su cobro ejecutivo.

Se indicó, que ambos créditos fueron respaldados con garantía hipotecaria mediante escritura pública # 4.298 del 30 de diciembre de 1993 y # 1.271 del 4 de mayo de 1994, debidamente inscritas en la oficina de registros públicos sobre los siguientes bienes inmuebles:

a) Lote de terreno junto con la casa de habitación en él construida, ubicado en la carrera 19 Nº 2-61 de la actual nomenclatura (de Valledupar), con extensión superficiaria de 279,90 metros cuadrados, comprendidos dentro de los siguientes linderos: (...)

b) un lote de terreno junto con la casa de habitación en él construida, ubicado en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, en la carrera 4 Nº 15-15 de la actual nomenclatura, con extensión superficiaria de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (656 MTS.2) comprendidos dentro de los siguientes linderos: (...)”. 

Del mismo modo, planteó que por razones declaradas “HECHOS NOTORIOS” por las autoridades judiciales, el deudor cesó en el pago de sus obligaciones “bajo el desmesurado comportamiento de crecimiento en la liquidación de los interese de las cuotas mensuales”. Motivo por el que Granahorrar, el 13 de junio de 1997, instauró demanda ejecutiva con título hipotecario contra el actor, la que por reparto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar.

Se indicó, que en la demanda ejecutiva se solicitó librar mandamiento de pago por concepto de capital, por la suma de cincuenta y cuatro millones once mil ciento cuarenta y cinco pesos ($ 54´011.145) equivalente a cinco mil trescientas cincuenta y cinco unidades con seis mil noventa y siete diez (sic) milésimas de UPAC (5.355,6097 UPAC) y por cincuenta y nueve millones ochocientos ocho mil quinientos pesos (%59´808.500) como capital, equivalente a cinco mil novecientas treinta unidades con cuatro mil ochocientas noventa y tres diez milésimas de UPAC (5.930,4893 UPAC), según la tabla de valor dada por Banco de la República y sin que se determinara a cuál de los créditos correspondían dichos saldos, pues solo se argumentó que “el crédito de vivienda, pagaré Nº 4509-0000799-0, a fecha 21 de febrero de 1997 se encontraba en mora en trece (13) cuotas; mientras que el otro crédito, pagaré Nº 4509-5000029-2, adeudaba once (11) cuotas en mora a la misma fecha”.

Se informó que el 18 de junio de 1997, se libró mandamiento de pago contra el obligado por las unidades pedidas como unidad de cuenta “sin señalar en el mandamiento equivalencia alguna en moneda de curso legal ya que estas se harían en la fecha de efectuarse el pago, además de los intereses moratorios a la tasa máxima permitida, liquidados a partir de cuándo se hicieron exigibles las obligaciones, hasta cuando se verifique el pago. Y que, además, en la misma providencia se ordenó el embargo y secuestro de los bienes dados en garantía, lo cual se reafirmó en auto del 27 de octubre del mismo año.

Del mismo modo, se señala, que, como no se notificó personalmente al librado, se le nombró curador ad litem quien guardó silencio respecto de la manera de exigir el pago de lo demandado, asumiendo una actitud pasiva en la actuación, aspecto que constituye una “Falta de defensa técnica de los derechos protegidos”, pues se limitó a señalar que “no existía razón alguna que desvirtuara el mandamiento de pago y el señalamiento de sus expensas”. Mediante providencia del 3 de febrero de 1998, el Juez en razón del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil decretó la venta en pública subasta de los inmuebles hipotecados, dispuso la liquidación del crédito y el avalúo de los bienes embargados y secuestrados “y de aquellos que posteriormente se embargue” al tiempo que condenó en costas al demandado, apoyado en el supuesto según el cual, “la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, convino conceder un crédito al señor Iván José Castro Maya que la Corporación recibió (sic) en calidad de Mutuo, por la suma de Ochenta Millones Cuatrocientos Un Mil Pesos (80´401.000.oo). Afirmación contraria a la realidad.

Se precisa que la anterior providencia fue confirmada en consulta, el 28 de abril de 1998, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, sin que, en ninguna de las instancias, hubiese intervenido el Curador designado.

Se indica que, de manera extemporánea, la parte ejecutante presentó liquidación del crédito, singularizando las obligaciones por la suma de Cien Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Pesos ($ 100´679.700), “detallando el monto de un capital ($ 62´090.400), intereses corrientes ($ 34´823.100)”. Sostiene, que dicha liquidación del crédito fue aprobada en todas sus partes en auto del 18 de noviembre de 1998, sin que hubiese pronunciamiento alguno por parte del curador designado frente al “cúmulo de violaciones a la ley procedimental y sustancial”.

Del mismo modo, se señala que, por solicitud de la parte demandante, el Juez señaló fecha para practicar el remate de los bienes y que, pasada la primera oportunidad (25 de mayo de 1999), el demandado, ahora actor, intervino en el proceso mediante apoderado judicial.

En este punto, se precisa que, conforme el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil, los cargos de los auxiliares de la justicia son oficios públicos, razón por la que su inadecuado desempeño compromete la responsabilidad del Estado.

Del mismo modo, se indica que, mediante decisión del 13 de junio de 1997, esta corporación había declarado la nulidad del artículo 1 de la Resolución Nº 18 del 30 de junio de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República y que la Corte Constitucional en los términos de las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 excluyó del marco legal la estructura del sistema UPAC y el régimen de financiación de vivienda, con efectos desde el 31 de diciembre de 1999. Y que mediante la Ley 546 de 1999 se establecieron las normas en materia de vivienda, los objetivos y criterios generales a los cuales debía sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación.

Así mismo, se expone que el 15 de febrero de 2000, el actor solicitó al despacho de conocimiento “ordenar la suspensión del proceso (...) por cuanto me he acogido a la reliquidación y reestructuración del crédito hipotecario. Derecho: Art. 42, parágrafo 3º, Ley 546 del 23 de diciembre de 1999”. Lo anterior acompañado de copia de las solicitudes formuladas al Banco Granahorrar sucursal Valledupar. Al respecto, se precisa que “la funcionaria encargada del despacho, en ese entonces, se abstuvo de darle trámite por no reunir los requisitos exigidos por el artículo 170 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil” y que, ante la negativa, el ejecutado, efectuó nueva solicitud la que se resolvió en auto del 18 de mayo de 2000 y del cual resalta:

Con la demanda se anexa como título ejecutivo, dos (2) pagarés; el Nº 4509-5000029-2, por el valor de $ 35´000.000.oo y el Nº 4509-00007999-0 por $ 45´225.000.oo ambos expresados en las extintas unidades de poder adquisitivo constante UPAC. Se allegaron también con la demanda las escrituras Nos. 4298 del 30 de diciembre de 1993 y 1271 del 4 de mayo de 1994; mediante las cuales el demandado constituye hipoteca abierta sin límite de cuantía, a favor de la entidad demandante.

La obligación que respalda el pagaré Nº 4509-0000799-0 por $ 45´000.000.oo fue otorgada para adquisición de vivienda, según comunicación dirigida al demandado el 20 de Diciembre de 1993; suscrita por el Gerente de Granahorrar sucursal Valledupar (...) en donde le comunican la aprobación del crédito; y la obligación contenida en el pagaré Nº 4509-5000029-2, según comunicación efectuada por la misma gerente al demandado, por $ 35´000.000.oo, fue otorgada para inversión, distinta a la de vivienda. 

La ley invocada por el peticionario se refiere específicamente a normas en materia de financiación de vivienda, lo que no ocurre en este caso como ya quedó dicho, por cuanto se trata de dos clases de obligaciones, una para financiación de vivienda y la otra para inversión”. 

Se sostiene que, contra la anterior providencia, el 24 de mayo de 2000, se interpuso recurso de reposición, en subsidio apelación y que el 23 de junio del mismo año, la Juez de conocimiento se declaró impedida y trasladó el proceso al Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar. El nuevo funcionario, resolvió negativamente el recurso de reposición bajo el argumento de que la Ley 546 de 1999, estableció el plazo de 90 días para acordar la reliquidación, plazo que se encontraba vencido y que, conforme lo manifestado por la parte demandante, dicha reliquidación no tendría eficacia, presupuesto que resultaba indispensable para decretar la suspensión.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 5 de febrero de 2002, confirmó la decisión de primera instancia, pues “(...) en el proceso ejecutivo (...) se cobran dos (2) créditos con origen distinto, lo que hace que la situación planteada por el peticionario no se tipifique en lo descrito en lo normado en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. A ello hay que agregar que existe el embargo del remanente y una decisión como la anotada comportaría la relación del derecho del tercero, puesto que una reliquidación acordada entre el demandado con GRANAHORRAR pondría al tercero al margen de un acuerdo sin su consentimiento, situación en la cual podrían violarse derechos fundamentales”. Para el actor, el anterior argumento, se sobrepone al derecho fundamental a la vivienda digna que protegió la Corte Constitucional en las decisiones ya reseñadas a la regulación del sistema de financiación de vivienda. Para el efecto se apoya en sentencia del 22 de febrero de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.

Reitera, así mismo, que a pesar de la firmeza de las sentencias de nulidad de radicación 9280 y de constitucionalidad C-383, C-700, C-747 de 1999 y C-955, C-1140 y SU-846 de 2000, en su caso los derechos al debido proceso a la vivienda digna no fueron protegidos en tanto, los jueces que tuvieron a su cargo el asunto omitieron poner en “marcha la implementación del saneamiento del proceso reiterando los elementos que hacían ILÍCITO el título ejecutivo complejo”. Destacó que, contrariando el espíritu constitucional, para los administradores de justicia primó la “acumulación de pretensiones” al punto que el mandamiento de pago se mantuvo incólume, sin perjuicio de la NULIDAD Constitucional Sobreviniente surgida en el mismo instante que DESAPARECIÓ jurídicamente el sistema UPAC, soporte normativo del pagaré”.

Se resaltó, también que el 18 de febrero de 2002, el Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar remitió el expediente al Juzgado Primero de la misma especialidad por considerar que había cesado el impedimento planteado y que el destinatario retomó el conocimiento el 26 del mismo mes y año.

Sostuvo, que la reliquidación de los créditos en UPAC debía cubrir a todas las personas que tuvieron créditos por dicho sistema, independientemente de que a 31 de diciembre de 1999 estuvieran vigentes, en mora o al día al tiempo que debían reliquidarse eliminando la capitalización de intereses. Para el efecto se apoya en la Sentencia C-383 de 1999.

Así mismo, sostiene que el demandante en el proceso ejecutivo tomó como factor de equivalencia para la transición de las UPAC a UVR el factor señalado en el artículo 1 del Decreto 2703 de 1999, a pesar de su inexequibilidad y de donde los créditos distintos a las conferidas para la financiación de vivienda no podían hacerse efectivos por falta de equivalencia legal y legítima que permitiera la conversión de UPAC a pesos.

Como corolario, expone que “la entidad demandante liquidó y las instancias judiciales permitieron, cobró (sic) sumas de dinero que no debía liquidar ni cobrar, aspecto que afecta el patrimonio de mi mandante ya que, por error de derecho, mantuvo aplicada la vigencia del contrato cual quedara sin sustento jurídico alguno luego de producido el rompimiento jurídico de soporte; lo que aunado a la indebida capitalización de intereses, produjo un resentimiento económico al demandado (...)” y que, liquidada la obligación con base en el Decreto 0163 de 1990 esto es manteniendo la fuerza normativa del UPAC no obstante su nulidad, se obtuvo una suma de capital desbordada.

