Sentencia 2003-02234 de marzo 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Ref.: Expediente 730012331000200302234-02.

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Número interno: 0989-2008

Autoridades Nacionales

Actora: Obdulio Corrales Henao

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Debe la Sala determinar si el Señor Obdulio Corrales Henao se retiró de manera voluntaria del servicio o si por el contrario fue presionado para hacerlo.

Actos acusados

Resolución 342 de 6 de marzo de 2003 (fl. 179), proferida por el director generalde la Policía Nacional, que retiró del servicio por solicitud propia a varios integrantes de la institución dentro de los que se encuentra el actor.

De lo probado en el proceso

Mediante orden administrativa de personal de 16 de octubre de 2002 el director general de la Policía Nacional autorizó varios traslados dentro de los que se encuentra el del demandante del Gaula departamento de Caldas al departamento del Tolima, con derecho a prima de instalación (fl. 55).

El jefe del Gaula regional de Caldas mediante el Oficio 1235 de 4 de octubre de 2002 presentó ante el comandante departamental de Policía del Tolima al demandante, quien por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional fue desvinculado del Gaula regional Caldas y trasladado al departamento de Policía Tolima, según notificación de traslado 3424 (fl. 60).

El demandante solicitó al director de recursos humanos de la Policía Nacional mediante derecho de petición de 7 de octubre de 2002 (fl. 64), información de cuál pudo ser el motivo para tomar esa decisión.

El jefe del área de procedimientos de personal respondió la solicitud anterior informando al actor que los traslados obedecen a necesidades del servicio, siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Constitucional (fl. 66).

Mediante escrito presentado al director general de la Policía Nacional el 23 de diciembre de 2002, el demandante solicitó el retiro de la institución por considerar que ha sido puesto en el más grave estado de indefensión, teniendo en cuenta que ha sido objeto de represalias y persecuciones desde que reclamó la posible malversación de dineros del tesoro público (fl. 110).

Mediante Oficio 9 sin fecha, que obra a folio 116 del expediente, el director de recursos humanos contestó desfavorablemente la petición anterior en cuanto a que la solicitud no es libre ni espontánea y mucho menos voluntaria, como lo exige la jurisprudencia y la doctrina.

El nueve de enero de 2003 el demandante nuevamente solicitó su retiro voluntario con la misma argumentación de la petición anterior según consta en el formato único de retiro por solicitud voluntaria (fl. 112).

Posteriormente mediante formato único de retiro por solicitud propia presentado el 21 de enero de 2003, el demandante reiteró su retiro y solicitó que sea concedido (fl. 120).

El primero de febrero de 2003 el demandante solicitó nuevamente el retiro voluntario argumentando únicamente que llena los requisitos para ello (fl. 121).

Mediante la Resolución 342 de 6 de marzo de 2003 (fl. 179) expedida por el director general de la Policía Nacional, le fue aceptado el retiro al demandante por solicitud propia de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 1º y 56 del Decreto 1791 de 2000.

Mediante informe de indagación preliminar de 9 de septiembre de 2002 (fl. 218), el área de producción de inteligencia de la Dirección Antisecuestro y Extorsión, manifestó que no se encontraron pruebas sobre las posibles irregularidades en el gasto de la gasolina suministrada por Fondelibertad al Gaula Caldas y la posible utilización de vehículos Oficiales en actividades personales y paseos.

Análisis de la Sala

Normatividad aplicable

El retiro voluntario del servicio de que fue objeto el demandante se sustentó en el Decreto 1791 de 2000, que modificó las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, con el siguiente tenor literal:

“ART. 54. Retiro. “Apartes tachados inexequibles” Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el director general de la Policía Nacional.

El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de oficiales generales y en los demás grados en los casos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, no superar la escala de medición del Decreto de evaluación del desempeño o muerte”.

Por su parte el artículo 55 ibídem establece lo siguiente:

“Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.

2. Por llamamiento a calificar servicios.

3. Por disminución de la capacidad sicofísica.

4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

5. Por destitución.

6. Por voluntad del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, y los agentes.

7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño Policial.

8. Por incapacidad académica.

9. Por desaparecimiento.

10. Por muerte”.

A su vez el artículo 56 del Decreto 1791 de 2000, en cuanto al retiro por solicitud propia previó:

“El personal podrá solicitar su retiro del servicio activo en cualquier tiempo, el cual se concederá cuando no medien razones de seguridad Nacional o especiales del servicio que requieran su permanencia en actividad, a juicio de la autoridad competente”.

Las normas transcritas indican el procedimiento y los requisitos exigidos para poder retirar del servicio a oficiales de la Policía Nacional, como el actor, a través de la causal de retiro por solicitud propia, en cuanto a que no medien razones de seguridad nacional o del servicio que requieran su permanencia en actividad, a juicio de la autoridad competente.

