Sentencia 2003-02249/1317-15 e Junio 16 De 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Radicación Nº 08001233100020030224901

Nº Interno: 1317-15

Consejero ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Autoridades Distritales

Actor: Angélica De Jesús Villalba Suarez

Bogotá D.C., dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de los Oficios del 25 de marzo de 2003 y de julio 15 del mismo año, proferidos por el Director del Instituto Distrital del Cultura y Turismo, mediante los cuales denegó el reconocimiento y pago de los emolumentos pretendidos por la actora, derivados de la presunta relación laboral existente entre ella y el ente demandado.

Dentro del expediente se encuentra acreditado que la señora Angélica Villalba Suárez suscribió diversos contratos de prestación de servicios en el siguiente orden:

- Entre el 1º de septiembre de 1996 y el 30 de diciembre de 1996, por la suma de $2.800.000 (fl-11).

- Entre abril y diciembre de 1997 por valor de $7.650.000. El objeto principal del contrato era coordinar y fortalecer el funcionamiento de las casas comunales de cultura, de los programas culturales y recreativos, talleres de capacitación, conciertos, festivales, obras de teatro, foro y seminarios. (fl14)

- Entre febrero de 1998 y enero de 1999. El objeto del contrato consistía en asistir al Director en los procesos de organización y coordinación de eventos institucionales; y apoyar los procesos de educación artística no formal de la Escuela Distrital de Artes y casas comunales de cultura

(fl.18).

- Entre el 1 de marzo de 1999 y el 31 de agosto de 1999 (contrato 004-99). El objeto del contrato consistía en “asistir al Director en los procesos de organización y coordinación de eventos institucionales, igualmente en este sentido apoyar la División de Artes integradas. Es de igual competencia de esta coordinación el apoyo a los proceso de educación artística no formal de la Escuela Distrital de Arte y Casas Comunales de Cultura, como también la organización de programas recreativos culturales en los parques y espacios públicos de la ciudad”(fls.21-23).

- A folio 44 del expediente obra copia de la certificación suscrita por el Director del Instituto Distrital de Cultura en el que da cuenta que la demandante laboró entre el 1º de septiembre y el 1 de diciembre de 1999 bajo un contrato de prestación de servicios en el cargo de coordinadora de eventos culturales y comunitarios con una asignación mensual de 1.140.706.

- A folio 176 obra copia del acta de posesión del 2 de febrero de 2000, en la que la actora por virtud de la Resolución 10 de 2 de febrero de 2000, fue designada en el cargo de Jefe de División de Recursos Humanos y Personal –código 210-03.

A folio 5 del expediente obra copia de la solicitud de reconocimiento de sus prestaciones sociales como contratista al servicio del Instituto Distrital de Cultura de Barranquilla dentro del periodo comprendido entre 1996 y 2001.

La petición fue recibida por la entidad el 14 de marzo de 2003.

Mediante oficio del 25 de marzo de 2003 el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla denegó el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios, por encontrarse regida bajo los supuestos de la Ley 80 de 1993 (fls. 6-7).

En primer lugar, es preciso señalar que constituye requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible la subordinación y dependencia, y el hecho de que desplegó funciones públicas, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor; siempre y cuando, de las circunstancias en que se desarrollaron tales actividades no se deduzca que eran indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.

En el presente caso se encuentra demostrado que la demandante prestó servicios como coordinadora de eventos culturales y comunitarios, en razón de los cuales debía realizar informes técnicos mensuales, participaba en equipo para la celebración de actividades recreativas y culturales; rendía informes permanentes a la Jefe de Recursos Humanos y cumplía las órdenes impuestas por ella, elementos que encuadrarían dentro del elemento subordinación, adicional a que la función fue ejercida por un término de 3 años, lo que indica claramente que la labor para la cual fue contratada no era temporal sino permanente.

A pesar de lo anterior, observa la Sala luego de verificar las fechas de suscripción de los contratos de prestación de servicios y la del escrito de la demandante en donde solicita el reconocimiento de los derechos prestacionales, que el citado documento fue presentado en forma extemporánea y por ende se encuentra que se extinguió cualquier derecho por esa causa.

En torno a la extinción de los derechos derivados de una relación contractual en la que se demuestra la existencia de un contrato de trabajo, en aplicación de la teoría de la primacía de la realidad sobre las formas, la Sección Segunda de esta corporación ha considerado:

“La prescripción se encuentra regulada en el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público. El artículo 102, prescribe:

“PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

Esta Sala en anteriores oportunidades, ha declarado la prescripción trienal de los derechos que surgen del contrato realidad, aceptando que dicho fenómeno se interrumpe desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Entidad demandada. Sin embargo, en esta oportunidad replantea este criterio por las razones que a continuación se explican:

De conformidad con algunos estatutos que han regido esta materia, los derechos prescriben al cabo de determinado tiempo o plazo contado a partir de la fecha en que ellos se hacen exigibles, decisión que se adopta con base en el estatuto que consagra dicho fenómeno. (Vr. Gr. Dto. 3135/68 art. 41)

En situaciones como la presente en las cuales no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar la exigibilidad del derecho, no es procedente sancionar al beneficiario con la prescripción o extinción del derecho que reclama; en efecto, en estos asuntos en los cuales se reclaman derechos laborales no obstante mediar un contrato de prestación de servicios, no hay un referente para afirmar la exigibilidad de salarios o prestaciones distintos al valor pactado en el contrato.