Sostiene, adicionalmente, que, en providencia del 25 de julio de 2002, se adjudicaron al acreedor los inmuebles objeto de las medidas cautelares, por el equivalente al 70% del avalúo, es decir, por la suma de doscientos ochenta y dos millones tres mil cuatrocientos pesos ($ 282´003.400) quedando un cuantioso remanente a favor de la entidad bancaria.

Señala, así mismo que, en el proceso ejecutivo se le impuso “ARBITRARIAMENTE” la coerción y el pago de una obligación natural y que debió reliquidarse el crédito y suspenderse el proceso como lo ordenaba la norma. Igualmente expone que, aunque se objetó la adición de liquidación del crédito, no se admitió porque no se especificó el rubro sobre el cual existía inconformidad.

Finalmente, concreta los errores de la administración de justicia y su defectuoso funcionamiento en i) lo deficiente de la defensa de sus intereses del curador, lo que equivale a una indebida defensa técnica ii) que se libró mandamiento de pago en UPAC a pesar de que habían desaparecido del ordenamiento jurídico y se dispuso medidas cautelares, iii) que se hizo equivalente el UPAC a pesos en la fecha del remate a pesar lo anotado, iv) que no se esclareció el monto real de los créditos de vivienda y ordinario de libre inversión, no obstante la objeción formulada por el deudor, v) que se acumularon dos créditos de distinta naturaleza, siendo que uno de ellos tenía que haberse suspendido y terminado de oficio, vi) que el crédito de libre inversión también debía suspenderse de manera indefinida por “quedar en el limbo jurídico” y vii) que se omitió decretar el pago de natural de la obligación.

Igualmente, se precisa, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, que todo daño antijurídico imputable al Estado compromete su responsabilidad al tiempo que invoca el principio iura novit curia.

Así mismo, se indicó que el actor ha debido incurrir en gastos por valor de Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos como consecuencia del despojo de sus bienes destinados a “satisfacer su necesidad habitacional (vivienda) y el funcionamiento del colegio INCOS” (fls. 14-36 cdno. ppal.) (Negrilla y subraya propia del texto).

1.2. Pretensiones.

Con base en la situación fáctica expuesta, la parte actora impetra las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO. Declarar administrativamente responsable a LA NACIÓN – DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por la responsabilidad patrimonial que por daño antijurídico está configurado tanto por los perjuicios materiales como morales sufridos por el actor, originados por ERROR JUDICIAL, derivado de las providencias emitidas por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, quien a su vez confirmara los pronunciamientos, reseñados en los hechos de esta demanda, por los juzgados Primero y/o Segundo Civil del Circuito de Valledupar (Cesar) y el DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, por carencia de Defensa Técnica dentro del Proceso, vulnerando el derecho fundamental del aquí demandante. 

SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación – Dirección Nacional de Administración Judicial a pagar al demandante IVAN CASTRO MAYA, las siguientes sumas de dinero: 

Por perjuicios materiales: 

1. La suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($ 541´945.306), más los intereses moratorios a la tasa anual efectiva máxima certificada por la Superintendencia Bancaria que se causen dentro del periodo del 09 de julio de 2002 hasta el día en que se haga efectivo el pago de la sentencia. Esto como consecuencia de la liquidación pecuniaria que la Administración Judicial puso en cabeza del actor como monto a desembolsar para cubrir las Obligaciones Naturales a que hace referencia los documentos privados denominados “Pagarés” Nº 450900011130 y 450950000292, de la entidad Banco Granahorrar, y la liquidación de costas del proceso a favor del demandante Subsidiariamente, para este punto, la suma de CUATROCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 402´862.000), actualizada desde el día primero (1º) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998) a la fecha de ejecutoria del fallo que termine este proceso, de conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor o al por mayor, certificados por el DANE, más intereses compensatorios a título de lucro cesante a la tasa del 6% anual. Este rubro se entenderá a título de daño emergente. 

2. La suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 1´400.000) por cada mes transcurrido desde la fecha de entrega del inmueble al Banco Granahorrar (20 de Enero de 2003) hasta cuando se efectúe el pago total de lo sentenciado en este proceso; como consecuencia del despojo de los inmuebles de propiedad del actor destinados a satisfacer su necesidad habitacional (vivienda) y el funcionamiento del Colegio INCOS. Rubro que constituye lucro cesante al verse el actor compelido a remediar dicha expropiación ilícita con el arrendamiento de otros inmuebles que, aun cuando no de las mismas calidades y características, imponen la necesidad de seguir brindando una vivienda digna para su familia, así como mantener en funcionamiento la fuente de sus ingresos. 

3. En subsidio: Si no hubiere en los autos bases suficientes para la liquidación matemática de los perjuicios materiales que se deben al demandante, el Tribunal, por razones de equidad, los fijará en el equivalente en pesos a la fecha de ejecutoria de la Sentencia en UN MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, dando aplicación con ello a lo dispuesto por el Código Penal. 

Por perjuicios morales: 

• El equivalente en pesos, a la fecha de la ejecutoria de la Sentencia, de UN MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES a título de indemnización por perjuicios morales, ocasionados por la afrenta de despojar al ciudadano IVÁN CASTRO MAYA de los bienes relacionados en la demanda, cuales representaban un legado afectivo-familiar y de unión del seno del hogar. 

Toda suma se deberá pagar actualizada a la fecha de ejecutoria del fallo que ponga término a este proceso, de conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor o al por mayor, certificados por el DANE, más intereses compensatorios a título de lucro cesante a la tasa del 6% anual. 

TERCERO. Por ser procedente, se condene en costas y agencias en derecho a la accionada. 

CUARTO. La Nación – Dirección Nacional de Administración Judicial, solidariamente, por medio de sus representantes legales o a quien corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagará intereses en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. 

QUINTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la demandante (sic) serán entregadas al apoderado judicial que le representa”. 

La demanda fue reformada en el sentido de realizar precisiones en torno a los hechos especialmente en lo atiente al UPAC y su reglamentación (fls. 56-79 cdno. ppal.). Reforma que fue admitida el 21 de octubre de 2004 (fl. 93 cdno. ppal.).

1.3. La defensa.

Luego de que mediante auto del 25 de agosto de 2003, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar al director ejecutivo de la dirección seccional de Administración Judicial en el Cesar y al Procurador Cuarenta y Siete Judicial para Asuntos Administrativos (fl. 37cdno. ppal.) la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderado, aportó un escrito que no guarda correspondencia con el caso en cuestión pues hace referencia un asunto por privación injusta de la libertad (fls. 43-54 cdno. ppal.).

1.4. Alegatos de conclusión.

1.4.1. Parte demandante.

La parte actora sostuvo que se encuentran probados los hechos expuestos en la demanda al tiempo que retomó, además de la normativa de procedimiento civil(1), providencias de la Corte Constitucional(2), la que citó como doctrina constitucional y de Esta corporación(3) para insistir en la declaratoria de responsabilidad del Estado (fls. 135-149 cdno. ppal.).

1.4.2. Concepto del Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público, mediante escrito presentado el 11 de septiembre de 2006 solicitó despachar negativamente las súplicas. Para el efecto consideró que, si bien es cierto la Ley 546 de 1999 creó un derecho en favor de los deudores hipotecarios de pedir la suspensión de los procesos ejecutivos en curso, mientras se adelantaba la reliquidación del crédito con el acreedor, tal derecho no es absoluto, pues en todo caso, debe someterse a las reglas procesales preexistentes.

Así mismo, expresó que “la entidad crediticia ejecutante en ningún momento (y de eso hay constancia escrita en el proceso ejecutivo) aceptó la suspensión del proceso porque no se daban los requisitos para la reliquidación del crédito, como eran, la capacidad de crédito y la no persecución de los bienes del deudor por parte de terceros. Respecto de este último factor hay también constancia procesal del embargo del remanente de los bienes que se llegaren a desembargar por orden del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, por lo que la negativa del banco acreedor tiene soporte probatorio. Y, justamente, el escrito del acreedor sobre la inviabilidad de la reliquidación del crédito hipotecario, fue tenido en cuenta por el juez de primera instancia que no repuso el auto que negó la suspensión del proceso, por carecer de la eficacia requerida”.

Respecto de la providencia del Tribunal Superior de Valledupar que conformó la providencia que negó la suspensión del proceso en razón del embargo del remanente, fundada en que se afectaría el derecho de un tercero, puso de presente que “no basta que la ley (...) le otorgara el derecho al deudor hipotecario para solicitar la suspensión del proceso a fin de reliquidar su crédito, sino que además, ese derecho debía someterse a las reglas de procedimiento vigentes, entre las cuales se cuenta la del citado artículo 543 que impone, para que haya lugar a la suspensión del proceso, que exista el consentimiento expreso del tercero que tiene embargado el remanente de los bienes que se le llegaren a desembargar al deudor”.

Del mismo modo, indicó que no se configura defectuoso funcionamiento de administración de justicia pues la designación del curador ad litem se ajustó a la ley dado que el actor no pudo ser notificado, porque su domicilio se desconocía, de donde no es dable exigirle al curador ad litem el ejercicio de una defensa que consultara los intereses del ejecutado, al punto de proponer excepciones tales como pago parcial o total de la obligación.

Finalmente anotó que “el propio deudor nunca esgrimió un argumento de fondo contra el cobro ejecutivo que se le estaba haciendo, sino que su vehemente actuación se redujo a la proposición de incidentes con base en razones procedimentales, que a lo sumo darían para dilatar el proceso, mas no para extinguirlo” (fls. 154-161 cdno. ppal.).

1.5. Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia del 1 de marzo de 2007, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar declaró la excepción de falta de relación de causalidad propuesta por la entidad demandada(4) al tiempo que negó las pretensiones. Para el efecto precisó que la negativa de suspensión del proceso ejecutivo se fundamentó en la ausencia de requisitos exigidos en la ley para tal fin y que, conforme el artículo 170 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, la condición de acuerdo de las partes siguió vigente y que el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, conforme lo expuesto por la Corte Constitucional, no es considerado un artículo independiente o de superior jerarquía a otras normas del ámbito jurídico y, más aún, con aquellas que guardan relación directa con el fondo del asunto.

Así mismo, resaltó que “en ningún momento la entidad crediticia (...) aceptó la suspensión del proceso y por el contrario, pidió que se hiciera caso omiso a la pretensión de IVÁN CASTRO; porque no cumplía los requisitos para la reliquidación del crédito, como son: capacidad de crédito y la no persecución de los bienes del deudor por parte de terceros” aunado a que el remanente se encontraba embargado.

Así las cosas, precisó, que el derecho de solicitar la suspensión del proceso que otorgó a los deudores la Ley 546 de 1999, no comporta un imperativo “sino un acto facultativo y potestativo de los señores Jueces de la República, quienes, según el caso en particular, concederá o negará la solicitud del interesado” y que en el caso concreto no se dieron los requisitos para suspender el proceso conforme la solicitud del demandado.

Finalmente, indicó que la responsabilidad del Estado no se configura, pues no se logró establecer la actividad del ente demandado que guarda necesario nexo de causalidad con el daño alegado, al contrario, se evidenció que el proceso ejecutivo se adelantó conforme las normas jurídicas vigentes (fls. 536-547 cdno. ppal.).