La solicitud propia ha sido concebida legalmente como un acto voluntario del personal de la Policía Nacional para cesar en el ejercicio del grado que ostentan y en el cual se desempeñan. La manifestación de voluntad es entonces una forma legítima de desvinculación de la Policía Nacional, prevista para oficiales y suboficiales, cuyo fundamento se encuentra en la libertad para escoger profesión u oficio que la Constitución Política garantiza en el artículo 26.

De lo anterior se colige que la solicitud de retiro es el derecho de manifestar en forma escrita e inequívoca la voluntad de retirarse del servicio activo de la Policía Nacional.

En el caso sub lite el demandante presentó solicitud de retiro por voluntad propia el 23 de diciembre de 2002 por considerar que fue puesto en el más grave estado de indefensión, teniendo en cuenta que fue objeto de represalias y persecuciones desde que reclamó la posible malversación de dineros del tesoro público (fl. 110). El director de recursos humanos de la Policía Nacional negó la petición anterior argumentando que la solicitud no se efectuó de manera libre y espontánea.

Lo anterior da cuenta que la dirección de recursos humanos no dio curso a la solicitud de retiro en virtud de la evidencia directa que no existe voluntad propia en la solicitud.

El demandante presentó dos solicitudes más en las que expuso los mismos motivos que lo llevaron a solicitar su retiro voluntario (fls. 112 y 120) de las cuales no tuvo respuesta por parte de la entidad demandada.

El 1º de febrero de 2003 presentó nueva solicitud en la que como motivos no expuso los ya referenciados y la entidad demandada le dio trámite mediante el acto acusado de 6 de marzo de 2003.

El demandante considera que lo que ocurrió a partir del día en que denunció una posible malversación de fondos, dio pie para que presentara su retiro voluntario, enumeró una serie de situaciones que a su juicio lo llevaron a solicitar su retiro en busca de tener estabilidad en su salud y con su familia.

El haber sido desvinculado y trasladado al departamento del Tolima con todo lo que derivó, fueron las razones de hecho o los motivos que lo llevaron a pedir el retiro, pero no constituyen vicios que interfieran su voluntad ni demuestran coacción o presión por parte del nominador que lo obligue a tomar tal decisión.

Para determinar la coacción es necesario que se evidencie un componente de esta que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido, de tal manera que su capacidad de decisión se vio truncada al punto de que indefectiblemente fue forzado a renunciar.

En relación con este aspecto el Consejo de Estado, en sentencia de 26 de octubre de 2006(1) en un caso similar al que es objeto de estudio, precisó:

“ (…) Aún cuando se aceptara que la solicitud de retiro, se hubiera presentado como consecuencia de la insinuación hecha por el general Socha, es necesario tener en cuenta que esa supuesta “presión” no era suficiente para viciar el consentimiento del actor, quien ostentaba un grado importante y naturalmente contaba con una preparación intelectual y un recto criterio que le permitían tomar las decisiones que considerara adecuadas, haciendo caso omiso de insinuaciones que estaba en capacidad de discernir y rechazar. En el caso de análisis, el demandante ostentaba el grado de teniente economista, el cual es considerado dentro de las esferas militares, de alta jerarquía pues se encuentra en el nivel de oficiales de la Policía Nacional. Justamente, es usual que dentro de los funcionarios de alto nivel, como lo era el actor, la aludida sugerencia se torne en un mecanismo válido para proporcionar a dichos servidores una oportunidad decorosa para retirarse del servicio, y por la misma razón no había necesidad de recurrir a otra causal de retiro del mismo”.

De lo anterior se concluye que para determinar si el retiro por solicitud propia fue producto de la presión o coerción de la entidad nominadora, es necesario determinar precisamente los motivos por los cuales se vicia esa voluntad, sin embargo, las conjeturas o conclusiones espontáneas, no dan lugar al vicio referido.

En el caso sub examine para desvirtuar la legalidad del acto de retiro por solicitud propia del director de la Policía Nacional, es menester demostrar actividades que realmente se encaminaron a viciar el consentimiento del actor y que incluso pudieron llegar a manipularlo o cualquier otra expresión tendiente a coaccionarlo.

Del análisis de las pruebas la Sala concluye que la actuación de la entidad demandada está acorde con lo estipulado en las normas que regulan el servicio policial.

Además en su momento el demandante interpuso acción frente a la desvinculación y traslado al departamento del Tolima y los argumentos esgrimidos por el tribunal frente a esos hechos tienen asidero, ya que la facultad de la administración de cambiar de sitio de trabajo a sus servidores hace parte de su función.

Lo anterior indica que el desempeño del demandante no se hace imprescindible en ninguna dependencia ni zona del país y más si la policía es de orden nacional, pues a pesar de recibir sendos reconocimientos por el desarrollo de sus actividades, estos no tienen relación directa con su estabilidad territorial.

Por las razones expuestas el proveído que negó las súplicas de la demanda amerita ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “B” administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA

Confírmase la Sentencia de 8 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda instaurada por Obdulio Corrales Henao contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 26 de octubre de 2006, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-10769-01(6877-05), Actor: Óscar Manuel Pinzón Tamayo, Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional.