Sentencia 2003-01960/35837 de julio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad: 25000-23-26-000-2003-01960-01 (35.837)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Sociedad Médica de Leticia - Somelet Ltda.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal.

Asunto: Acción de reparación directa (D-01/84)

Tema: Enriquecimiento sin justa causa.

Subtema 1. Venire contra factum proprium non valet.

Subtema 2. Caducidad

Sentencia. Confirma.

Bogotá D.C, doce de julio de dos mil diecisiete

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de abril de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Extractos: « III Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito.

La Sala es competente para conocer del presente asunto iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a que el proceso tiene vocación de segunda instancia en atención a su cuantía. En efecto, la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo(17).

Ahora bien, pasa a estudiar la Sala si en el presente asunto la demanda se interpuso en tiempo o si por el contrario operó el fenómeno de la caducidad.

La caducidad es la institución mediante la cual se expresa la oposición del derecho a situaciones jurídicas vitalicias, además dentro de un proceso judicial constituye uno de los presupuestos procesales que, al ser de orden público, puede incluso ser declarado de oficio.

Sobre la perentoriedad de los términos de caducidad, esta Subsección ha señalado:

“La caducidad de la acción como fenómeno jurídico implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción unas determinadas pretensiones habida cuenta de que ha transcurrido el término que perentoriamente ha señalado la ley para ejercitar la correspondiente acción.

(…)

La caducidad opera de pleno derecho, es decir que se estructura con el solo hecho de transcurrir el tiempo prefijado para ello, y por lo tanto el juez puede y debe decretarla aún de oficio cuando aparezca que ella ha operado.

La caducidad produce sus efectos frente a todas las personas sin que sea admisible ninguna consideración sobre determinada calidad o condición de alguno de los sujetos que interviene en la relación jurídica o que es titular del interés que se persigue proteger mediante la respectiva acción.

Finalmente la caducidad, precisamente por ser de orden público, no puede ser renunciada y no se interrumpe sino en los limitados casos exceptuados en la ley”(18).

De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, a la actio in rem verso le es aplicable la normatividad de la acción de reparación directa, así quedó sentado en la Sentencia de unificación de la Sección Tercera del 19 de noviembre de 2012.

A su turno, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”

En tratándose de reclamos por pagos de servicios prestados sin contrato, esta Corporación ha señalado que la caducidad debe empezarse a contar a partir del momento en que se adquiere certeza por parte del actor que la administración no va a cancelar rubro alguno por el servicio prestado.

Por ejemplo en eventos como el reclamo por prestación de servicios de parqueo, se ha establecido que el término de caducidad debe contarse a partir del momento en que se retiran los rodantes, pues dicha circunstancia es la que concreta el no pago del servicio y con ello el daño causado al demandante(19).

Esta Sala en providencia recientemente señaló:

“Pues, contrario a lo afirmado por el recurrente, dicho término empezó a correr cuando finalizó el período académico comprendido entre septiembre y diciembre del año 2007 (aquí se tomará como fecha final el 31 de diciembre de 2007 comoquiera que si bien la parte demandante no refirió fecha exacta de terminación de periodo escolar si sostuvo que fue en diciembre de 2007), toda vez que fue a partir de finalizado ese periodo que la parte actora tuvo conocimiento del daño, porque fue a partir de allí en donde tuvo la certeza de que no se le reconoció ni se le reconocería ningún dinero o contraprestación alguna por los servicios que prestó su colegio a 1.582 estudiantes, de modo que tenía hasta el 1º de enero de 2010 para presentar la demanda”(20). (Negrita fuera de texto)

Los anteriores lineamientos se acompasan con los principios pro actione y pro damnato, según los cuales cuando el conocimiento o concreción del daño se produce con posterioridad a la ocurrencia misma del hecho dañoso, la contabilización del término de caducidad se debe realizar a partir de la ocurrencia de alguno de aquéllos —conocimiento o concreción del daño—(21).

En este asunto se solicita el pago por servicio de salud prestados entre octubre de 1999 y febrero del 2000, de lo cual en principio se concluiría que operó el fenómeno de la caducidad, en razón a que la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2003.

Sin embargo, no fue al finalizar la prestación de los servicios de salud que la sociedad Somelet Ltda., tuvo conocimiento que Cajanal E.P.S. no iba a cancelarle rubro alguno por tales servicios, sino el momento en que se le informó que no existía presupuesto y que debía acudir al trámite conciliatorio prejudicial.