II. SEGUNDA INSTANCIA

2.1. Recuso de apelación.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpone recurso de apelación en el que solicita que se revoque la sentencia de primera instancia. Para el efecto señala que cuando las autoridades judiciales decidieron no dar por terminado el proceso ejecutivo incurrieron en una vía de hecho por defecto sustantivo, pues se interpretó equivocadamente el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, al tiempo que desconocieron el precedente judicial de la Corte Constitucional.

En este sentido, precisa que el artículo en mención, originalmente señalaba:

“ART. 42.—Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley. 

Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de morar y a reestructurar el crédito si fuere necesario. 

A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. 

PAR. 1º—Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4º. Del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que el corresponda de la suma recaudada. 

PAR. 2º—A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1º del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos 1º y 2º del mismo artículo. 

PAR. 3º—Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde (dentro del plazo) la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámites. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”. (Negrilla propia del texto).

Del artículo transcrito, resalta el actor, que mediante Sentencia C-955 de 2000, la Corte Constitucional declaró inexequibles los apartes subrayados. Así mismo, transcribe apartes de la providencia en mención y de las sentencias de tutela 144 de 2006 y 1181 de 2005 para insistir en que “no solo operaba la expresión de la ley por solicitud de la parte dentro del referenciado proceso, sino que secundum legis, de manera oficiosa, el operador judicial se encontraba sometido al imperio de la misma”.

Del mismo modo, cuestiona el actor el hecho de que en la providencia de primera instancia se haya guardado silencio, respecto de la actuación del curador ad litem.

Finalmente, cita y transcribe un aparte de la providencia del 28 de enero de 1999, de esta corporación en lo atinente a la responsabilidad del Estado por la administración de justicia y del 23 de julio de 2003 proferida por la Corte Constitucional para resaltar la obligatoriedad de decretar la suspensión del proceso (fls. 177-187 cdno. ppal.).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Cesar, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el particular, esta corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(5), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los tribunales contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos esgrimidos por parte actora contra la sentencia del 1º de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en aras de establecer si existe responsabilidad de la demandada, como consecuencia del error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que presuntamente incurrieron los juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Valledupar y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar al abstenerse de decretar la suspensión del proceso adelantado en su contra por Granahorrar, al tiempo que se presentó falta de defensa técnica en el asunto.

3.2.1. Hechos probados.

La parte actora concreta el daño en el remate de bienes inmuebles de su propiedad, en el marco del proceso ejecutivo adelantado en su contra i) porque no se decretó la suspensión del proceso y ii) debido a que su derecho de defensa no fue atendido debidamente por el curador ad litem.

Para el efecto, serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo y los decretados en esta instancia(6) que acreditan los siguientes hechos:

1. El 20 de diciembre de 1993, la gerente de Granahorrar sucursal Valledupar le comunicó al señor Iván José Castro Maya la aprobación del crédito individual por la suma de $ 45´000.000, así como las condiciones del mismo entre las que se resalta que se pactará en unidades UPAC, con plazo de amortización de 180 meses, con garantía hipotecaria de primer grado, con pólizas de seguro de vida, incendio y terremoto (fl. 71 cdno. pbas.).

2. El 30 de diciembre de 1993, el señor Iván José Castro Maya, mediante escritura pública Nº 4.298 debidamente registrada adquirió a título de compraventa el lote y casa # 9 del Conjunto Residencial del Norte ubicado en la carrera 19 Nº 2-61 de la ciudad de Valledupar del señor Rafael Francisco Cujía Mejía, al tiempo que constituyó sobre el mismo bien, que se identifica con el número de matrícula inmobiliaria 190-0020.384 hipoteca abierta sin límite de cuantía “para seguridad de todas las sumas adeudadas o que llegare a deber a GRANAHORRAR en razón de los préstamos que ésta le ha otorgado o le otorgue y de las demás obligaciones adquiridas en los pagarés otorgados o que se otorguen en su desarrollo y en los demás documentos de deber y esta escritura (...)” (fls. 63-70 cdno. ppal.). Conforme el folio de matrícula inmobiliaria respectivo esta escritura se inscribió el 4 de enero de 1994 (fl. 88 cdno. pbas.).

3. El señor Iván José Castro Maya suscribió con la con la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” pagaré Nº 4509-0000799-0, por 8.449.5280 UPAC en el marco del contrato de mutuo comercial con intereses a la tasa fija anual del 16.0%, por la cantidad de cuarenta y cinco millones doscientos veinticinco mil pesos, en el que se obligó entre otros aspectos, a pagar en forma incondicional (fls. 61-62 cdno. pbas.):

(...) ciento ochenta (180) cuotas mensuales consecutivas, pagadera la primera cuota el doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y la segunda cuota pagadera el doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y así sucesivamente cada mes sin interrupción hasta la cancelación de total de la deuda.

(...)”. 

Igualmente suscribió el pagaré Nº 4509-5000029-2, por 6.161.3807 UPAC en el marco del contrato de mutuo comercial con intereses a la tasa fija anual del 18.0%, por la cantidad de treinta y cinco millones ciento setenta y seis mil pesos, en el que se obligó entre otros aspectos, a pagar en forma incondicional (fls. 59-60 cdno. pbas.):

(...) en sesenta (60) cuotas mensuales consecutivas, pagadera la primera cuota el veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y la segunda cuota pagadera el veintiséis (26) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y así sucesivamente cada mes sin interrupción hasta la cancelación de total de la deuda.

(...)”. 

Respecto de este crédito, el 2 de mayo de 1994, la Gerente Sucursal Valledupar de Granahorrar le informó al actor a cerca de la autorización para iniciar los trámites tendientes a perfeccionar la solicitud de crédito de inversión. En esta oportunidad además de precisarse que la garantía hipotecaria recaería sobre el inmueble ubicado en la Carrera 4 Nº 15-15 de la ciudad de Valledupar, se describió el objeto del crédito así (fls. 82-83 cdno. pbas.):

Compra de dos vehículos de trabajo Van Wfr., con capacidad para 15 pasajeros”.

4. El 4 de mayo de 1994, el señor Iván José Castro Maya suscribió la escritura Nº 1.271 a través de la cual constituyó hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0015.035 (fls. 75-81 cdno. ppal.). Esta escritura se inscribió el 20 de mayo de 1994 en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria (fls. 89-91 cdno. pbas.).

5. El 11 de junio de 1997, la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” presentó demanda ejecutiva con título hipotecario en contra del señor Iván José Castro Maya con las siguientes pretensiones (fls. 45-50 cdno. pbas.):

1. Librar mandamiento de pago a favor de la CORPORACIÓN GRANCOLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA “GRANAHORRAR”, contra el señor IVÁN JOSÉ CASTRO MAYA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Valledupar, por las siguientes cantidades:

a. por concepto de capital: 

I. CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 54.011.145) como capital, equivalente a la cantidad CINCO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO UNIDADES CON SEIS MIL NOVENTA Y SIETE MILÉSIMAS DE UPAC. (5.355.6097 UPAC), según la tabla de valor dada por el BANCO DE LA REPÚBLICA el día 18 de abril de 1997; y estas serán liquidadas en Moneda Legal Colombiana, teniendo en cuenta el valor que tengan dichas Unidades en la forma que se verifique el pago completo de la obligación adeudada, como también se debe tener en cuenta la tabla de valor UPAC, dada por el BANCO DE LA REPÚBLICA. 

II. CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 59.808.500) como capital, equivalente a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA UNIDADES CON CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES DIEZ MILESIMAS DE UPAC (5.930.4893 UPAC), según la tabla de valor dada por el BANCO DE LA REPÚBLICA el día 18 de abril de 1997; y estas serán liquidadas en Moneda Legal Colombiana, teniendo en cuenta el valor que tengan dichas Unidades en la forma que se verifique el pago completo de la obligación adeudada, como también se debe tener en cuenta la tabla de valor UPAC, dada por el BANCO DE LA REPÚBLICA. 

b. Más los intereses pactados en los documentos suscritos por el deudor antes mencionado, sobre el saldo insoluto a su cargo a la tasa anual efectiva máxima. 

c. Más el valor de las primas de los seguros por riesgo de incendio y muerte pagadas por GRANAHORRAR, por cuenta del deudor, junto con el reajuste monetario y los intereses a la misma tasa que los cobrados en la obligación principal. 

d. Más el valor de las costas del proceso. 

2. El deudor está en mora en el pago de 11 cuotas en el caso del primer pagaré, y en 13 cuotas en el segundo, al 21 de febrero de 1997 fecha del último corte. 

3. Decretar la venta en pública subasta de los inmuebles hipotecados, ubicados en el perímetro urbano de esta ciudad de Valledupar, cuyas descripciones la haré en la relación de los hechos de esta demanda, con el fin de que con su producto se pague a la entidad que represento, las cantidades que relacioné en el anterior numeral.  

4. Solicito desde ahora (...) la adjudicación de los inmuebles hipotecados, hasta la concurrencia del capital, intereses y gastos, en el evento de quedar desierta la primera. 

(...)”. 

6. El 18 de junio de 1997, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” contra el señor Iván José Castro por las siguientes cantidades (fl. 92 cdno. pbas.):

“a) CINCO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO UNIDADES CON SEIS MIL NOVENTA Y SIETE DIEZ MILÉSIMAS DE UPAC (5.355.609 UPAC); equivalente en moneda legal colombiana y en la fecha de pago, por concepto de capital; 

b) CINCO MIL NOVECIENTAS TREINTA UNIDADES CON CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES DIEZ MILÉSIMAS DE UPAC (5.930.4893 UPAC); equivalente en moneda legal colombiana y en la fecha de pago, por concepto de capital; 

a) Los intereses moratorios pactados a la tasa máxima permitida, liquidados a partir de cuándo se hicieron exigibles las obligaciones, hasta cuando se verifique el pago. 

d) El despacho se abstiene de librar mandamiento de pago por primas de seguro, por cuanto no aparece en el expediente, constancia alguna de pago de dichas primas por cuenta de la demandante, ni el valor de la deuda por dicho concepto. 

(...) 

Decrétese el embargo de los inmuebles hipotecados. Comuníquese al registrador respectivo, haciéndole saber que conforme al artículo 558 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, el embargo, aquí decretado, pone fin al efectuado en el proceso ejecutivo con acción personal y expida el certificado de que trata el artículo 681 ibídem. 

(...)”. 

7. EL 6 de agosto de 1997, luego de intentar la notificación personal (fl. 95 cdno. pbas.), se fijó aviso con el propósito de poner en conocimiento del actor la providencia anterior (fl. 96 cdno. pbas.).

8. El 27 de octubre de 1997, el juzgado de conocimiento decretó el secuestro “del inmueble cuya ubicación y linderos obran en el proceso”, al tiempo que nombró secuestre oficial (fl. 108; 114 cdno. pbas.). En la comunicación al registrador de instrumentos públicos se especifica que la medida recayó sobre los inmuebles identificados con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 190-0020.384 y Nº 190-0015.035 (fl. 115 cdno. pbas.).

9. El 5 de noviembre de 1997, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar emplazó al actor advirtiendo que, surtido el trámite sin lograr su comparecencia, se procederá a nombrar curador ad litem (fl. 76 cdno. pbas.).

10. El 11 de noviembre de 1997, el Juzgado Tercero Civil del Circuito le informó al Juzgado Primero de la misma categoría, el decreto del embargo y secuestro del remanente en el marco del proceso seguido por el señor Antonio Jaller Álvarez, de “los bienes embargados o que se lleguen a desembargar dentro del proceso ejecutivo seguido por GRANAHORRAR, (...) contra IVÁN CASTRO MAYA, que cursa en ese despacho judicial”. (fl. 112 cdno. pbas.). El 11 de junio de 2002 se decretó la cancelación del embargo del remanente (fl. 252 cdno. pbas.).

11. El 19 de noviembre de 1997, la Inspección Octava de Policía de Valledupar practicó diligencia de embargo y secuestro sobre los bienes identificados con matrícula inmobiliaria Nº 190-0015.035 y Nº 190-0020.384. Según el acta respectiva la diligencia fue atendida por el actor a quien se designó depositario (fl. 116 cdno. pbas.).

12. El 21 de enero de 1998, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar nombró como curador al litem al señor Marceliano Morón Mieles para que representara al señor Iván José Castro Maya (fl. 120 cdno. pbas.). El curador designado, el 27 de enero del mismo año, se abstuvo de proponer excepciones pues “no se vislumbran elementos capaces de debilitar la acción incoada” (fl. 121 cdno. pbas.).

13. El 3 de febrero de 1998, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar decretó la venta en pública subasta de los inmuebles hipotecados para que con su producto se pagara el crédito por capital, intereses y costas al demandante, al tiempo que ordenó practicar la liquidación del crédito y el avalúo de los bienes embargados y secuestrados y de aquellos que posteriormente se embarguen (fl. 124 cdno. pbas.).

14. El 22 de julio de 1998, el Juzgado de conocimiento corrió traslado de la liquidación del crédito presentada por la parte demandante por valor de $ 100.679.700 (fs. 130-131 cdno. pbas.). Dicha liquidación se aprobó el 18 de noviembre de 1998 (fl. 155 cdno. pbas.). El 28 de julio siguiente el Juzgado Segundo Civil del Circuito le informó al de conocimiento que mediante auto de la fecha se decretó “el embargo y secuestro de los bienes que por cualquier causa se lleguen a desembargar y el del remanente del producto de los embargos de propiedad de IVÁN CASTRO MAYA” en el marco del proceso seguido por el señor Oscar Guillermo Luquez Alvarado (fl. 132 cdno. pbas.). El 1 de abril de 2002 se levantaron estas medidas (fl. 244 cdno. pbas.).

15. El 15 de septiembre de 1998, los peritos avaluaron los dos bienes embargados y secuestrados en el que determinaron la suma de $ 276´170.000 por el bien identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0020.384 y $ 294´960.000 por el inmueble con matrícula Nº 190-0015.035 (fl. 138-143 cdno. pbas.). Del mismo modo, se corrió traslado a las partes y el apoderado de Granahorrar solicitó aclaración respecto de los factores que tuvieron en cuenta para tasar dichos valores (fl. 145-146 cdno. pbas.). La aclaración se logró el 1 de octubre siguiente donde modificaron los valores así: por el inmueble con matrícula Nº 190-0015.035 la suma de $ 225´320.000 y por el bien con matrícula Nº 190-0020.384 el valor de $ 177´542.500 (fl. 148-151 cdno. pbas.).

16. El 19 de enero de 1999, el Juzgado Segundo Civil del Circuito le informó al de conocimiento que, mediante auto de la fecha, se decretó “el embargo y secuestro de los bienes que por cualquier causa se lleguen a desembargar y el del remanente del producto de los embargos de propiedad de IVÁN CASTRO MAYA”, en el marco del proceso seguido por el señor José Agustín Cabas Díaz y Cía. Ltda. (fl. 156 cdno. pbas.). El 1 de abril de 2002, se decretó el desembargo y levantamiento de este secuestro (fl. 243 cdno. pbas.).

17. El 27 de abril de 1999, el Juzgado de conocimiento fijó el 25 de mayo siguiente para el remate de los bienes embargados y secuestrados (fl. 158 cdno. pbas.). Dicha fecha se trasladó para el 9 de diciembre (fl. 171 cdno. pbas.) y luego para el 21 de marzo de 2000 (fl. 179 cdno. pbas.).

18. El 9 de septiembre de 1999, el apoderado de la parte demandante presentó liquidación adicional de los créditos por valor de $ 271.994.060 donde se discrimina por el crédito Nº 4509-0001113-0 el valor de $ 161.275.300 y por el crédito Nº 4509-5000029-2 la suma de $ 110.718.760 (fl. 163 cdno. pbas.), Corrido el traslado de rigor, el 22 de septiembre siguiente la liquidación fue aprobada; y el 30 de noviembre de 1999 adicionada con las costas y agencias en derecho por $ 27.945.136, (fl. 175 cdno. pbas.). Aprobada el 7 de diciembre del mismo año (fl. 176 cdno. pbas.).

19. El 25 de enero de 2000, el Juzgado Tercero Civil del Circuito le informó al de conocimiento que mediante auto de la fecha se decretó “el embargo y secuestro de los bienes que por cualquier causa se lleguen a desembargar o del producto del remanente que quede dentro de los mismos dentro del proceso ejecutivo seguido por GRANAHORRAR contra IVÁN CASTRO MAYA” en el marco del proceso seguido por el señor Julio Cesar Acevedo (fl. 180 cdno. pbas.).

20. El 15 de febrero de 2000, el actor se dirigió al Juez Primero Civil del Circuito de Valledupar en los siguientes términos (fl. 181 cdno. pbas.):

“IVÁN CASTRO MAYA, mayor de edad, (...) abogado con T.P. # 122288 demandado en el proceso de la referencia, con el debido respeto solicito a usted ordenar la suspensión del proceso que motiva este escrito por cuanto me he acogido a la reliquidación y reestructuración del crédito hipotecario. 

(...)”.

El 4 del mismo mes y año, el señor Iván Castro Maya dirigió comunicación a la Gerente de Granahorrar, Valledupar en ejercicio del derecho de petición solicitando la reliquidación de la obligación Nº 45090055593-3 que pesa sobre el inmueble de la carrera 19 Nº 2-61 de Valledupar y la orden de suspender el proceso “en razón a que la suma que se está cobrando es mucho mayor a la que efectivamente se está debiendo a Granahorrar por esa casa” (fl. 182 cdno. pbas.). El 8 siguiente, precisó que “debido a un error de transcripción relacioné mal el número de la obligación a la que me referí en la comunicación que dirigí el 4 de febrero del presente año. Aclaro entonces que la obligación es la número 4509-0001113-0 que originalmente se distinguía con el número 45090000799-0” (fl. 183 cdno. pbas.).

21. El 18 de febrero de 2000, el Juzgado Primero Civil del Circuito se abstuvo de dar trámite a la solicitud anterior “por no reunir los requisitos exigidos por el artículo 170 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil” (fl. 184 cdno. pbas.). El 3 de marzo de 2000, el señor Iván Castro Maya, a nombre propio, reiteró la solicitud de suspensión del proceso con apoyo en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 (fls. 203-204 cdno. pbas.).

22. El 21 de marzo del mismo año, se adelantó diligencia de remate, sin postor sobre los bienes embargados y secuestrados (fl. 206 cdno. pbas.).

23. El 17 de marzo de 2000, la directora de la unidad de negocios de Granahorrar, Valledupar, dirigió comunicación al señor Iván Castro Maya en la que señala (fl. 214 cdno. pbas.):

“(...) que el valor de su reliquidación es de Once Millones ciento cuarenta y tres mil pesos con veintitrés centavos $ 11.143.000.23 suma que no cubre el saldo en mora de la obligación en mención a la fecha. 

A su turno teniendo en cuenta lo dispuesto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, mediante auto del 18 de enero del año en curso, se realizará la diligencia de remate el 21 de marzo del 2000 (...) 

Como usted podrá observar, el embargo de remanentes reconocido dentro del proceso ejecutivo y procedente del Juzgado 3 Civil del Circuito impide la suspensión del proceso y la reestructuración de la obligación”. 

24. El 24 de marzo de 2000, el apoderado del demandante en el proceso ejecutivo presentó nueva liquidación de los créditos determinando la suma de $ 123.776.700 por el crédito originado en la obligación Nº 4509-0001113-0, sin incluir costas y agencias en derecho.

25. El 10 de abril de 2000, el apoderado de la parte demandante en el proceso ejecutivo, solicitó la continuidad del proceso y por tanto no acceder a la petición formulada pues (fl. 213 cdno. pbas.):

El proceso (...) tiene un remanente inscrito proveniente del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, implica que desde el punto de vista procedimental se debe coadyuvar la petición con el consentimiento de este tercero para que sea procedente la solicitud. Como no existe constancia de tal consentimiento y aunque la Ley de vivienda 546, prevé la posibilidad de suspensión automática o por petición de parte, ello no implica, que se pueda desconocer o derogatoria (sic) las normas de orden público consagradas en el Código de Procedimiento Civil al contemplar estos eventos (negrilla propia del texto).

Por otra parte, aunque la ley en comento afirma que tendrá derecho a la solicitud de suspensión del proceso quienes decidan acogerse a la reliquidación. También es cierto que para que se dé la reliquidación, se debe cumplir con los requisitos fundamentales de que la reliquidación deje al día el crédito, que el crédito perseguido judicialmente no esté perseguido por terceros y que el deudor tenga capacidad de pago. Requisitos estos que no se cumplen para este crédito a fin de que sea viable la reestructuración de las obligaciones (...). 

Por último hay necesidad de observar que mediante el proceso de la referencia se está ejecutando judicialmente dos obligaciones con garantías diferentes que corresponden a créditos diferentes y con orígenes diferentes en su destinación, uno para vivienda y otro comercial o de inversión, lo que impediría (...) la suspensión del proceso. 

(...)”. 

A dicha solicitud, Granahorrar adjuntó respuestas dadas al actor el 17 y el 24 de marzo de 2000. En ellas se expuso, respectivamente (fls. 214; 215-216 cdno. pbas.):

1. “(...) nos permitimos comunicarle que el valor de su reliquidación es de Once Millones ciento cuarenta y tres mil pesos con veintitrés centavos 11.143.000.23 suma que no cubre el saldo en mora de la obligación en mención a la fecha.

A su turno, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, mediante auto del 18 de enero del año en curso, se realizará la diligencia de remate el 21 de marzo de 2000 a las 2:00 P.M. 

Como usted podrá observar, el embargo de remanentes reconocido dentro del proceso ejecutivo y procedente del Juzgado 3 Civil del Circuito impide la suspensión del proceso y la reestructuración de la obligación”. 

2. “De acuerdo con la Ley 546 de (...) 1993 y el Decreto 2703 de (...) 1999 desde el 1 de enero del presente año los créditos hipotecarios están expresados en UVR. Algunos de los valores correspondientes a su crédito hipotecario (...) son:

(...) 

Si bien es cierto que la Ley de vivienda en el Art. 42 anuncia que la Entidad Financiera, una vez realizada la reliquidación condonará los intereses de mora y reestructurará el crédito hipotecario, no obstante dicha operación debe realizarse dentro del marco legal para la misma, esto implica que el cliente que solicite la reestructuración de su crédito hipotecario debe cumplir con unos parámetros mínimos los cuales entre otros son: tener capacidad de pago, no presentar persecución de terceros o embargos de remanentes que afecten la garantía. 

En su caso particular dentro del proceso ejecutivo que la corporación adelanta en el Juzgado 1 Civil del Circuito de Valledupar, existe un embargo de remanentes aceptado y proveniente del Juzgado 3 Civil del Circuito de esta ciudad, el cual es motivo y circunstancia de: 

a. La decisión del juez de no suspender el proceso (...) 

b. La imposibilidad de reestructurar su crédito por la existencia de dicho tercero. 

(...)”. 

25. El 18 de mayo de 2000, el Juzgado Primero Civil del Circuito, se abstuvo de decretar la suspensión del proceso bajo el argumento de que la Ley 546 de 1999 trata exclusivamente de créditos de vivienda y que en el caso concreto “se trata de dos clases de obligaciones; una para financiación de vivienda y la otra para inversión (fl. 217 cdno. pbas.). Contra la anterior decisión, el ahora actor, obrando en nombre propio, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, pues, la acumulación en un mismo proceso de dos deudas de distinta naturaleza, es un hecho del demandante frente al cual no cuenta como demandado, con herramientas jurídicas y por tanto insistió en la suspensión del proceso (fls. 219-220 cdno. pbas.).

El apoderado de la parte demandante se pronunció en el sentido de indicar que, aunque la ley prevé la suspensión de procesos que se adelanten contra deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas, destinadas a la financiación de vivienda, una vez decidan acogerse a la reliquidación del crédito debe además cumplirse con los requisitos que considera acumulativos (fls. 219-220 cdno. pbas.):

1. Capacidad de pago, hecho que no ha demostrado el deudor al acreedor sin siquiera presentar una oferta de arreglo o documentos que acrediten que en la actualidad puede sufragar el valor de las cuotas establecidas para amortizar el crédito.

2. No persecución de terceros, en el expediente consta un embargo de remanente, que no ha sido cancelado situación que administrativamente impide a GRANAHORRAR conceder reliquidación y/o reestructuración del crédito (...) 

En conclusión, hasta la fecha no ha existido acuerdo entre deudor y acreedor para que el crédito adeudado, se reestructure o que, con el beneficio de la reliquidación, por lo menos el crédito de vivienda quede al día, como lo demuestra la certificación (...)  

Entonces al no haberse cumplido con los requisitos para colocar al día el crédito, y por el cumplimiento de las normas especiales para suspender el proceso cuando exista remanente, debe confirmar la decisión del Juzgado de conocimiento, en el sentido de no conceder la suspensión del proceso solicitada por el demandado”.

Previa solicitud de la parte demandante, el 23 de junio de 2000, la Juez Primero Civil del Circuito de Valledupar se declaró impedida para conocer del asunto (fls 224 cdno. pbas.), razón por la que el Juzgado Segundo Civil del Circuito desató el recurso confirmando el auto en cuestión, por vencimiento del plazo perentorio de noventa (90) días para que se acordara la reliquidación, aunado a que, según lo expuesto por la parte demandante, la reliquidación no tendría la eficacia requerida. Concedido el recurso de apelación, se resolvió negativamente el 5 de febrero de 2002, por cuanto “se cobran dos (2) créditos con origen distinto, lo que hace la situación plateada por el peticionario no se tipifique en lo descrito en lo normado en el artÍculo42 de la Ley 546 de 1999. A ello hay que agregar que existe embargo de remanente y una decisión como la anotada comportaría la relación del derecho del tercero, puesto que una reliquidación acordada entre el demandado y GRANAHORRAR pondría al tercero al margen de un acuerdo sin su consentimiento, situación en la cual podrían violarse derechos fundamentales”.

26. El 19 de abril de 2001, el apoderado de la parte demandante presentó liquidación adicional del crédito así (fls 230 c. Pbas.):

“a. Crédito número: 4509-0001113-0 

Valor capital vigente$ 113.018.956.23 

Intereses corrientes$ 21.590.230.43 

Valor total a la fecha $ 134.609.186.66 

b. Crédito número: 4509-5000029-2 

Valor capital vencido$ 94.319.378.77 

Intereses corrientes$ 135.723.849.59 

Valor total a la fecha$ 230.043.228.36 

GRAN TOTAL CRÉDITO:$ 457.014.192.10 

Como documentos anexos a la anterior liquidación se aportan dos certificaciones expedidas por el Gerente del Banco Granahorrar, Valledupar, de las que se resalta (fls 231-232 cdno. pbas.):

“Para lo previsto en el artículo (521 CPC) informo el estado de la obligación hipotecaria Nº 4509-0001113-0 a cargo de IVÁN JOSÉ CASTRO MAYA se encuentra vencida desde agosto de 1999 y presenta a marzo 22 de 2001 el siguiente saldo 

U.V.R. 114.9000 

UVRPESOS 

CAPITAL 983628.8619$ 113.018.956,23 

INTERESES187904.5294 $ 21.590.230,43 

(Art. 42 Ley 546 23Dic/1999) 

INTERES MORA 18%TOTAL VENCIDO $ 134.609.186,66” 

“(...) 

U.V.R. 114.9000 

UVRPESOS 

CAPITAL 820882.3217 $ 94.319.378.77 

INTERESES1181234.5482$ 135.723.849.59 

(Art. 42 Ley 546 23Dic/1999) 

INTERES MORA 27%TOTAL VENCIDO $ 230.043.228.36” 

Corrido el respectivo traslado, el 31 de mayo de 2001, fue aprobada la liquidación (fl. 234 cdno. pbas.).

27. El 26 de junio de 2002, se practicó diligencia de remate sin postores (fl. 253 cdno. pbas.), razón por la que el 27 de junio del mismo año se adjudicaron los inmuebles embargados y secuestrados al acreedor, se decretó la cancelación de los gravámenes y se ordenó la entrega (fl. 258 cdno. pbas.), la que se llevó a cabo el 20 de enero de 2003 (fl. 286 cdno. pbas.). La providencia de adjudicación señala:

“1º. Adjudíquese al acreedor, GRANAHORRAR, HOY BANCO GRANAHORRAR Sucursal Valledupar, acreedor único hasta concurrencia del valor de $ 282.003.400 o sea el setenta por ciento (70%) del avalúo, para el pago de su crédito por valor de $ 484.959.328.oo el siguiente bien inmueble: 

Inmueble urbano de dos (2) plantas, ubicado en la carrera 4 número 15-15 de esta ciudad, con matrícula inmobiliaria Nº 190-0015-035, con una extensión (...). Casa lote ubicado en la carrera 19 Nº 2-61 de Valledupar, matrícula Nº 190-0020.384, con extensión de 297.90 M.2, y con los sgtes (sic) linderos (...). 

28. El 5 de agosto de 2002, se presentó liquidación de los dos créditos por un total de $ 529´186.306.00 (fl. 259 cdno. pbas.), con soporte en certificaciones expedidas por la Gerente de Granahorrar Valledupar (fls. 260-261 cdno. pbas.), la cual fue objetada por el señor Iván José Castro Maya. Se sostuvo que, el ejecutante omitió especificar el periodo durante el cual se liquidan los intereses, la tasa aplicada, la forma de determinar los conceptos de capital vencido y vigente, así como la forma como tiene en cuenta los abonos que se hicieron a la obligación (fl. 263 cdno. pbas.). El ejecutante se pronunció en el sentido de anexar como soporte de la liquidación presentada dos tablas en las que las discrimina, desde el 2 de junio de 1995 hasta el 27 de diciembre de 1999, entre otros aspectos, el valor del crédito, el valor del UPAC, los intereses corrientes, el saldo de capital en UPAC y en pesos y, desde el 26 de enero de 2000 hasta el 26 de julio de 2002, entre otros aspectos, el valor de la obligación y de los intereses en UVR y en pesos (fls. 265-269 cdno. pbas.).

El 7 de octubre de 2002, el juzgado declaró infundada la objeción y aprobó la liquidación adicional del crédito presentada por el valor de $ 529´186.306.00, indicando que “a la referida cifra debe descontársele el monto de la adjudicación hecha (...) por valor de $ 282´003.400.oo quedando un saldo a favor de la ejecutante en la suma de (...) (247´182.906.oo) que es la suma por la cual debe aprobarse la liquidación adicional del crédito, liquidada hasta el 25 de julio de 2002” (fl. 212 cdno. pbas.).

El señor Castro Maya presentó recurso de apelación contra el auto que declaró infundada la objeción, bajo los mismos argumentos sobre los cuales la formuló (fl. 273 cdno. pbas.).

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la decisión, porque “el recurrente se limita a suponer una inexacta reliquidación, pues ciertamente las afirmaciones que hace son genéricas y no precisa donde pudo estar la equivocación, siendo que en el proceso existe un historial detallado del crédito. Si pretendió demostrar al Juez que le habían efectuado mal la liquidación, ha debido entregar pruebas razonadas que llevaran a tal convencimiento (...)” (fls. 357-359 cdno. pbas.).

29. En el proceso ejecutivo se adelantaron otras actuaciones judiciales entre las cuales se resalta:

a. El señor Iván Castro Maya formuló recurso de apelación contra el auto del 30 de junio de 1999, por medio del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar se abstuvo de decretar la nulidad de todo lo actuado propuesta el señor Castro Maya por considerar que existió una indebida notificación del mandamiento de pago. El recurso fue resuelto el 23 de septiembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en providencia mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia, pues “apareciendo como ha ocurrido que en la dirección suministrada en la demanda era localizable el ejecutado (...)” (el a quo expuso como argumento de la negatoria de nulidad que, cuando se practicó el secuestro del bien, ubicado en la dirección suministrada en la demanda, se encontró al ejecutado, razón por la que se infiere que conoció del proceso adelantado en su contra). Así mismo señaló el Tribunal que “se logró enterar al demandado del mandamiento ejecutivo por ruta de la designación de un curador ad-litem, tal como está prevista para el evento en que la persona a notificar no se encuentre en la dirección señalada en la demanda” (fls. 344-347; 348-379 cdno. pbas.).

b. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 28 de abril de 1998, confirmó en el grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida el 3 de febrero de 1998, por medio de la cual se ordenó la venta en pública subasta de los bienes hipotecados, por considerar que se respetó el procedimiento previsto para tal fin, al tiempo que se respetó el derecho de defensa del demandado (fls. 385-391 cdno. pbas.).

30. Se aportó al plenario contrato de arrendamiento de vivienda urbana suscrito el 21 de febrero de 2003, entre el señor Iván Castro Maya (arrendatario) y el señor Orlando Uhia Maestre (arrendador) sobre el un bien inmueble, por término de 12 meses, pactando un canon de arrendamiento de $ 650.000 (fls. 2-3 cdno. ppal.). También se aportó contrato de arrendamiento de local comercial suscrito el 28 de enero de 2003, entre la Corporación Instituto Comercial Sistematizado (arrendatario) y el señor Manuel Rubén Peinado Seoanez (arrendador) en el que el señor Castro Maya figura como coarrendatario, con canon de $ 750.000, para el funcionamiento de la institución educativa (fl. 4 cdno. ppal.).

Igualmente, visible a folios 6 y 7 del cuaderno principal, se encuentra la Resolución Nº 002323 del 24 de julio de 1992, expedida por la gobernación del Cesar, por la cual se reconoce personería jurídica a la Corporación Instituto Comercial Sistematizado “INCOS”. Así mismo, la resolución del 27 de marzo de 2003 emanada de la misma entidad en la que se reconoce al Director Administrativo de dicha Corporación.