Es a partir de la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios que se hace exigible la reclamación de derechos laborales tanto salariales como prestacionales, porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

Se insiste, tratándose del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, la existencia de la obligación emanada de la relación laboral y los derechos determinados no son exigibles al momento de la presentación del simple reclamo ante la Entidad, sino que nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su ejecutoria.

Esta tesis ya había sido adoptada por la Subsección “A”, con el siguiente tenor literal:

“Tampoco opera el fenómeno de la prescripción, ya que se trata de una sentencia constitutiva, en la medida en que el derecho surge a partir de ella y, por la misma razón, no hay lugar a aplicar la Ley 244 de 1995, pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia”.

Así mismo se ha indicado:

Como se observa, el término de prescripción de tres años se cuenta desde que la obligación se hace exigible, pero debe tenerse en cuenta que en el contrato de prestación de servicios, el derecho surge desde el momento en que la sentencia lo constituye a favor del contratista junto al restablecimiento traducido en el pago de la suma indemnizatoria, porque previo a la expedición de la sentencia que declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios emanado de un vínculo laboral, con lo que resulta, que es imposible que se pueda predicar la prescripción de un derecho que no ha nacido a la vida jurídica. No resulta razonable aplicar la prescripción trienal a la indemnización que se reconoce al contratista en la sentencia, si se tiene en cuenta que como se advirtió, dicha figura es una sanción al titular del derecho por no ejercerlo dentro de los plazos que la ley le otorga, derecho que solo se constituye en la sentencia que determina la existencia de la relación laboral”.

Por lo tanto, entendiendo que el término trienal de prescripción se cuenta a partir del momento en que la obligación se hizo exigible en la sentencia ejecutoriada, es justamente a partir de este momento que se contarían los tres (3) años de prescripción de los derechos de la relación laboral hacía el futuro, situación que operaría en caso de que continuara la relación laboral, empero como el sub-lite se contrae al reconocimiento de una situación anterior no existe prescripción pues la obligación, como se dijo, surge con la presente sentencia, tesis que la Sala en esta oportunidad acoge en su integridad”.

Con posterioridad, mediante la sentencia del 9 de abril de 2014 Exp. 0131-13 con ponencia de quien suscribe esta providencia se precisó que “si bien la anterior es la tesis que se aplica en la actualidad y, en efecto, se reitera que el derecho a reclamar las prestaciones derivadas de un contrato realidad solo se hace exigible a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral; también lo es que el particular debe reclamar de la administración y del juez el reconocimiento de su relación laboral, dentro de un término prudencial que no exceda la prescripción de los derechos que reclama”.

Lo anterior quiere decir que si finiquitó la relación que inicialmente se pactó como contractual, el interesado debe reclamar la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor de 3 años, so pena de que prescriba el derecho a reclamar la existencia de la misma y el consecuente pago de las prestaciones que de ella se derivan.

En los casos analizados en épocas anteriores por la Sala, como el estudiado en la sentencia cuyo aparte se transcribió previamente, la relación contractual terminó en mayo de 2000 y la reclamación de reconocimiento de las prestaciones sociales se hizo en ese mismo año y dio origen al oficio acusado expedido en el mes de septiembre, es decir, no había vencido el término para que el demandante reclamara sus derechos laborales, consistentes en la declaración misma de la relación laboral.

Igual ocurrió en el proceso con radicación Nº 23001-23-31-000-2002-0024401 (Nº Interno 2152-06), Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en cuyo caso estudiado la relación contractual terminó en el año 2000 y la reclamación de las prestaciones en sede administrativa se realizó antes de que transcurrieran 3 años, originando una respuesta negativa por parte de la administración de fecha enero 30 de 2002, es decir, tampoco había vencido la oportunidad para que el demandante reclamara sus derechos laborales.

No ocurre lo mismo en la situación actual, pues la relación contractual se extinguió en diciembre de 1999 y la reclamación administrativa se hizo hasta el año 2003.

Lo anterior quiere decir que si bien es cierto, conforme al criterio fijado por la Sala de la Sección Segunda, sólo se puede predicar la prescripción de los derechos prestacionales con posterioridad a la declaración de la existencia de la relación laboral, también lo es que la solicitud de la declaración de la existencia de la relación laboral debe hacerse dentro de los 3 años siguientes al rompimiento del vínculo contractual, so pena de que prescriba el derecho a que se haga tal declaración.

En las anteriores condiciones, la Sala confirmará la sentencia recurrida en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, pero por haberse extinguido el derecho a reclamar oportunamente la declaración de la existencia de la relación laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por Angélica de Jesús

Villalba Suarez contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».