En efecto, el 14 de agosto de 2000 el Jefe Administrativo y Financiero junto con el Director Seccional de la E.P.S. señalaron que “las cuentas pendientes se tramitarán por conciliación prejudicial” y al respecto anexan el instructivo para el “pago por conciliación prejudicial de créditos pendientes a favor de las IPS”(22)

La Sociedad Somelet Ltda., presentó el 9 de noviembre de 2000 nueva solicitud de conciliación por un total de $ 161.257.939 correspondientes a los servicios de salud prestados a Cajanal E.P.S. durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999, enero y febrero de 2000. Este solicitud se presentó “conforme a la comunicación enviada a Somelet por el director seccional de Cajanal doctor Carlos Julio Rodríguez Ramon, El día 14 de Agosto de 2000, acompañada por un instructivo, indicando el procedimiento para el pago por Conciliación Prejudicial”(23).

Con ocasión de la anterior solicitud se citó a los apoderados de las partes a audiencia de conciliación, sin embargo en audiencias del 30 de enero(24) y el 28 de febrero de 2001(25) el apoderado de Cajanal E.P.S. solicitó el aplazamiento, debido a que las cuentas no habían sido revisadas por el Cenalc.

Con posterioridad el apoderado de la Sociedad Somelet Ltda., solicitó en sendos escritos el aplazamiento de las audiencias programadas para el 28 de marzo y 31 de mayo de 2001, toda vez que en comunicaciones con el Cenalc tuvo conocimiento que las cuentas a conciliar no habían sido avaladas(26).

El proceso de auditoria por el Cenalc llevó a que en Oficio OJD-1989 del 8 de noviembre de 2001 la jefe de oficina jurídica del Cenalc comunicara al Gerente de Somelet Ltda., que Cajanal si puede reconocer el pago de los servicios, pero “previamente debe someterse a un proceso conciliatorio”(27).

Igualmente el Grupo Contencioso de Cajanal E.P.S. solicitó a la división financiera de la entidad, certificación respecto de la existencia de recursos para el pago de algunas cuentas, entre ellas la de Somelet Ltda.(28), sin embargo se informó que debido a la ausencia de reserva presupuestal no era posible cancelar la suma con el presupuesto de vigencia 2002(29).

Con base en lo anterior se presentó solicitud de conciliación conjunta el 17 de febrero de 2003 por parte de los apoderados de Cajanal E.P.S y Somelet Ltda(30). Conciliación que fue rechazada en decisión del 17 de febrero de 2003(31) y posteriormente confirmada en auto del 12 de marzo de 2003 proferido por la Procuraduría Sexta Judicial de Bogotá(32).

De este recuento se desprende que Cajanal E.P.S., tal y como lo acepta en la contestación de la demanda, siempre estuvo presta a cancelar los emolumentos por concepto de prestación de servicios de salud, por lo que le asistía en la sociedad Somelet Ltda., la confianza legítima de que los valores se iban a saldar por la vía establecida por Cajanal para ello.

Sobre este punto, esta Corporación ha indicado que:

“(…) Exigirle a la sociedad actora una actividad jurisprudencias (sic) previa a la negativa oficial de pago y sancionarla porque no demandó el reconocimiento de un derecho cuya negativa antes ignoraba, sería ir en contra del sentido común y de una equitativa valoración de lo sucedido”(33).

De la mano del anterior criterio, la Subsección B, decidió respecto de la caducidad en un asunto similar lo siguiente(34):

“(…) 15.4. Ahora bien, mientras aquella se encontraba en condiciones que le hacían esperar legítimamente que iba obtener el pago de la actuación adelantada, no podía saber que iba a padecer el empobrecimiento ahora invocado; lo supo desde el momento en que tuvo conocimiento no sólo de la imposibilidad de celebrar el contrato que constituiría el título jurídico con fundamento en el cual podía reclamar el pago de dichas sumas —supra párr. 12.6—, sino de la propuesta conciliatoria formulada por la entidad demandada, por cuyos términos quedaba claro que aquella no iba a cancelarle la totalidad de lo que, a su juicio, le correspondían como honorarios —supra párr. 12.8—. (…)” (negrita fuera de texto)

Por ende, en el sub lite se encuentra que la parte actora tuvo conocimiento del daño el 8 de noviembre de 2001, cuando la entidad le informó que no le cancelaría lo reclamado por falta de presupuesto, pues fue en ese momento en que tuvo certeza que no recibiría ningún dinero ni contraprestación por los servicios prestados.