Los folios 9 a 13 del cuaderno principal corresponden a los certificados de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria de los inmuebles identificados con el número 190-20384 y 190-15035.

31. En el curso del proceso se recepcionaron las declaraciones de las señora Josefina Leonor Bertiz Ustariz y Martha Cecilia González de Socarras, las cuales se pronunciaron respecto del local en el que funcionaba del colegio “INCOS”, el traslado de sede, el canon de arrendamiento pagado, el crédito y las obligaciones asumidas por el actor con Granahorrar así como la entrega de los inmuebles, específicamente de aquél donde vivía y donde además, funcionaba la iglesia “ROCA DE PAZ” la que se dijo que el señor Castro Maya dirigía (fls. 114-117 cdno. ppal.).

32. El 13 de diciembre de 2005 el apoderado del presente asunto, solicitó el reconocimiento como cesionario parcial de los derechos litigiosos (fl. 124 cdno. ppal.), para lo cual aportó el documento suscrito con el actor en el que el señor Castro Maya cede parcialmente a título de permuta a su apoderado, Javier Francisco Rivera Ávila, el 50% de los derechos litigiosos que pudieren derivarse de la reclamación (fl. 125 cdno. ppal.). El 2 de marzo de 2006, el tribunal reconoció la cesión de derechos (fl. 129 cdno. ppal.).

33. En escrito presentado el 8 de febrero de 2016, un perito contador, además de adjuntar registro fotográfico, señaló que “el avalúo comercial del inmueble de la Carrera 19 N° 2-61 de Valledupar que hace parte del Conjunto Residencial del Norte, asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE (572.301.000.00)”. Para el efecto, sostuvo (fls. 224-233 cdno. ppal.):

“LOTE DE TERRENO N°9 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DEL NORTE y LA CASA EN EL CONSTRUIDA, ubicada en la carrera 19 N° 2-61 de Valledupar (Cesar), con Matrícula Inmobiliaria N° 190-20384 con un área aproximada de doscientos noventa y siete con noventa metros cuadrados (297.90M2) y distinguido entre los siguientes linderos así: NORESTE: En 10 metros con la zona comunal privada de la urbanización del conjunto residencial del norte; SURESTE: En 3.47 metros con la zona comunal privada de la urbanización conjunto residencial del norte, y en 28,02 metros con el lote número 8 de la misma urbanización; NOROESTE: Limita en 10 metros con la avenida Hurtado y zona de cesión al municipio, y SUROESTE: En 28.09 metros con el Lote número 8 de la urbanización Conjunto Residencial del Norte. 

TÍTULO DE ADQUISICIÓN: Según anotación N° 8 el certificado de tradición y libertad el señor IVAN JOSÉ CASTRO MAYA adquirió el derecho de dominio y posesión sobre este inmueble por compra realizada al señor RAFAEL FRANCISCO CUJÍA MEJÍA, mediante escritura pública número cuatro mil doscientos ochenta y ocho (4288) de fecha trece (30) (sic) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993) otorgada en la Notaría Primera de Valledupar. 

Según la anotación N° 13 por auto de julio 25 de 2002 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar adjudicó el inmueble hipotecado (REMATE) al Banco Granahorrar quien a su vez lo vendió a HERMES OLINDO CUEL BAUTE. 

(...) 

OBSERVACIONES: La vetustez aproximada del inmueble es de treinta y tres (33) años; estratificación 6. 

(...) 

Para el avalúo de esta partida tuvimos en cuenta SIETE (7) OFERTAS DE REFERENCIA, cuya fuente es: Metro Cuadrado, Trovit, Finca Raíz y El Tiempo clasificados (...)”. 

34. El 19 de julio de 2016, la empresa Dictámenes Periciales Especializados S.A.S. dictaminó:

“Vista la información aportada al proceso por la entidad bancaria, comunico que se encontró información cuantitativa sobre las siguientes obligaciones hipotecarias: 

a) Obligación Nº 459-5000029-2 cuya información relacionada se encuentra desde junio 2 de 1995 hasta julio 26 de 2002. 

b) Obligación Nº 459-0001113-0 cuya información relacionada se encuentra desde junio 13 de 1998 hasta agosto 20 de 2002. 

Sobre la obligación Nº 4509-0000799-0(7) que se menciona en el objeto de la prueba, comunico a este despacho que no se encontró información cuantitativa relacionada con esta obligación.  

Se encontró una certificación de saldos a febrero 21 de 1997. 

Por consiguiente, lo solicitado se hará sobre la información de las obligaciones señaladas en los literales a) y b)(8) así: 

(...) 

b) OBLIGACIÓN HIPOTECARIA N° 459-0001113-0 

De acuerdo al histórico de pagos visto a folios 239 y 240, se elaboró el cuadro N°3, donde se presenta la liquidación de la obligación mes a mes, aplicando para ello la tasa de interés que aplicó la entidad bancaria del 12% efectivo anual desde febrero 20 de 1998 hasta diciembre 31 de 1999. 

A partir de enero 1 de 2000 y hasta agosto 20 de 2002 por disposición de la ley la obligación se expresa en pesos con UVR, liquidada a la tasa de interés del 12% efectivo anual, excluyendo la capitalización de intereses. 

A nivel informativo, manifiesto que el saldo final de esta obligación a agosto 20 de 2002 es de $ 161.887.464,24 equivalentes a 1.215.001,1724 UVR. 

(...) 

Aplicado el proceso de liquidación, se determina que por esta obligación los pagos realizados por el deudor hipotecario entre febrero 20 de 1998 y agosto 20 de 2002 según el histórico de pagos fue de $ 11.776.272,53 más el alivio de vivienda (ley 546 de 1999) de $ 13.120.906,00; para un total de pagos y abonos aplicados a la obligación por valor de $ 24.879.178,53. 

(...) 

En suma, los pagos realizados por el demandante y el alivio por valor de $ 24.879.178,53 equivalen a junio 30 de 2016 a la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (60.796.585,00). 

C. CONCLUSIONES 

(...) 

7. Que a nivel informativo manifiesto que el saldo final de la obligación hipotecaria N° 459-0001113-0 a agosto 20 de 2002 es de $ 161.887.464,24 equivalentes a 1.245.001,1724 UVR, tal como se presenta en el cuadro N°3 y se resume así: 

CONCEPTOVALOR EN $ VALOR UVR
Capital124.799.278,92976.797.6266
Capital Mora0.000,0000
Int. Cte34.266.677,37268.203,5458
Seguros2.821.507,950,0000
TOTAL161.887.464,241.245.001,1724

8. Que el valor de los pagos realizados por el demandante a la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” con cargo a la Obligación Hipotecaria N° 459-0001113-0 entre febrero 20 de 1998 y agosto 20 de 2002 según histórico de pagos fue de $ 11.776.272,53 más el alivio de vivienda (L. 546/99) de $ 13.120.906,00; para un total de pagos y abonos aplicados a la obligación por valor de $ 24.879.178,53 

9. Que el valor de los pagos señalados anteriormente debidamente indexados a junio 30 de 2016, ascienden a la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 60.796.585,00), tal como se presenta en el cuadro N° 4. 

10. De acuerdo a las documentales vistas, la obligación hipotecaria N° 459-0001113-0 fue objeto de reliquidación según la Ley 546 de 1999, con alivio por valor de $ 13.102.906,00, tal como se presenta en el cuadro N°3”. 

En el cuadro número 3 se aprecia que el saldo de la deuda en pesos a 20 de agosto de 2002, ascendía a $ 124.799.278,92 (fls. 25-269 cdno. ppal.).

3.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes la parte actora solicita declarar responsable a la entidad demandada por haber incurrido en error judicial y/o defectuosa prestación del servicio de administración de justicia, porque los juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar se abstuvieron de decretar la suspensión del proceso adelantado en su contra por Granahorrar, al tiempo que se presentó falta de defensa técnica en el asunto.

Al respecto, es importante precisar que la ley estatutaria de la administración de justicia (270 de 1996) en el artículo 65 desarrolló tres eventos a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

En sentencia del 11 de mayo de 2011 esta corporación expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la Administración de Justicia”. 

(...) 

Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”. 

Ahora bien, en el sub lite, se encuentra acreditado que señor Iván José Castro Maya mediante escritura pública Nº 4.298 constituyó sobre el bien que se identifica con el número de matrícula inmobiliaria 190-0020.384 hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Granahorrar y que el 4 de mayo de 1994, mediante escritura Nº 1.271 constituyó gravamen de igual naturaleza sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nº 190-0015.035, escrituras que se inscribieron en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

También se encuentra demostrado que el actor suscribió dos pagarés que se reconocen por el Nº 4509-0000799-0 y Nº 4509-5000029-2 con la con la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar”. El primero por 8.449.5280 UPAC con intereses a la tasa fija anual del 16.0%, por la cantidad de cuarenta y cinco millones doscientos veinticinco mil pesos, que se comprometió a pagar en ciento ochenta (180) cuotas mensuales consecutivas, a partir del 12 de febrero de 1994. El segundo por 6.161.3807 UPAC con intereses a la tasa fija anual del 18.0%, por la cantidad de treinta y cinco millones ciento setenta y seis mil pesos, pagaderos en 60 cuotas mensuales consecutivas, a partir del (26) de junio de 1994.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar el 18 de junio de 1997, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” contra el señor Iván José Castro por 5.355.609 y por 5.930.4893 UPAC por concepto de capital y por los intereses moratorios pactados al tiempo que decretó el embargo de los inmuebles hipotecados.

Embargados y secuestrados los bienes identificados con matrícula inmobiliaria Nº 190-0015.035 y Nº 190-0020.384 y decretada la venta en pública subasta, el 15 de febrero de 2000, el actor solicitó al Juez Primero Civil del Circuito de Valledupar la suspensión del proceso argumentando que se había acogido a la reliquidación y reestructuración del crédito hipotecario. El 18 de febrero siguiente el Juzgado Primero Civil del Circuito se abstuvo de dar trámite a la solicitud por considerar que no reunía los requisitos exigidos por el artículo 170 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil.

El actor reiteró la solicitud de suspensión del proceso con apoyo en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y el Juzgado Primero Civil del Circuito nuevamente se abstuvo de decretarla bajo el argumento de que la Ley 546 de 1999 trata exclusivamente de créditos de vivienda y que en el caso concreto “se trata de dos clases de obligaciones; una para financiación de vivienda y la otra para inversión”. La decisión fue objeto de reposición y en subsidio apelación y una vez aceptado el impedimento de la Juez de conocimiento, el Juzgado Segundo Civil del Circuito confirmó la negativa de suspensión, por encontrar vencido el término de noventa (90) días para que se acordara la reliquidación, aunado a que, según lo expuesto por la parte demandante, la reliquidación no tendría la eficacia requerida.

La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar pues “se cobran dos (2) créditos con origen distinto, lo que hace la situación plateada por el peticionario no se tipifique en lo descrito en lo normado en el art. 42 de la Ley 546 de 1999. A ello hay que agregar que existe embargo de remanente y una decisión como la anotada comportaría la relación del derecho del tercero, puesto que una reliquidación acordada entre el demandado y GRANAHORRAR pondría al tercero al margen de un acuerdo sin su consentimiento, situación en la cual podrían violarse derechos fundamentales”.