En este orden ideas acorde con el criterio jurisprudencial citado, la Sala se aparta de lo considerado por la Procuraduría al rechazar la solicitud de conciliación, pues se insiste, para el momento en que se presentó la demanda, 10 de septiembre de 2003, la acción se encontraba vigente

Por otro lado, Somelet Ltda., se encuentra legitimada en la causa por activa para reclamar los emolumentos no cancelados por Cajanal pues prestó los servicios de salud cuyo pago ahora reclama. Igualmente existe legitimación en la causa por pasiva de hecho a cargo de Cajanal E.P.S. pues es contra esta entidad que se formula la pretensión indemnizatoria en este asunto, además que solicitó a Somelet Ltda. la prestación de los mismos.

2.6. Hechos probados.

Del material probatorio allegado al presente proceso, inclusive en copias simples(35), la Sala encuentra demostrado:

a) Respecto de la prestación del servicio:

• Mediante Oficio DS Nº 630-99 del 4 de octubre de 1999 el Director Seccional de Cajanal E.P.S. solicitó al Gerente de la Sociedad Médica de Leticia Somelet Ltda., lo siguiente: “Atentamente me dirijo a usted, con el fin de solicitarle se sirva prestar a nuestros afiliados por Actividad los servicios médicos del I y II nivel ambulatorio de atención médica, durante el mes de octubre del año en curso”(36)

• El 6 de octubre de 1999 entre el Director Seccional de Cajanal E.P.S y el Gerente de Somelet Ltda. suscribieron el Acuerdo 001 en el que se lee(37):

“1. Prestar los servicios de Atención Médico Asistencial a los afiliados, beneficiarios de Cajanal EPS, primer y segundo nivel disponible por la IPS con carácter urgente ante la crisis presentada con la IPS Assistir SA. Sucursal amazonas.

2. Cajanal EPS Seccional Autoriza la atención de sus afiliados y beneficiarios previa comprobación de sus derechos através (sic) de la presentación de su carnet que se constatará con el listado actualizado que facilitaremos mes a mes.

3. los servicios se prestaran con la previa autorización del Director Seccional Amazonas Doctor Raúl Ternera y la firma del médico y la del usuario como recibido el servicio.

4. Este acuerdo determina la prestación de servicios por evento y no por capitación.

5. los servicios que ocasional (sic) los afiliados y beneficiaros se pagarán con tarifas SOAT.

6. este acuerdo es por el mes de octubre hasta que se realice la contratación con los diferentes oferentes.

7. Este servicio se prestará en las instalaciones de Somelet LTDA en la ciudad de Leticia”

• A través del Memorando 053 del 30 de noviembre de 1999 la Gerencia General de Cajanal E.P.S., informó a los directores seccionales de la prórroga en los diferentes contratos de prestación de servicios de salud, indicando que “deberán informar a los Representantes legales de las IPSs, con el fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio”(38)

• Mediante Memorando 054 del 30 de noviembre de 1999, el Gerente General de Cajanal E.P.S. solicita a los representantes legales de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud colaboración para la prórroga de los contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de1999(39).

• Por medio del Oficio DS Nº 770-99 del 1º de diciembre de 1999, el Director Seccional de Cajanal E.P.S. solicitó al Gerente de Somelet Ltda., la prórroga del convenio de prestación de servicios, de acuerdo a los memorandos Nº 53 y 54 de 1999(40).

b) En relación con el trámite de la conciliación para el pago de los servicios prestados, además de lo señalado dentro del estudio de la caducidad, se destaca:

• Mediante Oficio del 13 de diciembre de 2001 el apoderado de Somelet Ltda allegó al Cenalc la relación de facturas pendientes dentro del proceso conciliatorio y aval de las cuentas entre Cajanal y Somelet(41):

“por concepto de servicios profesionales de salud, prestado en el mes de octubre de 1999.

• Factura Nº 00125, en original y dos copias, por valor de $ 27.041.682.

Por concepto de servicios profesionales de salud, prestados en el mes de noviembre de 1999.

• Facturas Nº 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142, en original y dos copias por valor de $ 22.085.021.

Por concepto de servicios profesionales de odontología prestados en el mes de diciembre de 1999.

• Facturas Nº 00160, 00161 y 00162, en original y dos copias por valor de $ 8.855.920,00

Por concepto de servicios profesionales de salud prestados en el mes de diciembre de 1999.

• Facturas Nº 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157 y 00158, en original y dos copias por valor de $ 27.392.115.00”.

• El 2 de abril de 2002 la abogada del grupo contencioso remitió al Comité de Defensa Judicial y Conciliación oficio con los valores para que fueran aprobados dentro del trámite de la conciliación prejudicial adelantado con Somelet Ltda., correspondiendo a un total de $ 78.938.743.oo según certificaciones del Cenalc(42).

• El 15 de noviembre de 2002 entre Cajanal E.P.S. y Somelet Ltda. suscribieron el Acuerdo de Pago 1-0013-2002, “para el pago de las obligaciones correspondientes a los servicios prestados durante los años 1997, 1998, 1999 y primer trimestre de 2000”(43):

“1. Las partes aceptan el procedimiento utilizado por Cajanal respecto a la determinación y certificación de los valores facturados, glosados, avalados, pagados, amparados y por pagar, derivados de la prestación de servicios de salud a Cajanal E.P.S. en los periodos comprendidos entre el primero de enero de 1997 y el 31 de marzo de 2000.

De igual forma el acreedor, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente acuerdo, manifiestan no haber recibido pagos diferentes de los registrados y certificados por Cajanal E.P.S., por los mismos conceptos que se relacionan en los avales que se relacionan en la cláusula siguiente.

2. Conforme a lo anterior, las partes aceptan como saldo único y definitivo a pagar por parte de Cajanal, por los servicios prestados durante los períodos señalados, previos los trámites de conciliación y según su resultado cuando sea el caso, y el recobro a las compañías de seguros de vida, la suma de $ 78.938.743,00, tal y como consta en los valores (Certificado de Deuda expedidos por Cajanal): Nº 1179, por valor de $ 78.938.743, fechado enero 18 de 2002 Nº 0, por valor - fechado.

(…)

7. Las partes manifiestan que la suma de $ 78.938.743 debe ser objeto de conciliación ante autoridad de la jurisdicción administrativa.(…)”

• Mediante proveído del 17 de febrero de 2003 la Procuraduría Sexta Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite de conciliación prejudicial adelantada por Cajanal E.P.S. y Somelet Ltda., decidió(44):

“(…)

En la documentación allegada por los solicitantes, se tiene entre las pretensiones el pago de los servicios médicos prestados sin contrato durante el año de 1999, por valor de $ 49.047.720,00 según la certificación de Auditoría Médica Nº 01132 del 27 de noviembre de 2001 y la facturación adjunta.

De conformidad con el artículo 44, numeral 8º de la Ley 446 de 1998 - Caducidad de las Acciones - la relativa a Reparación Directa, caducará al vencimiento del plazo de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa”.

Para efectos de contabilizar la caducidad, se observa que desde el 30 de diciembre de 1999 (fecha de prestación del último servicio) hasta el 12 de febrero del año 2003, día en que fue recibida la solicitud de Conciliación en la Unidad Coordinadora de las Procuradurías Judiciales Administrativas, han transcurrido más de los dos (2) años que señala la norma citada para adelantar la actuación, concluyéndose, que ha operado el fenómeno de caducidad de la acción”

“En cuanto al pago de la suma de $ 29.891.023 por los servicios prestados con contrato, según la Certificación de Auditoria Médica Nº 01133 del 27 de noviembre de 2001, el Despacho requiere, previo a la admisión de la solicitud, por este valor, se allegue fotocopia del Contrato 001/99, de su Acta de Liquidación y constancia de las sumas canceladas con cargo al mismo contrato (…)”

• El 12 de marzo de 2003 la Procuraduría Sexta Judicial de la ciudad de Bogotá, resolvió el recurso de reposición interpuesto por Cajanal E.P.S. en contra del auto de fecha 17 de febrero de 2003, señalando(45):

“(…) Argumenta el recurrente, que si bien los servicios de salud fueron recibidos hace más de dos años de la radicación de la solicitud conjunta, Cajanal por motivos de Fuerza Mayor y debido a que el proceso de auditaje es complejo, dispendioso y de responsabilidad, no las pudo auditar oportunamente, lo que trajo como consecuencia, que solo hasta el 18 de enero de 2002 se expidiera la certificación donde consta el saldo adeudado.

Agrega que la empresa solicitante desde el año 2000 intentó conciliar con Cajanal, pero no se logró porque no había culminado el proceso de auditaje. Que la sociedad simple ha estado pendiente de sus cuentas de cobro, ha requerido a Cajanal para su pago e intervino en el proceso de auditaje desvirtuando las glosas que resultaron de la revisión de sus cuentas, por lo que estima, no se hace merecedor al castigo que impone la caducidad de la acción. Al respecto cita Sentencia del Consejo de Estado del 12 de noviembre de 1998 M.P. Ricardo Hoyos Duque.

Dice que la Sociedad Médica de Leticia Ltda, pretende el pago de un número determinado de facturas, y según las voces del fallo citado, el asunto debe manejarse desde la perspectiva del proceso ejecutivo, evento en el cual no ha operado el fenómeno de la caducidad.

Manifiesta que de no reponerse el auto recurrido, Cajanal podría verse avocada a una acción judicial, la cual sería más onerosa para la entidad, lo que se traduce en un entendimiento patrimonial del Estado, ya que el dinero adeudado debe actualizarse amén de los intereses moratorios que les obligarían a cancelar.

Finalmente, solicita también se reponga el auto en lo que respecta a que se allegue la constancia sobre los valores pagados a Somelet, por cuanto esta información aparece en la certificación de base de pagos y saldos que se acompañó a la solicitud y que fueron fundamento para el acuerdo firmado por los gerentes de las instituciones.

El Despacho no puede atender los planteamientos expuestos por el apoderado de la Caja Nacional de Previsión, porque en primer lugar, los servicios médicos cuyo pago por conciliación se rechaza, fueron prestados sin contrato, durante el año de 1999, por consiguiente, su pago debía buscarse dentro de los dos años siguientes, toda vez que si no había acuerdo conciliatorio, la Acción procedente era la Reparación Directa.

Argumenta el recurrente, que Somelet LTDA sí estuvo pendiente de sus cuentas y requirió a la Caja para su pago, además de intervenir en el proceso de auditaje, sin embargo, de estas aseveraciones no adjuntó prueba alguna que las demostrara (sic); y el solo dicho del abogado de la Caja, no es prueba suficiente para interrumpir la caducidad de la acción. (…)

Dice también el apoderado de la Caja Nacional de Previsión, que la entidad por motivos de fuerza mayor y por ser muchas las cuentas por revisar, no las pudo auditar a tiempo. Sobre los motivos de fuerza mayor tampoco allegó prueba alguna el recurrente. y en cuanto al volumen de trabajo, no es válida la conducta de las entidades públicas que argumentan dicha exculpación, para retardar injustificadamente una respuesta (…) Por consiguiente, no se puede aceptar que si no se recurre el auto, Cajanal podría verse avocada a una acción judicial, la cual sería más onerosa lo que se traduce en detrimento patrimonial del Estado, porque si se da esta circunstancia, es precisamente por no haber actuado dentro de los términos legales.

Dice también el recurrente, que aplicando la sentencia del Consejo de Estado del 12 de noviembre/98 que cita, el asunto debe manejarse desde la perspectiva del proceso ejecutivo, evento en el cual no ha operado el fenómeno de la caducidad.

c) Adicionalmente, al proceso se allegaron los siguientes medios de prueba:

• Certificación de Cajanal E.P.S. seccional amazonas del 12 de marzo de 2003 donde se relacionan los valores adeudados a la sociedad médica de Leticia Ltda(46):

FechaRadicadoServicioValor
Septiembre 10-99253Cirujano Plástico$ 958.240
Noviembre 19-99297Servicios Médicos de Octubre-99$ 27.041.682
Enero 06-00333Servicios Médicos Noviembre-99$ 22.085.021
Febrero 02-00341Servicios Médicos Diciembre-99$ 27.392.115
Marzo16-00375Servicios Médicos y odontológicos $ 8.855.920
Marzo 27-00386Servicios Médicos Enero-00$ 35.432.057
Abril 27-00404Servicios Médicos Febrero-00$ 40.459.989

• Cuentas de cobro de los servicios médicos prestados por Somelet Ltda. radicados a Cajanal E.P.S (cdnos. 3 y 4)

3.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala dilucidar como problema jurídico, si el monto señalado en el Acuerdo de Pago 1-0013-2002 y reconocido en la sentencia apelada únicamente hace alusión a servicios prestados durante el año 1999, o en otras palabras, si es posible reconocer monto adicional a título de compensación a favor de la sociedad Somelet Ltda., por los servicios prestados en el año 2000, además de establecer que intereses se deben reconocer sobre dicha suma y desde cuando se deben reconocer los mismos, si es que a ello hay lugar.

3.4. Análisis de la Sala.

La Sala encuentra que el objeto del recurso de apelación de la parte demandante se contrae en el estudio de los perjuicios reconocidos en la sentencia proferida por el Tribunal de primera instancia.

Con base en el criterio adoptado por la Sección Tercera de esta Corporación(47), pasa la Sala a ocuparse únicamente de lo manifestado por el apelante en su recurso, toda vez que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia se delimita por lo expresado por el apelante en su recurso.

Señala el apelante que los de $ 78.938.743 relacionados en el Acuerdo de Pago 1-0013-2002 suscrito entre Cajanal E.P.S. y Somelet Ltda., el 15 de noviembre de 2002 únicamente corresponden a las cuentas avaladas y glosadas hasta el 31 de diciembre de 1999, por lo que, a su juicio falta por reconocer las cuentas de enero y febrero de 2000 con lo que el monto ascendería a $ 162.225.024.

Para resolver el particular, la Sala se remite a lo consignado en el Acuerdo de Pago 1-0013-2002, el cual en la parte general señala que es “para el pago de las obligaciones correspondientes a los servicios prestados durante los años 1997, 1998, 1999 y primer trimestre de 2000”, además que en su clausulado señala:

“1. Las partes aceptan el procedimiento utilizado por Cajanal respecto a la determinación y certificación de los valores facturados, glosados, avalados, pagados, amparados y por pagar, derivados de la prestación de servicios de salud a Cajanal E.P.S. en los periodos comprendidos entre el primero de enero de 1997 y el 31 de marzo de 2000.

De igual forma el acreedor, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente acuerdo, manifiestan no haber recibido pagos diferentes de los registrados y certificados por Cajanal E.P.S., por los mismos conceptos que se relacionan en los avales que se relacionan en la cláusula siguiente.

2. Conforme a lo anterior, las partes aceptan como saldo único y definitivo a pagar por parte de Cajanal, por los servicios prestados durante los períodos señalados, previos los trámites de conciliación y según su resultado cuando sea el caso, y el recobro a las compañías de seguros de vida, la suma de $ 78.938.743,00, tal y como consta en los valores (Certificado de Deuda expedidos por Cajanal): Nº 1179, por valor de $ 78.938.743, fechado enero 18 de 2002 Nº 0, por valor - fechado.

(…)

De acuerdo a lo que se acaba de exponer, el Acuerdo de Pago 1-0013-2002, a diferencia de lo expresado por la parte demandante en su escrito de apelación, cobija los servicios de salud prestados entre 1997 y el 31 de marzo de 2000, y será esta la suma que reconocerá la Sala, toda vez que la reclamación judicial que ahora adelanta contraviene el principio de la buena fe del que se desprende la regla según la cual “venire contra factum proprium non valet”.

Sobre este principio se pronunció la Corte constitucional en Sentencia T-405 de 1992, así:

La administración y el administrado deben adoptar un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no sólo se aplica a los contratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones unilaterales de la administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas o concretas para una persona. El ámbito de aplicación de la buena fe no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción.

13. El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el venire contra factum proprium, según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares. La revocatoria directa irregular que se manifieste en la suspensión o modificación de un acto administrativo constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas, puede hacer patente una contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, si la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y extemporánea o está basada en razones similares. Este es el caso, cuando la administración, luego de conceder una licencia de funcionamiento a una persona para el ejercicio de una determinada actividad, luego, sin justificación objetiva y razonable, procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento consecuente de la confianza legítima y la prohibición de “venir contra los propios actos””.

Observa la Sala que según los resultados del cruce de información en relación con las cuentas de la Sociedad Somelet Ltda, avaladas por el Cenalc(48), la cifra de $ 78.938.743, indicada en el Acuerdo de Pago Nº 1-0013-2002, se compone de dos valores; facturas con contrato por valor de $ 29,891.023 y facturas sin contrato por valor de $ 49.047.720.

De lo anterior se desprende que el valor señalado desborda las pretensiones de la demanda, dado que las súplicas de este proceso son ajenas a cualquier relación contractual, además que dentro de las facturas sin contrato se incluyen valores por servicios médicos prestados en meses distintos a octubre, noviembre, y diciembre de 1999.

No obstante, la Sala no puede desmejorar la situación de la Sociedad Somelet Ltda., en razón a que es único apelante en este asunto, por lo que se actualizará dicho monto a la fecha de expedición de esta sentencia, con base en la siguiente fórmula:

Ra = RhÍndice Final
Índice Inicial

Ra = $78.938.743,00, Índice final mayo 2017 = 137.71
Índice inicial noviembre 2002(49) = 71.20

Ra= $ 152.677.728

En cuanto al segundo motivo de impugnación de la sentencia de instancia atinente al reconocimiento de intereses comerciales moratorios sobre la suma ya referenciada, reitera la Sala que en tratándose de actio in rem verso los perjuicios se compensan mas no se indemnizan.

Específicamente en lo que atañe con el reconocimiento de intereses en la actio in rem verso, la jurisprudencia de la Sección Tercera se ha abstenido de su reconocimiento pues no se encuentra dentro de la órbita de la compensación.

Al respecto, la Sala en sentencia del 29 de enero de 2009 sostuvo:

“No obstante lo anterior, la Sala en sentencia de 7 de junio de 2007, Expediente 14669, modificó su postura y fijó su criterio en torno a la teoría del enriquecimiento sin causa, determinando que su naturaleza es eminentemente compensatoria y no indemnizatoria pues no se trata de pretender la reparación de un perjuicio o daño sino de restablecer el equilibrio del patrimonio que se vio afectado o empobrecido, para el demandante, en el mismo monto en que se enriqueció, sin causa jurídica, el patrimonio del demandado, razón para que el restablecimiento tan solo genere la compensación del empobrecido, en consecuencia, no proceden pretensiones de otra índole como lo son el pago de las utilidades o frutos civiles del capital pues ello conllevaría a desnaturalizar la teoría del enriquecimiento sin causa y a dar a la actio de in rem verso un alcance que desborda las pretensiones que le son propias.

“Desde esta perspectiva, en eventos como el que ha sido sometido a conocimiento de la Sala, es decir, cuando la acción que es ejercida es la de in rem verso, el acreedor no tiene derecho a los frutos civiles que hubiere producido el capital pagado en forma tardía y si esto es así, nunca tendría la posibilidad de que hicieran parte de su patrimonio, el cual jamás podría considerarse empobrecido por su no reconocimiento y pago. Igual razonamiento cabe hacer en relación con el patrimonio del deudor, puesto que al no proceder el pago de los intereses en favor del acreedor, su patrimonio no podría verse beneficiado por la no erogación de dichos emolumentos, sencillamente porque jamás estaría obligado a pagarlos cuando se adelantara una acción por enriquecimiento sin causa.

“En este orden de ideas fuerza concluir que en el presente caso no se configuran estos dos elementos de la teoría del enriquecimiento sin causa, consistentes en el enriquecimiento de un patrimonio y el correlativo empobrecimiento del otro, toda vez que la situación de hecho no generó un enriquecimiento en el patrimonio de la entidad pública demandada, como tampoco un empobrecimiento en el patrimonio del particular que suministró los medicamentos, de una parte, porque su valor fue satisfecho por la Administración y de otra, porque en virtud de la citada teoría no hay lugar a una indemnización de perjuicios que comportaría la reparación integral, sino a una compensación lo cual descarta, de plano, tanto el derecho del particular a reclamar intereses sobre el capital tardíamente cancelado, como la obligación del ente público de cancelarlos.”

“Concluye la Sala que en el caso examinado no procede el pago de los intereses reclamados por la parte actora, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que denegó la pretensión formulada en este sentido, pero por diferentes razones.”(50)

Según lo anterior, no habría lugar a reconocer cifra alguna por concepto de intereses y en principio tendría la Sala que revocar en este punto la sentencia de instancia.

Sin embargo, la Sala no puede adoptar tal determinación, toda vez que se reitera que nos encontramos frente a un apelante único, y conforme al principio de la no reformatio in pejus no puede el juzgador de segunda instancia desmejorar la situación de quien fuere único apelante.

Por ende, la Sala actualizará el valor reconocido en la sentencia recurrida con base en la siguiente fórmula:

Ra = RhÍndice Final
Índice Inicial

Ra = $15.985.094, Índice final mayo 2017 = 137.71
Índice inicial abril 2006(51) = 86.09

Ra= $ 25.569.837

En consecuencia, la Sala procederá a modificar la sentencia de instancia en el sentido de actualizar las sumas reconocidas en la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 6 de abril de 2006.

3.5. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 6 de abril de 2006 la cual quedará así:

1. Declárase administrativamente responsable a la Caja Nacional de Previsión Social, por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión del no pago de los dineros debidos por concepto de prestación de órdenes de servicios en salud durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 1999, enero y febrero de 2000.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a La Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, a indemnizar al demandante, por los perjuicios causados, así:

a) Por concepto de daño material en la modalidad de daño emergente, a favor de la sociedad Médica de Leticia (Somelet Ltda), la suma de ciento cincuenta y dos millones seiscientos setenta y siete mil setecientos veintiocho pesos ($ 152.677.728 m/cte.)

b) Por concepto de lucro cesante, concretado en los intereses legales causados, a favor de la sociedad demandante, la suma de veinticinco millones quinientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos ($ 25.569.837 m/cte.)

3. Se niegan las demás pretensiones.

4. Sin condena en costas.

5. Para el cumplimiento de la presente sentencia, se dará aplicación a lo establecido en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(17) La pretensión mayor asciende a 800 SMLMV monto que supera la cuantía requerida por el artículo 132 del C.C.A., con la modificación introducida por la Ley 954 de 2005 - 500 SMLMV - al momento de la presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2013; Expediente 23136.

(19) Al respecto ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicación 25000-23-26-000-2000-02080-01 (27.194)

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de febrero de 2017. Radicación 76001-23-31-000-2010-01550-01 (56.859)

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de febrero de 2014. Radicación 250002326000199902635 - 01 (27588)

(22) Folios 13 a 15, cdno. 2.

(23) Folios 22 a 28, cdno. 2

(24) Folio 29, cdno. 2

(25) Folio 32, cdno. 2

(26) Folios 33 y 34, cdno. 2.

(27) Folios 35 y 36, cdno. 2.

(28) Folios 40 y 41, cdno. 2

(29) Folios 42 y 43, cdno. 2

(30) Según providencia del 17 de febrero de 2003 por la Procuraduría Sexta Judicial de Cundinamarca (fls. 54-55, cdno. 1)

(31) Folios 54 y 55, cdno. 2

(32) Folios 56 a 58, cdno. 2

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de septiembre de 1991. Radicación (6303)

(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de noviembre de 2016. Radicación (36840)

(35) La Sala valorará los documentos allegados en copia simple, de acuerdo al criterio acogido en la sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) de la Sección Tercera de esta Corporación, según la cual es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a la contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

(36) Según consta en la copia simple del oficio (fl. 7, cdno. 2.)

(37) Según consta en la copia auténtica del acuerdo obrante a folio (fl. 8, cdno. 2.)

(38) Según consta en la copia simple del memorando obrante a (fl. 9, cdno. 2.)

(39) Según consta en la copia simple del memorando obrante (fl. 10, cdno. 2.)

(40) Según consta en la copia simple del memorando obrante (fl. 11, cdno. 2.)

(41) Según orifinal obrante a (fls. 37 y 38, cdno. 2.)

(42) Según copia simple obrante a (fl. 39, cdno. 2.)

(43) Según copia simple obrante a (fls. 48 a 52, cdno. 2.

(44) Según copia simple (fls. 54 y 55, cdno. 2.)

(45) Según copia simple (fls. 56 a 58, cdno. 2.)

(46) (fl. 59, cdno. 2.)

(47) Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.

(48) Folio 106, cdno. 1.

(49) Fecha de expedición del acuerdo de pago.

(50) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, Expediente 15662, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(51) Fecha de expedición de la sentencia de instancia.

[FIN]