En suma, se encuentra acreditado que por el incumplimiento del actor de dos créditos pactados en UPACS con Granahorrar, se adelantó un proceso ejecutivo hipotecario en su contra, del cual solicitó la suspensión el 15 de febrero de 2000, para reliquidación y reestructuración del crédito, solicitud que fue denegada por el juez de conocimiento y posteriormente por el Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar y confirmada por el Tribunal del Distrito Judicial de la misma ciudad.

Se encuentra igualmente acreditado que los créditos suscritos por el actor se pactaron en unidades de poder adquisitivo constante UPAC y que uno de ellos era crédito de vivienda.

En lo relacionado con la suspensión del proceso en eventos como el que suscita el análisis de la Sala la Ley 546 de 1999(9) que entró en vigencia a partir del 23 de diciembre del mismo año, en su artículo 42(10) parágrafo 3° estableció i) la conversión del crédito; ii) la reliquidación de la obligación y ii) la adecuación de los documentos contentivos de ésta, sobre los procesos en trámite, a 31 de diciembre de 1999 y especialmente señaló:

“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario(11), tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo”. 

El estudio de constitucionalidad sobre el punto precisó(12):

“A juicio de la Corte, no hay quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales en cuanto a deudores cuyas obligaciones se encuentran vencidas, pues resulta apenas elemental que, si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por el colapso del sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquéllas, deben repercutir en el trámite de los procesos, como lo dijo la Corte en la Sentencia SU-846 del 6 de julio de 2000 (M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra). 

En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (preámbulo y art. 2º, C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228, C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229, C.P.). 

Empero, esos mismos propósitos del legislador, y por consiguiente las normas constitucionales que los contemplan, aparecen desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del proceso a que el deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Por una parte, ese término es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de otro lado, si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso. 

También contraviene el derecho a la igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del mismo parágrafo 3º, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía. 

En efecto, es evidente que se trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que tiene la terminación de todo juicio. 

El acreedor goza, por supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la relación procesal. 

Serán declaradas inexequibles, en este parágrafo, las expresiones "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo" y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”. 

A su vez, la Corte Constitucional en Sentencia T-606 de 2003(13) reiteró:

“(...) mediante Sentencia C-955 de 2000(14), esta corporación declaró exequible el artículo 42 en comento, con excepción de los apartes i) "siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la Ley”; ii) "cumplido lo anterior"; y iii) "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo", y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”, contenidos en los incisos primero y segundo, y en el parágrafo 3° de la norma en cita respectivamente, que fueron declarados INEXEQUIBLES. 

En consecuencia, el parágrafo del artículo 3° de la Ley 546 de 2000, dispone, respecto de los procesos que el 31 de diciembre de 1999 cursaban en procura de la solución de créditos concedidos en UPACS, para financiar adquisiciones de vivienda que: 

“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”. 

Consideró esta Corte i) que “la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito” y ii) que, “producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma”.  

Expuso la corporación que el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, al disponer inicialmente la suspensión del proceso y luego su terminación, para que se efectúe la reliquidación del crédito, previo el abono decretado en el artículo 40 de la misma disposición, “lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (preámbulo y art. 2º, C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228, C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229, C.P.)”.  

No obstante, la Corte consideró, respecto del parágrafo 3° que “esos mismos propósitos del legislador, y por consiguiente las normas constitucionales que los contemplan, aparecen desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del proceso a que el deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Por una parte, ese término es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de otro lado, si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso.”. 

(...) 

En consecuencia para la Sala resulta claro i) que el 31 de diciembre de 1999 los procesos ejecutivos, en los que una entidad financiera cobraba un crédito concedido en unidades de poder adquisitivo constante UPAC, para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos de permitir la reliquidación del crédito, de oficio o por petición del deudor; y ii) que efectuada la reliquidación del crédito el proceso finalizó y la actuación fue archivada. Sin perjuicio de que la acreedora, “si el deudor incurriere nuevamente en mora”, haya iniciado otro proceso, sobre el crédito previamente reliquidado y con documentos contentivos de una obligación que así lo indican.  

Por consiguiente, el parágrafo 3° del artículo 42 no estableció una modalidad de terminación por pago total de la obligación, la que existía y siempre ha existido en el ordenamiento, sino la finalización de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco de “las gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito.  

Sin perjuicio de la facultad de la acreedora de iniciar un nuevo proceso, una vez convertido el crédito y adecuado los documentos que lo contienen, si el deudor no se aviene a la reestructuración del crédito, e incurre en mora.  

El parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 estableció, entonces, una forma extraordinaria de terminación, la que a juicio de esta corporación obedeció a la necesidad de hacerle frente a una crisis económica de grandes proporciones, generada en el incremento excesivo de los créditos otorgados en UPACS y en el aumento inusitado de procesos ejecutivos, modalidad que persigue otorgar tanto a las entidades prestamistas como a los deudores la posibilidad de reestructurar los créditos, previo el abono especial ordenado en el artículo 40 de la misma disposición, una vez efectuada la reliquidación del crédito, y adecuados documentos contentivos de la obligación.  

Basta para sustentar lo expuesto considerar que la Ley 546 de 2000 (sic) diseño un sistema de financiación de vivienda a largo plazo, de aplicación general, que entró a regular “más de ochocientas mil deudas hipotecarias contraídas a la luz de normas precedentes”, al igual que “los innumerables pleitos ejecutivos o de reclamo de las sumas pagadas”, “inocultables síntomas de perturbación social ocasionado por el aumento exagerado de las tasas de interés, por la vinculación de la DTF al cálculo de la unidad de poder adquisitivo constante y por la capitalización de intereses en las obligaciones contraídas con el sector financiero”(15).

Pero no fue lo único, a juicio de la Corte “el conjunto de las disposiciones puestas en vigencia obedeció a una legítima actitud del legislador, quien quiso adelantarse, mediante reglas ordinarias, a la circunstancia de una posible declaración de estado de emergencia económica y social (..), motivada en que “las deudas en UPAC se hicieron impagables en la generalidad de los casos, en términos tales que se extendió la mora y que la cartera hipotecaria de difícil o imposible cobro creció desmesuradamente, conduciendo a la instauración de incontables procesos ejecutivos, de remates y de daciones en pago, con las naturales consecuencias negativas para la economía y para la estabilidad del crédito”(16).  

Y aún hay más, el legislador previó nuevas reglas en la relación contractual de las entidades financieras y los usuarios del crédito de vivienda, en cuanto dispuso i) dotar a los contratos de seguridades, mediante la adopción de condiciones uniformes para los documentos contentivos de las condiciones de crédito y sus garantías; y ii) conferir certidumbre a la relación jurídica desde su iniciación, en cuanto los establecimientos financieros adquirieron el deber de informar a sus deudores las proyecciones de los créditos, para el periodo anual, a fin de que éstos consigan adecuar sus finanzas al comportamiento de su obligación. 

Asunto éste de especial interés, que opera en relación con todos los créditos, como quiera que se trata de facilitar las condiciones para que todos los deudores “gocen de los indispensables conocimientos y documentos respecto de sus créditos, para formular, si lo consideran pertinente, las reclamaciones a que haya lugar”; como también de permitirles la reestructuración del crédito, de acuerdo con su real capacidad de pago(17).  

Por ello el artículo 39 de la misma disposición prevé la necesidad de adecuar “los documentos contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de la vigencia de la presente ley a las disposiciones previstas en la misma”, en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de su vigencia. 

No sobra advertir, al respecto, que la finalización de los procesos en curso, en los términos del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es una modalidad especial en cuanto da lugar a la terminación de los procesos sin efectos de cosa juzgada material y sin novar la obligación, por disposición expresa de la ley.  

Para finalizar procede recordar que esta corporación consideró contrarias a la Carta los apartes de las disposiciones confrontadas que distinguían, para efectos de las reliquidaciones, entre los créditos que el 31 de diciembre se encontraban al día y los que a la misma fecha se hallaban en mora, por cuanto “la verdadera fuente del derecho de todos ellos de las obligaciones correlativas en cabeza de las instituciones financieras acreedoras (reliquidar y abonar o devolver lo pagado de más) era precisamente el efectivo traslado patrimonial de recursos a las entidades prestamistas, lo que causó el problema social que el legislador quiso solucionar.”(18)

En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por ministerio de la ley, pero una vez adecuados los documentos contentivos de la obligación dichos procesos pudieron haberse iniciado nuevamente, esta vez para solucionar créditos convenidos en UVR(s); si el deudor no convino en la reestructuración del crédito o incumplió la convenida, a fin de satisfacer efectivamente al acreedor.  

Porque así lo dispone el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, normatividad expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso i) dado que las obligaciones superaron el monto de pago de los deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas; ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente adeudado; y iii) toda vez que los obligados no conocían el monto de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales condiciones de pago”.  

En otra oportunidad, luego de detenerse en el estudio de las dos tesis contradictorias respecto de aquellos casos en los cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de parte o ya sea de manera oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del acreedor y el deudor no acuerda la reestructuración del crédito con la entidad financiera, precisó(19):

El análisis anterior muestra que una vez promulgada la Sentencia C-955 de 2000, todos los procesos ejecutivos con título hipotecario basados en un crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999, cesaron, pues dicha sentencia estableció que todos estos créditos debían ser reliquidados, y que acordada la reliquidación, el proceso debía ser archivado. Es cierto que la regulación originaria de la Ley 546 de 1999 no establecía la terminación automática de todos esos procesos, pues exigía que el deudor hipotecario solicitara y acordara la reliquidación en un plazo determinado. Y por ello la ley no estableció una norma simple y terminante que dijera que todos esos procesos cesaban, ya que su archivo dependía de que hubiera solicitud y acuerdo de reliquidación en un término de tres meses. Sin embargo, esa exigencia de que hubiera la solicitud y del acuerdo de reliquidación en ese plazo fue declarada inexequible por la Sentencia C-955 de 2000, que consideró que dicha reliquidación operaba por ministerio de la ley. Por consiguiente, como el archivo de estos procesos depende de la existencia de la reliquidación, y como en virtud de la Sentencia C-955 de 2000, dicha reliquidación es automática, una conclusión se impone: el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la Sentencia C-955 de 2000, estableció la terminación y archivo de los procesos ejecutivos con título hipotecario basado en un crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999”. 

Ahora bien, siendo que a 31 de diciembre de 1999, cursaba en contra del actor un proceso ejecutivo en que se pretendía el cobro de dos créditos pactados en UPACS uno de los cuales era para vivienda, procedía la suspensión del proceso, no solo por la solicitud y el derecho que le asistía al ejecutado sino porque el Juez la debía decretar automáticamente, pues no se trataba de un acto “facultativo y potestativo de los señores Jueces de la República” como lo sostuvo el a quo, sino de un mandato legal.

Así las cosas, los Jueces Primero y Segundo Civil del Circuito de Valledupar y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar incurrieron en error judicial. Los primeros porque no decretaron como debían la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra del actor por Granahorrar y el segundo, porque teniendo que revocar la providencia impugnada, confirmó, lo anterior en cuanto i) no se reunían los requisitos exigidos por el artículo 170 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, ii) se trataba de dos clases de obligaciones; una para financiación de vivienda y la otra para inversión iii) se encontraba vencido el término de noventa (90) días para que se acordara la reliquidación y iv) según lo expuesto por la parte demandante, la reliquidación no tendría la eficacia requerida.

Lo anterior es así porque la Ley 546 de 1999 que, como ya se dijo, dictó normas en materia de vivienda disponiendo, entre otros aspectos, la imperativa suspensión de los procesos vigentes a 31 de diciembre de 1999, adelantados por créditos pactados en UPACS para la adquisición de vivienda, sin más requisito que lo anteriormente señalado, es decir, que se tratara de un proceso que a 31 de diciembre de 1999 se estuviera adelantando por créditos adquiridos para la adquisición de vivienda que se hubiesen pactado en unidades de poder adquisitivo constante UPAC.

Ahora bien, aunque en efecto se trataba del cobro de dos créditos de distinta naturaleza en un mismo proceso, la suspensión operaba en lo atinente al crédito de vivienda. Hecho este conocido en cuanto la obligación respaldada con el pagaré Nº 4509-0000799-0 (que luego se convirtió en la obligación Nº 45090001113-0) contaba con la hipoteca constituida sobre el bien con matrícula Nº 190-0020.384. Esto es, el ejecutivo continuaba solo frente al crédito de libre inversión. De donde se colige que no se trataba de una razón para abstenerse de decretar la suspensión del mismo. Medida que debía operar en todos los casos y circunstancias.

Así las cosas, la abstención por parte de los juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Valledupar y la confirmación de la decisión por parte del Tribunal Superior de la misma ciudad, causó al actor daño material que se concretó en la imposibilidad de refinanciar su crédito con la entidad bancaria. Daño que resulta imputable a la entidad demandada, en tanto, por mandato legal, ha debido suspender el proceso adelantado en contra del señor Iván Castro Maya, en lo referente al crédito hipotecario de vivienda. Permitir su refinanciación y dar lugar a que se suscriban los documentos que respaldarían el crédito reliquidado; con la posibilidad para el deudor de refinanciar la obligación o asistir a su extinción si el abono de la reliquidación así lo permitiera.

Ahora bien, el actor reclama el reconocimiento de perjuicio moral, no obstante, cuando se trata de su procedencia originada en la pérdida de bienes materiales éste debe estar suficientemente acreditado en el proceso, lo cual no se evidencia en el sub lite.

Así las cosas, esta Sala condenará por el daño material derivado de la negativa de suspender el proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Granahorrar en contra del señor Iván Castro Maya, en lo que respecta al crédito para adquisición de vivienda por el que se suscribió el pagaré Nº 4509-0000799-0, que luego se convirtió en la obligación Nº 45090001113-0, aspecto que le significó perder el inmueble el que pasó indebidamente a la propiedad del acreedor, por el 70% del avalúo presentado en el proceso ejecutivo. Para efectos de la tasación del perjuicio se tendrá en cuenta el monto de la obligación incluido el alivio y el valor del bien a 11 de enero de 2000(20), fecha a partir de la cual debió decretarse la suspensión del proceso.

Se tiene probado que el 1 de octubre de 1998, los peritos avaluadores dentro del proceso ejecutivo estimaron que el bien con matrícula Nº 190-0020.384, sobre el cual se había constituido la hipoteca en respaldo del crédito mencionado anteriormente, tenía un valor de $ 177´542.500, indexado dicho valor al momento en que se causó el daño (11 de enero de 2000), el resultado es de $ 198.577.660,73.

Está probado que la obligación fue objeto de reliquidación el 31 de diciembre de 1999, aplicándose un alivio por valor de $ 13.120.906, según lo dictaminó el perito con soporte en el cuadro Nº 3 obrante a folio 262 del cuaderno principal reflejando un saldo de deuda, a 1 de enero de 2000, de $ 112.835.892,46.

Recordemos que eran dos los créditos que se cobraban ejecutivamente, de un lado el respaldado con el pagaré Nº 4509-0000799-0 (que luego se convirtió en la obligación Nº 45090001113-0) y con la hipoteca constituida sobre el bien con matrícula Nº 190-0020.384 y el que correspondía al pagaré Nº 4509-5000029-2 con respaldo en el inmueble con matrícula Nº 190-0015.035. Los peritos avaluadores conceptuaron el 1 de octubre de 1998 que el inmueble con matrícula Nº 190-0020.384 tenía un valor de $ 177´542.500 y que el correspondiente a la matrícula Nº 190-0015.035 costaba $ 225´320.000, aunque ya se dejó en claro que el relacionado con el segundo inmueble no es objeto de reparo alguno, en tanto respecto de éste no procedía la suspensión del proceso por tratarse de un crédito que no estaba destinado a vivienda, resulta necesario sumar los dos valores ($ 402.862.500), pues el 27 de junio de 2002, se adjudicaron los inmuebles a la corporación acreedora teniendo en cuenta el 70% del valor total del avalúo de los dos bienes es decir por la suma de $ 282.00.450. Lo anterior, con el ánimo de precisar por cuanto fue adjudicado el inmueble objeto de la presente controversia.

En resumen, el inmueble que corresponde a la matrícula Nº 190-0020.384, que en 1998 fue avaluado en $ 177´542.500 se adjudicó en el 2002, por el 70% del avalúo, es decir por la suma de $ 124.279.750.

Entonces, $ 198.577.660,73 que correspondía al avalúo indexado, menos el valor de la deuda $ 112.835.892,46 arroja la suma de $ 85.741.768,27, que corresponde al perjuicio material causado por la negativa de suspensión a que tenía derecho el señor Castro Maya. Este valor debe ser indexado a efectos de establecer el monto a pagar, así:

Va= V(ipcfinal)

Ipcinicial

Va= $ 85.741.768,27 (132,85)

57.74

Va= $ 197.277.345,24

Conforme lo visto la entidad demandada pagará al señor Iván José Castro Maya la suma de ciento noventa y siete millones doscientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos ($ 197.277.345,24), por concepto de perjuicio material.

Ahora bien, en lo atinente a la falta de defensa técnica se encuentra acreditado que, luego de intentarse la notificación personal del señor Iván José Castro Maya, se fijó aviso con el propósito de poner en conocimiento el mandamiento de pago y que el 5 de noviembre de 1997, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar emplazó al actor, así mismo advirtió que surtido el trámite sin lograr su comparecencia se procedería a nombrar curador ad-litem.

Surtido el trámite de rigor el 21 de enero de 1998, el juzgado de conocimiento nombró un curador al-litem para que representara al señor Iván José Castro Maya en el proceso ejecutivo adelantado en su contra por Granahorrar.

Así las cosas, la designación del curador ad-litem se adelantó siguiendo la normativa establecida para tal fin. Ahora si considera el actor que existió una inadecuada representación en el proceso ejecutivo en cuestión, el procedimiento civil le ofrece las herramientas para evidenciar la anomalía alegada, pues conforme el artículo 368 # 5 podía haber intentado el recurso de revisión para así evidenciarlo, de suerte que ese era el escenario para debatir lo plateado por el actor y no obra en el plenario prueba alguna que así lo demuestre.

Conforme lo anterior, no se evidencian los elementos para derivar responsabilidad del Estado por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia conforme lo plantea el actor.

No se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello únicamente si su conducta así lo amerita y, en el sub lite, no se encuentra elemento alguno de temeridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE

REVOCAR conforme las consideraciones expuestas, la sentencia proferida el 1 de marzo de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar que declaró la excepción de falta de relación de causalidad propuesta por la entidad demandada al tiempo que negó las pretensiones, en consecuencia,

1. DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación- Dirección Nacional de Administración Judicial, como consecuencia del error judicial en que incurrieron los juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en cuanto a seguir adelante con el proceso ejecutivo hipotecario por crédito de vivienda seguido en contra del señor Iván José Castro Maya por Granahorrar, sin perjuicio del imperativo de suspensión impuesto por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.

2. CONDÉNESE a la Nación- Dirección Nacional de Administración Judicial, a pagar la suma de ciento noventa y siete millones doscientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos ($ 197.277.345,24), por concepto de perjuicio material en partes iguales a los señores Iván José Castro Maya y Javier Francisco Rivera Ávila, este último cesionario del 50%.

3. DENIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.

4. No hay lugar a condena en costas.

5. Dese cumplimiento a la presente providencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero.

1 Artículos 302 a 305 del Código de Procedimiento Civil.

2 Sentencia T-669 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia T-701 del 29 de julio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Sentencia T-606 del 23 de julio de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

3 Sentencia del 28 de enero de1999, C.P. Daniel Suárez Hernández. Sentencia del 5 de julio de 2000, C.P. Cesar Hoyos Salazar. Sentencia del 12 de diciembre de 2002, C.P. Mario Alario Méndez.

4 Se aclara, que tal como se señaló con anterioridad, la entidad demandada aportó un escrito que no guarda correspondencia con el asunto objeto de estudio pues hace referencia un tema penal por privación injusta de la libertad.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

6 El 29 de abril de 2015, la Subsección B del Consejo de Estado decretó “dos DICTAMENES PERICIALES i) para que experto financiero se pronuncie sobre los montos, debidamente indexados, que el demandante pagó a la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar” con ocasión del crédito para la adquisición de vivienda a largo plazo Nº 4509-0000799-0, discriminando los tipos de intereses, su capitalización, periodos y fechas de cobro y pago al igual que el monto del alivio financiero al que el mismo habría tenido derecho de haberse suspendido el proceso y así mismo permitido la reliquidación del crédito.
ii) Para que un experto en valoración de inmuebles determine el precio comercial del lote-casa # 9 Conjunto Residencial del Norte ubicado en la carrera 19 Nº 2-61 de Valledupar, inscrita en el registro inmobiliario bajo el número de matrícula Nº 190-0020.384 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad, afectada y gravada con la Hipoteca abierta de primer grado correspondiente al crédito para la adquisición de vivienda a largo plazo Nº 4509-0000799-0.

7 Es importante precisar que según lo expresado por el actor el 8 de febrero 2000, la obligación número 4509-0001113-0 originalmente se distinguía con el número 45090000799-0, por lo que se trata de la misma (fl. 183 cdno. pbas.).

8 En consideración a la precisión del anterior pie de página se transcribirá únicamente lo pertinente, es decir lo que corresponde al literal b), relacionado con la obligación Nº 4509-0001113-0.

9 “Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones". En Sentencia T-606 de 2003 la Corte Constitucional especificó que además “creó las UVR o Unidades de Valor Real, y dispuso un abono especial “a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo”.

10 ART. 42.Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley.
Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.
PAR. 1º—Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.
PAR. 2º—A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1º del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo”.
PAR. 3º—Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”. Se resaltan las expresiones declaradas inconstitucionales mediante la Sentencia C-955 de 2000.

11 Aparte declarado inexequible mediante Sentencia C-955 de 2000.

12 Corte Constitucional. Sentencia del 26 de julio de 2000, M.P. José Gregorio Hernández expedientes D-2823 y D-2828.

13 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

14 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

15 Sentencia C-955 de 2000, ya citada, punto 21.

16 Idem.

17 Sentencia en comento, punto 17.

18 Idem, punto 21.

19 Corte Constitucional. Sentencia del 29 de julio de 2004. MP (e) Rodrigo Uprimny Yepes expediente T-671925.

20 Se toma esta fecha en consideración a que el día anterior finaliza la vacancia judicial, según la Ley 31 de 1971, por la cual se modificó parcialmente el Decreto 546 del mismo año, en cuyo artículo 1º literal b, precisó:

b) Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados de la rama civil, contencioso administrativo, laboral y los de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas Penales de los Tribunales de Distrito, así como los respectivos agentes del ministerio público que corresponden a tales despachos, disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales”.